El Mañanero de Runrun.es del lunes 11 de agosto resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas horas: Sin aportar pruebas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en reiteradas ocasiones que Maduro había enviado a Estados Unidos delincuentes liberados de las cárceles venezolanas, sin embargo el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU aseguró que no tiene pruebas sobre la existencia del supuesto plan chavista.
Hoy el salario mínimo y la pensión en Venezuela equivalen a un dólar americano, el más bajo del mundo.
Un pago de hambre estancado en 130 Bs. desde hace 3 años (1242 días), que se devalúa cada día y es la base para calcular prestaciones, beneficios y… pic.twitter.com/U4xAFI1SJG
“215 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Más de 7 meses sin que las autoridades del Estado me permitan comunicarme con él. Me impiden verlo para constatar su vida e integridad física. No le permiten ni una simple llamada”, mariana gonzález, hija de edmundo gonzález urrutia
Gustavo Petro, presidente de Colombia, advirtió que una operación militar contra Venezuela sin la aprobación del resto de la región sería una agresión contra América Latina y el Caribe.
“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, señaló Petro en su cuenta de X.
Petro agregó que la solución de los problemas políticos de los venezolanos no se traduce en poner dinero para “matar o capturar líderes políticos”.
Petro dijo previamente que Maduro ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera con su país.
“En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país”, escribió el mandatario neogranadino en redes sociales.
La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, salió al paso de las declaraciones de Petro y consideró que no se debe confundir la hermandad entre países con la “complicidad con una dictadura”.
“¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura? Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente. Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores”, manifestó Lacouture.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el pasado jueves que la recompensa del Departamento de Estado por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro fue aumentada a 50 millones de dólares.
Durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos acusó a Maduro de cometer delitos de terrorismo y narcotráfico.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Ni una simple llamada telefónica le han permitido hacer a Rafael Tudares dijo a través de su cuenta de X, su esposa Mariana González, hija del opositor, Edmundo González Urrutia.
González indicó que su cónyuge permanece detenido desde hace 215 días y se encuentra en desaparición forzada porque se desconoce su sitio de reclusión.
“Más de siete meses sin que las autoridades del Estado me permitan comunicarme con él. Me impiden verlo para constatar su vida e integridad física”, escribió en redes sociales.
González informó que el pasado 23 de junio un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.
“No tiene nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad. Quedó atrapado injustamente y es una víctima”.
Tudaresfue aprehendido el pasado 7 de enero, tres días antes de la juramentación para un tercer mandato presidencial de Nicolás Maduro.
El mismo día también fueron arrestados el excandidato presidencial Enrique Márquez y el periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Correa, quien posteriormente fue excarcelado.
Posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso declaró a Maduro ganador sin mostrar actas ni resultados desagregados, se desató una ola represiva que desembocó en al menos 28 personas fallecidas, decenas de heridos y alrededor de 2.000 detenidos.
Luego de una negociación con miembros del alto gobierno madurista, González Urrutia se exilió en España desde septiembre del año pasado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
María Corina Machado confió en que la nueva recompensa de 50 millones de dólares que ofreció Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro ayude a resolver el conflicto en Venezuela e inclusive motive al gobernante a abandonar el país.
“Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido, el mensaje no solo ha llegado a Maduro, sino también a los líderes cercanos a él”, dijo la líder opositora en una entrevista con el canal estadounidense Fox News.
Machado consideró que la presión sobre Maduro será tan grande, que lo forzará a hacer un acuerdo con un gobierno extranjero para abandonar Venezuela y evitar su captura.
“La administración de Donald Trump sabe que Maduro es el cabecilla de una organización terrorista criminal, el Cartel de los Soles”, comentó Machado.
La líder opositora aseguró estar agradecida con el presidente estadounidense por duplicar el pasado jueves la recompensa por la captura de Maduro, lo que supera el dinero ofrecido por el fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.
“Él es la principal fuente de inestabilidad de la región y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, así que este es un punto de inflexión que envía un mensaje claro a Maduro”, confesó la opositora.
Machado dijo que no se trata de un cambio de régimen impulsado por Estados Unidos.
“Absolutamente no es cierto, pues el cambio de régimen ya lo ordenaron los venezolanos en las elecciones presidenciales de 2024”.
La líder opositora enfatizó que la estabilización de Venezuela representa una oportunidad de negocios de 1,7 billones de dólares para compañías estadounidenses.
“El país puede ser el hub energético de las Américas”, manifestó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Ya no hacen asambleas ciudadanas en las comunidades del país, ni siquiera se reúnen en las casas de los partidos. El miedo, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, acecha. El número de dirigentes y activistas detenidos y la persecución que no cesa ha empujado a muchos a la clandestinidad – donde la tecnología es la mejor aliada – o al exilio.
Desde el chavismo en el poder se ha decretado el nacimiento de una “nueva oposición” a partir de los comicios municipales del 27 de julio y hasta la “muerte” de organizaciones políticas como Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la que hacen vida, en su conjunto. Altos voceros como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la llama la “oposición extremista”, bajo el liderazgo de María Corina Machado, por seguir reclamando el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia hace un año.
Pero dirigentes nacionales partidistas, consultados por la alianza La Hora de Venezuela, aseguran que pese a la cruenta represión política no están desmovilizados y que en la actualidad transitan una etapa de evaluación y “reinvención” para adaptar la lucha por el cambio frente a un régimen no democrático, solo sostenido por la fuerza de las armas.
Creatividad y resiliencia
“La estrechez del espacio cívico representa en estos momentos para Primero Justicia, y en general para las organizaciones políticas, un gran desafío. Después de la elección presidencial, el patrón de represión ha afectado desde líderes nacionales hasta parroquiales, el equipo de defensa de voto fue el que más padeció por la defensa de las actas”, expresó la vicepresidente de Formación y Programas de PJ, Paola Bautista de Alemán.
La ONG Foro Penal contabiliza, hasta el 4 de agosto, 807 presos políticos, de los que 712 son hombres, 95 mujeres y cuatro adolescentes. PJ tiene registro de 13 presos políticos pertenecientes a sus filas recluidos en distintas cárceles del país y de 41 excarcelados -con medidas cautelares -luego de haber sido apresados en el contexto de las protestas postelectorales.
La detención más reciente es la de uno de sus líderes nacionales, Juan Pablo Guanipa, el 23 de mayo de 2025, dos días antes de los comicios regionales y parlamentarios. El exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, también está entre los detenidos e incomunicados desde el mes de octubre de 2024.
💛 Todos somos responsables de todos.
Desde Primero Justicia seguimos construyendo país con solidaridad y compromiso.
Les mostramos esta actividad justiciera donde reafirmamos nuestra vocación social con una jornada al servicio para los abuelos de esa comunidad. pic.twitter.com/faqywrvjaw
La dirigente nacional de PJ destaca que el “clima de terror” se sobrelleva con “creatividad y resiliencia”. La seguridad de todos los miembros de la tolda aurinegra es la prioridad, por ello ya casi no realizan actividades en espacios públicos ni reuniones partidistas presenciales de las estructuras nacional, regionales, municipales y parroquiales, sino remotas, a través de internet, con la periodicidad acostumbrada.
En la actualidad aplican un programa de “ajuste de la militancia”, comenta, para el cultivo de la conciencia política y el fortalecimiento de la identidad, con el propósito de seguir animando la lucha democrática. En este sentido, recalcó, que en PJ se mantienen activos en lo individual y como parte de la PUD.
“Clandestinidad no es igual a violencia”
“En VP tenemos 31 activistas detenidos, de allí que la mayoría de nuestras estructuras se encuentran en resguardo o en el exilio. Estamos en una etapa de reinvención en el funcionamiento organizativo para adaptarnos a la situación actual sin dejar de luchar, para seguir con nuestra labor social y democrática y mantener viva la unidad del 28 de julio (presidenciales). Al igual que otros partidos hacemos muy pocas actividades públicas y nuestras reuniones son vía telemática”, señala la coordinadora política de VP, Adriana Pichardo.
José Riera es el activista de VP más recientemente apresado y sometido, de acuerdo con la tolda fundada por Leopoldo López, a “desaparición forzada” desde el 26 de julio. El coordinador nacional de VP, Freddy Superlano, también fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado el 30 de julio de 2024 y desde entonces sus familiares y abogados no han tenido acceso al dirigente.
La exdiputada del Parlamento nacional rechaza la “satanización” que ha recibido el término de “clandestinidad” o “lucha subterránea”, empleados por Machado en su llamado a seguir la lucha por hacer valer la voluntad popular del 28 de julio. Sostuvo que nada tienen que ver con violencia o actividades ilícitas sino que los partidos han sido empujados, debido a la represión gubernamental, a una reorganización no pública.
🚨 URGENTE: ATACAN A MADRES DE PRESOS POLÍTICOS FRENTE AL TSJ 🚨
Hace minutos, colectivos paramilitares agredieron brutalmente a las madres del Comité en Defensa de la Verdad que mantenían una vigilia pacífica frente al TSJ en Caracas.
Al igual que Bautista de Alemán y el presidente de Copei, Roberto Henríquez, defiende la vigencia de la PUD, conformada por ocho organizaciones: La Causa R, Encuentro Ciudadano, Convergencia -cuyo coordinador nacional, Biaggio Pilieri, tiene casi un año detenido- Acción Democrática (AD), Copei, Proyecto Venezuela, PJ y VP, tras la salida de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) por participar en los comicios de 2025.
“La PUD está viva y unida, en una etapa de reflexión y ajustes para seguir con la agenda de lucha, para rescatar las libertades civiles y que oponerse deje de ser reprimido. En VP estamos en un debate profundo, una evaluación humana para salir a flote de manera segura y con los sectores aliados en la PUD, reconociendo el liderazgo de María Corina Machado”, recalcó Pichardo.
Liderazgo legitimado
Otros dirigentes de Copei y AD advierten al chavismo que el liderazgo opositor que lucha por una transición pacífica y democrática fue legitimado por una mayoría de votos el 28 de julio de 2024, a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia (67% de la votación según las actas divulgadas por el Comando Con Venezuela frente a 33% para Nicolás Maduro), por lo que el nacimiento de una nueva oposición no es algo que se pueda decretar.
La dirigencia partidista rechaza los intentos de Miraflores de desplazar ese liderazgo a través de elecciones no democráticas y represión. Rodríguez, jefe de negociaciones de Maduro, advirtió que sólo se entenderían en una mesa de diálogo con los factores que obtuvieron más alcaldías el 27 de julio, a saber, Fuerza Vecinal y la Alianza Democrática con diputados en el Parlamento de mayoría chavista.
“La violencia no es una herramienta con la que luchamos, destacamos la naturaleza cívica de la dirigencia política. Ser instrumentales al gobierno no es ser oposición y no es justo que por mantenernos firmes nos repriman, es un rumbo equivocado. Exigimos respeto al liderazgo legitimado el 28 de julio y que antes también participó en negociaciones en México y el acuerdo de Barbados”, enfatizó Henríquez.
¡Urgente!
Rechazamos que con la complacencia de quienes usurpan la tarjeta de COPEI, la policía regional toma nuestra sede en San Felipe, estado Yaracuy, privando así a los copeyanos y a todos los yaracuyanos, de un espacio para la formación ocupacional y el debate ciudadano.
— COPEI LEGÍTIMO ODCA (@PartidoCOPEI_) July 31, 2025
El también secretario ejecutivo de la PUD, tras la renuncia de Omar Barboza de UNT, indicó que 23 presos políticos han pertenecido a las filas de Copei, desde jóvenes hasta un adulto mayor de 80 años. Sin precisar la cifra, dijo que algunos han salido de la cárcel, pero se mantienen con medidas cautelares y siguen siendo víctimas de hostigamiento. Mientras tanto en AD se habla de más de 20 privados de libertad y en sus redes sociales muestran que persisten en actividades en las regiones.
“No estamos desmovilizados, el partido reorganiza sus estructuras locales en todo el país para recomponer, actualizar, vigorizar de manera segura para evitar la inacción. Por supuesto se siente mucho la presión por las detenciones, hemos tenido que hacer sustituciones en secretarías acéfalas por la persecución y hay menos presencia en la calle pero eso no quiere decir que no estemos trabajando, solo que es una nueva realidad, pedimos a nuestra militancia que no se ponga en riesgo si no es necesario y que se proteja a los sectores juveniles”, expresó un dirigente adeco que pidió mantener su nombre en reserva.
“Apegados al 28 de julio”
En Encuentro Ciudadano (EC), la dirigencia nacional, encabezada por su presidenta Delsa Solórzano, se maneja con un bajo perfil desde los comicios presidenciales de 2024, como consecuencia de la profundización de la represión. La también exdiputada nacional solo hace pronunciamientos a través de sus redes sociales en temas relacionados con presos políticos y violaciones de derechos humanos, en su mayoría.
Sin embargo, la tolda política también realiza ajustes sin dejar de pedir a sus activistas en las regiones que eviten situaciones que pongan en riesgo su libertad. Un ejemplo es la reciente designación de una nueva dirección política para el estado Anzoátegui como parte de una “reorganización interna” que adelanta EC en la entidad oriental “con miras a fortalecer su presencia territorial para afianzar liderazgos locales”, según nota de prensa.
“Seguimos apegados a lo que ocurrió el 28 de julio, cuando la población votó mayoritariamente por un cambio. Nuestra postura sigue siendo firme y coherente con relación a que hubo un fraude y hay un triunfo por cobrar. Como todos los partidos pasamos por un momento difícil, en el que no hacemos activismo presencial por seguridad, pero aun así trabajamos por el crecimiento de EC”, señaló a Efecto Cocuyo, el nuevo presidente de EC en Anzoátegui, Diogenes Castellín.
Hoy, 28 de julio, no es una fecha más. Es el día en que Venezuela habló con coraje. El día en que millones vencieron el miedo, el chantaje y el ventajismo. El día en que la esperanza se hizo acción.
A un año de aquella gesta ciudadana, la verdad permanece intacta: Venezuela… https://t.co/5fGsFXkUjR
El Comité Ejecutivo Regional de EC se reúne cada 15 días, dijo, y también se apoya en la tecnología para que sus miembros no se expongan. Resaltó que actualmente se concentran en la conformación de nuevos equipos en los municipios y hacer presencia en la zona sur y parte del norte de Anzoátegui, donde todavía la tolda no cuenta con activistas organizados.
“Asumimos la realidad, pero sin dejar de avanzar en medio de las circunstancias, paso a paso. No estamos de brazos caídos como se quiere hacer ver y de hecho actualmente realizamos talleres de formación ideológica vía remota. Esa nueva oposición que quieren imponer no representa el deseo de cambio de los venezolanos y la muestra son los poquísimos votos que obtuvieron el 27 de julio”, subrayó el dirigente regional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El sistema electoral del país atraviesa un retroceso sin precedentes desde la realización de la elección presidencial el 28 de julio de 2024. Desde entonces, expertos han alertado sobre el irrespeto a las normas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que suman más de 20 hasta los comicios municipales del pasado 27 de julio.
El politólogo y experto en temas comiciales Jesús Castellanos, considera que “después de 2024 se pasó a una nueva etapa dentro de los procesos electorales, básicamente se hacen elecciones dentro de un autoritarismo cerrado y están signadas por una enorme opacidad”.
Castellanos detalla que aunque las presidenciales se desarrollaron bajo un contexto asimétrico, aún había elementos mínimos que permitían hablar de cierto nivel de competitividad: la participación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la observación internacional del Centro Carter y la ONU, así como la realización de auditorías con acompañamiento nacional e internacional que, afirma, brindaron una base para evaluar el proceso.
Sin embargo, esos elementos desaparecieron casi por completo para las elecciones del 25 de mayo y del 27 de julio. “Hay restricciones significativas en lo que tiene que ver con el Registro Electoral, que fue restringido hasta el punto de que ni siquiera se abrió para que la ciudadanía pudiera actualizar sus datos. No hubo información oficial de las auditorías y no se publicaron las actas ni los resultados detallados”, denuncia el experto electoral.
Especialistas han explicado que el CNE ha estado inmerso en una recurrente transgresión al marco normativo, que incluye el irrespeto a las normas relacionadas con los actos poselectorales.
Algunas de las irregularidades cometidas por el CNE que demuestran las graves fracturas de los pilares del proceso electoral presidencial son las siguientes:
Incumplimiento de la publicación de los resultados desagregados y auditorías: Ha transcurrido poco más de un año de las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral no publicó los resultados por mesa ni realizó las auditorías de red de telecomunicaciones, verificación ciudadana Fase II y ADES II; lo que viola los artículos 293 y 294 de la Constitución y artículos de la Ley Orgánica del Poder Popular.
Proclamación sin soporte documental: El ente electoral proclamó a Nicolás Maduro para un tercer mandato sin presentar el boletín definitivo, las actas de totalización ni entregar los recaudos técnicos a los partidos políticos.
Inhabilitación de candidatos: Se inhabilitó a María Corina Machado y se impidió la inscripción como candidata presidencial de Corina Yoris, hechos que limitaron el pluralismo político en los comicios.
Extralimitación de competencias del Tribunal Supremo de Justicia: La Sala Electoral del TSJ admitió y tramitó un recurso de Nicolás Maduro para certificar su elección, lo que excede sus competencias y es contrario al ordenamiento electoral.
Destitución irregular de un rector del CNE: El rector Juan Carlos Delpino fue removido de su cargo sin declaración formal de falta absoluta ni pronunciamiento previo de la Sala Plena del TSJ, violando el artículo 31 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Pese a las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 y la amplia condena a nivel nacional e internacional, el ente convocó las elecciones regionales para el pasado 25 de mayo y municipales para el 27 de julio, sin subsanar los errores, lo que derivó en que estos comicios también ser vieran marcados por un gran número de fallas, entre ellas, las siguientes:
Convocatorias irregulares: La fecha de los comicios regionales cambiaron. Primero fueron convocadas para el 27 de abril y luego para el 25 de mayo, pero no se respetaron los periodos de vencimiento de los mandatos, omitieron la publicación del cierre legal de la elección presidencial en Gaceta Electoral y no se publicó el cronograma electoral, violando los artículos 42 de la Lopre y 110 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Opacidad informativa: Tras la denuncia de un supuesto hackeo del portal web del CNE desde las elecciones presidenciales de 2024, esta página permanece desactivada. Las redes sociales del ente no emitieron información sustantiva y la comunicación fue esporádica y no oficial, muchas veces vía Telegram, haciendo que los procesos electorales (regional y de la AN) fuesen opacos.
Intervención del CNE por otros poderes del Estado: Figuras de otros poderes, como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, asumieron la vocería sobre aspectos técnicos y operativos, contraviniendo la autonomía del Poder Electoral.
Deterioro del Registro Electoral: Para estos comicios no hubo jornadas de inscripción o actualización, ni tampoco se brindó información pública sobre el cierre del padrón. Además, el CNE incumplió con la obligación legal de publicar el RE preliminar y el definitivo.
Irregularidades en las postulaciones: El ente inhabilitó sin justificación formal a partidos opositores y notificaron de los lapsos de postulación y transmisiones públicas por correo electrónico, sin divulgación oficial ni publicación en Gaceta Electoral.
Inhabilitaciones y habilitaciones discrecionales: Se inhabilitaron los partidos Movimiento por Venezuela y Centrados y se habilitó al exgobernador de Miranda Henrique Capriles, lo que se califica como una extralimitación de funciones de los poderes públicos.
Judicialización de partidos políticos y legalización de “partidos exprés”: Para las elecciones del 25 de mayo se permitió la participación de 15 organizaciones judicializadas y de “partidos exprés” que no cumplían con los requisitos de la Ley de Partidos Políticos.
Incumplimiento de la paridad y alternancia de género: A pesar de que la normativa lo establece, los partidos políticos no cumplieron con la composición equitativa de género en las postulaciones y el CNE no detalló el desglose de las cifras.
Opacidad en la campaña electoral: Las normas especiales de campaña no fueron publicadas oficialmente y se enviaron solo a los partidos participantes, restringiendo el acceso a la propaganda electoral.
Simulacro electoral opaco: El Consejo Nacional Electoral no informó oficialmente los centros de votación habilitados ni sobre la supuesta eliminación del código QR de las actas de escrutinio.
Manipulación de cifras de participación: El CNE utilizó el término “electores activos” para inflar las cifras de participación, excluyendo a más de 8,5 millones de votantes sin una explicación institucional clara.
Elección de gobernador para la Guayana Esequiba: No se publicó ninguna norma electoral específica que definiera con claridad la población de referencia, el padrón electoral, la circunscripción o el número de diputados.
Tratamiento electoral asimétrico para los electores de la Guayana Esequiba: Se les otorga un peso específico, distinto y mayor que al resto de los ciudadanos, con la oportunidad de votar dos veces para cada cargo, lo que atenta contra el principio “un elector, un voto”.
Sistema cuestionado
Las autoridades comiciales y otros funcionarios del país aseguraban que “el mejor sistema electoral del mundo” estaba en Venezuela; sin embargo, esta afirmación, que se basaba en tener un método rápido y seguro, aumentó su descrédito tras las últimas elecciones.
El día de las elecciones regionales, Nicolás Maduro anunció una “reingeniería completa” del sistema electoral para incluir votaciones primarias dentro de las comunas y consejos comunales. Dijo: “Hay que perfeccionar el sistema electoral (…) tengo el planteamiento de la constitución de un nuevo sistema electoral, la reforma de todas las leyes electorales”.
Jesús Castellanos advierte el riesgo que implica que sea el mismo Maduro quien notifique esos cambios del sistema electoral, algo que afirmó no le corresponde, de acuerdo con lo que establece la Constitución: “Eso lesiona gravemente el principio de autonomía del Poder Electoral. Se ratifica la subordinación del resto de los poderes al Ejecutivo”, afirma.
No obstante, a juicio del politólogo, la llamada reingeniería ya se ha comenzado a observar en el sistema electoral. Explica que está presente en la imposición de normas inconstitucionales, opacidad en auditorías, no generación de resultados electorales detallados, habilitación de estructuras partidistas sin legitimidad, entre otros aspectos.
Castellanos, quien en el pasado defendía la fortaleza del sistema automatizado, en la actualidad admite que ya no se puede hablar de un modelo robusto. Dice que hasta 2024 se podían destacar ciertas virtudes, pero enfatiza que en 2025 ya no hay garantías ni transparencia.
“Queda por tierra que finalmente el sistema automatizado de Venezuela es sólido, es fuerte, es uno de los mejores del mundo, queda totalmente cuestionado porque realmente no se cumple”, asevera Jesús Castellanos.
Acceso a la Justicia también ha denunciado la opacidad que rodeaba los últimos comicios y previo a las elecciones regionales afirmó que seguían marcadas “por graves irregularidades, falta de transparencia y ausencia de garantías mínimas”.
Para esta organización, las irregularidades permitidas por el CNE “refuerzan la percepción de un árbitro electoral sin credibilidad y debilitan el ejercicio del voto”; con lo que también aseveran “el voto pierde valor y se convierte en un mero trámite sin impacto real”.
El politólogo Jesús Castellanos resume que tras las elecciones de 2025, “lejos de abrir espacios democráticos, profundizan la clausura institucional, reforzando un régimen que desvirtúa el sentido del sufragio como expresión soberana del pueblo”; por lo que considera “impostergable una respuesta clara, articulada y estratégica que reafirme el compromiso con la recuperación del orden democrático”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Acompañados por miembros de Provea, representantes de la organización de derechos humanos Surgentes acudieron este sábado 9 de agosto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consignar un recurso de hábeas corpus a favor de la activista Martha Lía Grajales, quien fue detenida este viernes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“Durante más de siete horas, Antonio González, esposo de la activista Martha Lía Grajales, acompañado por miembros de nuestro equipo, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas, sin obtener respuesta”, escribió la ONG Provea en su cuenta de X.
La organización detalló que la justicia venezolana niega el ejercicio de una acción de amparo a favor de una persona detenida y en condición de desaparición forzada.
“Le recordamos a la Magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y a la jueza Carolina Molinos Romeros,presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, que la recepción y admisión de la acción de Hábeas Corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución Nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal”.
Grajales fue detenida en Caracas luego de participar en un acto de desagravio a las afueras de las oficinas de la ONU en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes durante una vigilia en las inmediaciones del TSJ.
La activista fue una de las mujeres agredidas que esperaban una audiencia con la presidenta del máximo tribunal para pedir la revisión de casos de sus parientes, quienes fueron detenidos en el contexto de protestas tras las elecciones presidenciales del 28 julio de 2024.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) condenó lo que consideró una escalada represiva contra familiares de presos políticos en Venezuela e instó a la ONU y otros organismos internacionales a seguir documentando y visibilizando lo que ocurre en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual entrevistó al rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Victo Rago, para conocer cuáles han sido los cambios y nuevos planteamientos que su gestión ha promovido en la institución educativa superior número uno del país, según el QS World University Rankings 2026.
Ante estos recortes la infraestructura de las universidades, el sueldo de los profesores, personal administrativo y logístico y los beneficios estudiantiles como las becas de estudio y el servicio del comedor han sufrido un deterioro visible en las diferentes instituciones superiores autónomas y en específico en el UCV.
Foto | TalCual | Techo del pasillo cubierto de la UCV se desplomó en junio de 2020
Así mismo, recientemente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV tuvo una exposición sobre los desafíos y realidades del presupuesto universitario 2025 y denunció que, “la universidad no está siendo financiada por el Estado, sino que son los propios estudiantes de pre y postgrado quienes, a través de sus pagos, sostienen la institución”.
La autonomía económica como centro del debate
Víctor Rago aseguró que ante esta compleja situación en la universidad debe haber “un debate crítico acerca de cómo movilizar sus propias capacidades para encontrar financiamiento alterno”. Reveló que dos de las alternativas consideradas contemplan optar por financiamiento internacional de organismos como la Unión Europea y sus países afiliados, y que otra dirección “es que las universidades desarrollen también capacidades y habilidades institucionales”.
Foto | Adriana Materano | ARI Móvil en la Universidad Central de Venezuela
Pero antes de realizar estas solicitudes y cambios, el rector explicó que para lograrlos es importante que la institución, la comunidad universitaria, los estudiantes y los sectores que tienen la responsabilidad de dirección de la institución debatan y reflexionen al respecto. “Todo esto implica un proceso de transformación de la propia institución. Esto no se hace de la noche a la mañana.”
La necesidad de renovar los planes de estudio
La renovación curricular de las carreras es otro de los temas centrales de discusión en las universidades públicas autónomas. Para Rago las carreras deben ser repensadas más allá de las ofertas curriculares. “Renovar los planes de estudio no significa simplemente actualizarlos y sacar los libros que ya no estén en la línea de la vanguardia del pensamiento, sino que significa repensar las carreras”
En la misma línea de la renovación de las carreras, el rector de la UCV aseguró que el papel de la universidad debe ser activo en su relación tanto con el Estado como con las ofertas de nuevos campos laborales que impulsan el desarrollo. “La universidad no es una institución que está para responder simplemente a solicitudes del entorno. Está para orientar la aparición de esas exigencias en el propio entorno”
Foto | Adriana Materano | “Tierra de Nadie” espacio de esparcimiento dentro de la Universidad Central de Venezuela.
¿Cómo lograr estos cambios?: “Poner los caballos delante de la carreta”
Para Rago a través del debate y la evaluación crítica de la universidad sobre sí misma será posible establecer “la formulación de políticas institucionales que orienten” tanto en el tema de una mayor autonomía económica, como en las renovaciones curriculares necesarias.
Por último, Rago aclaró al Camión de Información de la Alianza Rebelde Investiga que estas formulaciones, antes mencionadas, son la base que le darán efectividad a las reformas de los reglamentos e insistió en que para que estas últimas generen los cambios necesarios las acciones deben iniciar “por redefinir objetivos…De manera que comenzar por reformar los reglamentos y las normas internas es como poner la carreta delante de los caballos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
