Este 9 de julio se cumplen dos meses de la detención arbitraria del defensor de derechos humanos venezolano Eduardo Torres, abogado laboral, sindicalista y miembro del equipo legal de la ONG Provea.
Desde el 9 de mayo de 2025, Torres permanece recluido en El Helicoide, sede del Sebin, en condiciones de incomunicación y aislamiento prolongado, sin acceso a sus abogados ni a visitas familiares.
Su caso fue inicialmente denunciado como una “desaparición forzada”. Solo ocho días después, bajo presión de organizaciones de derechos humanos, las autoridades reconocieron su detención. Desde entonces, el Estado venezolano no ha ofrecido información oficial sobre su situación legal, ni ha garantizado su derecho a la defensa ni el respeto a sus garantías judiciales.
La organización no gubernamental Provea denunció que el “aislamiento prolongado” de Eduardo Torres “viola gravemente sus derechos”. Ante eso, recordaron que “defender derechos humanos no es un delito” y alertaron que la criminalización de la que es víctima por su labor “es parte de una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela”.
Por su parte, el partido político Convergencia Venezuela, de cuya coordinación nacional es miembro Eduardo Torres, exigió la liberación del defensor de DDHH y el respeto a sus derechos.
Trato cruel.
Eduardo Torres, defensor, sindicalista, miembro de PROVEA y de la UCV, cumple 2 meses preso desde que fue víctima de una desaparición el 9 de mayo.
Dos meses de silencio forzado. Eduardo Torres (@torreseduardoj) defensor de derechos humanos y parte de nuestra coordinación nacional, sigue desaparecido.
— Convergencia Venezuela (@ConvergenciaVe) July 9, 2025
“Nadie debería estar preso por defender derechos“
Provea alertó que en Venezuela, al menos cinco defensores de derechos humanos permanecen encarcelados injustamente: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, todos reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional.
Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024 junto a familiares por exigir rendición de cuentas al poder militar
Javier Tarazona, de Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por documentar la violencia en zonas fronterizas
Eduardo Torres, abogado de Provea, fue víctima de desaparición forzada en mayo de 2025 y permanece aislado e incomunicado en El Helicoide, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares de la CIDH
Carlos Julio Rojas, periodista y activista, fue detenido en abril de 2024 y enfrenta condiciones similares
Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, fue arrestado en agosto de 2024 mientras ofrecía asistencia legal
“Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”, denunció la organización.
Nadie debería estar preso por defender derechos.
En Venezuela hay al menos 5 defensores encarcelados injustamente: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Fomentar el emprendimiento para la creación de una comunidad que genere ideas, soluciones factibles y financieramente posibles para poder afrontar los múltiples problemas que enfrenta la Universidad Central de Venezuela con sus propias capacidades, es uno de los objetivos que persigue el evento “Emprendimiento e Innovación: Conectando Ideas, Creando el Mañana”, organizado por la Dirección de Extensión de la UCV, este jueves 10 de julio, a las 9 de la mañana, en el auditórium Naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
“Para un ecosistema emprendedor es indispensable la masa crítica, ese volumen de emprendedores queriendo resolver situaciones de manera innovadora. Nuestra masa crítica es la comunidad universitaria, en quienes queremos fomentar esa cultura emprendedora que establece un modelo de pensamiento enfocado en las oportunidades, la innovación, la creatividad, la asunción de riesgos controlados, la proactividad, el trabajo colaborativo y en red, así como elementos de sostenibilidad y flexibilidad para enfrentar el contexto de complejidad reinante”, expresó Mercy Ospina, directora de Extensión de la UCV, en rueda de prensa.
Indicó que para esta oportunidad el evento contará con la presentación de una serie de experiencias exitosas en el campo de la movilidad como Busi, Ridery, Flety, Estei, Verdi así como iniciativas de financiamiento como Pago Directo y Mobility Ventures, quienes hablarán no solo de sus campos de atención sino de las oportunidades y modalidades de participación que sus iniciativas emprendedoras contemplan.
“Son emprendimientos tecnológicos desarrollados por 6 empresas formadas por jóvenes, donde no solo abunda la creatividad y la innovación sino también el conocimiento de una metodología clara de desarrollo de servicios digitales. De ellos hay mucho sobre lo que podemos inspirarnos y aprender”, afirmó Ospina.
Destacó que el encuentro tendrá un espacio de exposición con stands de empresas, servicios y productos.
Financiando ideas innovadoras.
César Machado, presidente de Mobility Ventures, acompañó la rueda de prensa en la UCV. Señaló que este es el primer fondo de capital de riesgo de Venezuela que “busca emprendimientos de base tecnológica para invertir en ellos en forma temprana, en sus primeras etapas. Su inversión no es un préstamo sino que compra acciones de ese emprendimiento en su comienzo, de manera que nos tiene como socios en un fondo con empresas exitosas que apoyan ese emprendimiento”, indicó.
Resaltó que están respaldando el evento “Emprendimiento e Innovación: Conectando Ideas, Creando el Mañana”, no solo porque la UCV es la universidad más importante y antigua del país sino porque “tiene 25 mil estudiantes, 25 mil ideas potenciales. Estoy convencido de que este es el mejor momento para emprender en Venezuela y la UCV está tomando la delantera al proponer eventos de esta naturaleza”.
Por su parte , Francisco Di Venere, gerente general de Verdi, indicó que son la primera empresa de movilidad sostenible ecológica en el país y que su presencia en este evento está centrada en inspirar a esos potenciales talentos para que se conviertan en emprendedores y generadores de soluciones exitosos.
”La UCV está llena de talentos. Tenemos una responsabilidad en la construcción y estímulo de la comunidad de emprendimiento dentro de esta casa de estudio y qué mejor manera de hacerlo que apoyar la realización de eventos e iniciativas desde la extensión universitaria.”
Un concurso para la comunidad universitaria
Mercy Ospina informó que como parte del evento se realizará el lanzamiento oficial del Concurso de Movilidad Sostenible, “una iniciativa posible gracias al valioso patrocinio de diversas organizaciones”.
Asimismo indicó que el desarrollo de esta plataforma de emprendimiento, impulsada desde el rectorado de la UCV de donde depende la dirección de Extensión bajo su cargo, no se queda en este evento sino que durante el mes de octubre lanzarán la “Expo UCV Conectando Futuro”, donde las empresas públicas y privadas y la comunidad en general, podrán conocer los proyectos, productos y servicios que ofrece la UCV.
“Seguimos buscando soluciones, abriendo caminos con nuestros aliados, conectando con nuestra comunidad universitaria, buscando vitrinas para mostrar todas las cosas que hacemos y que seguiremos haciendo a pesar de las dificultades”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Once meses detenido cumplió el exdiputado de la Asamblea Nacional Williams Dávila, quien permanece recluido en un centro médico privado de Caracas bajo custodia policial.
A través de un comunicado, allegados al exparlamentario expresaron que hasta los momentos Dávila no cuenta con garantías procesales, se desconoce su situación legal y las razones por las cuales fue aprehendido.
Según la comunicación, Dávila, quien fue detenido el pasado 8 de agosto de 2024, se encuentra en una clínica capitalina custodiado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Dávila fue detenido luego de salir de una concentración en el marco de la ola represiva que se produjo luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, declaró como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar actas que lo comprueben y resultados desagregados en su página web.
El abogado penalista Rafael Narváez dijo que Dávila fue interceptado por una camioneta sin placa y dos motorizados donde iban funcionarios sin identificación de algún cuerpo del Estado.
El año pasado el gobierno de Portugal exigió la liberación del político opositor y expresó que su detención fue arbitraria al tiempo que recordó que Dávila posee nacionalidades venezolana y portuguesa.
Familiares, abogados y organizaciones civiles sentenciaron que a Dávila se le han conculcado sus derechos al restringirle el acceso a abogados y no haber información oficial al respecto.
De acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 940 presos políticos, entre los que figuran más de 80 extranjeros y cuatro adolescentes.
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Luego de casi un año de espera por los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó al gobierno de Nicolás Maduro de convertir los venideros comicios municipales del 27 en una especie de “parodia para simular democracia“.
“Un hecho importante, como lo son unos comicios municipales, se convierte en una maniobra más de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para simular que en Venezuela existe democracia”, dijo Neirlay Andrade, integrante del buró político del PCV.
Andrade manifestó que a casi un año de las presidenciales el país no conoce los resultados y que la soberanía popular en Venezuela está secuestrada.
“Aquí solamente participan quienes tienen el permiso del poder”, sentenció la vocera del PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El partido de izquierda había anunciado previamente que no iba a participar en los comicios para elegir a alcaldes y concejos municipales luego de alegar que dichos procesos en Venezuela se convirtieron en una fachada para darle apariencia de legalidad al régimen chavista.
El PCV sostuvo que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las pasadas elecciones de gobernadores y Asamblea Nacional no son confiables ni consistentes.
La tolda roja sentenció que estos ni siquiera coinciden con los datos divulgados por el propio rector del CNE, Carlos Quintero.
La organización denunció que el método utilizado para asignar los puestos en el Parlamento continúa sin aclararse, lo que hace sospechar que la escogencia se definió por pactos entre las cúpulas políticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Osman Quero Pérez informó en entrevista con Unión Radio, el pasado 7 de julio, que las lluvias registradas el martes 24 de junio en la zona del páramo en el estado Mérida, ocasionaron pérdida total de 150 hectáreas de tierra cultivable.
Asimismo añadió que hubo otras 250 hectáreas que sufrieron pérdida parcial, lo que considera que “en cantidades productoras es mucho”, debido a que refleja que un gran número de agroproductores fueron afectados por la situación.
Sobre la posible escasez de rubros debido al colapso de la vialidad en distintos puntos del estado Mérida, el gremialista señaló que aunque esta situación afecta al sector, los productores siguen “ideando” formas para poner las hortalizas y productos en el mercado local.
Osman Pérez también se refirió a la inversión que debe haber por parte del Estado para impulsar la producción agrícola y precisó que se necesitan por lo menos 1500 millones de dólares anuales para poder “recuperar algunos rubros”.
“Afortunadamente, nosotros tenemos tierras suficientes para poder abastecer el mercado nacional y poder inclusive exportar mucho de los rubros, pero definitivamente el tema de financiamiento es fundamental”, dijo.
Más de 15 puentes derrumbados
De acuerdo a información del gobernador de Mérida, debido al aumento de los ríos Chama y Motatán el pasado 24 de junio y posterior colapso producto del socavamiento a lo largo de la carretera Transandina, alrededor de 15 puentes sufrieron daños, lo que ocasionó la obstrucción del transporte de los productos agrícolas.
El Gobierno nacional anunció, a través del Ministerio de Transporte, la movilización de “puentes de guerra” para la restitución de la vialidad en las troncales. Sin embargo, han tenido que establecer “puentes aéreos” para entregar insumos en zonas a las que aún no hay acceso.
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Celebramos el 5 de julio sin tener patria en Venezuela. Hemos de ser conscientes de esta realidad. La república se pulverizó, tanto como la Constitución de 1999, que es el pecado original, el origen de nuestras desventuras como pueblo. Lo grave es que la nación nuestra, contenido y soporte de la sociedad política que ha desaparecido en medio de los enconos, también se nos hizo añicos durante el corriente siglo. Si el afecto social ha desaparecido, cuando menos y enhorabuena sobrevive Venezuela en nuestros corazones. Con ellos sostenemos nuestra memoria de venezolanos, con altivez y espíritu resiliente.
A nuestra diáspora –la de adentro y la de afuera– se le ha irrogado un severo daño antropológico. La satrapía responsable que secuestrara el territorio en el que reposan las cenizas de nuestros mayores y lo ocupa por la fuerza, sin votos, negando la legitimidad democrática del 28 de julio de 2024, debe mirarse en las páginas de nuestra emancipación para que bien sepa sobre su destino fatal.
He aquí, pues, la significación de reencontrarnos imaginariamente alrededor de esta fecha liminar y patria, para que fortalezcamos el optimismo de la voluntad. Urge que restablezcamos los lazos de afecto rotos por las separaciones. El renacer de la confianza nos hará posible reconstituir nuestra conciencia de nación: “limpiando primero el corazón de la levadura vieja”, diría Agustín de Hipona.
El 5 de julio y la declaración de nuestra independencia –que fue la formalización del ejercicio de nuestra libertad púber al decidir separarnos de la España peninsular– ha de seguir siendo, en su ejemplaridad, expresión de nuestro proceso seminal de humanización como venezolanos. Bien lo decía don Andrés Bello: “Debe empezar la época de la regeneración civil de Venezuela, [tras] el malogramiento de las minas [cuando] la atención… debió dirigirse desde luego a ocupaciones más sólidas, más útiles y benéficas”.
Cada 5 de julio nos hemos dado por servidos los venezolanos, sin embargo, con la sola lectura del Acta de Independencia en sesión solemne o en alguna plaza, luego de ser abierta el arca que la contiene. Sensiblemente, le ha proseguido siempre un desfile militar que profana y desvirtúa el hondo significado civil de esta memorable fecha.
El caso es que se ha intentado repetidamente y a lo largo de dos siglos de acabar de raíz con la ilustración civil pionera de Venezuela. En esa línea de pensamiento han encontrado su justificación las dictaduras de los Monagas y de los Guzmán en el siglo XIX y las de Gómez y Pérez Jiménez en el siglo XX. Hasta el credo original bolivariano ha sido desfigurado y corrompido por los apóstatas del presente, que lo usan para el tráfico de las ilusiones, para traspapelar sus crímenes y delitos, y apalancar a un Estado que odia y oprime a los venezolanos, aliado con los profetas del pesimismo democrático.
Los repúblicos de 1811, autores del Acta de la Independencia y forjadores de nuestra primera Constitución, de la que es negación abierta la espuria y actual, eran hombres de factura liberal, antimaquiavélicos, constructores de utopías realizables. Buena parte la formaban los egresados de la Universidad de Caracas, llamada de Santa Rosa de Lima y del beato Tomás de Aquino.
El padre de la patria, dada su preferente condición militar, de herencia familiar forjada bajo las reglas escolásticas del derecho divino de los reyes, consideraba que sus compatriotas estábamos impreparados para el bien supremo de la libertad. Quería independencia sin libertad, a diferencia de los repúblicos del 5 de julio. Aquél nos vio urgidos de ser tutelados por padres buenos y fuertes. Tachaba a los constituyentes por ilustrados y delirantes de repúblicas aéreas, siendo que, antes bien, amaban profundamente a su pueblo. Nos amaban a nosotros y así se lo hacen saber a los británicos, al enviarles nuestros documentos fundacionales.
La exposición de motivos, escrita a dos manos por el mismo Sanz y el maestro Bello, reza así:
“Aunque es inmensa la transición de su anterior abatimiento al estado de dignidad en que hoy comparecen, se verá al mismo tiempo que los naturales de la América Española están generalmente tan bien preparados para gozar de los bienes a que aspiran, como los de la nación que desea prolongar su tiranía sobre ellos”.
Releer al conjunto de esos documentos históricos previos y posteriores al 5 de julio de 1811, que no limitándonos a la célebre Acta de la Independencia redactada por Juan Germán Roscio –profesor de instituciones en la Universidad de Caracas– y que Francisco Isnardi, italiano de origen, perfeccionaría en fecha posterior al 5 de julio, implica volver a las fuentes de lo que somos.
He allí el astrolabio que nos permitirá reencontrar ahora a la nación que se nos ha extraviado. En esos papeles, consta y se resume el pensamiento seminal de nuestros padres fundadores, las bases de lo que somos y que habría de definir el perfil de sus causahabientes, nuestros líderes civiles contemporáneos; me refiero, obviamente, a los que han sido coherentes en el pensamiento y en la acción; asimismo, los que han asumido la democracia como forma de vida y estado del espíritu nacional, sea a partir de 1947, sea luego, desde 1961, durante la elipse de nuestra constitucionalidad civil.
He de recordarles, en este orden, que los conceptos sobre el pacto constituyente y la representación popular, el uti possidetis iuris que alegamos en la defensa actual de nuestro territorio Esequibo, el deber de imparcialidad de los jueces, la transparencia y rendición de cuentas por los gobiernos, la unidad democrática federal, la democracia y la garantía de los derechos del hombre como la proscripción de la tortura o la derogación de la infamia trascendente, la materia de indultos, la independencia de poderes y el control de constitucionalidad y legalidad y sobre el control democrático de la opinión pública, son principios muy nuestros, de factura venezolana.
Fueron la obra de los padres fundadores de 1811, liberales a cabalidad, más tarde acusados de conservadores por quienes forjan a nuestras dictaduras militaristas y siembran sus excrecencias sucesivas.
Consistente con el pensamiento germinal de la venezolanidad, José Antonio Páez, a partir de 1830 dispone el retiro de los hombres de armas a sus haciendas. ¿Cuáles? Las que confiscaron nuestros soldados durante el período de la guerra fratricida.
A la sazón, separándonos de Colombia, Páez llama a las luces, a los preteridos doctores, los que sobrevivieron al imperio de las armas y a otros nóveles, para que dibujasen otra vez a nuestra república civil desde la Sociedad Económica de Amigos del País.
Hasta 1999, así las cosas, los venezolanos rendíamos honores a los padres fundadores de 1811 y a Bolívar. Le rezábamos al Precursor Miranda, traicionado por este y pionero de nuestra diáspora, quien al igual que Bello son los pioneros de nuestra diáspora actual y mueren en el exilio.
Le rendíamos culto a Cristóbal Mendoza, Juan Escalona, Baltazar Padrón, López Méndez, Juan Germán Roscio, Francisco Javier Yanes, Martin Tovar, Fernando Peñalver, Luis Ignacio Mendoza, Lino de Clemente, José de Sata, Ramón Ignacio Méndez, entre otros tantos. Cultivábamos a los olvidados de 1830: al rector José María Vargas como a Santos Michelena, Domingo Briceño, Tomás Lander, Antonio Leocadio Guzmán, al mismo Francisco Javier Yanes, de origen cubano y secretario como presidente de nuestros primeros congresos, y a Fermín Toro, Juan Bautista Calcaño, Diego Bautista Urbaneja, Valentín Espinal, y a otros tantos.
¿Alguno de nosotros recuerda estos nombres, el de los parteros civiles de nuestra nacionalidad, albaceas de nuestro espíritu libertario, con sentimientos de gratitud?
Todos fueron proscritos a partir de 1999, al instalarse entre nosotros la mentira constitucional y el terrorismo de Estado.
Somos liberales auténticos
El 5 de julio no fue un salto al vacío. Recibió los insumos intelectuales y documentales de la revolución de Gual y España, macerados con las enseñanzas de Juan Bautista Picornell, parte del movimiento prerrevolucionario liberal español. Se trata, como lo refiere nuestro gran filólogo de origen catalán, don Pedro Grases, de un “código de moral y política por el que debe guiarse un buen republicano”.
El ilustrado liberal Picornell, mallorquín, llega a La Guaira en 1797, junto con el joven Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax de Boas, todos reos de Estado, condenados por la frustrada Conspiración de San Blas en España que estallaría el 3 de febrero de 1796.
En las Actas del Congreso Constituyente de Venezuela de 1811, por ende, se hizo constar lo siguiente: “En el Salón de Sesiones del Supremo Congreso de Caracas entró con previo permiso D. Juan Picornell, a ofrecer sus servicios en favor de la patria, al restituirse a Venezuela de la persecución sufrida por el Gobierno anterior”.
¿Qué propugnaba este señor Picornell?, simplemente la libertad, el Estado limitado y la democracia. Son estos los bienes que se pierden mediante la recreación repetitiva entre nosotros del padre fuerte o gendarme necesario de corte bolivariano, plagio intelectual de la experiencia napoleónica. Junto a los mitos de Sísifo y El Dorado, este otro mito, el cesarismo populista ha forjado las cadenas que no hemos logrado romper hasta el presente. Son, todos a uno, los que todavía adormecen nuestra conciencia liminar de nación.
Picornell, autor del Discurso Preliminar dirigido a los americanos e introductorio de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano traducida y publicada en 1797 por los integrantes de la conspiración de Gual y España, es quien sintetiza la episteme democrática de nuestros proceres civiles, firmantes del Acta de Independencia y de nuestra primera Constitución: “La verdadera esencia de la autoridad, la sola que la puede contener es sus justos límites, es aquella que la hace colectiva, electiva, alternativa y momentánea”.
Los documentos de 1811 no los pudo quemar el realista y capitán general Domingo de Monteverde. Algún diputado se los había llevado, ocultándolos. Desaparecido el Libro de Actas, previo dictamen de la Academia Nacional de la Historia de 1891 –en el que se declara coincidente al Acta de la Independencia con la publicada en El Publicista Venezolano– luego se certifican como auténticos, en 1909, los documentos contenidos en el libro bilingüe que ve luz en Londres en 1812 y edita Bello, apenas caída la Primera República.
El libro de Actas aparecerá en 1907. Se lo usaba como asiento del piano en la casa de la viuda del doctor Carlos Navas Spinola, en Valencia. Un amigo de esta, Roberto Smith, al verlo se lo participa al historiador Francisco González Guinán, quien a su vez le escribe al presidente Cipriano Castro, el Cabito, dándole la buena nueva. Exhibido el 5 de julio de 1908, desde entonces reposa en el Salón Elíptico del Palacio Federal, en el arca cuya llave hace pender Castro de un collar que endosa al efecto y es de uso exclusivo por los presidentes de Venezuela.
De modo que, al celebrarse el espíritu del 5 de julio, en una hora en que la nación misma busca renacer desde sus cenizas, hemos de saber y entender los venezolanos que la experiencia liberal de la democracia, tal como la entendían nuestros padres fundadores de levita, es algo que trasvasa a la política de trincheras y al autismo electoral.
Conocemos, pues así reza el Acta de Independencia, “la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados”; pero “también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería más ignominiosa para nosotros y más funesto para nuestra posteridad, que nuestra larga y penosa servidumbre”.
¡Dios bendiga a Venezuela!
correoaustral@gmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
En su informe “Venezuela en cifras 2024”, la organización Un Mundo Sin Mordaza expone un panorama “alarmante” sobre el deterioro sistemático de los DDHH en el país, evidenciado a través de múltiples indicadores en áreas clave como libertad de expresión, trabajo, salud, educación, servicios públicos y participación política.
Este documento no solo refleja una profunda crisis estructural, sino que también visibiliza cómo las políticas públicas y prácticas estatales han contribuido a vulnerar derechos fundamentales de millones de venezolanos.
La falta de garantías para ejercer libertades básicas, la precarización de las condiciones de vida y el cierre progresivo del espacio cívico revelan un patrón de control autoritario y desprotección institucional. A través de cifras documentadas y testimonios de distintas regiones del país, el informe demuestra que en Venezuela la desigualdad, el abandono del Estado y la represión son prácticas que ya forman parte de la cotidianidad.
De acuerdo con Un Mundo Sin Mordaza, la emergencia humanitaria y la represión política “siguen marcando la vida de millones de venezolanos”. La organización concluye que “Venezuela vive una emergencia total, y la represión va en aumento” y advierte que los derechos humanos “son pisoteados sin pudor y la impunidad es la norma”.
Ante este panorama, la organización Un Mundo Sin Mordaza pide una respuesta urgente de la comunidad internacional y la solidaridad de los medios de comunicación: “Difundir estos datos es clave para que el mundo no olvide lo que ocurre en Venezuela”.
Derecho a la libertad personal
Durante el año 2024, Venezuela vivió un incremento de violaciones al derecho a la libertad personal y a la protección contra la tortura, especialmente en el contexto poselectoral tras los comicios del 28 de julio. Según la ONG Provea, se documentaron 2.635 presuntas violaciones a este derecho, un aumento de más del 1.300 % respecto al año anterior. De ese total, 2.501 detenciones fueron de carácter político, muchas ejecutadas tras protestas masivas en sectores populares que desconocieron los resultados oficiales.
Entre el 29 de julio y el 13 de agosto, el Estado venezolano reportó al menos 2.400 arrestos, con un promedio de 150 detenciones diarias. Esta cifra supera con creces otros ciclos represivos como los de 2014, 2017 y 2019. Más del 95 % de los detenidos eran personas de comunidades empobrecidas. Se documentaron además detenciones de niños, niñas y adolescentes, y un 26 % de los casos respondía a motivaciones políticas.
Además, se registró un incremento del 671 % en desapariciones forzadas, además de detenciones masivas (32 %) e individuales (36 %), muchas sin respeto al debido proceso ni acceso a defensa legal. Los estados más afectados fueron Distrito Capital, Nueva Esparta y Táchira.
Entre los cuerpos responsables destacan la Policía Nacional Bolivariana (33 %), la GNB (36 %), el SEBIN (10,5 %) y la DGCIM (10,3 %). Algunos operativos fueron conjuntos entre cuerpos civiles y militares. Llamó la atención el uso de la aplicación VenApp como mecanismo de delación ciudadana para señalar a manifestantes, lo que vulnera gravemente derechos fundamentales.
Estas cifras evidencian una política de represión sistemática que incluye torturas, tratos crueles y la criminalización del disenso político, en abierta violación de tratados internacionales y normas constitucionales.
Derecho a la libertad de expresión
En Venezuela, la libertad de expresión continúa enfrentando graves amenazas. El informe de Un Mundo Sin Mordaza documentó 191 incidentes de amenazas, hostigamientos y agresiones contra civiles y trabajadores de prensa en 126 casos distintos. Estas acciones incluyeron intimidaciones físicas, morales y psicológicas, persecuciones, amenazas en redes sociales, y confiscación de equipos, lo que generó un clima de miedo y autocensura.
Asimismos, 41 medios de comunicación fueron blanco de 55 ataques impulsados desde el Estado, entre ellos bloqueos (40%), sanciones administrativas (20%), hostigamiento (20%), confiscaciones, censura y allanamientos. Las estaciones de radio fueron las más afectadas (58,5%), seguidas de medios impresos y digitales, canales de televisión y podcasts, lo que evidencia un intento por controlar todos los formatos de difusión.
En el ámbito digital, se registraron 33 bloqueos a páginas web y redes sociales, ejecutados mediante sanciones, restricciones impuestas por proveedores de Internet, ataques cibernéticos y denuncias falsas, lo que restringe el acceso a la información en línea. Este patrón persistente de persecución confirma una política estatal orientada a silenciar voces independientes y reforzar el cerco comunicacional.
El informe concluye que estas violaciones representan una amenaza directa a la democracia, ya que limitan el derecho de la ciudadanía a estar informada y afectan el funcionamiento pleno de actores clave como partidos políticos, sindicatos y organizaciones civiles.
Derecho al trabajo digno y remunerado
De acuerdo con las reflexiones del informe de Un Mundo Sin Mordaza, durante el año 2024, el derecho al trabajo digno en Venezuela se vio gravemente afectadopor el estancamiento del salario mínimo, que se mantuvo en 130 bolívares mensuales. Esta cifra no cumple con lo establecido en la Constitución venezolana, que exige un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.
Desde el último ajuste salarial en marzo de 2022, el salario mínimo ha estado congelado. Las pensiones del IVSS y la administración pública también se mantienen en ese mismo monto. En mayo de 2024, Nicolás Maduro anunció un supuesto incremento del ingreso mínimo integral a 130 dólares, compuesto por bonos no salariales entregados mediante el sistema Patria. Sin embargo, esta medida no fue formalizada en Gaceta Oficial, lo que impide su validez legal y genera incertidumbre jurídica.
Además, al no ser un ingreso salarial, estos bonos no impactan en prestaciones sociales, vacaciones ni otros beneficios laborales. Esta política de bonificación, manejada de forma discrecional, ha promovido la deslaboralización, debilitando la estructura formal de remuneración y dejando a los trabajadores sin garantías ni estabilidad.
Derecho al sufragio universal
Las elecciones presidenciales celebradas del 28 de julio de 2024 estuvieron marcadas por una serie de irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso electoral y vulneran el derecho al sufragio universal, de acuerdo con la organización Aunque fueron anunciadas con mayor antelación que en procesos anteriores, la convocatoria se realizó sin la publicación formal de un cronograma electoral detallado, lo que debilitó la previsibilidad y transparencia del proceso.
Durante la etapa preelectoral, según recuerda el informe de Un Mundo Sin Mordaza, se registraron más de 20 inhabilitaciones políticas a alcaldes y dirigentes opositores, muchos de ellos por manifestar públicamente su apoyo al candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia.
Además, se impidió el derecho al voto de gran parte de la diáspora venezolana, pese a que más de siete millones de ciudadanos viven fuera del país. Solo 508 venezolanos pudieron inscribirse en el Registro Electoral en el exterior para participar en los comicios, y apenas 6020 actualizaron su centro de votación.
Por otra parte, aunque se invitó a más de 600 acompañantes internacionales, como el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, estos solo pudieron desempeñar labores técnicas limitadas. La exclusión de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, a raíz de sanciones internacionales, mermó aún más la credibilidad del proceso.
Durante la jornada electoral se registraron fallas técnicas en al menos el 25% de las mesas, así como voto asistido indebido en el 13% de ellas, lo cual constituye una “violación directa a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), al comprometer la individualidad y libertad del voto”.
Finalmente, los resultados oficiales anunciados por el CNE otorgaron la victoria a Nicolás Maduro. Sin embargo, y se recuerda en el informe, conteos independientes realizados por organizaciones civiles y técnicos electorales, con más del 85% de actas escrutadas, reportaron como ganador a Edmundo González con más del 67% de los votos.
Derecho al acceso a servicios públicos
El acceso a servicios públicos básicos como agua potable, electricidad, gas doméstico, aseo urbano y transporte continúa presentando “serias deficiencias” que vulneran derechos fundamentales y afectan directamente la calidad de vida de la población. Según datos del Diagnóstico Comunitario 2024 de HumVenezuela y otras fuentes, se evidencia una crisis estructural que impide el ejercicio pleno del derecho a servicios esenciales.
En materia de agua potable, el 45,6% de los hogares reportó fallas constantes en el suministro. Ante la falta de acceso regular, muchas familias recurren a soluciones alternativas como botellones (51%), tomas públicas (18,6%), camiones cisterna (15,1%) y pozos (13,7%). Además, la calidad del agua muy baja: 48,2% de los usuarios percibió contaminación por color, 22,9% por olor y 22,7% por sabor, especialmente en estados como Delta Amacuro, Sucre, Distrito Capital y Amazonas.
En cuanto al servicio eléctrico, el 69% de los hogares experimenta fallas moderadas y un 17,1% enfrenta interrupciones severas. Cedice Libertad documentó un promedio de 14,9 horas sin electricidad a nivel nacional, lo cual afecta la salud, la educación, el trabajo y genera altos niveles de estrés.
El gas doméstico también presenta fallas graves. Menos del 30% de los hogares tiene acceso a gas directo. La mayoría depende de bombonas, cuya distribución ha empeorado: el porcentaje de hogares con fallas constantes en este suministro aumentó del 36,9% al 44,2%, afectando directamente la capacidad de preparar alimentos.
El aseo urbano muestra una situación contradictoria. Aunque en zonas del centro de Caracas se reporta una mayor frecuencia en la recolección de desechos, el 84% de los encuestados indica que el aumento en tarifas no se traduce en mejor servicio. Además, el 89% denuncia que el personal de recolección no cuenta con equipos adecuados, lo que pone en riesgo su salud y limita la efectividad del servicio.
Finalmente, el transporte público enfrenta un colapso generalizado, como consta en la reseña sobre la situación de los servicios que hace Un Mundo Sin Mordaz. En 2024, solo el 20,2% de los hogares tenía acceso al servicio, frente al 49,4% en años anteriores. El 80% de los ciudadanos no cuenta con vehículos propios, y el 55,9% se ve obligado a caminar largas distancias para cumplir con sus actividades. Estados como Delta Amacuro, Falcón y Sucre encabezan la lista de los más afectados.
Derecho al acceso a la atención médica
Durante el año 2024, según el informe de Un Mundo Sin Mordaza, el índice de desabastecimiento general de medicamentos y suministros médicos fue de 37%, manteniéndose prácticamente igual al año anterior (36%).
Los estados más afectados fueron Carabobo (75%), Amazonas (65%) y Cojedes (61%), seguidos por Táchira, Nueva Esparta y Apure. El desabastecimiento impacta especialmente en áreas críticas como la atención a enfermedades crónicas: 75% de los hospitales reportaron la falta constante de medicamentos antihipertensivos, obligando a los familiares a asumir la compra de fármacos por cuenta propia, con los consiguientes costos y retrasos en los tratamientos.
Aunque el tiempo promedio de espera para que un paciente con neumonía reciba el primer medicamento disminuyó levemente (de 2 horas y 42 minutos a 2 horas), sigue superando el estándar recomendado de una hora. Este tipo de demoras puede comprometer seriamente la salud de los pacientes, en especial en casos urgentes.
En cuanto a la infraestructura hospitalaria, la capacidad de atención mostró una leve mejora. El promedio de camas de emergencia operativas por hospital pasó de 34 a 35, y las camas de hospitalización de 215 a 220. No obstante, esta variación es mínima y no representa una mejora sustancial frente al deterioro general del sistema.
Un aspecto crítico es que el 91% de los hospitales exige a los pacientes aportar insumos para poder ingresar a quirófano. Entre los requerimientos más frecuentes están: suturas (87%), suero fisiológico (82%), analgésicos (78%), batas de pacientes (73%), gasas, antisépticos y otros materiales básicos (74%).
Derecho a la educación
El derecho al acceso a la educación en Venezuela enfrenta múltiples vulneraciones que afectan tanto a la educación básica como a la superior, según el informe de Un Mundo Sin Mordaza.
En el informe de Un Mundo sin Mordaza, y en lo que respecta al área de educación básica y media, se citan los resultados del estudio SECEL 2024-2025, realizado por la UCAB, revelan un bajo rendimiento académico generalizado. Más del 70% de los estudiantes reprobaron en matemáticas, habilidad verbal y comprensión lectora, con promedios por debajo de 8/20. La brecha entre instituciones privadas y públicas es significativa, con tasas de reprobación que alcanzan el 92% en las escuelas públicas.
Las causas incluyen precariedad laboral docente, con ingresos mensuales promedios de apenas 7,34 dólares y alta deserción (72%). Solo el 18% del personal ha recibido formación reciente, y el 24% no ha tenido actualización profesional en más de cinco años. Además, el 64% de los docentes considera que los bonos del sistema Patria deberían ser parte del salario base.
La infraestructura escolar también está severamente deteriorada: 54% de las escuelas reportan condiciones físicas precarias, 43% sufre fallas eléctricas diarias, y más del 80% carece de acceso a computadoras o internet. La dotación del Estado es deficiente: 93% de los encuestados afirman que no han recibido materiales pedagógicos ni deportivos. Aunque el Programa de Alimentación Escolar está presente en el 87% de las instituciones, solo el 33% de los estudiantes recibe comida semanalmente y muchas escuelas no tienen cocinas ni comedores adecuados.
En cuanto a la educación superior, la situación es igualmente crítica. Se han reportado 205 denuncias por acoso presupuestario contra universidades autónomas, lo que ha resultado en el deterioro de la infraestructura, suspensión de servicios estudiantiles y proyectos de investigación, y violaciones laborales, incluyendo más de 1000 días sin aumentos salariales. La deserción estudiantil y profesoral supera el 60% en universidades emblemáticas como la UCV, LUZ y UCLA, poniendo en riesgo la continuidad académica y el relevo docente.
Además, se han registrado 52 denuncias por agresiones y criminalización de miembros de la comunidad universitaria, junto con 9 protestas por derechos laborales y políticos. Estas condiciones revelan una vulneración sostenida del derecho a la educación superior, en un entorno de exclusión, censura y abandono institucional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Toda persona debe ser honorable, es decir honrada, íntegra y justa para que sea respetada y valorada, independientemente de su estatus social. Con más razón, la honorabilidad tiene que ser un requisito sine qua non para quien ejerce el poder político. Desafortunadamente, hoy esa cualidad brilla por su ausencia en presidentes de la república, ministros y diputados, tanto en países desarrollados, como en vías de desarrollo.
Insultan, utilizan un leguaje procaz y se caracterizan por ofender y dividir a la población entre buenos y malos. Obviamente, ellos se consideran los buenos. Son un pésimo ejemplo para la población, especialmente para niños y jóvenes. A continuación, algunos ejemplos de honorabilidad perdida.
El fallecido presidente Chávez tuvo fama de malhablado. Esa es una victoria de m…, exclamó cuando perdió el referendo de reforma de la Constitución. Según él, todos los dirigentes de la oposición eran lacayos del imperio que no deberían volver al poder. En sesión de la ONU inició su discurso diciendo que “ayer estuvo el diablo, aquí huele azufre”, refiriéndose al entonces presidente George W. Bush.
El usurpador Nicolás Maduro no se queda atrás. A María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, la ha tildado de desquiciada, apátrida de la oligarquía y terrorista. A cualquier dirigente opositor lo llama fascista, traidor, lacayo del imperio.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, es un desaforado. Un psiquiatra devenido en paciente. Su último insulto fue para Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a quien calificó de sátrapa, lamesuela y basura, proponiendo que Venezuela debe salir de esa oficina de m… Para él, todos los dirigentes de la oposición son vendepatrias, payasos y títeres del imperio.
Diosdado Cabello, ministro del Interior, tiene boca de albañal. Títeres, vendepatria, basura, malnacidos, cobardes, mercenarios de la información son insultos que lanza semanalmente.
Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, país caracterizado por su elevado nivel de educación, está siendo un pésimo ejemplo para sus ciudadanos. Según él, los opositores en la Asamblea Nacional son idiotas y cualquiera que se le opone es malnacido, canalla y filibustero.
Gustavo Petro, el presidente colombiano, dice en sus peroratas que el Congreso está lleno de mafias y que sus opositores son buitres, carroñeros políticos. Se ha referido al inaceptable Decreto de Guerra a Muerte de Bolívar, alegando que “nos obligan a levantar la bandera de la libertad o muerte. La bandera del pueblo de Colombia hoy, la bandera de la guerra a muerte”.
La falta de honorabilidad también impera en Estados Unidos. Donald Trump desacredita a cualquiera que lo critique, sea periodista, juez o excandidato presidencial, republicano o demócrata. Llamó perdedor al fallecido John Mc Cain porque fue capturado por el enemigo en la guerra de Vietnam. A Mitt Romney lo tilda de idiota, a Nancy Pelosi le dice la loca, a Biden, Joe el dormilón, y a cualquier colaborador que le renuncia lo califica de inepto. A todos los inmigrantes los llama delincuentes.
Javier Milei, el presidente argentino, exhibió una motosierra como regalo a Musk para que despidiera empleados. Califica a sus adversarios de zurdos de m.., parásitos, casta inmunda, simios, enfermos mentales. Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, ha acusado a jueces y críticos de su gobierno de defender terroristas. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha tildado de hipócrita.
Buscar la honorabilidad perdida es más fácil que buscar el tiempo perdido de la compleja novela de Marcel Proust. El problema es cómo evitar que quienes no son honorables lleguen al poder por la vía electoral. Es imprescindible formar buenos ciudadanos, como predica Gustavo Coronel.
Como (había) en botica
Solidaridad con los merideños afectados por las inundaciones.
¿Qué espera la Corte Penal Internacional para imputar a Maduro por los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y encarcelamientos solo por opinar en mensajes telefónicos?
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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