Al menos cinco defensores de derechos humanos están encarcelados injustamente en Venezuela, recordó la ONG Provea.
La organización instó al Estado venezolano a liberar inmediatamente a todas las personas presas y garantizar juicios justos, el contacto con familiares y asistencia legal, así como cumplir con sus obligaciones internacionales.
A través de su cuenta en X, la organización recordó el caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida en febrero de 2024 y acusada de terrorismo y traición a la patria.
Provea sentenció que San Miguel exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con su ONG Control Ciudadano.
Igualmente, Provea destacó que el director de Fundaredes, Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, alertó sobre grupos armados en la frontera de Venezuela con Colombia y documentaba abusos contra docentes.
Además la ONG mencionó a su abogado Eduardo Torres, quien defendía a trabajadores y presos políticos hasta su desaparición forzada en mayo de 2025.
“Su reclusión en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue confirmada tras ocho días de prisión. Desde entonces, permanece aislado”, alertó.
Igualmente, Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, fue arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo luego de brindar asistencia legal.
“Pasó 20 horas desaparecido y fue trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sin acceso a abogados”, añadió.
Provea mencionó tambien al periodista Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024, quien permanece en El Helicoide acusado de terrorismo y magnicidio.
“Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a la justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”, denunció la ONG.
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