El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) pidió el pasado 22 de julio a la Defensoría del Pueblo mediar ante el Ejecutivo nacional y las autoridades municipales para que se establezcan mecanismos más expeditos que permitan la revisión y reactivación de los ascensores suspendidos luego del doble terremoto del 24 de junio.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV, encabezada por su vicepresidente, el arquitecto Richard Casanova, solicitó fijar un lapso de 24 horas para la evaluación técnica de los equipos por empresas registradas o profesionales colegiados, y otras 24 horas para que las juntas de condominio restablezcan el servicio una vez aprobadas las inspecciones.
El gremio advirtió que la paralización prolongada de los ascensores puede generar un “confinamiento indirecto” en edificios multifamiliares, especialmente para adultos mayores, personas con movilidad reducida y habitantes que requieren atención médica o acceso constante a servicios básicos.
Diferencias sobre el proceso de certificación
El CIV recomendó suspender temporalmente la obligatoriedad de la certificación del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) durante la contingencia y permitir la validación de las empresas mediante su Registro Mercantil vigente o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.
Esta propuesta surge en medio del proceso establecido por las autoridades para autorizar nuevamente el funcionamiento de los ascensores. Tras el terremoto y sus réplicas, los Bomberos de Caracas subrayaron que la reactivación de estos equipos requiere una evaluación técnica previa realizada por empresas de mantenimiento registradas ante Sencamer.
El procedimiento establece la emisión de un informe técnico que certifique las condiciones del ascensor, determine que el sistema no presenta riesgos para usuarios y habitantes del edificio, y avale el cumplimiento del denominado Criterio Verde, una clasificación utilizada para verificar condiciones de seguridad y operatividad del equipo.
El cuerpo de bomberos indicó que estos requisitos deben ser cumplidos por las juntas de condominio, administradores y empresas responsables antes de poner nuevamente en funcionamiento los ascensores, luego de que el 29 de junio se ordenara la suspensión preventiva del servicio en edificaciones de Caracas debido a la actividad sísmica.
Ante este esquema, el Colegio de Ingenieros sostiene que el proceso puede convertirse en un cuello de botella durante la emergencia, al considerar que Sencamer no cuenta con capacidad operativa suficiente para atender la certificación masiva de equipos y empresas en el corto plazo.
Gremio alerta sobre efectos de la paralización
El arquitecto Richard Casanova señaló que la suspensión indefinida de los ascensores responde, según el CIV, a “instrucciones burocráticas e interpretaciones ambiguas” que han generado temor a sanciones entre las juntas de condominio.
El representante gremial explicó que estándares internacionales, como la norma europea EN81-77 y protocolos aplicados en Japón, prevén dos fases posteriores a un evento sísmico: una detención automática inmediata como medida preventiva y una inspección expedita para determinar si el equipo puede continuar operativo.
Según Casanova, estas referencias establecen ventanas de revisión que permiten restituir el servicio en períodos breves cuando no existen daños que comprometan la seguridad.
“Mantener un edificio de gran altura sin ascensores por casi un mes no incrementa la seguridad; por el contrario, degrada la habitabilidad de la estructura y traslada el riesgo hacia emergencias médicas, desabastecimiento e inmovilización forzosa, lo que afecta críticamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida”, afirmó.
El CIV también cuestionó que empresas de mantenimiento pretendan realizar cobros adicionales por las inspecciones posteriores al sismo, al considerar que estas evaluaciones forman parte de las responsabilidades asociadas a la conservación y funcionamiento adecuado de los equipos.
Tras el doble terremoto del 24 de junio, que afectó principalmente a La Guaira y Caracas, las autoridades mantienen medidas preventivas sobre edificaciones mientras continúan los procesos de evaluación de daños y revisión de sistemas internos. El debate ahora se centra en cómo garantizar la seguridad de los ascensores sin prolongar indefinidamente la paralización de un servicio esencial para miles de habitantes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles 22 de julio que la cifra de fallecidos por los terremotos registrados el pasado 24 de junio asciende a 5398 personas, mientras que 16 740 resultaron heridas y 6462 fueron rescatadas en distintas operaciones de emergencia.
Según el parte oficial, difundido a través de un post en Instagram, 128 324 familias han recibido atención directa y 107 campamentos transitorios albergan actualmente a 23 335 personas.
La información oficial señala que actualmente 17 907 ciudadanos permanecen damnificados tras el colapso de 190 edificios y daños estructurales en otros 856.
El informe detalla la magnitud del despliegue humanitario: se han distribuido 10 964 toneladas de alimentos y 44,5 millones de litros de agua.
De acuerdo con la información oficial, en las labores de rescate participan 2 278 especialistas internacionales, 30 989 efectivos nacionales y 31 745 voluntarios.
Hasta la fecha, se han registrado 1463 réplicas sísmicas.
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Defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y familiares de presos políticos agrupados en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) se congregaron este 22 de julio en la conferencia de prensa titulada “La libertad también salva vidas”. La actividad tuvo como eje central exigir al Estado venezolano la inmediata liberación incondicional de los detenidos como una medida urgente de protección de la vida y la integridad física, gravemente amenazadas tras el empeoramiento de las condiciones de reclusión debido al reciente doblete sísmico en el país.
Durante su intervención, Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e integrante del Clippve, ofreció un balance sobre las horas posteriores a los movimientos telúricos del pasado 24 de junio y la vulnerabilidad en que se encuentran los detenidos en los distintos centros de reclusión, militares y civiles.
Baduel denunció la falta de protocolos eficaces e inmediatos por parte de las autoridades para resguardar a la población penal tras la emergencia sísmica. Aseguró que “tardaron más de 50 minutos” en iniciar cualquier procedimiento de evacuación o auxilio hacia los internos.
Asimismo, alertó de que los centros penitenciarios de Ramo Verde y El Rodeo I figuran entre los recintos con mayores daños estructurales evidentes. Denunció que la respuesta gubernamental no estuvo dirigida a la atención técnica o médica, sino a intentar invisibilizar lo ocurrido mediante tácticas de coacción, amedrentamiento, denuncias de tortura y arremetidas violentas contra los familiares que acudieron desesperados a solicitar información.
Baduel informó asimismo que seis familias de presos políticos permanecieron desaparecidas temporalmente tras el sismo. Se confirmó posteriormente que tres de ellas sufrieron lamentables pérdidas humanas y materiales a causa del movimiento telúrico.
Finalmente, reiteró que en Venezuela la cifra de personas privadas de libertad por razones políticas supera las 500, dispersas en recintos como El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Ramo Verde, INOF, La Crisálida, Tocorón, Tocuyito, así como en múltiples comandos policiales y destacamentos militares a lo largo del territorio nacional.
Ausencia de voluntad política e indiferencia estatal
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, centró su exposición en la indolencia del aparato estatal y el sistemático desacato a las peticiones formales elevadas por las víctimas y sus representantes legalmente constituidos.
“En Venezuela no hay voluntad política para atender el dolor de las familias víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos (…) “Hemos dirigido solicitudes al Ministerio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Estas instituciones pueden tomar medidas con voluntad política, pero ninguna ha respondido (…) No hay voluntad política. Nos preocupa muchísimo la desatención al dolor y por eso el pronunciamiento de hoy, puesto que en Venezuela, desde las autoridades, no hay atención al dolor ni al sufrimiento de las familias que han sido víctimas de violación de Derechos Humanos”, arguyó.
Murillo remarcó que las instancias del Poder Público poseen las atribuciones constitucionales directas para otorgar medidas cautelares y salvaguardar vidas humanas; sin embargo, la omisión sostenida refleja a su juicio un patrón de desatención hacia el sufrimiento de quienes han sufrido violaciones de sus garantías fundamentales.
La tortura se traslada a las familias
El coordinador del área Jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), Ronnie Boquier, contextualizó la crisis penitenciaria en el marco de los hallazgos recientes de organismos internacionales especializados. “Estamos preocupados por la situación de los presos políticos y sus familias tras los terremotos. La OMCT publicó un día antes de los sismos su índice sobre tortura en donde destacó que en Venezuela hay un alto riesgo de ser torturado (…) Los familiares de los presos políticos agrupados en Clippve y en otros grupos han estados sometidos a un entorno torturante“, denunció.
Boquier insistió de forma vehemente en que los familiares de los presos políticos que se organizan, visibilizan la verdad y exigen justicia no son simples observadores, sino personas defensoras de derechos humanos en ejercicio activo, amparadas formalmente por los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El texto califica el estado de los privados de libertad como “crítico” y enfatiza que el doblete sísmico del 24 de junio agravó una emergencia previa producto del deterioro institucional y desatención sistemática en el sistema penitenciario. Alerta sobre los riesgos de infraestructura y tratos inhumanos, pues en recintos como El Rodeo I existen severas fracturas en estructuras de cemento y literas donde los reclusos pernoctan bajo temor a colapsos.
Adicionalmente, se advierte que han sufrido arremetidas violentas injustificadas como medida de coacción. Mientras tanto, en Guaicaipuro persisten cuadros de desnutrición y falta de información oficial.
Los defensores recalcan que continúan las violaciones graves de los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, aislamiento, desapariciones forzadas de corta duración, restricciones al contacto con defensores o familiares y uso de los detenidos como instrumentos de presión política. También, rechazaron las declaraciones e intimidaciones del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, emitidas, de acuerdo con sus denuncias el pasado 13 de julio contra familiares en vigilia.
Asimismo, señalan la responsabilidad política directa de Delcy Rodríguez como autoridad ejecutiva interina de mayor jerarquía, la insuficiencia de las medidas cautelares y anuncios engañosos de libertad y las excarcelaciones sujetas a presentaciones periódicas y prohibición de salida, que prolongan el castigo psicológico y económico.
Las 13 ONG firmantes exigieron al Estado venezolano la excarcelación incondicional y libertad plena de todos los presos políticos y sobreseimiento de causas para personas sujetas a medidas cautelares o excluidas arbitrariamente de la amnistía.
También, pidieron el acceso a organismos de verificación internacional para que se realicen evaluaciones técnicas independientes de los penales y que se permita el ingreso inmediato a delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y oficiales de la Acnudh.
En este sentido, exhortaron a los actores multilaterales a poner la dignidad humana y la vida de los detenidos en el centro de cualquier agenda de mediación o respuesta humanitaria para Venezuela.
Reiteraron, finalmente, la demanda de que se permitan visitas regulares de familiares y abogados y asistencia médica integral, así como el cierre definitivo de centros señalados por torturas, y el desmantelamiento de aparatos represivos al margen de la Constitución.
Las organizaciones que firmaron el comunicado son el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve); Justicia, Encuentro y Perdón (JEP); Acceso a la Justicia; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Consorcio Justicia (CJ); Foro Penal Venezolano; Defiende Venezuela; Laboratorio de Paz; Voces de la Memoria; Un Mundo sin Mordaza; Amnistía Internacional; Caleidoscopio Humano, y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Coordinar esfuerzos y garantizar que la asistencia llegue de manera oportuna a las personas y comunidades más afectadas son los desafíos que deben enfrentar las organizaciones que se encuentran en el país atendiendo a las víctimas de los terremotos que dejaron hasta este momento, según cifras oficiales actualizadas hasta este 21 de julio, 5346 fallecidos y 17 265 damnificados.
De acuerdo con Janeth Márquez, directora de Cáritas de Venezuela, la solidaridad nacional e internacional se mantuvo durante los primeros 20 días posteriores al desastre natural, un periodo que calificó como inusual. Según su experiencia, el flujo de apoyo suele sostenerse durante aproximadamente diez días. Sin embargo, explicó que la disminución de las donaciones después de ese lapso es habitual, debido a que las personas retoman progresivamente sus actividades cotidianas.
“A partir del mes ya tenemos que atender por prioridades. Hay albergues transitorios, la gente que se queda en casa de la familia, la otra gente que es el afectado secundario, no se le cayó nada, pero perdió el trabajo, pero está en su casa y cuando uno llega a Vargas se consigue todo un circuito de barrios arriba y toda una tragedia abajo. Pero los dos están en tragedia”, explicó la politóloga en el programa de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, TalCual y Runrunes, este martes 21 de julio.
En la edición del programa titulado: “Después de los terremotos, ahora es que La Guaira necesita ayuda”, participó Víctor Amaya, director de TalCual y Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes.
Otro de los desafíos señalados por la directora ejecutiva de Cáritas de Venezuela es la organización del voluntariado y la coordinación con las demás organizaciones presentes en el terreno, con el propósito de atender a las víctimas de manera integral, responder a las distintas necesidades derivadas de la emergencia y llegar a las zonas que también fueron afectadas.
“El gran desafío de esta etapa es la coordinación. Es saber quiénes estamos y saber quiénes se quedan, porque exactamente al cumplir el mes, la regla internacional es que mucha gente que llega a ayudar dura un mes y empieza a salirse y los hospitales que han llegado ya se van. los rescatistas ya se van, entonces empiezan a quedarse los que somos. Nosotros pertenecemos a otra plataforma que se llama PAHNAL que son las organizaciones que han estado atendiendo a la crisis humanitaria y nos vamos pasando (información para brindar respuesta humanitaria integral y a todas las familias)”.
Segunda fase: Recuperación temprana
Márquez subrayó que el país está en una nueva fase de recuperación temprana que, de acuerdo a organismos internacionales como Naciones Unidas, su objetivo es restablecer la estabilidad y reconstruir la vida de las personas después de la emergencia. A su juicio, este tiempo de recuperación debería durar seis meses.
Sin embargo, en el caso de Venezuela —puntualizó— es importante verificar que este lapso se cumpla y que los damnificados no permanezcan en refugios durante años. “En Venezuela eso ha durado más, o sea, no es después de seis meses. Tenemos ya gente en albergue, todavía tenemos gente que nunca le dieron casa, pero lo importante es que ahorita, podamos ir previendo que una persona no dure seis años en un refugio”.
Este proceso también implica garantizar el acceso a servicios básicos y entender qué tipo de ayuda necesitan las familias, que puede ir desde una vivienda hasta apoyo psicológico. El objetivo es contribuir a que los afectados recuperen progresivamente la estabilidad, la sensación de normalidad y su capacidad de organización.
“Nosotros tenemos un gran trabajo que hemos hecho que se llama: transferencias monetarias, que es adjudicar a la gente para que mejore la casa. Son montos específicos que se deciden para ayudar a la gente por cuatro meses a tener oxígeno ‘si yo me voy a quedar en la casa de un vecino, en la casa de un primo‘ tenga con qué aportar y no sea una carga ayudar a la gente, que si lo que le falta es mejorar una pared para que pueda entrar en su casa, lo pueda hacer. Y son unas ayudas que tienen que ver con la recuperación temprana que permita bajar, mitigar todo ese daño tan grande que se ha hecho. Y después se necesitan soluciones que son políticas públicas mayores, que nosotros solamente podríamos colaborar, pero que necesitamos que eso lo haga el Estado”, dijo.
Ayudando a caminar
La atención a las personas que perdieron alguna de sus extremidades como consecuencia de los terremotos también forma parte del trabajo integral que desarrollan distintas organizaciones para asistir a los afectados. Entre ellas se encuentra la Fundación Juan Pablo Dos Santos.
Mediante donaciones y redes de apoyo, esta organización sin fines de lucro ayuda a niños, adolescentes y adultos a acceder a prótesis que les permitan recuperar la movilidad, ganar autonomía y avanzar en su proceso de reintegración social.
Sobre este último aspecto, Juan Pablo Dos Santos, presidente de la fundación, destacó la necesidad de construir una sociedad civil inclusiva, capaz de garantizar la integración y la participación plena de las personas con discapacidad.
“Tenemos un país y una sociedad que no está preparada para recibir personas con discapacidad (…) vamos a tener unos ciento veinte niños con discapacidad. que no tienen un colegio adaptado, que no tienen una universidad a donde ir, donde existan rampas y donde existan ascensores, que no van a tener la oportunidad de utilizar el transporte público, que no van a tener la oportunidad ni siquiera de subir su silla de ruedas a la mayoría de las aceras. Entonces, cuando entendemos esto, son personas que no van a tener la oportunidad de desarrollarse, de prepararse, de formarse, de salir y enfrentar la vida”, dijo.
Indicó que la reconstrucción de las zonas afectadas se deben hacer de manera inclusiva para las personas con discapacidad, en el que el Estado tiene un rol fundamental.
“Lo primero que tiene que hacer es que todas las cosas que son del Estado y dependen del Estado tengan las adaptaciones necesarias. Y después de que esto sea así, ahí tienen que empezar a hacer valer las normas, las leyes. Creo que la mayoría de las construcciones van a tener que adaptarse y van a tener que hacer cambios”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El juez federal Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fijó formalmente el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio para el juicio por cargos de narcoterrorismo contra el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La decisión fue anunciada este miércoles, 22 de julio, durante la tercera audiencia preliminar de la pareja en Manhattan, en la cual fue ratificado el calendario de trabajo acordado entre la Fiscalía del Distrito Sur y la representación legal de la defensa.
Durante la breve audiencia, encabezada por el abogado penalista Barry Pollack como defensor principal de Maduro y Flores, se acordó un esquema procedimental que dará prioridad a la discusión de mociones constitucionales y de jurisdicción antes de dar paso al debate probatorio masivo.
Según el reporte de la periodista Maibor Petit, Maduro y Flores ingresaron vistiendo uniformes de prisión color caqui y zapatillas deportivas, sin esposas. Maduro saludó de mano y de forma afable a sus abogados y a otras personas. Por su parte, el abogado Nizar El Fakih indicó que tanto Maduro como Flores están “notablemente más delgados”.
Saliendo de la audiencia en NY del caso Maduro-Flores.
1. Se discutió sobre el cronograma para lo que sigue: Noviembre 17 de 2026 quedó fijada la audiencia para escuchar argumentos sobre moción relacionada con jurisdicción, incluyendo inmunidad. Fase de juicio quedó fijada…
Mientras se desarrollaba la vista judicial, en las afueras del tribunal neoyorquino, un grupo de simpatizantes de izquierda se concentró con pancartas y proclamó consignas bajo el lema “free Maduro”.
Es insólito ver a personas en Nueva York gritando "Free Maduro" en la puerta de la Corte del Distrito Sur durante su 3.ª audiencia. Pero lo más conmovedor de hoy fue escuchar a un venezolano levantando la voz frente a ellos con una sola palabra: JUSTICIA. Mientras unos… pic.twitter.com/Zacj5bIZma
De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el abogado Nizar El Fakih al medio aliado TalCual, la situación procesal para Nicolás Maduro y Cilia Flores resulta técnicamente más compleja en esta tercera audiencia, en comparación con las comparecencias previas.
El Fakih explicó que la estrategia de la defensa ha tenido que acotarse a las mociones constitucionales estrictas, luego de que en la audiencia de marzo la representación legal tropezara con la imposibilidad de utilizar fondos públicos bloqueados por las sanciones de EE. UU. para financiar a su equipo jurídico privado.
El abogado sostuvo que, una vez superados los debates preliminares sobre la representación y estructurado el calendario formal por parte del tribunal neoyorquino, las probabilidades de desestimar el caso antes de ir a juicio son sumamente bajas. Esto se debe a que la jurisprudencia de las cortes federales estadounidenses suele ser muy pragmática y no entra a valorar la forma o legalidad de la captura en el extranjero, una vez que un Gran Jurado ha emitido una acusación formal y un juez ha validado la orden de aprehensión.
Estrategia de la defensa y tiempos de la Fiscalía
El eje central de las mociones que la defensa formalizará en septiembre próximo será la solicitud de “inmunidad soberana y personal” para Nicolás Maduro y Cilia Flores, bajo el argumento de que el exgobernante se desempeña como jefe de Estado en ejercicio y, por ende, goza de protección bajo el derecho internacional.
El abogado Pollack cuestionará la jurisdicción del tribunal neoyorquino al calificar como “irregular e inconstitucional” la captura ejecutada en suelo venezolano. No obstante, el Gobierno de Estados Unidos se opone a estos argumentos, al respaldarse en la falta de reconocimiento diplomático hacia Maduro, postura que se ha mantenido de forma continua en los últimos años.
La Fiscalía señaló que la entrega formal del grueso de las pruebas reservadas e información clasificada no comenzará sino hasta el 11 de marzo de 2027. La postura institucional responde a que resulta ineficiente revelar evidencias sensibles antes de que el juez Hellerstein resuelva de manera definitiva los recursos de inmunidad y jurisdicción.
Las partes volverán a comparecer en sala el próximo 17 de noviembre de 2026. Las fechas fijadas conservan un carácter tentativo, dado que cualquier fallo adverso sobre la inmunidad podrá ser apelado por la defensa ante instancias superiores, lo que podría dilatar los lapsos previstos.
La extracción en Caracas y el historial de audiencias
Este proceso judicial se inició luego de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una operación especial en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, para capturar a la que era la pareja presidencial venezolana.
Tras su traslado inmediato a Nueva York para ser imputados por narcoterrorismo e importación de cocaína, ambos quedaron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Dos días después, el 5 de enero de 2026, se celebró la primera audiencia formal ante el juez Hellerstein, instancia en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y ratificó ser el legítimo presidente de Venezuela, al tiempo que ambos acusados se declararon “no culpables”.
Posteriormente, a mediados de marzo de 2026, se llevó a cabo la segunda audiencia preliminar para revisar el estatus del expediente, oportunidad en la que Barry Pollack adelantó la estrategia de desestimación por inmunidad diplomática y se comenzaron a trazar los primeros consensos sobre el cronograma de intercambio de pruebas.
El único doliente
En vísperas de esta tercera comparecencia, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, ofreció un mensaje público al cumplirse 200 días de la captura. “Nicolasito” insistió en calificar la prisión de su padre y su madrastra como un “secuestro” que ha representado un duro golpe familiar.
En una publicación difundida en redes sociales, Maduro Guerra apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto, y afirmó: “Tengo la fe, el corazón me lo dice, que a través de la diplomacia voy a abrazar a mi padre y a Cilia nuevamente”.
Asimismo, compartió una dedicatoria que, supuestamente, su padre le leyó desde prisión, del libro La ciencia de la mente, de Ernest Holmes: “Esto es una historia de amor entre Nicolás y Cilia, una historia de amor entre Nicolás y la patria (…) que más temprano que tarde vamos a superar todas estas dificultades y dolor para convertirlos en fuerza”.
Maduro Guerra se mantiene prácticamente como el único vocero de la cúpula chavista que se pronuncia activamente en favor del exgobernante. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —quien asumió el mando del país bajo la tutela de Washington tras la intervención militar—, no hizo menciones ni comentarios públicos respecto al desarrollo de esta nueva audiencia en Nueva York.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Entre 12 500 y 25 000 millones de dólares se requerirían para afrontar la reconstrucción de La Guaira y las otras regiones del país que sufrieron la devastación de los terremotos del 24 de junio. Es el cálculo al que llegaron el economista José Guerra y un equipo de profesionales que elaboraron un diagnóstico y un plan para el financiamiento de las obras de rehabilitación.
En una entrevista en Unión Radio, el economista José Guerra, coordinador de la propuesta elaborada con profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Cámara de la Construcción, explicó que el impacto económico en el sector exige activar planes financieros, ya que los recursos fiscales actuales resultan insuficientes para poder abordar la emergencia.
Recursos internos
Como una medida estratégica de reactivación, el plan propone reducir el número de reserva o encaje legal al sistema bancario y llevarlo al 50 %. Este permitiría inyectar directamente a la actividad económica una cantidad aproximada de 800 millones de dólares para crear un fondo especial o cartera destinado a la construcción.
“Entonces, esas viviendas las va a hacer el sector privado. ¿Con cuáles fondos? Con esos fondos que tienes allí, que va a ser la cartera de construcción, como estaba la cartera agrícola, con la que se financiaban el arroz, el maíz, el sorgo”, explicó Guerra.
El economista cuestionó las políticas crediticias al catalogar la tasa actual como una limitante para el desarrollo comercial: “El encaje es el enemigo del crédito; mientras mayor es el encaje, menos crédito se otorga”.
La propuesta de financiamiento del equipo de Guerra prevé la creación de fideicomisos administrados por la banca. El objetivo sería otorgar préstamos directos a las empresas y constructoras del sector privado, ya que estas poseen la capacidad y la maquinaria necesaria para realizar las obras de infraestructura.
El economista también planteó la idea de un mecanismo de financiamiento a menor escala llamado “Cashea de viviendas”. Este podría orientarse a respaldar a familias de bajos recursos mediante el otorgamiento de microcréditos de la banca pública destinados a la compra de materiales como cemento, cal y cabillas, necesarios para la reparación de las viviendas afectadas.
“Yo creo que hay que crear una Cashea de viviendas —Se lo he dicho a alguna gente cercana a la empresa—, con la cual tú puedas financiar obras menores; por ejemplo, 300 dólares, 500 dólares, para reparar”, expresó Guerra.
Fondos e instrumentos legales
En el panorama macroeconómico, el equipo de especialistas trabajó en un proyecto de ley de seis artículos para respaldar la creación de un fondo para las reconstrucciones.
Las proyecciones de estos gastos superan los 12 500 millones de dólares, para un lapso de 3 a 4 años, y puedan abarcar desde la remoción de escombros hasta la realización de estudios de suelos y la reconstrucción de escuelas, centros de salud y servicios de telecomunicaciones.
El plan no solo toma en cuenta el estado La Guaira, sino otras zonas del país que sufrieron daños por los sismos.
“Este esfuerzo financiero excede las capacidades actuales de Venezuela”, afirmó el experto.
Para lograr establecer el fondo, la estrategia se basa en apelar a fuentes de financiamiento externo, como el Fondo Monetario Internacional. Guerra recordó que Venezuela puede acceder a 5000 millones de dólares por concepto de Derechos Especiales de Giro asignados al país. Advirtió, en este sentido, que Venezuela va a recibir el doble de ingresos por petróleo sin que se tenga, hasta ahora, transparencia total de adónde está yendo el capital.
“Hay que exigir esos recursos; son de Venezuela y no de la directiva del Fondo”, expresó el economista.
A la estrategia internacional se sumaría la posibilidad de solicitar una línea de financiamiento rápido hasta de 5300 millones de dólares, gestionar el rescate de 2000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra y canalizar 4500 millones de dólares correspondientes a utilidades acumuladas de la empresa Citgo.
Control y transparencia
Esta iniciativa busca corregir las fallas de planificación observadas en proyectos gubernamentales pasados, en los cuales la urgencia de construir derivó en el colapso de edificaciones por la falta de estudios de los suelos y por uso de materiales de baja calidad.
En la propuesta se explica que, con el fin de garantizar la seguridad de las nuevas edificaciones, los proyectos deben ser diseñados y evaluados por un equipo multidisciplinario que integre a los mejores profesionales y expertos de la arquitectura, la geología, la ingeniería civil y otros, graduados en reconocidas instituciones académicas nacionales y extranjeras.
Con el objetivo de prevenir irregularidades en el manejo de los capitales, cada obra pública será sometida a procesos de revisión pública nacional e internacional y el seguimiento se canalizará mediante páginas webs de acceso abierto donde la sociedad civil, las facultades universitarias y la Asamblea Nacional ejercerán evaluaciones de los presupuestos, los materiales y los tiempos de entregas.
La meta final de este plan de diseño urbano, que esperan presentar pronto al Gobierno, apunta a transformar La Guaira en un centro turístico competitivo en la región y aprovechar sus ventajas geográficas para la atracción de inversiones y la generación de empleos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Acaba de finalizar el máximo evento del deporte más popular del planeta. Como decía un periodista, efectivamente el Mundial no resuelve los problemas de la humanidad, pero, al menos durante los 40 días de duración, configuró un alivio temporal a las tribulaciones que ahogan a los pueblos en los cinco continentes. Y eso ya es bastante.
Las imágenes lo dicen todo: habitantes de Gaza viendo entre escombros los partidos de fútbol; en Bangladés, donde existe una entrañable devoción por Argentina, muchedumbres festejando el buen andar de la albiceleste; en Kiev, a pesar de los cruentos bombardeos rusos, en cafés y tiendas se compartía la animosidad de los partidos; y hasta en Venezuela, a pesar del castigo de la naturaleza con los espantosos sismos, en más de una tasca festejaron triunfos de sus favoritos. Esta realidad se esparce por todo el planeta.
Ello obliga a que, siendo el deporte más practicado —con aproximadamente entre 3500 y 4000 millones de aficionados de los 8000 millones de habitantes del planeta—, deba ser revisado para corregir y despejar dudas sobre los resultados de la reciente edición del evento en 2026, la número 23 desde que se iniciara hace casi un siglo, en 1930, en Uruguay.
Lo bueno
En torno a la evaluación del evento, solo destacaré algunos casos puntuales. Comencemos con lo positivo.
Analistas critican la convocatoria para 2026 de 48 selecciones por considerar exagerado el número. Debo opinar al respecto: si bien es cierto que en el primer Mundial, en 1930, asistieron 13 selecciones, el desarrollo de este deporte justifica el número de selecciones para 2026. Por ejemplo, ¿cómo se explica que de África, con 9 selecciones, clasificaran de la fase de 12 grupos 8 representantes a la fase eliminatoria, a tal punto que Cabo Verde eliminara a Uruguay (bicampeón mundial), Congo casi le ganara a Portugal y Ghana empatara con Inglaterra?
Así también, la expansión del fútbol en países que no son tradicionales en este deporte, como es el caso de Canadá y EE. UU., se observa en la asistencia masiva a los partidos y en el impulso que la actuación de Lionel Messi, desde que llegó a la Liga MLS en 2023, ha dado para competir con el béisbol, el básquet y el fútbol americano.
Lo malo
En cuanto a lo malo, asociándolo con las dificultades, creo que la amplia distancia entre las sedes, repartidas entre los tres países —México, Canadá y EE. UU.—, agotó el físico de numerosos jugadores por la extensa geografía de estos países y el corto tiempo de recuperación.
En este ámbito de lo negativo del evento, debo resaltar la intromisión del poder en las decisiones arbitrales. Como relatamos al inicio del evento, la injerencia de Mussolini, que quiso convertir el Mundial de 1934 en propaganda del Estado fascista, al igual que la dictadura argentina en 1978, que pretendió esconder la cruenta represión, perjudica a este deporte.
Si bien no fue el caso en este Mundial de 2026, ningún presidente de un país puede estar autorizado para exigirle a la FIFA que le retire una tarjeta roja al jugador de su selección.
Lo feo
A mi criterio, lo feo ha sido la feroz campaña desatada en las redes sociales contra la selección argentina y su capitán, Leo Messi, difundiendo a mansalva teorías conspirativas. Como dijera Cafú, futbolista y leyenda brasileña: «Dejen de culpar a Argentina, dejen de culpar a culpables. A veces el rival merece estar ahí; la única respuesta de un verdadero campeón es el respeto. Todo lo demás es amargura disfrazada de orgullo». Esta actitud se vio reflejada en jugadores y directores técnicos que no aceptaban la derrota.
Una final con sabor a revancha pendiente
Finalmente, el Mundial nos dejó a los latinoamericanos una nota triste con el meritorio triunfo de España sobre Argentina en el partido final. Ello no desmerece las hazañas de la albiceleste ni las de su capitán, el rosarino Leo Messi, quien ratificó con su actuación en el evento ser el mejor jugador de la historia.
A España la felicitamos por su victoria y su segunda estrella. El resultado abre la espera para el próximo Mundial, en 2030, cuya convocatoria se extenderá a 64 países, donde esperamos que nuestra Vinotinto esté presente en una época próxima, con una Venezuela sin dictadura, en plena democracia y en proceso de reconstrucción económica, social y moral.
Cuando el Estado se convierte en el verdugo de quienes debía proteger, es un Estado ausente. En ese momento cesa la obediencia a las instituciones, la violencia se legitima cuando un gobierno se vuelve destructivo de los derechos inalienables y la justicia deja de ser un instrumento de paz para ser un peligroso instrumento de criminalización (Thomas Jefferson dixit).
Esa es la importancia de la justicia penal internacional. Cuando los Estados no cumplen el deber de prevenir y proteger a sus ciudadanos de graves crímenes contra la humanidad y violación de los DDFHH, la única instancia que queda para amparar a víctimas indefensas, son las jurisdicciones de práctica universal. Eliminarlas, debilitarlas o desmantelarlas es un grave error. Es dejar más indefensos a los “que no pueden defenderse’.
Sin embargo, que las cortes responsables de hacer justicia internacional como la Corte Penal Internacional [CPI] no lo hagan, no es tolerable. El problema no es el continente [la ley] sino el contenido [los hombres y sus perversiones].
Denuncias ante la CPI: justicia vs. impunidad
La civilización no se mide por la grandeza de sus ejércitos ni por la riqueza de sus naciones, sino por la forma como trata a quienes no pueden defenderse. “Como trata a quienes están en el amanecer de la vida (los niños); en el ocaso de la vida (los ancianos) o en las sombras de ella (los enfermos, los necesitados, los incapacitados)” (Hubert Humphrey).
Es lapidario lo que nos aporta Fiódor Dostoyevski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus prisioneros”. Humillar a un prisionero toca la fibra más profunda de la dignidad y devela la miseria más ruin de un gobierno. Mandela decía que, si realmente quieres conocer una nación, visita sus cárceles.
Pocas expresiones del poder resultan tan degradantes como la muerte de una persona bajo custodia del Estado. Cuando un ciudadano pierde la libertad, el Estado asume íntegramente el deber jurídico y moral de preservar su vida, garantizar su integridad física, proteger su salud y asegurarle un debido proceso. Desde ese instante desaparece cualquier excusa.
El detenido no dispone de su autonomía ni puede procurarse alimentos, medicinas o asistencia médica. Todo depende de la autoridad que lo tiene recluido. Cuando un preso muere en una cárcel, un calabozo policial o un centro de inteligencia, no se trata únicamente de una tragedia individual: constituye el fracaso absoluto del Estado de derecho y en determinadas circunstancias puede configurar un crimen de lesa humanidad.
La acumulación de estos hechos no debe interpretarse como la suma de episodios aislados. Revela la existencia de una política de abandono institucional que por sistemática o generalizada, trasciende la esfera de las violaciones de DD. HH. y se convierte en crimen contra la humanidad.
Con ese propósito presentamos recientemente ante la Corte Penal Internacional [CPI / ver incidencias-julio 2026] una denuncia complementaria dentro de la investigación Situación Venezuela I, solicitando que las muertes bajo custodia del Estado se incorporen expresamente al expediente y que se emitan órdenes de arresto contra quienes —conforme al principio de responsabilidad de mando— habrían ordenado, permitido o tolerado esos hechos.
La denuncia sostiene que las muertes en centros de reclusión, unidas a la negativa sistemática de atención médica, la persecución política y las condiciones inhumanas de detención, configuran un ataque dirigido contra la población civil y por tanto, deben examinarse a la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma [ER].
El informe incorpora [actualiza], una lista de personas fallecidas entre abril y junio de 2026 [11] en distintos establecimientos penitenciarios y centros de detención, señalando que muchas de esas muertes estuvieron precedidas por enfermedades no tratadas, ausencia de medicamentos, retrasos en traslados hospitalarios, tuberculosis, afecciones respiratorias, patologías cardiovasculares y condiciones de insalubridad incompatibles con la dignidad humana.
El reporte [conforme al artículo 15 del ER] sostiene que este patrón refleja el progresivo colapso del sistema penitenciario venezolano y reclama que la Fiscalía de la Corte investigue esos hechos dentro del caso Venezuela I.
Impunidad como política pública
No es casual que el derecho internacional considere especialmente grave la muerte bajo custodia. A diferencia de un homicidio común, aquí la víctima se encuentra completamente sometida al control del Estado. El monopolio legítimo de la fuerza lleva aparejada una obligación correlativa: proteger la vida. Cuando quien tiene el deber de proteger se convierte en autor, cómplice o indiferente frente a la muerte del detenido, el contrato social se rompe desde sus cimientos.
La historia demuestra que la humanidad tardó siglos en comprender este principio. Durante buena parte de la Edad Media la prisión constituía simplemente un espacio de espera para el castigo. La tortura era un mecanismo legítimo de investigación; la confesión obtenida bajo tormento era considerada prueba suficiente y la vida del prisionero pertenecía, en gran medida, al soberano, que era representante de Dios en la tierra.
Fue con la lenta construcción del Estado moderno, alimentada por el pensamiento humanista, la filosofía ilustrada y el nacimiento del derecho consuetudinario o derecho de gentes, que se comenzó a limitar el poder absoluto de los gobernantes.
Francisco de Vitoria sostuvo en el siglo XVI que incluso en la guerra existían límites morales derivados de la dignidad inherente de toda persona. Hugo Grocio desarrolló posteriormente la idea de que las naciones estaban sujetas a un derecho común superior a la voluntad de los príncipes. Cesare Beccaria denunciaría en el siglo XVIII la barbarie de la tortura y proclamaría que el castigo jamás podía confundirse con la venganza.
Montesquieu, por su parte, recordaría que toda concentración absoluta del poder desemboca inevitablemente en el abuso. Esos principios sembraron la semilla de lo que hoy denominamos responsabilidad internacional del Estado [consagrada en el deber de prevenir y proteger de los estados en la Carta de las NNUU] y la responsabilidad penal individual [prevista tanto en las leyes criminales de los Estados como en el Estatuto de Roma].
Sin embargo, el siglo XX demostraría que la civilización aún estaba lejos de haber domesticado la violencia del poder. Auschwitz, Treblinka, Katyn, Nankín, los experimentos médicos japoneses, las deportaciones masivas y el exterminio sistemático de millones de personas [el Holocausto], revelaron que la soberanía estatal no podía seguir siendo un refugio para la impunidad. De aquellas ruinas surgiría la convicción que algunos crímenes ofenden a la humanidad por lo que la comunidad internacional posee el derecho—y el deber—de castigarlos cuando los Estados son incapaces o carecen de voluntad para hacerlo.
Los Juicios de Núremberg y Tokio inauguraron una nueva época. Por primera vez gobernantes, generales y altos funcionarios fueron juzgados no simplemente porque perdieron una guerra, sino porque habían violado normas fundamentales de la humanidad. Allí nació el principio que los crímenes internacionales son cometidos por personas, no por abstracciones estatales; que la obediencia debida no exonera automáticamente de responsabilidad y que ninguna investidura oficial puede servir de escudo frente a la justicia.
Ese legado constituye la razón de ser de la CPI. No fue creada para sustituir jurisdicciones nacionales o intervenir en controversias políticas ordinarias. Fue concebida como el último recurso de las víctimas cuando el aparato judicial de un Estado ha dejado de existir como garantía real de justicia. Latinos y latinoamericanos
¿Hoy la CPI cumple con este deber histórico? De cara a los resultados, no. Pero cuidado, el hecho que una institución no cumpla con el deber encomendado, no quiere decir que los principios que la fundamentan [continente] puedan ser desconocidos o desmantelados por omisión de quienes deben darle contenido.
Cada muerte ocurrida bajo custodia estatal interpela directamente la credibilidad del sistema internacional. Si quienes tienen el deber de investigar no investigan, si quienes deben juzgar se abstienen de hacerlo y si quienes pueden actuar internacionalmente permanecen inmóviles, entonces la impunidad deja de ser una anomalía para convertirse en una peligrosa ‘licencia’ de política pública del opresor.
De Núremberg a Roma y de Roma a Venezuela
Cinco siglos de construcción de la justicia penal internacional no pueden terminar en la anomia del escrutinio. Más de 500 años de evolución humanista son más que suficientes para que la CPI no se permita fracasar. Cuando la muerte bajo custodia desafía a la justicia universal ella [la justicia] no puede quedar ignorada.
Si el siglo XX dejó una lección imborrable, fue que ningún Estado puede invocar su soberanía para disponer arbitrariamente de la libertad y menos de la vida humana. Esa convicción no nació de un tratado ni de una declaración solemne. Surgió de los campos de exterminio nazis, de las ejecuciones masivas del ejército imperial japonés, de los gulags soviéticos, de las desapariciones forzadas en América Latina y de las limpiezas étnicas que devastaron los Balcanes o África meridional.
Robert H. Jackson— fiscal jefe estadounidense en los Juicios de Núremberg— pronunció una frase que aún define el espíritu de la justicia penal internacional: “Los crímenes que buscamos condenar y castigar han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores, que la civilización no puede tolerar que sean ignorados”. Esta afirmación dio origen a un principio elemental: la soberanía deja de ser un valor tutelado cuando el propio Estado se convierte en el principal agresor de sus ciudadanos.
Antonio Cassese —primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia— sostuvo que el verdadero propósito del derecho penal internacional consiste en “humanizar el poder”. Cherif Bassiouni —uno de los arquitectos del Estatuto de Roma— afirmó que “la impunidad constituye la mayor invitación a la repetición del crimen”. William Schabas recuerda que la CPI no se creó para sustituir a los tribunales nacionales, sino para intervenir precisamente cuando estos han dejado de funcionar como instrumentos de justicia.
La muerte en custodia es la muerte de la ciudadanía
No basta explicar la causa clínica del fallecimiento. Corresponde demostrar que el Estado cumplió su obligación de proteger la vida.
Venezuela acumula una larga y penosa lista de ciudadanos muertos en custodia, además de muchos privados de libertad por razones políticas. La Corte Interamericana de DDHH ha reiterado que el Estado es garante de la vida e integridad de toda persona privada de libertad. El Comité de DDHH de NNUU ha sostenido el mismo criterio. Las Reglas Mandela establecen estándares mínimos sobre salud, alimentación, higiene y atención médica, cuya violación sistemática puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
La historia de la humanidad también puede escribirse desde sus cárceles. Cuando esas muertes obedecen a torturas, desapariciones forzadas, negación deliberada de asistencia médica o condiciones inhumanas de reclusión pasan de ser violaciones de DD. HH. a convertirse en crímenes de lesa humanidad [Art.7 ER].
Existen nombres que transformaron para siempre la percepción mundial sobre las muertes bajo custodia. Anne Frank, fallecida en Bergen-Belsen [1945], simboliza la responsabilidad estatal sobre quienes permanecen privados de libertad; Steve Biko, líder sudafricano, murió [1977] tras brutales torturas bajo custodia del régimen del Apartheid; Bobby Sands y otros huelguistas del IRA fallecieron [1981] bajo custodia británica después de prolongadas huelgas de hambre, abriendo un intenso debate internacional sobre las obligaciones estatales frente a personas detenidas.
Sergei Magnitsky, abogado ruso, murió en una prisión de Moscú en 2009 tras denunciar una trama de corrupción estatal. Su muerte dio origen a las denominadas Leyes Magnitsky, hoy adoptadas por numerosas democracias para sancionar violaciones graves de derechos humanos.
Alexei Navalny principal opositor ruso, falleció en una colonia penal del ártico [febrero 2024]. Las circunstancias de su muerte generaron una condena internacional y renovaron el debate sobre la responsabilidad estatal frente a presos políticos. En todos estos casos existe un denominador común: el Estado tenía el deber jurídico de mantenerlos con vida.
La lista de muertos en custodia en Venezuela es larga y dolorosa. A muchas de esas muertes las precedieron graves torturas, desatención médica, tratos crueles y degradantes. Heridas y sufrimientos evidenciados en la propia audiencia frente al juez. Una grave situación de flagrancia, de impunidad, que la CPI no puede ignorar so pena de legítimo escrutinio no sólo de la opinión pública, sino de las víctimas y de los ciudadanos que se sienten a merced de la impunidad, como política pública.
En nuestra próxima entrega, la lista y los casos graves de muerte en custodia en Venezuela. Cómo la ley debe sustituir la guerra, los jueces a los verdugos y la dama ciega, a la amenaza.
![La muerte bajo custodia [I]](https://runrun.es/wp-content/uploads/2026/07/La-muerte-bajo-custodia-I-por-Orlando-Viera-Blanco-@ovierablanco-1024x768.jpg "La muerte bajo custodia [I]")
