En Caracas, cada martes, jueves y viernes, Édgar Martín camina unos 3 kilómetros, desde Capuchinos hasta la parroquia La Pastora, para poder almorzar en un comedor benéfico.

A sus 84 años de edad, Martín afirma que se ha visto obligado a depender de comedores y ayudas sociales y estatales para poder subsistir, ya que su pensión es de solo 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de un dólar e insuficientes para comprar proteínas en un país en el que el kilo de carne oscila entre 9 y 19 dólares. Vive solo y nadie le da trabajo. Suma cinco años acudiendo al comedor.

“Me ayudo con la bolsita (una bolsa de comida subsidiada que es entregada a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que controla la estructura del oficialismo) cuando me llega. Yo estoy solo, mi familia se fue toda de aquí. Me quedé y estoy guapeando. De lo que me dan hoy (en el comedor), aparto comida para otros días y la guardo en la nevera, porque lunes y miércoles no dan. Si me queda algo de la bolsa, preparo espaguetis. Cuando puedo compro para hacer un sofrito, pero no puedo comprar la proteína”, expresa mientras espera el almuerzo.

En su mesa lo acompañan tres adultos mayores provenientes de otras parroquias caraqueñas (Catia y San José), con historias similares. Sin el comedor, estarían en una situación aún más precaria.

La respuesta humanitaria en Venezuela estima que por lo menos 4,4 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en el país. Niños, niñas, embarazadas y adultos mayores son quienes la requieren con mayor urgencia.

Tras encuestar a más de 12 000 hogares de todos los estados entre julio y agosto de 2025, la plataforma HumVenezuela, creada por organizaciones de la sociedad civil venezolana, destaca que las familias venezolanas tienen más ingresos en comparación con años previos, pero no un mejor acceso a alimentos.

Las estrategias de sobrevivencia han aumentado: de acuerdo con HumVenezuela, 39,2% de los hogares gastan sus ahorros para comprar comida, 43,1% piden alimentos prestados y 46,2% compran alimentos a crédito. En paralelo, otras estrategias más severas, como pedir comida en casas, restaurantes y locales, así como mendigar en las calles, también registraron un incremento.

Mientras tanto, el financiamiento internacional es cada vez menor, y esa reducción de los fondos para la respuesta humanitaria tiene un impacto directo en las personas en mayor vulnerabilidad.

Debido a la falta de recursos, generada por los recortes de sus principales donantes, en agosto de 2025 el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) anunció el cese de sus operaciones en cinco estados de Venezuela: Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas. Con esa decisión, más de 400 000 personas de 1700 escuelas dejaron de recibir asistencia alimentaria en el país, según cifras de la organización presente en el territorio nacional desde el año 2021.

Para el año escolar 2024-2025, que culminó en julio de 2025, WFP atendía a más de 827 000 personas en más de 2800 escuelas de nueve estados a través de su Programa de Comidas Escolares, que sirve comidas calientes y entrega canastas de alimentos para llevar a casa a niños menores de 5 años y al personal escolar.

Para noviembre de 2025, su alcance en ambas modalidades bajó a 350 000 personas en 1100 escuelas iniciales, primarias y de educación especial de cuatro estados: Delta Amacuro, Falcón, Sucre y Zulia. 

Antes del recorte, la modalidad de comidas preparadas y servidas beneficiaba a 249 000 personas, entre estudiantes y personal escolar, de 1586 escuelas. Para el año escolar 2025-2026, que comenzó en septiembre, la modalidad se mantiene solo en dos estados: Falcón y Sucre, y llega a 83 000 niñas, niños y personal escolar. 

En las escuelas donde implementaban el programa, el personal registró un aumento tanto de la matrícula como de la asistencia de los estudiantes. Tras el recorte, la sociedad civil alertó que la medida no solo impactaría en la alimentación de miles de niños y niñas, sino que también podría poner en peligro la educación al disminuir la asistencia a clases. Sobre este punto, WFP no ofrece datos: afirma que las cifras oficiales competen a las autoridades nacionales.

Julio y agosto de 2025 registraron los niveles más bajos de atención con asistencia alimentaria y medios de vida en todo el año en Venezuela, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

“Muchas familias en situación crítica no recibieron los insumos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, lo que puede agravar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la exposición a riesgos de protección”, advierte OCHA en su reporte de situación publicado en octubre.

Estar en inseguridad alimentaria implica no tener acceso a recursos ni alimentos suficientes, seguros y nutritivos para crecer, desarrollarse o llevar una vida saludable.

Para 2025, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela se planteó como meta recaudar 147,5 millones de dólares para poder atender a 2 millones de personas en el área de Seguridad alimentaria y medios de vida. Sin embargo, solo se ha recolectado 15,2% de la meta y se ha alcanzado a menos de la mitad de la población objetivo.

El caso de Alimenta la Solidaridad

Alimenta la Solidaridad comenzó su labor como organización no gubernamental en 2016 para hacer frente a la crisis alimentaria en algunos de los sectores más vulnerables del área metropolitana de Caracas, a través de un programa de comedores comunitarios que se extendió a otras regiones del país.

Durante nueve años en sus comedores comunitarios ofrecieron un almuerzo diario balanceado a niños, niñas y adolescentes —sus principales beneficiarios— y también a lactantes y madres embarazadas, así como a adultos mayores, pero cerraron operaciones en mayo de 2025 por falta de recursos provenientes de fondos de cooperación internacional y en respuesta a las condiciones impuestas por la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG que hicieron inviable su trabajo, según un comunicado de la organización.

El impacto social del cese de sus actividades ha sido enorme debido a que afecta, según datos de esta ONG, a unos 12 000 niños y niñas en condición de vulnerabilidad quienes recibían alimentos diarios en su red de 240 comedores en al menos 13 estados del país: Aragua, Anzoátegui, Distrito Capital, Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Zulia, Táchira, Yaracuy, Sucre, Portuguesa y Vargas.

En el municipio Sucre del estado Miranda, epicentro del nacimiento del programa, funcionaban 15 de estos centros. Tan solo en el comedor comunitario de la Vicaría de Nuestra Señora de Coromoto, en el sector de San Blas de Petare, atendían diariamente a 300 personas, en su mayoría niños y niñas.

“Estos beneficiarios quedaron a la deriva, muchos de ellos niños y niñas en edades entre 2 y 12 años quienes aún continúan en situación vulnerable. Varias mamás procesadoras de la red de voluntarias que se encargaban de preparar los almuerzos me comentan que aún llegan niños con su tacita o envase a buscar comida. El hambre no pide permiso, es muy triste no poder ayudarlos”, comenta un involucrado al programa que prefiere mantener su nombre en reserva.

Un almuerzo que incluía proteína, carbohidratos y vegetales para garantizar la carga calórica necesaria diaria era suministrado a los beneficiarios en cada jornada en los comedores comunitarios.

“No solo se les daba el almuerzo, que para mucha gente era su única comida en el día, también en el caso de niños y niñas se les hacía control y seguimiento de su peso y estatura para prevenir la malnutrición. A estos niños y niñas, lamentablemente, ya no se les hace ningún monitoreo”, explica la fuente consultada.

Una respuesta tangible e inmediata

Los comedores benéficos, sociales, comunitarios e incluso estatales que sobreviven se mantienen como alternativas para los hogares con mayor inseguridad alimentaria.

La organización no gubernamental Cáritas de Venezuela también ha registrado el cierre definitivo de comedores y recortes del financiamiento. A pesar de ello, busca mantener la ayuda.

“La subalimentación y la inseguridad alimentaria siguen siendo un problema critico en el país, especialmente en niños en desarrollo que se encuentran en zonas remotas y vulnerables”, expresa Janeth Márquez, directora ejecutiva de Cáritas de Venezuela, organización que también se dedica a medir y tratar la desnutrición en niños y niñas.

Según un boletín de la organización, correspondiente a agosto de 2025, de 2778 niños y niñas menores de 5 años evaluados en 20 estados del país, 252 tenían desnutrición aguda global (el 9,1%).

Cáritas mantiene 18 comedores comunitarios activos en 17 sectores de 10 estados de Venezuela: Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia. Allí sirven un almuerzo diario, planificado por un especialista para garantizar que cubra las necesidades nutricionales de la población objetivo.

90% de quienes atienden son niños y niñas entre 6 meses y 12 años, 5% son adultos mayores, 3% son embarazadas y madres lactantes 2% son personas con discapacidad.

Márquez considera que los comedores todavía son necesarios porque ofrecen una respuesta “tangible e inmediata” a la carencia de alimentos que persiste en muchas comunidades. Además, sostiene que fortalecen el tejido comunitario al involucrar a padres, madres y cuidadores en la logística del comedor y logran aliviar la carga familiar.

“Muchas familias manifiestan realizar solo una comida a diario o simplemente completan su alimentación con la ayuda del comedor porque de otro modo no sería suficiente. Hay muchas madres solteras que se benefician de esta ayuda”, agrega.

Su labor es posible gracias a las alianzas con otras organizaciones, con las comunidades y con las Cáritas parroquiales. De acuerdo con su informe de gestión de 2024, ese año lograron servir 345 000 raciones de comida en sus comedores.

El deber ser en la asistencia alimentaria

Ante situaciones de vulnerabilidad alimentaria y nutricional se suelen activar mecanismos de atención inmediata como la provisión de alimentos a través de una canasta alimentaria o comedores. Sin embargo, para algunos expertos en el tema, cuando estos proyectos dependen de iniciativas privadas o de la sociedad civil organizada la experiencia evidencia que su alcance suele ser limitado y su continuidad es un desafío.

“Los comedores, desde siempre, han constituido una alternativa para mitigar el hambre en situaciones de extrema necesidad, pero tienen grandes retos en materia de adecuación de necesidades nutricionales de la población, inocuidad de los alimentos, participación comunitaria, financiamiento, entre otros, que los convierte en una práctica poco sostenible, razón por la cual se recomiendan ante situaciones de extrema emergencia y de corta duración, y no en aquellas emergencias de tipo económica y social que son de larga duración. La asistencia alimentaria requiere de medidas con impacto en lo estructural, dado que son problemas públicos, que a su vez necesitan de programas, planes y políticas públicas robustas, intersectoriales de gran escala y adaptadas a las necesidades de cada grupo poblacional”, explica Yngrid Candela, nutricionista, doctora en nutrición, docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV). 

Sin embargo, este análisis no desestima que los programas de bolsas o comedores solidarios son alternativas válidas que mitigan la condición de vulnerabilidad alimentaria de las personas necesitadas en las comunidades específicas que son beneficiadas y son respuestas urgentes que tienen un impacto positivo. 

ZULIA | La ayuda disminuye, pero las listas crecen en Maracaibo

En Maracaibo, estado Zulia, los comedores se resisten a la crisis. Sus voluntarios tratan de estirar lo más que pueden los recursos con los que cuentan para que todas las personas que llegan por un plato de comida, que cada vez son más, tengan algo para comer ese día.

Las listas de beneficiarios se alargan, y en algunos programas no alcanza para todos. En octubre registraron un aumento de mujeres, hombres, niños y personas mayores que llegan con la intención de llenar el estómago y aplacar el hambre.

En La Mesa de la Misericordia, un comedor social que se mantiene por el aporte de voluntarios que donan cada miércoles el almuerzo a adultos mayores y personas con discapacidad, hay 170 personas censadas. Pero la cifra aumentó a 200 desde la tercera semana de octubre.

 “Desde hace cuatro semanas hemos notado un aumento de los comensales. Servíamos 170 platos, hace un mes y estamos sirviendo 200. Cada semana vienen más personas a registrarse”, reporta Mónica Galué, una de las coordinadoras del comedor.

Hasta ahora no les ha faltado comida. “Gracias a Dios siempre hacemos los cálculos y si falta alguien, la cocina se activa y saca algo más”, comenta con alivio.

En el menú tratan de mantener alimentos con contenido nutritivo: granos, arroz, alguna proteína animal y vegetales. De complemento, procuran entregar una bebida láctea.

Los altos precios de los alimentos, los bajos salarios y la devaluación diaria de la moneda son las causas del aumento de comensales en el garaje de la Iglesia Padre Claret, donde funciona el comedor, según la voluntaria.  

“La realidad es que si a mí, que tengo ingresos, me cuesta llegar a fin de mes con la compra de supermercado, no me imagino a los pensionados”, lamentó.

La Mesa de la Misericordia nació en 2017, cuando una de sus fundadoras vio cómo un hombre, un niño y un perro se peleaban por una bolsa de basura para quedarse con la comida que habían botado de un restaurante. Así, nació una red de amigos, familiares y voluntarios.  

Esa red ha sufrido cambios por la crisis económica: de 50 voluntarios, apenas quedan 12, y el resto migró. Pasaron de servir 900 platos diarios, en sus inicios, a solo 200 una vez a la semana.

Pero esa disminución no es exclusiva de ese comedor. Las Hermanas Agustinas de la escuela Carmela Valera, también en Maracaibo, dejaron de servir alimentos todos los días hace un año para entregar bolsas de comida una vez al mes a las personas censadas.

La razón: las deficiencias del servicio de gas doméstico y las quejas de los comerciantes de la zona por el aumento de las personas que iban por un plato de comida.

“Atendíamos a 120 personas a diario. Ahora, entregamos una bolsa con alimentos el último jueves de cada mes a 60 personas registradas”, cuenta la Hermana superiora, Leuntina Aponte.

Las 60 bolsas son insuficientes. Las religiosas tienen a otras 30 personas en una lista de espera que se viene incrementando —dice Aponte— en los últimos 15 días.

“Todos los días llegan personas, hasta con niños en brazos, a pedir comida y los anexamos a la lista. Sin embargo, ninguno se va sin recibir algo. Nunca se van con las manos vacías, le damos una harina o un arroz”, añade.

 Las bolsas tratan de armarlas al menos con 5 artículos: arroz, pasta, harina, azúcar, algunas veces mantequilla y otras veces café. Todo depende de lo que puedan comprar con las donaciones.

 “La ayuda ha disminuido. Los recursos, si vas a comprar los productos, ya no te alcanzan de verdad”, lamenta. Asegura que confían en que las bolsas las seguirán llenando con la “providencia de Dios”.

En Maracaibo funcionan otros comedores, la mayoría en las iglesias, como el Hogar Clínica San Rafael y la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. No entregan comida a diario y la atención prioriza a niños, ancianos y discapacitados.

CARACAS | “Garantizamos que los chamos coman”

En Caracas, la vía que comienza en la avenida Norte 10 de La Pastora y termina en la Calle Real de Puerta Caracas concentra tres comedores: el comedor benéfico de la organización internacional Remar; la Casa de los Abuelos Divina Pastora, que depende de la Alcaldía de Caracas, y el comedor solidario San Judas Tadeo, gestionado por la Red Solidaria de los Agustinos Recoletos (Arcores Venezuela), activo desde hace 25 años.

En el comedor solidario San Judas Tadeo, al final de la Calle Real de Puerta Caracas, entregan almuerzo a 170 personas —entre adultos mayores, madres solteras y personas en situación de calle— cada martes y viernes entre las 11 am y las 12 del mediodía. Para determinar a quiénes entregarán la comida, realizan un censo dos veces al año y les entregan un carnet.

A pesar de tener contados a los beneficiarios, deben preparar más comida de la necesaria: normalmente aparecen entre 20 y 40 personas más que no están censadas pero que igualmente acuden en busca de alimentos.

Los agustinos recoletos también gestionan el Centro Comunitario San Judas Tadeo, en el barrio El Polvorín de La Pastora. Allí sirven almuerzos de lunes a jueves a 43 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 14 años, provenientes de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad de la parroquia.

“Garantizamos que los chamos coman. Antes se llevaban la comida y si el niño tenía muchos hermanitos, el niño no comía. O se lo comían la mamá o el papá, y mantenían ellos la desnutrición. Decidimos ingresar a los hermanos y estamos pendientes de pesarlos, tallarlos, medirlos”, explica Annier Portillo, coordinadora de la obra social de la Olla Solidaria San Judas Tadeo, el programa que permite la existencia de los comedores.

Según la trabajadora, mantenerse activos no ha sido fácil, pero se apoyan en la feligresía y constantemente están en búsqueda de donaciones y proyectos. Portillo asegura que, aunque la situación no está tan grave como durante los años más duros de la crisis económica, los ingresos de las familias siguen siendo insuficientes para llevar una alimentación balanceada y todavía ven niños con desnutrición.

“No todos tienen para llevar una vida nutricional correcta. A nivel adquisitivo, a las familias no les da para comprar proteína, y tenemos edades importantes en nuestros niños, que deben recibir proteína, igual que los adultos mayores”, añade.

Más abajo, frente a la esquina Torrero, La Casa de los Abuelos de La Pastora recibe diariamente entre 130 y 150 adultos y adultas mayores. Funciona desde enero de 2024 y sirve desayuno, almuerzo y merienda. Según Martha Santana, directora del espacio, atienden a personas que vienen de distintas partes de la ciudad: desde el 23 de Enero hasta Petare. En unas instalaciones amplias, se organizan para comer en grupos de 30 personas.

Aunque quienes se benefician agradecen la ayuda, algunos aseguran que las porciones son pequeñas. También es posible ver personas que, en un mismo día, retiran comida en el comedor de la organización Remar y luego pasan por la Casa de Los Abuelos.

La “escasez de dinero” es lo que motiva a las personas a ir a los comedores, manifiesta Gladys Utrera, de 75 años, vecina de Quinta Crespo que acude al Centro Dietético Socialista (Cedis) Olga Luzardo, otro comedor estatal dependiente del Instituto Nacional de Nutrición (INN), en la esquina Crucecita de la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas.

Allí registran a los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas y lactantes y les entregan un carnet. Trabajan de lunes a viernes y reciben de 100 a 200 personas entre registrados y “rezagados” como Utrera: aquellos que aún no están censados pero que se acercan con su envase a ver si sobró comida. El próximo censo, aseguran, será en enero de 2026.

MIRANDA | “A veces solo hay arroz con mortadela”

Arcadia tiene 68 años y una pensión que no le alcanza para comer todos los días. Vive sola desde que sus hijos emigraron en 2022 y, cuando no recibe alguna remesa, sobrevive con lo poco que le da el programa Amor Mayor.

Tiene reumatismo, su cuerpo le duele y camina con dificultad, pero cada mediodía, con esfuerzo y cansancio, se acerca al comedor ubicado adyacente a la plaza del Estudiante de Ocumare del Tuy, en Miranda, en busca de un plato de comida.

 “Algunas veces nos dan arroz con mortadela, otras, granos con pasta o pasta con sardina. Cuando hay pollo, es desmechado dentro del arroz. Eso es un lujo”, cuenta con resignación.

 Como Arcadia, cientos de personas en Ocumare del Tuy, estado Miranda, dependen de las casas de alimentación para comer. En el municipio hay al menos cuatro, pero no siempre funcionan.

 “Hay días que no preparan nada, porque no llegan las provisiones”, explica una trabajadora del lugar que pidió no ser identificada. La escasez de proteínas es una constante y la capacidad de atención es limitada frente a la creciente demanda.

En el urbanismo Ciudad Betania de esta ciudad, donde viven al menos 4500 familias, también funciona un comedor. Sin embargo, sólo atiende a unas 150 personas. “Poco a poco se fue reduciendo la cantidad de beneficiados y no debería ser así, porque aquí hay mucha necesidad”, lamenta un residente de este conjunto habitacional de la Gran Misión Vivienda.

En el vecino municipio Urdaneta, también de los Valles del Tuy, existen 19 casas de alimentación, a cargo del Ministerio de Alimentación, pero el comedor popular que está en el centro de la ciudad dejó de atender al público.

“Antes comíamos allí, pero ahora nos dicen que no hay capacidad operativa”, relata Ramona Pérez, de 72 años, quien vive con su hijo de 45. Él trabaja en Caracas y la visita los fines de semana. “Me ayuda bastante, pero hoy en día el dinero no alcanza. Y la pensión que recibimos nosotros prácticamente es una burla”, dice con voz quebrada.

En el municipio Guaicaipuro, los antiguos comedores fueron reemplazados por las llamadas Bases de Misiones, centros comunitarios que ofrecen servicios sociales.

“Solo atienden a los más vulnerables. Ya no hay comedores populares como antes. Fue difícil mantener este programa, debido a la crisis económica y a la alta demanda”, indica un vocero gubernamental, sin precisar cuántas personas reciben alimentos.

La historia de Arcadia y Ramona es la de muchas mujeres mayores en Venezuela: solas, enfermas, con ingresos insuficientes y dependiendo de un sistema de asistencia que no da abasto. En sus palabras se refleja una realidad que duele: la comida, en muchos hogares, se ha convertido en un privilegio.

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