Quienes nos dedicamos al estudio o la enseñanza del derecho internacional nos es fácil entender que los Estados –no sus gobiernos, pues estos pasan y aquellos permanecen– son sus sujetos por excelencia. Al mismo deben someterse en sus relaciones, guiándose por las reglas de la reciprocidad y el respeto mutuo, el cumplimiento de buena fe de lo que pactan, la cooperación, la reserva de los asuntos propios o internos y la obligación de cada uno, por consiguiente, de no invadir la esfera soberana del otro, interviniéndolo. Eso es lo más básico, como predicado.

Sin embargo, se olvida ahora como ayer que, tras la segunda gran guerra del siglo XX, una vez ocurrido el Holocausto que algunos desmemoriados niegan por sus enconos biliares contra Israel, ningún Estado ni su gobierno puede abroquelarse tras los principios de soberanía y No-Intervención cuando conculca y arbitrariamente irrespeta derechos humanos. Eso hacen los cárteles y quienes los protegen. O para hacerle la guerra o no a otro Estado, así sea en legítima defensa, sin consideración de sus víctimas no beligerantes.

A partir de 1945, consagrada como norma de orden público internacional la tutela y garantía universal de los derechos humanos el derecho internacional, por consiguiente, reconoce al individuo como sujeto de su ordenamiento, para protegerlo o para castigarlo, en paridad a cada Estado. Por lo mismo, dejaron de ser cuestiones internas o exclusivas del Estado el asunto de los derechos humanos y de quienes los amenazan.

Tal cuestión la entienden, sobre todo, las víctimas, como las venezolanas. Sus victimarios son señalados y perseguidos hoy como criminales de lesa humanidad. Por lo que razón tenía, ciertamente, mi grande y consecuente amigo fallecido Karel Vasak, checo-francés víctima de la dictadura comunista y padre de los derechos humanos de cuarta generación. Luego de escucharme exponer sobre derechos humanos en la sede de la UNESCO, en París, en la presentación de un libro homenaje a su meritoria trayectoria, al felicitarme me dejó petrificado: – “Excelente tu exposición. No olvides que solo sabrás de derechos humanos cuando los pierdas”.

Los Estados y sus gobiernos no tienen derechos humanos y tampoco los crean. Pesan sobre ellos, sí, obligaciones de reconocimiento y de protección. Y cuando las olvidan o las omiten provocando violaciones han de enfrentar sanciones por parte de cada Estado y/o del conjunto de los Estados. Y sus gobernantes como individuos, narco autócratas o demócratas de utilería, incluidos quienes ofician como demócratas bajo su férula, a la par, han de responder de sus actos ante la Justicia penal internacional. Allí no cuentan los votos de sus electores.

Que algunos gobiernos desconozcan estas normas imperativas o las reinterpreten a conveniencia, solo dice del comportamiento esperado en todo victimario. ¡Que el fiscal ante la Corte Penal Internacional –que tampoco es el sancta santorum de Jerusalén– sea un coludido o que haya traicionado su juramento en el caso de Venezuela, únicamente muestra que hace crisis la voluntad de la Corte para hacer valer el derecho internacional al que sirve! Pero ello no abroga el principio básico de toda civilización: todo aquél que causa un daño debe repararlo.

Si los mismos Estados y sus gobernantes se muestran incapaces de cumplir entre ellos mismos el orden internacional mínimo que pactaron y les ata, devolviendo sus relaciones mutuas al ámbito de lo tribal y primitivo, deben curarse de cinismos. Si han quebrado las instituciones o se las ha postergado por intereses ideológicos y hasta criminales, la vuelta por sus fueros de la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, adquiere plena legitimidad.

Veamos los ejemplos. Los ucranianos fueron víctimas de un acto de agresión en el año 2022. Nada hizo el Consejo de Seguridad de la ONU. Todavía más, el gobierno de Zelensky, al informarle para pedir su asistencia, antes que darle cuenta de lo acontecido le hizo entrega de la carta anterior que le dirigiese en 2014 para hacerle ver que Rusia se anexó a Crimea, territorio suyo, por la fuerza. Y nada pasó.

Por si fuese poco, ocurrido el genocidio en Ruanda, quien presidía el Consejo de Seguridad, Colin Keatin, de Nueva Zelanda, en el mismo 2014 pide perdón por no haber reconocido lo que ocurría y no haber hecho algo para detener la matanza de más de un millón de personas. Recién, el secretario de la ONU, António Guterres, confiesa que “estamos al borde del abismo y avanzamos en la dirección equivocada”, mientras se ocupa y preocupa de que los Estados discutan, entre tanto, sobre la igualdad de género. ¿Así, son traidoras las víctimas que buscan defenderse por otros medios?

Lo único indiscutible, como máxima de la experiencia, es que el crimen organizado transnacional y estructurado, el de terrorismo financiero o terrorismo a secas u ocupado del narcotráfico y/o del lavado de dineros sucios, o el dedicado al tráfico global de seres humanos y de niños, reedita a los lanistas romanos –traficantes o mercaderes de carne humana– en pleno siglo XXI. No acatan reglas, salvo ejecutar a todo aquél quien se les atraviesa en el camino. Se cubren tras las redes y el ecosistema digital, recalan en territorios que han sometido y vuelto nichos de impunidad, donde no hay Estado o este es fallido, o se lo simula como franquicia de poder para sumarse artificiosamente sus atributos: la soberanía, la independencia.

Los carteles y las organizaciones del terrorismo existen, ni qué dudarlo. Pero no existen como sujetos del derecho. Se los ha de contener mediante las leyes de policía internacional y su actuación descentralizada, si acaso funcionasen. Ante su falta u omisión es, justamente, lo que está abriendo espacio libre para la regresión tribal, para la reedición de la «guerra maya»: su objetivo era capturar al mayor número posible de enemigos, no matarlos. “Los cautivos de estatus élite generalmente se convertían en sujetos de sacrificios humanos, mientras que los plebeyos eran sentenciados a la esclavitud”, rezan las crónicas.

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