A pesar del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Venezuela desde el año 1999, los avances en materia de demarcación territorial, atención en salud, educación intercultural y protección de sus defensores son mínimos.
En contraposición, el avance del extractivismo legal e ilegal, la omisión estatal y la acción de grupos armados ha deteriorado de forma severa la vida comunitaria, territorial y cultural de estas poblaciones. .
El informe especial “Pueblos y liderazgos indígenas en grave riesgo”, elaborado por el Programa Venezolano de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela “Wayamoutheri”, Provea y Odevida y que abarca el periodo entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, documenta las múltiples amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Venezuela.
Derechos territoriales de los pueblos indígenas
El derecho a la propiedad colectiva de tierras y hábitats indígenas está consagrado en la Constitución de 1999, pero según el informe aún no ha sido garantizado efectivamente. A 25 años de su aprobación, el proceso de demarcación está paralizado desde 2016 y solo se ha cumplido en aproximadamente un 12% de los territorios, lo que deja al 88% restante sin reconocimiento legal ni protección estatal.
A pesar de esfuerzos comunitarios de autodemarcación, estos no han sido considerados oficialmente. Hasta 2016, se entregaron 102 títulos colectivos, cubriendo más de 3 millones de hectáreas. Los pueblos indígenas incluidos hasta 2016 son: los Kariña, Pumé, Warao, Jivi, Cuiba, Yukpa, Cumanogoto, Hoti, Pemón, Mapoyo, Chaima y Barí.
Ocupación de los territorios indígenas y sus efectos en la vida colectiva
La ocupación ilegal de los territorios indígenas en una de las principales amenazas a su supervivencia física, cultural y organizativa. Las invasiones provienen de diversos actores: minería ilegal, mafias del contrabando, disidencias armadas, proyectos extractivistas del Estado, terratenientes y colonos, entre otros. Estos ocupantes fracturan la integridad territorial y afectan profundamente la vida comunitaria y espiritual de los pueblos.
El informe alerta que la falta de demarcación y protección ha permitido que en zonas como el estado Amazonas existan hasta 68 puntos de control ilegales, donde se exige a las comunidades el pago en oro o dinero para transitar libremente. A su vez, en Santa Bárbara del Orinoco, se reportaron enfrentamientos entre grupos armados y embarcaciones comunitarias. En la Sierra de Perijá, Zulia, el pueblo Barí enfrenta la ocupación de sus tierras por desplazados colombianos producto del conflicto armado en ese país.
Estos procesos han generado desplazamientos forzados, pérdida de la economía tradicional, enfrentamientos entre comunidades, debilitamiento de la autoridad ancestral y un quiebre profundo en el tejido social y cultural indígena.
Minería ilegal en territorios indígenas por omisión estatal
El texto también advierte que el auge de la minería ilegal en territorios indígenas ha sido facilitado por la inacción del Estado venezolano y, en muchos casos, por la connivencia de actores militares. Zonas como Cuyuní, Ikabarú, el Alto Paragua y partes del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, han sido ocupadas por mafias mineras que afectan gravemente a comunidades Pemón. Estas actividades han contaminado ríos, destruido bosques y alterado por completo la vida comunitaria.
En el estado Amazonas, ríos como el Sipapo, Guayapo, Cuao, Manaviche y Cunucunuma han sido invadidos para la extracción de oro, coltán y estaño. Al respecto, la organización SOS Orinoco ha documentado con imágenes satelitales la minería ilegal en el Parque Nacional Duida-Marahuaka, en el río Cunucunuma, alertando sobre los niveles de contaminación por mercurio, la afectación de la pesca y los efectos en la salud local.
Asimismo, se han denunciado asesinatos como el del guardián Ye’kwana Joaquín Hernández en 2024. También se han documentado ataques armados a comunidades que se oponen a los mineros, como en el río Parú. La minería ilegal creció 13 hectáreas en solo tres meses de 2024 y se estima que entre el 70% y 90% del oro producido sale del país de forma ilícita. Además, hay denuncias de cobros de hasta 16 gramos de oro por parte de funcionarios militares para permitir estas operaciones.
Desintegración comunitaria y organizativa por agentes externos
La llegada de actores externos a los territorios indígenas ha generado una grave crisis de gobernabilidad y cohesión interna. Las comunidades enfrentan divisiones por disputas entre quienes apoyan o rechazan la minería, lo que ha provocado violencia, desconocimiento de autoridades tradicionales y ruptura del tejido organizativo.
Casos emblemáticos se han reportado en el Alto Ventuari con los pueblos Ye’kwana y Sanema, donde incluso hubo enfrentamientos violentos y quemas de viviendas tras intentos de desalojar a mineros. También en los ríos Sipapo y Cataniapo, donde líderes comunitarios contravinieron la decisión colectiva de no permitir actividades mineras.
Otro factor que resalta el informe es el deterioro de la educación indígena. Según un informe de Fundaredes, el modelo intercultural bilingüe nunca se implementó adecuadamente. Las escuelas están abandonadas, los docentes no están formados y los programas curriculares no responden a las necesidades culturales de los pueblos indígenas. Esto se traduce en pérdida de identidad, discriminación y mayor marginación.
La situación de salud de los pueblos indígenas
El informe elaborado alerta que pueblos indígenas viven una emergencia sanitaria silenciosa y sistemática. La red de atención pública en sus territorios está colapsada: ambulatorios cerrados, ausencia de personal médico, falta de insumos y medicamentos. No hay datos epidemiológicos oficiales, y las únicas cifras disponibles provienen de los reportes comunitarios.
En el Alto Orinoco y Parima, las comunidades Yanomami reportaron en 2024 altos índices de malaria y tuberculosis. En Delta Amacuro, organizaciones indígenas denunciaron aumentos de casos de VIH, mortalidad por tuberculosis y una posible intoxicación masiva por agua contaminada que causó la muerte de varios niños en noviembre de 2024.
También en Delta Amacuro, específicamente en el municipio José Antonio Díaz, se denunció en noviembre de 2024 la presencia de una extraña enfermedad que producía vómitos y diarrea en menores y adolescentes, por lo cual se reportaron varios casos de niños fallecidos y unos 20 con los mismos síntomas. Habitantes de la zona señalaron que, aunque se desconocía el origen de los fallecimientos, se creía que estaban vinculadas a aguas contaminadas.
Ataques a defensores indígenas
Los defensores indígenas —también llamados guardianes del territorio— son el primer frente de resistencia ante el avance del extractivismo ilegal. Sin embargo, enfrentan amenazas, criminalización y asesinatos con total impunidad. En junio de 2022 fue asesinado el guardián Uwottüja Virgilio Trujillo en Amazonas. En septiembre de 2024, Joaquín Hernández, un joven Ye’kwana, fue asesinado en el Alto Ventuari por su oposición a la minería.
Los guardianes de los pueblos Uwottüja, Ye’kwana y Pemón han sido objeto de amenazas y ataques sistemáticos. En muchos casos, se les impide circular libremente por sus territorios, controlados por grupos armados ilegales. Las amenazas no solo son individuales, sino colectivas, afectando a organizaciones enteras como KUYUNU (Ye’kwana del Ventuari).
Según el informe, las principales amenazas principales están referidas a la prohibición de circular libremente por su territorio ya que estos grupos ejercen control sobre la movilidad en esos espacios; pero además hay amenazas a la integridad física de muchos de los miembros de las organizaciones indígenas y de los llamados guardianes territoriales y ambientales.
En ese sentido, advierten que los diferentes órganos competentes del Estado no han actuado con celeridad procesal para dictar medidas de protección que permitan el resguardo de los defensores de manera efectiva “sobre todo de manera judicial y para determinar las responsabilidades en los casos en que han habido agresiones y afectaciones al derecho a la vida”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
