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Los hijos de Mileidy Contreras han esperado cuatro años por la libertad de su madre

Hace unos días se dio a conocer el caso de Mileidy Contreras en redes sociales. En una vigilia realizada en la PNB de la Zona 7 estaban dos de sus hijos, quienes contaron lo difícil que ha sido para ellos estar lejos de su madre durante cuatro años.

“No tener a tu mamá en el hogar es como un hogar sin alma, porque obviamente tu mamá te cocina, se para a las seis de la mañana todos los días a hacerte la comida, todo eso, está pendiente de ti, te cuida, te corrige los errores que haces, y eso fue un poco difícil porque tampoco ha aprendido tampoco a vivir mucho sin ella”, contó Frenyer Mijares, el hijo menor de Contreras Camejo, en un video que publicó el periodista Seir Contreras.

El adolescente de 15 años relató que el día que detuvieron a su madre llegó la policía, tocó la puerta de la casa “y entró sin ningún tipo de autorización”.

La vida de Mileidy Johana Contreras Camejo, de 41 años, cambió drásticamente la noche del 16 de febrero de 2022. Lo que inició como una supuesta “entrevista legal” en su casa en Nueva Cúa, estado Miranda, se ha transformado en un proceso judicial de cuatro años que su madre, Mariela Camejo, describe como un juicio sin pruebas y lleno de irregularidades.

Según el relato de su madre, Mileidy —quien se ganaba la vida como manicurista y lashista— estaba en su hogar junto a su hijo menor, que entonces tenía 11 años. Funcionarios policiales ingresaron a la vivienda a las 8:00 de la noche asegurando que debía acompañarlos para declarar. “Le dijeron que se vistiera y que como era tarde, a eso de las 8 de la noche, ellos mismos la traían de vuelta a la casa”, contó la señora Camejo.

El peso de la justicia y la salud mental

Aunque inicialmente fue acusada de “terrorismo y asociación para delinquir”, según declaró su madre a Runrun.es, el cargo de terrorismo fue retirado; se mantuvo el de asociación para delinquir y se agregó el de “encubrimiento”. Pese a que la última audiencia se celebró el pasado 27 de enero, la familia denuncia un retraso procesal crítico.

“Va muy retrasado. Cuatro años viendo un juicio sin pruebas en su contra”, afirma la señora Camejo con indignación.

El encierro ha hecho mella en la salud de Mileidy. Además de padecer asma, su madre advierte de un cuadro severo de depresión y ansiedad: “Se le olvidan las cosas y por todo se asusta. Hasta lo más mínimo le da nervios, llora constantemente por las noches. Está muy afectada”.

Según su madre, Mileidy pasó por varios centros de reclusión: primero la llevaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Maripérez, luego a la PNB de La Quebradita, más adelante a La Yaguara y actualmente está en el Centro de Resguardo Femenino de El Valle. Para el 12 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que al menos 90 mujeres seguían detenidas por motivos políticos en este centro.

Una abuela al frente de la crisis

A sus 65 años, Mariela Camejo no solo carga con la angustia legal de su hija, sino con la responsabilidad de un hogar desmembrado. Mileidy es madre de tres hijos (una joven de 23 y dos varones de 18 y 15 años), y la señora Camejo se encarga actualmente de cuidar a los dos jóvenes y de otro nieto. “A veces mis hijas me han ayudado también, porque no ha sido fácil quedarme con ellos tanto tiempo. Ya van a ser cuatro años que ella está metida ahí”, señaló.

Las limitaciones económicas son extremas para la señora Camejo. Solo puede ir a visitar a su hija cada 15 días, pues dice que “a duras penas” resuelve la comida para los niños en casa, lo que dificulta el traslado de insumos y alimentos para su hija en prisión.

Otro de los hijos de Mileidy, de 18 años de edad, también relató en el video publicado por el periodista Seir Contreras que ha sido muy difícil estar sin su mamá desde los 15 años. “Me hace falta mucho mi mamá, la quiero al lado mío, me la quitaron cuando tenía 15 años”. El joven dice que por el momento su mamá está bien y cuenta lo que ella les dice cuando pueden visitarla: “Que nos ama mucho, que nos extraña, y nosotros también, pues, y eso nos ha dado mucho”.

La angustia frente a la lentitud oficial

El caso de Mileidy se enmarca en un contexto de alta tensión para las familias de los presos políticos en Venezuela. Durante el mes de enero, las afueras de centros de reclusión como Zona 7, El Helicoide y El Rodeo I se han llenado de velas, oraciones y pancartas.

Cientos de familiares han pernoctado frente a las cárceles tras los anuncios oficiales de liberaciones masivas. “De aquí no nos vamos hasta que sean libres”, es la consigna que resuena en las noches de vigilia, donde han participado madres, padres, abuelos e hijos de los detenidos.

Aunque voceros gubernamentales han mencionado cifras de más de 600 liberaciones, el Foro Penal ha verificado, hasta el 29 de enero, un total de 302 excarcelaciones, casi la mitad de la versión gubernamental. Esta brecha entre los anuncios y las verificaciones independientes mantiene a familias como la de Mileidy Contreras en una angustia constante, al ver que los procesos avanzan con extrema lentitud.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Rodríguez propone Ley de Amnistía: Foro Penal pide liberar a presos políticos mientras se discute

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La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este viernes durante la sesión de apertura del año judicial 2026 que impulsará una Ley de Amnistía General.

El objetivo declarado de esta medida es favorecer la “convivencia nacional” y restaurar la paz en el país tras un periodo de alta tensión política.

 La ley abarcaría todos los casos de “violencia política”, en palabras de Rodríguez, registrados desde el año 1999 hasta la actualidad.

La propuesta será presentada formalmente ante la Asamblea Nacional la próxima semana para su debate y aprobación definitiva, mencionó Rodríguez, quien pidió «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió, al tiempo que precisó que se excluirían los procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Junto al anuncio de la amnistía, se informó sobre la decisión de cerrar El Helicoide como centro de detención, denunciado por distintas ONG como el centro de torturas más grande de Latinoamérica, el cual será reconvertido en un “centro social”.

“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, sostuvo.

Optimismo cauteloso

La organización no gubernamental Foro Penal recibió la noticia de una Ley de Amnistía General con “optimismo, pero con cautela”, subrayando que este paso debe contribuir efectivamente a la justicia, la libertad y la reconciliación nacional.

Sin embargo, el Foro Penal fue enfático en establecer condiciones claras para que el instrumento legal responda a los retos políticos actuales. Entre las exigencias principales, la organización destaca la necesidad de definir claramente el alcance de la ley, en cumplimiento con el artículo 29 de la Constitución, que “prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.

En el comunicado, la ONG destacó que la redacción y aplicación de esta ley no puede ser un proceso unilateral. El comunicado detalla que la propuesta debe contar con la participación activa de la sociedad civil, ONG de derechos humanos y, especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política, garantizar la “no repetición” para asegurar que los abusos que dieron origen a las detenciones no vuelvan a ocurrir, sustentarse en principios nacionales e internacionales que rigen las amnistías como mecanismos de justicia y paz y apoyarse en organismos internacionales de protección a los DDHH, validando pronunciamientos y recomendaciones dictados previamente.

El Foro Penal recordó que ha propuesto la amnistía en múltiples oportunidades (2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y principios de 2026) y puso a disposición su experticia en el tema.

Finalmente, la organización hizo una solicitud inmediata a las autoridades: “Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la Ley de Amnistía, se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad”.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Entre ICE y una alcabala en Venezuela no hay mayor diferencia 

A Isabel* su esposo le dijo que no saliera de la casa mientras los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) mantuvieran operativos en la ciudad de Orlando.

“Yo prácticamente estoy encerrada, solo salgo cuando el transporte viene a buscar a los niños para llevarlos al colegio y cuando los debo llevar a una actividad puntual”, dijo la oriunda de Guanare, estado Portuguesa.

“Mi vecina en Venezuela se acaba de regresar, dijo que no soportaba esta situación, es triste vivir con miedo”, sostuvo la venezolana que aplicó por asilo político luego de participar en actividades vinculadas con la oposición y ser hostigada por simpatizantes del chavismo.

“Total que uno no está a salvo ni en Venezuela y ahora tampoco aquí”, añadió la portugueseña, que está cerca de cumplir una década en ese país

Al igual que Isabel, Alejandro* tampoco concibe que en el estado de Florida, donde está el grueso de los venezolanos en Estados Unidos, el asedio de ICE sea constante.

De acuerdo a cifras de medios en Estados Unidos, en apenas una semana de enero, ha habido un incremento de 433% en cuanto a retenciones migratorias en Orlando. 377 personas fueron encarceladas frente a 71 que terminaron en prisión la semana anterior. 

“Yo estoy deprimido”, sentenció Alejandro, quien también vive en Orlando e ingresó a Estados Unidos con la figura del parole humanitario, que fue desechada por la administración del presidente Donald Trump. 

Al periodista, perseguido y desempleado en Venezuela, le tocó aplicar por el TPS (Estatus de Protección Temporal) y cuando ese recurso fue amenazado por el gobierno republicano, cambió a asilo.

“Es triste ver como uno viene huyendo de la represión en Venezuela ejercida por funcionarios y aquí también los policías de ICE te tratan como un delincuente”, lamentó.

Tanto Isabel como Alejandro no quieren regresar a Venezuela, saben que podrían ser perseguidos e incluso encarcelados por tener una posición contraria a la del ahora gobierno de Delcy Rodríguez, que cuenta con el aval de Donald Trump-

Ambos conocen a gente que ha sido aprehendida por ICE y están en grupos de WhatsApp donde alertan de alcabalas y puntos móviles. 

A cientos de kilómetros, en Chicago, Yanitza asegura que en esa ciudad ya no se ven redadas masivas, pero sí operativos puntuales.

“La gente se cuida mucho, hay temor, hay quienes ni salen a trabajar y han tenido que cambiar su estilo de vida, ocurre mucho con los mexicanos y centroamericanos que no han podido legalizarse”, dijo la periodista.

Aunque no tiene confirmación, Yanitza ha escuchado que los agentes de ICE ahora están ingresando a viviendas de personas que tienen orden de deportación.  La comunicadora social sostuvo que su rutina cambió desde hace un año, cuando Trump llegó al poder.

“Yo antes salía a la calle sin mi tarjeta de green card, pero ahora cargo un koala con ella adentro, así como mi licencia de conducir. Hay personas a las que se las han llevado detenidas o han sido multadas por no portar la green card, aunque tampoco es garantía tenerla, si al funcionario le da la gana te detienen. No se puede negar que hay cierto recelo con la comunidad hispana”, narró.

Yanitza no descarta regresar en un futuro a Venezuela, pero por ahora eso no es posible porque es solicitante de asilo y su siguiente paso es aplicar a la ciudadanía. Comentó también que la situación con ICE ha generado redes de solidaridad, no solo con ONG que le dicen al ciudadano qué hacer cuando son interceptados por agentes de migración, sino también con personas. 

“Una vez se me perdió el monedero donde tenía mi green card y tuve la suerte de que alguien lo consiguió y a través de un colega, que fue contactado por Facebook, lo pude recuperar”, agradeció.

Trump y los migrantes

Desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump lo que ha hecho es apretarle las tuercas a los extranjeros en los Estados Unidos. Para ello incorporó 11 000 agentes más a ICE y prometió deportar a un millón de migrantes ilegales por año, sin embargo, no pudo cumplir su meta. En diciembre la administración republicana informó que había expulsado de territorio americano a 605 000 personas y detenido a 65 000 migrantes.

En febrero del año pasado comenzaron las redadas masivas y el envío de migrantes considerados “peligrosos” a la cárcel de Guantánamo en Cuba. Un mes después, al menos 252 venezolanos fueron deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, El Salvador. El gobierno estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, acusándolos de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. No obstante, investigaciones posteriores indicaron que la mayoría no tenía antecedentes penales. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron casos de tortura y malos tratos durante su detención.

En ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington DC, Portland, Los Ángeles y Chicago, se produjeron manifestaciones contra la política de ICE y algunas fueron reprimidas por la Guardia Nacional y hasta los marines.

Para finales de 2025, 32 migrantes habían muerto en centros de detención de ICE, la cifra más alta en dos décadas. El pasado 7 de enero, el punto de ebullición fue la muerte a tiros en Minneapolis de Renée Good, una mujer de 37 años. El responsable fue un agente de ICE. Sin hacer una investigación exhaustiva, Trump dijo que el funcionario actuó en defensa propia.

Apenas dos semanas después, agentes de ICE mataron con disparos al enfermero Alex Pretti. Alegaron que el profesional de la salud estaba armado con una pistola 9 milímetros. 

“Esto es enfermizo, el presidente debe terminar esta operación, tiene que sacar de la calle a policías sin entrenamiento”, dijo el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz. 

“Salgan de una maldita vez de aquí”, añadió el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Posterior a los sucesos, el propio Trump anunció una desescalada de los operativos y envió a Minnesota al zar fronterizo, Tom Homan, en reemplazo del jefe de la patrulla migratoria, Gregory Bovino, a quien responsabilizan por la muerte de Good y Pretti.

Persecución como política de Estado

Para Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora, lo acontecido en Minnesota, donde dos personas murieron a manos de agente del ICE solo en lo que va de año, es la gota que derramó el vaso.

“Yo recibo llamadas constantemente de gente en Estados Unidos que está migrando a Europa porque la presión no es solo en la calle, también les llaman por teléfono preguntando cuándo se van a ir”, dijo Páez.

El investigador manifestó que decenas de centros de ICE han sido denunciados por abusos a los migrantes 

“Un estudio coordinado por el investigador de la Universidad de Florida, Eduardo Gamarra, arrojó que las ayudas para migrantes en Estados Unidos se han reducido drásticamente”, refirió.

Paez sostuvo que efectivamente la gente se ha cohibido de salir de sus casas a trabajar, asistir a clases y hacer sus actividades cotidianas por miedo a ser interceptados por ICE. Agregó que, por fortuna, el 90% de la diáspora venezolana está en países distintos a Estados Unidos. 

El investigador indicó que Colombia ha recibido a alrededor de tres millones de venezolanos aunque es un país que tiene un desarrollo mucho menor que Estados Unidos”. Resaltó que pese a la xenofobia experimentada en algunas latitudes, naciones como Perú, Brasil, Portugal y España han acogido a migrantes venezolanos. 

“Algo que está ocurriendo en Estados Unidos es que hay un proceso de periplos migratorios del norte hacia el sur y del norte hacia otros países del norte, como Canadá”, indicó.

De acuerdo a Páez, más del 52% de la diáspora venezolana en Estados Unidos se concentra en Florida, mientras que un 14% reside en Texas, donde está la industria petrolera.  

“Los venezolanos han hecho inversiones en empresas agrícolas, industriales, inmobiliarias, en universidades, en medios de comunicación. Es decir que la diáspora ha generado riqueza, empleo, adquirido viviendas, paga alquileres, el aporte es importante”, destacó.

El profesor universitario sostuvo que el nivel de formación académica entre la comunidad venezolana es elevado en comparación con migrantes de otros países.  

“Estamos hablando de una diáspora de buen nivel, que trabaja en hospitales, centros de investigación, empresas de ingeniería, consultorías, medios de comunicación, etc”, mencionó.     

Páez aseguró que la mayoría de los venezolanos en Estados Unidos se encuentran en situación migratoria regular.

“Los que tenían CBP One o TPS eran personas en condición absolutamente regular, es decir, el Estado sabía dónde estaban, qué hacían, tenían su historial, sus teléfonos, todo”, enfatizó.

El investigador sostuvo que a diferencia de lo vociferado por algunos políticos, las migraciones no se asocian con incremento de la delincuencia. “Más bien, ayudan a reducirla, porque en principio la gente lo que quiere es trabajar y mejorar su calidad de vida”.

Recordó que través de la historia estadounidense se ha establecido la misma narrativa antiinmigrante.

“Contra los chinos, irlandeses, polacos, italianos, entre otros. Alegan que atentan contra los puestos de trabajo, el salario, la seguridad y por supuesto la identidad nacional”, especificó.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Maykelis Borges: el rostro cruel del sippenhaft y una maternidad en prisión

El 29 de enero de 2025, la vida de Maykelis Borges Ortuño, de 26 años, quedó suspendida por un patrón represivo denunciado desde el año 2021 en Venezuela. Detenida en Caracas cuando cursaba su segundo mes de gestación, su caso es hoy el emblema de la “criminalización por afecto”, o lo que algunos expertos han comparado con el sippenhaft de la Alemania nazi, una práctica que consiste en el castigo colectivo a familiares o personas cercanas de individuos perseguidos por el Estado.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que Borges fue detenida únicamente por ser la pareja del militar retirado Cristian Hernández, señalado por el Gobierno venezolano de participar en una supuesta conspiración denominada Aurora y quien se encuentra exiliado.

Hace un año, Maykelis comenzó a transitar un calvario vulneraciones. Fue sometida a 90 días de desaparición forzada, tiempo durante el cual el Estado ocultó su paradero y le negó el derecho a nombrar abogados de su confianza. Maikelys tenía un diagnóstico de anemia ferropénica (por niveles bajos de hierro), por lo que debía llevar una dieta estricta y cumplir tratamiento médico, mucho más aún por su condición de embarazo.

A pesar de las alertas, el sistema ignoró su condición. A finales de julio de 2025, con 38 semanas de gestación, presentó signos de preeclampsia. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la mujer padecía hipertensión arterial, baja hemoglobina y sufría constantes infecciones urinarias, que ponían en peligro su vida y la de su bebé. Finalmente, el 11 de agosto de 2025, fue trasladada de urgencia para una cesárea en un contexto de extrema precariedad. Desde entonces, madre e hijo permanecen recluidos en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques.

A Borges la acusaron de cargos de terrorismo y traición a la patria “sin más evidencia que sus vínculos personales”, denunció el Foro Penal.

Castigo familiar y persecución extendida

Traducido al castellano la palabra sippenhaft significa responsabilidad familiar o de clan y el instrumento le sirvió al Tercer Reich para arrestar, culpabilizar e incluso condenar a muerte a los parientes de quienes eran considerados enemigos de Estado en la Alemania nazi. Hitler y sus acólitos emplearon este recurso como retaliación contra los señalados de conspiradores. Si no podían capturarlos, detenían y torturaban a sus familiares para quebrarlos emocionalmente.

Desde 2021, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado amenazas y aplicación del sippenhaft, una práctica definida como la detención de familiares para ejercer presión, intimidación o castigo colectivo. En su informe de septiembre de 2025 documentó de nuevo esta “estrategia de persecución sistemática” que incluye la detención de familiares de opositores y militares para coaccionarlos.

En informes más recientes, organizaciones como Defiende Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto CASLA han advertido que esta estrategia se ha extendido e incluye adultos, adolescentes y niños, utilizados como instrumentos de coacción por cuerpos de inteligencia del Estado.

Maykelis Borges no es la única pariente del teniente retirado Cristian Hernández a quien detuvieron solo por su nexo familiar con un perseguido. Justicia, Encuentro y Perdón recordó que en noviembre de 2025, dos hermanas del exfuncionario militar fueron detenidas: Aranza, de 19 años, y Samanta, de solo 16. Ambas siguen tras las rejas, como también lo está el tío del exfuncionario militar, Henry Castillo Molero, a quien se llevaron preso cinco días antes que a Maykelis. Son cuatro miembros de una misma familia criminalizados solo por un vínculo con un perseguido político.

La organización señaló que estos casos «muestran con crudeza cómo la persecución política en Venezuela ha traspasado los límites individuales para instalarse en el terreno del castigo familiar». En el caso concreto de Maykelis, lamentaron que continúe recluida junto a su bebé “en un entorno que no puede garantizar el bienestar ni el desarrollo pleno de un recién nacido”.

Sobre la adolescente, JEP afirmó que «su caso refleja una ruptura profunda con los principios de protección reforzada que el derecho internacional reconoce a niñas, niños y adolescentes» y recalcó que «ninguna menor debe cargar con el peso de conflictos políticos que no le pertenecen».

Ambos casos, a juicio de Justicia, Encuentro y Perdón, «revelan una práctica particularmente lesiva: la utilización de adolescentes y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como instrumentos de presión política».

La ley y la maternidad en prisión

En una declaración concedida a Runrun.es, la abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que el régimen para mujeres que dan a luz privadas de libertad se basa en el derecho a la salud integral, la atención prenatal y postnatal especializada, y el mantenimiento del vínculo materno-filial, conforme a las Reglas de Bangkok y normativas venezolanas como el Código Orgánico Penitenciario.

Esta última normativa contempla que las mujeres tengan derecho a atención especializada durante el parto y posparto, ubicación en módulos femeninos con condiciones aptas para la gestación y crianza, separados de la población general. Establece igualmente que los hijos permanezcan con sus madres en el centro penitenciario, generalmente hasta una edad temprana (tres años, si así lo decidiera) en unidades especiales.

Aunque la normativa internacional y nacional busca proteger esta etapa, en Venezuela existen desafíos en la práctica para el acceso a controles médicos y condiciones adecuadas de reclusión, explicó Tineo.

“En definitiva, lo que la ley privilegia es que un bebé lactante pueda mantenerse con su madre para no violar el derecho a la lactancia y al cuidado de ella. Lo que se supone es que debe estar en espacios con las condiciones adecuadas, y evidentemente, sabemos que ningún recinto carcelario en Venezuela lo tiene”, expresó.

La directora de JEP también refirió que las Reglas de Bangkok prefieren sentencias no privativas de libertad para embarazadas y madres con niños a cargo, considerando la prisión solo si el delito es grave.

“Recordemos que Maykelis ni siquiera ha sido enjuiciada, no hay una condena en su contra por la comisión de un delito. Ella está privada de libertad por razones políticas y muy lamentablemente por el patrón desippenhaft, ella está presa no por una persecución directa sino por ser pareja de un perseguido político. Es doble víctima de esta tragedia (…) Se está violando su derecho a la libertad y a la integridad de ese bebé, porque si bien es cierto que el régimen penitenciario establece que una mujer que haya dado a luz el bebé debe permanecer junto a ella, en un espacio adecuado, con la atención médica debida, con los cuidados posnatales necesarios y en un entorno amigable para el niño, eso ocurre en el caso de mujeres a quienes no se les puede sustituir la privativa de libertad por unas medidas menos gravosas, como las sustitutivas a privativas de libertad. En el caso de Maykelis es un horror porque ella no debió estar privada de libertad nunca, no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”, profundizó Tineo.

Un año de prisión política

A pesar de las solicitudes de medidas humanitarias por parte de diversas organizaciones, Maykelis continúa recluida junto a su hijo recién nacido, en un caso que evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de mujeres privadas de libertad en Venezuela, y que deja registro de una práctica de persecución que trasciende a la persona detenida y alcanza su entorno afectivo y familiar.

El 29 de enero de 2026, Un Mundo Sin Mordaza recordó que Maykelis Borges cumplió un año detenida y exigió “libertad inmediata y respeto a su derecho a una maternidad digna”. El Foro Penal también demandó que sea liberada e insistió en que su caso demuestra que la persecución política en Venezuela “no respeta el derecho a la vida, ni siquiera el de los niños por nacer”.

Por su parte, Martha Tineo insistió en que Maykelys no debió estar presa nunca “no solo por estar embarazada, sino porque no cometió ningún delito”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | EE.UU. flexibiliza sanciones petroleras a Venezuela: las nuevas reglas

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El 29 de enero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General nº 46, marcando un punto de giro en las sanciones petroleras contra Venezuela.

Esta licencia fue publicada apenas unas horas después de que la Asamblea Nacional de corte oficialista sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creando un nuevo marco jurídico para la industria.

¿Qué establece la Licencia General de la OFAC?

A nivel general, la Licencia General nº 46 autoriza a entidades estadounidenses establecidas a realizar transacciones relacionadas con el sector petrolero venezolano que anteriormente estaban prohibidas. Los puntos clave de esta autorización incluyen:

• Actividades autorizadas: Permite el levantamiento, exportación, reexportación, venta, suministro, almacenamiento, comercialización y transporte de petróleo de origen venezolano, incluyendo su refinación.

• Alcance operativo: Incluye servicios de logística, fletamento de buques, seguros marítimos y servicios portuarios con autoridades venezolanas.

• Mecanismos de pago: Autoriza pagos mediante intercambios (swaps) de crudo por diluyentes o productos refinados.

Los detalles específicos sobre restricciones, limitaciones de países y el alcance técnico de estas operaciones se detallan en la siguiente infografía:

Aprobación de la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos

La Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el jueves 29 de enero de 2026, tras ser aprobada por unanimidad en segunda discusión. Esta sanción ocurrió en un contexto político complejo, semanas después de la intervención militar estadounidense donde se produjo la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La reforma fue impulsada inicialmente por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión extranjera masiva para recuperar la producción nacional.

Cambios principales tras aprobar la reforma de la ley

La nueva normativa representa una ruptura radical con el modelo vigente durante el último medio siglo en Venezuela. Los cambios más significativos son:

• Gestión Privada: Se permite que las empresas privadas asuman la gestión técnica y operativa de los proyectos, eliminando la reserva exclusiva que tenía PDVSA sobre estas actividades.

• Comercialización Directa: Por primera vez, las empresas privadas y los socios minoritarios de empresas mixtas podrán comercializar directamente el crudo.

• Régimen Fiscal: Se fija una regalía de hasta el 30% y se crea el Impuesto Integrado de Hidrocarburos con una alícuota de hasta el 15% sobre ingresos brutos.

• Eliminación de Cargas: Se suprimen impuestos anteriores como el de Grandes Patrimonios y contribuciones especiales para ciencia y tecnología, con el fin de mejorar la rentabilidad de las operadoras.

• Resolución de Conflictos: Se introduce la posibilidad de recurrir al arbitraje para dirimir controversias, buscando ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.

• Control Legislativo: Ya no se requiere que la Asamblea Nacional apruebe cada contrato petrolero individualmente; el Ejecutivo solo debe informar al respecto.

Jorge Rodríguez: “Es un día histórico”

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, calificó como un “día histórico” la aprobación de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según el parlamentario, este instrumento legal busca un cambio de paradigma en la industria estatal.

“El objetivo principal de esta ley es que ya dejemos de decir que somos la principal reserva para empezar a decir que somos de los principales productores de petróleo de todo este planeta”, dijo Rodríguez en declaraciones a los medios.

Rodríguez destacó que la reforma se logró con el “mantenimiento absoluto de los principios de soberanía y los principios de independencia” sobre los yacimientos, pero otorgando mayor agilidad comercial. “Hemos logrado la aprobación por unanimidad de una reforma de la ley de hidrocarburos que va a permitir hacer mucho más competitivo la contratación de empresas nacionales o extranjeras”, señaló.

Auguró que las inversiones podrían llegar “mucho más rápido” tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la reapertura del espacio aéreo entre Venezuela y Estados Unidos.

El “fin de la nacionalización”

José Ignacio Hernández, profesor en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, consideró que esta reforma parcial simboliza “el final de la nacionalización petrolera y de la política petrolera de Chávez”. En un artículo que publicó en La Gran Aldea, Hernández destaca lo siguiente:

Un hito histórico: Hernández enfatiza que este evento cierra un ciclo de medio siglo. Según expresó: “50 años y 28 días después de que el Estado venezolano tomara el control de la industria petrolera, la nacionalización ha llegado a su fin”.

  • Ruptura con el modelo de expropiaciones: El experto señala que la nueva ley deroga los actos legislativos que sustentaron la política de expropiaciones de Hugo Chávez, incluyendo el decreto 5.200. Al respecto, afirmó en sus redes sociales: “hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”.
  • Mejora en la contratación privada: Al valorar el cambio en los modelos de contrato, que ahora permiten a privados ejercer derechos de exploración y producción, Hernández asegura: “Esta es, sin duda, la mejor reforma introducida en el nuevo proyecto”.
  • Advertencia sobre el alcance: A pesar de los avances, advierte que la ley por sí sola no resolverá la crisis estructural. En sus palabras: “Puede ser un primer paso para la reconstrucción petrolera, pero sin Estado de Derecho y reformas profundas, su alcance será limitado”. Agrega además que las reformas actuales resultan “claramente insuficientes para abordar todas las causas que llevaron al colapso de la industria”.
  • Contradicciones legales críticas: Hernández identifica una fricción jurídica entre la ley venezolana y la licencia estadounidense. Mientras que la reforma establece que las controversias se resuelvan en tribunales locales bajo derecho venezolano, la licencia de la OFAC exige que los contratos se rijan por las “Leyes de Estados Unidos” y que cualquier disputa ocurra en ese país. Para el experto, “esta contradicción va a requerir un cuidadoso diseño legal de los nuevos contratos petroleros”.

Hernández visualiza este marco regulatorio como una herramienta que, en un escenario de estabilidad y gobernanza democrática, “podría ser el primer paso hacia una nueva relación entre Estado, petróleo y sociedad”.

Voces en desacuerdo con la reforma

La reforma ha enfrentado críticas desde diversos sectores que cuestionan su legalidad y su impacto en la soberanía. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) calificó la ley como un “retroceso histórico” y un desmantelamiento de la soberanía petrolera.

Por su parte, Andrés Izarra, exministro de Comunicación, consideró que Venezuela “dejó de ser dueña de su petróleo”, afirmando que el país conserva “la propiedad nominal del subsuelo”, pero que perdió el “control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República”

“Perdimos, sobre todo, la capacidad de decidir. Que es otra forma de decir: perdimos la soberanía. Esto se hizo de espaldas al pueblo: sin debate, a puertas cerradas, en tiempo récord. Quienes lo hicieron tendrán que responder ante la historia”, agregó Izarra en X.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

SNTP denuncia detención del periodista Pedro Urribarri: lleva ocho meses encarcelado

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este viernes, 30 de enero, un nuevo caso de un periodista detenido, el cual no estaba reportado. Se trata de Pedro Urribarri, egresado de la Universidad Santa María.

En su denuncia, el SNTP detalló que Urribarri fue detenido el 21 de mayo de 2025, días antes de las elecciones regionales, y después de varios traslados, actualmente se encuentra en la cárcel de Yare II, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda.

Según denunció la organización, el periodista “enfrenta un juicio por los supuestos delitos de conspiración e instigación al odio”. Añadió que con el caso de Pedro Urribarri, siguen siendo seis los periodistas y comunicadores que están detenidos en Venezuela. Los demás son Juan Pablo Guanipa, Rory Branker, Deivis Correa, Jonathan Carrillo y Marifel Guzmán.

“Pedro es un joven periodista de 30 años, apreciado por sus amigos y familiares. Se dedicaba a la publicidad y el mercadeo y ha sido vinculado a supuestas acciones de saboteo de las elecciones. Ninguna de estas acusaciones han podido ser probadas en el juicio”, alertó el SNTP.

El pasado 14 de enero de 2026 se confirmó la excarcelación de 19 trabajadores de la prensa (de un grupo de 24 que permanecían tras las rejas desde 2024 y 2025). Entre los nombres más destacados que recuperaron su libertad se encuentran: Roland Carreño, Nicmer Evans, Carlos Marcano, Ramón Centeno, entre otros. La madre de Centeno falleció unos días después que fue excarcelado.

Días después, el 25 de enero, el SNTP confirmó la excarcelación del estudiante de Comunicación Social Juan Francisco Alvarado, quien estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare. Su sentencia había sido anulada esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cinco cosas que debes saber sobre la llamada de Delcy Rodríguez que se viralizó

La llamada con la voz de Delcy Rodríguez que se viralizó en redes sociales es un fragmento sin contexto de una reunión ministerial que quedó grabada en video. La grabación original fue realizada por uno de los asistentes y fue entregada por una fuente a la coalición de medios venezolanos La Hora de Venezuela. 

Días después, decenas de cuentas en X e Instagram compartieron un segmento de casi 6 minutos con la llamada telefónica de Delcy Rodríguez, que aparece casi al final de la reunión, asegurando en ocasiones que se trataba de “una nota de audio” aislada o parte de una conversación privada filtrada.

Luego, algunos periodistas, analistas e influenciadores lo etiquetaron como una pieza de propaganda promovida desde el propio oficialismo para blanquear su imagen y blindarse ante críticas. El contenido, en realidad, no fue filtrado por funcionarios de la administración de Rodríguez.

El foco de la discusión pública sobre “el audio de Delcy Rodríguez” se concentró en su llamada telefónica a la sesión, particularmente en la frase más impactante del recorte: “Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder si no nos iban a matar”, refiriéndose a una supuesta amenaza realizada por Estados Unidos, minutos después de la captura de Nicolás Maduro. Sin acceso al material completo, el significado del audio se distorsionó, prestándose para conclusiones y lecturas que, aunque en algunos casos puedan ser válidas, dejaron en segundo plano el contexto de la conversación original.

Explicamos cinco puntos esenciales sobre el contexto del audio viral con la voz de Rodríguez: su origen, lo que revela el video completo sobre la estrategia del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci), el sentido de la reunión más allá de la intervención de Delcy Rodríguez, algunas desinformaciones mencionadas y qué tan válida es la lectura del audio como prueba de un “pacto” o de traición dentro del chavismo.

No se trata de audio creado en un “laboratorio” de desinformación

La reunión ocurrió el 10 de enero de 2026. Su convocatoria fue realizada desde el Mippci y fue liderada por el entonces ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.

La grabación casi íntegra de la reunión, de una hora y 44 minutos, fue compartida con la coalición de medios venezolanos La Hora de Venezuela y publicada por primera vez el 12 de enero, en un artículo referido a la estrategia comunicacional que fue discutida en ella.

La llamada telefónica realizada por Delcy Rodríguez que ocurrió durante la reunión, fue el foco principal de un artículo posterior publicado el 23 de enero por el periódico británico The Guardian. 

En la grabación, Ñáñez aparece sentado al lado de otros conocidos comunicadores y propagandistas venezolanos, como Mario Silva (del programa La Hojilla), Llafrancis Colina (de Zurda Konducta), Pedro Carvajalino y Roigar López (del portal Venezuela News) y discutió aspectos de la estrategia comunicacional de propaganda definida por el ministerio luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Casi al final del encuentro, Ñáñez recibió una llamada de Delcy Rodríguez y la puso en altavoz para que toda la audiencia la escuchara, una intervención que fue mencionada tanto en el artículo de La Hora de Venezuela como en la reseña de The Guardian. Posteriormente, varios usuarios en redes sociales hicieron viral un video con el extracto de voz de Rodríguez, aunque en muchos casos desconocían su contexto original.

Conociendo su origen, se puede confirmar que la llamada de Delcy Rodríguez no proviene de una “conversación privada”, ni circuló originalmente en formato audio a través de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, sino que es un fragmento de la grabación de la reunión del 10 de enero. 

En el video completo se mencionan temas estratégicos que el régimen difícilmente distribuiría abiertamente

En el video de la reunión analizado por La Hora de Venezuela se incluyen indicaciones y comentarios que develan una estrategia comunicacional, parcialmente encubierta, que de hacerse pública podría jugar en contra de lo planificado.

Por ejemplo, en la reunión se admitió explícitamente que el gobierno de Maduro sufrió una “derrota militar” frente a una “potencia nuclear”, afirmaciones que contradicen la épica nacionalista recurrente en la propaganda chavista. También se explica que hay frases o narrativas que no pueden mencionarse abiertamente a través de canales oficiales y se insiste en blindar a la red de propagandistas contra dudas o versiones externas, inoculando desconfianza en medios de comunicación con frases como “no le creamos nada a nadie, sino a nosotros mismos”.

De igual forma, se le pidió a la red de propagandistas actuar como “el Ministerio de Comunicación que estará en la sombra”, y se delegó parte de la generación de contenidos de propaganda a influenciadores comunitarios. 

En ese contexto, la llamada de Delcy Rodríguez al final de la reunión funcionó más como un cierre para fijar la línea y reforzar su autoridad ante la red de comunicadores y propagandistas, pero no surgió como un extracto aislado, ni tampoco fue un mensaje “fabricado” deliberadamente para confundir al público general.

El tema principal de la reunión fue una estrategia general de propaganda

El eje de la reunión del 10 de enero no fue la llamada de Delcy Rodríguez, sino la coordinación de la estrategia comunicacional con líneas de propaganda que debían comenzar a ejecutarse tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Fue una reunión de alineación: sirvió para fijar prioridades, disciplinar el discurso y evitar que en el país se instalen narrativas que generen conflicto con las establecidas desde el Mippci.

En el encuentro, se insistió una y otra vez en la necesidad de mantener la unidad e impedir divisiones en el régimen, evitando que se instalen lecturas que profundicen fracturas dentro del chavismo. A partir de ese objetivo, se acordaron líneas de respuesta y un marco común para explicar lo ocurrido, incluyendo no “normalizar” la captura de Maduro y Flores y sostener ciertas narrativas —como que Trump es un “secuestrador” y Maduro un símbolo de resistencia— para contener las dudas y la frustración en el seno del oficialismo.

Durante su llamada, Rodríguez planteó la necesidad de tener “paciencia” y “prudencia estratégica” durante esta etapa, enumerando tres objetivos claves: “preservar la paz de la República”, “rescatar a nuestros rehenes” y“preservar el poder político”. Su intervención fijó prioridades y reforzó la línea discutida durante la reunión, más allá de cómo pueda leerse si se interpreta de forma aislada.

También se explicó cómo operar esa línea: usar el método “Calles, Redes, Medios, Paredes y Radio Bemba”, atribuido a Maduro, activar cuentas y vocerías satélite y aprovechar canales no oficiales para empujar ciertos mensajes que no pueden decirse directamente desde el Estado.

La reunión del 10 de enero es la segunda revelación de La Hora de Venezuela sobre el andamiaje comunicacional posterior a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Días antes, la coalición había reseñado otro material interno en el que Freddy Ñáñez pedía explotar como propaganda los gestos que hizo Nicolás Maduro en los primeros videos publicados tras su captura, como la “V” de “venceremos” y los pulgares arriba, y ordenaba blindar a Delcy Rodríguez “de rumores y teorías de conspiración”.


No todo lo que se conversó en la reunión es necesariamente verdad

La reunión tenía orientación propagandística y contó con la presencia de algunos comunicadores que regularmente han sido señalados por investigadores y verificadores venezolanos como difusores de propaganda y desinformación, o de estar involucrados en estrategias de manipulación de redes sociales.

Sin decirlo de forma explícita, se mencionaron otras líneas de propaganda o desinformativas impulsadas en el pasado por los mismos actores. 

Por ejemplo, en la reunión se dijo que “toda Caracas” y “toda Venezuela” seguían siendo un objetivo militar, una frase presentada como si se tratara de una amenaza indiscriminada contra toda la población. Aunque tras el ataque del 3 de enero de 2026 se registraron daños a infraestructura y muertes de civiles, los reportes basados en evidencia pública ubican la mayoría de los impactos en instalaciones de interés militar (defensas antiaéreas, radares y nodos de comunicación), como los descritos en análisis de fuentes abiertas sobre los puntos atacados.

En la reunión también se reiteró que existen vínculos directos entre bandas criminales y partidos opositores como Primero Justicia o Voluntad Popular, una acusación recurrente en la narrativa oficialista que suele presentarse sin pruebas públicas verificables. Y se repitieron otros esquemas propagandísticos comunes, como reiterar que Maduro es el “presidente electo constitucionalmente”, a pesar de los cuestionamientos a las elecciones del 28 de julio de 2024, o atribuir a “la CIA” cualquier crítica o versión distinta a las que son promovidas desde el poder.

Por todo lo anterior, que el audio con la voz de Delcy Rodríguez provenga de una reunión que realmente ocurrió, no vuelve necesariamente ciertas todas sus afirmaciones. Su mensaje no debe interpretarse sin dejar por fuera el contexto en el que lo pronunció: un encuentro con orientación propagandística, ante una audiencia que suele plegarse y amplificar narrativas oficiales, ya sean informaciones ciertas, propaganda o desinformación.

¿La llamada de Delcy Rodríguez prueba que hubo un “pacto” con EE.UU., o una traición dentro del chavismo?

Varios comentarios y análisis que circularon en redes sociales interpretaron la llamada de Delcy Rodríguez como la “confirmación” de un acuerdo secreto con Washington o de una rendición encubierta. En la llamada telefónica realizada a la reunión, Rodríguez aseguró que durante el bombardeo del 3 de enero funcionarios estadounidenses le dieron a ella, a su hermano Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) y a Diosdado Cabello (ministro de interior y justicia) un ultimátum de 15 minutos para cooperar tras la captura de Maduro, bajo amenaza de muerte.

Esta afirmación de Rodríguez, sumada al hecho de que luego de que asumió el poder ha colaborado con la administración Trump, alimentó sospechas en algunos sectores de que pudo “pactar” con Estados Unidos para salvar al régimen. El presidente Donald Trump ha resaltado que Rodríguez ha estado atendiendo las peticiones de la Casa Blanca, comentarios que contradicen la narrativa chavista tradicional, con una fuerte retórica antiimperialista.

El oficialismo ha negado enérgicamente que haya existido algún tipo de traición en contra de Nicolás Maduro, calificando los rumores como parte de una campaña para profundizar sus divisiones e insistiendo públicamente en que el país se mantiene en orden bajo la conducción de Delcy Rodríguez. 

En la reunión del 10 de enero, sin embargo, se reiteró en varias oportunidades que son reales las presiones ejercidas por Estados Unidos a la administración de Rodríguez tras la captura de Maduro, asegurando su lealtad al exgobernante. En ese contexto, lo que Rodríguez contó en su llamada debe entenderse como un relato dirigido a una audiencia interna, no como un mensaje pensado para el público en general. 

Por ese motivo, su versión de lo ocurrido no sirve ni como confirmación de una traición, ni tampoco como evidencia de lealtad, y deja abiertas hipótesis como la de un “golpe de palacio” o la existencia de negociaciones internas. Su relato sobre la supuesta amenaza tras el ataque y la captura de Maduro y Flores puede ser cierto, una exageración o una narrativa de propaganda para darle sentido, ante los propagandistas, a lo ocurrido durante las horas más confusas del pasado 3 de enero.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Sísifo sobre el cuerpo sin órganos

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Si no me equivoco, la última vez que escribí una entrega para esta columna, me excusé por el largo tiempo que había pasado sin hacerlo y advertí que muy probablemente me vería obligado a hacer otras pausas, debido al desarrollo de hechos que en Venezuela hacen necesario que cada quien se replantee qué es y qué no es prudente. Pues en efecto fue así. Pasó más de un mes. ¡Y vaya mes! Heme aquí redactando de nuevo, cuando está por terminar el que sin duda ha sido la treintena de días más colmada de acontecimientos que Venezuela ha tenido en años, y que por eso mismo se sintió como si varias vueltas alrededor del Sol hubieran sido comprimidas en poco más que cuatro semanas.

Hablando de la inexorable caminata de Cronos, llevamos más de un cuarto de siglo bombardeados por la propaganda de un ideario oficial que se identifica como heredero del marxismo. Siguiendo los dictados de Marx (y Hegel) sobre una historia lineal, se nos dijo hasta el hartazgo que estábamos siendo catapultados por fuerzas revolucionarias hacia un desenlace glorioso. En realidad, la política venezolana llegó a sentirse, para las masas que hace mucho que dejaron de prestar atención a aquel discurso, como la veía otro pensador teutón: el “eterno retorno” de Nietzsche. Todo lucía como un refrito tedioso, desde las sesiones en el Palacio Federal Legislativo hasta los llamados de una “oposición” tolerada a sufragar por ella para “cuidar” unos “espacios” a la postre intrascendentes.

Ya no. Por primera vez en mucho tiempo, el venezolano común se pregunta con gran interés qué va a pasar con la política nacional. Por primera vez en mucho tiempo, ese venezolano contempla miles de posibilidades diferentes, tanto optimistas como pesimistas. No ha habido ningún arrase de las estructuras por las que fluye el poder, como sucede en las revoluciones. Y, sin embargo, esos flujos han sido alterados considerablemente y no se sabe qué reordenamiento tendrán. Es como si la anatomía de un cuerpo siguiera ahí, en apariencia inmutable, pero su fisiología hubiera sido objeto de cambios significativos.

Me atrevería a decir incluso, manteniendo las analogías somáticas, que en este momento la política venezolana es lo que Deleuze y Guattari llamaban “cuerpo sin órganos”. Un ente cuyas partes operan sin organización o propósito claros, y cuyas fronteras conceptuales son viscosas, resbaladizas y gelatinosas, con infinitas posibilidades de contracción, expansión, amoldamiento e inmanencia con otros entes. Algunas cosas se han ido aclarando, pero queda mucho por ser definido, codificado y “reterritorializado” (este último término es otro ligado a la obra del dúo de autores franceses).

¿Qué podemos hacer como ciudadanos venezolanos? Admito no tener respuesta a esa pregunta. Es difícil de responder porque, precisamente, tampoco sabemos qué esperar. De hecho, así estamos desde mucho antes del enero loco. Así estamos al menos desde la segunda mitad de 2025, cuando aquello que por años creíamos que era imposible, de pronto se asomó la cabeza en el espectro de la probabilidad. Una humillación, lo admito, para los que tenemos por oficio el estudio de la política.

Pero lo probable, por definición, no es certero. Y para una sociedad acostumbrada a certezas (recuérdese: el “eterno retorno”), lo que es apenas posible puede generar no poca ansiedad. Muchos acudieron a nosotros, los que supuestamente tenemos mayores conocimientos sobre las artes y mañas del poder, buscando respuestas. Al margen de nuestra muy humana imperfección, que alcanza hasta el desempeño de nuestra experticia, no había mucho material con el que obrar. Las señales por el lado de las partes poderosas involucradas eran mixtas y confusas, a veces contradictorias. Todos estos actores políticos tenían sus razones para ocultar información hasta que se produjera un desenlace. Era como estar en alta mar sin sextante, brújula y mapas.

Se hizo, pues, la incertidumbre absoluta. Así como no me tiembla el pulso a la hora de reconocer mis limitaciones (acabo de hacerlo dos párrafos más arriba), tampoco me pasa cuando he de mencionar mis virtudes. Una de ellas es la alta tolerancia a la falta de garantías sobre el porvenir. No es que me gustara, pero acepté que no podía saber gran cosa sobre lo que iba a pasar, hasta que pasara. Ante la contradicción entre señales, decidí seguir la recomendación de Camus en El mito de Sísifo y asumir el absurdo inherente de la situación. Entender que ninguna fuerza metafísica estaba moviendo los hilos hacia una dirección que solo los iniciados en su culto podían ver y que, por lo tanto, no podía descartar nada.

Aunque es difícil conducirse en medio de las tinieblas de la incertidumbre y el absurdo, ¿podía acaso paralizarme? No. Parar la vida es suicidio, bien sea por una acción de efectos inmediatos, o por el desgaste producido por las omisiones a las necesidades básicas. El suicidio es una alternativa inaceptable, dice Camus. No brinda ningún sentido. Así que seguí con mi vida, dentro de lo que la “normalidad” nacional permitía. Seguí trabajando y dándome los gustos que tenía al alcance. No me desentendí de la política porque sus consecuencias siempre se hacen sentir en la cotidianidad de todo ciudadano y porque, además, en mi caso es un objeto de estudio profesional. Mis intentos por entender lo que estaba pasando fueron mi rebelión contra el absurdo, aunque nunca dieran del todo el fruto esperado. La peña siempre volvía a rodar en descenso.

Hoy seguimos bajo la égida de la incertidumbre. Si hace unos meses estábamos así, pero en un entorno cuya organización ya conocíamos y en el que, ergo, la dificultad radicaba en prever sus reacciones a circunstancias sin precedentes, hoy no podemos contar ni siquiera con eso. Estamos en el cuerpo sin órganos. Sobre la blanda y resbaladiza pendiente de su piel imitamos a Sísifo, lo cual desde luego hace que la piedra vuelva a caer más rápido. Volviendo a la pregunta de lo que debemos hacer como ciudadanos, pues creo que la respuesta es insistir con la roca. No dejarnos abrumar por ella, aunque varias veces volvamos al punto de partida por hechos que la incertidumbre no nos permitió avizorar. Seguir con nuestras vidas, porque tenemos necesidades que satisfacer como individuos. Pero también hacer el esfuerzo por entender lo que sucede y actuar, así sea con un granito de arena, por procurarnos un futuro mejor como país, en este nuevo océano de posibilidades.

Nunca nos libraremos completamente del absurdo ni de la incertidumbre resultante. La piedra siempre estará ahí. Pero si insistimos e insistimos, pienso que eventualmente la carga se hará más ligera.

@AAAD25

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