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El jugo congelado, el puesto en las piernas y las 70 audiencias de Adriana Ramos

Marlene García tiene 71 años y las manos acostumbradas al trabajo duro, pero hoy su faena no es en el campo. Antes de que amanezca en el sector La Cidra de Naguanagua, en el estado Carabobo, Marlene ya está en la cocina. Hierve agua, prepara la comida del día y congela jugos en envases de plástico. Sabe que el viaje es largo, pero, sobre todo, sabe que en el Centro de Resguardo Femenino de El Valle, en Caracas, esos envases fríos son el único alivio que puede entregarle a su sobrina, Adriana María Ramos Gutiérrez.

Adriana tiene 38 años y es TSU en Educación, pero desde noviembre de 2022 su nombre quedó atrapado en un expediente del Tribunal Especial Primero Nacional con Competencia en Terrorismo. Para su tía, quien la crió como a una hija desde que nació, Adriana es “la niña” -como le llama su familia- que creció entre Valencia y San Felipe Para el Estado, es un alias plasmado en una nota de prensa en la que la vincularon a una organización criminal.

Su caso se dio a conocer en enero de 2026 cuando varias mujeres de su familia participaron en una vigilia realizada en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, conocida como “Zona 7”. Estas vigilias se han realizado tras los anuncios de excarcelaciones que hizo el gobierno en la segunda semana de enero.

Del trabajo de la tierra a expedientes de terrorismo

“Nosotros somos dedicados a la tierra, cultivamos caña de azúcar”, relata Marlene con nostalgia. La historia de la familia de Adriana se escribe en los surcos de Yaracuy, una zona donde el trabajo en la tierra marcaba el ritmo de los días. “Ese era el medio de vida de nosotros. Algunos quitaron la caña porque los centrales se echaron a perder, pero mis sobrinos, mi hermano, ellos sí están cultivando otra vez. Nosotros sabemos hacer es eso, cultivar la tierra. Somos campesinos, agricultores”.

La señora Marlene también trabajó muchos años en casas de familia en San Felipe y como personal de mantenimiento en bancos.

Esa vida ligada al esfuerzo honesto se rompió la noche en que una llamada avisó que la policía buscaba a Adriana. Fue el inicio de un calvario que ya suma más de tres años. Los cargos que le imputaron tras su detención por el el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en Carabobo fueron “terrorismo, tráfico de armas y municiones, obstrucción al comercio y asociación para delinquir”. Sin embargo, en el mundo de Marlene, esos términos no existen. 

“Esa muchacha nunca se ha visto vinculada a un cuerpo de seguridad ni ha tenido problemas con las autoridades. Desde muy chica su mamá se la llevó a Valencia. Vivió toda su niñez en Valencia. Luego que terminó el bachillerato se fue a Yaracuy. Los niños de ella, la primaria la hicieron en San Felipe y después se fueron a Valencia”, explica, trazando el mapa de vida familiar de Adriana. En su mundo solo hay una sobrina que trabajó en un liceo en la comunidad de Farreal, que se especializó como manicurista y que, ante la crisis económica, pasó cuatro años en Perú trabajando sin descanso

Susan y Abraham: El vacío en el centro de la familia

El impacto de la detención de Adriana se mide en su ausencia cotidiana en la vida de sus hijos, Susan y Abraham. Susan, de 15 años, está en cuarto año de bachillerato y vive en la urbanización Parque Valencia con una sobrina de la señora Marlene. Abraham, de 14, está en tercer año y es una promesa del béisbol en la academia “Prospectos” de La Viña y vive con un familiar que es entrenador.

Para Marlene, lo más difícil es enfrentar la mirada de los dos adolescentes. “Ellos siempre preguntan que cuándo va su mamá a salir de allí, que hasta cuándo lo van a tener allí… uno a veces se queda sin hallar qué decirle porque es una pregunta muy difícil”, confiesa. 

El dolor se hace más presente en ella cuando los llevan de visita a El Valle. Cuando van, Susan y Abraham se sientan al mismo tiempo en las piernas de su madre. “Comienzan: ‘que este es el puesto mío, que este es el puesto tuyo’. Ella se siente feliz, pero cuando se vienen… ay, mire, eso parte el alma también”, cuenta Marlene.

El único registro

En el universo digital y público solo existe una nota publicada por el diario Últimas Noticias sobre el caso. En dicho texto se le identifica a la mujer detenida con el alias de “La Adriana” y se le señala de estar presuntamente vinculada a la banda de “Wilmer Bachiller”. La nota menciona la presunta incautación de dólares en efectivo y un vehículo.

Para la familia, leer o escuchar sobre estos vínculos es entrar en un terreno desconocido. “De esas cosas de bandas no sabemos nada. Nosotros somos personas de bien, trabajadoras y nunca hemos sabido que ella andara con bandas”, insiste Marlene, quien asegura haberse enterado de la supuesta vinculación de Adriana con estos grupos durante la entrevista realizada para este artículo.

La Operación Trueno

La detención de Adriana ocurrió tras la llamada Operación Trueno. Este operativo fue una política de seguridad de gran escala ejecutada en 2022. La fase II se concentró precisamente en Yaracuy, con el objetivo de desarticular a la banda de “Wilmer Bachiller”, liderada por Wilmer Gustavo Aponte (con la cual vinculan a Adriana). Bajo el mando del Ministerio del Interior, cuerpos como el Cicpc, la PNB y el Conas se desplegaron en municipios como Veroes y Bruzual.

No obstante, lo que el Estado presentó como un éxito, en su informe de 2023, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU lo describió como una continuación de las prácticas de alta letalidad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Operación Liberación del Pueblo (OLP). El informe de la Misión subraya que estas operaciones masivas a menudo resultan en detenciones arbitrarias de personas que no tienen vínculos reales con las bandas, utilizadas para demostrar “resultados” ante la opinión pública, mientras los verdaderos líderes logran escapar. En Yaracuy, el operativo dejó ocho muertos en supuestos enfrentamientos y decenas de detenidos bajo patrones de ingreso ilegal a viviendas y simulación de evidencias, según denuncias de sus allegados.

Recientemente, los familiares de los detenidos por la Operación Trueno en Yaracuy hicieron una vigilia en las afueras de la iglesia El Nazareno de San Felipe para pedir que sus parientes sean excarcelados. Según la reseña del medio regional Yaracuy al día, la mayoría de los detenidos son juzgados en tribunales con competencia en terrorismo, pero sus familias aseguran que no son delincuentes y que los detuvieron en operativos que se ejecutaron violando los derechos humanos.

Esta operación también se realizó ese mismo año en otros estados, como Guárico, con el objetivo de combatir al Tren del Llano. Allí, específicamente en Altagracia de Orituco, la organización Defiende Venezuela documentó abusos sistemáticos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos, allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, extorsión y sobornos, procesos judiciales viciados, torturas y tratos crueles, entre otros.

70 audiencias sin un solo testigo que declare en contra

El laberinto judicial de Adriana parece no tener salida. “Ya le hicieron todas las audiencias habidas y por haber. Ese proceso terminó. Le han hecho 70 audiencias y no hay ningún testigo que la señale”, denuncia Marlene.

A pesar de que el proceso ha agotado sus etapas y no se han presentado pruebas contundentes que la vinculen orgánicamente con alguna organización criminal de Yaracuy, Adriana sigue presa.

Desde su casa en Naguanagua, Marlene García no pierde la fe. Aunque ya no puede cultivar la tierra, cultiva la esperanza de ver a su sobrina libre. “Estamos pidiendo justicia porque sabemos que no ha hecho nada. Estamos pidiéndole a Dios que ella salga porque ya tiene mucho tiempo allí”.

Mientras el sistema judicial mantiene el hermetismo, Marlene sigue abordando el autobús cada vez que puede visitarla. Cada envase de jugo congelado que le lleva a su sobrina es una promesa de que su familia de agricultores no permitirá que el nombre de Adriana se borre en el olvido de una celda. Ella, la maestra que un día regresó de Perú para celebrar el cumpleaños de su mamá, sigue esperando el día en que Susan y Abraham puedan volver a pelearse por un puesto en sus piernas, pero esta vez, en la libertad de su hogar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Militantes de Vente Venezuela son los menos favorecidos por excarcelaciones

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Una base de datos que lleva el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (CDHVV) revela que la mayoría de las excarcelaciones de presos políticos ocurridas después del 3 de enero, no han alcanzado a quienes tuvieron una militancia política antes, durante y después de la controvertidas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

De acuerdo con el registro del comité, entre 2024 y 2025 hubo 453 detenidos por motivos políticos quienes estaban vinculados directamente a partidos de oposición. De ellos, 345 han sido excarcelados y 107 aún están privados de libertad. 82 son hombres y 25 mujeres. Los datos incluidos en el reportaje son los que ha contabilizado el comité hasta horas del mediodía de este viernes 6 de febrero.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, el gobierno de Rodríguez, en un supuesto gesto de “apertura política”, activó un proceso de excarcelaciones para los presos políticos. Sin embargo, Organizaciones no Gubernamentales como el Foro Penal han denunciado la falta de transparencia y dilatación en las liberaciones. El último balance de la ONG, informó que desde el 8 de enero han liberado a 383 presos políticos de los 902 registrados por la organización el20 de diciembre de 2025. 

El registro realizado por el Comité de Derechos Humanos del partido liderado por la Premio Nobel de La Paz, María Corina Machado,  arrojó también que existe una gran disparidad entre detenidos y excarcelados por partido político, es decir, la pertenencia partidista influye directamente en la probabilidad de estar actualmente en prisión.

Los más castigados

El reporte detalla que el partido Vente Venezuela ha sido el más afectado en cuanto al número de detenciones y la menor cantidad de excarcelaciones. Según el registro, de un total de 200 detenidos de VV entre 2024-2025, al menos 63 siguen privados de libertad.

Otro de los partidos más castigados, pero en menor medida, es Voluntad Popular. La base de datos indicó que en el tiempo analizado fueron detenidos 42 políticos, de los cuales, hasta el momento, han sido excarcelados 33 y 9 siguen detenidos.

Del Comando con Venezuela, asociado también a María Corina Machado, 34 miembros fueron detenidos, 23 fueron excarcelados y 12 aún están en prisión.

Respecto a Acción Democrática la base de datos registra 18 encarcelados, de los cuales 15 fueron liberados y 3 permanecen detenidos.

De COPEI hubo un total de 4 detenciones, a la fecha, dos fueron excarcelados y dos están detenidos. Por la Alianza Bravo Pueblo (ABP) cuatro miembros fueron detenidos, tres están en libertad y uno está en prisión.

El partido Encuentro Ciudadano registró un total de 21 detenidos, de estos 19 fueron excarcelados y dos permanecen bajo arresto, mientras que por Convergencia han excarcelado a cinco personas y uno está en prisión. 

Por la Causa R detuvieron a tres miembros de los cuales dos ya fueron excarcelados y uno sigue detenido. También figura la detención de tres personas que se identifican como independientes.

Según la base de datos del comité, partidos como Movimiento por Venezuela, Proyecto Venezuela y organizaciones como Fedra Bolívar, 600k y Gente, registran cada una un detenido respectivamente y cero excarcelaciones. 

Por último, agrupaciones como Zulia Humana, Rumbo Propio, Sindicalistas e Independientes registran uno excarcelado cada una.

Los mujeres también son castigadas

Aunque la mayoría de los detenidos son hombres, las mujeres que formaron parte de partidos políticos también fueron castigadas. Los datos del CDHVV revelaron que la participación y vinculación de las féminas en estructuras, coordinación y liderazgo comunitario, las hicieron un blanco fácil de la represión gubernamental.

Las mujeres militantes de Vente Venezuela también fueron las más castigadas. De los 453 militantes en partidos políticos, aún quedan detenidas 25 mujeres. De ellas, 18 formaron parte de Vente Venezuela, un 22% del total de detenidos hasta el momento (112).

Entre los partidos que registraron una sola detención de mujeres están Voluntad Popular, Comando Con Venezuela, Acción Democrática, Independiente, Sindicalisra, 600K y Súmate.

En contraste, partidos como Primero Justicia, Encuentro Ciudadano, Convergencia, COPEi, ABP, ABR no registraron detención de féminas.

Entre los casos más emblemáticos está el de Dignora Hernández, secretaria política nacional del partido Vente Venezuela, quien es la mujer que pertenece a un partido político que lleva más tiempo tras las rejas. El pasado 20 de marzo de 2024, en un video difundido en redes sociales, quedó evidenciado cuando funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana DIP, se la llevaron a la fuerza. “Auxilio, por favor”, fue el grito desesperado de Dignora que estremeció a todo el país. Desde entonces, sus familiares y abogados solo saben que está detenida en el Helicoide, en Caracas. 

Otro caso que generó conmoción fue el de María Oropeza, coordinadora de de Vente Venezuela en Portuguesa, quien está detenida desde el 06 de agosto de 2014. El video de su detención le dio la vuelta al mundo. La abogada y activista transmitió en vivo el momento en el que  agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entraron a su casa en Guanare de forma violenta. Una comisario, que se identificó como “Zambrano”, le exigía que le abriera la puerta mientras ella le solicitaba la orden de allanamiento. Al fondo, se escuchaban los golpes que le daban a la reja de la vivienda.

Mayra Montilla, Yraida Ruíz, Catalina Ramos, Alexandra Peña, Nikoll Arteaga, Albany Colmenares, diliangela Guédez, Ada Anciani, Elizabeth Rodríguez, Marielys Sandoval, Xiomara Ortíz, Luz María Rodríguez, Mirla Catire, Francis Constantino, Yenhalen Tovar y Mary Rodríguez son otras mujeres detenidas vinculadas con el partido Vente Venezuela. 

Los hombres con más tiempo en prisión

La persecución del gobierno no comenzó con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La cacería en contra de los miembros del partido Vente Venezuela inició en el mes de enero de ese mismo año. Juan Freites, dirigente político, economista y coordinador estatal de Vente Venezuela en La Guaira, fue detenido el 23 de enero cuando un motorizado lo trasladaba a una concentración de María Corina Machado en Caracas.

A Luis Camacaro, coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Yaracuy, también lo detuvieron el 23 de enero de 2024 en el marco de una ola de persecución contra los comandos de campaña de María Corina Machado.

Emil Brant, ingeniero y dirigente político, se desempeñó como coordinador estatal de Vente Venezuela y director del Comando Con Venezuela en el estado Barinas cuando fue detenido el 8 de marzo de 2024. 

Otro detenido es Henry Alviárez, coordinador nacional de Organización de Vente Venezuela y una de las figuras clave del comando de campaña. Fue arrestado el 20 de marzo de 2024 por funcionarios del SEBIN en Caracas. Su detención ocurrió simultáneamente con la de Dignora Hernández, tras ser vinculados por el Ministerio Público con supuestos planes conspirativos.

El reconocido abogado y asesor jurídico del Comando Con Venezuela, Perkins Rocha, fue secuestrado por sujetos no identificados el 27 de agosto de 2024, mientras salía de una farmacia en Caracas. Desde entonces permanece en El Helicoide junto a sus demás compañeros del partido.

Los centros de detención que albergan más presos políticos destacan, principalmente El Helicoide, el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Yare I, II y III y El Rodeo.

 “No se necesita una ley de amnistía para abrir las celdas”

Este jueves, 5 de febrero, fue aprobado en primera discusión el “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, propuesta impulsada por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, para “cerrar las heridas de décadas de confrontación”. 

El proyecto, que consta de 13 artículos, abarcaría hechos políticos ocurridos desde 1999 hasta el presente. La normativa enfatiza que quedan excluidos del beneficio aquellos que hayan cometido delitos como “violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas”.

A propósito de la aprobación de la Ley de Amnistía, el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Orlando Moreno, aseveró que  “no se necesita una ley de amnistía para abrir las celdas”.

“Nuestra expectativa no es un debate legislativo. Para nosotros es la libertad inmediata y total de todos los presos políticos, civiles, militares y policías. Ellos -el gobierno- para secuestrar a miles de venezolanos, para sacarlos de su casa y desaparecerlos, no necesitó ninguna ley”, aseguró Moreno. 

El coordinador del Comité añadió que si el gobierno realmente quisiera hablar de paz, de democracia, de reconciliación, el camino no son los discursos sino el “desmontaje real del aparato represivo y criminal que hoy aún está en el pueblo”.

A juicio de Orlando Moreno lo primero que debe hacer el gobierno es eliminar y desmantelar las estructuras represivas como la Dgcim y el Sebin, organismos que, para él, son usados exclusivamente para perseguir, castigar e incluso torturar. 

Para Moreno también se deben cerrar definitivamente todos los centros de tortura y finalizar los procedimientos ilegales, incluso inconstitucionales, contra los ciudadanos inocentes y permitir el ingreso inmediato de los exiliados y perseguidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Esposa de John Jaimes quiere poner fin a su pesadilla

“Desde ese momento para aca mi vida ha sido una tortura”, dijo en un Instagram Live organizado por la ONG Foro Penal, Yuleidy Tarazona, esposa del sargento mayor tercero del Ejército, John Jaimes.

Tarazona indicó que su esposo fue detenido el 19 de septiembre de 2019 por personas que lo sacaron esposado de su residencia en Táchira sin una orden judicial frente a la mirada de su hijo de apenas tres años.

Precisó que en una primera instancia lo llevaron a la sede de la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en San Cristóbal y posteriormente lo llevaron a Caracas.

“Estuvo 60 días en Boleíta, donde no recibía agua ni comida, me quedé 15 días ahí y cuando lo pude ver estaba con la boca llena de sangre, con golpes y moretones por todo el cuerpo”, contó-

Tarazona aseguró que posteriormente trasladaron a su esposo a la cárcel de Ramo Verde, donde aún permanece.  

“Lo tuvieron 15 días en El Tigrito (aislado) yo viajé en agosto del año pasado para llevarle comida, pero me dice que ya no tiene”, reveló.

La mujer aseguró que vende tortas para poder ayudar a su esposo y mantener a su hijo de 10 años. “Yo he adelgazado mucho, la última vez que fui a Caracas no lleve a mi hijo porque de aquí de San Cristóbal el pasaje cuesta 35 dólares”. Agradeció que ha contado con la colaboración de familiares, amigos, vecinos e integrantes de organizaciones no gubernamentales.

“Ya quiero que se acabe esta pesadilla y con la Ley de Amnistía lo liberen para volver a pasar un Navidad, un cumpleaños juntos”, clamó.

A la conversación también se unió el periodista Víctor Ugas, quien fue excarcelado a mediados del mes de enero junto a una decena de colegas.  

“Pasé por un proceso difícil, fue año y medio en Tocorón. Sigo pidiendo por la libertad de todos los presos políticos, me impactó ver a los familiares pernoctando en El Helicoide y en la Zona 7 de la PNB”, expresó.

Lisbeth Añez, apodada “Mamá Lis”, dijo que desde el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a un “número importante” de presos políticos, familiares del interior viajaron a la capital venezolana. 

“Ya vamos a cumplir un mes de ese anuncio y se han creado campamentos espontáneos frente a los centros de reclusión. En el El Rodeo son más de 80 familiares pernoctando allí. Hay personas de la tercera edad y gente enferma que ha tenido crisis”.

Anna Mariani, coordinadora de Foro Penal en Miami, informó que hasta el momento la organización contabiliza 383 excarcelados desde el pasado 8 de enero.

“Todavía hay 687 detenidos, de los cuales 600 hombres y el resto mujeres, hay un adolescente. De esa cantidad no se conoce el paradero de más de 50 personas y 59 son extranjeros”, precisó.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Ley de Amnistía se limita a diez eventos específicos entre 2002 y 2024

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La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional el pasado jueves 5 de febrero tiene por objeto conceder una amnistía general y plena en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, en el marco de los sucesos de violencia por motivos políticos que se indican en esta Ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática. Sin embargo, tiene una legra pequeña.

El proyecto, distribuido por el diputado Luis Florido a través de sus redes sociales, señala en su artículo 6, que se concede amnistía general a favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas, por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026, en el contexto de los siguientes hechos:

  1. El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
  2. Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
  3. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo de 2004.
  4. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto de 2004.
  5. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007.
  6. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
  7. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014.
  8. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017.
  9. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019.
  10. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Quedarían por fuera otros hechos y momentos que no estén en el marco de estos acontecimientos que señala explícitamente el texto de la ley conformado por 13 artículos y en el que que también quedarían excluidas de la aplicación de la amnistía prevista en esta Ley las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tampoco serían objeto de beneficio los señalados por homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a 9 años de prisión y delitos contra el patrimonio público.

Extinción de las causas

Con la amnistía regulada en esta ley todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles que se encuentren en trámites judiciales y procedimientos, incluyendo solicitudes de extradición relacionadas exclusivamente con los hechos objeto de la amnistía.

En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas. Los efectos de la presente amnistía se extienden a los autores y partícipes de los delitos a que hace referencia esta Ley.

El Tribunal de control o juicio competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo. Por otra parte, los organismos administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o de la persona interesada.

Delsa Solórzano, presidente del partido Encuentro Ciudadano, señaló que el texto divulgado es “incompleto y potencialmente peligroso” y advirtió que al no derogarse expresamente estas leyes, queda abierta la puerta para nuevas detenciones, incluso después de una eventual aplicación de la amnistía.

Asimismo, el proyecto “no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas”.

Abierto el período de consultas previo a la aprobación de la ley en segunda discusión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a las bases del PSUV a debatir la Ley de Amnistía en las calles, escuchando a las víctimas y familiares de detenidos. Por su parte, Oscar Murillo, coordinador ejecutivo de Provea señaló que siguen preocupados de la redacción de dos aspectos en la exposición de motivos, ya que “el espíritu de una ley de esta naturaleza no es atribuir a un sector la culpa e insisten en plantear la amnistía en un “acto de clemencia soberana”.

El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática está disponible aquí

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“Él me dejó caer”: La anécdota que compartió madre de presa política en encuentro con “Nicolasito”

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La señora Fanny Lozada, madre de la presa política Alinnis Araujo, compartió la anécdota que vivió en la cárcel de El Rodeo con Nicolás Maduro Guerra “Nicolasito”, hijo del exgobernante capturado por los Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros.

En entrevista para NTN24, Lozada comentó que cuando estuvo detenida en la cárcel de El Rodeo, “Nicolasito” se acercó a ella preguntarle si sabía los motivos por los cuales estaba detenida.

“Yo estaba encapuchada, no sabía quién me estaba hablando, luego me enteré que era él. Me preguntó si sabía por qué estaba detenida y le respondí que por ser la madre de Alinnis Araujo y me respondió: “ah, estás clara”, dijo Lozada.

Ante la aseveración de “Nicolasito”, Fanny Lozada le respondió: “Sí, los que no están claros son ustedes. Ustedes no están claros y saben que están cometiendo un error”.

La madre de Alinnis comentó que justo en ese momento se iba a caer de la silla y se lo hizo saber. “Le dije que me iba a caer de la silla y su respuesta fue ‘cáete’, me dejó caer y se fue”.

Caso Alinnis Araujo

Alinnis Araujo es señalada por las autoridades chavistas por su presunta participación en la conspiración para colocar artefactos explosivos en Plaza Venezuela, en Caracas.

Diosdado Cabello, en rueda de prensa. informó que se incautó un arsenal de armas y explosivos, los cuales serían utilizados por los grupos de conspiración de la extrema derecha venezolana y mercenarios para los ataques terroristas con los que tenían planeado desestabilizar el país.

El 11 de agosto de 2025, también se llevaron detenidos a la señora Fanny Lozada junto a seis adolescentes, todos miembros de la misma familia. Cinco días después fueron liberados.

En una concentración en la Universidad Central de Venezuela, el pasado 3 de febrero, para exigir la libertad de los presos políticos, la señora Fanny Lozada detalló que Alinnis tiene tres hijos y que a uno de ellos, un adolescente de 15 años “lo torturaron, lo amarraron, le metieron su cabeza en una bolsa y le metieron corriente“.

Durante la actividad, Lozada informó que no sabía dónde estaba su hija, que tenía más de seis meses que no la veía y, mientras relataba más detalles del caso sufrió un desmayo. Horas después, Fanny Lozada informó que gracias al reclamo de días y a la presión ejercida, su hija llamó a su tío para notificarle que estaba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Restituir libertad de expresión pasa por desmontar el aparato represivo

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Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 uno de sus principales objetivos fue arropar en el aspecto comunicacional y coartar la libertad de expresión. No solamente usando su característico verbo encendido con exageradas horas de transmisión en radio y televisión, sino también imponiendo la censura y autocensura en medios privados, legado que infló su sucesor, el ahora detenido en Estados Unidos con cargos de terrorismo y narcotráfico, Nicolás Maduro.

De acuerdo a la ONG Espacio Público, más de 400 medios de comunicación se han cerrado en Venezuela desde el arribo de Chávez a Miraflores, siendo el caso más emblemático el de Radio Caracas Televisión (Rctv), canal cuya concesión fue revocada en mayo de 2007 para abrirle paso a la señal oficialista de Tves. 

RCTV fue apenas la punta del iceberg y el punto de partida de una política sistemática de silencio, censura, persecución a los periodistas y coerción de la libertad de expresión. 

Según Espacio Público, entre 2008 y 2011, el gobierno de Chávez cerró al menos cuatro televisoras, 58 emisoras de radio y dos periódicos. 

Estas cifras se incrementaron con la llegada de Maduro, quien fue responsable de la clausura de más de 60 periódicos, alrededor de 200 emisoras de radio, una decena de canales de televisión y medios digitales.

Aunado a esta política, el chavismo instauró un bloqueo a sitios webs y clausuró la señal de X en Venezuela, a la cual se puede acceder solo con un uso de VPN.

También instauró una especie de cacería de brujas contra el periodismo independiente, especialmente después de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando hubo más de 2.000 detenciones de miembros de la sociedad civil.

Precisamente en 2024, Espacio Público documentó más de 300 casos de violaciones a la libertad de expresión, un incremento de 52% con respecto a 2023.

En ese año electoral, marcado por el exilio obligado del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, el bloqueo de pasaportes, la criminalización de la protesta, la limitación de la cobertura periodística y la revisión de teléfonos por parte de funcionarios, Espacio Público registró 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, un aumento de 61% en comparación con el año anterior.  

Las detenciones de los trabajadores de la prensa se dispararon llegando a 99, un incremento de 254% frente a las que se registraron el año anterior. 

Del total de aprehensiones, 28 se produjeron por el uso de redes sociales, mientras que 36 fueron por acusaciones de supuesta instigación al odio. 

Un seriado producido por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (Sntp), denominado Presos por contar la Verdad, se pasea por historias que van desde la convalecencia en prisión del excarcelado Ramón Centeno, cuya madre murió poco después de salir de prisión, hasta el editor de La Patilla, Rory Branker, excarcelado recientemente.

Aunque la mayoría de los trabajadores de la prensa regresaron a su hogar,  luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez de llevar a cabo un “número importante” de excarcelaciones, todavía quedan cinco tras las rejas: Juan Pablo Guanipa, Marifel Guzmán, Pedro Urribarri, Deivis Correa y Jonathan Carrillo. 

El secretario general del Sntp, Marco Ruiz, dijo que los 30 periodistas que han sido excarcelados en los últimos dos años siguen sometidos a medidas restrictivas de libertad. 

“Eso no es justicia, es castigo diferido, persecución judicial prolongada, levantar todas las restricciones es una obligación del Estado”, dijo el sindicalista. 

No hay democracia sin libertad de expresión

Para el periodista y escritor Boris Muñoz no es factible una transición a la democracia sin la restitución plena de la libertad de expresión. 

“En todas sus facultades y eso no se está viendo por ninguna parte hoy en día”, sostuvo el fundador de la columna de opinión en español del New York Times.   

Para Muñoz, mientras siga intacta la estructura represiva gubernamental es imposible hablar de la recuperación de la libertad de expresión.

“Yo percibo que los signos de censura directa e indirecta contra los medios y periodistas siguen muy activos como un sistema coercitivo”, opinó.

Ayrton Monsalve, politólogo y magíster en comunicación, coincidió con Muñoz y agregó que la represión no solamente atenta contra la libertad de expresión de los periodistas.  

“También va contra la ciudadanía a la que detienen en puntos de control improvisados para revisarle el teléfono. Ese tipo de acciones tienen que cesar. Los organismos de seguridad no se pueden prestar para eso”, sentenció.

Monsalve agregó que desmontar el sistema represivo también pasa por derogar leyes como las de Odio y Resorte, que atentan contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública: “Un periodista o un activista puede ser detenido simplemente por informar o expresar una opinión que contraste con la narrativa oficial”. 

Para Edgar Cardenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas, hablar de libertad de expresión en este momento es una utopía.

“Primero, necesitamos seguridad jurídica, no podemos hablar de libertad con la existencia de leyes mordaza que se usan para limitar la libertad de expresión y censurar”, amplió.

Muñoz recordó que apenas este 7 de enero, 14 periodistas fueron detenidos y posteriormente liberados por fuerzas de seguridad del Estado durante la toma de posesión como presidenta encargada de Delcy Rodríguez. 

“Hasta ahora, de lo que hemos sido testigos, es de un arreglo político de convivencia entre Estados Unidos y el régimen post madurista, en el cual se mantiene intacta la estructura represiva, pese a algunas excarcelaciones que son más que todo humanitarias para quedar bien y no hacer mucho ruido ante la opinión pública”, indicó el excolumnista del NYT.

Muñoz añadió que, pese a las excarcelaciones de periodistas, el temor sigue instalado en la ciudadanía: “Y eso es una mala noticia porque aleja la posibilidad de una restitución real de la libertad de prensa en Venezuela”.

Pasos hacia la libertad

Monsalve expresó que sin que exista un anuncio verbal por parte de las autoridades de facto nacionales luego de la captura de Nicolás Maduro, la mayoría del ecosistema mediático ha decidido dar pasos firmes, pero con cautela en pos de superar la censura.

El politólogo y especialista en comunicación colocó como ejemplo lo acontecido con Venevisión, que retó el cerco informativo al transmitir una noticia sobre la reunión de María Corina Machado con Donald Trump y recientemente de la jefa de la misión diplomática en Venezuela, Laura Dogu, decisión que le costó al canal de señal abierta la salida de algunas plataformas. 

“Para que podamos consagrar un país enmarcado en los derechos humanos, civiles y políticos, toda la ciudadanía debe estar involucrada y la prensa es importante para visibilizar cada una de las distintas realidades”, dijo Monsalve.

Monsalve apuntó que dirigentes políticos como Delsa Solórzano, Andres Velázquez y Alfredo Ramos, así como el movimiento estudiantil universitario, han roto progresivamente el silencio y la clandestinidad. 

“Se ha podido retomar el periodismo de calle, pases o avances informativos, profundizar en el trabajo reporteril de los medios digitales, creo que los mismos periodistas han sentido que algunas condiciones están dadas y se siente una diferencia a los días posteriores al 28 de julio de 2024, cuando había que salir de manera controlada”, profundizó.

No obstante, sentenció que aún hay peligros, y puso como ejemplo la detención momentánea este miércoles 4 de febrero del corresponsal de la televisora alemana Deutsche Welle (DW), Alvaro Algarra.

El politólogo y experto en comunicación aspira que con la aprobación de la Ley de Amnistía en el Parlamento cualquier periodista sienta seguridad al hacer su trabajo.

“El periodista debe poder informar sin miedo a que un funcionario policial lo espere fuera del medio donde trabaja o su vivienda”, indicó el miembro del CNP, Edgar Cardenas.

Para Cárdenas, el Estado debe dejar de funcionar como una caja negra: “El periodista necesita datos, cifras, acceso a fuentes e información pública”.

Por su parte, Muñoz apuesta porque se recuperen los espacios que secuestró el chavismo. 

“Yo creo en la capacidad de la prensa independiente para investigar el poder”, concluyó.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Iglesia, estudiantes y sociedad civil apoyan a familiares de presos políticos

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Grupos civiles, de la Iglesia Católica y del movimiento estudiantil universitario han convocado para este sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana a un Encuentro de Oración y Solidaridad, “por la paz, la libertad y la reconciliación”, en los alrededores de 12 cárceles del país donde todavía hay presos políticos a la espera de su libertad plena.

“Aprovechemos para expresarnos comunitariamente, acercándonos a esos sitios con respeto, que lo que vamos es a rezar y a estar cerca de nuestros hermanos que están sufriendo”, dijo en un mensaje de paz el cardenal Baltazar Porras, al respaldar el llamado a favor de los presos políticos y de sus familiares, que permanecen en vigilia desde hace un mes cerca de los centros de reclusión.

“Busquemos cómo reunirnos en cada una de las ciudades donde vivamos y en aquellas donde están en vigilia permanente, donde tienen familiares y seres queridos que están esperando su liberación”, dijo el cardenal en un video que circula en redes sociales.

“Que esa sea la mejor manera de poder ir progresando en la conciencia de que tenemos que ser hombres libres interior y exteriormente”, dijo el cardenal.


Quienes no pueden estar físicamente, que colaboren con cada uno de los grupos que allí están para llevar algo de comida, o medicamentos, “algo que nos haga de verdad solidarios”, dijo el cardenal al hacer votos por construir “una Venezuela mejor y más fraterna”.

Estudiantes de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello se sumarán a esta nueva convocatoria. En días previos líderes estudiantiles han organizado colectas de alimentos, agua y bienes esenciales para entregarlos a las familias que permanecen en vigilia, a la intemperie, esperando la liberación de sus seres queridos.
“Este encuentro es un gesto humano y espiritual que nos congrega en un espacio para elevar una súplica sincera y reflexión; para estar unidos en un espíritu de apoyo mutuo en defensa de las familias; por el respeto a los Derechos Humanos, la libertad plena de todos los encarcelados por motivos políticos; por la amnistía y diálogo nacional inclusivo, creíble y con garantías”, dicen los grupos organizadores en un comunicado.

En Caracas, la cita es el sábado 07 de febrero a las 10:00 de la mañana, frente a la primera estación de gasolina después de La Roca Tarpeya, Avenida Presidente Medina (anteriormente Av. Victoria), con vocería de la sociedad civil y representantes del movimiento estudiantil universitario. “Este es un llamado a trascender lo que nos divide y a afirmar lo que nos une: el anhelo de una Venezuela donde reine la justicia, la libertad sea realidad, la paz sea permanente y la reconciliación nos permita caminar juntos de nuevo”, agregan los organizadores.

Según cifras recopiladas y verificadas por la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero solo han sido excarcelados 383 presos políticos. Estas personas no tienen libertad plena, están sometidas a medidas sustitutivas, régimen de presentación y no se les han restituido sus plenos derechos. Al 2 de febrero Foro Penal contaba 687 presos políticos en todo el país, incluyendo 87 mujeres. Se desconoce el paradero de 51 de estas personas.

Lugares para actividad: “Oración por la libertad y la paz”:

  1. Carabobo: Centro de Reclusión Sede Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de los Guayos.
  2. Libertador: Centro de Reclusión El Helicoide.
  3. Monagas: Centro de Reclusión y Resguardo PNB y Centro de Formación cárcel de La Pica.
  4. Anzoátegui: Sector Playa Mansa.
  5. Barinas: Av. 23 de enero.
  6. Zulia: Parque Urdaneta, de Maracaibo, cerca del antiguo retén de Bella Vista.
  7. Lara: Catedral de Barquisimeto.
  8. Táchira: Plaza Juan Maldonado en San Cristóbal. (Frente al Edificio Nacional y la Catedral).
  9. Zulia: Plazoleta de la Iglesia, Santa Bárbara Zulia.
  10. Mérida: Circuito Judicial de Mérida.
  11. ⁠Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón.
  12. ⁠Parroquia Nuestra Señora de Coromoto, Los Olivos, Ciudad Guayana.

Censura, autocensura y “publi-censura”: boche al buen periodismo en Venezuela

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En Venezuela hacer buen periodismo es muy arriesgado. Muchos periodistas han sido arrestados, otros han tenido que exilarse (el caso de Armando.Info es el más relevante) y quienes han pagado con su propia vida por hacer su trabajo de informar (recuerdo al fotógrafo del diario 2001, Jorge Tortoza, asesinado el 11 de abril de 2002). Hay muchos que son valientes y siguen haciendo un trabajo honorable. Varios portales e individualidades son una demostración de periodismo profesional.

Otros periodistas, incluso connotados por sus programas de radio y televisión, han seguido ejerciendo el oficio con los altibajos propios de practicarlo en un régimen autoritario. Lo hacen practicando la censura. Hay temas de los que no hablan ni escriben. Tienen prohibidos ciertos entrevistados. Pasan agachados haciéndose los buenos monaguillos (y “monaguillas”) que bajan la cabeza ante el autoritarismo, manteniendo siempre el “optimismo”. Son vendedores de mentiras, miedosos algunos, otros oportunistas.

Hay periodistas que se autocensuran. No es que se alegren por eso. Más bien sienten culpa. Pero la autocensura es una estrategia de supervivencia. Se protegen y protegen a sus familias. Saben que si dicen algo o entrevistan a alguien se pueden meter en problemas. En estos días el ministro Diosdado Cabello, encargado de la represión, se quejó en televisión que el canal Venevisión le haya dado un brevísimo espacio a María Corina Machado que declaraba en Washington al salir de una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Piensan ciertos periodistas que es mejor autocensurarse esperando que vengan tiempos mejores cuando finalmente se produzca un retorno a la democracia.

Censura por publicidad

Otro “boche” al periodismo (en el lenguaje de las bolas criollas) es el de los comunicadores que se “publi-censuran”. La “publi-censura” es la censura motivada por conservar a un anunciante, para no molestar a quien compra publicidad en su espacio. En la radio venezolana de hoy es práctica común. Anunciantes se multiplican a la sombra de dineros de origen no muy claro. La transparencia en ese sentido se ha ido a la basura. La “publi-censura” calla informaciones de interés público en la política, la economía y la actividad criminal. Dirán los “publi-censuradores” que de “algo hay que comer”.

En el grupo de los que practican la “publi-censura” están periodistas ya venidos a menos que mantienen una presencia en la esfera digital. Medran allí sacándole lo que le puedan a sus anunciantes. No tienen muchos, ni son grandes marcas. Intentan mantenerse a flote en un competido mercado de redes sociales. Sus seguidores no aumentan. No logran subir sus views. Están estancados. Al practicar la “publi-censura” no se quieren poner de malas con sus amigos, no sea que eso produzca un disgusto y le quiten la publicidad. Se inhiben de hacer preguntas, de practicar la transparencia periodística. Y si un miembro de su audiencia se los reclama, se molestan mucho. Son “publi-censuradores” que quieren hacerse pasar por grandes del periodismo.

El dilema entre publicidad y periodismo es viejísimo. En la época de oro de los medios de masas se vivía constantemente la tensión entre el anunciante y la noticia. Los grandes periódicos mantenían un muro entre el departamento de ventas publicitarias y las redacciones. Ocurría lo mismo en el buen periodismo de televisión. Se intentaba separar los dos ejes del negocio en los medios privados. No siempre se lograba. Aunque había buenas prácticas que se seguían. Los periodistas no podían anunciar productos (una tradición más norteamericana y europea, menos latinoamericana), y los medios claramente hacían la diferencia entre contenido publicitario y contenido periodístico.

Esas fronteras se han ido borrando, especialmente en las plataformas digitales. Y más en una Venezuela en crisis. Los periodistas, sometidos a las mismas carencias económicas de la mayoría de los ciudadanos, tienen que buscar la forma de mejorar sus ingresos. Hay quien lo hace con honestidad y trata que el conflicto de intereses entre lo publicitario y lo periodístico no influya tanto en su ética profesional. Hay otros que prefieren tirar la ética periodística por la borda. Silencian contenidos en sus programas y no quieren que se produzcan sobresaltos que incomoden a sus anunciantes, a sus amigos y lobistas “reputados”. Todo sea por el “maldito parné” como dirían los andaluces.  

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es