El defensor Eduardo Torres ya tiene dos meses detenido e incomunicado

Este 9 de julio se cumplen dos meses de la detención arbitraria del defensor de derechos humanos venezolano Eduardo Torres, abogado laboral, sindicalista y miembro del equipo legal de la ONG Provea.

Desde el 9 de mayo de 2025, Torres permanece recluido en El Helicoide, sede del Sebin, en condiciones de incomunicación y aislamiento prolongado, sin acceso a sus abogados ni a visitas familiares.

Su caso fue inicialmente denunciado como una “desaparición forzada”. Solo ocho días después, bajo presión de organizaciones de derechos humanos, las autoridades reconocieron su detención. Desde entonces, el Estado venezolano no ha ofrecido información oficial sobre su situación legal, ni ha garantizado su derecho a la defensa ni el respeto a sus garantías judiciales.

La organización no gubernamental Provea denunció que el “aislamiento prolongado” de Eduardo Torres “viola gravemente sus derechos”. Ante eso, recordaron que “defender derechos humanos no es un delito” y alertaron que la criminalización de la que es víctima por su labor “es parte de una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela”.

Por su parte, el partido político Convergencia Venezuela, de cuya coordinación nacional es miembro Eduardo Torres, exigió la liberación del defensor de DDHH y el respeto a sus derechos.

Nadie debería estar preso por defender derechos

Provea alertó que en Venezuela, al menos cinco defensores de derechos humanos permanecen encarcelados injustamente: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, todos reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional.

  • Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024 junto a familiares por exigir rendición de cuentas al poder militar
  • Javier Tarazona, de Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por documentar la violencia en zonas fronterizas
  • Eduardo Torres, abogado de Provea, fue víctima de desaparición forzada en mayo de 2025 y permanece aislado e incomunicado en El Helicoide, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares de la CIDH
  • Carlos Julio Rojas, periodista y activista, fue detenido en abril de 2024 y enfrenta condiciones similares
  • Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, fue arrestado en agosto de 2024 mientras ofrecía asistencia legal

“Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”, denunció la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Provea alertó que en Venezuela, al menos cinco defensores de derechos humanos permanecen encarcelados injustamente: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda
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EFE/Ronald Peña R.
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Este 9 de julio se cumplen dos meses de la detención arbitraria del defensor de derechos humanos venezolano Eduardo Torres, abogado laboral, sindicalista y miembro del equipo legal de la ONG Provea.

Desde el 9 de mayo de 2025, Torres permanece recluido en El Helicoide, sede del Sebin, en condiciones de incomunicación y aislamiento prolongado, sin acceso a sus abogados ni a visitas familiares.

Su caso fue inicialmente denunciado como una “desaparición forzada”. Solo ocho días después, bajo presión de organizaciones de derechos humanos, las autoridades reconocieron su detención. Desde entonces, el Estado venezolano no ha ofrecido información oficial sobre su situación legal, ni ha garantizado su derecho a la defensa ni el respeto a sus garantías judiciales.

La organización no gubernamental Provea denunció que el “aislamiento prolongado” de Eduardo Torres “viola gravemente sus derechos”. Ante eso, recordaron que “defender derechos humanos no es un delito” y alertaron que la criminalización de la que es víctima por su labor “es parte de una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela”.

Por su parte, el partido político Convergencia Venezuela, de cuya coordinación nacional es miembro Eduardo Torres, exigió la liberación del defensor de DDHH y el respeto a sus derechos.

Nadie debería estar preso por defender derechos

Provea alertó que en Venezuela, al menos cinco defensores de derechos humanos permanecen encarcelados injustamente: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, todos reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional.

  • Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024 junto a familiares por exigir rendición de cuentas al poder militar
  • Javier Tarazona, de Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por documentar la violencia en zonas fronterizas
  • Eduardo Torres, abogado de Provea, fue víctima de desaparición forzada en mayo de 2025 y permanece aislado e incomunicado en El Helicoide, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares de la CIDH
  • Carlos Julio Rojas, periodista y activista, fue detenido en abril de 2024 y enfrenta condiciones similares
  • Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, fue arrestado en agosto de 2024 mientras ofrecía asistencia legal

“Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”, denunció la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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