El grupo denuncia que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución
Este lunes, 9 de octubre, nueve presos políticos condenados por el alzamiento militar de Cotiza iniciaron una huelga de hambre para exigir que los tribunales atiendan su solicitud de redención de pena.
Geomar Martínez Natera, Rico Urrieta, Andrés Paredes, Asdrúbal Chirinos, Hebert Glok Vásquez, Yeiser Montero, Kervin Manuel Charles, Neomar Salcedo y Edgar Díaz Vivenes, son los sargentos de la Guardia Nacional que iniciaron la huelga de hambre dentro del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocida como la cárcel de Ramo Verde.
📢#Atención 9 presos políticos vinculados al Caso Cotiza se declararon en huelga de hambre este #09Oct.
Martínez Geomer, Rico Urrieta, Andrés Paredes, Asdrúbal Chirino, Vásquez Glok, Montero Yeiser, Charly Romero, Salcedo Neomar y Díaz Vivenes, recluidos en Ramo Verde, exigen: https://t.co/JufSkU3xIt
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 9, 2023
El grupo denuncia que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución. En el caso de Luis Bandres, la apelación de su condena se encuentra en la Sala de Casación Penal.
Comentaron que el grupo en huelga espera reunirse con el general Luis Ojeda Araujo, director del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil) para entregarle unos documentos donde se denuncia la falta de atención por parte de los tribunales.
Caso Cotiza
El 21 de enero de 2019, en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en el sector de Cotiza, hubo un alzamiento militar en donde al menos 24 efectivos militares se sublevaron, asaltaron armas y llamaron a la gente a salir a las calles a protestar en contra de Nicolás Maduro.
24 sargentos involucrados en la sublevación militar fueron condenados a penas de siete años y nueves meses; mientras que al sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ultraje a la Fuerza Armada.
El hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles en el sector en respaldo a los militares, que horas después se propagaron en distintos sectores de la ciudad.
*Con información de TalCual
