Como un atentado a la autonomía calificaron voceros de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y expertos en el tema universitario la reciente decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de eliminar las pruebas internas de admisión en las escuelas de las instituciones públicas de educación superior.
La disposición del CNU reserva a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) la totalidad de los cupos a las universidades públicas a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), desplazando al Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral (Simadi), con el cual el estudiante podía gestionar su acceso en base a las notas de primero a cuarto año de educación media (60%) y una prueba diagnóstica aplicada por la universidad (40%).
Pese al dictamen del CNU, en sesión ordinaria de este miércoles 2 de julio el Consejo Universitario de la UCV aprobó por mayoría continuar con la fase 2 del Simadi 2025, la cual consiste en la aplicación de un test con preguntas de razonamiento verbal, lógico y numérico.
“Este procedimiento contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la educación universitaria, con el fin de garantizar este derecho humano y deber social, en igualdad de condiciones y sin más limitaciones que las derivadas de aptitudes, vocación y aspiraciones”, reza un comunicado difundido por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).
Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, calificó la decisión emitida por el CNU como arbitraria.
“Es una decisión que atenta de forma directa contra la autonomía universitaria que está consagrada en el artículo 109 de la Constitución, que dice de forma clara que las universidades son libres y autónomas de escoger incluso sus propios procesos administrativos”.
Un representante del sector universitario que prefirió no dar su nombre sentenció que la prohibición de las pruebas de admisión constituye una violación al principio de autonomía.
“También antagoniza con la Ley de Universidades, que establece que las universidades de manera autónoma se darán sus propias formas de gobierno y sus decisiones en función del comportamiento académico”, agregó.
De acuerdo al académico, el artículo 26 de la Ley de Universidades establece que los consejos universitarios podrán decidir la cantidad y la manera de organizar el ingreso del recurso humano correspondiente al primer año, además del proceso de selección de aspirantes, siguiendo los lineamientos del CNU.
Cucunuba sentenció que el sistema OPSU no siempre ofrece una alternativa al estudiante.
“Desde mi punto de vista esto es algo que perjudica el funcionamiento de las universidades y al joven que está aspirando por un cupo, estar inscrito en OPSU no le garantiza al bachiller que lo seleccionen para una universidad. OPSU no es un sistema 100% equitativo porque toma en cuenta desde el promedio de notas hasta la territorialidad y excluye otros factores, la decisión de ir contra Simadi es bastante bastante cuestionable”, opinó.
El académico informó que el mecanismo OPSU concentra el 80% de los ingresos a las universidades y las pruebas diagnósticas constituyen una alternativa complementaria de apenas 20%.
“La justificación de la eliminación de las pruebas de ingreso en las universidades tiene que ver con el supuesto propósito de promover la equidad y contra las presuntas ventas de cupos que existen en las casas de estudio públicas. Si hay un presunto delito, no se puede tomar una decisión que atente contra los derechos fundamentales de los universitarios. No se puede combatir un delito con otro delito mayor”, dijo.
Cucunuba expresó que el argumento que utiliza el CNU para asumir la medida es que atenta de forma directa contra la educación pública y gratuita.
“Un argumento que me parece contraproducente y vacío porque así como cada universidad es libre y autónoma, cada estudiante debería tener la libertad de escoger si quiere o no acceder a ese mecanismo de ingreso y si está dentro de sus posibilidades de pagarlo”, acotó.
Recordó que las universidades públicas han tenido que ingeniárselas y buscar maneras de autogestionarse.
“¿Cuánto tiempo tiene el Estado sin bajar el presupuesto a las universidades? Entonces, las universidades buscan siempre la forma de reinventarse y de generar sus propios mecanismos de ingreso”, dijo.
La vicepresidenta de la FCU indicó que el mayor atentado contra la educación gratuita es carecer de programas públicos para ayudar a los estudiantes más desfavorecidos.
“Desde el Ministerio de Educación no han salido iniciativas para fortalecer el sistema educativo del país, no hay planes para remediar el déficit académico que existe en materias como física, química y matemática. ¿Por qué no hacen un buen plan para ofrecer becas a los buenos promedios de las universidades?. Es un debate que se debe abrir y poner de nuevo sobre la mesa”, insistió.
Sánchez no dio la cara
Cucunuba expuso que luego de una reunión con la secretaria general de la UCV, Corina Aristimuño, la FCU decidió esperar a que la resolución del CNU salga en Gaceta Oficial. Esto para comprender a cabalidad cómo se va a responder a esa medida de manera legal y jurídica: “No lo vamos a dejar pasar por debajo de la mesa, esperamos que esto sea revertido en pro de la autonomía universitaria”.
Cucunuba señaló que la FCU acompañó a las autoridades de la UCV en una reunión que sostuvieron con el viceministro de Educación Superior, Ryan Rojas.
“El ministro Ricardo Sánchez no tuvo la delicadeza de atender a la profesora Aristimuño, como siempre. Nunca la atiende y por ello tuvo que sentarse con el viceministro. Como Federación no hemos tenido ningún tipo de acercamiento con el Ministerio”.
La vicepresidente de la FCU aseveró que Simadi surgió como un mecanismo para la comunidad flotante excluida por OPSU y consideró que la “contraproducente decisión” tomada por el CNU y emanada del Ministerio de Educación debe replantearse porque “atenta de forma directa, no solo contra la autonomía universitaria, sino también contra los jóvenes que quieren educarse y formarse para construir un mejor país”.
A juicio del académico entrevistado, la equidad debería ser un principio transversal.
“En ese sentido, las universidades deberían contar con un presupuesto justo, equitativo, sueldos acordes a la realidad para los trabajadores a fin de poder garantizar no solamente el ingreso de los estudiantes sino la continuidad de estos”, destacó.
El representante universitario expresó que existe una relación directa entre la equidad en políticas en materia educativa, la descentralización y el respeto a la autonomía e independencia de las instituciones. Enfatizó que las políticas que tienden a la centralización y a la imposición en la toma de decisiones son menos equitativas: “Si algo ha sido inequitativo en el sector universitario es el presupuesto que necesitan las universidades para poder garantizar la continuidad y el funcionamiento de lo que hacen y, sin duda alguna, el salario. Es importante centrarse en la justificación de la equidad”.
Expuso que durante la reducción más severa de la matrícula universitaria entre los años 2017 y 2021, los mecanismos de ingreso a universidades diferentes al OPSU facilitaron la matrícula de algunos estudiantes en universidades experimentales, lo que permitió que los estudiantes que no ingresaron por OPSU pudieran estar en la universidad, “y de alguna manera son los que más han permanecido en ellas”.
“No se puede partir del principio de equidad eliminando un mecanismo que ha promovido la equidad”, sentenció.
Reducción de matrícula
El representante del sector universitario informó que, según cifras oficiales, de 2008 a 2018 hubo una reducción del 30% en la matrícula universitaria.
“Según datos que manejamos en el período de 2012 a 2021 hubo una reducción del 60%. En este lapso académico, gracias a esos mecanismos alternativos de ingreso, las universidades pudieron de alguna manera hacerse de una oportunidad para poder equiparar esa reducción vertiginosa del ingreso”, recordó.
Aseveró que la eventual prohibición de las pruebas de ingreso a las universidades públicas se suma a la eliminación de la Prueba de Aptitud Académica.
“Esto es un paso más en el proceso de violaciones a la autonomía universitaria que, con el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), concentra el 80% del acceso a las casas de estudio. El gobierno lo que ha hecho es centralizar las funciones que por principio de autonomía le corresponden a las universidades venezolanas”, denunció.
El académico sentenció que la centralización de las universidades lo que hace es acelerar los procesos de corrupción.
”Cuando el gobierno en la anterior administración de la ministra Tibisay Lucena decidió configurar el mecanismo de ingreso, a propósito de los llamados motores de desarrollo, se priorizaron carreras que en un 79% estaban en las universidades que controla el oficialismo”.
Dijo que el SNI ha asignado estudiantes a universidades que tienen problemas de infraestructura y que en algunas escuelas tuvieron que contratar a nuevos profesores “de una manera atropellada” u obligarlos a manejar salones con 100 estudiantes quienes, debido a las condiciones internas y externas, “rápidamente se retiraron de la universidad”.
La vicepresidenta de la FCU concluyó remarcando que, actualmente, hay un grueso de bachilleres aguardando por el Simadi.
“Se encuentran en una situación difícil y esto también pone a las universidades en la misma posición”, advirtió.
Cronología de atropellos a la autonomía
No es la primera vez que la autonomía universitaria se ve amenazada.
En agosto de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Universidad Central de Venezuela la celebración de elecciones para renovar autoridades con períodos vencidos y en febrero de 2020 suspendió la decisión.
Asimismo designó una Comisión Presidencial para llevar a cabo trabajos de refacción y embellecimiento en la infraestructura de la UCV con visitas inesperadas y transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV) de miembros del alto gobierno.
En 2023, el Consejo de Preservación y Desarrollo (Copred) advirtió que la intención de la Misión Venezuela Bella sobre restaurar obras de la UCV era “otra agresión” a la autonomía universitaria.
Un año antes, el Copred había denunciado la sustracción de la estatura de Maria Lionza de un galpón de la UCV.
El TSJ también ha suspendido elecciones en la Universidad de Los Andes (ULA) y en la Universidad de Carabobo.
“Lo hacen porque al gobierno no le conviene que se lleven a cabo elecciones”, dijo en marzo de 2024 Elizabeth Castillo, miembro del movimiento estudiantil Fuerza ULA.
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