“En una república libre el único soberano es el pueblo”. Así reza, con sencillez y énfasis que no deja espacio para las reinterpretaciones, el Manifiesto de Libertad hecho público por María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, líder civil de los venezolanos. A lo que ajusta, como propósito que hemos de acometer todos, asegurándonos su compañía, “levantar una sociedad libre, en la cual el gobierno sirva sus ciudadanos”. Para ello, dice, no debemos apelar “al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano”; ya que no dependen estos, de poder alguno, tiránico o no, pues todos a uno son el fundamento de la verdad y la concreción de la libertad. Nadie, en suma, puede dictar lo que es nuestro por derecho: la libertad.
Una premisa sintetiza y es el eje transversal, como principio, del manifiesto y su conjunto conceptual fundamental: “la dignidad de toda alma humana es sagrada”. Es y ha de ser “la fuerza motriz de nuestra revitalización nacional”, la que al cabo representa –es lo que debe subrayarse– y ha de significar un verdadero quiebre histórico, en la Venezuela del porvenir y por hacerse.
Como Jano, sin decirlo así, el Manifiesto de Libertad nos devuelve hasta las fuentes de lo que somos genuina y genéticamente los venezolanos. Redescubre nuestras huellas extraviadas; esas que nos han impedido, a lo largo de algo más de 200 años si los contamos desde la caída de la Primera República en 1812, el reencontrarnos con nuestro ser. Se nos ha falseado, volviéndosenos, a lo largo del tránsito recorrido y como nación en cierne, un ser inacabado y adánico, una suerte de No-ser a perpetuidad. “Como vaya viniendo, vamos viendo” ha sido nuestra constante, el ancla que nos ha hecho vivir sujetos como objetos bajo recurrentes dictaduras y dictablandas.
Leo el manifiesto, y mi pensamiento viaja para confundirse con el de uno de nuestros padres fundadores de levita, Miguel J. Sanz, secretario de Estado de la Primera República: “Sólo el pueblo que es libre como debe serlo puede tener patriotismo”, escribe. Se trata de un eximio jurista, olvidado, que fue parte de los actores de la Venezuela de 1808, 1810 y 1811, quien egresa de nuestra Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima y del Beato Tomás de Aquino, la universidad que fuese de Caracas, nuestra actual Universidad Central de Venezuela.
“La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, sino un derecho inherente a la naturaleza misma de nuestra humanidad”, prosigue el Manifiesto de María Corina. Precisa de tal modo y en forma rigurosa lo que es y significa un derecho humano veraz y en tiempos de inflación y de banalización de los derechos. Nos explica el porqué del «principio rector» de la dignidad humana, como freno y para enfrenar al monstruo marino del Leviatán, al poder, al Estado, tal como lo hiciesen los alemanes tras el Holocausto y al forjar su Constitución de 1949. Todo lo contenido en esta, sea en los principios, ora en los derechos, en lo atinente a la organización del poder y a sus formas, siempre se ha de interpretar en favor de la libertad –pro homine et libertatis– y no en favor del príncipe, tal como lo prescribe su primer artículo.
No son estos, la dignidad como principio, la libertad como continente, los derechos humanos como contenidos y realizadores de la personalización, los que arbitrariamente podamos imaginar nosotros mismos –como cuando declaramos el derecho «humano» de un árbol o de un animal– o los que, eventualmente, puedan emerger como derechos subjetivos por obra de un pacto social y del Derecho. Son la dignidad, la libertad y los derechos humanos los pertenecientes y los referidos a la condición humana, los que son y se desprenden de lo que somos en esencia los seres humanos, los hombres –varones y mujeres– por naturaleza y como criaturas. La dignidad y la libertad, por lo mismo, son un don que nos llega atado a “nuestra humanidad” creada y obra de la creación. Preceden a la sociedad y obligan a la plaza pública.
Obviamente, de entrada, el Manifiesto a la Libertad corre en vía contraria a lo que ha sido nuestra historia, debo reiterarlo, sobre todo a nuestro más reciente pecado que he llamado el pecado original de lo actual, a saber, la Constitución de 1999. Su artículo 3 sujeta a la persona humana y la sostiene, cosificándola, bajo la tutela del Estado, encomendándosele a este el “desarrollo de la persona”. No es la persona, así las cosas y a la luz de dicho predicado, la que ha de desarrollarse por sí misma y forjar su proyecto de vida, ya que, en sincronía cabal con la doctrina bolivariana, tal como lo precisa el artículo 1, el pueblo es débil y todavía impreparado para la libertad, por lo que reclama de un padre bueno y fuerte que le lleve hacia su madurez.
Es en ese estadio, impúber y como nación en escorzo, en el que se nos ha mantenido secularmente para oprimirnos, al conjunto de los venezolanos. Se nos ha impedido, en fin, determinar nuestra voluntad como nación y al cabo, como se constata, nos ha pulverizado el poder abyecto, volviéndonos diáspora, hacia afuera y hacia adentro, para permanecer como poder y con abyección. Pero no hay república verdadera –“la verdad es la piedra angular de toda libertad”, prosigue el Manifiesto de Libertad – allí donde la nación está ausente o no se la deja hablar, se la silencia, para que la corrupción se arraigue y la justicia desaparezca.
He de agregar que no encuentro, acaso dada la premura que me reclaman estas apuntaciones, otro u otros documentos políticos que sean hijos de un quiebre epocal como el que nos toca vivir a las generaciones del presente, que aborde la perspectiva de Machado. Esta, ahora renovada, se perdió, insisto, a partir de 1812. Los papeles de la guerra federal como el Tratado de Coche de 1863 solo dibujan y tratan de la distribución del poder. Cipriano Castro, el Cabito, al tomarlo e inaugurar nuestro siglo XX, vela por el poder: “Principios y no hombres” es su máxima, para predicar, y al jurar en 1903, que “perfeccionemos las prácticas de la República” y “el culto racional de las instituciones”.
Si se trata del Plan de Barranquilla, de 1931, elaborado por algunos de los parteros de nuestra república civil de partidos, semilla aquél de la Revolución de Octubre de 1945, le ocupa y preocupaba acabar con “la clase mantuana criolla” y “la penetración capitalista extranjera”. La división y el poder son las constantes en nuestro decurso patrio.
Por ende, se nos impone regresar más atrás hasta topar con nuestros documentos fundacionales, los genéticos. Y me refiero a la carta dirigida a los españoles americanos por el padre Pablo Vizcardo y Guzmán (1791), que la asume como suya y como decálogo de su lucha el Precursor, Francisco de Miranda. La imprime en francés y la distribuye a partir de 1799. También apunto a las Observaciones Preliminares atribuidas a don Andrés Bello y Juan Germán Roscio, introductorias a la obra Documentos Oficiales Interesantes relativos a las Provincias Unidas de Venezuela, publicados en Londres, en 1812, para así encontrarle algún paralelo con el excepcional Manifiesto de Libertad.
“La conservación de los derechos naturales y, sobre todo, la libertad y seguridad de las personas y haciendas, es incontestablemente la piedra fundamental de toda sociedad humana, de cualquiera manera que esté combinada”, dice Vizcardo y conviene Miranda. “Es esta una era nueva, en que los habitantes de Venezuela han visto por la primera vez definidos sus derechos y aseguradas sus libertades; …; pero, aunque es inmensa la transición de su anterior abatimiento al estado de dignidad en que hoy comparecen, se verá al mismo tiempo que los naturales de la América Española están generalmente tan bien preparados para gozar de los bienes a que aspiran, como los de la nación que desea prolongar su tiranía sobre ellos”.
Bien pudieron ajustar a lo anterior, Vizcardo y Bello, lo que en pleno siglo XXI, con dos centurias de retraso, hoy enarbola María Corina Machado, nuestro Premio Nobel: “Nos convertiremos… en promotor inquebrantable de la libertad en el mundo”. Es el desafío.
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