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El Mañanero del 26 de febrero: En la AN anunciaron renuncias de Fiscal General y Defensor del Pueblo

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 26 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Alfredo José Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, presentó este miércoles 25 de febrero su renuncia ante la Asamblea Nacional, junto al fiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿La razón? En su carta de dimisión aludió razones personales y de salud.

Por un período de 30 días, Saab tomará la Defensoría de forma interina, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar.

Recién salido del horno: otras noticias

Cepaz: “Renuncias del fiscal y defensor del pueblo abren puerta a institucionalidad”

Venezolanos pedirán a la Unión Europea confiscar activos decomisados del chavismo  

ONG denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía

Márquez y su entrada triunfal en el Capitolio estadounidense

10 años del AMO: el proyecto que fracturó la institucionalidad ambiental y aceleró la crisis amazónica

47 noches de vigilia: familiares de presos políticos se mantienen firmes en el Rodeo I

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Uno piensa lo peor, porque al final te das cuenta de que estás completamente confinado y aislado. Hacíamos nuestras necesidades en el mismo lugar donde nos servían la comida en una bandejita de anime”, Javier Tarazona, director de la ONG Fundarede

Lo que rompe en redes

Un tribunal negó la solicitud del periodista Ramón Centeno para someterse a una operación de acuerdo al Sntp.

Azuquita pa’l café

El Real Madrid avanzó a la siguiente fase de la Liga de Campeones al derrotar al Benfica de Portugal.

La ñapa (recomendamos…)

Hoy se estrena en salas nacionales la cinta Scream 7.

PERFIL | La renuncia de Saab, el fiscal de la impunidad y la represión

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que el Fiscal General impuesto por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, renunció a su cargo después de nueve años al frente del Ministerio Público (MP). La dimisión, cuyo rumor circulaba desde tempranas horas en redes sociales, cayó como un golpe seco por tratarse de uno de los funcionarios con mayor relevancia en el tablero político venezolano.

Tras su renuncia, se conoció que Saab fungirá como Defensor Público en calidad de encargado por los próximos treinta días.

Durante casi una década, Tarek William Saab Halabi, oriundo de El Tigre, estado Anzoátegui, fue la voz encargada de “impartir justicia” desde las redes sociales y los pocos medios de comunicación que aún sobrevivían. Desde allí anunciaba detenciones, imputaciones, conspiraciones y planes frustrados de magnicidio en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y otros funcionarios del Estado.

Desde el podio del MP, Saab defendió a la administración oficialista de informes internacionales que señalaban al Estado de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes considerados de lesa humanidad.

El fiscal de 63 años, es abogado egresado de la Universidad Santa María. Cuenta con una especialización en Derecho Penal y estudios de posgrado en derechos humanos. También es profesor, poeta y escritor. Aquí el perfil del hombre que pasó de activista a símbolo de impunidad y represión:

Inicios en la política

Desde sus inicios, William Saab se destacó como líder estudiantil y militante de izquierda. Formó parte durante los años 70, 80 y 90 de varios comités de defensa de Derechos Humanos y a organizaciones no gubernamentales como la Comisión Justicia y Paz de Petare. Fue postulado al premio Reebok de Derechos Humanos en 1994.

El abogado participó en la defensa de las víctimas de “El Caracazo”, el golpe de Estado ocurrido en 1989 y que más tarde lo acercaría a las filas del chavismo. En 1992 presentó junto a un grupo de diputados de izquierda un proyecto de Ley de Amnistía para los implicados en el primer intento de golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez.

En ese mismo año (1992) conoció a Hugo Chávez en el Cuartel San Carlos, a quien defendió junto a un grupo de juristas logrando interceder ante el presidente Rafael Caldera y lograr así el indulto que le daría la libertad en 1994.

Luego de la liberación de Chávez, comenzó a colaborar activamente con el Movimiento Revolucionario-200 (MVR) apoyando la candidatura del militar a la presidencia en 1998. En julio de ese año, fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar la nueva constitución de 1999.

Entre 1998 y 1999 fue congresista por el Distrito Federal y diputado en la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui entre 2000 y 2004.

El 12 de abril de 2002 fue detenido durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Para ese momento se desempeñaba como diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Fue liberado la tarde del 13 de abril tras la presión popular y el retorno de Chávez al poder.

Saab fue electo gobernador del estado de Anzoátegui en dos periodos consecutivos (2004-2012) y en 2014 fue designado Defensor del Pueblo.

En 2017 fue nombrado fiscal general por la Asamblea Constituyente -acto que generó fuertes críticas al ser considerado ilegítimo- en sustitución de Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida por su postura crítica frente al gobierno de Nicolás Maduro.

Para el año 2023 fue designado como Presidente del Consejo Moral Republicano y un año después fue ratificado en el cargo como fiscal general por la Asamblea Nacional hasta el año 2031.

El 15 de enero de 2025, fue nombrado por Nicolás Maduro como presidente de la Comisión Nacional por la Reforma Constitucional.

De activista a represor

La gestión de Tarek William Saab ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales defensoras de derechos humanos.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó que el Ministerio Público, bajo la dirección de Tarek William Saab, “ha sido una pieza clave en la persecución política de disidentes”. Se le acusó de omisión en la investigación de torturas y de utilizar el sistema judicial para perseguir a opositores.

La misión documentó más de 850 casos de violaciones graves, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual cometidas tras las elecciones y en años previos.

La Corte Penal Internacional (CPI), al mando de Karim Kahn, cuestionó la “falta de investigaciones genuinas” por parte de la fiscalía de Saab sobre crímenes de lesa humanidad. Actualmente, la CPI investiga centenares de casos de asesinatos, encarcelaciones, torturas y persecución desde el año 2017 en lo que se conoce como el Caso Venezuela I. Cabe destacar que el Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado frenar en reiteradas ocasiones la investigación mediante recursos de “control judicial” que fueron desestimados por la misma CPI.

La organización Human Rights Watch (HRW) exigió la destitución de Saab para “desmantelar el aparato represivo del Estado”. HRW señaló al fiscal como “responsable de garantizar la impunidad en la actuación de los cuerpos de seguridad”.

Amnistía Internacional (AI) denunció que Saab, a través del Ministerio Público, ha liderado la “criminalización de manifestantes y líderes opositores“. AI sostiene que la fiscalía de Saab “ha fallado” en investigar de manera independiente las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Venezuela.

AI reportó casos de tortura contra personas detenidas por motivos políticos, incluyendo menores de edad, señalando que la fiscalía “no solo ignora estas denuncias, sino que utiliza confesiones obtenidas bajo coacción como evidencia en los juicios”.

Actuación controversial

En 2017, cuando era Defensor del Pueblo, consideró que la actuación de la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), estaba “relativamente” apegada a derecho. En estas operaciones, iniciadas en el año 2015, se registraron miles de muertos en todo el país debido al uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.

En ese mismo año, la defensa del general Raúl Isaías Baduel lo denunció por “encubrimiento en el caso” y la desaparición forzosa del militar.

También en 2017, año convulsionado por las protestas antigubernamentales, William Saab aprobó el uso de la “tortura blanca” en caso de Leopoldo López. Al dirigente de Voluntad Popular se le habrían negado las visitas de sus familiares durante un largo período de tiempo.

En el 2018, Saab afirmó que el exconcejal Fernándo Albán se suicidó cuando se lanzó al vacío del piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en Plaza Venezuela.

“Falleció a consecuencia del golpe recibido, tras la caída. No había evidencia de maltrato físico antes de las caídas”, declaró Saab en ese momento. Años después, él mismo admitió que el concejal no se suicidó, sino que fue asesinado mientras estaba bajo custodia del SEBIN.

Las actuación de Tarek William Saab en decenas de casos ha dejado mucho de qué hablar. En 2020, el fiscal negó que en Venezuela se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, a propósito de la investigación que adelantaba la CPI en el país.

“No se puede tipificar que en Venezuela existan crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados con todo el peso de la ley”, dijo Saab y reafirmó su “disposición de colaborar con la Corte Penal Internacional y remitir la información solicitada sobre las investigaciones realizada por el Ministerio Público”.

Denuncias por corrupción

En 2018 se hizo público el inicio de una investigación en contra de los directivos de la constructora Conkor por más de cien contratos con la gobernación de Anzoátegui durante la gestión de Saab (2004-2012). En 2024, la exfiscal Luisa Ortega Díaz denunció, desde el exilio, que Saab “utilizó su posición para enriquecerse y afirmó que es el verdadero propietario de la constructora Conkor, la cual habría realizado numerosos contratos con el Gobierno”.

Enemigo de la prensa y las ONG

El 7 de mayo de 2024 el fiscal Tarek William Saab acusó a los periodistas Maibort Petit, Sebastiana Barráez, Norbei Marín, Daniel Lara Farías, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg de pertenecer a una “red extorsiva” y haber recibido dinero por difundir investigaciones en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.

Luego de las elecciones de 2024 al menos 19 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos por la comisión de presuntos delitos como terrorismo, incitación al odio y conspiración.

Saab ha sido también uno de los principales promotores y ejecutores de la Ley Contra el Odio, instrumento utilizado para castigar a opositores, periodistas y políticos. Al momento de su aprobación, el fiscal la calificó como “una defensa de la dignidad humana”.

Jorge Rodríguez exhortó públicamente a Saab a utilizar Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar en contra de todos aquellos que apoyen o promuevan las sanciones internacionales en contra del Estado.

Sancionado por más de 30 países

Tarek William Saab ha sido sancionado por varios países. En 2019, Colombia le prohibió la entrada al país por su “estrecha relación y apoyo al régimen de Nicolás Maduro”.

En el 2017, Estados Unidos sancionó a 13 altos funcionarios incluido Saab por su papel en “socavar la democracia y los derechos humanos”.

Canadá también sancionó a Saab en septiembre de 2017 por comportamientos que “socavaron la democracia” después de que al menos 125 personas murieran en las protestas de ese mismo año.

En 2018, la Unión Europea hizo lo mismo y lo señaló de ser “responsable del deterioro de la democracia en el país”. Suiza también implementó sanciones, congelando sus activos, por violaciones de derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho.

Panamá y México también castigaron al fiscal. El país azteca le prohibió la entrada y congeló sus activos.

Su hijo le pidió poner fin a la injusticia

En abril de 2017, Yibram Saab Fornino, hijo de Tarek William Saab difundió un video en el que expresó su preocupación por “la ruptura del orden constitucional en Venezuela” y le pidió poner fin a la injusticia que ha hundido al país.

“Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo, y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que debes hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto”.

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El poeta de la revolución

Tarek William Saab dedica gran parte de su tiempo a compartir en redes sociales pequeños extractos de los 18 libros que ha escrito desde el año 1987 hasta la actualidad, así como también ensayos y poemas.

“La poesía me salvó del extravío más allá del mar de la desolación”, es una de las frases del poeta de la revolución.

Cepaz: “Renuncias del fiscal y defensor del pueblo abren puerta a institucionalidad”

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A través de un comunicado en su cuenta de X, la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, abren un momento determinante para la institucionalidad venezolana.

“No se trata solo de sustituir nombres, sino de garantizar que el proceso de designación fortalezca la justicia, la protección de derechos humanos y el Estado de derecho”, expuso la ONG en redes sociales.

Durante una sesión en la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que había recibido sendas misivas con la renuncia de ambos funcionarios, ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años.

Saab, ahora exfiscal, asumirá como defensor de manera interina por un mes, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar en ese puesto.

La ONG sentenció que ambos cargos forman parte del Poder Ciudadano, creado para ejercer control sobre el poder público y proteger a la ciudadanía frente a atropellos.

“El único camino legítimo es el apego estricto a la Constitución. No deben haber atajos cuando se trata de justicia y derechos humanos”, puntualizó el comunicado.  

La organización indicó que la renuncia de ambos funcionarios es un paso para la transparencia y que los requisitos para ocupar los cargos existen. “Pero hoy el país exige algo más que cumplir requisitos mínimos”.

De acuerdo a la ONG, el procedimiento señala activar el Comité de Evaluación de Postulaciones, recibir candidaturas, verificar requisitos, evaluar credenciales y presentar una lista de elegibles antes de cualquier decisión política.

“En un contexto donde la ciudadanía demanda verdad, justicia y protección real, respetar el procedimiento constitucional es la primera medida concreta para reconstruir la institucionalidad”.

Según la organización se requieren autoridades capaces de investigar graves violaciones a los derechos humanos, garantizar acceso a la justicia de las víctimas, combatir la impunidad y proteger a quienes denuncian abusos.  

“También se espera que atiendan a personas detenidas arbitrariamente, supervisen a cuerpos de seguridad, garanticen el debido proceso y eviten nuevas vulneraciones”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Defensor del Pueblo pone su cargo a la orden ante la Asamblea Nacional

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El Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, presentó su renuncia este miércoles, 25 de febrero, ante la Asamblea Nacional, junto al fiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿La razón? En su carta de dimisión aludió razones personales y de salud.

Saab tomará la Defensoría de forma interina por un período de 30 días, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar en tales sillas.

Ruiz Angulo fue designado en el cargo de forma interina desde el 1 de agosto de 2017 por la entonces recién elegida Asamblea Nacional Constituyente. El 17 de agosto del mismo mes, el cuerpo Legislativo lo ratificó en esa posición. 

En 2014, Ruiz Angulo -quien es licenciado en Educación, mención Filosofía, con posgrados sobre investigación educativa y Derechos Humanos – había asumido la dirección ejecutiva de la Defensoría del Pueblo. En ese momento, el Defensor del Pueblo era su amigo Saab, a quien conoció mientras se desempeñaba como activista en derechos humanos vinculado a temas educativos y organizaciones religiosas.

En esos años también fue miembro fundador de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual se convirtió en una de las más cercanas al gobierno de Hugo Chávez. 

Durante su permanencia en la Defensoría del Pueblo, Ruiz Angulo nunca se pronunció sobre los reclamos de los familiares de los presos políticos, las detenciones arbitrarias, las torturas y mantuvo silencio cuando mataron a manifestantes durante las protestas de 2019. Justo ese año fue sancionado por el gobierno canadiense por estar directamente implicado “en actividades que socavan las instituciones democráticas”.

Pero su despacho sí apoyó públicamente la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que dictaminó la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024, a pesar de las graves denuncias de fraude y de que nunca se presentaron las pruebas de ese triunfo. En cambio, volvió a enmudecer ante el recrudecimiento de la represión poselectoral que dejó 25 muertes y más de 2.000 detenidos.

La inacción de la Defensoría del Pueblo durante los últimos años ha llamado la atención de organismos internacionales, los cuales la consideran como parte del aparato represivo del gobierno venezolano.

1936-2026: 90 años de historia del sindicalismo venezolano

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El año 1936 marca un hito en la historia moderna de nuestro país. Además de significar, como dijera Mariano Picón Salas, la entrada de Venezuela al siglo XX tras 27 años de cruenta dictadura gomecista, fue escenario —en el lapso político de transición gobernado por el general Eleazar López Contreras— para el surgimiento de los partidos políticos y, al mismo tiempo, para la irrupción del sindicato como actor social representante de los trabajadores.

Su conformación, desde sus inicios, tuvo un olor y un color petrolero: tanto en los antecedentes de la primera huelga petrolera de 1925, como en las sociedades mutuales obreras remitidas a la clandestinidad por el dictador Juan Vicente Gómez. Este, en contubernio con las transnacionales petroleras, perseguía y hacía desaparecer a quien osara mencionar la mala palabra “sindicato”.

Del Zulia, el primer sindicado de Venezuela

Los vestigios de aquellas sociedades de mutuo socorro se pueden visualizar en las fachadas de algunas casas cercanas al antiguo mercado de Cabimas y a un costado del Teatro Baralt en Maracaibo, identificadas como Sociedad de Obreros del Bien. Estas organizaciones incipientes fueron el germen de la primera generación de sindicalistas que, de occidente a oriente, fundó los primeros sindicatos en nuestro país.

De ellos destaca el Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros de Cabimas (SOEP). Fundado el 27 de febrero de 1936, en el cine Variedades de Cabimas (Zulia), se reconoce como el primer sindicato de Venezuela. Surgió tras la muerte de Gómez, liderado por figuras como Manuel Taborda, Jorge Hernández y Valmore Rodríguez, bajo el lema “Luchar siempre, luchar”. Hoy está próximo a cumplir su 90 aniversario.

Consecutivamente, la Costa Oriental del Lago conoció un hervidero de iniciativas gremiales. El 4 de marzo de 1936 se fundó el Sindicato Petrolero de Lagunillas (STPL), y ocurrió uno de los episodios más trágicos de aquella época: el 14 de junio de ese año, en Mene Grande, fueron acribillados cinco trabajadores por exigir mejoras para la clase obrera.

Durante una huelga general declarada por dirigentes nacionales en protesta por el proyecto de ley para garantizar el orden público, los trabajadores del Zulia desacataron la orden de volver al trabajo dada por el Gobierno nacional. Hoy, en el cementerio de Mene Grande, todavía se venera a estos valientes trabajadores que trazaron la lucha por lograr un contrato de trabajo justo.

En ese contexto, los sindicatos petroleros se extendieron hacia Maracaibo con la fundación del STP, en La Concepción y en el oriente del país.

2026, un año para el debate

En el transcurso del año habrá espacio para desglosar el recorrido de esta lucha épica de los trabajadores, quienes antecedieron incluso a la formación de los partidos políticos. Estos últimos conocieron —con la excepción del PCV, fundado en 1931— en la década de los 40 su escenario propicio para constituirse bajo las siglas de AD y COPEI.

El desarrollo sindical de 1936 no se circunscribió al ámbito petrolero. Nuestro país conoció una primavera en el florecimiento de sindicatos textiles y agrícolas, junto con gremios de artesanos, zapateros y orfebres, quienes fueron la urdimbre de la conformación de la primera central sindical, la CVT, en diciembre de 1936; la cual pasó a denominarse CTV en su segundo congreso de 1947, en el marco del desarrollo de la primera huelga petrolera del 14 de diciembre de ese 1936.

Como podemos ver, este año 2026 es oportuno para el debate en torno a los 90 años de historia del sindicalismo venezolano. En él se debe auscultar el destino del movimiento ante la ofensiva de diferentes sectores empresariales y del Estado, quienes promueven una constituyente sindical para atar el movimiento sindical al Estado, justificando al mismo tiempo la sustitución del salario por ingreso, la suspensión indefinida de los contratos colectivos y el cercenamiento de la libertad sindical.

El significado del sindicato y su participación en la vida política, social y económica giran en torno a lograr una mayor participación de sus afiliados en la distribución de la riqueza nacional, representada en el logro del bienestar para la mayoría de la población. Al cernirse sobre el sindicalismo estas amenazas, se confronta la civilidad alcanzada desde el siglo pasado en torno al diálogo social y a la autonomía sindical frente al Estado.

Hoy, cuando presenciamos el retorno de las transnacionales petroleras, se presenta un reto para el sindicalismo petrolero en cuanto a su rol en este nuevo escenario. El que protagonizó la generación de sindicalistas de 1936 significó que el sindicato fuera reconocido como un actor primordial y, por otro lado, estableció la pauta de la negociación colectiva como mecanismo de relación entre trabajadores, empresarios nacionales y foráneos, y Estado. Estas lecciones, que costaron sangre, sudor y lágrimas, no deben olvidarse.

En momentos en que vivimos un periodo de cambios inusual en nuestra historia —que no reconocemos cabalmente como una transición, sino como la prolongación tragicómica de una dictadura— la voz de los sindicatos debe hacerse sentir, ya que ningún otro actor puede suplantarnos ni asumir nuestra representación.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Venezolanos pedirán a la Unión Europea confiscar activos decomisados del chavismo  

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Este jueves, un grupo de venezolanos solicitará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de la Unión Europea recuperar y confiscar bienes vinculados a la corrupción y al crimen organizado en Venezuela.

Los solicitantes de origen venezolano exigirán a la UE destinar los recursos para reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La petición comprende a 69 personas vinculadas al régimen chavista sancionados por la Unión Europea, cuyos activos se encuentran congelados.

La Comisión Europea mantiene a Venezuela en la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Aunado a esto existen investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional de España por presunto lavado de dinero relacionado con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tramas de desvío de fondos públicos canalizados hacia inmuebles, sociedades pantalla y estructuras offshore en territorio europeo.

Segun lo analizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay una posibilidad de confiscar bienes formalmente lícitos pero materialmente vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo al estudio, los bienes las casi 70 personas suelen terminar en jurisdicciones europeas a nombre de familiares, empresas pantalla o testaferros. 

“La activación de este marco jurídico enviaría un mensaje claro en la lucha contra la impunidad sobre la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y el blanqueo de capitales”, reza un documento introducido por los solicitantes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

ONG denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía

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Varias ONG, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), así como Foro Penal Venezolano denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía, recién aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

De acuerdo a JEP han habido 101 excarcelaciones desde la entrada en vigencia del documento legal, sin embargo la organización denunció que estas no se produjeron por aplicación directa de la ley, sino como resultado de revisiones de medidas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

“Esto significa que las causas no están siendo sobreseídas y que los procesos continúan abiertos, generando incertidumbre jurídica”, expuso la ONG en su cuenta de X.

La organización agregó que persisten obstáculos como la negativa a permitir la designación de abogados de confianza.

La ONG expuso que la no aplicación plena de la ley tiene implicaciones relevantes.

“Sin el cierre definitivo de las causas no se garantiza seguridad jurídica ni el restablecimiento integral de derechos. La verdadera implementación de la ley debe traducirse en el cierre definitivo de estas causas y en garantías efectivas para quienes han sido afectados”.

Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que en cuanto a la negativa de algunos tribunales de recibir las solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, ninguna instancia legal puede negarse a recibir escrito alguno. 

“Si el escrito consignado es extemporáneo, ineficaz o ha sido presentado de manera irregular, el tribunal aún así debe recibirlo y, en todo caso, pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre su inadmisibilidad”.

Himiob escribió en X que al solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía, los solicitantes deben ser atendidos y según el artículo 121 del COPP, la víctima no es sólo la persona directamente afectada por un hecho, también sus familiares.

“Ha llegado la hora de desterrar de la administración de justicia esa práctica ilegal e inconstitucional de negarse a recibir escritos o solicitudes. Mucho más cuando se trata de buscar que se apliquen normas dirigidas a promover la paz y la reconciliación”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Márquez y su entrada triunfal en el Capitolio estadounidense

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“En el público está Alejandra. Su tío fue liberado. Su tío denunció la derrota de Maduro en las elecciones públicamente y lo metieron preso. Párate Alejandra”, dijo el presidente de los Estados Unidos este martes 24 de febrero en el discurso del Estado de la Unión refiriéndose a Enrique Márquez y causando la sorpresa de cientos de venezolanos que veían la transmisión en vivo. 

“Lo trajimos aquí esta noche para que celebre su libertad. Enrique, por favor, pasala bien. Me alegro de que hayas vuelto, Enrique”, afirmó el mandatario republicano, quien se refirió al ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) como alguien que denunció las irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales de 2024 y fue encarcelado por el régimen chavista.

Márquez entró por una puerta del balcón del Capitolio donde Trump pronunció su discurso anual como si se tratase de un show ensayado y abrazó a su sobrina, a quien supuestamente no había visto desde hacía tiempo.  

“Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique”, aseveró Trump.

Márquez fue detenido el pasado 7 de enero de 2025, tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e intercambiar unas palabras con el hoy detenido en una cárcel estadounidense Nicolas Maduro, luego de su proclamación como “presidente electo”.

El político oriundo del estado Zulia, quien estaba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, fue excarcelado cinco días después de la operación de las fuerzas estadounidenses del pasado 3 de enero que culminó con la captura de Maduro.

Márquez salió de El Helicoide junto al también político Biagio Pilieri y fue dejado en Altamira, donde se encontró con sus familiares. Fue uno de los primeros políticos excarcelados. 

Trump aprovechó el momento para alabar el operativo donde detuvieron a Maduro.

“Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (El Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos”, apuntó el mandatario.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.