La Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela publicó un informe dedicado a las vulneraciones a los derechos humanos que han cometido «los colectivos», agrupaciones de civiles armados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante décadas y que la sociedad civil nacional había advertido sobre su papel en la represión gubernamental.
En el documento, el organismo internacional reunió pruebas para que las organizaciones internacionales de justicia puedan inferir la relación entre estas bandas armada, la represión que sometían a la población venezolana y el control que tenía el PSUV durante su mandato en el Poder Ejecutivo.
Runrun.es te ofrece cinco claves para resumir el informe:
Al menos tres tipos de colectivos
La Misión de la ONU reiteró que el informe será el primero de varios que analizarán las acciones de los colectivos. El informe publicado este 16 de septiembre focalizó sus hallazgos sobre los colectivos presentes en la Gran Caracas —especialmente en las parroquias 23 de enero, Catia y Petare—, en Táchira y en Lara.
«Sin embargo, la Misión pudo corroborar que estos grupos se encuentran activos con denominaciones a veces diversas, en prácticamente la totalidad del territorio venezolano», advirtió el organismo de las Naciones Unidas.
El equipo de investigación debió entrevistar a 62 personas —entre víctimas, académicos, miembros de la sociedad civil y miembros activos y retirados de las bandas armadas y organizadas por el chavismo—. También recurrió a archivos digitales y físicos para recabar la mayoría de las acciones que hicieron estos grupos para reforzar la veracidad de las vulneraciones a los derechos humanos que hicieron los colectivos amparados por el Gobierno chavista.
A partir de la información recabada, la Misión dividió a estos grupos armados paraestatales en tres categorías:
- Colectivos históricos: son los grupos armados que nacieron en los barrios de Caracas en la década de los 60 y 70 pero que el chavismo integró a sus grupos paraestatales. Allí se encuentran los Tupamaros, La Piedrita, Tres Raíces, la Coordinadora Simón Bolívar, Alexis Vive y el Frente de Colectivos Sergio Rodríguez. Su relación con el Gobierno chavista es ideológica de nacimiento, mantienen relaciones directas con funcionarios de alto rango del PSUV y crean fundaciones propias para integrarse con programas culturales con las comunidades.
«El involucramiento de estos grupos en actividades filantrópicas no excluye su carácter armado y el el control social que ejercen sobre las comunidades en las operan, incluyendo a través de la violencia», advierte la Misión de la ONU.
- Colectivos – fuerzas de choque: son aquellos que se conforman para fines específicos, ya sea para reprimir protestas e incorporarse en actividades de «limpiezas sociales» como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). No están asociados a un sector urbano específico: responden a gobernadores, alcaldes y diputados estatales, de los que reciben órdenes directas para ejercer la violencia, la vigilancia y la intimidación. Según el informe de la ONU, su auge fueron en 2007 y en 2019. Son grupos civiles armados que podían (o no) acompañar a las fuerzas de seguridad del Estado en momentos puntuales.
- Colectivos mixtos: llevan ese nombre por estar conformados tanto por civiles como por funcionarios de seguridad del Estado. Su nacimiento se remonta a las OLP, donde el Gobierno chavista se alió con jefes de prisiones (pranes) para conformar los colectivos mixtos. Para la Misión esta categoría era la que ejecría la violencia extrema y controlaba el temor de la población. Su función en un inicio era «controlar» a las bandas delictivas en el país y tomar el control de las economías ilícitas.
«A diferencia de otros grupos históricos, estos grupos han perdido muchas de sus funciones sociales y su estructura se asemeja a los grupos delincuenciales que los conformaron», se lee en el informe.
Los padrinos de los Colectivos Mixtos
La investigación independiente de la ONU determinó que Iris Valera, diputada del PSUV y antigua ministra de servicios penitenciarios, Freddy Bernal, lídres del PSUV y actual Gobernador del estado Táchira, y a Nértor Reverol, antiguo ministro de Interior, Justicia y Paz, son tres de las personas claves para la conformación y desarrollo de los colectivos mixtos.
Desde sus posiciones de poder hablaron con los pranes y los jefes de seguridad del Estado para integrarse en estos colectivos y dotarlos de armamento.
«Progresivamente, los miembros de estos nuevos colectivos [mixtos] integraron las filas de los organismos de inteligencia y seguridad como la Policía Nacional Bolivaria (incluyendo las FAES [hoy conocido como DAET]), el Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] y la Dgcim [Dirección General de Contrainteligencia Militar], ocupando en puestos de jefatura y coordinación», documentó la Misión.
Uno de los casos más relevantes para la ONU es Miguel Domínguez Ramírez, alias «Miguelito», quien fue líder del colectivo «revolucionario» Continente, una facción de Tres Raíces. En 2014, Domínguez fue Director General de las FAES. Ahora él es subdirector del Sebin. Tres Raíces es un ejemplo que identificó la ONU de un colectivo que era «histórico» y, por acción del chavismo, se convirtió en un colectivo mixto.
«[A] partir del 2015 con los operativos improvisados de la OLP, los ministros de Interior y Justicia de turno, especialmente con Néstor Reverol, empezaron a pensar en algunas alternativas. El Gobierno necesitaba personas que fueran más decididos a matar de una vez. Como no lo encontraban totalmente en la Policía. Entonces abrieron espacio a personas que haya delinquido o simplemente se empezó a usar estos colectivos que recibían la orden directa», le explicó un exfuncionario de la Policía Metropolitana a la Misión. Su identidad fue protegida por el organismo multilateral por seguridad.
La Misión también señaló a Diosdado Cabello y a Carmen Meléndez, dos personajes del PSUV que han estado en el Misniterio de Interior, Justicia y Paz, de financiar y organizar a los colectivos mixtos como durante su mandato dentro del ministerio.
Cupaz: la vigilancia hiperlocal
Los miembros de la Misión también identificaron la conexión entre los colectivos y las Cuadrillas de Paz (Cupaz) en Venezuela, organizaciones comunitarias dirigidas por el chavismo. Según lo escrito en el informe, el PSUV integró a los colectivos mixtos en las organizaciones comunales, también dirigidas por el chavismo para distribuir comida, con la intención de aumentar la vigilancia y la intimidación política a nivel hiperlocal.
Esta integración también estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde el año 2018. Sin embargo, la Misión aun no tiene una estimación precisa sobre el alcance territorial y demográfico de las Cupaz. «A principios de 2026 el Ministro del Interior [Diosdado Cabello] señaló que el 70 % del territorio nacional contaba con cuadrantes de paz (sin detallar el número de cuadrantes existentes)», advirtió.
Aun así, el objetivo de las Cupaz era brindar «una mayor institucionalización y coordinación con las autoridades tanto nacionales como locales, a través de las estructuras del PSUV».
También, a través de las organizaciones comunales, los colectivos mantenían el control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de alimentación y corrupción liderada por Alex Saab y otros miembros del chavismo. De esta forma, los civiles armados bajo la ideología del PSUV extorcionaban a la población con extorsiones monetarias a cambio de comida.
Funanciados por el Gobierno
La Misión de la ONU precisó que todo el financiameinto y armamento de los colectivos provenían del patrimonio público venezolano. El Chavismo utilizaba al menos siete mecanismos para dotar de dinero a los colectivos:
- Asignación de recursos oficiales del Estado, especialmente al distribución de gasolina.
«Estos grupos obtienen ganancias cobrando tarifas arbitrarias por la entrega, desviando los productos al mercado negro o utilizando los alimentos y servicios como herramienta de extorsión política», agrega el informe.
- Inclusión de miembros de colectivos en la nómina de instituciones del Gobierno. Además de los cuerpos de seguridad del Estado, «los colectivos cotizan simultáneamente como “personal de seguridad”, “promotores culturales” o “supervisores” en alcaldías oficialistas, ministerios», reveló el informe.
- Transferencia de recursos públicos a fundaciones y otras organizaciones bajo el control de los colectivos. Estas organizaciones se incribían como proyectos de «bienestar social» en el Ministerio de las Comunas que luego solicitaban dinero al despacho presidencial. La Fundación Propatria 2000 y la Fundación Robert Serra son las instituciones más destacas en el informe que funcionaban como organismos benefactores de los colectivos.
- Expropiaciones regaladas: tanto el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas y la Alcaldía de Caracas le ofrecían a los colectivos propiedades que el Gobierno había expropiado dentro de sus mecanismos de control sobre las personas o instituciones percibidas como opositoras. Entre las propiedades analizadas por la Misión, se identificaron al Estacionamiento Tracabordo (en la parroquia La Candelaria de Caracas), que fue transferido al colectivo Campamento de Pioneros, y al Edificio Padrón (en la parroquia San Pedro de Caracas), que se lo dieron al colectivo Ezequiel Zamora.
Después del 3 de enero, los colectivos siguen amedrentando
La información recibida a la ONU destacó que los colectivos no tuvieron un papel de defensa territorial frente a las tensiones bélicas con Estados Unidos, como el gabinete de Nicolás Maduro mencionó en 2025. Desde el 3 de enero de 2026, desde la captura de Maduro y Cilia Flores, los colectivos se dedicaron a la vigilancia comunitaria, las amenazas y el amedrentamiento de personas durante las protestas pacíficas, con un trato más violento a los familiares de los presos políticos.
«Varios expertos consultados por la Misión señalaron que los colectivos se encontrarían en un momento de reconfiguración frente a potenciales cambios políticos e institucionales en la gestión interina de Delcy Rodríguez en sectores tradicionalmente controlados por los grupos históricos», se destacó en el informe. Las zonas con mayores expectativas de cambio son en Caracas y las zonas mineras de la Amazonía Venezolana.
La Misión destacó que el Gobierno interino ha generado tensiones con los colectivos al «cortar» el financiamiento de estas organizaciones a través de la suspención de la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Robert Serra, dos instituciones adscritas al despacho presidencial.
Por ahora, la Misión reconoce que los colectivos están mutando al control de las economías ilícitas, como la minería en la Amazonía venezolana y el narcotráfico, para mantener un autosustento frente a los recortes que se vaticinan por la transición democrática.
