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Carmen Teresa Navas buscó a su hijo durante 16 meses. Le dijeron que estaba muerto entregándole un papel para que lo leyera ella misma (4/8)

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Luis Carlos Textos sobre la Misión ONU

Hay un caso en este informe que, aunque ocupa apenas unas páginas, condensa casi todo lo que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU intenta explicar sobre la desaparición forzada en Venezuela. Es el de Víctor Hugo Quero Navas y su madre, Carmen Teresa Navas. Vale la pena contarlo completo, con calma, porque la fuerza de este caso está justamente en los detalles.

La detención

Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025, en las inmediaciones de la plaza Venezuela en Caracas, por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). No hubo orden judicial. Desde ese mismo momento, según el informe, comenzó lo que el derecho internacional llama desaparición forzada: la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocerla o de ocultar su paradero (párrafo 271 del informe).

Fueron dieciséis meses de búsqueda

Lo que sigue es, literalmente, un mapa de todas las instituciones del Estado venezolano, recorridas una por una sin resultado. El informe lo describe así:

“La señora Carmen acudió durante ese mes de enero a hospitales, morgues, centros de privación de libertad, servicios de emergencia, CICPC, DGCIM, SEBIN, Fiscalía, Defensoría del pueblo preguntando por su hijo, nadie le dio respuesta“. (párrafo 309)

Pero no se quedó ahí. La Misión documentó en 2026, con fechas y expedientes concretos, cada intento formal que hizo Carmen Navas por dentro del sistema legal venezolano:

  • Una denuncia por desaparición forzada ante la Fiscalía General de la República, el 28 de febrero de 2025.
  • Una nueva denuncia por escrito, con acuse de recibo, el 29 de octubre de 2025.
  • Al menos diez visitas a la Defensoría del Pueblo.
  • Al menos seis visitas al centro penitenciario El Rodeo I, donde tanto el tribunal de la causa como la propia Defensoría del Pueblo le habían indicado que se encontraba su hijo, y donde los funcionarios penitenciarios negaron reiteradamente su presencia (párrafo 309).
  • El 5 de marzo de 2026, una solicitud formal ante un Tribunal Especial en materia de Terrorismo para pedir la aplicación de la Ley de Amnistía y la libertad de su hijo.
  • El 6 de abril de 2026, una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue rechazada.
  • El 6 de mayo de 2026, la negativa definitiva del tribunal a aplicar la Ley de Amnistía, con el argumento de que los delitos imputados no calificaban para el beneficio. Con esas acciones estatales, al menos le hacían suponer a su familia que Víctor Hugo Quero seguía con vida.

Es decir: Carmen Navas agotó, en el orden que el propio Estado establece, todos los caminos legales disponibles. Pero ninguno funcionó.

La forma en la que se lo dijeron

El 3 de mayo de 2026, la nueva Defensora del Pueblo citó a Carmen Navas a su despacho, para interesarse por su caso. Cuatro días después, volvió a citarla, pero esta vez estaba acompañada por el ministro del Sistema Penitenciario, el señor Zerpa, el mismo funcionario que, como vimos en el reporte anterior, fue señalado por la Misión como máximo responsable de la atención médica de las personas detenidas. El informe del episodio en la Defensoría describe el momento así:

“La señora Carmen no fue autorizada para entrar acompañada de nadie más, según la información recibida por la Misión, al entrar le entregaron un papel y le pidieron que leyera. Así fue comunicada oficialmente la muerte de su hijo“. (párrafo 311)

Estamos hablando de daños extendidos a familiares. Carmen Navas estaba sin nadie de su confianza al lado. Sin abogados. Con 83 años de edad. Leyendo ella misma, en un papel, que su hijo estaba muerto. 16 meses después de no verlo más.

Lo que decía el comunicado oficial (y lo que no cuadraba)

Ese mismo 7 de mayo, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario emitió un comunicado público. Según esa versión, Quero Navas habría fallecido el 24 de julio de 2025, es decir, diez meses antes de que su madre lo supiera, supuestamente por una insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar, tras ingresar el 15 de julio por una hemorragia digestiva.

El mismo comunicado agregaba algo que la Misión, con mucha mesura, califica de difícil de conciliar con los hechos:

“En el mismo comunicado, se asegura que ‘durante su proceso de reclusión (…) ningún familiar se presentó a solicitar visita formal.’ La afirmación resulta difícil de conciliar con la información examinada por la Misión sobre las numerosas gestiones realizadas por familiares de la víctima para determinar su paradero”. (párrafo 313)

Es decir, el propio Estado, en el comunicado donde por fin reconocía la muerte, volvió a decir algo que contradecía dieciséis meses de denuncias documentadas por escrito. Carmen Navas lo hizo todo y el Estado lo negaba.

Las gestiones de Carmen Teresa Navas en la búsqueda de su hijo desaparecido. Extractos del informe de la Misión ONU y la lápida que el Estado venezolano garabateó sobre la fosa donde había enterrado el cadáver, diez meses antes, de Víctor Quero Navas.

La exhumación

El Ministerio Público anunció una investigación penal el mismo 7 de mayo y ordenó exhumar el cuerpo. Eso ocurrió al día siguiente, en el Parque Memorial Jardín La Puerta. Según el testimonio recibido por la Misión:

“Al abrir el ataúd durante la exhumación el testigo refiere haber visto que el cuerpo del Sr. Quero Navas estaba desnudo, boca abajo con los brazos entrelazados hacia las piernas. Parte de los funcionarios allí presentes le solicitaron a la Sra. Carmen Navas si había llevado ropa para vestir el cuerpo de su hijo”. (párr. 318)

El Estado no se hizo responsable ni siquiera de la ropa. El cadáver fue inhumado ese mismo día. Las pruebas de la autopsia se realizaron allí mismo, a pocos metros de los presentes.

Un mes después, el Ministerio Público informó que la necropsia y una prueba genética (comparando tejido óseo del cadáver con una muestra de Carmen Navas, con 99,496 % de probabilidad de filiación biológica) confirmaban que se trataba de Víctor Quero Navas, y que la causa de muerte había sido el tromboembolismo, sin lesiones traumáticas visibles.

Los familiares respondieron públicamente el 3 de junio. Según recoge el informe, denunciaron que los resultados se divulgaron “como si ya fuesen concluyentes o finales”, sin permitirles intervenir en los exámenes con médicos independientes ni revisar las conclusiones de antemano. No se aplicó el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, como pidieron sus familiares, un documento base de las Naciones Unidas para estos casos. (párrafo 317).

La muerte de Carmen Navas

“La Sra. Carmen Teresa Navas falleció el 17 de mayo de 2026, a los 83 años, nueve días después de conocer oficialmente el fallecimiento de su hijo”. (párrafo 319).

Sus familiares, en el comunicado del 3 de junio, vincularon su muerte al sufrimiento físico y emocional causado por la incertidumbre prolongada sobre el paradero y el destino de su hijo. Y la Misión no lo trató en su informe como una simple coincidencia trágica. Cita jurisprudencia y doctrina de Naciones Unidas que ha reconocido, en más de un caso, que la angustia y el sufrimiento prolongado de los familiares de una persona desaparecida pueden constituir, por sí mismos, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (párr. 319, nota 515). Los expertos lo reconocen y es un argumento que los venezolanos pueden trasladar a otros casos de muertes de familiares de presos políticos.

Lo que la Misión concluye

El informe cierra este apartado con una idea que conecta directamente con todo lo que hemos venido mostrando en esta serie: la desaparición forzada no termina cuando alguien logra averiguar, por vías informales, dónde está su familiar. Termina solo cuando el Estado lo reconoce oficialmente. Y mientras tanto, dice la Misión, también los familiares se convierten en víctimas. Luego sigue siendo un crimen de Estado hasta que no se desmonte el aparato que lo hizo posible.

Hay además un dato que la Misión subraya como patrón, no como excepción: quienes sostuvieron la mayoría de estas búsquedas, yendo de centro en centro, de fiscalía en fiscalía, de morgue en morgue, fueron mujeres. Son madres, tías, abuelas, esposas, hijas, hermanas, cuñadas y amigas buscadoras, que además de cargar con la angustia asumieron el costo físico, económico y de seguridad de hacer un trabajo que, según el propio derecho internacional, le correspondía hacer al Estado.

Más información:

Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU:

@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista de los DD. HH.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crisis eléctrica: ¿1300 megavatios son suficientes para mejorar el servicio?

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¿Podría mejorar la crisis eléctrica en el país con los 1300 megavatios que prometio el gobierno encargado que serían incorporados a la red antes de que acabe el año? En un video difundido en las redes sociales, el ingeniero civil Roberto Vernet explicó por qué la cifra anunciada no podrá cubrir las graves deficiencias en el Sistema Eléctrico Nacional.

El pasdo 29 de septiembre, el gobierno venezolano prometió incorporar más d4e 1300 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional para el último trimestre del año. Así lo anunciaron el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, junto al presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández.

Precisó que, de concretarse lo anunciado, el incremento neto real sería de apenas 100 megavatios, porque habría que descontar de allí los 1200 megavatios que se perdieron tras la falla en la turbina 17 de la Central Hidroeléctrica del Guri el pasado 30 de agosto.

Explicó también que esos 1300 megavatios, 600 provendrían de Planta Centro, una instalación que aseguró “nunca ha producido eso, pues en su pico máximo hace unos diez años producía aproximadamente 250 megavatios y después de un incendio, no volvió a producir más nada”.

El resto se originaría en TermoZulia, “que no se sabne si realmente están incorporando nuevos megavatios o energía, o recuperando algo que se cayó anteriormente”.

Por todo lo antes expuesto, consideró que “no se ve un panorama claro o solución” que permita augurar un incremento real de megavatios en el SEN. Y recalcó que aún aumentándolos, el reto es ver si se sostienen en el tiempo y si realmente puedan llegar a los hogares, industrias y comercios después de pasar por los transformadores en el camino.

“Por eso, es necesario que se hable claro y que se pongan las cifras de cómo está realmente la situación en generación, transmisión y distribución, además de lo que se necesita para que todo se estabilice”, concluyó el experto.

La situación con los cortes eléctricos en Venezuela continúa siendo crítica. En la última semana, se reportaron protestas casi todas las noches en estados del país como Falcón, Carabobo, Zulia, Aragua, Miranda, Lara, Guárico, Cojedes, Bolívar, Anzoátegui, Portuguesa, Trujillo y Sucre.

Un informe difundido en septiembre por Anova Policy Research reveló que siete de cada diez hogares venezolanos (70,2%) recibían agua o electricidad de forma precaria, 21,7 puntos porcentuales más que un año antes. La investigación encontró que  la proporción de hogares con cortes de luz diarios pasó de 37,1% en 2024 a 62,8% en 2026, casi dos de cada tres familias. En el otro extremo, los hogares con un servicio eléctrico continuo, que ya en 2024 eran una pequeña minoría de 8,2%, se redujeron a 6,9%.

El estudio concluyó que la reactivación económica de Venezuela “es inviable sin una solución de fondo a la crisis de los servicios públicos“, pues la productividad laboral se ve muy limitada “cuando siete de cada diez hogares organizan su día en torno a la llegada del agua y al horario del apagón, y cuando el propio Estado reduce su jornada para ahorrar electricidad”.

En un recorrido en Petare el pasado 02 de octubre, el dirigente político Carlos Ocaríz dijo que el promedio nacional de horas diarias sin luz pasó de cinco a ocho horas. Propuso cuatro medidas para recuperar el SEN: eliminación de Corpoelec por ser “un nido de corrupción”; recuperación de empresas regionales como Edelca, para Puerto Ordaz; volver a la “meritocracia” para que estas empresas sean dirigidas por las personas más capacitadas y licitaciones transparentes, “sin enchufe”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cecodap: «No tener información pública a más de 100 días de los terremotos es un riesgo de protección»

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Cien días han pasado desde los terremotos del 24 de junio en Venezuela y el Gobierno encargado no ha publicado datos oficiales sobre el impacto del desastre en las infancias del país. La Agencia PANA de Cecodap precisó que al menos 144 niños, niñas y adolescentes continúan desaparecidos tras el desastre. De ese grupo, al menos 40 de esos casos tienen a sus padres o representantes desaparecidos también y en 8 casos los padres fallecieron.

«En este contexto, los familiares se encuentran en una doble carga: están buscando los cuerpos de los niños, o en todo caso saber si ellos siguen vivos, al mismo tiempo que buscan a los padres», agregó Indira Rojas, coordinadora de la Agencia Pana, durante la presentación del «Tercer Informe sobre el Impacto de los Terremotos en la Niñez y la Adolescencia y Riesgos de Protección».

A través de reportes en redes sociales y en la prensa nacional, la ONG pudo confirmar que al menos 37 niños, niñas y adolescentes que estaban desaparecidos en los primeros días después del desastre fueron localizados con vida. Mientras tanto, 201 niños, niñas y adolescentes se encontraron sin vida. De ese grupo, 129 fallecieron junto a sus padres o representantes.

Sin datos oficiales

La Agencia PANA pudo recopilar 3267 casos de niños, niñas y adolescentes que tuvieron una afectación directa por los terremotos del pasado 24 de junio. A 100 días del desastre, la ONG verificó que 720 casos correspondían a niños y adolescentes que se identifican con el género masculino (22 %) y 586 casos correspondían a niñas y adolescentes que se identifican con el género femenino (17,9 %). La mayoría, 1646 casos (50,38 %), son reportes donde no se especifica el género del menor de edad.

Además, el registro de la Agencia PANA constató que las infancias, aquellos entre los 0 y 11 años son la población más afectada. Ese grupo etario representa el 31,19 % de la población afectada (1 019 casos registrados por la ONG).

Datos obtenidos por Cecodap y la Agencia PANA. Actualización: 23 de septiembre de 2026

«No tener información pública a más de 100 días de los terremotos es un riesgo de protección», enfatizó Carlos Trapani, abogado y coordinador general Cecodap, durante la rueda de prensa. «La insuficiencia de información desagregada, pública y periódica es una dificultad operativa. ¿Cómo tomo decisiones?, ¿cómo yo priorizo la atención?, ¿dónde están las prioridades? La decisión no puede ser intuitiva».

Trapani denunció que la opacidad informativa sobre las infancias se mantiene desde antes del desastre. En un reportaje realizado por Runrun.es, se identificó que el Gobierno encargado contabilizó la existencia de 3 798 niños, niñas y adolescentes en 32 campamentos de La Guaira para el 2 de septiembre de 2026. Sin embargo, las listas gubernamentales no especificaban el género, la edad ni la condición médica de esa población que representaba el 34,92 % de los refugiados para esa fecha.

«Dejen los datos públicos para poder, entre todos, analizarlos y construir respuestas mucho más efectivas», enfatizó Trapani.

Desplazamiento interno: una emergencia desatendida

De los datos recopilados por la Agencia Pana, al menos 1811 niños, niñas y adolescentes se desplazaron a otros estados del país. Todos están acompañados por algún miembro de su familia directa o extendida. Este grupo representa el impacto más recurrente dentro de los registros de Cecodap.

Los estados receptores más destacados son Monagas (con 311 casos), Nueva Esparta (con 277), Trujillo (con 240), Barinas (con 234) y Miranda (con 216). Rojas denunció que el equipo de Agencia Pana solo pudo identificar un plan de albergue organizado por el Estado en Trujillo, el resto no ha ofrecido sus planes de acción ante el público.


Datos obtenidos por Cecodap y la Agencia PANA. Actualización: 23 de septiembre de 2026

«Estos son niños que se desplazan con sus familias por su cuenta», destacó Rojas. «Son recibidos en casas de familiares que viven en este estado receptor».

Para Cecodap, el desplazamiento interno sin la atención humanitaria gubernamental genera otra capa de vulnerabilidades: las familias receptoras deben cargar con un hacinamiento en sus hogares y una carga económica más alta.

Además, existe el impacto psicosocial no atendido de las infancias: «Estamos viendo infancias que se tiene que adaptar a nuevos espacios, a nuevas personas, sin saber muy bien qué ha pasado con algunos familiares, amigos y conocidos. No se sienten seguros al atravesar esos cambios», dijo la coordinadora de la Agencia Pana.

El cuidado: una carga invisible

Rojas relató el caso de una abuela en San Félix, estado Bolívar, que tuvo que recibir a sus 12 nietos, proveniente de 3 familias afectadas de La Guaira afectadas por los terremotos. Trapani, por su parte, relató que en el campamento transitorio de la Unidad Educativa República de Panamá, en La Guaira, algunos niños y niñas debían quedarse bajo el cuidado de una adolescente mientras los padres debían salir del refugio a buscar trabajo o sustento.

Durante la elaboración del informe, Cecodap y la Agencia PANA también pudieron identificar a docentes que, al inicio del año escolar, siguen cargando con el duelo y vivir en un refugio mientras gestionan la educación de las infancias afectadas por los terremotos.

Indira Rojas (derecha) y Carlos Trapani (izquierda) durante la presentación del tercer informe de Cecodap sobre el impacto de los terremotos en las infancias y adolescencias venezolanas. Foto: equipo de comunicaciones de Cecodap

«No hay que dejar solo el cuidador. Sabemos que hay un niño herido, pero también existe un cuidador herido. La importancia de la verificación de los vínculos es fundamental [al momento de reunificar a las familias]», destacó Trapani. También enfatizó que los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente deben mantener un seguimiento a las familias reunificadas para precisar el apoyo psicosocial que debería brindar el Estado en las distintas fases del desastre.

«Hay que dejar de ver a las infancias como víctimas y verlas más como ciudadanos. En la medida que en la gestión de la emergencia se escuchan las voces de los niños, podemos implementar más correctivos», dijo el coordinador general de Cecodap. Advirtió que, si se hace de una forma segura y efectiva, las infancias y la adolescencias podrán expresar su situación de seguridad física, alimentaria y psicosocial de forma oportuna.

Riesgos latentes, trazabilidad urgente

Ante la falta de datos demográficos sobre el impacto de los terremotos del 24 de junio, Cecodap y la Agencia PANA advierten sobre las vulnerabilidades que enfrentarían las infancias y la adolescencia venezolana en la emergencia postsísmica. Según las instituciones, la prevención de la violencia, la detección completa de los casos de desaparición y la inserción escolar son dos de los temas más relevantes para esta fase de la emergencia humanitaria.

Todos los temas se pueden abordar desde la detección y trazabilidad de los casos.

Rojas y Trapani denunciaron que a la familia Clemente Bandres le dieron las cenizas de un infante que no era su hija fallecida. También mencionaron el riesgo de las «adopciones solidarias», una actividad no estipulada en la Ley venezolana donde un ciudadano sin parentesco con el menor de edad toma su cuidado. La violencia que puede surgir tras la sobrecarga de los cuidadores y el seguimiento de la escolaridad de las infancias luego del desastre.

«No saber quiénes son, dónde están ubicados, no medir qué derecho está afectado y no ajustar la respuesta es un riesgo de protección», reiteró Trapani. «Entonces, la información pública y oportuna protege. La información es una medida de protección. Por eso insistimos en los datos antes agregados, fechas de corte, metodología, desagregaciones por edad, por género. No es igual como la emergencia lo vive una niña que un niño. No es igual si tienen discapacidades, si está desplazado. Son afectaciones diferentes. Insistimos a las autoridades a que presenten los datos sobre la niñez, las que tengan. Así, como sociedad, problematizamos la situación y manejamos los recursos para apoyarlos».

Rory Branker recupera su libertad plena después de 18 meses de atropellos

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Después de 18 meses entre prisión y restricciones judiciales, Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, recuperó su libertad plena. El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó el jueves 2 de octubre una sentencia absolutoria en el proceso que se seguía en su contra.

La decisión puso fin al proceso penal y dejó sin efecto las medidas cautelares que permanecían vigentes desde su excarcelación, entre ellas el régimen de presentación periódica y la prohibición de salir de Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la sentencia absolutoria.

Branker fue detenido el 20 de febrero de 2025. De acuerdo con el SNTP, 40 días antes había compartido en X una imagen relacionada con las recompensas ofrecidas por los Departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. La organización señaló que esa publicación figuró entre las razones de su detención.

Posteriormente, al periodista le fueron imputados los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

Prisión y desaparición forzada

Branker permaneció detenido hasta el 4 de febrero de 2026, cuando fue excarcelado después de pasar 11 meses y 15 días privado de libertad.

Su salida de prisión, sin embargo, no significó el cierre del proceso. El periodista debía presentarse periódicamente ante las autoridades y tenía prohibición de salir del país, restricciones que permanecieron vigentes durante los siguientes meses.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a favor de Branker el 27 de agosto de 2025, después de considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia. En ese momento, la Comisión señaló que desde su detención se desconocía su paradero y pidió al Estado venezolano información sobre su custodia, las circunstancias de su detención y su situación judicial.

Durante los primeros meses después de su arresto, familiares y abogados no lograron obtener información oficial sobre el lugar donde se encontraba recluido. La CIDH dejó constancia de que el Estado venezolano no había respondido a sus solicitudes de información cuando emitió las medidas cautelares.

En septiembre de 2025 se conoció que Branker se encontraba recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas, tras permanecer durante meses sin que se informara oficialmente sobre su paradero.

El caso fue seguido por organizaciones de defensa de la libertad de prensa y derechos humanos, que cuestionaron tanto su detención como las condiciones en las que permaneció privado de libertad.

La sentencia del 2 de octubre cerró finalmente el expediente judicial contra Branker y eliminó las restricciones que continuaban pesando sobre él desde febrero.

El SNTP destacó que durante todo este período mantuvo la exigencia de libertad plena para el periodista y vinculó la decisión con los esfuerzos desarrollados en el marco de la mesa de diálogo. “Durante todo este tiempo, el SNTP trabajó por la libertad plena de Rory. Esa exigencia se concreta hoy en el contexto de los esfuerzos de la mesa de diálogo. Luego del segundo ciclo, han recibido libertad plena tres periodistas. Aún nos faltan 2”, señaló el sindicato.

Celebran la decisión

El dirigente político Juan Pablo Guanipa también reaccionó a la sentencia y calificó la libertad de Branker como un acto de justicia.

“Saludo la libertad plena de Rory Branker, un ciudadano que jamás debió estar preso”, escribió Guanipa en X. Relató además que tuvo oportunidad de verlo durante el período en que ambos estuvieron recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez.

“Rory es un gran venezolano. Su libertad plena es un acto de justicia frente a tanta ignominia”, añadió.

Guanipa pidió también la liberación de los presos políticos y sostuvo que Venezuela debería avanzar hacia un escenario en el que la prensa pueda informar y los ciudadanos expresar sus opiniones sin temor.

Por su parte, el Laboratorio de Paz también celebró la libertad plena para el periodista.

“Expresamos la satisfacción por la absolución de los cargos contra el periodista @RoryBranker. Nunca debió ser víctima de persecusión y prisión política”, señaló la organización, que abogó por “la libertad y la absolución plena de todas las personas y causas injustas e ilegales por razones de persecusión politica en Venezuela”.

Cronología de 18 meses de atropellos

20 de febrero de 2025: Branker fue detenido en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Organizaciones de prensa señalaron que su arresto estuvo relacionado con una publicación que había compartido en X sobre recompensas ofrecidas por Estados Unidos por información relacionada con altos funcionarios venezolanos. Durante el operativo fueron incautados equipos electrónicos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) calificaron su arresto como una aprehensión arbitraria destinada a castigar el libre ejercicio del periodismo.

Febrero-septiembre de 2025: Durante más de seis meses no hubo información pública confirmada sobre el lugar donde se encontraba recluido. Tanto la Misión de la ONU que investiga la situación en Venezuela como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron formalmente que Branker fue víctima de desaparición forzada durante gran parte de su detención. La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares y posteriormente pidió información al Estado venezolano sobre su paradero y situación.

27 de agosto de 2025: La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Branker y consideró que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia.

Septiembre de 2025: Se conoció que el periodista se encontraba recluido en los calabozos de la PNB en Boleíta, Caracas, conocida como la Zona 7.

Octubre de 2025: Durante el cautiverio de Rory Branker, falleció fue su único hermano, Erman Branker, a finales de ese mes. El deceso ocurrió a causa de un infarto fulminante mientras Erman realizaba gestiones para llevarle alimentos y apoyo diario al periodista.Este suceso agravóla situación familiar, dado que Erman era el único familiar directo apto y autorizado para asistir a Rory en prisión, además de ser el encargado de cuidar y mantener informada a su madre, una señora de 80 años con movilidad reducida. Diversas ONG y el SNTP ncrementaron, como consecuencia de este hecho, la presión pública exigiendo su liberación inmediata por razones humanitarias.

4 de febrero de 2026: Fue excarcelado después de 11 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, continuó sometido a régimen de presentación y con prohibición de salir del país.

Mayo de 2026: Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa continuaron reclamando el cierre de la causa judicial y el levantamiento de las restricciones que pesaban sobre el periodista.

Septiembre de 2026: Su caso fue incluido entre las demandas relacionadas con la libertad de prensa planteadas durante las conversaciones políticas y los acuerdos sobre la situación de trabajadores de los medios.

2 de octubre de 2026: El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó una sentencia absolutoria a favor de Branker. La decisión cerró el proceso penal y dejó sin efecto las medidas cautelares que permanecían vigentes, con lo que el periodista recuperó su libertad plena.

Después de un año y medio marcado primero por la privación de libertad y luego por restricciones judiciales, Branker quedó finalmente sin medidas cautelares y sin el proceso penal que se había mantenido abierto desde febrero de 2025.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Rechazan los ataques a Un Mundo sin Mordaza y exigen el fin de la criminalización a defensores de DD. HH

     Tras los recientes señalamientos transmitidos desde plataformas estatales la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza denunció que las nuevas acusaciones en su contra forman parte de un “patrón sistemático de estigmatización, persecución y criminalización” contra los defensores de derechos humanos en Venezuela.

     La acusación se produjo el pasado miércoles 30 de septiembre, cuando el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabell, catalogó durante la transmisión de su programa de televisión “El Mazo Dando” a la ONG como un “brazo operativo” vinculado a la organización política Vente Venezuela.

Según Cabello, la ONG actuaría como un canal para “financiar medios, plataformas digitales y recursos destinados a la movilización y agitación política”.

Exigencias claras

El defensor de derechos humanos y directivo de Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, se pronunció el pasado primero de octubre del 2026 y aseguró que este tipo de afirmaciones no corresponden a un hecho aislado, sino que son “la continuación de un patrón”.

     “Se ha utilizado todos los últimos años el Mazo Dando como la instancia previa a una detención arbitraria”, así señaló Diamanti.

El defensor de derechos humanos también recordó el historial represivo de estas transmisiones y aseguró que según un estudio de Amnistía Internacional, desde el año 2009 hasta el año 2024 casi el 65 % de las detenciones arbitrarias venían de una acusación previa a través de este programa televisivo.

Alerta Internacional

   A través de un comunicado oficial publicado este dos de octubre, la ONG advirtió que el uso de medios estatales para desacreditar el trabajo de la sociedad civil busca opacar las vulneraciones de derechos humanos y amedrentar o infundir miedo a quienes documentan e informan la situación actual del país.

   La denuncia resalta que las campañas de descalificación promovidas desde el aparato estatal responden a una estrategia de desgaste que atenta contra las libertades fundamentales.

En su pronunciamiento, la ONG enfatizó que los medios y programas del Estado funcionan como vitrinas para descalificar la labor pacífica de la sociedad civil sin ofrecer pruebas ni garantías procesales y estas campañas buscan amedrentar a activistas, silenciar denuncias de violaciones a derechos humanos y limitar el libre ejercicio de la defensa de libertades fundamentales en Venezuela.

   Ante este escenario, Un Mundo Sin Mordaza hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse atenta ante la escalada de descalificaciones y acusaciones que vulneran el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Un policía que fue crítico con el Gobierno murió preso, con golpes que el acta oficial no menciona. Nadie investigó (3/8)

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Luis Carlos Textos sobre la Misión ONU

Edison José Torres Fernández no era un activista ni un dirigente político. Era funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, tenía 24 años de servicio y lo detuvieron el 11 de diciembre de 2025 por presuntamente difundir mensajes críticos con el Gobierno. Quedó recluido en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, en Caracas. Eso es “Zona 7”, una sede de la propia PNB en la que se han denunciado torturas y también desapariciones forzadas porque muchos detenidos han pasado semanas y meses allí incomunicados mientras las autoridades les negaban el paradero a sus familiares.

Edison Torres tenía hipertensión, una condición que llevaba controlada con medicamentos. Según la información que recogió la Misión, nunca pudo recibir visitas de su familia mientras estuvo detenido, y sus parientes tampoco pudieron confirmar si los medicamentos que le hacían llegar al centro de detención le fueron efectivamente entregados. El 8 de enero de 2026 comenzó a sentirse indispuesto, aunque otros reportes aseguran que eso pudo ocurrir mucho antes. Lo trasladaron al Hospital Domingo Luciani, donde murió dos días después, el 10 de enero de 2026. Eso ocurrió una semana después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Dos días después de que se anunciara la inminente liberación de presos políticos en la Asamblea Nacional, algo que 9 meses más tarde no se cumple por completo.

El acta oficial de defunción habla de un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco. Pero la Misión recibió información según la cual el cuerpo de Torres presentaba hematomas en la cabeza, los brazos y el cuerpo, además de sangre en los oídos, un signo que en medicina forense suele asociarse a traumatismos craneales, no a un evento vascular espontáneo. Nada de eso aparece en el informe oficial. Y hasta donde pudo constatar la Misión, las autoridades no abrieron ninguna investigación oficial sobre su muerte.

Este caso obliga a hablar de algo que hasta ahora solo habíamos mencionado en esta serie: cómo reparte el derecho internacional la responsabilidad cuando ocurre algo así, y qué papel jugaron o no jugaron las instituciones que en teoría debían investigar.

El principio es sencillo, aunque sus consecuencias no lo son. Un Estado responde por los actos de cualquiera de sus poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) y de cualquier autoridad pública, sin importar el nivel o la jerarquía. Además, hay algo más específico que aplica directamente tanto al caso de Torres como al de Alfredo Díaz, del artículo anterior: cuando el Estado no investiga ni lleva ante la justicia a los responsables de una violación, ese silencio está lejos de ser una omisión administrativa, porque no es algo que se barre bajo la alfombra. La falta de investigación en sí misma es un incumplimiento de las obligaciones internacionales del país y genera consecuencias.

Por esta razón, la Misión de Determinación de Hechos no se queda en el nivel abstracto de hablar del “Estado”. En sus informes nombra personas concretas dentro de la cadena de mando. Señala, por ejemplo, a Julio José García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario, como el máximo responsable de garantizar atención médica y reconocimientos periódicos de salud a las personas privadas de libertad. Esa es justamente la obligación que, según el informe, se incumplió con Díaz y con Torres. La Misión documenta que, bajo la gestión de Zerpa, se registraron actos de tortura y tratos crueles en más de 30 casos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, incluyendo el mantenimiento consciente de personas en estado de incomunicación por motivos políticos.

Preso político Edison Torres
Extractos del Informe de la Misión ONU sobre el caso de Edison Torres, incluyendo la denuncia sobre las actuaciones y omisiones de los poderes públicos

Pero la responsabilidad no se detiene en los centros de detención. El informe, de la página 88 en adelante, dedica un apartado entero a mapear qué hizo o dejó de hacer cada institución que debía servir de contrapeso, y los resultados son incómodos de leer en orden:

El Ministerio Público, la Fiscalía, tuvo actuaciones y omisiones que permitieron o no impidieron violaciones, y sus investigaciones, cuando existieron, no alcanzaron adecuadamente a los niveles superiores de mando.

Los tribunales, en su función de control judicial sobre las detenciones, mostraron falta de actuación frente a detenciones ilegales, torturas y pruebas fabricadas que la propia Misión documentó caso por caso.

El Tribunal Supremo de Justicia, que debía intervenir en los procesos contra altos funcionarios, tampoco investigó de forma efectiva a los niveles superiores de responsabilidad. Este año, además, cambió buena parte de su composición sin que organizaciones de la sociedad civil consideraran transparente el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados.

Y la Defensoría del Pueblo, que por definición debería ser el organismo que protege a las personas frente al Estado, fue calificada de un modo que vale la pena citar tal cual, porque es una frase dura: “La FFM documentó un incumplimiento sistemático y deliberado de responder eficazmente ante graves violaciones y de actuar de oficio”.

Leído así, el caso de Edison Torres deja de ser un episodio aislado y se convierte en un ejemplo de manual de cómo funciona, según la Misión, todo el sistema. Un hombre muere bajo custodia con señales físicas que contradicen la versión oficial, y ninguna de las instituciones llamadas a investigar (ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni la Defensoría) activa un proceso. No porque falten leyes o mecanismos en el papel, que Venezuela los tiene, sino porque, según documenta este informe, quienes deberían aplicarlos decidieron, de manera sostenida, no hacerlo.

Más información:

Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU:

@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista de los DD. HH.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La “happy hour” de Delcy Rodríguez en Venezuela

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Por Fabiola Chambi | CONNECTAS

Delcy Rodríguez sostuvo su última reunión pública con Nicolás Maduro el 2 de enero, solo horas antes de su captura a manos de soldados de Estados Unidos. Ocho meses después, la ahora presidenta encargada acaba de participar en  la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Mostrando gran confianza atravesó el salón para saludar al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez; también se reunió con el secretario general del organismo mundial, Antonio Guterres, y desde la palestra le agradeció al presidente Donald Trump por su “disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”. Ni una palabra sobre su antiguo jefe.

Atrás quedó la fiel aliada del régimen que en 2019 le reclamó a Trump, en ese mismo escenario, por la “actuación desmedida y abusiva del gobierno de Estados Unidos” que había impuesto más de 350 sanciones a ese país desde 2015. Ahora sigue una fórmula simple: avanza como un gobierno dócil frente a Washington, mientras  se esfuerza por mantener los vínculos con el legado del chavismo.

Pero esto es más que pragmatismo o supervivencia política. Delcy Rodríguez sabe que está escribiendo, de puño y letra, su nombre en la historia venezolana y no deja sus jugadas al azar.

Lo tiene claro desde que tuvo una incidencia importante durante la llamada liberalización económica de Venezuela, como una arquitecta de ese periodo, según explica María Isabel Puerta, profesora asistente de Ciencia Política en el Valencia College de Florida. “La veo más como una operadora política, se formó en Europa y ha mostrado que es muy eficiente. No está posicionada allí por sus cualidades personales, sino porque logró un acuerdo con el hombre más poderoso del mundo, para que con la entrega de Maduro, ella se quedara en el poder. No es una líder porque para eso además de habilidad, destreza y conocimiento tecnocrático —que no todos los líderes políticos lo tienen—,  se necesita carisma y, por supuesto, legitimidad. Ella no goza de ninguna de las dos”.

Sin embargo, en este punto sería difícil entender el papel de Delcy sin su hermano Jorge Rodríguez y su herencia familiar de izquierda. Aunque él pase más desapercibido para la opinión pública internacional, a nivel interno se ha consolidado como una pieza clave del poder en Venezuela, y prácticamente el estratega comunicacional del régimen.

Con Delcy al frente del Ejecutivo y Jorge en el Parlamento, la administración Trump los percibió como la opción más factible en el acercamiento diplomático y la negociación de acuerdos energéticos. Para llegar a este punto, los hermanos proyectaron un perfil tecnocrático más allá de la ideología, lo que les permitió evadir o estar menos expuestos a penalidades. De hecho, en abril de este año, Estados Unidos levantó las sanciones que le había impuesto a Delcy en 2018 por formar parte de un grupo que contribuía a la “destrucción de la democracia en Venezuela”. Pero luego de la caída de Maduro se convirtieron, por arte de magia, en garantes de la gobernabilidad.

Mariano de Alba, abogado y especialista en derecho internacional, recuerda que los hermanos Rodríguez eran muy cercanos a Maduro y tenían una posición más pragmática en su gobierno. “Dentro de las facciones del chavismo ambos son los que están más técnicamente capacitados y esto se evidencia en el pragmatismo. Históricamente el sector privado venezolano tuvo muy malas relaciones con el chavismo. Pero Delcy, en los últimos 5 o 6 años, empezó a tejer una relación que no era perfecta, pero funcionaba, entre el gobierno de Maduro y el sector privado, y también con actores internacionales importantes, inclusive empresarios estadounidenses interesados en el sector petrolero”.

Ese camino llegó a su punto máximo este año con el acuerdo entre Washington y Caracas en el que Venezuela comprometió 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes al 20% de sus reservas, en una perspectiva de 100 años. Por lo menos es lo que anunciaron en algunos discursos, pero si disipar  la opacidad que rodea este arreglo.

En los ojos de Latinoamérica

En los últimos meses Delcy Rodríguez fue dejando atrás su imagen discreta de la era Maduro para asumir en pleno su nuevo papel de mandataria encargada, bajo la protección de Trump, con fotografía viral de por medio. Pero eso no quiere decir que haya podido lavar su imagen y desmarcarse del régimen que llevó a Venezuela a la mayor crisis de su historia.

Sin embargo, por más alineados que estén con el Escudo de las Américas de Trump, los gobiernos de la región aún no acaban de reconocer a Delcy Rodríguez. Para Jaime Aparicio, abogado y exembajador de Bolivia ante la OEA, “ella no tiene legitimidad, lo que tiene es la conexión política para mantenerse en el gobierno, darse vuelta ideológicamente al extremo opuesto y poner sus recursos al servicio de otro país, en este caso Estados Unidos. Internacionalmente lo que se ve es un doble estándar, porque mientras Venezuela no tenga elecciones nuevas y un gobierno legítimo, todo lo que se está haciendo es una política de intereses, que no respeta ni a la democracia ni al derecho internacional”.

En este contexto, De Alba considera que algunos de esos mandatarios han bajado el volumen de reclamos contra el régimen venezolano, con lo que ha perdido intensidad la estrategia de aislamiento y desconocimiento que promovía Estados Unidos. “La impresión que tienen muchos actores desde afuera es que Delcy Rodríguez está gobernando bajo las instrucciones directas de Washington y que por lo tanto Venezuela ha perdido su autonomía y su soberanía. Para la izquierda esto es muy importante y por lo tanto lo ven con una visión bastante crítica. Al final la realidad es que aquí hay mucho cálculo geopolítico”, dice el analista.

En cuanto a la democracia, Delcy Rodríguez anunció comicios en su país, aunque no precisó fecha y Trump confirmó que trataron el tema en su encuentro bilateral. “Sí hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, dijo el mandatario en la Casa Blanca, sumando más elogios para su nueva aliada en este pragmatismo del poder que la periodista venezolana Luz Mely Reyes ha denominado como “el bromance D-D (Donald & Delcy)”.

A pesar de esta alianza persisten la incertidumbre, el temor y restricciones que configuran una realidad compleja para los venezolanos, cada vez más desesperanzados en la transición hacia una democracia real. Por eso, algunos gobernantes latinoamericanos se encaminan más a pedir estabilización y elecciones con garantías.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que están “trabajando arduamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias y celebrar elecciones libres y justas lo antes posible”.

Sin embargo, el camino no es fácil. Según la politóloga Puerta para que esto suceda el país tiene que renovar los poderes y en particular el Consejo Nacional Electoral. “Tampoco hay confianza de que se pueda conformar una Asamblea Nacional verdaderamente capaz de llevar a cabo un proceso transparente, sino que además pueda nombrar una Corte Suprema de Justicia y un Tribunal Supremo de Justicia que reflejen lo que las leyes y la Constitución exigen. Mientras eso no suceda no habrá una elección que la gente pueda llamar justa”.

En medio de este anuncio, el panorama se complicó al conocerse que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha intentado al menos siete veces ingresar a Venezuela, por mar y aire. Desde que salió clandestinamente de su país a finales de 2025, ella expresó varias veces su deseo de retornar, a riesgo de una posible detención. Por el momento, el gobierno no ha ofrecido garantías en Caracas, aunque hay señales de que podría llegar pronto, pues Claudia Macero, su estrecha colaboradora, regresó luego de más de dos años de exilio.

¿Hacia dónde va el chavismo?

La caída de Nicolás Maduro no significó la desaparición del chavismo, sino más bien una mutación, en la que la ideología ya no es el ingrediente principal. Los hermanos Rodríguez siguen en posiciones estratégicas en busca de oxigenar su gobierno, pero en medio de fuertes tensiones internas y externas, que privilegian las negociaciones de cuotas de poder en su lógica de subsistencia.

Al respecto, Aparicio compara lo sucedido en los últimos años con movimientos populistas como el de Evo Morales en Bolivia o el de Daniel Ortega en Nicaragua. “En realidad, no tenían una ideología, ellos más bien estaban utilizando la supuesta defensa de los pobres, de los pueblos indígenas, de los oprimidos, como un recurso para llegar al poder. Y la prueba más clara es que de ser un movimiento con Chávez, orientado hacia las políticas de izquierda, hacia una dependencia total de Cuba, acercamiento con China, Corea del Norte, Siria, Rusia, Irán todo ese contexto ideológico en que se movían, la misma gente, el mismo chavismo, cambió radicalmente y se alineó con el bando contrario, el momento en que se sacó a Maduro”.

En este escenario, ¿es posible pensar en que el actual chavismo, con todos sus matices, pueda ser capaz de entregar el poder en un proceso electoral? No hay una respuesta clara. Lo cierto es que la transición ha entrado en una especie de limbo, con cierta presión social aún no lo suficientemente fuerte para dar el ultimátum a Rodríguez.

Mientras tanto Delcy, la “mujer valiente, revolucionaria y experimentada en mil batallas”, como la llamó Maduro, sigue demostrando su habilidad para navegar entre las cenizas del pasado y el pragmatismo de la realpolitik internacional. ¿Una simple forma de supervivencia, o su estrategia para no soltar el poder?

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Condenan a diez personas del caso «Brazalete blanco»

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Durante la noche del primero de octubre de 2026, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo condenó a 10 personas, entre ellas al menos 9 militares, hasta 18 años de prisión por el caso «Brazelete blanco», como denominaron las autoridades del madurismo a una supuesta operación para asesinar a Nicolás Maduro, al gobernador Freddy Bernal y atacar instalaciones militares del país.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, el capitán del ejército, Ányelo Julio Heredia, y el teniente coronel, Guillermo Enrique César Siero, fueron condenados a 18 y a 12 años de prisión, respectivamente. Ambos militares se encuentran privados de libertad desde el año 2023 y en este momento están en la cárcel Rodeo I.

También condenaron al coronel Ronald Alejandro Ferrer Vera a 12 años de prisión. Él se encuentra privado de libertad desde 2023 y está recluido en la cárcel Yare II.

Mientras tanto, a otras siete personas les impusieron una condena de 3 años con medidas cautelares de libertad por el presunto delito de encubrimiento. Deberán presentarse ante tribunales cada 30 días y les prohibieron salir del país. La lista incluye a:

  • Karen Nayarit Gómez, primer teniente;
  • Diana Desirée Victora Justo, sargento mayor;
  • Jesús Manuel Suárez Gil, civil;
  • Tomás Martínez Macías, general del Ejército, excarcelado el pasado 9 de junio;
  • Carlos Jesús Sánchez Vásquez, coronel del Ejército y esposo de Karen Gómez, excarcelado el pasado 9 de junio;
  • Guillermo Henry César Siero, sargento mayor, excarcelado el pasado 9 de junio;
  • Tomas Martínez Chico, capitán del Ejército, excarcelado el pasado 9 de junio.

Aun así, el Tribunal absolvió a cuatro personas que habían involucrado en el caso: Rocío San Miguel, abogada y defensora de derechos humanos; Alejandro González, expareja de San Miguel, y a los miembros del partido Vente Venezuela Luis Camacaro y Guillermo López.

Años de vulneraciones

«El caso “Brazalete Blanco” cierra con una grave incongruencia procesal: la fiscalía admitió que no pudo probar magnicidio, terrorismo ni traición. Pero en vez de asumir el colapso probatorio de su teoría, reconfiguró los delitos en las conclusiones», denunció el abogado de Foro Penal, Joel García. Él se encargaba de representar a la mayoría de las víctimas.

Según García, las únicas evidencias que tenía la Fiscalía eran mensajes de un teléfono particular. «Si esas pruebas no sirvieron para probar los delitos graves, resulta contradictorio que la misma masa probatoria sí baste para condenar a por conspiración», agregó.

Denunció que la jueza Alejandra Romero Castillo cambió los delitos imputados a las víctimas. «En Derecho Penal, la falta de pruebas no se remedia con figuras incompatibles ni vulnerando el artículo 257 del Código Penal. Cuando la acusación fiscal no se sostiene, la única respuesta apegada a la legalidad y al debido proceso es la absolución de ley», dijo.

Sin embargo, el fiscal general de la República, Larry Devoe, indicó que el Ministerio Público solicitó la absolutoria para estas cuatro personas y la condena para las otras 10 «luego de un análisis objetivo de los hechos y las pruebas debatidas durante el juicio oral y público. (…) Como parte de buena fe, el Ministerio Público debe actuar siempre en búsqueda de la verdad y en consonancia con el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución».