El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, se ha transformado en un nuevo centro de castigo para los privados de libertad.

El OVP informó que en los últimos meses se han reportado múltiples traslados desde diferentes penales del país hacia este recinto, sin notificar a los familiares ni a los jueces, y una vez que los detenidos llegan a Tocuyito son aislados, impidiéndoles cualquier tipo de contacto con sus seres queridos.

Familiares denunciaron ante el OVP que los reclusos están siendo concentrados en una sola torre, la paquetería que reciben es escasa y, en muchos casos, ni siquiera han podido acceder a artículos básicos de higiene personal.

“Están sin colchonetas, sin sábanas, sin uniformes ni ropa interior. Mi hijo me dijo que lo sacaron sin nada, no tienen ni cómo cepillarse”, relató una de las madres.

Una mujer también explicó que este grupo de detenidos, trasladado desde distintos estados del país, no recibe visitas desde hace más de dos meses, y apenas les permiten unos minutos de sol al día, ya que permanecen encerrados en las celdas. Según los familiares, todos comparten un mismo denominador común: fueron enviados a Tocuyito como represalia por alzar la voz y exigir sus derechos.

“No sabemos en qué condiciones están ni cómo se encuentran de salud. Algunos dicen que han sido maltratados, otros prefieren callar para no preocuparnos”, comentó otro familiar al OVP.

Reclusión diferenciada

Asimismo, OVP pudo confirmar que en Tocuyito permanecen recluidos algunos venezolanos deportados desde Estados Unidos, quienes tenían órdenes de aprehensión en el país. Estos se encuentran en otra torre, separados del resto, y son conocidos como “los connacionales”.

En esa misma área también están detenidas personas arrestadas en los recientes operativos del régimen contra la llamada “guerra económica”. A diferencia de los presos trasladados como castigo, este grupo sí ha tenido acceso a visitas familiares.

Los familiares señalaron además que la custodia del penal está a cargo del grupo denominado SESMA, cuyos integrantes visten de negro, usan pasamontañas y no portan identificación.

“Hemos escuchado que este grupo tortura y maltrata, estamos muy preocupadas. No entendemos por qué los trasladaron aquí, lejos de sus familias, solo nos dicen que están castigados”, comentó una de las madres.

Exigencias al ministro

El penal de Tocuyito fue desalojado en octubre de 2023 y sus instalaciones fueron reacondicionadas en tiempo récord para recibir a personas detenidas de forma arbitraria tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En febrero de este año, los presos políticos que aún permanecían allí fueron trasladados a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, dejando nuevamente vacío el recinto. Sin embargo, testimonios recientes confirman que, desde hace al menos tres meses, se han retomado los traslados hacia Tocuyito sin justificación alguna ni control judicial.

En ese sentido, el OVP condenó el “silencio cómplice” del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que aseguran, continúa negándose a ofrecer información sobre los detenidos recluidos en Tocuyito.

“Este hermetismo institucional no solo vulnera los derechos de las personas privadas de libertad, sino que también profundiza el sufrimiento de sus familias, que llevan meses sin saber dónde están sus seres queridos ni en qué condiciones se encuentran”, apuntó.

El observatorio exigió al Ministerio de Servicio Penitenciario que informe de inmediato cuántas personas están recluidas actualmente en Tocuyito, bajo qué criterios fueron trasladadas y por qué la custodia del penal “se encuentra en manos de grupos no identificados y no de funcionarios debidamente identificados”,

Asimismo, demandó la publicación urgente de un listado oficial con los nombres de los detenidos para que sus familiares puedan ejercer su derecho a la comunicación, la visita y el conocimiento de su paradero.

El OVP recordó que el aislamiento prolongado, la incomunicación y la privación de luz solar son formas de torturas, trato cruel e inhumano que violan abiertamente los derechos humanos y los estándares internacionales en materia penitenciaria.

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