Cuando está por cumplirse un mes de su detención, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el abogado y activista Eduardo Torres continúa incomunicado.
“Sigue en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, incomunicado y sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza”, afirmó Provea a través de X.
La ONG calificó la detención como injusta y demandó la inmediata liberación del miembro de su equipo de exigibilidad legal.
Provea recordó que Torres es beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en vista de amenazas y actos de hostigamiento que ha sufrido durante su labor.
La ONG puntualizó que las autoridades venezolanas están obligadas a garantizar el respeto a los derechos del abogado, no solo a la defensa y al debido proceso, sino también a la integridad personal.
El fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN controlada por el chavismo, Tarek William Saab, confirmó el pasado 13 de mayo que Torres permanece detenido por su presunta vinculación con una trama para generar violencia en los recientes comicios regionales y legislativos del 25 de mayo.
De acuerdo al régimen chavista, más de 70 personas, entre ellas varias extranjeras, fueron aprehendidas por su supuesto intento de sabotaje a la jornada electoral de finales de mayo, en la cual -según el Consejo Nacional Electoral (CNE)– el oficialismo obtuvo 23 de 24 gobernaciones y la mayoría de los 285 curules en la Asamblea Nacional.
Según el gobierno madurista, las ONG Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible están presuntamente ligadas a una estructura terrorista para desestabilizar al Estado.
De acuerdo con Foro Penal, actualmente hay 922 presos políticos en Venezuela, de los cuales 830 son hombres y 92 mujeres.
De la cifra total, hay 917 adultos y cinco adolescentes con edades comprendidas desde los 14 hasta los 17 años.
Según la ONG, la mayoría de los detenidos, entre ellos 753 civiles y 169 militares, fueron capturados después de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
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