El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que este jueves, 26 de febrero, fue liberado el periodista Pedro Urribarri, detenido desde el pasado 21 de mayo de 2025.
A través de su cuenta en X, el SNTP señaló que Urribarri fue acusado de “conspiración e instigación al odio” por unos tuits que nunca escribió y que habrían aparecido en sus redes sociales el 23 de mayo, dos días después de haber sido detenido.
El periodista estuvo recluido cuatro meses en El Helicoide y luego fue trasladado al centro penitenciario Yare II, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda, en donde permaneció privado de libertad durante nueve meses y cinco días. “Justicia y reparación para Pedro y para todos los presos por razones políticas”, exigió el SNTP.
#AHORA | Este #26Feb fue liberado el periodista Pedro Urribarri, preso desde el 21 de mayo de 2025 de manera injusta, acusado de conspiración e instigación al odio por unos tuits que nunca escribió y que habían aparecido en sus redes sociales el 23 de mayo, dos días después de… pic.twitter.com/R2Qr2sed09
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Alianza por la Libertad de Expresión conformada por una coalición de organizaciones civiles, gremiales, académicas y de derechos humanos confeccionó un decálogo de acciones que deben ponerse en funcionamiento de inmediato para recuperar la libertad de expresión en Venezuela.
Dicho decálogo lo suscriben organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), la ONG Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre otros.
Las peticiones al gobierno interino de Delcy Rodríguez van desde el desbloqueo de los medios de comunicación digital hasta reformas legales e institucionales, pasando por restitución de concesiones, liberación plena de personas detenidas por expresarse y el cese de la vigilancia e intimidación a los profesionales de la comunicación social.
“Es la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones, una de las principales condiciones para garantizar procesos auténticamente democráticos y legítimos”, reza el documento emitido en conjunto por las instituciones.
La misiva colectiva reza que las peticiones no están subordinadas entre sí ni guardan un orden específico, por lo que pueden llevarse a cabo de manera simultánea.
– Cese de inmediato la persecución judicial: Esto implica liberar de forma plena e inmediata a quienes estén encarcelados y declarar sobreseimiento en los procesos judiciales arbitrarios.
– Frenar amenazas, intimidación y agresiones: Evitar estigmatización por parte de funcionarios, así como parar medidas presión hacia los medios por sus líneas editoriales.
– Desbloqueo de las páginas web: Así como de redes sociales como X que fueron bloqueadas arbitrariamente por las operadoras Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Digitel, Telefónica Movistar y demás servicios de internet.
– Derogar leyes restrictivas: Entre ellas entre algunas la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica, y la Tolerancia y la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
– Reformar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones(Conatel): Bajo criterios de transparencia, legalidad, legitimidad e independencia.
– Devolución de sedes, equipos de transmisión y antenas: Inmobiliario que ha sido confiscado de manera arbitraria a medios de comunicación social.
– Renovación automática o devolución de concesiones: Licencias de radio y televisión que fueron revocadas arbitrariamente.
– Emisión o restitución de documentos de identidada periodistas y trabajadores de la prensa: Proceso que debe llevarse a cabo sin dilaciones, negaciones o represalias indebidas.
– Acceso a las fuentes de información oficiales: Abrir salas de prensa en sedes de la Asamblea Nacional, Miraflores, Cancillería, ministerios y organismos públicos. Además garantizar acceso a documentos que contengan información pública.
– Cesar monitoreo de contenidos en equipos electrónicos: Que funcionarios policiales, militares y civiles detengan su práctica ilegal de revisión de teléfonos y equipos electrónicos aperiodistas y trabajadores de la prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El exmandatario Nicolás Maduro enfrenta un nuevo obstáculo. Tras su detención en Estados Unidos el pasado 3 de enero, en el marco de la «Operación Determinación Absoluta», ahora se encuentra sin posibilidad de cubrir los honorarios de su equipo legal de defensa.
Barry J. Pollack, abogado de Maduro, denunció este miércoles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) está “interfiriendo” en la defensa de su cliente, al no conceder una licencia que permitiría al gobierno venezolano pagar por estos servicios legales.
Según el escrito emitido por el jurista, la OFAC concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la “enmendó” sin explicación.
“La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa”.
El equipo legal de Nicolás Maduro pidió a la OFAC que otorgue un permiso para que Maduro pueda usar parte de los fondos congelados para pagar sus defensores.
El abogado añadió que Maduro “no puede costearse un abogado de otro modo” y que solicitará ayuda al juez para pagar su defensa.
Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos de narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan.
Negación a la defensa en Venezuela
En los últimos años, diversos informes de organizaciones de derechos humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, documentaron que a la gran mayoría de los presos políticos venezolanos fueron obligados a aceptar defensores públicos, aun cuando contaban con abogados privados dispuestos a representarlos.
A periodistas, políticos, disidentes y miembros de la sociedad civil se les impidió el acceso de sus abogados particulares a los expedientes, a las audiencias e incluso a los centros de detención, lo que dejó a muchos detenidos en situación de indefensión y con las garantías básicas del debido proceso vulneradas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A Ramón Centeno, periodista excarcelado el 14 de enero y hoy en silla de ruedas, le negaron y le aprobaron —en el mismo día— la autorización para someterse a una cirugía que podría devolverle la posibilidad de caminar.
Según información difundida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el tribunal le negó la autorización al periodista para ausentarse del juicio y someterse a la operación que estaba programada para este jueves 26.
Sabrina Montes de Oca, jueza del Tribunal 11 en funciones de juicio del Área Metropolitana de Caracas, desestimó los reiterados informes que, a solicitud del mismo tribunal, ha enviado la medicatura forense luego de examinar la condición de salud de Centeno. El último de ellos en septiembre de 2025.
El sindicato señaló que frente a la notificación hecha por la defensa del periodista sobre su ausencia para someterse a la operación y al proceso de rehabilitación, la jueza emitió un oficio donde lo obliga a ir al Senamacf para una nueva revisión el mismo día que tenía previsto entrar al quirófano.
#URGENTE | El tribunal le negó la autorización al periodista Ramón Centeno para ausentarse del juicio y someterse a una operación que es urgente y que estaba programada para este jueves 26. La jueza ha desestimado los reiterados informes que, a solicitud del mismo tribunal, ha… pic.twitter.com/KdpwteFKCP
El SNTP indicó que después de enviar el oficio donde lo obliga a hacerse nuevos exámenes, la jueza Montes de Oca, en respuestas a las múltiples denuncias, emitió una comunicación en la que autoriza la operación. Hace una semana la había solicitado la defensa privada
Después de enviar el oficio donde lo obliga a hacerse nuevos exámenes, al final de este #25Feb la jueza que lleva el caso de Ramón Centeno, en respuestas a las múltiples denuncias, emitió una comunicación en la que autoriza la operación. Hace una semana la había solicitado la… pic.twitter.com/OSoiBfW9iO
Centeno confirmó a través de un video difundido en la cuenta en X del SNTP que recibió la autorización del Tribunal 11 de Juicio para operarse, luego de que gremios y organizaciones de la sociedad civil reclamaran la negativa que habita tenido la jueza.
“Agradezco a los medios de comunicación, a mis colegas y a la sociedad civil para que puedan operarme. Estoy esperando una nueva fecha para la cirugía”, dijo Centeno.
#AHORA | El periodista Ramón Centeno (@Boligrafo5G) confirma que la noche de este #25Feb recibió la autorización del Tribunal 11 de Juicio para operarse, luego de que gremios y organizaciones de la sociedad civil reclamaran la negativa que habita tenido la jueza. Debe reprogramar… pic.twitter.com/avADE8Gs5U
Ramón Centeno fue detenido el 2 de febrero de 2022 junto a su colega Gabriel Zambrano, luego de entrevistar a un diputado vinculado a la operación “Mano de hierro”. Aunque la entrevista nunca fue publicada, ambos fueron imputados por asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. Duró casi cuatro años en prisión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Abrazadas, con franelas blancas y esgrimiendo sus derechos, un grupo compuesto básicamente por mujeres denunció la noche de este miércoles 25 de febrero torturas en la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.
Las personas congregadas desde hace más de 40 días expusieron que un detenido de nombre Enzo Flores, quien tiene 16 meses padeciendo una enfermedad fue golpeado por un custodio directamente en la zona que tiene afectada, lo que provocó un sangrado activo.
Denunciaron también que fueron víctimas de hostigamiento por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes intentaron persuadirlas para que se retiraran del lugar.
Los familiares señalaron que temen que se estén tomando medidas drásticas para silenciar a los detenidos.
“Desde nuestra organización manifestamos profunda preocupación por la opacidad y los tratos crueles reportados. Exigimos una respuesta inmediata de las autoridades penitenciarias y responsabilizamos al Estado por la integridad física de Flores y el resto de los privados de libertad”, escribió en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve).
Familiares exigieron que las autoridades del Rodeo I permitan el acceso de la Cruz Roja Internacional para evaluar el estado de salud de quienes permanecen en huelga de hambre, entre ellos presos políticos extranjeros.
Desde el 8 de enero pasado, los familiares de los presos políticos pernoctan en las adyacencias de esa cárcel, luego que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones masivas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cuando Nicolás Maduro comandó la purga de Petróleos de Venezuela, las empresas básicas de Guayana y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), en 2023, en medio de la polémica por los más de 3.000 millones de dólares que se habían esfumado, hubo nombres que aparecieron repetidas veces en las juntas de reestructuración de las compañías e instituciones afectadas por el escándalo. Uno de ellos fue el de Larry Daniel Devoe Márquez, a quien acaban de nombrar fiscal general interino de la República de Venezuela.
Para ese momento fue designado como miembro principal de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana y de la junta de reestructuración de la Sunacrip, ambas conformadas en medio de aquel sacudón madurista.
Pero, por si no fuese poco, cuando asumió esos cargos ya era Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (desde 2014) y agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Por eso, su rostro se ha visto en La Haya, Países Bajos, en cada una de las audiencias de la situación Venezuela I, que busca llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los funcionarios gubernamentales culpables de delitos de lesa humanidad desde 2014.
Devoe, de azul en el centro de la imagen, en una audiencia en la Corte Penal Internacional en La Haya. Foto: CPI
Devoe no solo ha acumulado posiciones en el gobierno, sino que ha construido una trayectoria –que aquí se expone– al servicio de la defensa de un gobierno chavista acusado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones contra la libertad de expresión e información, presos políticos, entre muchos otros delitos. No en balde, en su perfil en la red X, exhibe en su muro el lema del Consejo que preside: “Venezuela, un país garante de los derechos humanos“.
Luego de la renuncia firmada por el hoy exfiscal general Tarek William Saab, Devoe asume temporalmente una instancia en la que nunca había estado: el Ministerio Público. A este cargo ya se había postulado anteriormente sin éxito, pero ahora el panorama es diferente. Puede presentar su nombre nuevamente para quedarse en el cargo porque ahora contará con el apoyo de sus dos poderosos amigos: Delcy Rodríguez, la presidenta encargada que cuenta con el aval de Donald Trump, y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional a quien Devoe tantas veces acompañó en la comisiones negociadoras del gobierno con la oposición. Pero, ¿cómo comenzó esta relación? Aquí lo contamos.
El perfil en X de Larry Devoe. Foto: Captura de pantalla
Una carrera para lavarle la cara al gobierno
Devoe Márquez es un abogado especializado en Ciencias Penales y Criminológicas, con un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en Iberoamérica, que cursó en España, quien lleva al menos 20 años en la administración pública.
Antes de ser amigo de los Rodríguez, Devoe fue un hombre cercano a Nicolás Maduro comenzó cuando este último era canciller. Por eso, en 2007, Maduro lo designó como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente alterno de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De allí que su nombre aparezca, junto al de Germán Saltrón Negretti, en numerosas causas abiertas contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos defendieron al gobierno en casos como los ataques sufridos por trabajadores de RCTV y Globovisión o la prisión política del general Francisco Usón Ramírez, y perdieron.
En 2009, Devoe llegó a la Defensoría del Pueblo, durante la gestión de Gabriela Ramírez, donde fue designado como director de Doctrina Jurídica y, más adelante, director ejecutivo de la institución. Entre 2011 y 2012, representó a este despacho en el Consejo General de Policía del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, mientras que entre 2013 y 2014 hizo lo mismo pero ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, justo cuando arreció la represión contra manifestantes.
Cuando Maduro alcanzó la Presidencia, volvió a llevar a Devoe al Ejecutivo. En 2014, fue nombrado Secretario Ejecutivo del recién creado Consejo Nacional de Derechos Humanos, una instancia que se “encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas del Estado venezolano en derechos humanos”. Ahí ha permanecido durante 12 años, mientras que al gobierno chavista le han llovido las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales por la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad.
Ese Consejo depende de la vicepresidencia de la República que, para el momento, llevaba Jorge Arreaza, quien al año siguiente lo designó director general de Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República.
Durante ese período, Devoe también integró la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, conformada apenas unos días después de la aprobación del Decreto del Arco Minero del Orinoco en marzo de 2016. Allí estuvo junto a Arreaza, Miguel Pérez Abad, Eulogio del Pino, José Khan y Ricardo Menéndez. Se supone que eran los encargados de asesorar a Maduro en ese tema, pero desde entonces los pueblos indígenas reclaman que la actividad extractivista solo ha llevado homicidios, violencia, miseria, contaminación, enfermedades y otras desgracias a sus territorios.
El regreso del Agente
Ese ese mismo año, en noviembre, Devoe regresó al Ministerio de Relaciones Exteriores como Agente del Estado ante el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. A la cabeza de la cartera estaba Delcy Rodríguez.
También formó parte en Ginebra, Suiza, de la delegación de Venezuela ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Ohchr) en noviembre de 2016.
Larry Devoe, en segunda fila y a la derecha de Jorge Rodríguez, en una de las mesas de diálogo entre gobierno y oposición en noviembre de 2022. Foto: Prensa Presidencial
El abogado de confianza de Maduro también se volvió amigo de los Rodríguez. Por eso estuvo en las delegaciones oficiales que sostuvieron los diálogos con la oposición en República Dominicana en 2019, en México en 2021, y más tarde en Barbados en 2023. En todas las ocasiones, Jorge Rodríguez, fue el jefe del grupo de los chavistas.
Además, integró el equipo legal que representó a Venezuela ante el conflicto territorial con la Guayana Esequiba en la Corte Internacional de Justicia.
Estamos en la Corte Internacional de Justicia por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y de nuestro pueblo. Vinimos a defender nuestra Guayana Esequiba. Lo haremos siempre donde sea posible y necesario. pic.twitter.com/FHslkLIX6e
Devoe está sancionado por Canadá desde 2019, cuando el gobierno de ese país lo incluyó entre los 43 funcionarios que participaron “en actividades que socavan las instituciones democráticas” y que privaron “a los venezolanos de sus derechos y necesidades más básicas”.
Hoy, el mismo hombre que tantas veces ha intentado lavar la cara del gobierno chavista ante el mundo, tomó las riendas del ente que se encarga, exclusivamente, de investigar los delitos, acusar a los presuntos responsable y asegurar que se apliquen las leyes en el país.
En La Conversa de La Alianza Rebelde Investiga, el ex subsecretario adjunto de la oficina de Democracia, derechos humanos y temas laborales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Enrique Roig, posee dudas en cuanto a la real intención de la administración del presidente Donald Trump de generar una transición a la democracia en Venezuela.
El también vicepresidente de la organización Human Rights First estuvo este martes 24 de febrero en el programa de entrevistas de la alianza conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual. Explicó que para el gobierno republicano ha sido la mejor opción tener una relación transaccional con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez.
Roig les dijo a Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo, que por el momento Trump ha demostrado tener un sólido interés por estrechar las relaciones económicas con Venezuela y un vago anhelo de recuperar el hilo democrático.
“Trump tiene que mostrar un plan fuera del petróleo, que María Corina Machado pueda volver con libertad a Venezuela, que se establezca un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial y que los partidos políticos de oposición puedan hacer campaña libremente, sería bueno que presionaran más en ese sentido”.
Amaya aportó que figuras que supuestamente garantizan estabilidad en Venezuela como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y el de Defensa, Vladimir Padrino López, están solicitados por la justicia estadounidense y pesa sobre ellos una recompensa.
“Por el momento no veo un cambio, para el gobierno de Trump, dejar a esa gente en el poder ha sido la mejor opción y eso va a depender de si ellos garantizan algo de estabilidad en el país”, indicó Roig.
Para Roig la visita a Venezuela del jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico emprendida por Estados Unidos, pero también con cierta garantía de seguridad para los inversionistas extranjeros.
“Estados Unidos podría jugar un papel más proactivo en torno a una futura transición, demostrar que la democracia realmente les importa y no dejarla relegada para una tercera fase”.
El ex funcionario gubernamental indicó que una victoria del partido demócrata en las elecciones de medio término en noviembre de este año, podría significar una mayor presión en procura de iniciar un verdadero proceso de transición en Venezuela.
“Se podría generar una agenda bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, si se percibe que no hay avance alguno en Venezuela”.
Batiz sentenció que algunos congresistas republicanos en Estados Unidos están abogando porque haya unas elecciones transparentes y limpias en Venezuela.
Roig calificó a la Ley de Amnistía aprobada recientemente en el país como selectiva
“Genera desconfianza, la implementación ha sido lenta y parcial, la veo como algo para comprar un poco más de tiempo y ver qué va a pasar en Estados Unidos. Actualmente Trump tiene un apoyo de 39% y en mi opinión va a seguir con Delcy Rodríguez al menos por el resto del año, esto va para largo”.
Un chantaje de ley
Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, la Ley de Amnistía es un chantaje que le vendió el gobierno chavista a los presos políticos y sus familiares.
“No hacía falta una ley para que los presos políticos salieran en libertad, es un documento legal excluyente que no responde a los estándares internacionales en cuanto a derechos humanos, se hizo a la carrera y sin ningún tipo de técnica legislativa”.
Batiz aseveró que la ley se aprobó sin que muchos de los diputados conocieran su contenido y además otorgando un perdón condicionado.
Según Apitz, la ley revictimiza a los señalados de cometer supuestos delitos y pone a los detenidos por pensar distinto a pedir clemencia a sus victimarios.
“Las colas que vemos en los tribunales para aplicar por el beneficio de la amnistía es parte de la improvisación. Debieron hacer una ley de oficio, nuestros presos políticos no han cometido delito alguno, pensar distinto no es delito, aquí se volteo la ecuación, los mismos jueces que impusieron las penas a los presos políticos son los que están tomando las decisiones de si la amnistía procede o no”.
Apitz reveló que el proyecto de ley fue sometido a una pesquisa digital y se comprobó que el documento se hizo al día siguiente de la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional.
“No había proyecto alguno, el documento le pertenecía a una abogada adscrita a la vicepresidencia. Se sabía lo que estaba mal y con todo y eso se aprobó por unanimidad”.
El decano sentenció que fue creada una comisión especial conformada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en compañía del Ministerio Público para seleccionar a quienes beneficia la ley.
“Estamos frente a una contradicción porque el artículo 1 reza que se debe otorgar una amnistía plena y el 9 especifica hechos. No es una ley plena, sino específica y excluyente”.
Apitz denunció que la ley cataloga como hechos delictivos haber participado en la campaña opositora para las elecciones presidenciales de 2024, apoyar a miembros de mesa en el proceso y contabilizar actas.
“Criminaliza a quienes evidenciaron que hubo un robo de elecciones”.
Dijo que el artículo 15 alude a una comisión especial de seguimiento, que permite que algunos casos, que no estén descritos en la ley, puedan ser recomendados a los tribunales para el otorgamiento del beneficio.
“Ahora algunos diputados se dieron cuenta de que la tarea que les impuso el gobierno de Estados Unidos es supervisar el trabajo de los jueces”.
El decano afirmó que el principal error de la ley es haber tipificado como hechos delictivos actos que no son.
“Las víctimas no pueden ejercer sus derechos políticos y si lo vuelven a hacer van presos. Al final del artículo 9 incluyeron un párrafo que dice que todo aquel que promueva una invasión extranjera en el país está excluido de la amnistía, eso tiene nombre y apellido y es el de María Corina Machado”.
Blanco añadió que además el numeral 3 del artículo 2 señala que los amnistiados no pueden reincidir en lo que son considerados como delitos.
“Para que una ley sea acogida como de verdadera amnistía tiene que ofrecer reparación, garantía de no repetición, hay que derogar toda esa batería de leyes que les ha permitido al gobierno perseguir a los ciudadanos, como la del Odio, Simón Bolívar, Fiscalización a las ONG y Resorte,el aparato de represión está intacto”.
Apitz aseveró que los responsables de que la ley haya salido así son los diputados que la aprobaron por unanimidad.
“Esta ley no ordena la investigación de violaciones a derechos humanos efectuada por jueces, fiscales, defensores públicos, militares y funcionarios policiales”.
El experto en derecho denunció que está es una ley que solo se aplica a civiles.
“Los militares no están porque tienen miedo de soltarlos. El fundamento de la vigencia de este gobierno es la represión y si aprueban una ley de verdad significa perder el piso que les hace estar en el poder”.
El decano expuso que la administración de Trump le ordenó al régimen hacer una tarea para liberar a los presos políticos y la hicieron mal
“Y ahora no encuentran qué hacer. Para que haya una reconciliación tiene que haber una renovación total del sistema judicial, aquí sigue existiendo un dispositivo institucional de persecución política”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En una nueva edición del espacio Runrunes, conducido por Luis Ernesto Blanco, Rafael Uzcátegui, coordinador del Laboratorio de Paz analizó el complejo tablero político venezolano tras los eventos del 3 de enero de 2026 y la reciente sacudida en las instituciones del Estado.
Para Uzcátegui, la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía y de Alfredo Ruiz de la Defensoría del Pueblo, tienen que valorarse como positivas porque ha sido “piezas clave en el engranaje represivo de los últimos años”. Se trata de una “oportunidad para que se reinstitucionalice que ellos fueron el fiscal y el defensor del pueblo que auparon, toleraron, estimularon y contribuyeron a la comisión de graves crímenes contra la humanidad en nuestro país”.
Para el activista no se puede hablar de una transición real si los rostros de la represión permanecen en sus despachos y en el caso de Alfredo Ruiz, su gestión estuvo marcada por la subordinación total, afirmando que el ahora exdefensor “no movía un dedo dentro de la Defensoría sin tener la anuencia, sin tener el visto bueno de Tarek William Saab”. Calificó su labor como “absolutamente pusilánime”, lo que derivó en que la institución perdiera toda credibilidad e independencia internacional.
Pero Uzcátegui advierte que estas salidas no borran el pasado. “El señor Tarek William Saab y el señor Alfredo Ruiz tendrán que explicar en un futuro frente a organismos internacionales su responsabilidad sobre todo lo ocurrido cuando ellos ejercieron sus funciones”.
Y aunque insiste en lo necesario de las salidas de Saab y Ruiz, Uzcátegui mostró su preocupación por el ascenso deLarry Devoe a la Fiscalía (aunque sea de forma interina), describiéndolo como un funcionario que “permanentemente ha sido un negacionista de las violaciones de derechos humanos” en instancias internacionales.
Autoamnistía y olvido
Con relación a la reciente aprobación de la Ley de Amnistía, el coordinador del Laboratorio de Paz denunció que el texto contiene artículos que permiten eliminar expedientes de las víctimas, lo cual funciona como un “dispositivo de olvido para eliminar evidencia” de violaciones de Derechos Humanos.
Para Uzcátegui es importante tener claro que la transición solo llegará hasta donde la empuje la ciudadanía organizada. La liberación de presos políticos fue posible gracias a la movilización de sus familiares y eso prueba que la sociedad no debe conformarse con cambios cosméticos: Sin embargo, el activista reconoció que hay un “miedo estructural” impuesto tras el 28 de julio, pero la respuesta debe estar en retomar la exigencia en la calle. “Es hora de pedirlo todo… ser realistas y pedir lo imposible”, añadió.
Para Uzcátegui hay dos agendas que se encuentran en este momento, que están coincidiendo circunstancialmente, pero que se encuentran en una tensión permanente. Que una es la mirada que tiene Estados Unidos sobre su programa para Venezuela. basado en este nuevo mantra de estabilización, recuperación y transición. Pero frente a esa mirada de Estados Unidos, existe una mirada diferente, que es la mirada de los Rodríguez. Porque aquí hay que ratificar, ellos nunca hablan en términos de transición. Ellos están hablando en términos de convivencia, de reconciliación o de paz. Entonces estas dos miradas están convergiendo en este momento en la necesidad, porque es cierto que es una necesidad de recuperar la economía venezolana, que finalmente mejore. Pero “el gran desafío de la sociedad venezolana es darle contenido a este nuevo mantra, en base a las necesidades, a la agenda democratizadora que tenemos todos los venezolanos”.
El Factor Enrique Márquez
Sobre la presencia de Enrique Márquez en el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, Uzcátegui valoró positivamente que se visualice un perfil de izquierda democrática que fue “privado injustamente de su libertad”. Considera positivo su reconocimiento en EE. UU. porque “complejiza el debate internacional”, al mostrar que incluso sectores de izquierda y exrectores del CNE fueron víctimas de detenciones arbitrarias.
Enrique Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial fue detenido luego de exigir la publicación de los resultados electorales del 28 de julio de 2024 y estuvo preso hasta febrero de 2025 cuando fue liberado luego de que Jorge Rodríguez anunciara un “número importante” de excarcelación de presos políticos. Su presencia en la reunión del Estado de la Unión sorprendió a muchos y generó especulaciones por el hecho de que el mandatario norteamericano haya favorecido a Márquez y no haya considerado a María Corina Machado.
“Yo creo que estamos en el momento de la diversificación de las vocerías. Necesitamos gente que hable en diferentes tonos, en diferentes lenguajes y desde diferentes lugares sobre lo que está sucediendo en Venezuela”, dijo Uzcátegui.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
