Con un video que asegura que la “familia poiicial” y las comunidades aledañas al Helicoide, en el oeste de Caracas, aprobaron convertir a esa prisión en un “centro social, deportivo, cultural y comercial”, el Ministerio de Comunicación e Información anunció este lunes, 23 de febrero de 2026, la puesta en marcha de la remodelación de este lugar que está considerado como “el mayor centro de torturas del país”, de acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos.
Las obras se inician menos de un mes después de que la gobernante Delcy Rodríguez, que cuenta con el aval de Donald Trump, informara la decisión el pasado 30 de enero tras el cierre del centro de detenciones.
El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, señala en el video que, desde ese momento, se comenzó a trabajar en el levantamiento arquitectónico y de ingeniería de la construcción y que ya está en fase de ejecución.
Poniendo por obra la palabra empeñada de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas adelanta los trabajos de recuperación de la infraestructura del Helicoide, para que sus espacios "Se conviertan en un centro social, deportivo,… pic.twitter.com/seNI5rcuBC
— Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) February 23, 2026
Ante el anuncio, organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), señalaron que la obra es “una amenaza directa a los pilares de la justicia transicional: la verdad y la memoria histórica“.
Por eso, JEP insiste que el Estado debe preservar al Helicoide como “un sitio de memoria que documente lo ocurrido y sirva como garantía de no repetición”. Cualquier intervención que ignore este imperativo ético y judicial no es un gesto de apertura, sino un esfuerzo arquitectónico por imponer el olvido institucionalizado y obstruir el camino hacia la rendición de cuentas.
JEP indica también que, más allá de la estructura física, el Helicoide es “una pieza de evidencia forense irrefutable”, de modo que cualquier remodelación antes de que la inspeccionen peritos independientes y organismos internacionales se entiende como una “táctica de impunidad” que pretende borrar las huellas de la tortura y la represión en ese espacio, imponer un “olvido institucionalizado” y obstaculizar la rendición de cuentas.
“La memoria de una nación no se puede ‘remodelar’ ni higienizar mediante decretos o capas de pintura; pretender que el horror desaparezca bajo una fachada de bienestar comunitario, sin un proceso previo de justicia y reparación, es una forma de violencia simbólica que revictimiza a los sobrevivientes”, dijo la organización en sus redes sociales.
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