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Violencia en carnaval refleja frustración acumulada y debilitamiento de normas

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En la tarde del martes 17 de febrero, en el sector Tierra Negra del municipio Cabimas, estado Zulia, lo que un grupo de jóvenes describió como una “penitencia de carnaval” se convirtió en un acto de crueldad que generó conmoción. Varios adolescentes y un adulto sometieron a un muchacho con condición especial, lo obligaron a sentarse en un charco de aguas residuales y le arrojaron el líquido contaminado sobre la cabeza y el cuerpo, mientras lo sujetaban por el cabello, lo forzaban a mirar a la cámara en medio de burlas y agresiones verbales. 

Videos grabados por los mismos agresores se viralizaron en cuestión de horas en redes sociales. Al día siguiente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a dos adolescentes de 17 años y a un joven de 20, por ser los principales responsables de este hecho. Ellos alegaron que “jugaban carnaval”. 

Este caso de Cabimas no fue aislado, fueron documentados al menos 16 casos en Zulia, Miranda, Distrito Capital, Trujillo, Mérida, Guárico, Aragua, Bolívar y La Guaira.

Las peleas y riñas que se vieron en los días de carnaval en distintas partes de Venezuela no son solo hechos aislados, sino un reflejo de tensiones más profundas en la sociedad, según el análisis del sociólogo Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz. 

“Desde una lectura sociológica, estos episodios pueden expresar la acumulación de frustración por años de crisis, la normalización de la violencia en la vida cotidiana, el debilitamiento de normas sociales y la pérdida de confianza entre las personas. También reflejan cómo, en contextos donde hay pocos espacios para canalizar el conflicto o expresar el malestar social, la agresividad se desplaza hacia lo cotidiano”, expresó.

En Caracas, los incidentes se concentraron en espacios públicos: en Los Próceres, grupos de jóvenes rociaron espuma a diestra y siniestra, incluyendo a personas de la tercera edad que se cubrían con trapos para protegerse, golpearon a quienes grababan y generaron un ambiente de pocas sonrisas y caras serias. 

Decenas de uniformados de la PNB desalojaron a los causantes del desorden. Hace justamente un año, en este mismo escenario fue asesinado el joven Luis Fernando Benítez Medina, de 19 años, luego de que se negó a participar en un “juego” de carnaval que involucraba rociar espuma en espray y tánganas, lo que provocó que los agresores lo atacaran con latas, objetos contundentes y golpes, causándole heridas graves en la cabeza y torso que le causaron la muerte. 

Dentro del metro de Caracas, jóvenes y adolescentes, incluyendo un niño disfrazado del Chavo del 8, planearon y ejecutaron agresiones: rociaron espuma a pasajeros, como a un hombre de la tercera edad que revisaba su celular, asustándolo y huyendo tras grabar el acto para subirlo a redes. 

Esta dinámica se repitió en otras regiones: en Ocumare del Tuy (Miranda), una “guerra” de botellas y espuma en la concha acústica Yolanda Moreno dejó familias huyendo de los objetos contundentes; en Boconó (Trujillo), dos peleas callejeras durante los desfiles, una cerca de la Plazoleta San José Gregorio Hernández y otra junto al Hospital Rafael Rangel, resultaron en más de 10 personas atendidas por lesiones, incluyendo un apuñalado y heridos por golpes, con la policía ausente en ambos momentos. 

En La Guaira, una trifulca en la Cinta Costera motivó una investigación del Ministerio Público. Mientras que en Choroní (Aragua), El Callao (Bolívar), Altagracia de Orituco (Guárico) y La Puerta (Trujillo), se repitieron escenas de empujones, corridas y enfrentamientos entre bandos con espuma, latas vacías que contenían este producto, botellas, palos, entre otros. 

Finalmente, en Tucaní (Mérida), la noche del 17 de febrero, un grupo de jóvenes se adueñó de las calles para atacar con globos y bombas de agua a transeúntes, entre las víctimas estuvieron los ocupantes de un vehículo que trasladaba una emergencia médica hacia el hospital. 

Carnaval y violencia 

Uzcátegui tradujo estas situaciones como un desgaste del tejido social y la necesidad de reconstruir vínculos, confianza y espacios de convivencia pacífica. “Yo no dejo de vincularlo a la situación anómica resultante cuando la principal figura de autoridad del país, el Presidente, se roba de manera fraudulenta una elección, erosionándose como referente del deber ser y el contrato social, tanto así que motiva a que un país extranjero bombardee el territorio y lo detenga al vincularlo con delitos de narcotráfico”. 

El experto en seguridad ciudadana Luis Izquiel precisó que la aglomeración de personas en tierra o mar, más el lanzamiento de agua, espuma u otras sustancias, son circunstancias que facilitan el inicio de trifulcas entre las personas.

Detalló que la mayoría de estos casos quedan impunes porque las personas que participan muchas veces no se conocen entre sí. Asimismo, ante una gran aglomeración de personas, en ocasiones los cuerpos de seguridad se ven desbordados por la situación. 

“En el caso de que muchas personas participen en un delito de lesiones y no se sepa exactamente cuáles de ellos las causaron, el artículo 424 del Código Penal prevé la figura de la complicidad correspectiva, mediante la cual se establece sanción contra todos los que participaron, pero con una disminución de la pena a imponer por las lesiones ocasionadas”. 

Otra fuente consultada y vinculada al Ministerio Público opinó que las autoridades deben tomar las previsiones necesarias y lanzar campañas preventivas antes de los asuetos masivos. 

A su juicio, el principio de publicidad debe hacerse de forma efectiva: “aunque la ley ya es pública es esencial recordarla activamente a la población cuando se avecinan eventos de alta movilización como el carnaval”.

Un contraste a estos hechos fueron los municipios Guaicaipuro de Miranda y Tovar de Aragua, donde los alcaldes prohibieron el uso de espuma, tángana y afines. 

En ambos casos, estas restricciones que fueron aplicadas con antelación, divulgadas ampliamente y respaldadas por despliegue de seguridad, contribuyeron a que las festividades transcurrieran sin los desórdenes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CLAVES | LabPaz explica por qué Rodríguez Torres no es viable en una transición democrática

La ONG Laboratorio de Paz presentó el informe “Expediente Miguel Rodríguez Torres: Responsabilidad de mando, DDHH y transición democrática en Venezuela” sobre la responsabilidad institucional del exministro de Interior y Justicia y su incompatibilidad con una transición democrática.

Laboratorio de Paz señaló que los procesos de transición democrática requieren no solo alternancia política, sino transformaciones estructurales orientadas a garantizar la no repetición de violaciones graves de derechos humanos. Entre estas medidas se encuentran la rendición de cuentas, la reforma del sector seguridad y la evaluación de idoneidad de quienes ejercen funciones de alta responsabilidad estatal.

El informe, que analizó la trayectoria institucional de Rodríguez Torres durante las protestas de 2014, plantea que una eventual designación de Rodríguez Torres en un alto cargo del sector defensa o seguridad, generaría tensiones significativas con los estándares internacionales aplicables a procesos de reforma democrática.

La organización recordó que en la gestión de Rodríguez Torres gestión como Ministro del Interior, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, documentaron patrones de uso excesivo de la fuerza, criminalización del disenso, militarización del orden público y persecución de defensores de derechos humanos.

Laboratorio de Paz reclacó que si bien Rodríguez Torres fue posteriormente víctima de persecución política, dicha circunstancia no anula la evaluación de su trayectoria institucional previa.

Aquí las seis claves del por qué Rodríguez Torres no es viable en una transición democrática:

Responsabilidad en violaciones a los derechos humanos

Durante el período de gestión de Rodríguez Torres al frente del Ministerio de Interior y Justicia, del 22 de abril de 2013 al 25 de octubre de 2014, fue responsable de innumerables violaciones de derechos humanos, principalmente en las protestas antigubernamentales de 2014.

Según informes internacionales de derechos humanos, elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía
Internacional y Human Rights Watch, los principales patrones de violación a derechos humanos fueron el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza estatal, tolerancia y estímulo a la actuación de grupos de civiles armados progubernamentales (colectivos), ataques a periodistas y violaciones al derecho a la libertad de expresión e información, impunidad estructural ante violaciones y militarización del control del orden público.

Sobre estos hechos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas investigó las violaciones de
derechos humanos en la gestión de Rodríguez Torres y señaló que: “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados (…) y teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión”.

En ese año, el discurso oficial de Rodríguez Torres fue siempre el de criminalizar y estigmatizar la protesta pacífica con calificativos como: acciones insurreccionales, grupos violentos, terroristas y subversivos. Laboratorio de Paz recomienda que las declaraciones del exministro “deben analizarse en el contexto del deber estatal de garantizar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión conforme a estándares internacionales de derechos humanos”.

Represión, estigmatización y criminalización de víctimas

En el contexto de las protestas de 2014 y bajo la dirección de Miguel Rodríguez Torres, se desmanteló una acampada pacífica de estudiantes en Caracas, orientada a exigir respuestas institucionales frente a la crisis política y social del país. El 8 de mayo de 2014, funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado procedieron al desmantelamiento de estos campamentos resultando detenidas 243 personas. El exministro calificó los campamentos de focos “terroristas” y felicitó públicamente a los funcionarios por el operativo, avalando el uso de la fuerza.

Durante la gestión de Rodríguez Torres también se creo una narrativa oficial para la deslegitimación de las víctimas y desplazar la responsabilidad estatal.

Uno de los casos más representativos fue el de Génesis Carmona -estudiante universitaria de marketing y modelo- quien fue asesinada en el contexto de manifestaciones ocurridas en Valencia, estado Carabobo. En ese momento era la sexta víctima fatal de la respuesta represiva de las autoridades.

Sobre este caso, Miguel Rodríguez Torres aseguró que la joven “murió por una bala que salió de sus propias filas”, desviando la responsabilidad del Estado.

El caso de Massiel Pacheco, la joven de 21 años que trabaja vendiendo arepas en la entrada del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido como Parque del Este. El 1 de abril de 2014, Pacheco encontró un paquete que pensó había sido olvidado por alguien y decidió entregarlo a efectivos de la Guardia Nacional. El paquete resultó ser un bolso lleno de artefactos explosivos.

A pocas horas de la detención de Pacheco, el ministro afirmó que era una “terrorista” y había sido aprehendida mientras trasladaba
“tres niples altamente mortales”. Su familia denunció que el caso era una injusticia y que no había pruebas que la incriminaran.

Militarización de la seguridad ciudadana

El informe de Laboratorio de Paz señaló la responsabilidad de Miguel Rodríguez Torres en la medida de “tomar militarmente el control” de San Cristóbal y otras ciudades para “mantener” el orden público.

Según la ONG, tomar militarmente ciudades desplegar batallones del Ejército y emplear estructuras de mando propias de escenarios de conflicto armado para gestionar manifestaciones civiles evidenció un desplazamiento del enfoque de seguridad ciudadana hacia una lógica de seguridad nacional. Esto, a efectos de los estándares internacionales de derechos humanos, “incrementa el riesgo de uso excesivo de la fuerza, debilita las garantías de reunión pacífica y reduce el espacio cívico”.

Criminalización y persecución de defensores de derechos humanos

Diferentes informes en materia de derechos humanos documentaron declaraciones del ministro de interior Rodríguez Torres en las que se criminalizaba el trabajo de defensores de derechos humanos.

En 2014, Miguel Rodríguez Torres acusó públicamente a Humberto Prado, Rocío San Miguel, Tamara Suju y Gonzalo Himiob de ser conspiradores, “operadores de la CIA” o parte de planes desestabilizadores.

Hablan las víctimas de Rodríguez Torres

Laboratorio de Paz recogió varios testimonios de personas que participaron en las manifestaciones del año 2014, que luego de ser víctimas de la represión.

Andrés Colmenárez Farías:

La figura de Luis Rodríguez Torres no la miro desde la distancia, sino desde mi propia historia: en el año 2013 fui víctima de la represión, viví una detención arbitraria y fui torturado dentro de unas instalaciones militares en Barquisimeto y sé lo que significó el uso del aparato de seguridad contra ciudadanos. Por eso mi indignación es profunda al verlo hoy viviendo un exilio cómodo en Madrid, la misma ciudad donde yo pasé dificultades reales como exiliado, reconstruyendo mi vida desde cero. Para mí, esto no es un debate abstracto, sino una herida abierta entre quienes padecimos las consecuencias de aquel poder despiadado y aprobado por este personaje nefasto.

Diego Casanova:

“Ese señor fue el responsable del operativo este donde un montón de guardias nacionales cercaron toda la zona de las Mercedes, cercanas a la Alfredo Sadel, donde teníamos el campamento. Recuerdo que nos levantaron de las carpas en la madrugada un montón de guardias con unos fusiles. Nos levantaron con un fusil, que nos lo pusieron en la cara así de manera agresiva, violenta, los guardias para que nos saliéramos de allí porque supuestamente nosotros éramos unos violentos. Fue terrible esa noche y él era el ministro del interior en ese momento, cuando hicieron ese operativo y nos trataron como criminales de alta peligrosidad”.

Ehisler Vásquez:

“No puede haber democracia mientras el arquitecto del centro de tortura más reconocido de Venezuela vuelva al país.
En Barquisimeto, incluso junto a Marino Alvarado, denunciamos el uso de metras dentro de los cartuchos que disparaba la Policía Nacional para reprimir las protestas. Todo esto bajo el mando de Miguel Rodríguez Torres. Sería un golpe a la transición que pudiera regresar a Venezuela”.

Puntos de interés

La ONG Laboratorio de Paz señaló directamente que designar a Miguel Rodríguez Torres en un alto cargo de seguridad sería incompatible con la garantía de no repetición. Su regreso debilitaría la confianza de las víctimas en el proceso, obstaculizaría la reforma del sector seguridad y enviaría una señal de continuidad con prácticas represivas.

La organización recordó que una transición sostenible exige que quienes lideren las estructuras de seguridad representen una ruptura clara con el pasado de represión, no su continuidad. La idoneidad para un cargo debe medirse por la compatibilidad con los estándares de derechos humanos, no solo por la coyuntura política actual.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Solicitan amnistía para 204 militares detenidos por motivos políticos en Venezuela

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La Coalición por los derechos humanos y la democracia introdujo este martes, 24 de febrero, una solicitud ante la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía y Convivencia Ciudadana de la Asamblea Nacional para que “someta a examen técnico y jurídico” los casos de 204 militares que están presos por razones políticas, así como los civiles que están vinculados a sus causas, con el fin de que sean incluidos en la mencionada legislación y puestos en libertad.

La carta –firmada por la abogada Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición– indica que los efectivos presos han sido procesados y o condenados por delitos como traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión. Sin embargo, advierte que las acusaciones ocurrieron “en marcos de alta polarización, donde la disidencia o el cumplimiento de principios institucionales han sido interpretados bajo una óptica de criminalización”.

La solicitud se basa en tres pilares fundamentales. El primero es la naturaleza política de estos delitos, ya que los cargos mencionados son, por definición, delitos políticos aptos para beneficios de amnistía.

En segundo lugar está el restablecimiento institucional, ya que la Coalición plantea que estas liberaciones son un paso hacia la “despolitización” de las Fuerzas Armadas y “el cierre de heridas dentro de la familia militar”.

El tercer pilar son los derechos humanos, porque los casos de los militares están plagados de irregularidades procesales y lapsos de detención preventiva que exceden los límites legales.

La organización espera que la Comisión actúe como un puente para que los efectivos puedan reincorporarse a la vida civil y familiar, dejando atrás lo que califican como una etapa de persecución. Para ello, anexó a la carta los expedientes y la filiación de los 204 efectivos involucrados.

Foro Penal: 109 presos políticos liberados tras la aprobación de la Ley de Amnistía

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Este martes, 24 de febrero, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, confirmó la liberación de 109 personas tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

A través de su cuenta en X., Himiob precisó que la organización registró siete liberaciones el pasado viernes, quince el sábado, 46 el domingo y 41 este lunes.

En otro post, Alfredo Romero, director de la organización, informó que 545 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un “número importante” de personas.

La organización, que defiende a los presos políticos, hace una diferenciación de las liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o el régimen de presentación periódica ante tribunales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

15 días duraría tramitar el proceso de amnistía 

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A través de un flujograma expuesto en su cuenta de X, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, explicó como es el procedimiento que deben hacer los ciudadanos para solicitar el beneficio.

De acuerdo al ex vicepresidente y ex ministro, en una primera instancia el interesado debe dirigirse al tribunal que lleva la causa en la Unidad de Recepcion y Distribucion de Documentos (URDD). El juez revisa la causa e identifica el proceso penal, si se trata de un juicio, control o ejecución. 

El juez dicta la decisión y dictamina si es procedente o improcedente, si el profesional del derecho se decanta por la segunda opción puede ir a una apelación.    

Si el dictamen es procedente se activa la vía en la Corte de Apelación para una sentencia de reemplazo, posteriormente se aplica sobreseimiento y se declara la extinción de la pena y la acción penal.

De acuerdo a Arreaza, todos los ciudadanos tienen derecho a optar a la amnistía, incluso quienes están fuera del territorio nacional, siempre y cuando tengan un apoderado de acuerdo al artículo 7.

Según el ex vicepresidente, todo este proceso dura un máximo de 15 días.      

Parlamentarios de oposición piden celeridad  

Diputados de oposición como Stalin González de Un Nuevo Tiempo y Antonio Ecarri de la Alianza del Lápiz instaron al gobierno que dirige Delcy Rodríguez a actuar sin dilación frente a los reclamos hechos por organizaciones no gubernamentales  y entes gremiales ante la Ley de Amnistía.

De acuerdo a diversos entes, los afectados no pudieron realizar sus respectivos trámites este lunes 23 de febrero en los tribunales de Caracas.

“No vamos a dejar que los jueces de este país hagan lo que les dé la gana. Los estamos vigilando y vamos a vigilar también al Ministerio Público; juez que no colabore con la Ley de Amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación; igual a los fiscales del Ministerio Público”, dijo Ecarri.

Según el diputado, hasta el momento hay más de 2.000 casos contabilizados que tienen que ser amnistiados de acuerdo a la decisión de la Asamblea Nacional de evaluar los casos.

“Cuidado a los jueces y a fiscales que vayan a retrasar la Ley de Amnistía porque la amnistía está decretada”.

Por su parte, González sostuvo que la Ley de Amnistía no es algo opcional y en ese sentido hizo un llamado urgente para que todos los órganos competentes la acaten. 

“De nada sirve avanzar en el Legislativo si no hay un compromiso real y efectivo de todos los poderes públicos. La amnistía no es un adorno ni un titular: es una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Excarcelan a 34 presos políticos, incluidos los 11 cadetes detenidos por jugar “Call of Duty”

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El Comité por la Libertad de los presos políticos (Clippve) reportó la excarcelación de 34 presos políticos de la cárcel El Rodeo I. Entre los liberados se encuentran los 11 cadetes de la Academia Militar de Venezuela.

Los cadetes permanecieron detenidos durante 15 meses bajo acusaciones de “conspiración”. El caso generó fuertes críticas debido a que la supuesta evidencia se basaba en que habían jugado Call of Duty -videojuego de estilo bélico- dentro de las instalaciones militares, una actividad que violaba normas internas sobre el uso de internet y recreación.

El proceso judicial en contra de los 11 cadetes fue considerado por organizaciones defensoras de derechos humanos como “desproporcionado”. Cabe destacar que uno de los implicados todavía era menor de edad al momento de su captura.

Según información del portal web El Impulso, los excarcelados relataron que permanecieron cuatro días en desaparición forzada en una casa clandestina y que fueron víctimas de torturas.

“Fui víctima de maltratos y me señalaron por delitos falsos”, declaró Javier Rivas, uno de los cadetes señalados de insurrección.

El Clippve reiteró que la libertad debe ser plena para todas las personas que aún permanecen detenidas por motivos políticos. “Ningún ciudadano debe estar tras las rejas por razones de conciencia o procesos sin fundamento”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

https://runrun.es/inicio/600996/300-presos-politicos-se-declararon-en-huelga-de-hambre-en-el-rodeo

El Mañanero del 24 de febrero: 300 presos políticos en huelga de hambre en El Rodeo

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 24 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La ONG Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) anunciaron este lunes 23 de febrero que alrededor de 300 presos políticos se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

La protesta comenzó este domingo 22 y tiene como finalidad exigir liberaciones de todos los presos políticos una vez promulgada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional.

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“Están excluidos los militares, civiles procesados bajo la ley militar, personas procesadas bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley contra el Odio, las procesadas bajo el decreto de conmoción y decenas más cuyos casos no encajan con los artículos del documento”, Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano sobre la ley de Amnistía

Lo que rompe en redes

El Foro Penal informó ayer sobre la “liberación” de 30 presos políticos de la cárcel de El Rodeo I.

Azuquita pa’l café

Un cunaguaro fue rescatado en el estado Lara. 

La ñapa (recomendamos…)

Rico niega número de técnicos del Cicpc presos pero no la razón de su detención

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El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, desmintió a través de sus redes sociales que 30 funcionarios de su institución hayan sido detenidos y torturados por negarse a modificar los resultados de las investigaciones sobre las muertes por los bombardeos estadounidenses del 3 de enero en Fuerte Tiuna, Caracas.

“No existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios“, afirmó Rico en un mensaje publicado en Instagram.

Sin embargo, Rico solo refutó el número de apresados y no se refirió al motivo por el cual están en la cárcel.

“Invitamos a la ciudadanía a no replicar contenidos de dudosa procedencia y a verificar toda información a través de los canales oficiales de la institución y sus autoridades. Este tipo de rumores buscan generar desestabilización y empañar la imagen de nuestra institución“, afirmó el director del Cicpc en su comentario.

Entre el 21 y 22 de febrero, familiares y allegados de los técnicos del Cicpc afectados, denunciaron que estos funcionarios están presos desde el 23 de enero y que, desde entonces, han sido sometidos a desaparición forzada y torturas.

El día de su arresto, señala una misiva a la que tuvo acceso Runrun.es, estos funcionarios fueron llamados a una reunión y obligados a “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales” de los hechos del 3 de enero en la base militar. A quienes se negaron a hacerlo, los detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó de “intento de homicidio” contra Douglas Rico.