“Desde ese momento para aca mi vida ha sido una tortura”, dijo en un Instagram Live organizado por la ONG Foro Penal, Yuleidy Tarazona, esposa del sargento mayor tercero del Ejército, John Jaimes.
Tarazona indicó que su esposo fue detenido el 19 de septiembre de 2019 por personas que lo sacaron esposado de su residencia en Táchira sin una orden judicial frente a la mirada de su hijo de apenas tres años.
Precisó que en una primera instancia lo llevaron a la sede de la División General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en San Cristóbal y posteriormente lo llevaron a Caracas.
“Estuvo 60 días en Boleíta, donde no recibía agua ni comida, me quedé 15 días ahí y cuando lo pude ver estaba con la boca llena de sangre, con golpes y moretones por todo el cuerpo”, contó-
Tarazona aseguró que posteriormente trasladaron a su esposo a la cárcel de Ramo Verde, donde aún permanece.
“Lo tuvieron 15 días en El Tigrito (aislado) yo viajé en agosto del año pasado para llevarle comida, pero me dice que ya no tiene”, reveló.
La mujer aseguró que vende tortas para poder ayudar a su esposo y mantener a su hijo de 10 años. “Yo he adelgazado mucho, la última vez que fui a Caracas no lleve a mi hijo porque de aquí de San Cristóbal el pasaje cuesta 35 dólares”. Agradeció que ha contado con la colaboración de familiares, amigos, vecinos e integrantes de organizaciones no gubernamentales.
“Ya quiero que se acabe esta pesadilla y con la Ley de Amnistía lo liberen para volver a pasar un Navidad, un cumpleaños juntos”, clamó.
A la conversación también se unió el periodista Víctor Ugas, quien fue excarcelado a mediados del mes de enero junto a una decena de colegas.
“Pasé por un proceso difícil, fue año y medio en Tocorón. Sigo pidiendo por la libertad de todos los presos políticos, me impactó ver a los familiares pernoctando en El Helicoide y en la Zona 7 de la PNB”, expresó.
Lisbeth Añez, apodada “Mamá Lis”, dijo que desde el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a un “número importante” de presos políticos, familiares del interior viajaron a la capital venezolana.
“Ya vamos a cumplir un mes de ese anuncio y se han creado campamentos espontáneos frente a los centros de reclusión. En el El Rodeo son más de 80 familiares pernoctando allí. Hay personas de la tercera edad y gente enferma que ha tenido crisis”.
Anna Mariani, coordinadora de Foro Penal en Miami, informó que hasta el momento la organización contabiliza 383 excarcelados desde el pasado 8 de enero.
“Todavía hay 687 detenidos, de los cuales 600 hombres y el resto mujeres, hay un adolescente. De esa cantidad no se conoce el paradero de más de 50 personas y 59 son extranjeros”, precisó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional el pasado jueves 5 de febrero tiene por objeto conceder una amnistía general y plena en favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, en el marco de los sucesos de violencia por motivos políticos que se indican en esta Ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática. Sin embargo, tiene una legra pequeña.
El proyecto, distribuido por el diputado Luis Florido a través de sus redes sociales, señala en su artículo 6, que se concede amnistía general a favor de todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas, por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026, en el contexto de los siguientes hechos:
El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo de 2004.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto de 2004.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019.
Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Quedarían por fuera otros hechos y momentos que no estén en el marco de estos acontecimientos que señala explícitamente el texto de la ley conformado por 13 artículos y en el que que también quedarían excluidas de la aplicación de la amnistía prevista en esta Ley las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tampoco serían objeto de beneficio los señalados por homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a 9 años de prisión y delitos contra el patrimonio público.
Extinción de las causas
Con la amnistía regulada en esta ley todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles que se encuentren en trámites judiciales y procedimientos, incluyendo solicitudes de extradición relacionadas exclusivamente con los hechos objeto de la amnistía.
En consecuencia, cesará cualquier medida de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas. Los efectos de la presente amnistía se extienden a los autores y partícipes de los delitos a que hace referencia esta Ley.
El Tribunal de control o juicio competente, a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo. Por otra parte, los organismos administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o de la persona interesada.
Delsa Solórzano, presidente del partido Encuentro Ciudadano, señaló que el texto divulgado es “incompleto y potencialmente peligroso” y advirtió que al no derogarse expresamente estas leyes, queda abierta la puerta para nuevas detenciones, incluso después de una eventual aplicación de la amnistía.
Asimismo, el proyecto “no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas”.
Abierto el período de consultas previo a la aprobación de la ley en segunda discusión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a las bases del PSUV a debatir la Ley de Amnistía en las calles, escuchando a las víctimas y familiares de detenidos. Por su parte, Oscar Murillo, coordinador ejecutivo de Provea señaló que siguen preocupados de la redacción de dos aspectos en la exposición de motivos, ya que “el espíritu de una ley de esta naturaleza no es atribuir a un sector la culpa e insisten en plantear la amnistía en un “acto de clemencia soberana”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La señora Fanny Lozada,madre de la presa política Alinnis Araujo, compartió la anécdota que vivió en la cárcel de El Rodeo con Nicolás Maduro Guerra “Nicolasito”, hijo del exgobernante capturado por los Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros.
En entrevista para NTN24, Lozada comentó que cuando estuvo detenida en la cárcel de El Rodeo, “Nicolasito” se acercó a ella preguntarle si sabía los motivos por los cuales estaba detenida.
“Yo estaba encapuchada, no sabía quién me estaba hablando, luego me enteré que era él. Me preguntó si sabía por qué estaba detenida y le respondí que por ser la madre de Alinnis Araujo y me respondió: “ah, estás clara”, dijo Lozada.
Ante la aseveración de “Nicolasito”, Fanny Lozada le respondió: “Sí, los que no están claros son ustedes. Ustedes no están claros y saben que están cometiendo un error”.
La madre de Alinnis comentó que justo en ese momento se iba a caer de la silla y se lo hizo saber. “Le dije que me iba a caer de la silla y su respuesta fue ‘cáete’, me dejó caer y se fue”.
“Él (Nicolasito) estuvo en la cárcel del Rodeo y le dije que me iba a caer y me dejó caer, el que daña a una mujer daña hasta la mamá, debería pensar mejor para hacer esas ridiculeces, no digo que no tenga sentimientos por su padre, pero él sabe lo que hizo”: Fanny Lozada, madre… pic.twitter.com/KT5JgnOcLk
Alinnis Araujo es señalada por las autoridades chavistas por su presunta participación en la conspiración para colocar artefactos explosivos en Plaza Venezuela, en Caracas.
Diosdado Cabello, en rueda de prensa. informó que se incautó un arsenal de armas y explosivos, los cuales serían utilizados por los grupos de conspiración de la extrema derecha venezolana y mercenarios para los ataques terroristas con los que tenían planeado desestabilizar el país.
El 11 de agosto de 2025, también se llevaron detenidos a la señora Fanny Lozada junto a seis adolescentes, todos miembros de la misma familia. Cinco días después fueron liberados.
En una concentración en la Universidad Central de Venezuela, el pasado 3 de febrero, para exigir la libertad de los presos políticos, la señora Fanny Lozada detalló que Alinnis tiene tres hijos y que a uno de ellos, un adolescente de 15 años “lo torturaron, lo amarraron, le metieron su cabeza en una bolsa y le metieron corriente“.
Durante la actividad, Lozada informó que no sabía dónde estaba su hija, que tenía más de seis meses que no la veía y, mientras relataba más detalles del caso sufrió un desmayo. Horas después, Fanny Lozada informó que gracias al reclamo de días y a la presión ejercida, su hija llamó a su tío para notificarle que estaba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
¡UN GRITO DESESPERADO QUE ATRAVIESA EL ALMA!
Imagina el terror, la angustia que desgarra a la Sra. Fanny Lozada. 6 meses de silencio, 6 meses sin saber dónde está su hija, Alinis Araujo Lozada, detenida arbitrariamente en agosto de 2025 por supuestamente estar involucrada con… pic.twitter.com/VFFWLifMhQ
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 uno de sus principales objetivos fue arropar en el aspecto comunicacional y coartar la libertad de expresión. No solamente usando su característico verbo encendido con exageradas horas de transmisión en radio y televisión, sino también imponiendo la censura y autocensura en medios privados, legado que infló su sucesor, el ahora detenido en Estados Unidos con cargos de terrorismo y narcotráfico, Nicolás Maduro.
De acuerdo a la ONG Espacio Público, más de 400 medios de comunicación se han cerrado en Venezuela desde el arribo de Chávez a Miraflores, siendo el caso más emblemático el de Radio Caracas Televisión (Rctv), canal cuya concesión fue revocada en mayo de 2007 para abrirle paso a la señal oficialista de Tves.
RCTV fue apenas la punta del iceberg y el punto de partida de una política sistemática de silencio, censura, persecución a los periodistas y coerción de la libertad de expresión.
Según Espacio Público, entre 2008 y 2011, el gobierno de Chávez cerró al menos cuatro televisoras, 58 emisoras de radio y dos periódicos.
Estas cifras se incrementaron con la llegada de Maduro, quien fue responsable de la clausura de más de 60 periódicos, alrededor de 200 emisoras de radio, una decena de canales de televisión y medios digitales.
Aunado a esta política, el chavismo instauró un bloqueo a sitios webs y clausuró la señal de X en Venezuela, a la cual se puede acceder solo con un uso de VPN.
También instauró una especie de cacería de brujas contra el periodismo independiente, especialmente después de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando hubo más de 2.000 detenciones de miembros de la sociedad civil.
Precisamente en 2024, Espacio Público documentó más de 300 casos de violaciones a la libertad de expresión, un incremento de 52% con respecto a 2023.
En ese año electoral, marcado por el exilio obligado del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, el bloqueo de pasaportes, la criminalización de la protesta, la limitación de la cobertura periodística y la revisión de teléfonos por parte de funcionarios, Espacio Público registró 619 denuncias de violaciones a la libertad de expresión, un aumento de 61% en comparación con el año anterior.
Las detenciones de los trabajadores de la prensa se dispararon llegando a 99, un incremento de 254% frente a las que se registraron el año anterior.
Del total de aprehensiones, 28 se produjeron por el uso de redes sociales, mientras que 36 fueron por acusaciones de supuesta instigación al odio.
Un seriado producido por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (Sntp), denominado Presos por contar la Verdad, se pasea por historias que van desde la convalecencia en prisión del excarcelado Ramón Centeno, cuya madre murió poco después de salir de prisión, hasta el editor de La Patilla, Rory Branker, excarcelado recientemente.
Aunque la mayoría de los trabajadores de la prensa regresaron a su hogar, luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez de llevar a cabo un “número importante” de excarcelaciones, todavía quedan cinco tras las rejas: Juan Pablo Guanipa, Marifel Guzmán, Pedro Urribarri, Deivis Correa y Jonathan Carrillo.
El secretario general del Sntp, Marco Ruiz, dijo que los 30 periodistas que han sido excarcelados en los últimos dos años siguen sometidos a medidas restrictivas de libertad.
“Eso no es justicia, es castigo diferido, persecución judicial prolongada, levantar todas las restricciones es una obligación del Estado”, dijo el sindicalista.
No hay democracia sin libertad de expresión
Para el periodista y escritor Boris Muñoz no es factible una transición a la democracia sin la restitución plena de la libertad de expresión.
“En todas sus facultades y eso no se está viendo por ninguna parte hoy en día”, sostuvo el fundador de la columna de opinión en español del New York Times.
Para Muñoz, mientras siga intacta la estructura represiva gubernamental es imposible hablar de la recuperación de la libertad de expresión.
“Yo percibo que los signos de censura directa e indirecta contra los medios y periodistas siguen muy activos como un sistema coercitivo”, opinó.
Ayrton Monsalve, politólogo y magíster en comunicación, coincidió con Muñoz y agregó que la represión no solamente atenta contra la libertad de expresión de los periodistas.
“También va contra la ciudadanía a la que detienen en puntos de control improvisados para revisarle el teléfono. Ese tipo de acciones tienen que cesar. Los organismos de seguridad no se pueden prestar para eso”, sentenció.
Monsalve agregó que desmontar el sistema represivo también pasa por derogar leyes como las de Odio y Resorte, que atentan contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública: “Un periodista o un activista puede ser detenido simplemente por informar o expresar una opinión que contraste con la narrativa oficial”.
Para Edgar Cardenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas, hablar de libertad de expresión en este momento es una utopía.
“Primero, necesitamos seguridad jurídica, no podemos hablar de libertad con la existencia de leyes mordaza que se usan para limitar la libertad de expresión y censurar”, amplió.
Muñoz recordó que apenas este 7 de enero, 14 periodistas fueron detenidos y posteriormente liberados por fuerzas de seguridad del Estado durante la toma de posesión como presidenta encargada de Delcy Rodríguez.
“Hasta ahora, de lo que hemos sido testigos, es de un arreglo político de convivencia entre Estados Unidos y el régimen post madurista, en el cual se mantiene intacta la estructura represiva, pese a algunas excarcelaciones que son más que todo humanitarias para quedar bien y no hacer mucho ruido ante la opinión pública”, indicó el excolumnista del NYT.
Muñoz añadió que, pese a las excarcelaciones de periodistas, el temor sigue instalado en la ciudadanía: “Y eso es una mala noticia porque aleja la posibilidad de una restitución real de la libertad de prensa en Venezuela”.
Pasos hacia la libertad
Monsalve expresó que sin que exista un anuncio verbal por parte de las autoridades de facto nacionales luego de la captura de Nicolás Maduro, la mayoría del ecosistema mediático ha decidido dar pasos firmes, pero con cautela en pos de superar la censura.
El politólogo y especialista en comunicación colocó como ejemplo lo acontecido con Venevisión, que retó el cerco informativo al transmitir una noticia sobre la reunión de María Corina Machado con Donald Trump y recientemente de la jefa de la misión diplomática en Venezuela, Laura Dogu, decisión que le costó al canal de señal abierta la salida de algunas plataformas.
“Para que podamos consagrar un país enmarcado en los derechos humanos, civiles y políticos, toda la ciudadanía debe estar involucrada y la prensa es importante para visibilizar cada una de las distintas realidades”, dijo Monsalve.
Monsalve apuntó que dirigentes políticos como Delsa Solórzano, Andres Velázquez y Alfredo Ramos, así como el movimiento estudiantil universitario, han roto progresivamente el silencio y la clandestinidad.
“Se ha podido retomar el periodismo de calle, pases o avances informativos, profundizar en el trabajo reporteril de los medios digitales, creo que los mismos periodistas han sentido que algunas condiciones están dadas y se siente una diferencia a los días posteriores al 28 de julio de 2024, cuando había que salir de manera controlada”, profundizó.
No obstante, sentenció que aún hay peligros, y puso como ejemplo la detención momentánea este miércoles 4 de febrero del corresponsal de la televisora alemana Deutsche Welle (DW), Alvaro Algarra.
El politólogo y experto en comunicación aspira que con la aprobación de la Ley de Amnistía en el Parlamento cualquier periodista sienta seguridad al hacer su trabajo.
“El periodista debe poder informar sin miedo a que un funcionario policial lo espere fuera del medio donde trabaja o su vivienda”, indicó el miembro del CNP, Edgar Cardenas.
Para Cárdenas, el Estado debe dejar de funcionar como una caja negra: “El periodista necesita datos, cifras, acceso a fuentes e información pública”.
Por su parte, Muñoz apuesta porque se recuperen los espacios que secuestró el chavismo.
“Yo creo en la capacidad de la prensa independiente para investigar el poder”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Grupos civiles, de la Iglesia Católica y del movimiento estudiantil universitario han convocado para este sábado 7 de febrero a las 10 de la mañana a un Encuentro de Oración y Solidaridad, “por la paz, la libertad y la reconciliación”, en los alrededores de 12 cárceles del país donde todavía hay presos políticos a la espera de su libertad plena.
“Aprovechemos para expresarnos comunitariamente, acercándonos a esos sitios con respeto, que lo que vamos es a rezar y a estar cerca de nuestros hermanos que están sufriendo”, dijo en un mensaje de paz el cardenal Baltazar Porras, al respaldar el llamado a favor de los presos políticos y de sus familiares, que permanecen en vigilia desde hace un mes cerca de los centros de reclusión.
“Busquemos cómo reunirnos en cada una de las ciudades donde vivamos y en aquellas donde están en vigilia permanente, donde tienen familiares y seres queridos que están esperando su liberación”, dijo el cardenal en un video que circula en redes sociales.
“Que esa sea la mejor manera de poder ir progresando en la conciencia de que tenemos que ser hombres libres interior y exteriormente”, dijo el cardenal.
Quienes no pueden estar físicamente, que colaboren con cada uno de los grupos que allí están para llevar algo de comida, o medicamentos, “algo que nos haga de verdad solidarios”, dijo el cardenal al hacer votos por construir “una Venezuela mejor y más fraterna”.
Estudiantes de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello se sumarán a esta nueva convocatoria. En días previos líderes estudiantiles han organizado colectas de alimentos, agua y bienes esenciales para entregarlos a las familias que permanecen en vigilia, a la intemperie, esperando la liberación de sus seres queridos. “Este encuentro es un gesto humano y espiritual que nos congrega en un espacio para elevar una súplica sincera y reflexión; para estar unidos en un espíritu de apoyo mutuo en defensa de las familias; por el respeto a los Derechos Humanos, la libertad plena de todos los encarcelados por motivos políticos; por la amnistía y diálogo nacional inclusivo, creíble y con garantías”, dicen los grupos organizadores en un comunicado.
En Caracas, la cita es el sábado 07 de febrero a las 10:00 de la mañana, frente a la primera estación de gasolina después de La Roca Tarpeya, Avenida Presidente Medina (anteriormente Av. Victoria), con vocería de la sociedad civil y representantes del movimiento estudiantil universitario. “Este es un llamado a trascender lo que nos divide y a afirmar lo que nos une: el anhelo de una Venezuela donde reine la justicia, la libertad sea realidad, la paz sea permanente y la reconciliación nos permita caminar juntos de nuevo”, agregan los organizadores.
Según cifras recopiladas y verificadas por la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero solo han sido excarcelados 383 presos políticos. Estas personas no tienen libertad plena, están sometidas a medidas sustitutivas, régimen de presentación y no se les han restituido sus plenos derechos. Al 2 de febrero Foro Penal contaba 687 presos políticos en todo el país, incluyendo 87 mujeres. Se desconoce el paradero de 51 de estas personas.
Lugares para actividad: “Oración por la libertad y la paz”:
Carabobo: Centro de Reclusión Sede Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de los Guayos.
Libertador: Centro de Reclusión El Helicoide.
Monagas: Centro de Reclusión y Resguardo PNB y Centro de Formación cárcel de La Pica.
Anzoátegui: Sector Playa Mansa.
Barinas: Av. 23 de enero.
Zulia: Parque Urdaneta, de Maracaibo, cerca del antiguo retén de Bella Vista.
Lara: Catedral de Barquisimeto.
Táchira: Plaza Juan Maldonado en San Cristóbal. (Frente al Edificio Nacional y la Catedral).
Zulia: Plazoleta de la Iglesia, Santa Bárbara Zulia.
Mérida: Circuito Judicial de Mérida.
Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón.
Parroquia Nuestra Señora de Coromoto, Los Olivos, Ciudad Guayana.
En Venezuela hacer buen periodismo es muy arriesgado. Muchos periodistas han sido arrestados, otros han tenido que exilarse (el caso de Armando.Info es el más relevante) y quienes han pagado con su propia vida por hacer su trabajo de informar (recuerdo al fotógrafo del diario 2001, Jorge Tortoza, asesinado el 11 de abril de 2002). Hay muchos que son valientes y siguen haciendo un trabajo honorable. Varios portales e individualidades son una demostración de periodismo profesional.
Otros periodistas, incluso connotados por sus programas de radio y televisión, han seguido ejerciendo el oficio con los altibajos propios de practicarlo en un régimen autoritario. Lo hacen practicando la censura. Hay temas de los que no hablan ni escriben. Tienen prohibidos ciertos entrevistados. Pasan agachados haciéndose los buenos monaguillos (y “monaguillas”) que bajan la cabeza ante el autoritarismo, manteniendo siempre el “optimismo”. Son vendedores de mentiras, miedosos algunos, otros oportunistas.
Hay periodistas que se autocensuran. No es que se alegren por eso. Más bien sienten culpa. Pero la autocensura es una estrategia de supervivencia. Se protegen y protegen a sus familias. Saben que si dicen algo o entrevistan a alguien se pueden meter en problemas. En estos días el ministro Diosdado Cabello, encargado de la represión, se quejó en televisión que el canal Venevisión le haya dado un brevísimo espacio a María Corina Machado que declaraba en Washington al salir de una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Piensan ciertos periodistas que es mejor autocensurarse esperando que vengan tiempos mejores cuando finalmente se produzca un retorno a la democracia.
Otro “boche” al periodismo (en el lenguaje de las bolas criollas) es el de los comunicadores que se “publi-censuran”. La “publi-censura” es la censura motivada por conservar a un anunciante, para no molestar a quien compra publicidad en su espacio. En la radio venezolana de hoy es práctica común. Anunciantes se multiplican a la sombra de dineros de origen no muy claro. La transparencia en ese sentido se ha ido a la basura. La “publi-censura” calla informaciones de interés público en la política, la economía y la actividad criminal. Dirán los “publi-censuradores” que de “algo hay que comer”.
En el grupo de los que practican la “publi-censura” están periodistas ya venidos a menos que mantienen una presencia en la esfera digital. Medran allí sacándole lo que le puedan a sus anunciantes. No tienen muchos, ni son grandes marcas. Intentan mantenerse a flote en un competido mercado de redes sociales. Sus seguidores no aumentan. No logran subir sus views. Están estancados. Al practicar la “publi-censura” no se quieren poner de malas con sus amigos, no sea que eso produzca un disgusto y le quiten la publicidad. Se inhiben de hacer preguntas, de practicar la transparencia periodística. Y si un miembro de su audiencia se los reclama, se molestan mucho. Son “publi-censuradores” que quieren hacerse pasar por grandes del periodismo.
El dilema entre publicidad y periodismo es viejísimo. En la época de oro de los medios de masas se vivía constantemente la tensión entre el anunciante y la noticia. Los grandes periódicos mantenían un muro entre el departamento de ventas publicitarias y las redacciones. Ocurría lo mismo en el buen periodismo de televisión. Se intentaba separar los dos ejes del negocio en los medios privados. No siempre se lograba. Aunque había buenas prácticas que se seguían. Los periodistas no podían anunciar productos (una tradición más norteamericana y europea, menos latinoamericana), y los medios claramente hacían la diferencia entre contenido publicitario y contenido periodístico.
Esas fronteras se han ido borrando, especialmente en las plataformas digitales. Y más en una Venezuela en crisis. Los periodistas, sometidos a las mismas carencias económicas de la mayoría de los ciudadanos, tienen que buscar la forma de mejorar sus ingresos. Hay quien lo hace con honestidad y trata que el conflicto de intereses entre lo publicitario y lo periodístico no influya tanto en su ética profesional. Hay otros que prefieren tirar la ética periodística por la borda. Silencian contenidos en sus programas y no quieren que se produzcan sobresaltos que incomoden a sus anunciantes, a sus amigos y lobistas “reputados”. Todo sea por el “maldito parné” como dirían los andaluces.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Vaya, vaya. Mire usted. Por primera vez en meses, me he sentido con libertad, tanto de ocupaciones como de contexto nacional, para escribir una emisión de esta columna en rápida sucesión de la anterior. Iré al grano, aunque debo comenzar refiriéndome a la tal predecesora. Fue sobre la incertidumbre que hemos estado viviendo como país desde hace meses y que alcanzó su cenit en los primeros días del año en curso.
La incertidumbre puede ser más agobiante que la certeza de un futuro terrible. Esa certeza permite por lo menos concentrar todos nuestros esfuerzos, físicos y mentales, en prepararnos para aguantar la catástrofe lo mejor posible. Pero con la incertidumbre no podemos saber en qué enfocarnos. He ahí su grandísima incomodidad. Contemplar diversas posibilidades, mejores o peores, nos obliga a prepararnos para esos diversos escenarios, con una atención dividida cuyos resultados pueden estar lejos de lo ideal. Así, es difícil pensar que los escenarios pesimistas tienen alrededor de la misma probabilidad de concretarse que los optimistas.
Quizá le sorprenda al lector, a juzgar por el tono sombrío del párrafo previo, que este artículo es sobre el optimismo. El optimismo que hoy los venezolanos podemos alojar en nuestros corazones. Pero eso sí: lo voy a abordar en estrecha relación con la incertidumbre. Esto no es una proclama a favor del argumento leibniziano sobre “el mejor de los mundos posibles”, pero tampoco una crítica mordaz al optimismo como la de Voltaire.
Lo cierto es que los venezolanos hemos acumulado en los últimos 27 años tantas decepciones, desilusiones y frustraciones, que nos hemos vuelto, en mi opinión, muy poco dados al optimismo. Por el contrario, nos hemos vuelto profundamente pesimistas. Quizá hasta fatalistas. Eso significa que tenemos una alta tolerancia al pesimismo, en tanto seguimos con nuestras vidas pese a la amargura inherente a la carencia de horizontes para un futuro mejor.
Por otro lado, ese pesimismo arraigado nos ha hecho poco aptos para lidiar con la incertidumbre. Nos refugiamos en una incomodidad para eludir otra. Creemos a veces que, como todo pasado fue negativo por tanto tiempo, el porvenir no puede ser distinto. Incluso hemos inventado una suerte de ethos del pesimismo. Algo así como “Creer que las cosas pueden mejorar es de ilusos y blandengues, incapaces de lidiar con la horrorosa realidad”. Se me viene a la mente el aforismo de Spengler: “El optimismo es cobardía”.
Discrepo del autor de La caída de Occidente. Pienso que dar por hecho el empeoramiento es otra forma de evasión miedosa. Es una forma de no afrontar el miedo a la incertidumbre. Creer que todo está perdido y que nada podemos hacer, que estamos condenados a ser prisioneros de un poder maligno invencible, todo eso es una forma de mala fe, en el sentido sartreano de la expresión. Es renunciar a una libertad inherente que todos tenemos y por lo tanto a hacernos responsables de nuestro propio destino, aunque hacerlo implique riesgos y pesares.
Por eso, hoy quiero invitar a todos mis conciudadanos a que seamos optimistas. No un optimismo perezoso, que pretenda endosarle a un tercero todo el trabajo para mejorar el país. Aunque necesitamos todo el apoyo posible, nosotros mismos también tenemos que poner de nuestra parte. De lo contrario, corremos el riesgo de que cualquier delegado halle que su interés no es el mismo que el nuestro y nos lleve a donde él quiere ir, y no a donde nosotros queremos ir.
Sé que no es fácil, pero, ¿es acaso más difícil que hasta hace no mucho? ¿No ha ocurrido en poco más de un mes una retahíla de sucesos que creíamos imposibles, desafiando así nuestro pesimismo arraigado?
Perdonen si introduzco de forma abrupta la analogía de cierre para este artículo, pero lo cierto es que en las letras de la salsa puede uno encontrar lecciones preciosas de filosofía. No me refiero solo a los versos de Rubén Blades recargados de crítica política y social. A ver. Cuando Ismael Rivera, en Dime por qué, canta “Y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos, que aquel que sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento”, esa es una proclama estoica digna de Séneca o Marco Aurelio. Cuando Miguel Ortiz, en Ahora yo me río (tema de la Sonora Ponceña), entona “Tantas vueltas que uno da, y a esta ciudad yo volví”, se refiere al “Eterno retorno” de Nietzsche. En fin, es a Héctor Lavoe a quien realmente quiero invocar: “El día de mi suerte llegará”. Esa canción es desgarradora, pero llena de esperanza también. Trata sobre un sujeto al que han acaecido múltiples desgracias, pero que no para de aspirar a que las cosas mejoren un día. Tal vez, estimados compatriotas, el día de nuestra suerte llegó.
La Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista aprobó este jueves, 5 de febrero de 2026, por unanimidad y en primera discusión el “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. La propuesta, impulsada por la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, que cuenta con el aval de Estados Unidos, busca supuestamente cerrar las heridas de décadas de confrontación.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a los diputados ser “valientes” en este proceso porque “no faltarán las aves carroñeras” y pidió tomar “las palabras de Cristo para abrazarnos en el perdón”.
Con la foto de Hugo Chávez en mano mostrando un crucifijo, y trayendo a colación el episodio que la imagen evocaba (el discurso en el que el fallecido mandatario hizo un llamado a la calma, paz y “racionalidad” tras retomar el poder luego de ser brevemente depuesto el 11 de abril de 2002), el dirigente oficialista insistió en la necesidad del “perdón”, luego de recalcar que tendrían que tragar “grueso y tragar sapos” por la convivencia, la paz y reconciliación.
“Miremos a nuestro ejemplo, a nuestra guía, Hugo chávez. QUE EL 14 de abril, tras haber sido secuestrado, DESPUÉS DE QUE INTENTARON ASESINARLO Y SACARLO DEL PAÍS, LEVANTÓ UNA CRUZ, PIDIÓ PERDÓN Y PERDONÓ. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar tambiénpedimos perdón. Porque lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos, aunque pueda ser necesario por los códigos penales, por las realidades de la política o situación concreta de una sociedad (…) Y hago otra inferencia más: Chávez una vez me ofreció ser el ministro de Interior. Imagínense, tremendo desaguisado. Y después me dijo: ‘Mejor no, porque vas a soltar todos los presos, comunes incluidos (…) “, expresó, al tiempo que exhortó a la oposición a “profundizar en la rectificación” y anunció una “consulta profunda” para la ley.
Por lo que hasta ahora se sabe, a partir de la exposición de motivos de la ley que es lo que se ha compartido, el proyecto consta de 13 artículos y abarcaría hechos políticos ocurridos desde 1999 hasta el presente.
El texto arranca situando el origen del conflicto en una sola dirección. Según la exposición, la ley “surge de la necesidad imperante de ofrecer una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela”, pero matiza que “la confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana”.
El proyecto afirma buscar un marco que “detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos” para permitir la “coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y a la justicia”. Además, añade que “se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”.
La exposición de motivos enfatiza que quedan excluidos de los beneficios de la ley de amnistía “aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana” y enumera cuáles son: “violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.
Exigencias de sectores identificados como oposición en la AN
Diputados como Tomás Guanipa (Unión y Cambio) y Luis Augusto Romero respaldaron la ley, pero con condiciones. Exigieron que el proceso tenga la misma celeridad que las leyes petroleras y solicitaron medidas complementarias como el cierre definitivo de centros de tortura, el fin de la política de “puerta giratoria” y la derogación de la “Ley contra el Odio”.
Por su parte, el diputado Luis Florido destacó que la exposición de motivos muestra “un cambio en la posición que han venido sosteniendo sobre esta materia”, pero advierte que “genera margen para la exclusión”.
“Hay mucha injusticia en el camino, dejada por la arbitrariedad: la injusticia de meter a inocentes en la cárcel por una cadena de WhatsApp, por un mensaje en X, por una opinión en Facebook, por imprimir camisetas, por expresar con alegría la victoria del 28J, o por exigir que se respete la voluntad del elector. La Ley de Amnistía coloca a la República ante otro escenario: una oportunidad. La oportunidad de una reconciliación verdadera que impida que vuelvan a perseguir a un ciudadano por no pagar una ‘coima”’ al Seniat o por negarse al chantaje de un funcionario”, consideró.
Murillo critica que la exposición de motivos mantenga el término “extremismo” para referirse a la actuación de sectores opositores, lo cual es contrario al espíritu de reconciliación. Al usar esta categoría, el Estado no reconoce sus propios excesos ni la naturaleza legítima de la disidencia, sino que etiqueta la protesta como un delito ideológico. Para Murillo, una amnistía real no debe “atribuir culpas” a priori a un solo bando, sino reconocer el conflicto como un fenómeno complejo.
Otro aspecto que cuestionó de la exposición de motivos es que el texto se presente como un “acto soberano de clemencia” (una concesión del poder). Murillo sostiene que debería hablarse de un “acto de reconciliación”, lo que implicaría un acuerdo entre iguales y un reconocimiento de derechos vulnerados, no un favor otorgado por el Ejecutivo.
La organización internacional Civil Rights Defender exhortó este de febrero a que las organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de presos políticos participen en el debate de la Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional: “Sin sus voces no hay verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición”.
