Este viernes, 29 de agosto, relatores de derechos humanos de la ONU y miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias expresaron su preocupación por la posible deportación de tres opositores políticos venezolanos y un defensor de los derechos humanos que actualmente residen en Estados Unidos.
Según los expertos, estas deportaciones constituirían una violación de los derechos humanos y de las normas internacionales de protección a refugiados. Las autoridades estadounidenses, en cambio, los acusan de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua y de representar un riesgo para la seguridad del país.
“Nos alarma que su deportación violaría el principio de non refoulement, que prohíbe el traslado de personas a cualquier país en el que corran un riesgo real y previsible de privación arbitraria de la vida, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, persecución, juicio injusto u otras violaciones graves de los derechos humanos”, señalaron.
Entre los afectados se encuentran Dehivis Olivo Hernández, exdetective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien en 2019 expresó apoyo a Juan Guaidó; y Gregory Sanabria Tarazona, activista y exestudiante de ingeniería, detenido durante protestas en 2024 y que cumplió tres años de prisión. También están Teobaldo León y Wilmer García Vallenilla, ambos dirigentes de partidos opositores venezolanos que viven actualmente en el exilio.
Los relatores advirtieron que estas personas podrían enfrentar graves violaciones de sus derechos humanos si regresan a Venezuela, señalando que al menos dos de ellos ya han sido víctimas de tortura documentada en el país. Asimismo, subrayaron que la protección internacional aplicable no depende de la nacionalidad ni de la situación migratoria, y que las acusaciones presentadas en Estados Unidos carecen de evidencia sólida.
“Estamos dando la voz de alarma sobre el hecho de que estas personas se enfrentan a graves violaciones de los derechos humanos si son devueltas a Venezuela”, afirmaron los expertos, quienes recordaron que al menos dos de ellos han sufrido actos de tortura documentados en el país.
La declaración fue firmada por Ben Saul, relator sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo; Mary Lawlor, relatora sobre defensores de derechos humanos; Gehad Madi, relatora sobre derechos de migrantes; y Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de magistrados y abogados.
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