Varias ONG, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), así como Foro Penal Venezolano denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía, recién aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
De acuerdo a JEP han habido 101 excarcelaciones desde la entrada en vigencia del documento legal, sin embargo la organización denunció que estas no se produjeron por aplicación directa de la ley, sino como resultado de revisiones de medidas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
“Esto significa que las causas no están siendo sobreseídas y que los procesos continúan abiertos, generando incertidumbre jurídica”, expuso la ONG en su cuenta de X.
La organización agregó que persisten obstáculos como la negativa a permitir la designación de abogados de confianza.
La ONG expuso que la no aplicación plena de la ley tiene implicaciones relevantes.
“Sin el cierre definitivo de las causas no se garantiza seguridad jurídica ni el restablecimiento integral de derechos. La verdadera implementación de la ley debe traducirse en el cierre definitivo de estas causas y en garantías efectivas para quienes han sido afectados”.
Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que en cuanto a la negativa de algunos tribunales de recibir las solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, ninguna instancia legal puede negarse a recibir escrito alguno.
“Si el escrito consignado es extemporáneo, ineficaz o ha sido presentado de manera irregular, el tribunal aún así debe recibirlo y, en todo caso, pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre su inadmisibilidad”.
Himiob escribió en X que al solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía, los solicitantes deben ser atendidos y según el artículo 121 del COPP, la víctima no es sólo la persona directamente afectada por un hecho, también sus familiares.
“Ha llegado la hora de desterrar de la administración de justicia esa práctica ilegal e inconstitucional de negarse a recibir escritos o solicitudes. Mucho más cuando se trata de buscar que se apliquen normas dirigidas a promover la paz y la reconciliación”.
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