Danieli Gabriela Hernández, hija de la presa política Nélida Sánchez, detenida en agosto de 2024 en el marco de la represión electoral, difundió un video en el que denuncia el juicio “inhumano e ilegal” en contra de su madre que permanece recluida en El Helicoide.
Sánchez, coordinadora nacional de formación de Súmate y activista por los derechos humanos, ha visto cómo su salud se va deteriorando en prisión. Y aunque sus familiares han solicitado en distintas oportunidades al Ministerio Público que diligencien una medida humanitaria que la favorezca, no han sido escuchados.
“Ella padece de insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa periférica crónica e, incluso, requiere una operación desde hace más de nueve meses, la cual fue solicitada hace nueve meses en El Helicoide y aún no se ha realizado. Por tal motivo solicito su libertad, y que se ponga fin a un juicio del cual ella no debe ser parte y que debe ser declarado nulo”, sentenció la hija de Sánchez.
En anteriores oportunidades, se ha denunciado que Sánchez también padece de asma crónica, hipertensión arterial, fibromialgia y trastornos de estrés postraumático. Su familia asegura que que esto ha sido certificado por los servicios médicos en reclusión. La activista permanece recluida en una celda de 12 metros x 3 metros sin ventanas, luz solar, sin ventilación y junto a otras tres personas. Aseguran que ha pasado días sin ver la luz del sol por cambios administrativos internos del Sebin.
"Quiero denunciar nuevamente el juicio inhumano e ilegal que se lleva en contra de mi madre quien, hoy por hoy, pues permanece aún recluida en El Helicoide".
— PROVEA (@_Provea) January 27, 2026
Daneli Hernández, hija de la activista y Coordinadora de Formación de la ONG Súmate, Nélida Sánchez, pide la libertad de… pic.twitter.com/woxRDfB49P
La Asociación Civil Súmate ha denunciado en reiteradas ocasiones que Sánchez fue detenida solo por el hecho de formar parte de la plataforma de la defensa del voto en la elección presidencial del 28 de julio de 2024, actividad que aseguran, no era nueva para ella, porque dedicó 27 años de su vida ellos como funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) y trabajó en los últimos ochos en Súmate, “una organización de la sociedad civil apartidista y sin fines de lucro integrada por venezolanos voluntarios en el país, que desde su fundación, en el año 2002, hasta la fecha se ha dedicado a la promoción y defensa del ejercicio del derecho a elegir y ser elegido”.
Las irregularidades del proceso
La ONG Provea recordó que Nélida Sánchez fue detenida el 26 de agosto de 2024, junto a su madre, por funcionarios del Sebin, en medio de la escalada represiva poselectoral. Estuvo detenida en la sede regional de ese organismo de seguridad en Los Teques, y luego fue trasladada a El Helicoide, “sin que sus familiares o abogados fueran informados sobre su paradero”.
El 28 de agosto de 2024, en horas de la noche y de manera telemática -como ocurrió con la mayoría de los presos políticos poselectorales- se celebró su audiencia de presentación, en la que le formularon cargos como terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir, comunes también a la mayoría de los presos políticos que han sido imputados desde ese año hasta hoy.
En septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en favor de la defensora de derechos humanos, civiles y electorales, Nélida Sánchez, tras considerar que se encontraba “en una situación de grave urgencia y riesgo de daño irreparable, incluyendo los derechos a la vida e integridad personal”.
En noviembre de 2025 iniciaron las audiencias de juicio por parte del Tribunal Primero en Función de Terrorismo en contra de Nélida Sánchez. La asociación civil Súmate denunció que estas fueron llevadas a cabo “sin notificarla de las mismas y en su ausencia, sin derecho a la defensa por sus abogados de confianza ni ser oída con las debidas garantías, y en una causa común de la cual no es parte; violando con ello explícitamente disposiciones constitucionales y legales que establecen que debe actuar conforme al estado de derecho, con independencia e imparcialidad”.
Provea exigió la libertad “plena e inmediata” de Nélida Sánchez y de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.
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