En una nota de prensa publicada este jueves 7 de agosto, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, expresó su “condena enérgica” sobre los actos de agresión que sufrieron familiares y representantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, el pasado martes 5 de agosto, cuando realizaban una vigilia frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
“La Defensoría del Pueblo condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos (…) frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde un grupo de personas que realizaban una vigilia pacífica fue agredida por sujetos aún no identificados”, señala parte del comunicado.
En la nota de prensa, Ruiz invitó a la víctimas a denunciar este acto de violencia ante el Ministerio Público como ente “responsable de investigar y ejercer las acciones penales correspondientes”.
Sin embargo, hasta ahora las madres no han podido presentar una denuncia formal que les garantice acceso a la justicia. De acuerdo al colectivo Surgente, alrededor de las 10:00 de la noche, 50 madres de presos políticos provenientes de distintos estados del país, fueron golpeadas por un grupo “parapolicial de unas 70 personas; encapuchadas, con armas de fuego y objetos contundentes”, robaron documentos de identidad y teléfonos de las víctimas.
CICPC y Ministerio Público negaron a recibir las denuncias
La organización de derechos humanos señala que el día miércoles, luego de la agresión, un grupo de familiares acudieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y que en el organismo recibieron las denuncias por robo de documentos y teléfonos y no por agresión. “Nos dijeron que ellos ya no podían recibir más de esas denuncias porque eran colectivos”.
Mientras que en la oficina de Atención a las Víctima del Ministerio Público, le indicaron que debían presentar los seriales y caja de los equipos robados.
Obligaciones de la Defensoría del Pueblo en casos de violaciones a derechos humanos
La Defensoría del Pueblo debe ser la institución encargada de proteger a los ciudadanos frente a situaciones de abusos de poder, con capacidad para actuar con compromiso, imparcialidad, autonomía e independencia frente a casos de violaciones de derechos humanos.
En este sentido, Derechos Humanos en Movimiento elaboró un informe denominado “El Argos dormido; Responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la situación de violaciones a derechos humanos en Venezuela”, para evaluar y, por otro lado, especificar la responsabilidad que tiene esta institución para atender denuncias por parte de víctimas que buscan justicia y reparación:
Promoción y divulgación de los derechos humanos: Fomentar el conocimiento, la sensibilización y educación en DDHH en todos los sectores de la sociedad.
Defensa de los derechos humanos: Recibir, tramitar y atender denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Garantizar la protección de víctimas y testigos de violaciones.
Asimismo, interponer acciones judiciales y administrativas necesarias para salvaguardar derechos vulnerados, como amparos, recursos y medidas cautelares y acompañar a víctimas en la búsqueda de justicia y reparación.
Vigilancia del Cumplimiento de Derechos Humanos: Supervisar el respeto y garantía de los DDHH por parte de órganos del Estado. Realizar inspecciones y visitas a centros de detención, hospitales, escuelas, refugios, cárceles y otras instituciones.
Formular recomendaciones a autoridades para corregir irregularidades o incumplimientos detectados. Emitir informes públicos sobre la situación de los DDHH en el país.
Mediación y Conciliación: Promover el diálogo y la solución pacífica de conflictos entre partes en controversia, cuando estén involucrados DDHH. Facilitar espacios de encuentro para llegar a acuerdos que respeten los derechos de todas las personas afectadas.
Actuar como intermediario imparcial para prevenir escaladas de violencia y garantizar soluciones justas. Desarrollar formas de mediación adaptadas a las comunidades y contextos locales.
Promoción de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos: Formular propuestas de políticas públicas, leyes, reglamentos y programas que fortalezcan la protección y promoción de los DDHH.
Asesorar a entes del Estado en la incorporación de un enfoque de DDHH en sus planes, programas y proyectos.
Participar en mesas de trabajo, consejos, redes y espacios de articulación interinstitucional para incidir en la agenda pública y monitorear y evaluar el impacto de las políticas públicas adoptadas, haciendo recomendaciones de mejora.
“La Defensoría del Pueblo de Venezuela ha incumplido su mandato constitucional. Aunque la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establecen con claridad las funciones de defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos, la actuación concreta de la institución —especialmente bajo la gestión de Alfredo Ruiz— ha sido omisiva, parcial y carente de independencia. Frente a denuncias de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y represión, la Defensoría no ha ejercido un rol activo ni eficaz”, concluye el informe de DDHH en Movimiento.
Detenida activista
Este viernes 8 de agosto, horas después de la nota de prensa enviada por la Defensoría del Pueblo, la activista del colectivo Surgentes, Martha Lía Gragales fue detenida en un punto de control en los alrededores de Centro Plaza, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, luego de haber participado en una manifestación en apoyo a las madres agredidas por grupos “paramilitares” el pasado martes.
“Fue obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas. Hasta el momento se desconoce su paradero. El ciclo de revictimización y la impunidad no se detiene. Exigimos respeto a la integridad y la vida de Martha Lía Gragales y responsabilizamos al Estado venezolano por cualquier daño que pueda sufrir la activista”, dice la ONG en un mensaje publicado en X, minutos después del arresto.
URGENTE: Martha Lía Gragales, activista de @SurgentesDDHH fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ.
— PROVEA (@_Provea) August 8, 2025
Gragales fue detenida por agentes de la PNB en una alcabala que… pic.twitter.com/Mw2FUeHjAJ
Gragales había sido agredida por los “colectivos” durante la noche del 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Junto a familiares del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, denunció estos hechos ante el CICPC y Ministerio Público pero en ambas instancias se negaron a recibirla.
“Hoy es detenida de forma arbitraria, tras haber sido víctima y denunciado públicamente las agresiones contra ella y contra las madres de presos políticos”, expresa Provea.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
