Para el ex ministro para la reforma del Estado, Carlos Blanco, la clandestinidad propuesta recientemente por la líder opositora María Corina Machado no significa pasar a la inacción.
“Hay que entender lo que pasó el 28 de julio de 2024, a partir de la victoria de Edmundo González Urrutia se desató una campaña de terror que ha ido escalando y para no ser aplastada, la dirigencia política se ha visto en la necesidad de pasar a la clandestinidad”.
¿En qué consiste la clandestinidad que propone María Corina Machado? fue el tema de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual de este jueves 7 de agosto.
El programa moderado por Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo contó con la participación de Blanco, quien es miembro del equipo de estrategia de Machado.
A juicio de Blanco, con la ola represiva desatada después del 28J, el gobierno de Nicolás Maduro pretendía una inhibición total por parte de las fuerzas opositoras venezolanas.
“Eso no fue así y la respuesta ha sido pasar a la clandestinidad para defenderse. El hostigamiento por parte del régimen viene desde una campaña electoral donde se cerraban los hoteles y restaurantes donde estaba María Corina. Esto surge como una necesidad, nadie quiere estar escondido. María Corina no está visible físicamente en este momento, pero lo hará cuando se requiera”.
El articulista aseguró que MCM lo menos que ha estado es inactiva.
“Ella está al mando de un proceso de reorganización nacional e internacional, hay reuniones permanentes con todos los dirigentes democráticos, el hecho que no se vea no significa que no se hace”.
Blanco expresó que la administración madurista le ha declarado la guerra a la gente y el llamado es a protegerse, pero sin claudicar.
“A defender la lucha por la libertad en las condiciones en las que cada quien pueda, en no convertirse en blanco vulnerable para el régimen. Hay quienes por tener un acta en la mano fueron detenidos, todo el equipo de MCM tuvo que refugiarse en la embajada de Argentina. Los movimientos clandestinos de resistencia en el mundo han buscado que sus dirigentes puedan comunicarse y para eso hoy en día sirven las redes sociales y otros mecanismos”.
Recompensa en pos de la democracia
Batiz informó que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a un eventual arresto de Maduro.
Según Blanco, la respuesta del oficialismo puede ser el incremento de la represión contra la sociedad civil venezolana.
“Cada cierto tiempo anuncian una supuesta conspiración y luego viene el fiscal y mete presos a algunos ciudadanos, esa es la dinámica. Cada vez que se aprieta un tornillo, responden con más violencia”.
A juicio del ex ministro, Maduro apesta internacionalmente y nadie se quiere tomar una foto con él.
“La política de Estados Unidos hacia Venezuela es de endurecimiento y muestra que Maduro es enemigo de la democracia y la libertad, el régimen se ha convertido en un epicentro de negocios ilícitos”.
El miembro del equipo de estrategia de MCM sostuvo que el objetivo principal de la oposición es restablecer la democracia en Venezuela y para ello necesita un aliado fundamental como Estados Unidos.
“Eso no significa estar de acuerdo y endosar todo lo que hace la administración de Trump, queremos tener el mayor número de coincidencias. El de Trump es un gobierno que ha llegado al poder como expresión de una sociedad polarizada, un factor que procura el reordenamiento global, apenas se está asentando y es disruptor”.
El articulista manifestó que está en desacuerdo con la renovación de la licencia de la empresa petrolera estadounidense Chevron para seguir operando en Venezuela.
“Esos recursos van a financiar la dinámica represiva del Estado y en ese sentido no me parece adecuado”.
Más allá de una presidencia
Para Blanco el ímpetu de Machado no responde a un deseo de convertirse en la primera mujer presidenta de Venezuela.
“MCM se ha transformado en un factor de unificación de la sociedad venezolana como lo fue en la elección primaria, ella está en la sala de máquinas manejando los controles. El liderazgo de MCM va más allá de una persona, ella es el centro de convergencia de una fuerza nacional muy importante”.
El ex ministro expresó que alejados de la ingenuidad, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) apostaba porque una contundente victoria el 28J fuese suficiente para que Maduro abandonara el palacio de Miraflores a través de una negociación pacífica.
“Había factores políticos y militares, sumados al apoyo internacional, que estaban abogando porque así sucediera. La recomendación del reino de Noruega siempre fue negociar, pero no se puede negociar sin una agenda y un objetivo claro. Pese a que ellos cerraron esa vía, la negociación nunca debe acabarse y eso está vinculado con las fracturas dentro del chavismo, hay que negociar con todos porque es el camino pacífico para que cedan el poder”.
Blanco aseguró que el pueblo venezolano está exhausto de las farsas electorales y por eso no acudió a votar en los pasados comicios del 25 de mayo y 27 de julio de este año.
“Porque esos dirigentes que se presentaron ahí llamando a la gente a votar no representan a nadie. En Venezuela no hay siquiera instituciones desde donde desarrollar políticas, la reconstrucción tiene que ser casi desde cero porque todo está destruido”.
El estratega sentenció que la situación de deterioro y pérdida de horizontes en Venezuela, tiene que generar el cambio inexorable.
“Hay una genuina preocupación en mucha gente y la respuesta es organizarse, aquí va a haber un momento resolutivo tarde o temprano”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En la campaña presidencial de 2024, Donald Trump hizo de la migración venezolana uno de los temas principales de su discurso. Varias veces aseguró, sin aportar pruebas, que Nicolás Maduro había enviado a Estados Unidos delincuentes liberados de las cárceles venezolanas, ligando ese supuesto “envío” con la caída del crimen en Venezuela.
“El crimen ha disminuido en Venezuela en un 67% porque están tomando a sus pandillas y a sus criminales y depositándolos muy generosamente en Estados Unidos”, declaró el presidente Trump frente a sus seguidores mientras daba un discurso electoral el 2 de abril del 2024, presentando así a cualquier hombre venezolano en EE. UU. como una potencial amenaza para la seguridad nacional.
Casi un año después, ya con Trump de regreso en la Casa Blanca, aquella acusación se transformó en una política pública. En marzo de 2025, la administración recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para ordenar detenciones y deportaciones exprés de venezolanos señalados como miembros del Tren de Aragua, una pandilla que nació en la cárcel de Tocorón.
Entre los miles de deportados a varios países, un grupo de más de 250 detenidos fue trasladado a la megaprisión CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una enorme cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Allí permanecieron hasta el 18 de julio, cuando un canje negociado entre Washington y Caracas permitió su excarcelación, al igual que la de varios ciudadanos estadounidenses y opositores presos en Venezuela.
Una investigación de ProPublica, The Texas Tribune, la Alianza Rebelde Investiga (con los medios Runrunes, Tal Cual y El Pitazo) y Cazadores de Fake News, constató que casi la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no cometió delitos en Estados Unidos, había ingresado legalmente al país y tenía procesos migratorios en curso.
Mientras el rumor sobre la supuesta “invasión” carcelaria, y luego sobre la presunta orden de Maduro de “vaciar” las cárceles y enviar integrantes del Tren de Aragua, comenzó a abarcar titulares en Venezuela y Estados Unidos, verificadores, ONG y medios venezolanos ya habían rastreado su origen y explicaban cómo se estaba haciendo más viral con la aparición de nuevos bulos y manipulaciones. Eventualmente, el propio Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos aseguró en 2025 que tampoco tenía pruebas sobre la existencia de algún plan estatal venezolano de enviar delincuentes a ese país.
Seguir el recorrido de ese rumor —desde su primera aparición viral en 2022, pasando por su réplica en discursos y titulares, hasta su adopción en la campaña de Trump y su aplicación como medida de gobierno— puede servir para entender cómo un relato ha perdurado por años, hasta llegar a influir tanto en la política exterior como en el orden interno de una de las principales potencias del mundo.
El pánico carcelario que cruzó la frontera venezolana
Medios de comunicación venezolanos y extranjeros han documentado por años la falta de control estatal en cárceles venezolanas, así como los presuntos nexos entre el gobierno de Maduro y organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Algunas investigaciones periodísticas permitieron apreciar el poder que habían logrado acumular los “pranes”, líderes criminales que dirigen la vida interna y los negocios ilícitos dentro y fuera de algunos penales. Otros trabajos sostuvieron que algunos “colectivos” leales al chavismo y pandillas criminales —con integrantes que pueden estar en libertad, o incluso operar desde adentro de ciertas prisiones— llegaron a ser usadas como fuerzas de choque para dispersar manifestaciones opositoras o asegurar territorios clave para el gobierno de Nicolás Maduro.
Algunos operativos ocasionales de ”descongestionamiento” penitenciario planteados como respuesta a la precariedad carcelaria —en los que a veces se liberaron centenares de reclusos—, también generaron alarma en varias comunidades.
Con el tiempo, toda esa información se convirtió en el sustento de comentarios publicados por usuarios venezolanos en redes sociales —a veces basados en hechos e investigaciones tangibles y, en otros casos, en simples rumores— sobre el empleo de personas vinculadas con pandillas carcelarias o incluso con cuerpos de inteligencia venezolanos, para influir o desestabilizar otros países de la región.
En octubre de 2019, mientras Ecuador vivía el Paro Nacional y Chile el estallido Social, comenzaron a surgir rumores sobre la supuesta presencia de “agitadores” enviados por Venezuela y Cuba, infiltrados entre la diáspora, que se encontraban estimulando las protestas y la violencia en las calles.
Rumores sobre “venezolanos infiltrados” circularon tanto entre simpatizantes de Piñera y Lenín Moreno como entre críticos de Nicolás Maduro, entre quienes destacó @Nelsored1, uno de los tuiteros venezolanos que propagó decenas de bulos relacionados con la supuesta participación de compatriotas en los disturbios. El tuitero afirmó que guardias de la Embajada estadounidense en Santiago habían disparado contra cuatro “terroristas” chavistas que intentaban incendiar una estación de servicio. La embajada lo desmintió, y medios y verificadores de datos refutaron ese y otros bulos y rumores fabricados por el mismo usuario.
Bulos y rumores difundidos por @Nelsored1 sobre Perú, Ecuador, Chile y Bolivia en 2019.
A finales de 2019, los rumores y acusaciones en redes sociales se retroalimentaron con declaraciones teóricas y políticas. Analistas sugirieron que Caracas había estado sembrando un “pequeño porcentaje de agentes subversivos” entre la migración masiva, y la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un comunicado en el que afirmaba que los episodios de desestabilización en varios países de la región tenían su origen en las estrategias de los regímenes de Cuba y Venezuela, responsables de exportar polarización y de financiar, apoyar y promover conflictos políticos y sociales.
Con el avance de las investigaciones, se vinieron abajo las acusaciones sobre el empleo de venezolanos como agentes de desestabilización. Un grupo de 17 personas, la mayoría venezolanos, arrestados en el aeropuerto de Quito por presuntamente poseer información sobre la movilización del presidente Lenín Moreno, resultó estar integrado en su mayoría por conductores de aplicaciones de taxi; 15 de ellos eran venezolanos y fueron liberados sin cargos a los pocos días. En Santiago, la tesis surgida de un memorando de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) entregado a Sebastián Piñera el 20 de octubre, que hablaba de 600 agentes del SEBIN infiltrados en las protestas, fue desestimada en noviembre, tras una investigación de varias semanas, por falta de evidencias concretas.
Los informes de la Fiscalía ecuatoriana, la inteligencia de Carabineros y diversas organizaciones de derechos humanos coincidieron en que las protestas en ambos países respondieron, sobre todo, a causas internas y movilización espontánea. Aun así, la idea de que Caracas enviaba venezolanos para desestabilizar permaneció latente y regresó años más tarde, asociada a la ola migratoria rumbo a Norteamérica y a la expansión del Tren de Aragua en el continente.
En 2022 las cosas comenzaron a cambiar. Tras varios años de reportes sobre delitos atribuidos a presuntos integrantes del Tren de Aragua en Colombia y Perú, y mientras la crisis migratoria se agravaba en Chile, el flujo de venezolanos hacia el norte del continente se intensificó. Miles emprendieron el viaje por tierra, cruzando la selva del Darién y varios países de América Central para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos.
Este masivo flujo migratorio, sumado a informes y reseñas de delitos atribuidos a venezolanos en distintos países, generó también múltiples casos de desinformación que acentuaron la discriminación y la xenofobia contra los migrantes.
Durante los primeros meses de 2022, estos episodios de desinformación se concentraron principalmente en la frontera norte de Chile.
El 3 de febrero de 2022, un posteo publicado en la red social Twitter (hoy llamada “X”), acusaba a un grupo de venezolanos del refugio de Lobito (cerca de Iquique, frontera norte de Chile), de bloquear la carretera con fuego y escombros. “(Maduro) los soltó de la cárcel y los mandó a destruir Chile” aseguró su autor, quien acompañó el texto con un video en el que aparecían varios migrantes hablando con acento venezolano, aparentemente bloqueando un tramo de la carretera cercano al refugio.
Una investigación realizada por Cazadores de Fake News demostró que se trataba de desinformación. Los migrantes que aparecen en el video, residentes del refugio, no habían iniciado el bloqueo: estaban retirando los escombros y apagando el fuego para evitar que el humo siguiera afectando a las demás personas que permanecían en él, especialmente a los niños.
Falso: ¿migrantes venezolanos cortaron el paso para cobrar peaje en carretera de Iquique, Chile?
Información que circula en WhatsApp y varias redes sociales es #FALSA
El incidente ocurrió el 01/02/22. Los venezolanos en el video estaban AYUDANDO a quitar la barricada
Uno de los refugiados denunció que la manipulación del video criminalizaba a migrantes y refugiados en Lobito y que no existía una cobertura balanceada del fenómeno migrante por parte de los medios de comunicación locales. “Nos tienen silenciados, pero no somos delincuentes”, aseguró.
Migrantes cantando el himno, no delincuentes
La situación migratoria venezolana que a comienzos de 2022 ya era motivo de alarma, para mediados de año se había agudizado en toda la región.
El 31 de agosto de ese año, David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis migratoria venezolana, afirmó que la diáspora venezolana, con 6,8 millones de desplazados, era una de las dos mayores crisis globales de migrantes y refugiados, junto a la de Ucrania.
En paralelo, las acciones criminales del Tren de Aragua se convertían en noticia en Colombia, con la historia del hotel negro y “los embolsados”; y en Chile, con el descubrimiento de la megaoperación de la pandilla en ese país.
El 7 de septiembre, una semana después, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, instó al gobierno de Nicolás Maduro a aislar a los líderes del Tren de Aragua, alegando que desde la cárcel de Tocorón coordinaban delitos en Colombia. En ese contexto surgió la primera pieza relevante de desinformación que acusaba al gobierno venezolano de utilizar al Tren de Aragua como herramienta de desestabilización regional.
Al día siguiente, desde su nueva cuenta de Twitter, @NelsoredG, el mismo tuitero que en 2019 había difundido bulos sobre la supuesta presencia de venezolanos infiltrados en las protestas en varios países de Sudamérica, publicó un mensaje que “presos de las cárceles de Venezuela” estaban siendo enviados a Estados Unidos junto a los migrantes que cruzaban el Darién. Su tuit superó las 3.000 republicaciones y rápidamente se hizo viral entre usuarios venezolanos, a pesar de no haber citado fuentes, ni mostrado pruebas.
Tuit publicado por @NelsoredG el 8 de septiembre de 2022
Algunos venezolanos influyentes creyeron el bulo del 8 de septiembre, pues se apoyaba en una narrativa que, aunque había sido ampliamente refutada por expertos, le dio mayor credibilidad.
“Esa canallada ya la hizo Castro en Mariel. Vació las cárceles y envío los choros (delincuentes) a los EE. UU.”, escribió Enrique Aristeguieta citando el tuit de González.
Aristeguieta —abogado y conocido tuitero venezolano, integrante de la Junta Patriótica de 1958 y con más de 820.000 seguidores en Twitter— aludía al éxodo del Mariel (1980), cuando el gobierno de Fidel Castro permitió la salida de unos 120.000 cubanos a quienes etiquetó como “antisociales” y “escoria”, alimentando el rumor de que entre ellos había muchos delincuentes comunes.
El 13 de septiembre, @NelsoredG hizo una segunda publicación sobre el mismo tema. Esta vez el texto iba acompañado de un video que terminó por hacerla aún más viral, acumulando 5.000 republicaciones. Aunque parecía tener información más específica —que “más de 300 convictos en este grupo de sicarios, asaltantes, distribuidores de droga, fueron liberados para enviarlos a EE. UU. desde Venezuela”—, ningún dato era comprobable.
En el video aparecía un grupo de venezolanos en aparente estado de precariedad, la mayoría hombres y algunos con el torso desnudo, cantando el himno nacional de Venezuela. El texto sugería que había sido grabado dentro de una prisión venezolana y que quienes cantaban el himno eran reclusos que estaban saliendo de la cárcel de Tocorón, base de operaciones del Tren de Aragua.
Segundo tuit de @NelsoredG sobre la narrativa. Incluye un video grabado en la ERM San Vicente, Panamá.
El video, sin embargo, no había sido grabado en un centro penitenciario de Venezuela, sino en la Estación de Recepción Migratoria (ERM) San Vicente, en Panamá, a la que llegan los migrantes tras cruzar la selva del Darién.
Quienes cantaban no eran “delincuentes”, sino migrantes en tránsito.
Cuando el ruido digital rebotó en la radio
Los argumentos expuestos en el desmentido sobre el video grabado en Panamá no lograron frenar su expansión. El rumor ya estaba a punto de trascender las redes sociales.
Ernesto Paraqueima, entonces alcalde de El Tigre (estado Anzoátegui, oriente de Venezuela), hizo comentarios en su programa de radio sobre el video publicado originalmente en Twitter por @NelsoredG, compartido luego en Instagram por un medio local al que seguía. Paraqueima dijo estar de acuerdo con que los delincuentes salieran del país, también comparando su situación con el éxodo cubano del Mariel.
@NelsoredG utilizó las declaraciones de Paraqueima para reforzar la narrativa falsa que él mismo había fabricado desde Twitter. Publicó otro trino asegurando que el alcalde había “confesado” el envío de delincuentes hacia Estados Unidos por parte del gobierno venezolano y que, por lo tanto, la información estaba confirmada.
El comentario en radio del ex alcalde Ernesto Paraqueima contribuyó con la viralización del bulo
La manipulación de lo dicho por Paraqueima también se viralizó en redes sociales, atribuyéndose al alcalde una supuesta “confesión” que él mismo desmintió públicamente en dos ocasiones.
El 16 de septiembre de 2022, Cazadores de Fake News publicó un desmentido sobre el video de los migrantes cantando el himno de Venezuela en la ERM San Vicente de Panamá. El 21 de septiembre desmintió el bulo sobre la falsa confesión de Paraqueima.
Para entonces, el rumor ya se había hecho tan grande que había comenzado a ser comentado por funcionarios y medios estadounidenses.
La desinformación venezolana se desplaza al norte
“Esta semana se informó que agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron un boletín de inteligencia que indica que el dictador venezolano Maduro está abriendo todas sus cárceles y enviando a presos crueles (…) Estados Unidos está siendo envenenado”.
Donald Trump pronunció esas palabras el 22 de septiembre de 2022, durante un mitin en Wilmington, Carolina del Norte, mientras impulsaba a varios candidatos republicanos y a solo un par de meses de anunciar su segunda candidatura presidencial. Se refería a una publicación del portal estadounidense Breitbart del 18 de septiembre, justo cuando los verificadores venezolanos empezaban a difundir los primeros análisis sobre el origen del rumor.
El título de ese artículo sugería que Venezuela había “vaciado” sus cárceles, liberado a criminales violentos y los había enviado deliberadamente —supuestamente como parte de un grupo organizado— hacia la frontera de Estados Unidos, todo ello sustentado, según decía, en un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por una fuente anónima.
Sin embargo, el cuerpo del artículo no respaldaba ese titular. No incluyó ninguna imagen del presunto informe del DHS ni precisó cuántos presos habrían sido excarcelados en Venezuela. Además, el texto admitía que no podía confirmarse si los supuestos criminales enviados viajaban como un grupo cohesionado y señalaba que el informe del DHS no especificaba si la medida obedecía a una directriz oficial del gobierno de Caracas.
La narrativa coincidía con el rumor que circulaba entre venezolanos desde 10 días antes. El artículo de Breitbart fue rápidamente amplificado en Estados Unidos y reproducido por varios medios de comunicación.
El mismo día en que se publicó el artículo de Breitbart, el congresista republicano Troy E. Nehls, tuiteó un mensaje que parafraseaba su titular y lo presentaba como una confirmación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos: “Última hora: el DHS confirma que Venezuela vacía las cárceles y envía criminales violentos a nuestra frontera sur. El presidente Trump nos advirtió sobre esto hace años”. La publicación se volvió viral, con más de 17.000 republicaciones y 43.000 “me gusta”.
11 días después, varias iniciativas de verificación de hechos comenzaron a señalar las inconsistencias de la nota de Breitbart.
Politifact indicó que el DHS no había confirmado la existencia del supuesto informe y que la única fuente era el propio artículo. Tras revisar los portales oficiales, tampoco halló rastro alguno del documento, ni evidencias que respaldaran la denuncia. Al pedirle pruebas al equipo del congresista, su directora de comunicaciones les respondió: “Prueben que está equivocado”.
Factchequeado no solo obtuvo una respuesta por parte del DHS —el organismo les respondió “esas afirmaciones no están verificadas”—, sino que consultó a las ONG Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad; todas las fuentes coincidieron en que no existía ninguna prueba de un plan del gobierno venezolano para liberar presos y enviarlos deliberadamente a Estados Unidos.
Aunque organizaciones y equipos de verificación venezolanos y estadounidenses publicaron aclaraciones, el eco del rumor comenzó a influir en el debate político estadounidense.
El 22 de septiembre, varios congresistas estadounidenses, todos pertenecientes al Partido Republicano, firmaron una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para expresar su preocupación por la supuesta llegada, a Estados Unidos, de criminales violentos provenientes de Venezuela.
🚨 I sent a letter with 13 of my @HouseGOP colleagues to @SecMayorkas demanding answers about Venezuela releasing violent prisoners early and pushing them to join caravans heading towards our southern border.
“Ha sido ampliamente reportado que el régimen asesino y narcoterrorista de Maduro en Venezuela está liberando deliberadamente a prisioneros violentos de forma anticipada, incluyendo a reclusos condenados por ‘asesinato, violación y extorsión’, y empujándolos a unirse a caravanas que se dirigen a Estados Unidos”, advertía la misiva, basada únicamente en un reportaje difundido unos días antes.
La única fuente incluida en la carta: el artículo de Breitbart del 18 de septiembre.
Una narrativa repetida por Trump más de 140 veces
Un memorando desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia publicado el 29 de mayo de 2025, concluyó que el régimen de Nicolás Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el Tren de Aragua, ni dirige sus movimientos en Estados Unidos.
Pero el impacto del memorándum no fue tan grande como el rumor que ya había sido reiteradamente repetido a lo largo de la vida política de Trump.
Entre septiembre de 2022 —cuando comenzó a crecer el rumor en Twitter (ahora X)— y el 15 de marzo de 2025, Trump repitió al menos 147 veces la narrativa de que las cárceles en Venezuela estaban siendo vaciadas de delincuentes, y que éstos estaban siendo enviados deliberadamente a Estados Unidos.
Pero la mención a Venezuela se inscribe en una narrativa más amplia. The Marshall Project —una organización de periodismo de investigación sobre justicia penal— analizó centenares de intervenciones de Donald Trump y documentó que repitió a lo largo de 10 años y al menos 560 veces, la acusación de que distintos gobiernos “vaciaban sus cárceles” y enviaban presos a Estados Unidos, señalando no solo a Venezuela, sino también a Honduras, Guatemala o la República Democrática del Congo.
Una de las primeras veces que mencionó la narrativa fue el 28 de enero de 2017 —apenas ocho días después de asumir su primera presidencia— durante una tensa llamada con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull sobre el acuerdo de reasentamiento de hasta 1.250 refugiados retenidos en las islas australianas de Manus y Nauru. Para objetar el pacto, Trump evocó el éxodo del Mariel: “¿Recuerdas el éxodo del Mariel, donde Castro liberó a todos de la cárcel y Jimmy Carter los recibió con los brazos abiertos? Eran gente brutal”.
Ocho años después, la narrativa de que el gobierno venezolano liberó a criminales para enviarlos de forma organizada a Estados Unidos no ha sido probada. Pero el rumor, en cambio, se propagó como la diáspora por todo el continente y se instaló en la política estadounidense a una velocidad que las verificaciones no pudieron igualar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En una nota de prensa publicada este jueves 7 de agosto, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, expresó su “condena enérgica” sobre los actos de agresión que sufrieron familiares y representantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, el pasado martes 5 de agosto, cuando realizaban una vigilia frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
“La Defensoría del Pueblo condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos (…) frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde un grupo de personas que realizaban una vigilia pacífica fue agredida por sujetos aún no identificados”, señala parte del comunicado.
En la nota de prensa, Ruiz invitó a la víctimas a denunciar este acto de violencia ante el Ministerio Público como ente “responsable de investigar y ejercer las acciones penales correspondientes”.
Sin embargo, hasta ahoralas madresno han podido presentar una denuncia formalque les garantice acceso a la justicia. De acuerdo al colectivo Surgente, alrededor de las 10:00 de la noche, 50 madres de presos políticos provenientes de distintos estados del país, fueron golpeadas por un grupo “parapolicial de unas 70 personas; encapuchadas, con armas de fuego y objetos contundentes”, robaron documentos de identidad y teléfonos de las víctimas.
CICPC y Ministerio Público negaron a recibir las denuncias
La organización de derechos humanos señala que el día miércoles, luego de la agresión, un grupo de familiares acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y que en el organismo recibieron las denuncias por robo de documentos y teléfonos y no por agresión. “Nos dijeron que ellos ya no podían recibir más de esas denuncias porque eran colectivos”.
Mientras que en la oficina de Atención a las Víctima del Ministerio Público, le indicaron que debían presentar los seriales y caja de los equipos robados.
Obligaciones de la Defensoría del Pueblo en casos de violaciones a derechos humanos
La Defensoría del Pueblo debe ser la institución encargada de proteger a los ciudadanos frente a situaciones de abusos de poder, con capacidad para actuar con compromiso, imparcialidad, autonomía e independencia frente a casos de violaciones de derechos humanos.
Promoción y divulgación de los derechos humanos: Fomentar el conocimiento, la sensibilización y educación en DDHH en todos los sectores de la sociedad.
Defensa de los derechos humanos: Recibir, tramitar y atender denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Garantizar la protección de víctimas y testigos de violaciones.
Asimismo, interponer acciones judiciales y administrativas necesarias para salvaguardar derechos vulnerados, como amparos, recursos y medidas cautelares y acompañar a víctimas en la búsqueda de justicia y reparación.
Vigilancia del Cumplimiento de Derechos Humanos: Supervisar el respeto y garantía de los DDHH por parte de órganos del Estado. Realizar inspecciones y visitas a centros de detención, hospitales, escuelas, refugios, cárceles y otras instituciones.
Formular recomendaciones a autoridades para corregir irregularidades o incumplimientos detectados. Emitir informes públicos sobre la situación de los DDHH en el país.
Mediación y Conciliación: Promover el diálogo y la solución pacífica de conflictos entre partes en controversia, cuando estén involucrados DDHH. Facilitar espacios de encuentro para llegar a acuerdos que respeten los derechos de todas las personas afectadas.
Actuar como intermediario imparcial para prevenir escaladas de violencia y garantizar soluciones justas. Desarrollar formas de mediación adaptadas a las comunidades y contextos locales.
Promoción de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos: Formular propuestas de políticas públicas, leyes, reglamentos y programas que fortalezcan la protección y promoción de los DDHH.
Asesorar a entes del Estado en la incorporación de un enfoque de DDHH en sus planes, programas y proyectos.
Participar en mesas de trabajo, consejos, redes y espacios de articulación interinstitucional para incidir en la agenda pública y monitorear y evaluar el impacto de las políticas públicas adoptadas, haciendo recomendaciones de mejora.
“La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha incumplido su mandato constitucional. Aunque la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establecen con claridad las funciones de defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos, la actuación concreta de la institución —especialmente bajo la gestión de Alfredo Ruiz— ha sido omisiva, parcial y carente de independencia. Frente a denuncias de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y represión, la Defensoría no ha ejercido un rol activo ni eficaz”, concluye el informe de DDHH en Movimiento.
Detenida activista
Este viernes 8 de agosto, horas después de la nota de prensa enviada por la Defensoría del Pueblo, la activista del colectivo Surgentes, Martha Lía Gragales fue detenida en un punto de control en los alrededores de Centro Plaza, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, luego de haber participado en una manifestación en apoyo a las madresagredidas por grupos “paramilitares” el pasado martes.
“Fue obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas. Hasta el momento se desconoce su paradero. El ciclo de revictimización y la impunidad no se detiene. Exigimos respeto a la integridad y la vida de Martha Lía Gragales y responsabilizamos al Estado venezolano por cualquier daño que pueda sufrir la activista”, dice la ONG en un mensaje publicado en X, minutos después del arresto.
URGENTE: Martha Lía Gragales, activista de @SurgentesDDHH fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ.
Gragales había sido agredida por los “colectivos” durante la noche del 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Junto a familiares del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, denunció estos hechos ante el CICPC y Ministerio Público pero en ambas instancias se negaron a recibirla.
“Hoy es detenida de forma arbitraria, tras haber sido víctima y denunciado públicamente las agresiones contra ella y contra las madres de presos políticos”, expresa Provea.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Martha Lía Grajales, activista de derechos humanos miembro de la ONG Surgentes, fue detenida este viernes, 8 de agosto, tras participar en una concentración en apoyo a las madres que fueron agredidas por presuntos colectivos frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado martes 5, cuando un grupo de personas encapuchadas y armadas llegó al lugar en más de 50 motocicletas y robó pertenencias como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes.
Así lo denunció la organización no gubernamental Provea, quien precisó que Grajales fue detenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una alcabala recién instalada frente al centro comercial Centro Plaza, en la avenida Francisco de Miranda. “Fue obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas. Hasta el momento se desconoce su paradero”, alertó la organización.
“Martha Lía Grajales fue una de las mujeres agredidas por ‘colectivos’ el pasado martes durante la vigilia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Junto a otras mujeres intentó denunciar los hechos ante el Ministerio Público y el Cicpc, pero ambos organismos se negaron a recibirla”, agregó Provea en su denuncia.
Grajales, que ahora es detenida de forma arbitraria, fue una de las voces que denunció los hechos violentos de los que ella y otras madres de presos políticos fueron víctimas en las afueras del TSJ, cuando el Comité de Madres en Defensa de la Verdad realizaba una vigilia.
Un día después del ataque, las madres acudieron a organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y Ministerio Público con el objetivo de denunciar la situación, pero sus intentos fueron infructuosos: “Ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos”, dijo el miércoles 6 de agosto.
“El ciclo de la revictimización y la impunidad no se detiene. Exigimos respeto a la integridad y la vida de Martha Lía Grajales y responsabilizamos al Estado venezolano por cualquier daño que pueda sufrir la activista”, manifestó Provea.
URGENTE: Martha Lía Gragales, activista de @SurgentesDDHH fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El tipo de cambio del dólar oficial alcanzó los 130 bolívares, de acuerdo con la tasa que publica el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que implica que el salario mínimo, congelado desde el año 2022, equivale a apenas un dólar.
El Comité Nacional de Conflicto rechazó que el salario mínimo de los venezolanos sea de apenas un dólar, declarando que “no solo es insuficiente”, sino que además “es una humillación institucionalizada”.
“Con un salario mínimo de un dólar, se condena a millones de trabajadores y trabajadoras a la pobreza extrema, a la miseria y a la desesperación. Los pensionados quedan sin pensión, los trabajadores quedan sin salario”, señaló el comité en un comunicado difundido a través de Facebook.
Recordaron además que el monto de ese ingreso mínimo “no cubre ni el 1% de la canasta básica, que no permite pagar transporte, alimentación ni medicinas, no puede llamarse salario”. También lo calificaron como “una burla, una condena a la miseria, una violación flagrante de los derechos humanos laborales consagrados en la Constitución y en convenios internacionales”.
Desde el Comité Nacional de Conflicto plantean tres exigencias claras:
Un aumento inmediato del salario mínimo acorde al costo real de la vida
La restitución de las tablas salariales y beneficios contractuales
El respeto al derecho a la negociación colectiva y a la protesta
Deterioro del poder adquisitivo
En abril de 2025, el Informe de Coyuntura Venezuela del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, advertía que la aceleración de la inflación a partir del tercer trimestre de 2024, “ha profundizado el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, que ya desde el 2015 eran insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria”.
Para ese momento, el informe también señaló que en el sector formal, que agrupa al 53% de la fuerza laboral, los salarios reales continúan cayendo por la incapacidad del sector privado de ajustarlos y por el ajuste fiscal del Estado, que ha reducido de forma sostenida las remuneraciones en el sector público.
Además, indicó que el salario mínimo legal ha perdido toda relevancia como indicador para calcular beneficios laborales. “Ha sido una política de Estado la sustitución del salario por una política de subsidios a través de bonos discrecionales”, señaló el documento, lo que ha permitido al gobierno “un mayor control social, además de reducir los costos laborales y de la seguridad social”.
Aunque la Red Sindical Venezolana busca reactivar el diálogo tripartito para fijar un salario mínimo de 200 dólares, “de momento no se perciben señales de cambio en materia salarial durante el 2025” debido a las restricciones financieras por las sanciones petroleras y la caída esperada de la actividad económica.
Bonos sin incidencia en prestaciones sociales
En lugar de ajustar el salario mínimo —que permanece congelado en términos nominales desde marzo de 2022— Nicolás Maduro ha optado por otorgar bonos discrecionales que se pagan a través del sistema Patria y no forman parte del salario formal. Entre ellos, destacan el bono de guerra económica y el bono de alimentación (cestaticket).
Al no ser parte del salario, los bonos no inciden en prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos ni aportes a la seguridad social. Esto reduce significativamente el costo laboral para el Estado.
También, el monto y la periodicidad de los bonos se determinan de manera unilateral por la administración de Maduro. Pero además, el bono de guerra económica ha estado indexado al tipo de cambio oficial, lo que le permite ajustar parcialmente su valor frente a la inflación, mientras que el salario mínimo permanece fijo.
Los más perjudicados son los pensionados y jubilados, pues como los bonos no cotizan, las pensiones y otras prestaciones se calculan sobre un salario mínimo sumamente bajo. Aunque Maduro dijo en 2024 que se crearía una Ley de Protección de Pensiones, con el supuesto objetivo de crear un fondo y fortalecer las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a través de una contribución especial que deben hacer las empresas privadas del país.
Esa ley se promulgó en mayo de 2024 y, a más de un año de su creación, el monto que reciben los pensionados sigue siendo de 130 bolívares, lo que pone en duda su efectividad y el manejo que se le ha dado a la contribución exigida al sector privado. Tampoco hay data pública ni información oficial que indique el monto de lo recaudado hasta ahora ni a qué se ha destinado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Medidas de protección para las activistas Andreína y Margareth Baduel solicitó el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos.
De acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), desde el 18 de junio de este año, la hermanas Baduel han sufrido de un acoso sistemático por parte de funcionarios de seguridad del Estado.
A mediados de junio, Andreína y Margareth ofrecieron una rueda de prensa donde denunciaron las graves violaciones contra los derechos humanos a los que son sometidos los presos políticos en Venezuela.
Según el Clippve, las hermanas Baduel han sido víctimas de seguimiento por parte de agentes y capturadas en imágenes no autorizadas.
El mes pasado, Andreína denunció la presencia de patrullas y encapuchados a las afueras de su residencia.
Precisamente en junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la activista.
“Se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”, reza el comunicado de la CIDH.
Andreína y Margareth son hijas del general y ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció en custodia del Estado en 2021, tras permanecer 12 años preso.
También son hermanas de Josnars Adolfo Baduel, detenido en 2020 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.
El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos es una iniciativa que data de 1997 de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse en alerta y exigir protección para las defensoras de derechos humanos en Venezuela”, esbozo una misiva del Observatorio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron este jueves, 7 de agosto, que se aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.
De acuerdo con Pamela Bondi, fiscal y exasesora especial, las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de trabajar con “organizaciones terroristas extranjeras como las FARC, el cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas mortales y violencia en nuestro país”.
Según señaló Bondi, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas al gobernante y su entorno, de las cuales casi siete toneladas estarían directamente relacionadas con él.
“La cocaína a menudo está mezclada con fentanilo, lo que provoca la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, añadió la funcionaria en declaraciones publicadas mediante un video en sus redes sociales.
Bondi también aseguró que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes presuntamente asociados a Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. “Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, afirmó.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”, dijo.
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025
Oficialismo califica de “patética” y “ridícula” la recompensa
Yván Gil, canciller venezolano, criticó el anuncio de Pamela Bondi sobre la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, calificándola de “patética” y señalando que es “la cortina de humo más ridícula que hemos visto”.
Mediante su canal de Telegram, Gil expresó: “Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”.
El canciller también criticó a la fiscal general, mencionando que “no nos sorprende, viniendo de quién viene”, aludiendo a supuestos escándalos en los que Bondi se ha visto envuelta, como la promesa de una “lista secreta” de Jeffrey Epstein.
“Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”, agregó Gil.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Mañanero de Runrun.es del viernes 8 de agosto resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: Al menos 61 femicidios fueron consumados en Venezuela durante enero y mayo de este año, de acuerdo al reciente informe publicado este martes 5 de agosto por el monitor de femicidios Utopix, que fueron reseñados previamente por medios de comunicación y en redes sociales.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre recientes detenciones de opositores: "Es el lloriqueo de quienes llaman a la violencia, la desestabilización, la guerra y el terrorismo".
“Estuvimos frente a la máxima autoridad judicial del país, rogando por la libertad de nuestros hijos, hermanos, esposos, que llevan más de un año presos injustamente. Pero en lugar de justicia, nos respondieron con violencia, con miedo, con humillación”, Martha Lía Grajales, de la organización de DDHH Surgentes en entrevista con Efecto Cocuyo.
