En los regímenes totalitarios, el sistema judicial está bajo el control absoluto del ejecutivo. Las leyes se implementan de manera arbitraria y no para proteger los derechos individuales. Los juicios carecen de transparencia, y el debido proceso es un concepto inexistente, ya que las decisiones judiciales están determinadas por la política y la ideología del régimen. Los disidentes y opositores políticos son víctimas de todas las herramientas que posee el estado para mantener el control y perpetuarse en el poder. Esto lo sabemos… Pero que esta locura ocurra en países que fueron faros de libertad y justicia en su momento, deja mucho que desear. Sin embargo, el que todavía existan jueces que actúan sin miedo y con humanidad, habla de que no todo está perdido.
Un video publicado en Instagram y que yo reposteé, habla de la historia de Helen, que ha resonado en el corazón de muchos. Con más de medio siglo compartido, su amor por su esposo se convirtió en el motor de un acto desesperado:
Helen y su esposo enfrentaban una situación crítica debido al alto costo de los medicamentos que él necesitaba, un enfermo de 88 años. El precio de los fármacos había aumentado considerablemente, pasando de 50 a 940 dólares al mes, una suma inalcanzable para ellos; encima, su seguro médico había sido suspendido, lo que complicó aún más su situación financiera y limitó su acceso a la atención adecuada. Esta presión económica contribuyó a las decisiones que tomó Helen en un momento de desesperación, y puso de relieve los desafíos que muchas personas mayores y sus familias enfrentan.
Cuando su compañero de vida comenzó a desvanecerse, Helen, desesperada, llegó a una farmacia, donde, en un intento de salvar la vida de su pareja, tomó los medicamentos en un momento de descuido del empleado, y se marchó sin pagar. Esta acción, motivada por el amor y la urgencia, la llevó a ser arrestada en el mismo instante en que salía de la farmacia. Los policías, sin ningún atisbo de piedad, le pusieron esposas y se la llevaron como si se tratara de una delincuente común. La angustia hizo que el estado de salud de Helen se complicara, por lo que tuvo ser trasladada a un hospital antes de enfrentarse a la ley.
Al llegar a la corte, la imagen de Helen, una anciana pequeña, delgada y frágil, aún en bata de hospital y con las esposas puestas, dejó a más de uno no sólo impresionado, sino indignado.
Su voz tenue, sin embargo, resonó. Estaba bañada en una mezcla de desasosiego y amor: “No sabía qué más hacer… él no podía respirar”. Estas palabras encapsulan un sentimiento universal: la lucha y el sacrificio que muchos están dispuestos a hacer por sus seres queridos.
El juez, al escuchar su historia, demostró que en medio de un sistema a menudo rígido y deshumanizado, hay quienes todavía tienen espacio para la empatía y la comprensión. Su conducta me llenó de esperanza. “Esta mujer no es una delincuente”, dijo. A continuación desestimó los cargos y ordenó que se le proporcionara atención médica gratuita a Helen y a su esposo. No sólo fue un acto de justicia, sino un recordatorio del valor de la humanidad en el ejercicio de la ley.
La decisión del juez sirve como un importante ejemplo de que, más allá de las regulaciones y procedimientos legales, la justicia también debe estar acompañada de compasión y contexto. Hace unos meses escribí sobre otro juez, Frank Caprio, quien se destacó por sus decisiones ajustadas a derecho, pero siempre con una perspectiva de humanidad que jamás debería perderse.
La historia de Helen recalca que la vida a menudo presenta situaciones complejas que requieren más que una respuesta legal: requieren un entendimiento del ser humano detrás de cada acción.
A medida que la historia de Helen se difunde, se vuelve un llamado a todos: nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos las complejidades de la vida y la necesidad de mantener un espacio para la compasión, incluso en las circunstancias más difíciles.
En última instancia, la valentía del juez, cuyo nombre desafortunadamente desconozco, al tomar esta decisión, no solo impactó la vida de Helen y su esposo, sino que también dejó una profunda huella en aquellos que fueron testigos de esta conmovedora historia.
En un mundo donde el amor puede llevarnos a actuar de maneras inesperadas, su legado nos recuerda que la compasión, la piedad, la empatía y la humanidad (en una palabra, el amor), deben ser las guías de nuestras respuestas ante el sufrimiento ajeno.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 1 de diciembre,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado que el espacio aéreo venezolano debería considerarse como “totalmente cerrado”, lo que acentuó las tensiones entre ambas naciones. El gobierno de Nicolás Maduro ripostó con un fuerte comunicado para denunciar y condenar lo que califica como una “amenaza colonialista” por parte de Estados Unidos. El Ejecutivo denunció que Trump pretende aplicar “extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela” y “dar órdenes o amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.
Por su parte, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, saltó para cuestionar a Trump y para advertir que su orden era “ilegítima”, y casi al final de este movido fin de semana, el propio Trump reveló que había conversado con Maduro, sin revelar muchos detalles de la conversación y afirmando que no fue “ni buena, ni mala”.
Consulta las noticias en donde se relata este vaivén entre Venezuela-EEUU
En las redes sociales se viralizó el momento en el que funcionarios de la PNB sacaron de su casa al secretario general de la CTV (e), José Elías Torres. El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical denunció que la detención se practicó sin orden judicial y sin informar el motivo.
#EsNoticia |🚨⚖️ PNB secuestra al líder sindical José Elías Torres en Caracas
🇻🇪 Funcionarios de la PNB sacaron de su casa al secretario general de la CTV, José Elías Torres, sin orden judicial y sin informar el motivo de la detención, denunció el Observatorio Venezolano de… pic.twitter.com/f2Jc1vfCF4
Nicolás Claveau, esquiador venezolano, clasificó el pasado viernes a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026. Claveau nació en Venezuela, pero reside en Canadá.
El dúo venezolano San Luis, integrado por los hermanos Luigi y Santiago Castillo, estrenó el pasado 28 de noviembre en YouTube su “Free Cover”, una sesión musical de 20 minutos en la que hicieron un recorrido por sus éxitos estilo pop-latino cargados de sentimiento y que le han valido importantes reconocimientos internacionales. El concierto ya tiene casi 1 800 000 reproducciones.
Luego de un fin de semana de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que había conversado con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.
“No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, dijo Trump desde el Air Force One, cuando se le preguntó si había hablado con el dirigente oficialista.
Días atrás, el New York Times había revelado que esta conversación tuvo lugar a mediados de noviembre y que se discutió una posible reunión entre ellos en Estados Unidos.
Los periodistas insistieron en conocer en qué términos se desarrolló ese intercambio y si hubo resultados satisfactorios, a lo que Trump respondió: “No diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.
Fin de semana de tensiones
Durante este último fin de semana de noviembre las tensiones entre ambos países se incrementaron. El pasado sábado, Trump dijo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”, decisión que justificó también este domingo al asegurar que esta nación “no es un país amigable” y que enviaron “millones de personas” provenientes de cárceles y de pandillas.
Posteriormente, el gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado para denunciar y condenar lo que califica como una “amenaza colonialista” por parte de Estados Unidos. El Ejecutivo denunció que Trump pretende aplicar “extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela” y “dar órdenes o amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Con el mismo título, a la manera de subtítulo, escribí recientemente sobre el ¡nunca más! Tras lo padecido indiscriminadamente por la nación venezolana bajo un régimen hoy acusado de la comisión de crímenes de lesa humanidad, pudiese aparecer como amenaza real el que las víctimas demanden el ojo por ojo, el diente por diente. Ello, como lo creo, no sería consistente, sin embargo, con la lección que el mismo pueblo le dio a su victimario –Nicolás Maduro Moros– durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Tras décadas de ardiente confrontación, un gesto de civismo lo dejó al desnudo, sujeto al desprecio de toda la opinión internacional.
La idea de la justicia que busco subrayar esta vez y como antes lo dije, es ajena a la noción de la venganza. A las instituciones a las que les toque juzgar en el porvenir a los criminales del régimen venezolano, si bien habrán de hacerlo con vistas a cada caso, sin mengua de la actuación esperada y retrasada por la Corte Penal Internacional, en la hipótesis se habrá de tratar de que tal tarea sea asumida por una judicatura independiente, obra del restablecimiento constitucional y democrático. De paso del desorden hacia el orden, que ha de asegurarse en su continuidad una vez alcanzada la gobernabilidad del país.
No podrá volverse dicha tarea un amago o simulación de justicia, condenado al fracaso, sea por su eventual ideologización, ora por yerro de sentido común. La historia de las Américas y la de Venezuela muestra como experiencia suficientes casos. Me viene a la memoria lo dicho en algún momento por una víctima de la dictadura chilena de Pinochet, devenida en representante de la vindicta pública, a cuyo tenor –afirmaba– si acusase a sus verdugos desde el dolor por ella sufrido estaría vulnerando la idea de la Justicia; quedaría emparejada con quienes la destruyeron.
En ese orden, en lo personal, he hecho propia la enseñanza que dictase Benedicto XVI apelando a San Agustín, teniendo presente a sus compatriotas alemanes una vez como logró ser desarraigado el nazismo: –“Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó a él; cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político”, recordaba.
La cuestión es y seguirá siendo agonal para los venezolanos, de cara al instante en que cristalice como momento posible el espíritu constituyente en boga –no digo reconstituyente– de la nación que habremos de ser. Sus huellas se nos extraviaron desde la caída de la Primera República, tras la entronización del mito del gendarme necesario luego de las guerras fratricidas por nuestra Independencia. Y como la idea de la nación y la determinación de su voluntad ha de anclar sobre valores éticos compartidos, propios de nuestro ethos, los que hubieron de ser y no lo fueron como precedentes para la construcción de la república y de sus principios ordenadores, uno y el más importante será el del criterio que tengamos acerca de la Justicia. Que es tal, al menos teóricamente, como dimensión en la que todos y cada uno podamos realizar nuestras libertades, aseguradas, no dadas u obsequiadas, por el poder constituido.
Lo primero que hemos de recordar es que lo actual partió de un pecado original, previo al dictado de la Constitución de 1999. Se trató del asalto al Poder Judicial por una comisión de emergencia constituyente que destituyó a todos los jueces sustituyéndoles por provisorios. Los sujetó e hizo dependientes del poder que los nombraba. No por azar, como desagüe ominoso, constatado la Misión de Naciones Unidas para los Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, “los jueces amenazaron a las personas acusadas con imputarles injustificadamente delitos graves relacionados con terrorismo si no se declaraban culpables de otros delitos más leves de los que se las acusaba”. Y “las y los actores fiscales y judiciales, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, desempeñaron un rol importante en la represión del Estado.”
Lo cierto, sin embargo, es que la gravedad de este desenlace corriente es la fatal consecuencia de la utilización sistemática de la Justicia para criminalizar o contener el debate político y democrático; o para purificar las desviaciones e inconstitucionalidades que se han hecho hábito en el ejercicio sin cortapisas del poder gubernamental no solo en Venezuela sino también en América Latina. Los ejemplos huelgan.
Así como Lula da Silva le devuelve a Bolsonaro su cárcel –en el primer caso por su palmaria corrupción a través de la empresa Odebrecht y la de este, acusado de intentar un golpe de Estado en Brasil– el presidente salvadoreño Bukele acabó, desviando el sentido de la soberanía popular democrática, con la Justicia constitucional, para evitar los controles que ejercía sobre su gobierno. Tanto como, si revisamos la experiencia nuestra, la venezolana, constataremos que, a raíz del 18 de octubre de 1945, el llamado Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa abrió un paraguas para no dejar fuera a ningún actor vinculado a los tres gobiernos precedentes. Rómulo Betancourt atribuyó a ese error el descalabro de su revolución democratizadora, que dio lugar a la década militar clausurada el 23 de enero de 1958.
Incluso, así, por decisión de los partidos forjadores de la república civil –Acción Democrática, COPEI y URD– se politizó institucionalmente la Justicia mediante la creación del Consejo de la Judicatura, bajo protesta del primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1973). Cada partido tuvo su cuota de jueces. El maestro y exrector de la UCV, Rafael Pizani, ministro de Educación a inicios de la democracia y hombre de probada honorabilidad, a fin de diluir los temores fundados se le encomendó dirigir al consejo naciente. Al poco tiempo renunció, constatando el error de esa iniciativa que, sin poder contenerla, maltrataba la necesaria autonomía e independencia judicial.
Mas tarde, con la misma ley de probidad administrativa que animara su propio gobierno al objeto de enfrentar al morbo de la corrupción, fue perseguida con saña la casi totalidad de los ministros y gobernadores que ejercieron bajo la presidencia de Luis Herrera Campíns (1979-1984). La historia, enhorabuena y con retardo, le ha reconocido su probidad cabalmente franciscana. Pero no le perdonaban, entonces, haber invertido la pirámide electoral como lo hizo para acceder al poder con apoyo de los sectores más pobres del país, considerados por el partido histórico, Acción Democrática, como su coto de caza. Y nada que decir, por lo evidente, del posterior uso de la Corte Suprema de Justicia para destituir, antes de que concluyese su mandato presidencial, a Carlos Andrés Pérez. Una aviesa criminalización de la política propulsada por José Vicente Rangel, luego vicepresidente del régimen que ha acabado con los derechos humanos en Venezuela, se hizo espacio en una hora en la que era evidente la agonía del sistema político y cuando tomaba cuerpo el desencanto con la democracia.
En honor de la objetividad cabe ajustar que, así como en 2015 la Asamblea Nacional de Diosdado Cabello, derrotada por el pueblo, aprovechó la coyuntura para reorganizar la Justicia dictatorial y designar como magistrados, al margen de los requisitos que exige la Constitución, a diputados que habían perdido su curul, el cuerpo legislativo siguiente, en 2017, intentando corregir el entuerto no lo hace de manera ortodoxa.
Si en 2019 la Asamblea presidida por Juan Guaidó forja un inexistente gobierno parlamentario, tras la ausencia de un presidente constitucionalmente electo, luego de la inconstitucional usurpación de sus tareas parlamentarias por el Tribunal Supremo oficialista, aquella usa de sus competencias y procede a designar a 33 magistrados, en su mayoría suplentes. De estos algunos no llenan las exigencias, y de conjunto son repartidos entre los partidos integrantes de la oposición a Nicolás Maduro. Perseguidos por la dictadura viajan al exilio, desde donde han sido un ariete inevitable para la controversia política, entre los mismos magistrados electos.
El cáncer de las democracias
La judicialización de la política, en suma, es el virus o la enfermedad que carcome, incluso a las democracias más fuertes como la colombiana o la norteamericana, para no mencionar la israelí. Es, sin lugar a duda, el factor de quiebre de la piedra angular que ha sostenido a la libertad en Occidente. Quienes han perdido son las víctimas, los carentes de todo poder. Si ayer, ante la arbitrariedad de los gobernantes podían estas recalar con sus reclamos en el parlamento para que ejerciese los controles políticos indispensables, en defecto de aquellos y de este, mediante una Justicia sin autonomía, se han quedado a la deriva, huérfanos de toda protección real.
Al propio Donald Trump se le critica acremente, más por su verbo y su talante que por sus acciones, que bien podrían juzgarse de arbitrarias. Empero, en todos los supuestos y a propósito de aquellas, sin dejar de controvertir ante la opinión pública –que es lo propio de cualquier democracia madura– el presidente norteamericano no ha desacatado a la Justicia. Ante ella viene ejerciendo sus recursos –lo hizo siempre como expresidente– y esta vez los impulsa con un fuerte voluntarismo hasta llevar sus criterios ante la última instancia, la de la Corte Suprema. Por lo que, en medio de sus embates, nada ajenos a los que vive la deconstrucción política y cultural en avance, puede afirmarse que la constitucionalidad norteamericana goza de buena salud.
Trasladar la política para que los jueces terminen siendo dictadores y reformadores de las leyes, haciéndoles decir lo que no dicen para impulsar regímenes de mentira, como era lo propio del fascismo italiano, en nuestro tiempo se le conoce como la práctica del lawfare. Es una figura inventada, a propósito, por los sectores políticos que adversaran al primer Trump, a fin de no darle tregua y si es posible, llevarlo hasta la cárcel, como se intentó varias veces. Lo paradójico es que los creadores de esa franquicia, ahora cuando se les devuelve por obra de sus actos inconstitucionales y colusiones criminales (Argentina, Bolivia, Ecuador, España), les recriminan a sus víctimas el verse ahora como víctimas de su mismo engendro.
Con vistas al porvenir, he aquí lo que importa, es urgente que estemos prevenidos los venezolanos, primero, en cuanto al fenómeno o aporía que se ha puesto de moda, es decir, creer que pueden protegerse los derechos fundamentales de la persona y del ciudadano fuera de la democracia y sin Estado de derecho. Lo advirtió hace algún tiempo, como fenómeno pernicioso, el juez interamericano Sergio García Ramírez. Segundo, así como lo refiero en mi más reciente libro (Narcoterrorismo de Estado y reconstrucción de la libertad en Venezuela, IDEA/EJV, 2025), urge dotar al país de una administración de Justicia imparcial, competente, proba, valiente, meritoria, de criterio independiente, sujeta y solo sirviente de la ley. Ha de ser la tarea sustantiva e instrumental, que le dé sentido de realidad al empeño de construir la memoria de lo padecido por el país bajo el Estado narcocriminal que se nos instaló durante los últimos 26 años. Al cabo, será el juez quien habrá de fijar la verdad inconmovible de los hechos registrados y de cada violación constatada, determinando los responsables y las consecuencias que deban ser reparadas en cabeza de cada víctima y/o de sus familiares.
Cuando Donald Trump fue electo para un segundo mandato hace un año, aventuré varios atisbos de cómo podía ser esta presidencia estadounidense, tanto en su propio país como en el resto del planeta. Tengo la sana costumbre de admitir públicamente mis errores, así que hoy es una buena oportunidad para reconocer que uno de mis augurios formulados en aquel entonces estaba equivocado.
Dije que Trump manifestaría el mismo poco interés en Latinoamérica que caracterizó su primer mandato. De esa forma continuaría una tendencia que, en honor a la verdad, él no empezó, sino que había sido muy propia de sucesivos gobiernos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, muy propia de la era post Guerra Fría. La democratización de los vecinos del sur, así como el colapso del polo comunista internacional, hacían innecesaria la atención prestada en décadas previas. E incluso si había retrocesos en materia democrática (y vaya que los hubo en varios casos), de todas formas Washington tenía otras prioridades, como la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente y la contención de China como potencia emergente en el Pacífico.
Pensaba que Trump, motivado además por el aislacionismo del movimiento MAGA, seguiría este patrón hasta cierto punto, y que en todo caso su interés en Latinoamérica se limitaría a la noción de fuente de inmigrantes indeseables, para lo cual tomaría medidas mucho más relacionadas con el control fronterizo que con la política exterior. ¡Ese fue mi gran error!
En realidad, el actual morador de la Casa Blanca ha mantenido una actividad considerable en este hemisferio. Una que al parecer pone en entredicho las suposiciones previas sobre el aislacionismo de Trump. Lo que indica es que, en vez de procurar el retiro pleno de Estados Unidos con respecto a los asuntos globalizados y una suerte de versión suavizada del hermetismo del Japón Tokugawa, Trump quiere regresar a la era de la geopolítica dura entre grandes potencias. A los tiempos de “zonas de influencia” (una expresión que pudiera pasar por eufemismo para “imperios”), anteriores a la consagración de internacionalismo liberal como norte del concierto de naciones, con el respeto a la soberanía territorial e intangible de cada Estado y la cooperación entre los mismos como piedra angular. Digo “norte” porque el ideal nunca se ha concretado del todo. Piénsese, verbigracia, en las zonas de influencia de la Guerra Fría. Pero con un Vladimir Putin decidido a tragarse a Ucrania y un Xi Jinping decidido a hacer de China el hegemón de Asia y el Pacífico, quizá ya ni puede hablarse de un ideal. Tal vez Trump tenga en mente un reparto tripartito del globo en zonas de influencia para Rusia, China y Estados Unidos.
En esa visión, sin duda preocupante para los países más débiles, Latinoamérica sería la zona de influencia natural para Washington. Nihil novum sub sole. Desde principios del siglo XIX, en Estados Unidos ha aflorado una escuela de pensamiento internacional por la cual él debe ser el país dominante en este lado del planeta y que las demás potencias no tienen nada qué buscar por estos lares. Esa es la Doctrina Monroe, nombrada por quien fue apenas el quinto mandatario de la república norteamericana, quien gobernó cuando las repúblicas hispanoamericanas consolidaron su independencia.
Pues bien, ahora, según un artículo reciente de The New York Times, se habla de una “Doctrina Donroe”, esbozo de lo que ha sido hasta ahora la política del segundo gobierno de Trump hacia el resto del continente americano y que refleja, con ciertas deformaciones, el ideario del que es paronomasia. Las primeras señales estuvieron marcadas por la obsesión de Trump con transmitir fortaleza y voluntad implacables, al punto de incurrir en conductas ridículas. Así, el presidente de Estados Unidos de pronto empezó a soltar alegremente amenazas de obtener el control de Groenlandia, así hubiera que arrebatársela a Dinamarca, y de recuperar para Washington la soberanía sobre el canal de Panamá. Pareciera que Trump perdió el interés en lo primero, pues desde hace meses no habla de la gigantesca isla ártica. En cuanto al istmo, parece haberse conformado con algunas concesiones del gobierno panameño en pro de los intereses norteamericanos en el canal y en contra de los chinos.
Después vinieron más indicios. Antes de examinarlos, no obstante, haré una analogía centenaria. “Aislacionismo” es una palabra que en Estados Unidos remite con frecuencia a los años 20 del siglo pasado. Pero esa noción siempre me ha parecido bastante eurocéntrica. Lo que hizo Washington fue retraerse con respecto al Viejo Continente. Luego de la Primera Guerra Mundial, la conclusión predominante entre las elites políticas norteamericanas fue que intervenir en dicho conflicto fue poco o nada provechoso para su país, por lo que a partir de entonces convendría dejar los asuntos de Europa a los europeos. Que resolvieran ellos solos sus problemas, si los volvía a haber. Sabemos que eventualmente el ascenso del fascismo acabó con tal actitud.
Pero volvamos a los roaring twenties. Mientras aquello ocurría en el Atlántico, en el Caribe se veía algo muy distinto. Estados Unidos mantuvo un constante intervencionismo con respecto a sus vecinos meridionales. En 1924, se inmiscuyó en una guerra civil en Honduras. Hasta ese mismo año ocupó militarmente República Dominicana. También tenía tropas en Haití y Nicaragua. En rigor, las intervenciones en Nicaragua y a ambos lados de La Española comenzaron en la década previa. Podemos incluso decir que, obviando la Guerra Mexicano-Estadounidense, la era de gran proyección norteamericana hacia Latinoamérica se remonta a finales del siglo XIX. Sobre todo, a partir de la guerra con España y la consiguiente transformación de Cuba en un satélite de Washington con poca independencia real y la de Puerto Rico en un territorio ultramarino de Estados Unidos. Asimismo, la separación de Panamá con respecto a Colombia no hubiera sido posible sin que la nueva república contara con protección militar norteamericana, con miras a la construcción y control de un canal interoceánico.
En todos estos casos, la motivación de las intervenciones fue la salvaguarda de intereses nacionales de Estados Unidos (intereses que no siempre coincidían con los de los países intervenidos y a veces eran hasta antagónicos, pero esa es otra discusión). En lo que difiere la doctrina Monroe con respecto a la “Doctrina Donroe” es que a menudo es difícil distinguir dónde termina el interés nacional de Estados Unidos y dónde empieza el interés privado de Trump. Las motivaciones de sus injerencias frecuentemente han estado marcadas por caprichos ideológicos y hasta personales.
Aquellos gobiernos que se alinean con la Casa Blanca se ven recompensados. Javier Milei ha sido un aliado constante de Trump desde que llegó al poder. Voilà. Pese a que Trump se ha identificado muy enfáticamente a sí mismo como un mandatario dispuesto a minimizar las ayudas internacionales para así maximizar la inversión en el bienestar de los estadounidenses, de pronto anunció un rescate a la economía argentina.
Tenemos también la situación en El Salvador. Por años, fiscales norteamericanos estuvieron investigando las actividades de pandilleros salvadoreños presos en Estados Unidos y, entre otras cosas, hallaron indicios de un supuesto pacto entre las pandillas y el ejecutivo de Nayib Bukele. Pues resulta que Trump ha estado maniobrando para poner fin a esas pesquisas, pese a todo el esfuerzo previo de los fiscales, y que los delincuentes sean deportados a su país, donde Bukele con toda seguridad les hará callar cualquier posible revelación incómoda. Esto, desde luego, no fue gratis. A cambio, Bukele recibió en su infame cárcel para terroristas a unos 250 venezolanos acusados por el gobierno de Trump, en la gran mayoría de los casos sin pruebas ni debido proceso, de ser matones.
Pasa lo contrario con los gobiernos que Trump ve con malos ojos. Miren nada más su contrapunteo infantil con Gustavo Petro, en el que ambos han actuado como adolescentes peleando en un patio de recreo, en vez de representantes de sus respectivos Estados. Washington sí tiene una inquietud legítima en cuanto al tráfico de cocaína que sale de Colombia. Pero me parece que la reacción de Trump, incluyendo a Petro en una lista de narcotraficantes, es desproporcionada y absurda (lo digo como alguien que no profesa simpatía alguna por el presidente de Colombia). Parece más una respuesta pueril y caprichosa al igualmente pueril y caprichoso afán de Petro de criticar al gobierno estadounidense como si fuera, no un jefe de Estado, sino un activista juvenil de izquierda.
Mucho más elocuente fue la situación en Brasil. Trump les impuso unos aranceles absurdamente altos a las importaciones brasileñas, para así presionar a las autoridades judiciales de ese país que llevaban el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo. Evidentemente, no había ningún interés nacional estadounidense en el cálculo. Solo la afinidad ideológica entre Trump y Bolsonaro. También es este el caso en el que a las pretensiones de Trump les ha ido peor. Acaso por el tamaño de Brasil, su estatus como potencia regional y alianzas comerciales alternativas con China y otros países, los jueces brasileños no se doblegaron: Bolsonaro acaba de ser condenado a 27 años de cárcel. Entretanto, Trump parece haber desistido. Luego de conversaciones amistosas con el presidente Lula da Silva, los aranceles a Brasil fueron reducidos.
Lo que podemos concluir de todo esto es que la política exterior de Estados Unidos bajo la égida de Trump nos lleva a unos nuevos roaring twenties, justamente en los años 20 del siglo XXI. Es evidente que Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania lo más pronto posible y desentenderse de ese asunto. Es posible que quiera desentenderse de la seguridad y defensa de Europa, tal como sus predecesores de la jazz age. Pero mientras tanto, y de nuevo tal como los referidos predecesores, el intervencionismo en Latinoamérica es amplio, ‘à la’ manera de Trump.
Posdata: por estos días, la presente columna cumple ni más ni menos que diez años. Aprovecho para agradecer de corazón a todo el que la haya leído así sea una sola vez. También a todo el equipo de Runrunes por el espacio. Por haberme permitido expresarme en su portal todo este tiempo, sin exigencias ni censuras. A todos, mil gracias.
El operador ruso Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en ese país, canceló el vuelo que debía trasladar turistas a la Isla de Margarita este lunes 1 de diciembre, desviando los viajeros a Varadero, Cuba, o proporcionándoles la opción de reembolso.
Esta decisión se produce tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a las aerolíneas considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.
El sábado 29 de noviembre, Trump emitió un mensaje en su red social Truth dirigido a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas“, solicitándoles considerar el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores como “cerrado en su totalidad”.
La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) informó que la cancelación del vuelo se debe a la “potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles” en la zona debido al conflicto con Estados Unidos.
La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, aseguró que los vuelos se restablecerán cuando la situación se normalice y que destinarán un vuelo especial para el retorno de los turistas rusos que ya se encuentran en Margarita.
La empresa rusa ofreció a los turistas afectados hospedarse en hoteles del mismo nivel o de clase superior en Varadero (Cuba), o depositar el importe para futuras reservas si no desean viajar a la isla caribeña.
Gobierno de Venezuela rechaza exhorto de Trump a aerolíneas
La administración de Nicolás Maduro expresó su repudio a las declaraciones de Donald Trump. El Ejecutivo venezolano denunció que la advertencia de Trump busca aplicar de “manera unilateral” la jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela y calificó de “insólito” que el mandatario estadounidense intente “dar órdenes y amenazar” la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena de Venezuela.
Según el comunicado, la acción de Trump también habría suspendido los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a la reciente “orden” de su homólogo estadounidense Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano.
El pasado 29 de noviembre, en su red social Truth, Trump escribió el siguiente mensaje: “Por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores está completamente cerrado”.
Petro no tardó en refutar esta sentencia del mandatario de EEUU y ponerse del lado de la administración madurista. En un mensaje publicado en la red social X, escribió: “Quiero saber, ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”.
En tono sarcástico, continuó expresando que si esa norma existe le disculparan su “atrevimiento” pero si no “la OACI esta fallando en este momento”, Además, recalcó: “Le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional”. Hablo como presidente de la Celac y de la República de Colombia”.
En otro trino, Petro recalcó su postura y dijo que la orden de Trump “solo es legítima para las empresas estadounidenses” y que todas las demás empresas del mundo “deben decidir de acuerdo a las normas de la OACI, cuyo secretario general es colombiano”. Insistió en que las empresas de origen colombiano, “todas deben cumplir con las rutas autorizadas”.
La solicitud de aviadores colombianos
La tarde del 29 de noviembre, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) emitió un comunicado en el que expresó gran preocupación porque la aerolínea panameña Copa Airlines continúa manteniendo operaciones hacia Venezuela, pese a las advertencias de Trump sobre el espacio aéreo del país.
La asociación hizo un llamado “respetuoso” a la aerolínea que suspenda temporalmente sus vuelos desde y hacia Venezuela y aseguró que otras compañías aéreas que operan en Colombia ya han decidido suspender sus vuelos debido al “evidente escalamiento de las tensiones” y en atención a las recomendaciones de distintas autoridades aeronáuticas internacionales.
No obstante, la aerolínea de bajo costo Wingo aseguró a la agencia EFE que su operación entre Colombia y Venezuela no ha sido modificada, ya que no ha recibido “notificación oficial, por canales formales”. La compañía señaló que sigue “monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo”.
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Varias organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos reclamaron la liberación del dirigente sindical y secretario general (e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), JoséElíasTorres.
De acuerdo con la información suministrada por el Observatorio de Libertad Sindical a distintas organizaciones, Torres fue detenido la tarde del 29 de noviembre en su residencia en Bello Monte, Caracas.
“Funcionarios no identificados irrumpieron sin orden judicial en su residencia, allanaron su apartamento y se lo llevaron por la fuerza. Desde ese momento se desconoce su paradero y las razones de la detención, lo que configura una posible desaparición forzada bajo los estándares internacionales”, denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela destacó que la defensa de los derechos sindicales “no es un delito”.
Torres, integrante del Foro de Diálogo Social, se suma a la lista de dirigentes sindicales encarcelados por exigir derechos laborales y denunciar abusos: con él, ya suman 15. Para el Comité por la Libertad de Presos Políticos, este hecho constituye “un grave ataque contra la libertad sindical, la libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse, en un contexto de creciente persecución contra líderes gremiales y defensores de derechos laborales en Venezuela”
Añadieron que la actuación de los funcionarios viola de manera directa el derecho a la libertad personal y el debido proceso (artículos 44 y 49 de la CRBV). y los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical.
Además de exigir al Estado venezolano informar sobre el paradero de José Elías Torres, garantizar su vida, integridad y acceso a abogados y familiares y su liberación “inmediata e incondicional”, el Clippve alertó a la comunidad internacional, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre esta nueva agresión contra el movimiento sindical venezolano.
#EsNoticia |🚨⚖️ PNB secuestra al líder sindical José Elías Torres en Caracas
🇻🇪 Funcionarios de la PNB sacaron de su casa al secretario general de la CTV, José Elías Torres, sin orden judicial y sin informar el motivo de la detención, denunció el Observatorio Venezolano de… pic.twitter.com/f2Jc1vfCF4
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