En El Mañanero del 4 de junio deRunrun.es resumimos los titulares más destacados durante la jornada anterior en Venezuela: Provea denunció que Eduardo Torres sigue incomunicado, suspensión de parole humanitario traerá consecuencias económicas para estados Unidos, madre de militar detenido suplica que le permitan verlo y exigen fe de vida de Juan Pablo Guanipa.
Una joven de 19 años, identificada como Bárbara Bitriago, fue arrestada por supuestamente difundir ilegalmente la tasa del dólar paralelo en Venezuela a través de plataformas sociales.
Entre lágrimas, su madre pide que se liberada: "Ella es inocente, es una niña estudiante que… pic.twitter.com/8s1zFuZrwi
Betzaida Natera de Martínez, madre de un militar detenido en 2019: “Escuchen el clamor de una madre desesperada. Ya tengo más de un mes sin saber nada de mi hijo, pónganse la mano en el corazón y ayúdenme a que lo trasladen a Ramo Verde para poder verlo”
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Banesco Banco Universal y La Vida de Nos anuncian la convocatoria a la octava edición del Premio Lo Mejor de Nos. Este concurso reconoce las historias de los venezolanos que anteponen su entereza en situaciones adversas: se trata de testimonios, individuales o colectivos, de resiliencia, fortaleza y solidaridad que muestran valores positivos de los ciudadanos.
Hasta el 03 de agosto de 2025, los venezolanos, dentro y fuera del territorio nacional y los extranjeros residenciados en Venezuela, pueden postular sus textos basados en realidades verificables y escritos con recursos literarios. La historia debe ser inédita, tener entre 8.000 y 15.000 caracteres con espacios y estar relacionada con el país. El texto ganador y los finalistas serán publicados en La Vida de Nos con el conocimiento previo de sus autores. Las bases del concurso están disponibles en el Blog Banesco y en premiolomejordenos.com
“El Premio Lo Mejor de Nos es un concurso que nos permite leernos como país. Cada historia es un relato de resiliencia y empatía, muy característico de la actitud venezolana. Además permite conocer testimonios que en algunos casos podrían pasar desapercibidos, pero que se convierten en historias de vida contadas por los concursantes” dijo Marco Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal.
La historia ganadora recibirá un premio único en bolívares equivalente a 450 dólares; además el jurado seleccionará tres relatos finalistas. Por su parte, Banesco otorga el Premio Responsabilidad Social Empresarial Lo Mejor de Nos a una historia que narre un hecho real sobre el impacto de los Socios y Aliados Sociales de Banesco en la vida de las personas a quienes dan asistencia social. Este premio será el equivalente en bolívares a 350 dólares.
Este año, el jurado está integrado por María de los Ángeles Ramírez, periodista y directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB-Guayana; Rubi Guerra, gestor cultural, narrador, guionista y editor; y Héctor Torres, escritor y editor de La Vida de Nos. El jurado anunciará su veredicto el 13 de octubre de 2025.
Ganadores en ediciones pasadas
Séptima edición: “Mamajose” de la periodista Carolina Jaimes Branger
Sexta edición: “Saborear la casa en una sopa de arroz” de la licenciada en Letras Natasha Rangel.
Quinta edición: “Vicente y la resistencia de la Ramalina victoriana” del periodista Joshua De Freitas.
Cuarta edición: “La mancha más profusa de Raquel” del periodista Julio Materano.
Tercera edición: “Mi trabajo en cuarentena” de Javier Cedeño Cáceres.
Segunda edición: “La noche estrellada” del escritor Carlos Egaña.
Primera edición: “El hijo de la loca” del periodista Andrés Cañizales.
En la mención Responsabilidad Social Empresarial Lo Mejor de Nos 2024, la distinción fue para “La partitura, su vida” de Leonardo Javier Rivas Lobo. En 2023, el relato ganador fue “Todo va a estar bien”, firmado bajo el seudónimo Federico Carbonell. Antonio Brito obtuvo el premio en la quinta edición con el texto “Por subidas y bajadas”.
En 2021, ganó “Caracas, de los techos rojos a los techos verdes”, enviado bajo el pseudónimo Roy Batty. Por último, en 2020 y 2019, los relatos ganadores fueron “El arte cambió mi vida y Banesco estuvo allí” de Samira; “Somos herederos de la fe y la alegría” de Reinaldo Cardoza Figueroa, respectivamente.
Conoce más sobre las ediciones pasadas, sus ganadores, las historias y los miembros del jurado en el sitio web del Premio Lo Mejor de Nos.
El Grupo La Vida de Nos es una organización de desarrollo social que fomenta la memoria y la identidad, a través del arte de contar historias reales con los recursos del periodismo y la literatura, formando nuevos talentos e investigando el impacto de las historias para comprender los tiempos que vivimos.
Este martes 3 de junio Betzaida Natera de Martínez, madre del Sargento Mayor de Tercera, Giomer Martínez Natera, detenido desde 2019, denunció que tiene más de un mes sin saber de su hijo.
A través de un video publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones en la red social X, Natera de Martínez suplicó para que le den información sobre su hijo, quien fue trasladado el pasado 18 de febrero de Ramo Verde a la cárcel Fuerte de Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda.
“Escuchen el clamor de una madre desesperada. Ya tengo más de un mes sin saber nada de mi hijo, pónganse la mano en el corazón y ayúdenme a que lo trasladen a Ramo Verde para poder verlo”, clamó la madre del Sargento Mayor de Tercera.
La señora Natera ha acudido en varias oportunidades para obtener información sobre su hijo pero no ha recibido respuestas. Por eso, exige su traslado de regreso a Ramo Verde, donde al menos podría tener contacto con él.
La madre del sargento pidió al viceministro de Servicio de la Defensa del MPPD, José Alfredo Bastardo, que ordene el traslado de los militares que aún permanecen en Cenapromil hasta su penal de origen en Ramo Verde, tal como fue prometido a sus familiares.
Finalmente, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la incomunicación se está utilizando como una forma de castigo contra personas privadas de libertad, “es una práctica que vulnera sus derechos humanos y afecta profundamente a sus familias”.
“Escuchen el clamor de una madre desesperada. Ya tengo más de un mes sin saber nada de mi hijo, pónganse la mano en el corazón y ayúdenme a que lo trasladen a Ramo Verde para poder verlo”, suplica Zaira Natera de Martínez, madre del Sargento Mayor de Tercera, Giomer Martínez… pic.twitter.com/DBdLVM5wDn
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 3, 2025
Caso Cotiza
El 21 de enero de 2019, en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en el sector de Cotiza, hubo un alzamiento militar en donde al menos 24 efectivos militares se sublevaron, asaltaron armas y llamaron a la gente a salir a las calles a protestar en contra de Nicolás Maduro.
24 sargentos involucrados en la sublevación militar fueron condenados a penas de siete años y nueves meses; mientras que al sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ultraje a la Fuerza Armada.
El hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles en el sector en respaldo a los militares, que horas después se propagaron en distintos sectores de la ciudad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Asociaciones de migrantes en Estados Unidos alertaron que el retiro del parole humanitario para migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití debilitará a la economía.
“La sociedad en general pagará por esto con las interrupciones laborales, con el impacto en la economía de Florida y la economía de otros estados», dijo en una conferencia de prensa en Miami el director de acción política del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM por sus siglas en inglés), Paul Christian Namphy.
A petición de la administración del presidente Donald Trump, el pasado viernes 30 de mayo el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el retiro del programa migratorio que otorgaba permiso de residencia legal a más de 530 000 migrantes.
“Lo consideramos una decisión cruel porque impactará vidas, trastornará familias y causará estragos en cientos de miles de personas y sus familias”, agregó Namphy.
A la medida también se opusieron asociaciones de migrantes como el Caucus Venezolano Americano, la Coalición de Inmigrantes de Florida, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos y el Proyecto Libertad de Miami, además de líderes religiosos y comunitarios.
El parole humanitario fue creado durante el mandato del demócrata Joe Biden y permitía a migrantes residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre y cuando gozaran del patrocinio de un residente legal en territorio estadounidense.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 117 000 personas de Venezuela, 110 000 de Cuba, 210 000 de Haití y 93 000 de Nicaragua llegaron a Estados Unidos bajo ese programa.
Luego de que algunos beneficiarios apelaran a este programa para huir de la violencia en sus países de origen, ahora deben enfrentar la diatriba de volver o quedarse en Estados Unidos al acecho de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se dedican a actividades humanitarias, no tienen fines de lucro, son independientes de los gobiernos, no aspiran al poder, ni se inmiscuyen en la política partidista. Las integran grupos que tienen sensibilidad social sobre determinado tópico, como la pobreza, protección de los niños, del medio ambiente, igualdad de la mujer, salud, educación, agricultura, derechos humanos, situación en las cárceles o apoyo a refugiados.
Muchas participan como entidades consultivas en el Consejo Económico y Social de la ONU. Los gobiernos democráticos se apoyan en ellas, pero los dictadores hacen lo posible por dificultar su trabajo y, muchas veces, arremeten contra sus miembros. Tal es el caso del régimen de Maduro.
En agosto 2024, la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, que sin duda puede calificarse de Ley anti-ONG, ya que su objetivo es controlarlas o ahogarlas. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek Saab han acusado sin pruebas a varias de ellas de participar en actividades políticas e incluso en redes terroristas.
Nuestro reconocimiento a la labor de todas las ONG, varias de ellas suministran información confiable sobre la situación venezolana. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Violencia registró 915 protestas después del golpe de Estado electoral del 28 de julio, 138 de ellas reprimidas con fuerza desproporcionada. El Foro Penal Venezolano, acusado de terrorista por el régimen por defender a perseguidos y proporcionar cifras de los atropellos, informa que desde el 2014 han arrestado a 18 300 ciudadanos por motivos políticos, de los cuales 10 726 tienen medidas cautelares, es decir que deben presentarse periódicamente y tienen limitada su libertad, 14 han fallecido bajo custodia gubernamental. Además, al 26 de mayo 2025, hay 922 presos políticos, entre ellos 92 damas, 169 militares y cinco adolescentes, y 48 se desconoce dónde los tienen.
José Javier Tarazona, director de FundaRedes está preso desde julio 2021 por denunciar la convivencia entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana. Eduardo Torres, de PROVEA está preso acusado de pertenecer a red terrorista. Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, está presa desde febrero 2024 y requiere atención médica. Las ONG Maracaibo Posible y Médicos Unidos de Venezuela son objeto de acoso y de falsas acusaciones por parte de Diosdado Cabello.
Invitamos al lector a visitar las páginas web de las citadas y de otras ONG, así como a apoyar estas valiosas y valientes organizaciones, como Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de la Violencia, Un Mundo sin Mordaza, Súmate, Instituto CASLA, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de Prisiones y Gente del Petróleo, entre otras. Además, en el exterior hay numerosas organizaciones de apoyo a nuestros compatriotas que se han visto forzados a emigrar.
Como (había) en botica
Nuestra solidaridad con los compatriotas que no han cometido delitos y son acosados injustamente por el presidente Trump.
Después de que no acudir a votar el pasado 25 de mayo, como protesta por el golpe de Estado electoral del 28J, y por el encarcelamiento de testigos de mesas y de activistas políticos, el régimen intensifica la represión. Nadie debe decaer. Hay que confiar en el liderazgo de María Corina Machado y de nuestro presidente electo Edmundo González.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
El sector privado venezolano enfrenta una presión fiscal creciente que amenaza con estrangular su operatividad y frenar los intentos de recuperación económica. Empresarios, gremios y analistas advierten que el aumento sostenido de impuestos y tarifas de servicios públicos se ha convertido en una carga insostenible, en un momento en el que los ingresos petroleros del país se debilitan rápidamente.
Un trabajo del diarioEl Impulsoreseña una encuesta reciente de Conindustria, en la que se concluyó que 77% de las industrias considera que la carga tributaria es el principal obstáculo para operar, por encima de la caída de ventas o los costos logísticos. “Lo que se paga por demás en impuestos se resta al capital de trabajo”, dijo el presidente del gremio, Luigi Pisella, quien propone ampliar la base tributaria para distribuir mejor el peso fiscal.
Las consecuencias ya se hacen visibles: grandes industrias no prevén nuevas contrataciones, mientras que las medianas estiman una reducción de 1% en su nómina en los próximos meses.
El trabajo periodístico indica que, ante la pérdida de ingresos petroleros por las sanciones y la reciente salida de Chevron del país, el gobierno de Nicolás Maduro ha redoblado sus esfuerzos por obtener recursos a través de la vía fiscal. En abril, el Ejecutivo decretó un estado de emergencia económica que le permite suspender exenciones fiscales y ajustar el sistema tributario.
A comienzos de 2025, Maduro instruyó a su equipo económico a duplicar la recaudación, estimada en 5200 millones de dólares en el presupuesto nacional. Según la consultora Ecoanalítica, esta podría alcanzar los 13 mil millones este año, aunque a costa de una asfixia del aparato productivo.
“Los tributos son un salvavidas para el Gobierno”, explica el economista Luis Bárcenas. “Pero este alivio fiscal para el Estado se traduce en asfixia para la empresa privada”.
Multas, fiscalizaciones y exigencias de pago anticipado
El aumento en la presión fiscal no se limita a impuestos nacionales. Las empresas también denuncian multas arbitrarias tras fiscalizaciones, exigencias de pago anticipado y subidas de tarifas en servicios públicos sin previo aviso.
“Se permite a empresas estatales y gobiernos municipales aumentar tarifas, muchas veces sin aviso previo ni estudio técnico”, declaró un empresario afectado a El Impulso. Algunos relatan que una sola empresa puede pagar tributos distintos en cada municipio donde opera, una situación que afecta más a la producción nacional que a las importaciones extranjeras.
La inflación acumulada en servicios públicos como agua y electricidad alcanzó un 116% hasta marzo de 2025, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación general, proyectada en 200% para fin de año, complica aún más el panorama.
Por otra parte, y con las alcaldías también privadas de aportes petroleros, los tributos municipales han ganado peso en los costos operativos de las empresas, que enfrentan ahora una triple presión: impuestos nacionales, tasas locales y servicios costosos y fallidos.
Hasta la fecha, los ministerios de Finanzas, Comunicación e Información y el ente tributario nacional no han emitido comentarios oficiales sobre las denuncias del sector privado.
Entretanto, gremios empresariales continúan solicitando al Ejecutivo espacios de diálogo para revisar el esquema fiscal, en medio de una coyuntura en la que la recaudación salvaguarda al Estado, pero amenaza con paralizar la producción nacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cuando está por cumplirse un mes de su detención, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el abogado y activista Eduardo Torres continúa incomunicado.
“Sigue en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, incomunicado y sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza”, afirmó Provea a través de X.
La ONG calificó la detención como injusta y demandó la inmediata liberación del miembro de su equipo de exigibilidad legal.
Provea recordó que Torres es beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en vista de amenazas y actos de hostigamiento que ha sufrido durante su labor.
La ONG puntualizó que las autoridades venezolanas están obligadas a garantizar el respeto a los derechos del abogado, no solo a la defensa y al debido proceso, sino también a la integridad personal.
El fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN controlada por el chavismo, Tarek William Saab, confirmó el pasado 13 de mayo que Torres permanece detenido por su presunta vinculación con una trama para generar violencia en los recientes comicios regionales y legislativos del 25 de mayo.
De acuerdo al régimen chavista, más de 70 personas,entre ellas varias extranjeras, fueron aprehendidas por su supuesto intento de sabotaje a la jornada electoral de finales de mayo, en la cual -según el Consejo Nacional Electoral (CNE)– el oficialismo obtuvo 23 de 24 gobernaciones y la mayoría de los 285 curules en la Asamblea Nacional.
Según el gobierno madurista, las ONG Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible están presuntamente ligadas a una estructura terrorista para desestabilizar al Estado.
De acuerdo con Foro Penal, actualmente hay 922 presos políticos en Venezuela, de los cuales 830 son hombres y 92 mujeres.
De la cifra total, hay 917 adultos y cinco adolescentes con edades comprendidas desde los 14 hasta los 17 años.
Según la ONG, la mayoría de los detenidos, entre ellos 753 civiles y 169 militares, fueron capturados después de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A once días de la detención del dirigente político Juan Pablo Guanipa, familiares y allegados exigen con urgencia una fe de vida que confirme su estado físico y mental. Hasta ahora, ni su familia ni su abogado de confianza han podido establecer contacto con él, lo que incrementa la preocupación sobre su integridad y condiciones de reclusión.
Según información publicada en sus redes sociales, un familiar acudió el viernes 30 de mayo a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, donde le permitieron entregar medicamentos. Aunque este gesto podría indicar que Guanipa se encuentra retenido allí, no existe confirmación oficial de su paradero.
“Es una violación flagrante al debido proceso y a los derechos fundamentales de Juan Pablo Guanipa, quien sigue bajo desaparición forzada”, señala la publicación.
En la denuncia, exigieron al fiscal nacional 52, Alirio Mendoza y al juez Carlos Liendo “que se apeguen a la ley y detengan estas violaciones al debido proceso”. Asimismo, se hace un llamado al fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2021, Tarek William Saab, para que cumpla con lo establecido en su comunicado del 23 de mayo: “respeto a sus derechos humanos, a las visitas familiares y a todas las garantías constitucionales que le asisten como venezolano”.
A juicio de sus allegados, la acusación contra Guanipa carece de fundamentos sólidos y se basa “panfletos fabricados que quieren hacer pasar por pruebas”, lo cual refuerza la percepción de una detención arbitraria. “Exigimos una fe de vida inmediata y la libertad para Juan Pablo Guanipa y todos los presos políticos”, añade el texto.
Cuando se cumplen 11 días desde el secuestro de Juan Pablo Guanipa, alertamos que no sabemos en qué condiciones mentales ni físicas se encuentra, puesto que ni su familia ni su abogado han podido comunicarse con él.
El pasado viernes, un familiar de Juan Pablo asistió a la sede…
Cabello acusó a Guanipa de dirigir un supuesto grupo “terrorista”
El pasado 23 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En rueda de prensa, Cabello informó que habían capturado a uno de los “jefes de un tenebroso grupo terrorista”.
Ese día, Cabello detalló que durante el procedimiento incautaron presuntos detonantes eléctricos, explosivos C4, teléfonos celulares, computadoras y diferentes equipos para la instalación de explosivos, así como cuadernos y agendas que “dicen todo, de todo”.
Posteriormente, el 28 de mayo, el ministro acusó a las ONG Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Maracaibo Posible y el Foro Penal Venezolano, de estar vinculadas con “grupos terroristas” para presuntamente desestabilizar el país. Según Cabello, las supuestas evidencias incriminatorias las hallaron en uno de los teléfonos de Guanipa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
