Este viernes, 27 de febrero, el excandidato presidencial Enrique Márquez ofreció una rueda en el Hotel Marriott de Caracas, en la que aseguró que “no ve elecciones en el corto plazo” en Venezuela.
“No veo elecciones en el corto plazo, por lo tanto, no soy candidato. Tengo una candidata, la constitución. Y la segunda candidata que tengo se llama democracia. Voy a estar trabajando porque mis dos candidatas ganen. Esa es la verdad”, dijo Márquez quién fue liberado el pasado 8 de enero en el marco de un proceso de liberaciones de presos políticos.
“Sería un error empezar una fiesta electoral de una elección que no existe todavía. No caigamos en errores”, pidió Márquez.
A tres días de su llegada de los Estados Unidos, tras una reunión con el presidente Donald Trump, Márquez afirmó sentirse útil en la acción política en Venezuela. Aseguró que su papel está al lado de la gente “buscando cambios sólidos” para la construcción de la democracia.
La ruta democrática y la amnistía
Para Márquez la ruta para unas elecciones libres debe ser impulsada por los mismos venezolanos. “Tenemos que renovar las instituciones porque no podemos tener una elección con este Consejo Nacional Electoral , las fallas, con este TSJ o sin libertades”.
Aclaró que no volvería a dirigir el ente electoral nuevamente: “No me veo en el CNE, ya es una experiencia vivida, hice el trabajo que tenía que hacer allí”. Márquez insistió en que el actual ente electoral “no sirve para unas elecciones limpias”.
El dirigente reiteró que la reconstrucción del país solo podrá generarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a las instituciones.
Enrique Márquez celebró la Ley de Amnistía pero recordó que “aún queda mucho por hacer”.
“Yo saludo la Ley de Amnistía; me parece que no está completa, pero es un paso indispensable. La Ley de Amnistía debe ser un primer paso, no un paso definitivo y último”, dijo.
“No he conversado con María Corina”
En la ronda de preguntas, Marquez informó que no ha conversado con la lider de oposición María Corina Machado desde que fue excarcelado.
“No he conversado con María Corina desde que salí de la prisión, no he recibido contacto. A propósito de lo de EEUU tampoco hemos hablado”, aseguró.
El dirigente dejó claro que tiene la disposición de trabajar con ella, pero también con todos los sectores del país. “Yo tengo la posibilidad de hablar con todos los sectores, me siento preparado para eso. Creo en un gobierno de unidad nacional. (…) Yo tengo relaciones con la Plataforma Unitaria Democrática, tengo grandes amigos allí. A la par de eso, tengo grandes amigos en la Asamblea Nacional, los conozco a todos, los aprecio a todos. Me parece que están haciendo un buen trabajo”.
Gratitud a Zapatero y Petro
Enrique Márquez manifestó sentir un profundo agradecimiento hacia el expresidente español Rodríguez Zapatero -acusado en varias oportunidades por temas de corrupción-,a quien considera que “juega un gran papel” en Venezuela y espera que “el tiempo se lo reivindique”.
“El presidente Rodríguez Zapatero cuenta con todo mi amor y cariño y lo digo así. No solo por la cercanía que tuvimos, sino porque se portó con mi esposa como se puede portar un hermano, mientras yo estuve preso”, dijo y agregó que no va a negar su amistad con él.
Asimismo, Márquez afirmó que el mandatario colombiano Gustavo Petro fue un gran aliado para lograr su liberación. Informó que ha estado en contacto con el embajador y que muy pronto visitará a Colombia y algunos países de Europa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo (Cofavic) la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, como fue aprobada por los miembros de la Asamblea Nacional, no cumple con los estándares internacionales de reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición.
De acuerdo a la ONG, el documento legal tendrá un efecto positivo siempre que facilite la liberación plena de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente “con carácter humanitario inmediato”.
Para la organización, la Ley debe incluir a personas acusadas de cometer presuntos delitos contra el patrimonio público, traición a la patria y conspiración, cuyos procesos de detención fueron declarados como arbitrarios e ilegales por organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Pese a que la ONG expresó algarabía por las excarcelaciones y liberaciones que se han producido, a la vez hizo pública su preocupación por el incumplimiento de la Constitución y de los Tratados y Pactos Internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la República.
También alertó que la amnistía es insuficiente mientras estén en vigencia otro compendio de leyes como la de Fiscalización a las ONG, contra el Odio y la Simón Bolívar. Igualmente consideró perentorio la revisión de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual contiene conceptos indeterminados que causan inseguridad jurídica, y que han sido utilizados como herramienta de persecución.
Crímenes de lesa humanidad no son amnistiables
COFAVIC explicó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la prohibición de amnistiar crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos.
“El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”, reza el artículo 29 de la Carta Magna.
La ONG expuso que pese a que el artículo 9 de La Ley de Amnistía menciona que estarán excluidos perpetradores de violaciones a los DDHH, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, el mismo no establece ninguna acción directa para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y administrativa de los agentes del Estado venezolano que hayan incurrido en esa clase de delitos.
La organización también alertó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que las leyes de amnistía son incompatibles con la Convención Americana cuando impiden la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sostenido los mismos principios.
“Existe una tendencia universal fuerte y creciente de que las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos no están sujetas a amnistías o indultos bajo el derecho internacional”, reza el artículo 17 del Estatuto de Roma.
Para COFAVIC a la ley le hacen falta los siguientes aspectos:
–Compatibilidad con la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos.
–Respeto de los derechos de las víctimas.
–Observancia del principio de No Impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones.
–Adecuación del proyecto a estándares de justicia transicional genuina.
–Evaluación de riesgos de responsabilidad internacional del Estado.
–Perspectiva de género y la obligación reforzada frente a la violencia sexual.
–Enfoque de interseccionalidad, principio de participación de las víctimas en procesos que puedan afectar sus derechos y debida diligencia reforzada en contextos de violaciones graves y sistemáticas.
Artículos “chucutos”
Para COFAVIC los siguientes artículos presentan inconsistencias desde el punto de vista legal.
-En el artículo 8 no se establece ninguna acción directa para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y administrativa de los agentes del Estado venezolano que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos.
-En el numeral 10 del artículo 8 de la Ley queda excluida la rebelión. “Este es un delito político por excelencia y, como lo establece el Derecho Internacional, no debe hacerse de este un uso abusivo con el fin de perseguir y criminalizar la disidencia”.
-El artículo 14 de la Ley de Amnistía señala que “los órganos y entes administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas”. De acuerdo a COFAVIC esto puede contribuir a la impunidad y falta de investigación y reparación de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra los amnistiados.
-El artículo 15 establece la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía. “Para que este mecanismo reúna las características de idoneidad, sea genuino y creíble, se debe establecer un órgano independiente que supervise la aplicación de la Ley, integrado por distintos sectores de la sociedad civil, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
-El artículo 16 de la Ley de Amnistía reza que “las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable”. De acuerdo a COFAVIC no existe garantía alguna de que no se inicien nuevos procesos de criminalización por el ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la manifestación pública y pacífica y derecho a defender derechos humanos.
-En los artículos 7 y 11 se configura un trámite para presentar la “solicitud de amnistía” ante el Tribunal competente. Según COFAVIC este paso contradice lo establecido en el artículo 4, el cual sostiene que las “disposiciones de esta ley son de orden público e interés general”. En el mismo artículo 7 se incorpora la posibilidad de representación ante los tribunales competentes de las personas que se encuentren fuera del territorio nacional. “Aquellas personas que se vieron obligadas a salir del país debido a comprobados elementos de criminalización y persecución por parte de los órganos del Estado, quedan en situación de dependencia de un dictamen judicial poniendo en riesgo su libertad e integridad personal.”
Que recomienda COFAVIC
–Establecer la obligación del Estado de crear un mecanismo para la revisión y evaluación de diferentes tipos de reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
–Declarar el sobreseimiento o la extinción de la pena de todas las causas penales que afecten a las personas detenidas arbitrariamente y restituirles todos sus derechos constitucionales.
-Crear mecanismos de preservación de las actuaciones judiciales y de conservación de los expedientes. “Es decir, el registro de las violaciones a sus derechos humanos. Solo esto garantizará la posibilidad de futuras investigaciones al respecto”.
–Concretar un procedimiento expedito, accesible y efectivo para que las personas destinatarias de Ley de Amnistía que se encuentran fuera del territorio nacional, puedan solicitar y obtener el reconocimiento de su caso en condiciones de celeridad, igualdad y seguridad jurídica.
–Garantizar la transparencia en cuanto a liberaciones y excarcelaciones. “Mantener la desinformación, discrecionalidad y la opacidad en todo el proceso de excarcelaciones, alimenta la inseguridad psicológica en las víctimas y sus familiares, profundiza el dolor y aumenta el riesgo de daños irreversibles. Insistimos en que es obligación ineludible e intransferible del Estado la publicación de la lista de personas detenidas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Pese a que Delcy Rodríguez –gobernante encargada de Venezuela que cuenta con el aval de Donald Trump– lleva casi dos meses al mando del país, personas cercanas a la líder de oposición María Corina Machado —Premio Nobel de la Paz 2025— enfrentan una escalada de persecución política y hostigamiento.
Machado, a través de la cuenta en X de la Vocería Oficial de Venezuela, denunció que el régimen se sigue ensañando contra su equipo de trabajo.
De acuerdo a denuncias públicas difundidas en redes sociales, las acciones en contra del entorno de Machado incluyen confiscación de bienes, citaciones judiciales, allanamientos y detenciones arbitrarias.
“Durante años el régimen se ha ensañado con la gente más cercana a mí… mi equipo de trabajo, mis compañeros de lucha, mi familia, la persona que me protegía en mis viajes, mi abogado, amigos muy cercanos, y Laura”, escribió machado en un post en la red social X.
‼️ “Durante años el régimen se ha ensañado con la gente más cercana a mí… mi equipo de trabajo, mis compañeros de lucha, mi familia, la persona que me protegía en mis viajes, mi abogado, amigos muy cercanos, y Laura”.
Laura Acosta, asistente personal de María Corina, denunció que el régimen “le robó su casa”.
“Desde el 24 de marzo de 2025 el régimen venezolano se apropio de mi casa y la declaró asegurada, pero ayer 25 de febrero de febrero de 2026 fueron más lejos. Sacaron todas mis pertenencias, se robaron mi casa y lo hicieron como represalia política por mi trabajo y apor acompañar desde hace años la lucha por una Venezuela libre”, denunció Acosta.
La asistente personal de Machado detalló que en septiembre de 2024 tuvo que huir del país al enterarse de que había una orden de captura de su contra. En marzo del año siguiente un numeroso grupo de funcionarios forzaron la entrada de su casa y sometieron a las personas que estaban dentro. Añadió que actualmente hay funcionarios que llegan en las noches en camionetas sin placas y se quedan a dormir.
“Hoy esa casa que no son solo paredes (…) la están tomando como un trofeo. Mi xigencia es legítima y fundamental: respeto, justicia y que el mundo vea lo que está pasando porque cuando un régimen se siente con derecho a quiatarte tu casa por pensar distinto nadie está a salvo”, aseguró Acosta.
🔴 Laura Acosta, asistente personal de María Corina, denuncia que el régimen le robó su casa.
Laura es ciudadana americana, pero eligió ser venezolana de corazón y luchar por una Venezuela libre.
El periodista y parte del equipo de comunicaciones de María Corina Machado, Luis Gonzalo Pérez, denunció que cuatro miembros de su familia fueron detenidos y sometidos a desaparición forzada el pasado mes de diciembre, con la intención de presionarlo para que dejara de ejercer su labor de informar.
Gonzalo Pérez, quien se encuentra en el exilio, detalló que dos operativos policiales -uno en Petare, municipio Sucre y otro en el estado Guárico- se llevaron detenidos a su tío, suegros y un cuñado. Aseguró que tuvo que sacar a sus padres del país para evitar que fueran detenidos.
“Bajo el proceso de supuesta Ley de Amnistía en mi país, pido que éste caso sea elevado y revisado a todas las instancias nacionales e internacionales para dar protección a todos los miembros de mi familia y a mi, para poder regresar a Venezuela sin temor a que algo nos suceda”, exigió el periodista mediante un video difundido en su cuenta de Instagram.
La exjefa de campaña del Comando Con Venezuela, Magalli Meda, denunció la madrugada del viernes 20 de febrero que, mientras la Asamblea Nacional discutía la aprobación de la Ley de Amnistía, “el régimen” ordenó a 16 hombres armados y civiles irrumpir de manera violenta en su residencia en Caracas. Según relató, los sujetos llegaron en seis camionetas y entraron para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.
Magalli Meda aseveró que el mensaje que deja este tipo de acciones es bastante claro: “Aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ley y el perdón”.
La exjefa de campaña advirtió que la violencia gubernamental se volverá a repetir en contra de quienes no obedezcan “sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte”.
“Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, sentenció.
¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?
👇🏼👇🏼👇🏼 En este hilo describo lo que han hecho contra mí y mi familia, y contra todos los venezolanos.
Anoche, #19Feb, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados… pic.twitter.com/W72jSpxbrs
La represión no solo es contra el equipo de María Corina Machado. Recientemente, se aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática; sin embargo la normativa ha sido cuestionada por dejar fuera a la líder de oposición.
Aunque la ley busca la liberación de presos políticos (detenidos desde 1999), la normativa en su artículo 9, excluye a personas que “promovieron, invocaron, favorecieron, facilitaron, financiaron o participaron” las acciones de potencias extranjeras.
Previo a la Ley de Amnistía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantenía sobre Machado una sanción de inhabilitación política hasta el año 2036, medida que no fue revertida por la nueva legislación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Aunque según cifras oficiales hubo 276 muertos, algunas organizaciones como el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) señalan que la cifra del llamado “Caracazo” ocurrido el 27 de febrero de hace 37 años rebasa el millar de personas.
Un aumento de apenas 30 céntimos (de un bolívar al que el chavismo le ha quitado múltiples ceros) a la gasolina, fue la chispa que encendió en Guarenas una protesta durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que de acuerdo a investigaciones de Cofavic género ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a los derechos humanos.
A través de un comunicado, 37 años después, Cofavic expuso que la conmemoración de la fecha sucede en el marco de la exigencia de un nutrido grupo de mujeres por la libertad de sus familiares arbitrariamente privados de libertad por motivos políticos.
“En particular, es relevante reconocer que son las mujeres quienes de forma mayoritaria han ejercido la defensa de derechos humanos frente a los esfuerzos del Estado por mantener la impunidad. Precisamente en 1989, fueron las mujeres quienes llevaron adelante ante los tribunales nacionales e internacionales, la denuncia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Caracazo. De hecho, fueron ellas, las madres, esposas y hermanas, quienes fundaron COFAVIC”, expuso la misiva de la ONG.
La organización puntualizó que sin derechos de las víctimas no hay democracia posible a propósito de la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía, que ha sido cuestionada por diversos voceros de la sociedad por su carácter excluyente.
La ONG denunció que a casi 40 años de la masacre, las personas se ven obligadas a dormir frente a centros de reclusión para demandar la libertad plena de sus afectos.
“Es doloroso ver en 2026 la necesidad de pernoctar a la intemperie para exigir el respeto a los derechos humanos, tal como tuvieron que hacer las fundadoras de COFAVIC en La Peste, en el Cementerio General del Sur, durante año y medio, con el fin de cuidar los restos y evidencias ahí sepultados por el Estado de manera clandestina en 1989”.
COFAVIC puntualizó lo necesario de preservar la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos en Venezuela en procura de evitar la repetición.
Para la organización es llamativa la eliminación de los archivos administrativos, policiales y militares a personas beneficiadas por la Ley de Amnistía
“Esto constituirá un fuero más de impunidad, pues significa la destrucción de las evidencias de las violaciones de derechos humanos que han afectado a miles de personas en Venezuela, lo que restringirá el incuestionable derecho de las víctimas a las garantías de verdad, justicia y reparación”.
COFAVIC expuso que cualquier iniciativa orientada a la reconciliación nacional debe estar alineada con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Sin postergaciones por conveniencias políticas, y como camino de una sola vía de exigibilidad inmediata”.
A juicio de la organización, la propuesta de allanar una convivencia democrática es una oportunidad para poner fin a prácticas de impunidad del Estado desde los sucesos del 27 de febrero de 1989 a la represión post electoral de 2026.
En este sentido las exigencias de la organización redundan en la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, Investigaciones independientes, genuinas, imparciales y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, cese de prácticas que restrinjan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la derogación de las leyes que han sido empleadas como instrumentos para la persecución de personas y de organizaciones de la sociedad civil como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG; Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; y Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 27 de febrero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Trabajadores activos, jubilados y pensionados protagonizaron diversas manifestaciones este jueves, 26 de febrero, en distintas ciudades del país para reclamar el aumento inmediato del salario mínimo y las pensiones, así como la mejora de contratos colectivos y otras condiciones laborales. Mientras que en Caracas la protesta ocurrió en la Plaza Caracas, frente a la sede del Ministerio del Trabajo, en las ciudades del interior del país sucedieron frente a las sedes de las inspectorías del Trabajo.
“Hoy, en el último mes, han ingresado más de 1.000 millones de dólares a este país y no ha llegado ni un dólar para los jubilados, ni los sobrevivientes, ni los trabajadores venezolanos”, reclamó con un megáfono José Bodas, dirigente sindical y trabajador de Petróleos de Venezuela.
Lo que rompe en redes
El más reciente balance de la ONG Foro Penal informó que a la fecha hay 568 presos políticos.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 25/02/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 568* Desde la semana pasada
Al menos 15 organizaciones no gubernamentales hicieron una serie de exigencias a la Asamblea Nacional, responsable de evaluar las postulaciones y designar a los nuevos fiscal general de la República y defensor del pueblo, cargos a los que renunciaron Tarek William Saab y Alfredo Ruiz.
Aunque Saab pasó a ocupar el puesto de Ruiz de manera momentánea por 30 días, deberá dejar el despacho, mientras que Larry Devoe estará en el Ministerio Público mientras se designe un nuevo fiscal.
Organizaciones como Laboratorio de Paz, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Caleidoscopio Humano, Probox, Ideas por la Democracia y Transparencia Venezuela, entre otras, sostuvieron que no se trata de simplemente relevar autoridades, sino de corregir déficits estructurales en la garantía y protección de los derechos humanos.
Las organizaciones expusieron que durante las gestiones de ambos funcionarios hubo denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y persecución por motivos políticos.
“Estos patrones han sido documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El documento expuso que el exfiscal es responsable de omisión por la ausencia de investigaciones estructurales eficaces, mientras que el ex defensor del pueblo tenía el mandato constitucional de prevenir abusos, proteger víctimas y denunciar prácticas violatorias.
Las organizaciones suscribieron que la renuncia de ambos no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales.
“La rendición de cuentas es una condición para la no repetición”.
Alertaron también que la designación de Devoe como fiscal encargado y Saab como defensor parcial vulnera las normativas de ambos organismos.
“El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el vicefiscal o la vicefiscal. Por su parte, la falta absoluta del defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el Director o Directora Ejecutiva de la institución”.
Estas son las exigencias de las ONG:
– Un proceso de selección transparente y verificable: que se publiquen los criterios de evaluación, haya acceso público a credenciales, antecedentes y declaraciones de intereses de los postulantes, además de audiencias públicas transmitidas y con posibilidad de observación ciudadana.
– Criterios mínimos de idoneidad e independencia: que los candidatos tengan unatrayectoria demostrable en defensa o investigación de derechos humanos y que haya un compromiso público para la cooperación internacional en materia de justicia.
– Plan inmediato de reforma institucional: Las organizaciones exigen auditorías independientes de casos emblemáticos de violaciones graves a DD. HH., creación o fortalecimiento de unidades especializadas en tortura, ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad de mando, ademas de protección efectiva a víctimas, testigos y denunciantes.
–Compromiso con estándares internacionales: piden Cooperación plena con mecanismos de Naciones Unidas y con la Corte Penal Internacional y adopción de protocolos internacionales de investigación.
Evaluación de actuaciones pasadas: solicitaron la adjudicación de eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales por omisión o incumplimiento de las funciones de los anteriores fiscal y defensor del pueblo.
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Trabajadores activos, jubilados y pensionados protagonizaron diversas manifestaciones este jueves, 26 de febrero, en distintas ciudades del país para reclamar el aumento inmediato del salario mínimo y las pensiones, así como la mejora de contratos colectivos y otras condiciones laborales.
Mientras que en Caracas la protesta ocurrió en la Plaza Caracas, frente a la sede del Ministerio del Trabajo, en las ciudades del interior del país sucedieron frente a las sedes de las inspectorías del Trabajo.
Trabajadores de distintos sectores se concentran en la Plaza Caracas, frente al Ministerio del Trabajo, para exigir aumento de salarios.
Desde 2022 los salarios y pensiones siguen estancados, lo que ha generado la precarización extrema del empleo en Venezuela pic.twitter.com/nALtDDQyOv
“Hoy, en el último mes, han ingresado más de 1.000 millones de dólares a este país y no ha llegado ni un dólar para los jubilados, ni los sobrevivientes, ni los trabajadores venezolanos”, reclamó con un megáfono José Bodas, dirigente sindical y trabajador de Petróleos de Venezuela, al momento de exigir un aumento general de sueldos y salarios.
"En el último mes han ingresado más de mil millones de dólares al país, y no ha llegado ni un dólar para los jubilados ni para los trabajadores".
José Bodas, dirigente sindical y trabajador de PDVSA, exige aumento general de sueldos y salarios. pic.twitter.com/MK3FgIN4Bh
Al grito de “Salario digno ya” manifestaron en La Guaira. “No tenemos nada, ni HCM, ni seguro. Se deben restituir todos los beneficios e incluso el derecho a protestar cuando se siente que el patrón no nos cumple con las demandas laborales”, afirmó un representante de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar Filial Litoral.
Desde La Guaira, #CaleidoHumano cubrió la protesta pacífica de trabajadores que unidos a la convocatoria de hoy, #26Feb exigen mejoras salariales.
´´ Otra de las cosas que estamos solicitando es iniciar las conversaciones de los contratos colectivos. No tenemos nada, ni HCM, ni… pic.twitter.com/YfhOWIXhwu
En Falcón, los trabajadores en protesta entregaron un pliego de trabajo con una serie de exigencias, entre las cuales se incluyen las prestaciones sociales colectivas, además de la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los trabajadores públicos que están presos. Uno de los voceros aseguró que saldrán nuevamente el 12 de marzo y el 1ro de mayo a manifestar en caso de no recibir respuesta.
#26feb | Trabajadores falconianos se suman a la jornada de protesta nacional, exigiendo salarios y pensiones dignas enmarcado en el artículo 91 de la constitución pic.twitter.com/AwH48z9SQd
“Hemos perdido todas las condiciones de trabajo que teníamos hace 20 años, ya no tenemos seguridad social, no tenemos salarios, nos quieren quitar las prestaciones sociales (…) Nos están haciendo un exterminio a los jubilados”, reclamó Julio Marín, miembro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Lara, frente a la Inspectoría del Trabajo de Barquisimeto.
Desde #Barquisimeto hoy #26Feb, Julio Marín de la CTV Lara, apoyando una acción nacional de todos los trabajadores, jubilados y pensionados por un salario que cubra las necesidades de los trabajadores pic.twitter.com/co60P8TBRH
En Valencia, capital de Carabobo, recordaron que el salario mínimo no ha aumentado desde marzo de 2022 y se ha mantenido en 130 Bs., lo que equivale apenas a 0,30 céntimos de dólar.
#26Feb A las afueras de la Inspectoría del Trabajo de #Valencia, dirigentes sindicales exigen aumento de salario y pensiones, indexado a la canasta básica, como establece el artículo 91 de la Constitución.
En Maracaibo, estado Zulia, los trabajadores invocaron el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que reza que los aumentos de salario deben tomar en cuenta el costo de la canasta básica que hoy está cerca de los 600 dólares americanos. “Hay un genocidio colectivo de jubilados y pensionados”, declaró uno de los manifestantes.
El equipo de la Red Sindical en el Zulia exigió este #26Feb al gobierno interino venezolano que en las próximas horas haga un aumento salarial, pues los trabajadores públicos venezolanos cumplirán, en 17 días, cuatro años ganando mensualmente 130 bolívares. pic.twitter.com/LrPLwBG44l
La tarde de este jueves, 26 de febrero, fue liberado el periodista Jonathan Carrillo, detenido desde el pasado 20 de julio de 2022.
Según información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de su cuenta en X, el periodista estuvo tres años, siete meses y seis días preso en El Helicoide y en Yare III.
Carrillo era el último de los periodistas que permanecía detenido.
#AHORA | También este #26Feb fue liberado el periodista Jonathan Carrillo, preso desde el 20 de julio de 2022. Estuvo preso en El Helicoide y trasladado en septiembre a Yare II. Lo mantivieron enecerrado 3 años, 7 meses y 6 días. Jonathan era el último de los periodistas y… pic.twitter.com/XpsFu22bKS
Más temprano también fue liberado el periodista Pedro Urribarri. El sindicato señaló que con la liberación de estos dos últimos comunicadores sociales finaliza una etapa de detenciones “arbitrarias y carentes de sustento legal” en contra de los trabajadores de la prensa.
Jonathan Carrillo se le acusó de migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
