La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este viernes durante la sesión de apertura del año judicial 2026 que impulsará una Ley de Amnistía General.
El objetivo declarado de esta medida es favorecer la “convivencia nacional” y restaurar la paz en el país tras un periodo de alta tensión política.
La ley abarcaría todos los casos de “violencia política”, en palabras de Rodríguez, registrados desde el año 1999 hasta la actualidad.
La propuesta será presentada formalmente ante la Asamblea Nacional la próxima semana para su debate y aprobación definitiva, mencionó Rodríguez, quien pidió «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió, al tiempo que precisó que se excluirían los procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
Junto al anuncio de la amnistía, se informó sobre la decisión de cerrar El Helicoide como centro de detención, denunciado por distintas ONG como el centro de torturas más grande de Latinoamérica, el cual será reconvertido en un “centro social”.
“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”, sostuvo.
Optimismo cauteloso
La organización no gubernamental Foro Penal recibió la noticia de una Ley de Amnistía General con “optimismo, pero con cautela”, subrayando que este paso debe contribuir efectivamente a la justicia, la libertad y la reconciliación nacional.
Sin embargo, el Foro Penal fue enfático en establecer condiciones claras para que el instrumento legal responda a los retos políticos actuales. Entre las exigencias principales, la organización destaca la necesidad de definir claramente el alcance de la ley, en cumplimiento con el artículo 29 de la Constitución, que “prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.
En el comunicado, la ONG destacó que la redacción y aplicación de esta ley no puede ser un proceso unilateral. El comunicado detalla que la propuesta debe contar con la participación activa de la sociedad civil, ONG de derechos humanos y, especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política, garantizar la “no repetición” para asegurar que los abusos que dieron origen a las detenciones no vuelvan a ocurrir, sustentarse en principios nacionales e internacionales que rigen las amnistías como mecanismos de justicia y paz y apoyarse en organismos internacionales de protección a los DDHH, validando pronunciamientos y recomendaciones dictados previamente.
El Foro Penal recordó que ha propuesto la amnistía en múltiples oportunidades (2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y principios de 2026) y puso a disposición su experticia en el tema.
Finalmente, la organización hizo una solicitud inmediata a las autoridades: “Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la Ley de Amnistía, se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad”.
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