Hay tragedias que no solo ponen a prueba a los gobiernos, sino que, además, ponen al descubierto la calidad de esos Estados. Como los terremotos. Tomemos, por ejemplo, los que han sacudido recientemente a Venezuela y Colombia.
Un terremoto, por supuesto, no pregunta quién gobierna. No distingue entre izquierda y derecha, entre oficialistas y opositores. No le importa quién ocupa el Palacio de Miraflores o la Casa de Nariño.
La tierra tiembla y, en cuestión de segundos, todo cambia. Pero, pereeeero, después del terremoto, aparece una diferencia fundamental: la capacidad del Estado para responder.
En este artículo quiero comparar lo ocurrido en Venezuela y Colombia. Y no, no es para hacer política con el dolor. Todo lo contrario: es para entender por qué dos países latinoamericanos sometidos a una tragedia natural similar respondieron de maneras tan distintas.
En Venezuela, el terremoto del 24 de junio dejó al descubierto una realidad que ya conocíamos, pero que la tragedia hizo imposible ocultar ante todo el mundo: que el país no estaba preparado de manera alguna para hacerle frente a una emergencia de semejante magnitud.
Porque no basta con tener funcionarios, uniformes, vehículos. Mucho menos declaraciones oficiales. Un rescate exige otras cosas que aquí en Venezuela no hubo: equipos especializados, protocolos, comunicaciones, logística, entrenamiento, coordinación entre organismos y, sobre todo, instituciones que sepan qué hacer antes de que ocurra la emergencia, porque las primeras horas después de un terremoto son decisivas. Cada minuto puede significar la diferencia entre encontrar a una persona viva o hallarla muerta.
En demasiados lugares de Venezuela fueron los ciudadanos comunes quienes asumieron las tareas que correspondían a equipos profesionales: buscar, remover escombros, localizar sobrevivientes, transportar heridos. Salió a flote y todo el mundo fue testigo de la solidaridad de una sociedad que se vio obligada a sustituir al Estado.
Aquí debo hacer una precisión que me parece indispensable: sería absurdo decir que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella fue el responsable de la preparación del país ante el desastre, porque llevaba apenas un día en el poder. La comparación, por tanto, no es Petro frente a De la Espriella. Es Venezuela frente a Colombia.
Y lo que mostró Colombia fue que, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones y con todas las críticas que puedan hacerse a sus gobiernos, allá existe algo que Venezuela perdió en el último cuarto de siglo: la capacidad institucional.
Colombia tenía organismos de gestión del riesgo, grupos especializados de búsqueda y rescate, bomberos entrenados, capacidad logística, protocolos, maquinaria y personal que sabía cómo actuar ante una emergencia.
¿Fue perfecta la respuesta colombiana? No. Hubo decisiones cuestionables, momentos de confusión y críticas que deben ser investigadas. Una emergencia de esta magnitud siempre pone al descubierto fallas.
Pero hay una diferencia enorme entre cometer errores teniendo un Estado capaz de responder y no tener la capacidad institucional para responder. Y aquí aparece la verdadera lección.
Un Estado serio no comienza de cero cada vez que cambia un gobierno. Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer. Las políticas deberían ser de Estado, no del gobierno de turno.
Los equipos permanecen. Los protocolos permanecen. La experiencia permanece. La memoria de las tragedias anteriores permanece. Ojalá se hubiera mantenido el impecable trabajo de Carlos Genatios durante la tragedia de Vargas… porque de eso se trata la institucionalidad, precisamente lo que Venezuela ha perdido durante los años del chavismo.
No fue el terremoto el que destruyó nuestra capacidad de respuesta. El terremoto simplemente la hizo visible.
La destrucción institucional no ocurrió de un día para otro. Se produjo desde el momento cuando se sustituyeron profesionales por lealtades políticas, cuando se desmantelaron organismos, cuando desapareció el conocimiento técnico, cuando se abandonaron los sistemas de prevención y cuando el Estado dejó de prepararse para aquello que inevitablemente podía y se sabía que iba a ocurrir. Yo misma escribí sobre un foro que hubo en 2017 en la CAF donde los expertos que participaron advirtieron claramente el desastre que sería el próximo terremoto de Caracas. Y no se equivocaron.
Los terremotos no se pueden evitar. Sus consecuencias, en cambio, sí pueden reducirse. Un país no puede impedir que la tierra tiemble. Pero puede tener edificios mejor preparados, sistemas de alerta, equipos de rescate, hospitales capaces de recibir heridos, comunicaciones de emergencia y personal entrenado. Puede, sobre todo, tener un Estado que sepa reaccionar. Eso fue lo que vimos en Colombia: no una respuesta perfecta, pero sí una respuesta institucional. Y eso es muchísimo.
Porque cuando alguien está debajo de los escombros, no necesita que el gobierno sea de izquierda o de derecha. No necesita discursos. No necesita propaganda. Necesita que alguien llegue. Que quienes lleguen tengan al menos una pala, no un fusil, como sucedió en Venezuela 72 horas después de haber ocurrido la tragedia. Necesita una cámara térmica, un perro entrenado, un médico, una ambulancia. Necesita que alguien sepa qué hacer.
Los terremotos de Venezuela y Colombia dejaron una comparación dolorosa: dos países vecinos. Dos pueblos que sufrieron el miedo, la pérdida y la incertidumbre. Dos gobiernos enfrentados a una naturaleza que no negocia con nadie. Pero también dos Estados con capacidades muy diferentes. En Venezuela, la tragedia mostró el precio de haber destruido las instituciones. En Colombia, con todas sus fallas, mostró cuánto vale conservarlas.
No se trata de Petro. No se trata de De la Espriella. Se trata de algo mucho más importante.
Se trata de si un país tiene un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos cuando más lo necesitan. Porque el próximo terremoto no preguntará quién ganó las elecciones.
La única pregunta será otra: ¿habrá un Estado preparado para llegar a tiempo?…
Hago votos porque para cuando eso suceda, Venezuela haya logrado recuperar sus instituciones. No sé si llegaré a verlo, pero me gustaría pensar que será así…
Astrid Polanco camina entre las paredes rotas de su apartamento en la planta baja del bloque 223 de Ciudad Caribia con la voz quebrada. Muestra la habitación principal, pasa al baño colapsado y señala las fracturas en la mampostería. “Esta parte del cuarto se cae… todas las paredes se caen. El baño está todo caído. Como vemos, está todo destrozado”, dijo.
El 24 de junio, cuando ocurrió el doble terremoto que sacudió la zona central del país, el descuadre de la infraestructura trabó la salida de su vivienda. “Pensé que todo se me iba a caer encima. Cuando íbamos saliendo las puertas no abrían. Los vecinos del frente nos ayudaron para poder salir a todos”, relató a Runrun.es.
Astrid Polanco estaba con sus hijos en su apartamento cuando ocurrió el doble terremoto / Foto: María Gracia Lacruz
A metros de su bloque, en la cresta de la Cordillera de la Costa que separa al valle de Caracas del litoral central –entre los municipios Libertador y Carayaca–, la brisa de la montaña barre hoy una hilera de carpas montadas sobre la tierra. A espaldas de los refugiados, varios edificios tienen etiquetas amarillas en sus fachadas. Transcurrieron 51 días desde el doblete sísmico para que la comunidad de Ciudad Caribia viera iniciar el arribo de los primeros camiones con materiales de construcción.
Concebida en 2011 por el expresidente Hugo Chávez, quien la consideró la “ciudad del siglo XXI”, esta urbanización alberga a más de 23 000 habitantes en 137 edificios, cuenta con tres instituciones educativas y un hospital.
La ladera de las etiquetas amarillas
De acuerdo con los balances comunitarios de la zona, el impacto del doble sismo alcanza a 12 edificios del complejo urbanístico —la mayoría conformados por 20 apartamentos cada uno—, lo que suma un total de al menos 138 inmuebles comprometidos. Aunque inicialmente se contabilizaban 118 familias en situación de contingencia, el número ha ido en ascenso tras la inclusión reciente de dos bloques adicionales a la lista de estructuras con daños.
Durante el recorrido realizado por el equipo de Runrun.es, se constató de primera mano la situación en siete de estos 12 edificios situados de forma casi consecutiva en la ladera de la montaña: los bloques 210, 219, 220, 221, 222, 223 y 224. En ellos, las inspecciones técnicas de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas aplicaron etiquetas amarillas que indican acceso restringido.
Afectaciones en edificios de Ciudad Caribia / Foto: María Gracia Lacruz
Pese a la magnitud del movimiento telúrico y a la destrucción interna en varios apartamentos, Ciudad Caribia no registró víctimas mortales. La infraestructura de su hospital local sirvió como el primer punto de contención y triaje para los heridos que las ambulancias trasladaban desde la costa de La Guaira dada su cercanía con la autopista.
Sin embargo, en el interior de los bloques residenciales, el sacudón dejó huellas profundas y expuso fragilidades en la construcción.
Ante la restricción de acceso a los apartamentos agrietados, decenas de residentes se instalaron en campamentos en las áreas adyacentes a los edificios y en el espacio de una estructura destinada originalmente a un gimnasio que no llegó a concluirse.
En las adyacencias de los edificios afectados hay varias carpas dispuestas para albergar a las familias afectadas / Foto: María Gracia Lacruz
El crujido de las paredes interiores
En el piso 1 del bloque 222 de Ciudad Caribia, Jairo Ortiz, de 75 años, preparaba la cena familiar cuando ocurrió el doble terremoto del 24 de junio. “Estaba aquí lavando el arroz para la cena. Las dos niñas, como duermen allá, estaban allá con los teléfonos y el niño estaba aquí”, contó Ortiz. Tras resguardar a sus nietos bajo las vigas principales, la familia presenció la caída de los revestimientos del baño.
Ortiz explicó que el inmueble presentaba fragilidades previas: “Esto estaba rajado así ya desde hace tiempo porque por ahí van los tubos de la electricidad”. Después de que pasaron los temblores, en casa de Ortiz terminaron de derribar manualmente los pedazos de mampostería inestables para prevenir accidentes dentro de la vivienda.
Jairo Ortiz vivió los terremotos junto a su hija y sus nietas / Foto: María Gracia Lacruz
Aleska López camina sobre los escombros del que fue su dormitorio. La pared divisoria de su apartamento colapsó por completo. “Mi apartamento quedó destrozado porque primero se cayó la pared de mi cuarto hacia mi cama. O sea, si yo hubiese estado aquí, me imagino que no sé, no estuviera viva”, relató a Runrun.es.
Aquel 24 de junio la urbanización quedó a oscuras y sin señal telefónica residencial. Únicamente los equipos con líneas de la empresa estatal Digitel con las líneas 0422 lograron emitir llamadas intermitentes. Al día siguiente, cuando retornó el flujo eléctrico, los vecinos conocieron el impacto del sismo en el resto del país.
Hoy, Aleska pernocta en el campamento exterior y rechaza las reparaciones cosméticas en la edificación. “Yo quiero que me tumben todas las paredes, que no me reparen nada. Tumbar todo porque la fachada, la estructura como tal está deteriorada, está partida, doblada, oxidada”, indicó al mostrar las grietas que cruzan el exterior del bloque.
Aleska López no estaba en su casa cuando ocurrió el doble terremoto y al llegar encontró todo destrozado / Foto: María Gracia Lacruz
La resistencia en la intemperie
La vida comunitaria se trasladó a las áreas aledañas y a una estructura inconclusa de lo que sería un gimnasio. Entre sábanas guindadas para amortiguar el sol y fogones improvisados, las familias afectadas organizan su día a día.
Yuleidy Rodríguez, de 31 años, comparte una carpa individual con su esposo y sus tres hijos de 12, 11 y 6 años. “Desde el momento estoy en carpa. Hace ya como 2 o 3 días me dieron una carpa individual. Una carpita azul donde estoy con mis hijos y mi esposo”, relata.
A pesar del hacinamiento y la incertidumbre, Rodríguez mantiene activa su labor en la Casa de Alimentación de la zona. “Yo le trabajo a Casa de Alimentación, tengo tiempo con ellos y entonces ahorita aquí le estamos cocinando lo que es el tema de los refugiados y aquí nosotros mismos también cocinamos”, indica sobre las jornadas diarias de preparación de comida para el campamento.
Yuleidy Rodríguez apoya en el campamento en un espacio donde preparan alimentos para las familias afectadas / Foto: María Gracia Lacruz
Un plan oficial que llega después de 50 días
El recorrido realizado por este medio coincidió con el inicio formal del censo de viviendas afectadas y el arribo de la segunda fase de la denominada “Operación Caracas Sonríe”.
Desde la E.B.N. “Samuel Robinson” —una de las tres escuelas de la urbanización que también presentaron daños en sus paredes—, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, encabezó la entrega de herramientas e insumos para las cuadrillas comunitarias. “Trajimos el material, bloques, cemento, todo lo que se utiliza, las herramientas que deben tener la brigada para hacer el trabajo y bueno, nos vamos activando. Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde”, declaró la funcionaria ante las familias del sector.
Carmen Meléndez junto al padre Numa Molina desde la E.B.N. “Samuel Robinson” de Ciudad Caribia / Foto: María Gracia Lacruz
En los puntos de acopio dispuestos a lo largo de la vía principal se observaron sacos de cemento, herramientas manuales y galones de pintura. Las cuadrillas obreras iniciaron la destrucción de paredes en los edificios afectados, mientras los habitantes de los bloques agrietados permanecen a la espera de evaluaciones de ingeniería que confirmen si sus apartamentos podrán volver a ser habitados de forma segura.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció un nuevo esquema de tarifas bancarias a través de la Gaceta Oficial N.º 43.427, que introduce incrementos significativos en los costos por servicios financieros. El ajuste más drástico se observa en el piso mínimo de las comisiones para pago móvil y transacciones inmediatas, que pasó de 2 a 14 bolívares, lo que representa un aumento de siete veces respecto al tarifario previo de octubre de 2025.
El nuevo tarifario publicado por el BCV sustituye los límites máximos que estaban vigentes desde finales de 2025. Las cifras revelan incrementos que, en varios rubros, multiplican por siete los costos anteriores.
En el caso de los puntos de venta, las comisiones por el uso de tarjetas de débito oscilan ahora entre 1,5 % y 2 %, mientras que para las tarjetas de crédito el rango se ubica entre 3 % y 5 %. No obstante, el cambio de mayor peso para el comerciante es el mantenimiento mensual de los equipos propiedad del banco. El tope máximo para este concepto subió de 3.521,60 a 23.771 bolívares, lo que representa un incremento de casi siete veces.
El servicio de pago móvil, ampliamente utilizado tanto por personas naturales como jurídicas, también sufrió modificaciones en sus costos. Aunque las comisiones porcentuales para operaciones P2P (persona a persona) y C2P (comercio a persona) se mantienen entre 0,39 % y 2 % del monto transado, el cargo mínimo obligatorio se elevó a 14 bolívares. Este mismo monto mínimo de 14 bolívares se aplica ahora a débitos y créditos inmediatos, transacciones fallidas y reversos de transacciones.
Anteriormente, estos cargos por transacciones fallidas o reversos tenían un costo de apenas 2 bolívares.
Otros servicios bancarios básicos también registraron alzas considerables en sus topes máximos, entre ellos el mantenimiento mensual, referencias bancarias y estados de cuenta tienen ahora un tope de hasta 54 bolívares.
Comerciantes reaccionan
Ante esta realidad, los comerciantes manifiestan resignación e incertidumbre, al señalar que los nuevos costos operativos llegan en un momento de estancamiento en el consumo. Para el sector comercial, este incremento supone una presión adicional sobre márgenes de ganancia ya reducidos, lo que genera en algunos interrogantes sobre la viabilidad de mantener ciertos servicios de pago para sus clientes.
“Qué más nos van a cobrar, ya con lo que pagamos es demasiado”, dijo una comerciante caraqueña mientras consultaba las nuevas tarifas en su teléfono celular. En su establecimiento de venta de ropa, la decisión de aceptar ciertos métodos de pago se ha vuelto restrictiva debido a los altos costos asociados. “Solo a clientes muy específicos, que ya uno conoce, y de favor”, comentó la comerciante al explicar por qué prefiere evitar el uso de tarjetas de crédito en su local debido a las comisiones que debe pagar a la banca.
Pero la actualización de las comisiones no solo afecta a los comercios, sino que ha generado una ola de reacciones entre los ciudadanos en redes sociales, quienes ven cómo el uso de los servicios bancarios consumirá una porción mayor de sus ingresos.
En plataformas digitales, algunos usuarios plantean que estos costos obligarán a la población a retroceder en la digitalización de la economía. “Vamos a tener que volver al efectivo. Por todos lados quieren sacarnos la poca platica que hacemos para sobrevivir”, señaló Carlos Bencochea en redes sociales, añadiendo que los ciudadanos se sienten acorralados entre las políticas gubernamentales y la banca.
Otros usuarios, como Adelis Medina, cuestionaron la falta de billetes de alta denominación en circulación, sugiriendo que la banca “esconde el efectivo” mientras aumenta las comisiones por transacciones digitales.
Las nuevas tarifas ya están vigentes y los bancos comenzaron a aplicarlas a las transacciones de sus clientes, marcando u nuevo impacto en el costo de la vida.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.
Este domingo, 16 de agosto, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dignora Figuera pidió claridad en la cifras de presos políticos excarcelados desde el pasado viernes.
A través de su cuenta en X, Figuera quien lidera los diálogos con la presidencia interina, manifestó que “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.
Figuera aseguró que se mantienen vigilantes y haciendo esfuerzos para que se den las liberaciones. “Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena”, dijo.
Dignora Figuera insistió en que “en un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos”.
En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para…
El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, Gonzalo Himiob, informó este domingo que hasta el momento ha podido confirmar la excarcelación de 78 de los 131 presos políticos que anunció la vicepresidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, a través de un comunicado.
#16Ago 9:30 a.m. Hasta este momento, desde el 14 de agosto, en el @ForoPenal hemos podido confirmar la excarcelación de 78 presos políticos. Seguimos revisando y verificando.
Este sábado, Rodríguez aseguró que 1.046 personas que se encontraban privadas de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos políticos.
“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con los nombres de todos los excarcelados ni ha precisado las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las medidas.
Excarcelados continúan sometidos a procesos judiciales
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) denunció que los presos excarcelados en las últimas horas continúan sometidos a procesos judiciales y restricciones. “Excarcelar no siempre significa liberar”, recalcó el comité.
El Clippve, a través de su cuenta en X, exigió las listas públicas, verificación independiente, cierre de las causas arbitrarias y libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos.
🚨COMUNICADO | La libertad no se anuncia, se concreta: plena, verificable y para todos
El Gobierno interino de Venezuela anunció 131 excarcelaciones, pero hasta este 15 de agosto solo se han podido verificar de manera independiente alrededor de 70. Los presos políticos… pic.twitter.com/ILnNbrv90a
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 15, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, 14 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y advirtió a los beneficiarios afectados que podrían quedar sujetos a deportación si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
El organismo incluyó a Venezuela en una lista de países cuyas designaciones de TPS han sido terminadas. Entre los países que quedan fuera de la protección están: Haití, Siriam Yemen, Afganistan, Camerùn, Nepal, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía.
El organismo publicó un mensaje dirigido a quienes perdieron esta protección migratoria: “SALGAN AHORA o serán DEPORTADOS”.
El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo. Sin embargo, este beneficio no concede por sí mismo residencia permanente ni otro estatus migratorio.
Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries.
La situación de los venezolanos ha estado marcada por decisiones administrativas y litigios judiciales desde que el gobierno de Donald Trump comenzó a revertir las extensiones otorgadas durante la administración anterior.
Alrededor de 600.000 venezolanos llegaron a estar amparados por las designaciones de TPS de 2021 y 2023. Unos 250.000 beneficiarios del grupo de 2021 perdieron la protección en noviembre de 2025, mientras que la situación de otro grupo ha estado sujeta a distintas órdenes judiciales.
USCIS señala actualmente que determinados beneficiarios que recibieron documentos con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 antes del 5 de febrero de 2025 mantienen su autorización de empleo y la validez de esa documentación hasta esa fecha, como consecuencia de decisiones judiciales relacionadas con el TPS venezolano.
Impacto diferenciado
La terminación del TPS no significa que todos los venezolanos anteriormente protegidos queden automáticamente en la misma situación migratoria.
Algunos beneficiarios pueden contar con solicitudes de asilo pendiente, residencia permanente u otra base legal para permanecer en Estados Unidos. USCIS reconoce que una persona cuyo estatus haya terminado puede tener otra vía legal que le permita continuar en el país.
Por esta razón, la situación dependerá del expediente migratorio individual de cada beneficiario y de las protecciones o solicitudes que se mantengan vigentes ante las autoridades estadounidenses.
*Con información de TC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.
Los sismos del pasado 24 de junio agravan la parálisis del mercado secundario de viviendas en Caracas y sus alrededores. Numerosas casas y apartamentos sufrieron daños por el doble terremoto y las opciones de las familias afectadas para tener un techo son limitadas ante la baja oferta de viviendas para la venta, la falta de financiamiento y la severa contracción de los alquileres.
La urgencia ocurre en momentos en que los sectores de la construcción y el inmobiliario no han logrado una recuperación total de los años de crisis causados por la menor disponibilidad de materiales para construir, las regulaciones como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que golpeó el mercado primario, y la Ley de Arrendamientos que inhibió los alquileres, la restricción del gasto público y la ausencia de créditos por los ajustes al encaje legal (depósitos congelados en el Banco Central) que ha dejado a los bancos con menos margen de maniobra para prestar.
Aunque los años de menor liquidez y de restricciones en los créditos hipotecarios incidieron en los precios del mercado de compraventa de casas, donde los costos por metro cuadrado se ubicaron en mínimos históricos respecto a los de hace más de una década y representaban un escenario de oportunidad con valores rezagados, la falta de financiamiento impidió dinamizar las operaciones.
Persisten los cuellos de botella
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, los precios en el mercado inmobiliario subieron 30%, lo que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) aclaró que respondía a un cambio puntual en las expectativas y no a un aumento real de la demanda. Su presidente, Pablo González Travieso, dijo que, bajo una inflación de tres dígitos, brecha cambiaria y sin crédito hipotecario, el sector continuaba siendo un “mercado de compradores”, donde el incremento en el valor del metro cuadrado carecía de sustento macroeconómico.
Si bien los precios por metro cuadrado podrían bajar por la coyuntura, los cuellos de botella no se han terminado de corregir, pese a los anuncios de reformas legales y subsidios.
Las cifras oficiales muestran un panorama complicado. Según balances del Registro Único de Vivienda después del doblete sísmico, cerca de 18.000 personas quedaron sin hogar en las zonas afectadas por los sismos. De las más de 53.000 viviendas evaluadas al 10 de agosto, unas 12.411 están restringidas y 9.567 son de alto riesgo.
Aunque La Guaira absorbe el mayor peso de la devastación, en zonas de Caracas, así como en el eje mirandino y en Guarenas y Guatire, más de un millar de viviendas tienen compromisos estructurales y otras afectaciones de menor severidad. Y muchas familias no tienen la capacidad para costear los arreglos de sus inmuebles en medio de una inflación anual de 576%, de acuerdo con los datos del Banco Central y que, según analistas, se puede seguir acelerando.
La brecha entre el anuncio y la viabilidad
En paralelo, arrendar es una carrera cuesta arriba. El segmento de alquileres ya sufría una severa contracción de la oferta, no solo en Caracas sino también en La Guaira, San Antonio y el eje Guarenas-Guatire. En estas ciudades dormitorio de la región capital, la inseguridad jurídica acumulada llevó a numerosos propietarios a mantener inmuebles desocupados o a recurrir a contratos leoninos en divisas, con exigencias de pago de hasta un año por adelantado.
Frente a la urgencia de reubicar a miles de familias, el gobierno de Delcy Rodríguez apostó por reactivar el mercado de alquileres mediante la promulgación de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento. Y aunque el nuevo marco legal frena el exceso de garantías a un máximo de tres meses, promueve el arbitraje y formaliza el cobro en divisas, está por verse si la sola publicación en Gaceta Oficial será suficiente para mover a los propietarios a alquilar tras más de una década de desconfianza acumulada.
Junto al cambio de la ley de alquileres, en el parlamento también se prepara una modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria que buscaría que los privados impulsen el mercado primario de viviendas. Analistas señalan que la construcción podría crecer a tasas altas por la reconstrucción que se quiere no solo en vivienda, sino también en otras áreas de infraestructura. No obstante, la actividad depende del gasto público y del financiamiento interno y externo, que aún no se ha precisado.
¿Y la estructura financiera?
Adicionalmente, Rodríguez dijo que para la compraventa de viviendas habrá un plan de subsidios de hasta el 80% con créditos a 25 años por el monto restante. La efectividad de ese plan de subsidios y financiamiento —que según el Ejecutivo provendrá del Fondo Venezuela Renace— no depende de la banca comercial, la cual aclaró que actuará como simple administradora o adjudicatario de los recursos.
Y al igual que con los recursos para la construcción, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha detallado la estructura de financiamiento ni las fuentes de ingresos de dicho fondo para los subsidios, por lo que el éxito del esquema queda atado al 100% a la capacidad de caja del Estado. Sin respaldo presupuestario claro, el anuncio corre el riesgo de quedarse en el papel.
Hoy, con miles de familias desplazadas y viviendas inhabitables en las ciudades satélite, los planes gubernamentales no lucen como la solución inmediata que exigen quienes siguen durmiendo en carpas y refugios.
A un par de semanas del doblete sísmico, Síntesis Financiera advirtió en un informe que el plano fiscal y monetario, la escasez de reservas internacionales, la ausencia de espacio fiscal y mecanismos de financiamiento de contingencia, un régimen cambiario distorsionado y distorsionante, y con un sistema de pagos fracturado el margen de acción de las autoridades para mitigar el perjuicio a la actividad económica y financiar la reconstrucción sin recurrir al financiamiento monetario y reactivar la espiral inflación devaluación es limitado.
El dirigente político Juan Pablo Guanipa pidió este domingo la liberación de todos los presos políticos y afirmó que la justicia no puede aplicarse “por capítulos” en un país que busca recuperar la institucionalidad democrática.
En un mensaje público, insistió en que quienes permanecen detenidos por motivos políticos deben volver a sus hogares sin restricciones y retomar una vida normal.
Guanipa señaló que la persecución contra opositores “no se justifica” y acusó a la actual administración de haber sido “actora y cómplice” de detenciones sin delitos comprobados. Aseguró que la presidencia ejercida por el Gobierno es “totalmente ilegítima” y sostuvo que el país requiere un cambio político “pronto”.
El dirigente también instó a las autoridades a publicar medidas que garanticen la libertad plena de todos los detenidos por razones políticas. Recordó que el sistema judicial fue utilizado para perseguir a “decenas de miles” de ciudadanos y afirmó que ahora debe emplearse para corregir esas acciones y liberar a quienes permanecen privados de libertad.
En su mensaje, Guanipa reiteró que la liberación de los presos políticos es una condición indispensable para avanzar hacia un proceso democrático real. Subrayó que la exigencia central es que no quede ninguna persona detenida por motivos políticos en el país.
Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dignora Figuera pidió claridad en la cifras de presos políticos excarcelados desde el pasado viernes.
A través de su cuenta en X, Figuera quien lidera los diálogos con la presidencia interina, manifestó que “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.
El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, Gonzalo Himiob, informó este domingo que hasta el momento ha podido confirmar la excarcelación de 78 de los 131 presos políticos que anunció la vicepresidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Distintos candidatos con experiencia burocrática y relativo liderazgo en sus propias naciones, pero de conjunto representantes de corrientes ideológicas que han contribuido, en mucho, al desbarrancamiento de Naciones Unidas, a la pérdida de su norte desde inicios de los años 70, sobre todo a raíz del «quiebre epocal» de 1989, aspiran a dirigir a dicha organización. Es la que, teóricamente, habría de garantizar la seguridad y la paz en el mundo, privilegiando como límite de todo poder ―el universal y el de los Estados― el del respeto y la tutela efectiva de la dignidad de la persona humana.
António Guterres finalizará su mandato el venidero 31 de diciembre y ha dicho que la ONU se encuentra en el abismo. Se trata de un exprimer ministro, portugués, afiliado a la corriente socialista, que se dijo comprometido con los valores del catolicismo social, pero bajo la perspectiva pragmática de los socialistas democráticos.
Sus posibles sucesores son Michelle Bachelet, chilena, de izquierda neomarxista, que apoyó las desviaciones autoritarias del llamado socialismo del siglo XXI en América Latina; Rebeca Grynspan, costarricense, de extracción socialista democrática y exvicepresidenta de su país, con algunos años de recorrido dentro de la diplomacia multilateral.
Les siguen un argentino, Rafael Grossi, que se especializa en seguridad nuclear y es un diplomático de carrera entrenado para escuchar preguntas y saber cómo no responderlas; sumándose a la lista de aspirantes la ecuatoriana excanciller María Fernanda Espinosa, que se dice experta en lenguas, es progresista, léase, socialista del siglo XXI. Luego viene Carolyn Rodríguez-Birkett, socialista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y trabajadora social, representante de su país, Guyana, en la Asamblea de la ONU, cerrando la nómina Macky Sall, expresidente senegalés. Es un ingeniero geólogo de centro derecha y liberal en lo económico, quien antes ejerció como primer ministro y se declara prooccidental.
Sall, sin embargo, siendo un reformista progresista según las redes, dio un viraje nada extraño a las desviaciones políticas en boga, al final de su mandato. Mostró que tras su máscara se oculta un autoritario legalista y conservador social. Intentó aplazar las elecciones en su país y dificultó la entrega pacífica del gobierno a su sucesor.
Es este el cuadro, no otro. Y, probablemente, ninguno de estos es consciente de que les espera como única tarea la del síndico de una quiebra dentro de una empresa sin destino. Ninguno, a todo evento, calza como para enfrentar y mirar a la cara de los titanes del viejo Oriente de las luces y del agónico Occidente de las leyes, Xi Jin Ping y Donald Trump, los verdaderos parteros del orden nuevo que a todos nos espera.
Lo que sí es real, en medio de esos liderazgos fuertes que se debaten por dibujar el orden mundial o global sucedáneo al del Holocausto, que rigió desde 1945, es que la salida de Trump no cambiaría el ya desprendido impulso que ha tomado Norteamérica como repartidora suprema del poder en los espacios de Occidente.
Ninguno de los señalados candidatos a secretario del organismo mundial califica, dada sus alineaciones previas, como para forjar una línea de equilibrio que, por una parte, no desconozca las realidades inéditas que han dejado de ser emergentes, a objeto de que encuentren su mejor descripción en el plano de lo normativo o prescriptivo: ¿una nueva Carta de San Francisco?; pero que a su vez, desde dichas dimensiones, la real y la jurídica, al término se acepte que siempre requerirán ambas de una tercera pata o dimensión para que puedan asegurar una paz y seguridad duraderas y estables en la Madre Tierra. Me refiero a la que ha de conjugar y resolver tras cada crisis internacional, desde el plano de la justicia, es decir, aplicando la fórmula que mejor predique en favor de la dignidad y libertad de la persona humana, lo que no es un imposible, tampoco una quimera.
Los padres del sistema mundial que nos legara la Primera Gran Guerra del siglo XX, la Sociedad de Naciones, creyeron que les bastaban los equilibrios de poder para sostener la paz entre todos. Y fracasaron. En búsqueda de ese equilibrio, humillaron tanto a los alemanes que abrieron las puertas del infierno con el nazismo.
Tras la Guerra de 1939, la segunda, aleccionadora y que desgarró severamente la conciencia universal con las cámaras de gas, fue posible construir ―de allí el impacto de los juicios de Núremberg― una arquitectura inteligente para la gobernabilidad y la gobernanza planetarias. Así como Alemania pudo levantarse y alcanzar su modernidad y liderazgo contemporáneos asumiendo como eje vertebrador de su orden constitucional, en 1949, el respeto de la dignidad humana, Naciones Unidas la asumió desde antes como su principio ordenador, por ende, limitante de la independencia y soberanía de los Estados.
Sensiblemente, la lógica del poder en el Consejo de Seguridad con sus esferas de influencia bipolar presentes impulsó al resto de los Estados, los no potentes o receptores del poder ajeno detentado por las grandes potencias, a atrincherarse tras los muros de la vieja soberanía. Los países africanos esgrimieron su derecho a la autodeterminación.
Así, a la par que se postergó y hasta banalizó desde el mencionado Consejo, en la Asamblea General y hasta en la Secretaría General, a ese eje de equilibrio crítico que desarrolla la Declaración Universal de Derechos Humanos, al final terminaron todos en el banquillo de los acusados. Se les ha hecho responsables de los genocidios y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del corriente, que estaban llamados a prevenirlos. Una vergüenza que aún escandaliza a las generaciones del presente.
Del liderazgo a la parálisis
Debido a la pandemia y la división global, dice Guterres en 2021 que “estamos al borde del abismo y avanzamos en la dirección equivocada”. Lo repite en 2024: “nuestro planeta está al borde del abismo”, eso sí, sin referirse a lo que hace o deja de hacer la ONU al respecto y sobre el poder real o virtual que detenta. Y en 2025, otra vez señala, ante las escaladas bélicas en el Oriente Medio y dados los enfrentamientos internacionales que “se encontraban al borde del abismo o amenazaban con caer en él.”
No yerra papa León XIV, entonces, al observar y alertar, con tino y sin estridencias, que Naciones Unidas ha perdido su capacidad para el multilateralismo. Le ha exigido a la organización, a la misma ONU, que vuelva a colocar a la persona humana en el centro de la lucha contra el hambre y la construcción de la paz. Ha criticado que la ONU haya perdido fuerza para fomentar el diálogo y resolver los conflictos internacionales. E insiste, en suma, que esta o retoma el camino de la cooperación o habrá que hacerlo “mediante otros medios” que privilegien lo humano. Pone a la ONU sobre el camino del drama, del ser o el no ser.
Atrás queda, por lo visto, aquella reflexión que daba cuenta, desde el plano de la razón práctica, del esfuerzo ingente realizado en la hora luminosa que siguió al señalado Holocausto; pues así como Hanna Arendt, desde su visual de periodista describe lo ocurrido durante la guerra como la “banalidad del mal”, a su turno Jacques Maritain, reseñando el debate habido para la adopción de ese nuevo Decálogo de la humanidad que quiso ser la Declaración Universal de 1948, afirmó que: «estamos de acuerdo en los derechos, a condición de que no se nos pregunte el por qué».
En los debates sobre dicha declaración hubo, sí, discrepancias teóricas al respecto, pero se resolvieron sobre la base de consensos prácticos (nada espurios ni relativos) al aceptar todos, léase todas las culturas y religiones, que compartían una conciencia moral común. “La humanidad comparte una misma intuición práctica sobre la dignidad humana, la cual no requiere una sola escuela de pensamiento para ser aplicada”, fue la máxima acogida durante los diálogos que promovió la UNESCO.
El peso de la ideología
Pues bien, tras ser señalados los órganos de Naciones Unidas ―el Consejo de Seguridad y la Secretaría General― de omisión sacrílega responsable por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Ruanda, en 1994, y abiertamente cuestionada por su incapacidad para afrontar la pandemia universal del covid-19 como para fijar las responsabilidades internacionales por los daños del riesgo transfronterizo causado desde China, los caricaturescos saldos que deja sobre sus caminos de desviación, y dados los antecedentes, son, entre otros, la Declaración de 2020 de los jefes de Estado en la que se comprometen con 12 mandatos para “proteger el planeta, promover la paz, garantizar la justicia internacional, y mejorar la gobernanza digital”. Una verdadera aporía, ante la ausencia de autocrítica. A uno de esos jefes de Estado, Nicolás Maduro, por cierto, lo extrajo Estados Unidos de su búnker y lo encarceló en Nueva York.
En segundo lugar y para no abundar más, queda la malhadada Agenda 2030, aprobada en 2015, que, a la par de haber acelerado la deconstrucción cultural en Occidente, y en nada comprometida con la reconstitución de la democracia y el Estado de derecho, se la reconoce por sus autores como otro fracaso.
Su errada premisa fue el hacer crecer hasta el infinito los derechos humanos, hasta alcanzar a los animales; pero sin democracia ni respeto alguno por los órdenes constitucionales y la Justicia. Y luego de 15 años sin resultados, a 7 años de vencerse, los jefes de Estado, tozudamente se han comprometido a acelerar, este 2023, el compromiso con el desarrollo sostenible ―el de la deconstrucción y el del cambio climático― en medio de la guerra de nueva generación que a todos envuelve y lo hace sin ruido, salvo el que provocan las redes.
La persona humana desplazada
Si volteásemos la cara, sin volvernos estatuas de sal, cabría dar cuenta que tras décadas de esfuerzos loables y desde distintos ángulos para que se retome el único sendero susceptible de humanizar la vida en el planeta, el del respeto a la persona y el ofrecerle a la persona garantías para la tutela y protección efectivas de sus derechos fundamentales con independencia de sus Estados de adscripción, lo constatable es la burla que a la misma Humanidad le significa la Corte Penal Internacional que nació con el siglo que avanza.
Mientras que la Asamblea de los Estados Parte de la Corte ha destituido al fiscal Karim Khan por “conducta inapropiada grave”, cuya hermana, además, asesora a Delcy Rodríguez, hoy designada por el presidente norteamericano como la dictadora interina de Venezuela, esta, referida durante una década como presunta criminal de lesa humanidad en los informes de la ONU, ayer anunciaba que retiró a su país de la Corte. Lo celebró, por si no bastase, el Departamento de Estado.
Lo veraz es que el escapismo sigue dominando en la ONU, mientras el terremoto de la guerra ―he allí a Ucrania, en las puertas que dividen al mundo― sigue su curso. Se distraen en la ONU dialogando sobre “medidas globales urgentes para mejorar la calidad del aire”, en Nairobi. Y Guterres, asumiendo su barranco, como para que algo de él registre su historia, mientras, vemos a la ciencia y al ingenuo humano avanzando con celeridad, sentencia la “falta de voluntad política, el egoísmo y la desconfianza” que observa. Esas tenemos.
Las variables que dominan sobre el vacío son otras. Avanza la gobernanza global por las plataformas sin Estado ni leyes capaces de sujetarlas; las naciones, antes agrupadas en Estados se dispersan, migran por sobre el planeta y asumen identidades varias; insurge y domina la virtualidad económica desde las finanzas y sus criptomonedas, que no plantan vides ni las podan o riegan y que es ajena a las manos callosas que vendimian y depositan los jugos en odres antes de venderlos para que sean catados y después escanciados en cada fogón familiar.
Un mundo sin árbitro
Entre tanto, repitiéndose el distanciamiento social que estrena en el planeta el covid-19, vivencia ominosa, ahora los migrantes se encierran y también distancian para salvarse; para que no los arrastren las “camisas pardas” (Sturmabteilung) o las SS (Schutzstaffel) de nuevo cuño. En distintas partes del planeta, no solo en USA, se planifican y ejecutan fríamente deportaciones en masa, previa escala en campos de concentración en los que recogen a sus miles de víctimas para hollarlas y hasta separarlas de sus hijos, los huérfanos del siglo XXI.
Eso sí, mientras el fuego envuelve a la Humanidad, diría el presocrático Heráclito de Éfeso que todo fluye y nada permanece inmóvil. Así el mismo fuego provocará la lógica de los contrarios, el equilibrio de los opuestos. Y para que esto último pueda ocurrir, otro secretario con auctoritas mundial suficiente ―no los burócratas del caso― habría de conducir el asentamiento de las capas tectónicas que trepidan y la organización de la globalización que posteriormente las asegure.
