Informes de inteligencia estadounidenses ponen en duda la cooperación de Delcy Rodríguez con el gobierno de Donald Trump, dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con los informes.
De acuerdo con esas fuentes, la administración Trump pidió públicamente a Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia de Venezuela con el aval de los Estados Unidos -luego de la captura de Nicolás Maduro-, que corte relaciones con aliados estratégicos de Caracas como Irán, China y Rusia, lo que incluiría la expulsión de diplomáticos y asesores de esos países. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún anuncio oficial en esa dirección.
La cautela de Washington aumentó después de que representantes de esos mismos gobiernos asistieran a la ceremonia de juramentación de Rodríguez a principios de mes, un gesto interpretado como señal de que Caracas podría no estar alineándose plenamente con las exigencias estadounidenses.
Las evaluaciones de inteligencia, citadas por Reuters, señalan que no está claro si Rodríguez respalda por completo la estrategia de Washington para Venezuela, un punto que mantiene en vilo a las agencias estadounidenses en un momento de transición política sin precedentes.
Si Rodríguez rompiera lazos con los rivales estadounidenses, se abrirían más oportunidades para la inversión estadounidense en el sector energético venezolano. Sin embargo, la falta de control sobre Rodríguez podría socavar los esfuerzos de Washington por dirigir a los gobernantes interinos del país desde la distancia y evitar un mayor papel militar estadounidense, reseñó la agencia.
La Agencia Central de Inteligencia y la administración de Delcy Rodríguez no respondieron a las solicitudes de comentarios. Sólo un alto funcionario de la administración Trump, que pidió no ser identificado, respondió que el presidente Trump “continúa ejerciendo la máxima influencia” sobre los líderes de Venezuela y “espera que esta cooperación continúe”.
Rodríguez, al igual que otras figuras del gobierno, han abandonado el tono conciliador que mantenían desde la captura de Maduro. En una alocución el pasado 25 de enero, la vicepresidenta encargada envió un contundente mensaje a la administración estadounidense.
“Es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática. Pero que sea con p mayúscula y v de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”, pronunció Rodríguez durante un acto en el estado de Anzoátegui en la Refinería Puerto la Cruz. “Que sea la política venezolana la que resuelva nuestras divergencias, nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta República tener que encarar las consecuencias del fascismo y del extremismo”, agregó.
Rodríguez también instó a ir a la “batalla diplomática” contra EE.UU. “cara a cara para resolver nuestras diferencias históricas” y ratificó: “Lo hemos dicho, no tenemos miedo. Porque si algo debe unirnos como pueblo hoy es garantizar la paz y la tranquilidad”.
También, pidió separar de la vida política nacional a “quienes se atrevieron a ir a Estados Unidos por el bombardeo contra nuestro pueblo”: “No merecen la dignidad de este país, ni su gentilicio (…)No son patriotas y no pueden estar incluidos en la vida de nuestra República”.
🗣️ "YA BASTA DE LAS ÓRDENES DE WASHINGTON SOBRE POLÍTICOS EN VENEZUELA"
La presidenta (e), Delcy Rodríguez, denunció que aquellas personas que han pedido agresión hacia el pueblo venezolano no merecen "ni la dignidad ni el respeto" de la población venezolana pic.twitter.com/Q1TMMbQSmg
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 28 de enero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Mientras la prometida excarcelación de presos políticos sigue ocurriendo a cuentagotas, algunos de ellos son perseguidos por una doble tragedia. Al menos Cuatro madres de presos políticos venezolanos fallecieron tras la prisión injusta y de procesos judiciales cargados de vicios.
En noviembre de 2025, Yenny Barrios, expresa política, falleció sin poder abrazar a su hijo, Diego Sierralta. La mañana del domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas. Otro caso es el de Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila. A esto se suma el caso de Rory Branker, otro episodio crítico de detención política en Venezuela, marcado por la tragedia familiar tras el fallecimiento de su único hermano mientras este último intentaba asistirlo en prisión.
La mañana de este martes, 27 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó el fallecimiento de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, la cuarta que fallece tras afrontar meses y años en un peregrinar por la justicia y la liberación de sus hijos.
“El discurso de unidad nacional debe alimentarse de hechos. Es verdad que ha sido importante el proceso de excarcelaciones por el número, pero debe continuar. Lo decimos desde la franqueza: la agresión externa requiere de unidad, no de un pueblo dividido. Libertad para todos los presos políticos”, Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista), subjefe de la fracción Alianza Democrática en la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista.
Lo que rompe en redes
En un encuentro directo dentro de la Ciudad Universitaria, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV), Miguelángel Suárez, increpó a Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, para exigir la libertad plena de los ciudadanos detenidos por motivos políticos.
El Ministerio para el Ecosocialismo Carabobo confirmó este lunes 26 de enero que el delfín «cabeza de melón» que fue hallado en la playa de Bahía de Patanemo, en el estado Carabobo, se encontraba vivo y posteriormente fue liberado.
A una semana de verse las caras con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido desempolvar su rol de mediador. Este martes, desde Bogotá, lanzó una exigencia que suena más a un reclamo de Amazon que a diplomacia internacional: que Estados Unidos “devuelva” a Nicolás Maduro para que sea juzgado por tribunales venezolanos
“Se lo diré: la hermandad humana supera a la ONU de Estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio. Porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres. Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Trump, contra Maduro -aclaró, tras equivocarse- que se parecen iguales, porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, opinó Petro en un discurso en el que tuvo dificultad en pronunciar varias palabras, lo que fue interpretado por algunos internautas como una señal de que podía estar bajo los efectos del alcohol.
Petro con la lengua bien enredada, ¡¡¡enloqueció!!!
Sobre Maduro dijo: "Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense".
Aseguró que Trump y Maduro son iguales y que “bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, no es un acto contra Maduro,… pic.twitter.com/czOJyfqNvm
El pasado 3 de enero, luego del operativo militar estadounidense que derivó en la captura de Maduro, Petro reaccionó de inmediato calificando la acción como “secuestro” y un acto “aberrante” que “se orinó sangrientamente sobre la soberanía de Latinoamérica”.
Tras las críticas de Petro, Trump, desde el Air Force One amenazó con una acción militar contra Colombia y dijo a los periodistas que una futura operación le sonaba “bien”.
“Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo, a quien le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo”, expresó Trump. Ante esta advertencia, Petro advirtió que Colombia “tomaría las armas” si Estados Unidos decide atacarlo a él o a su país y que si lo arrestaban a un presidente como él, que era “querido y respetado por buena parte” de su país, desatarían al !jaguar popular”.
Cinco días después, Petro confirmó que habló 35 minutos con Trump y pasó de la retórica de guerra a pedir “comunicación directa”. Luego de esa conversación, intentó desmarcarse de Maduro diciendo que “no es su aliado” y que las diferencias vienen desde la muerte de Chávez.
El25 de enero, se anunció que ambos mandatarios se verán las caras en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero, para lo cual EE. UU. le otorgará una visa especial de solo cinco días a Petro, quien tenía la suya revocada desde octubre de 2025, tras ser sancionado por el Departamento del Tesoro, por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas ilícitas. Junto al mandatario, también fueron sancionados su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro y a su actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
El discurso del “Jaguar” que no fue
En la alocución de este 27 de enero en la que pidió que Maduro sea regresado a Venezuela, y en medio de un ataque de nostalgia combativa, Petro también confesó que para el pasado 7 de enero tenía preparado un discurso incendiario que pronunciaría en la Plaza de Bolívar. en el marco de una concentración contra EE.UU. Se imaginaba a sí mismo como un “jaguar” resistiendo en palacio mientras cuidaba la espada de Bolívar si llegaba a “caer” tras la captura de su aliado.
Sin embargo, una llamada de Trump lo hizo guardar el papel en la gaveta. “Algún día lo publicarán”, prometió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La relación de Trump, Delcy Rodríguez y María Corina Machado es un triángulo inestable, quizá hasta tóxico. Podría tener un símil con un triángulo amoroso, pero referirse a los tres como un ménage à trois me parece irrespetuoso. Cada lado de este triángulo tiene sus propios intereses. El presidente Trump necesita que haya una transición sin muchos traumas y ganar puntos con sus electores, la señora Delcy requiere sobrevivir políticamente y nuestra líder María Corina quiere que haya democracia lo antes posible. ¿Se pueden conciliar estos intereses? ¿Cuáles son las opciones de cada uno que favorezcan a los venezolanos y no perjudiquen a los citados?
Las opciones de Trump
El presidente estadounidense obtuvo una victoria importante al extraer a Maduro y a Cilia Flores en una operación militar impecable en la que no murió ningún soldado de su país. También logró que al imponer a la señora Rodríguez no ocurrieran desórdenes y que ella aceptara y acatara sus órdenes, aunque se demora en poner en libertad a los presos políticos, y no ha hecho nada para desarmar a sus paramilitares, puntos en los que Trump debe insistir.
Este debe estar informado de que cualquier intento de crear inestabilidad vendrá de esos grupos y de personas como Diosdado Cabello, Freddy Bernal y de uno que otro fanático a quienes no les importa crear caos y seguir asesinando y encarcelando a los que disienten.
Tiene la opción de mantenerla por mucho tiempo o sacarla en unas semanas. Todo dependerá de si cumple o no el mandado, pero políticamente no le conviene que se perciba que no le interesa que regrese la democracia a Venezuela. También debería considerar la opción de que el equipo de María Corina participe en el gobierno de facto para acelerar la transición.
Las opciones de Delcy Rodríguez
Se presume que, tanto ella, como su hermano Jorge Rodrígez, deben considerarse herederos del movimiento chavista y, por lo tanto, aspiran a que el mismo se mantenga como actor político con posibilidades de regresar al poder, como fue el caso de Ortega en Nicaragua. Obviamente, mientras sigan obedeciendo órdenes de Trump perderán influencia entre los partidarios de Chávez-Maduro, que ya dudan del papel que jugaron en la famosa extracción. Por lo pronto están ganando tiempo, pero este factor terminará perjudicándolos.
¿Les convendría llegar a un posible acuerdo con María Corina para acelerar su salida a un costo razonable? ¿Pueden mantenerse en el poder toreando las órdenes de Trump y arriesgarse a una extracción o a algo peor? Estos hermanos han evidenciado ser crueles con los presos políticos, pero no torpes. Aunque el fanatismo nubla la mente.
María Corina Machado
Nuestra líder ha evidenciado gran habilidad en su relación con Trump, pero debe estar consciente de que la transición no debe ser manejada solo por él y Delcy.
Ella no puede permanecer mucho tiempo al margen, porque eso tendría un costo político elevado. Además, considerando la impredecibilidad del estadounidense, quizá le convenga al país, y a ella, llegar a algún acuerdo con Delcy. El camino para recuperar la democracia puede ser largo si solo dependemos de Trump.
Realizar una nueva elección lleva tiempo y existe el problema de que un nuevo CNE debe ser nombrado por la Asamblea Nacional, que no es legítima. Ese posible acuerdo podría llevar a un gobierno de facto que integre varios actores políticos que acepten reconocer la elección de Edmundo González, quien por su autoridad moral podría encabezar una transición de unos dos años, tiempo apropiado para elegir una nueva Asamblea Nacional, que designaría a los poderes del Estado que le correspondan, y realizar elecciones de gobernadores y alcaldes.
También podría ser la elección de una Asamblea Constituyente, tema estudiado a fondo por Enrique Colmenares Finol y su equipo. Además, desde ya, María Corina debería lograr un mayor acercamiento con otros actores de la oposición y contrarrestar la campaña que algunos de sus seguidores tienen en contra de dirigentes que han evidenciado ser contrarios al régimen, pero que piensan diferente o que en algún momento se han opuesto a ella.
Cabe recordar que en 1994 Nelson Mandela resultó electo presidente de Sudáfrica y que para lograr la reconciliación entre negros y blancos designó como vicepresidentes a Thabo Mbeki, del partido Nacional Africano, y al expresidente F. W. De Klerk, miembro del partido Nacional, organización que sostuvo la segregación racial durante 46 años.
Como (había) en botica
Asistir en Toronto a un concierto de nuestra talentosa pianista Gabriela Montero no solo fue un alimento para el espíritu, sino también la oportunidad de aplaudir a una ciudadana ejemplar. Después de interpretar a Prokofief, Rachmaninov y a Stravinsky, y de acompañar al piano la película muda de Chaplin sobre los emigrantes, pronunció emotivas palabras sobre Venezuela y como regalía tocó Caballo viejo.
Nuestra solidaridad con el pueblo iraní que lucha por su libertad.
Lamentamos el fallecimiento de Mervin de Jesús Hernández Basabe, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
“En realidad no sabemos dónde está, no hemos tenido comunicación con él”. La última vez que Gloria Morales vio a su hijo Rosmel Méndez fue el 26 de julio de 2025. “En esa oportunidad me dijo que les habían dicho que los iban a trasladar, pero no les dijeron dónde”, recuerda.
Méndez es uno de los 32 presos políticos condenados por la operación Gedeón (2020) que se encontraban en el Sebin Helicoide. Condenado a 25 años de prisión, el año pasado, y en distintas fechas, fueron sacados de esa cárcel y desde entonces se desconoce su paradero.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos registra que, de poco más de mil presos políticos, 201 personas están actualmente en desaparición forzada. En medio del proceso de excarcelaciones que se adelanta desde el 8 de enero, algunas personas que habían sido reportadas como desaparecidas han podido tener contacto con sus familiares o algunos excarcelados han confirmado que se encontraban en su centro de reclusión.
Un ejemplo de ello es Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González. Desde el momento de su detención, el 7 de enero de 2025, el abogado estuvo aislado e incomunicado. A su esposa, Mariana González, le comunicaron en medio del proceso judicial que se encontraba en la cárcel de máxima seguridad Rodeo I. Sin embargo, no fue sino hasta el 16 de enero de 2026 que pudo verlo, a través de un vidrio de seguridad, por espacio de 20 minutos. Cinco días después fue liberado bajo medidas cautelares.
Pero en el caso de los “gedeones”, como les llaman, esa “fe de vida” que exigen sus familiares no ha sucedido.
“Yo como madre me siento desesperada al no saber de mi hijo”, dice Morales. En cinco meses no ha podido tener siquiera una llamada telefónica o una confirmación oficial sobre el paradero de Méndez. Al igual que al resto de las madres, les han dicho que podría encontrarse en el Centro Nacional de Procesados Militares Central (Cenapromil Central), mejor conocido como el fuerte Guaicaipuro.
En cuatro oportunidades, al grupo de madres se les ha negado información. Incluso denuncian que han sido objeto de amenazas y vejámenes por parte de los custodios. “Es preocupante, es angustiante. Yo no sé realmente si está bien”, reitera Morales.
La Organización de Naciones Unidas ha señalado que la desaparición forzada produce una triple afectación: a la persona desaparecida, a su núcleo familiar y, por último, a la sociedad.
“La desaparición forzadase usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, ha destacado la ONU en su convención internacional, de la cual el Estado venezolano es firmante.
Tanto la Convención (aprobada en 2006) como el Estatuto de Roma, que rige la función de la Corte Penal Internacional, señalan que cuando las desapariciones forzadas se ordenan o producen como parte de un “ataque generalizado o sistemático” dirigido a cualquier población civil, éstas pueden calificar como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescriben.
La Misión de Determinación de Hechos y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado esa “sistematicidad”. Las autoridades venezolanas han desechado sus argumentos.
“La desaparición forzada es el secuestro, la no presentación ante un órgano policial o judicial de la persona y su posterior asesinato. Una desaparición forzada exprés no existe. No se pongan a inventar cosas”, dijo el fiscal Tarek William Saab en febrero de 2025.
Desaparición forzada de militares
Madres, esposas y hermanos también se han unido para conocer el paradero de 16 militares que el 3 de noviembre de 2025 fueron sacados de la cárcel de Ramo Verde (Los Teques). A estos hombres, todos con sentencia cumplida, se les ordenó recoger sus pertenencias, pues serían trasladados a tribunales para recibir su boleta de excarcelación. Nunca llegaron.
El capitán Ronald Marrero es uno de ellos. El 23 de febrero del año pasado cumplió su condena por el delito “contra la seguridad de la FANB”. A los familiares se les dijo que fueron trasladados al fuerte Guaicaipuro, pero los custodios niegan que se encuentren en ese lugar o les dicen que esperen una llamada telefónica.
“No sabemos nada de él, en qué condiciones está su salud ni nada por el estilo. Necesitamos ayuda inmediata, que sea su libertad porque él ya pagó la condena que le impuso un tribunal”, dice su madre.
El primer teniente Willian Paredes está en igual situación. El 30 de marzo de 2025 cumplió su condena por “instigación a la rebelión”, pero al dirigirse a los tribunales de ejecución “nunca hay despacho”.
Paredes fue detenido en Maracay el 13 de abril de 2021, pero en el expediente del juicio se señala que fue presentado el 30 de ese mes. Fue torturado, pero tampoco se dejó constancia en el proceso judicial o se ordenaron las investigaciones respectivas.
Los familiares de Paredes introdujeron un amparo constitucional, pero no han obtenido respuesta. “Nos dicen que debemos esperar una llamada para entregarles sus artículos personales, pero hasta la fecha no hemos recibido tan llamada y tampoco hemos podido verlos”.
Los familiares se enteraron, de manera extraoficial, que estos 16 militares serían presentados en tribunales por un nuevo caso. “No entendemos por qué, si ellos ya cumplieron su condena. Ellos tienen que estar en libertad. Esa nueva causa es falsa, ¿van a esperar hasta el 3 de noviembre para enjuiciarlos por una nueva razón?”.
El año pasado pudieron reunirse con el mayor general Luis Ojeda, director general del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil), y el general de División Manuel Cova Cardona, defensor general militar. Ninguno les ha dado información.
Zona 7: un lugar sin respuestas
Desde el pasado 8 de enero, un grupo de familiares se ha concentrado -al igual que en otros centros de reclusión- a las afueras de Zona 7, como se conoce al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda.
Familiares presumen que al menos 25 personas están detenidas en estos calabozos. Estos hombres y mujeres fueron arrestados, la mayoría de forma arbitraria, por funcionarios de la PNB u otros organismos en distintos procedimientos durante la segunda quincena de noviembre de 2025.
De este grupo, solo Yessy Orozco pudo recibir una “confirmación” sobre uno de sus familiares. Es hija del diputado Fernando Orozco, detenido el pasado 25 de noviembre. Ese día también detuvieron a su esposa, Dilia Castillo, uno de sus hijos, Brayant Fernando Orozco, y Carolina Briceño, una expareja.
A Yessy le mostraron un vídeo donde su madre le dice que “está bien”, pero no pudo tener la misma confirmación del resto de sus familiares. Esa “fe de vida” se la entregaron para que mediara con el resto de las mujeres concentradas a las afueras del comando y se retirasen del lugar.
“No nos vamos a mover de aquí”, ha sido la respuesta de cada una de las madres.
Alicia Rojas es la esposa de Arnaldo Méndez Silva, de 56 años y sindicalista del sector salud. El trabajador del hospital Universitario fue detenido el 25 de noviembre de 2025 dentro de su vivienda ubicada en El Valle (Caracas) por funcionarios de la PNB. Desde entonces no ha podido verlo.
Rojas se ha trasladado a diversos centros de reclusión y, presume, su esposo se encuentra en Zona 7. Entregaron documentos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y una solicitud de habeas corpus al Tribunal Supremo de Justicia, pero ninguna ha sido respondida.
La Hora de Venezuelaha podido conocer que al menos una decena de detenciones arbitrarias se practicaron luego del 24 de noviembre, fecha en que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre su intención de designar al «Cartel de los Soles» como organización terrorista.
A este «cártel» está vinculado Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero durante un ataque armado a varios puntos de Caracas, La Guaira y Miranda. Junto a su esposa, Cilia Flores, fue presentando ante un tribunal de Nueva York.
Casos emblemáticos
Las desapariciones forzadas, temporales o permanentes, han sido identificadas en el país como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos (que incluye detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales) para reprimir a la disidencia, real o percibida por las autoridades como tal. Esta práctica también se extiende a familiares para conseguir información o que el señalado se entregue.
Desde 2019, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ha solicitado permiso al Estado para hacer una visita en terreno, que fue reiterada en abril de 2020, pero no han recibido el visto bueno de las autoridades. Justamente ese año, el Foro Penal registró 524 desapariciones de corta o larga duración.
También han solicitado información sobre al menos 30 casos, sin respuesta oficial del Estado venezolano.
Desde febrero de 2015 se encuentran desaparecidos Alcedo Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel Prado. Según los relatos que han podido armar sus familiares, los hermanos se encontraban junto a Mora cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Mérida, tras denunciar una red de tráfico de combustible que incluía a figuras del chavismo y de Pdvsa.
Merlyn Tovar y su vecino José Alejandro Martínez desaparecieron en medio de un operativo hecho por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la población de Capaya, estado Miranda, en mayo de 2017. Sus familiares presumen que fueron asesinados por los policías, pero negaron en un interrogatorio que hubiesen “dado de baja” a ningún ciudadano.
Merlyn Tovar y José Martínez desaparecieron el 20/05/17 de la localidad de Capaya en medio de un operativo de la PNB,hasta el día de hoy se desconoce su paradero,no hay detenidos a pesar de existir evidencias de peso y el caso ha pasado de fiscal en fiscal #DondeEstánJoséYMerlyn pic.twitter.com/jdaQtf3Bvz
Hugo Marino Salas también se encuentra en desaparición forzada desde el 20 de abril de 2019, cuando fue detenido por funcionarios de la Dgcim. Desde esa fecha, ni el organismo de contrainteligencia ni el Estado venezolano han respondido las solicitudes de información sobre el paradero del buzo, que llegó a Venezuela ese año para atender asuntos de rutina, ya que tenía oficinas en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mientras la prometida excarcelación de presos políticos sigue ocurriendo a cuentagotas, algunos de ellos son perseguidos por una doble tragedia. Al menos Cuatro madres de presos políticos venezolanos fallecieron tras la prisión injusta y de procesos judiciales cargados de vicios.
En noviembre de 2025, Yenny Barrios, expresa política, falleció sin poder abrazar a su hijo, Diego Sierralta. La mañana del domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas. Otro caso es el de Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila. A esto se suma el caso de Rory Branker, otro episodio crítico de detención política en Venezuela, marcado por la tragedia familiar tras el fallecimiento de su único hermano mientras este último intentaba asistirlo en prisión.
Un reencuentro de pocos días
La mañana de este martes, 27 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó el fallecimiento de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, la cuarta que fallece tras afrontar meses y años en un peregrinar por la justicia y la liberación de sus hijos.
El comité explicó que la madre del comunicador lo acompañó a la audiencia de continuación de juicio convocada para ayer lunes la cual fue diferida. “Angustiada por la suerte de su hijo, tras más de cuatro años de injusta prisión, sufrió un ACV”.
“Omaira luchó incansablemente por volver a ver a su hijo en libertad y, aunque logró ese anhelo, fueron pocos los días que pudo disfrutarlo en el calor de su hogar2, expresó el Clippve.
Ramón Centeno fue excarcelado recientemente el 14 de enero y continúa sometido a un juicio “absurdo e injusto”.
CONDOLENCIAS | Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno.
Omaira acompañó a Ramón a la audiencia de continuación de juicio convocada para ayer lunes #26Ene, la cual fue diferida. Angustiada por la suerte de su… pic.twitter.com/pTMMCCPlex
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 27, 2026
Condolencias para Ramón
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó sentidas condolencias para Ramón Centeno y demás familiares.
“La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la angustia de la separación y la incertidumbre. Lamentablemente, no tuvo la oportunidad de compartir junto a él los momentos de libertad que tanto esperaba, tras su reciente excarcelación”, posteó la ONG a través de su cuenta en X.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, ocurrida la mañana de este martes tras el ACV que sufrió el día de ayer.
La señora Navas vivió durante años el dolor de la detención arbitraria de su hijo, enfrentando la… pic.twitter.com/3ACAsnkQmL
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también envió sus condolencias al periodista y a toda su familia.
#AHORA | Con mucho pesar informamos que este #27Ene falleció la Sra. Omaira Navas, madre de nuestro colega y amigo Ramón Centeno, periodista excarcelado el #14Ene, después de cuatro años de injusta prisión. Abrazamos a Ramón y a toda su familia. Paz para el alma de Omaira pic.twitter.com/VvTErREBf6
“Con el corazón encogido, despedimos a Omaira Navas, madre de RamónCenteno. Su partida hoy es un eco doloroso de la injusticia que marcó sus últimos años: no pudo disfrutar de la libertad de su hijo”, expresó la ONG Familia SOS Libertad que defiende los derechos humanos de todos los presos políticos.
Con el corazón encogido, despedimos a Omaira Navas, madre de Ramón Centeno. Su partida hoy es un eco doloroso de la injusticia que marcó sus últimos años: no pudo disfrutar de la libertad de su hijo.
Con la madre de Centeno, ya son cuatro las que fallecen tras la prisión injusta de sus hijos, la mayoría sin poder siquiera disfrutarlos tras salir de las rejas.
En noviembre de 2025, Yenny Barrios, expresa política, falleció sin poder abrazar a su hijo, fue Diego Sierralta. Barrios, líder social y activista en Carora (Estado Lara), fue detenida el 9 de septiembre de 2024, semanas después de las elecciones presidenciales. Se le acusó de terrorismo e incitación al odio. Al momento de su arresto, era una paciente oncológica (linfoma de Hodgkin) y se encontraba recién operada. Durante sus 93 días de reclusión, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciaron que no recibió quimioterapia ni atención médica adecuada, lo que agravó su condición. Debido a su grave deterioro físico (ya no podía caminar), fue excarcelada bajo medidas cautelares el 11 de diciembre de 2024.
Un aspecto central de la tragedia que vivió Barrios fue la detención de su hijo Diego Sierralta, en enero de 2025, tras publicar en un grupo de pacientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales una solicitud para intercambiar un medicamento oncológico que necesitaba su madre. : Pese a las solicitudes humanitarias de múltiples ONG, a Sierralta no se le permitió salir de prisión para despedirse de su madre antes de que ella muriera y solo fue excarcelado para llegar a su velorio.
La mañana del domingo 25 de enero fue liberado Kevin Orozco, detenido en el contexto postelectoral. Su excarcelación ocurrió tres días después de la muerte de su madre, Yarelis Salas, quien había exigido reiteradamente su liberación.
Salas, de 38 años, falleció el 21 de enero durante una vigilia nocturna a causa de un infarto,mientras esperaba noticias sobre su hijo, quien llevaba meses privado de libertad en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón.
Carmen Dávila, madre del médico y expreso político Jorge Yéspica Dávila, también murió en un hospital de Aragua pocas horas después de que su hijo fuera excarcelado durante enero de 2026, sin llegar a saber que había recuperado la libertad tras más de un año detenido por acusaciones de incitación al odio.
A sus casi 90 años, y pese a sus limitaciones físicas, Dávila participó activamente en campañas y protestas para exigir la liberación del ginecólogo de 66 años, reconocido en Aragua por su trayectoria esta área, así como en la obstetricia y ecografía.
El caso de Rory Branker es otro episodio crítico de detención política en Venezuela, marcado por la tragedia familiar tras el fallecimiento de su único hermano mientras este último intentaba asistirlo en prisión. El editor y periodista de La Patilla fue detenido por funcionarios del Sebin el 20 de febrero de 2025 en Caracas. Estuvo en situación de desaparición forzada durante 206 días, hasta que en septiembre de 2025 su familia finalmente pudo localizarlo en los calabozos de la PNB en Boleíta (Zona 7).
El 28 de octubre de 2025 su hermano Erman Branker murió a causa de un infarto fulminante. Era el único familiar directo que se encargaba de llevarle alimentos y medicinas diariamente a la prisión, además de ser el cuidador principal de su madre de 80 años, quien tiene movilidad reducida.
Diversas ONG como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunciaron que la muerte de Erman dejó a Rory en un estado de vulnerabilidad extrema, ya que perdió su único vínculo logístico de supervivencia en el sistema carcelario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La vida del dirigente político Yandir Loggiodice corre peligro y es que desde hace décadas el presidente del partido Evolución Política de Centro (EPC), quien forma parte de la lista de presos políticos en Venezuela, tiene una válvula en su cerebro que se encuentra vencida y requiere atención médica inmediata.
Según informó el ex fiscal Zair Mundaray, Loggiodice de 34 años de edad se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, acusado de terrorismo por los fiscales 59 y 52 de competencia nacional.
El médico tratante expuso que desde joven Loggiodice posee una válvula cerebral que le protege de una dolencia congénita y que esta requiere ser cambiada porque se encuentra vencida y obstruida. El galeno sostuvo que dicha válvula le produce dolores y daños cognitivos que pudieran ser irreversibles y le pueden causar incluso la muerte.
“No estamos hablando de política, estamos hablando de vida. Exigimos que se le permita recibir atención médica especializada de inmediato. Cualquier demora puede tener consecuencias fatales. La vida de Yandir no puede esperar. Atenderlo de emergencia es un deber humano. Exigimos su libertad inmediata”, dijo su esposa María Elisa González
De acuerdo a González cada día que Loggiodice pasa sin atención médica es un retroceso en su salud y un riesgo innecesario para su vida.
“Nadie debería enfrentar una condición tan delicada sin acceso oportuno a la atención médica que requiere”, añadió González.
Mundaray, por su parte, insistió en que el tribunal tercero que lleva el caso de Loggiodice está al tanto de esa situación, al igual que la defensora publica impuesta por el Estado y el resto de la plana mayor gubernamental.
“Delcy Rodríguez tiene que liberarlo ya. Su situación es una bomba de tiempo”, escribió Mundaray en su cuenta de X.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La organización Laboratorio de Paz presentó una propuesta técnica denominada “Hoja de Ruta para la Reconstrucción Democrática e Institucional de Venezuela”, un documento que sistematiza una década de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mediante el análisis de 591 recomendaciones emitidas por la CIDH entre 2014 y 2024, la organización extrajo mandatos estructurales que conforman el “núcleo normativo sustantivo” de dicha hoja de ruta. El objetivo es transformar una década de denuncias en orientaciones programáticas verificables que puedan ser ejecutadas por actores nacionales e internacionales en un eventual proceso de cambio.
No se trata de un plan de gobierno ni una propuesta de un partido político, sino una arquitectura mínima de transición basada en la premisa de que Venezuela no enfrenta fallas aisladas, sino un “colapso funcional del Estado democrático”.
Para abordar esta crisis de forma estratégica, Laboratorio de Paz organiza las reformas necesarias en siete ejes temáticos que buscan restaurar la dignidad ciudadana y el equilibrio de poderes, explicados a continuación:
Institucionalidad democrática y Estado de derecho
Este eje aborda el problema central de Venezuela como un colapso sistémico provocado por la cooptación de los poderes públicos por parte del Ejecutivo. La hoja de ruta exige el restablecimiento de la separación de poderes y el control ciudadano sobre el Estado.
Retorno al Sistema Interamericano: Es imperativo que el Estado ratifique la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconozca nuevamente la competencia de la Corte IDH.
Transparencia: Se propone adoptar legislación sobre acceso a la información pública y promover espacios de control ciudadano en todos los procesos del Estado,.
Justicia e independencia judicial
Para la CIDH, la justicia venezolana ha sido capturada y convertida en un instrumento de persecución. La propuesta se centra en desmantelar la impunidad estructural que impera desde 2017.
Fin de la provisionalidad: Se deben adoptar medidas urgentes para reducir el alto número de jueces provisorios y otorgarles garantías de estabilidad en sus cargos.
Justicia militar y penal: Es fundamental que los civiles dejen de ser procesados por tribunales militares y que cese el uso arbitrario del sistema penal para silenciar la disidencia.
Derechos políticos y participación democrática
Este eje busca revertir el vaciado de contenido de los derechos políticos, que han sido usados como mecanismos de legitimación autoritaria.
Integridad electoral: La hoja de ruta exige la publicación de todas las actas de votación, auditorías independientes con presencia de la sociedad civil y observación internacional.
Inhabilitaciones y diáspora: Se deben dejar sin efecto las inhabilitaciones administrativas de la Contraloría y garantizar el derecho al voto de los venezolanos en el exterior.
Seguridad ciudadana y uso de la fuerza
La CIDH denuncia un patrón donde la seguridad pública opera bajo una lógica de “enemigo interno”. La transición requiere un cambio profundo en la gestión del orden público.
Desmilitarización: Es vital excluir a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana y del control de manifestaciones pacíficas.
Control de “colectivos”: El Estado debe abstenerse de apoyar a grupos civiles armados y asegurar que las instituciones de inteligencia tengan un control externo e independiente.
Libertad de expresión y espacio cívico
La propuesta identifica que la censura no es un efecto colateral, sino un pilar funcional del modelo actual para silenciar voces críticas.
Protección a la prensa: Se exige el cese de la estigmatización desde el poder y la protección de periodistas frente a detenciones arbitrarias o confiscación de equipos.
Cese de la censura digital: El Estado debe abstenerse de bloquear sitios web y servicios de internet como forma de control de información.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca)
La crisis humanitaria es vista como una herramienta de “control político” y disciplinamiento social. La reconstrucción requiere que los servicios básicos dejen de depender de la lealtad política.
No discriminación en ayudas: El acceso a programas como los CLAP debe optimizarse bajo criterios de derechos humanos, sin distinción por opinión política.
Autonomía y salud: Es necesario garantizar la autonomía universitaria y publicar datos epidemiológicos y estadísticas de mortalidad de forma regular.
Protección diferenciada de grupos vulnerables
La hoja de ruta advierte que, sin un enfoque interseccional, la transición solo sería una sustitución de “élites” que ignore a los más afectados por la crisis.
Mujeres y niños: Se priorizan medidas contra la violencia de género, la reducción de la mortalidad materna y la protección de niños en contextos de protesta.
Pueblos indígenas y migrantes: El plan incluye garantizar derechos territoriales frente a la minería ilegal (como en el Arco Minero) y atender la crisis de migración forzada mediante la protección internacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
