¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 25 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Maduro anunció la posibilidad de decretar un “estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional” ante las “amenazas y agresiones” provenientes de Estados Unidos.
Estas son las cuatro cosas que debes saber sobre el estado de conmoción exterior que evalúa el gobierno.
Vente venezuela sobre perkins rocha: “Hoy está aislado, sin acceso a su médico de confianza, a pesar de contar con medidas cautelares. tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud; hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis”
El expresidente de la Televisora Venezolana Social (TVes), Winston Vallenilla, arremetió contra un periodista que le consultó si valió la pena entregar la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV) a TVes.
Leonardo Di Caprio interpreta a Bob Ferguson, un hombre atrapado entre la acción y el amor por su hija.#UnaBatallaTrasOtra – 25 de septiembre, solo en cines. Compra tus boletos 🎟️ pic.twitter.com/BMHvgALDjU
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento advirtió este martes, 23 de septiembre, sobre el agravamiento de la corrupción estructural en el país y la participación de funcionarios en actividades ilícitas como el narcotráfico y crimen organizado, a propósito del reciente operativo antinarcóticos desplegado por el gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe.
Según señaló la organización en un comunicado, “la grave erosión de la institucionalidad democrática, sin instituciones contraloras y la total ausencia de independencia de poderes ha generado condiciones para que funcionarios venezolanos, en diferentes niveles de la administración pública, utilizando la institucionalidad estatal y con total impunidad, se involucran en actividades de delincuencia organizada transnacional, corrupción y enriquecimiento ilícito”.
El texto señala que la corrupción ha derivado en una Emergencia Humanitaria Compleja caracterizada por pérdida de vidas, dependencia, violencia contra grupos vulnerables y migración forzada. También apunta a que las omisiones de la Contraloría, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han “exponenciado la impunidad y la institucionalidad de prácticas ilícitas”.
La organización subrayó que, tras las elecciones del 28 de julio, se ha recrudecido la extorsión institucional. “El contexto de persecución política y Terrorismo de Estado ha sido una oportunidad para que los funcionarios aumenten el cobro de ‘vacunas’; retengan a personas para exigir dinero y liberarlas; o para retirar la anulación de los pasaportes”, precisó.
Narcotráfico y redes criminales
De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela en el Exilio citado en el documento, en 2024 casi el 24% de la producción mundial de cocaína transitaba por Venezuela, generando ingresos por más de 8.200 millones de dólares. “Los narcotraficantes no permean la estructura del Estado; desde puestos de poder los funcionarios se han incorporado a las redes globales del narcotráfico”.
Asimismo, cita al Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de UNODC, el cual recuerda que la información oficial se basa en datos enviados por los Estados Miembros. En el caso venezolano, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento advirtió que no existe forma de verificar de manera independiente la información suministrada por las autoridades.
Preocupación por operativo en el Caribe
Con relación con el operativo antinarcóticos desplegado por Estados Unidos en aguas del Caribe, la organización expresó preocupación por la falta de información oficial y de reportes con estándares en derechos humanos. Señalaron la denuncia sobre la destrucción de embarcaciones con civiles, en las que “se habrían producido la muerte de al menos 14 personas”.
“Desde la perspectiva de los derechos humanos, toda acción de combate al crimen organizado debe respetar el principio de proporcionalidad y el derecho a la vida, asegurando que las personas acusadas de delitos comparezcan ante tribunales imparciales, con debido proceso y no sean ejecutadas sumariamente en el mar”, destacó la organización.
Llamado a la comunidad internacional
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento reiteró que la única vía sostenible para frenar las actividades ilícitas y la violencia en el país es “la restauración de la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes públicos y el respeto pleno al Estado de derecho”.
La organización hizo un llamado a la comunidad internacional para:
Promover la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.
Reducir el margen de maniobra internacional frente a prácticas de “diplomacia de rehenes”.
Mantener la atención sobre Venezuela, exigiendo respeto a la soberanía popular y respaldo a las víctimas.
Activar mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas sobre crímenes de lesa humanidad y participación de funcionarios en redes de narcotráfico.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La inmediata liberación del periodista Carlos Marcano exigió el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
De acuerdo al gremio, la detención de Marcano, quien lleva cuatro meses tras las rejas, representa un ejemplo de la criminalización de la libertad de expresión.
El CNP exigió además el respeto a sus derechos humanos.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado, respaldó el pronunciamiento del gremio periodístico y aseguró que ejercer derechos políticos en el país es criminalizado.
La tolda política sentenció que Marcano, quien además es profesor universitario, enfrenta múltiples violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marcano de 30 años fue detenido en su vivienda por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado 23 de mayo en la mañana sin una orden judicial.
Según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, Marcano estaba involucrado en un supuesto plan para boicotear las elecciones regionales y parlamentarias realizadas el 25 de mayo.
Por ese mismo caso, el gobierno de Nicolas Maduro arrestó también al exdiputado y gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien también cumplió cuatro meses en prisión y es licenciado en comunicación social.
De acuerdo al CNP, en Venezuela hay 18 periodistas detenidos de manera injusta, entre ellos Marcano.
El grupo de comunicadores sociales detenidos lo componen, el también líder vecinal Carlos Julio Rojas, Roland Carreño, Rory Branker, Nakary Ramos, Gabriel González, Luis López, José Gregorio Camero, Víctor Hugas, Juan Francisco Alvarado, Gianni González, Mario Chávez, Biagio Pilieri, Pedro Guanipa, Angel Godoy, Julio Balza, Leandro Palmar y Salvador Cubillán.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Espacio Público documentó 89 casos que se traducen en 167 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
Según la organización, las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes fueron la censura y la intimidación, con 48 registros cada una. Seguidas por la restricción administrativa con 24 incidencias, el hostigamiento judicial con 23 y el hostigamiento verbal con 13 registros.
La violación menos frecuente fue la amenaza, acumulando 11 violaciones.
Menos denuncias, mismo patrón
Espacio Público señaló que la cifra representa una disminución del 64 % con relación al número de casos y del 67% con respecto al número de violaciones documentadas en el mismo periodo del año pasado.
“Esta disminución no indica una mejora estructural, ya que el 2024 estuvo marcado por una represión estatal a gran escala, antes, durante y después de las elecciones presidenciales”, indicó la ONG.
La organización reseñó que persisten algunos patrones se mantienen como parte de las políticas para mantener el control de la opinión pública, limitar la libertad de prensa e intimidar a la población.
Periodistas y reporteros, principales víctimas
Los periodistas y reporteros son el grupo que más violaciones sufrió durante este periodo, con 30 víctimas que representan casi el 35% del total, según la ONG.
A estos le siguen particulares, con 15 víctimas, y luego los medios de comunicación y las páginas/plataformas web, con 12 víctimas cada uno. Estos cuatro grupos combinados consolidan el 75% del total de víctimas.
Con respecto a los victimarios, las Instituciones del Estado ocupan el primer lugar, con 57 registros, lo que representa el 45% del total. Le siguen de cerca los cuerpos de seguridad, con 35 casos (28%), y las operadoras privadas, con 24 casos (19%).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para el coordinador del Programa de Exigibilidad del Programa Venezolano de Acción Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentado este lunes 22 de septiembre por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratifica un patrón que se viene estableciendo desde hace más de una década.
“Tenemos 11 años consecutivos con reportes que indican crímenes de lesa humanidad, la Misión está investigando los casos ocurridos desde 2014 y ya ha denunciado esto, eso nos obliga a pedir justicia a los altos responsables para que rindan cuenta ante organismos nacionales o internacionales”
Alvarado dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual que en Venezuela no hay posibilidad de complementariedad en las investigaciones sobre presuntos delitos de lesa humanidad debido a que no existe voluntad de parte del Estado.
“El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, le dijo a los miembros del gobierno que eran los principales responsables de investigar y desde las muertes por las protestas en 2017 eso no ha pasado, los casos que se han investigado es por la presión que ejercen familiares y organizaciones civiles. Funcionarios que han sido señalados más bien son promovidos de rango”, dijo el activista en el programa que estuvo conducido por Ronna Rísquez, directora de ARI y Víctor Amaya, director de Tal Cual.
Amaya apuntó que la propia Marta Valiñas, presidenta de la Misión, leyó en la presentación del documento que en Venezuela no hay autoridad capaz de prevenir y castigar a los violadores de derechos humanos.
El abogado denunció que en lo que concierne a la denominada masacre de San Jacinto en Maracay, estado Aragua, donde murieron siete personas por arma de fuego luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, el Ministerio Público solo ha presentado a un presunto responsable por el fallecimiento del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents.
Alvarado aprovechó para preguntar al fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, qué ha pasado con el resto de los 24 muertos en las protestas poselectorales que documenta el informe de la ONU.
“Hay indicios de que las heridas a estas personas fallecidas en San Jacinto se produjeron producto de disparos con fusiles”.
Amaya recordó que el propio Nicolás Maduro acusó a la oposición de haber asesinado a manifestantes luego del 28J y el fiscal asomó que esas muertes eran atribuibles a la líder opositora, María Corina Machado.
“Eso ya constituye un motivo para que renunciara al cargo, porque cuando excluye a quienes pudieran ser los posibles responsables está contaminando la investigación. La voluntad del Ministerio Público es producir impunidad”.
El profesional del derecho dijo que las de 25 muertes, en al menos 12 hay señalamientos contra funcionarios policiales y puso como ejemplo el caso impune de Aníbal José Romero Salazar alias “Pimpina” de 27 años, quien -según testigos- habría sido víctima de efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Carapita.
“Quisieron presentar este grotesco hecho como si se hubiese echado salsa de tomate. Aquí hay una clara intención de no investigar”.
Sin sorpresas con la respuesta del gobierno
Según Amaya, de acuerdo a voceros del madurismo, el informe de la Misión está lleno de inventos y elaborado por personas que ni siquiera vinieron a Venezuela a investigar.
“No hay ninguna sorpresa con eso, el gobierno tiene una política de descalificar a los investigadores. ¿Si no están de acuerdo por qué no muestran sus propias investigaciones?, ¿Por qué no indagan?. La Misión toma en cuenta cifras oficiales, el propio gobierno dijo en cadena nacional que habían detenido a más de 2 mil personas”.
Alvarado sentenció que detrás de cada víctima de la represión poselectoral hay familiares que han padecido.
Rísquez apuntó que muchos de los familiares de los detenidos ni siquiera cuentan con recursos para llevarles comida, mucho menos para trasladarse a otros estados.
“La represión profundizó la situación de pobreza, la mayoría son personas de bajos recursos económicos, muchos del interior que luego de excarcelados los sometieron a un régimen de presentación en Caracas”, sentenció Alvarado.
Rísquez también recordó que hubo más de 200 adolescentes detenidos.
“Hay denuncias de torturas, algunos recibieron electricidad, les clavaron agujas bajo las uñas, para la ley venezolana todo menor de 18 años es un niño, niña o adolescente. ¿Cómo es posible que un fiscal o un juez no tenga la sensibilidad para abrir al menos una investigación?. El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, debería estar acompañando a estas víctimas y exigirle al Ministerio Público que investigue, el fiscal todavía está a tiempo de hacerlo e indagar en la responsabilidad de los mandos altos y medios”, sostuvo el defensor de DDHH.
De acuerdo a Alvarado, algunos presos políticos se encuentran en situación de aislamiento, práctica que puede calificarse como tortura porque es un trato cruel e inhumano.
“Es la situación de Enrique Márquez y la del abogado de Provea, Eduardo Torres, quien va a cumplir cinco meses sin recibir visita de sus familiares y abogados”.
A juicio del abogado de la ONG venezolana, es perentorio que la ciudadanía tenga un mayor compromiso con los presos políticos.
“Hay que denunciar la persecución que se mantiene a las hermanas Baduel y a Sairam Rivas. Podemos ser solidarios de muchas formas, no solamente públicamente. Se le está pidiendo al Papa León XIV que interceda para una canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles sin presos políticos”.
Un abuso en el Caribe
El coordinador de Provea no quiso profundizar en el caso de las embarcaciones hundidas por la Armada estadounidense en el mar Caribe, señaladas por la administración del presidente Donald Trump de transportar droga, sin embargo las calificó de abuso.
“Vamos a sacar un pronunciamiento próximamente y no me quisiera adelantar. Ningún familiar de las personas que allí murieron nos ha contactado, nuestra recomendación es que acudan a las instituciones, organizaciones como Amnistía Internacional, Humans Right Watch y WOLA han calificado esto como uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Según el Foro Penal Venezolano, hay 823 presos políticos, de los cuales 101 son mujeres, 170 son militares y cuatro adolescentes. Cinco tienen más de 20 años presos: los efectivos de la Policía Metropolitana Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, quienes hicieron lo posible por evitar la masacre del 11 de abril 2002 propiciada por el presidente Hugo Chávez. Fueron imputados sin pruebas por la fiscal Haifa El Aissami y sentenciados por la jueza Marjorie Calderón, hoy magistrada del TSJ.
Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara están presos desde el 2004 por su supuesta participación en el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Un año después del juicio, Giovani Vásquez, el único testigo, declaró que fue un montaje del fiscal general Isaías Rodríguez. A los tres los trasladaron recientemente a sitios desconocidos.
Del total de presos señalados, 89 tienen doble nacionalidad o son extranjeros de 22 países. Cabe destacar el poco o ningún interés de sus respectivas embajadas en gestionar la libertad o, al menos, presionar por mejores condiciones de encierro. Uno de esos casos es el de la venezolana-española Rocío San Miguel.
A esos 823 presos políticos hay que sumar el de sus parejas, madres, padres, hijos y familiares cercanos, quienes también sufren las consecuencias de esos encierros injustos. La vida les cambió al tener que estar pendientes de traslados sin previo aviso y a veces a destinos desconocidos, llevarles comida, soportar colas para ingresar a las ergástulas, requisas humillantes y suspensiones intempestivas de la visita, así como agresiones de grupos paramilitares maduristas cuando realizan reclamos ante los tribunales.
Como es público y notorio, las persecuciones del régimen incluyen a los familiares de personalidades de la oposición. Un caso emblemático es el de Rafael Tudares, quien está preso en un sitio desconocido solo por ser yerno del presidente electo Edmundo González. Otro es el de los atropellos y amenazas a los miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (CLIPPV).
Bajo la narcodictadura de Maduro/Cabello/Padrino se considera delito protestar por la liberación de los presos políticos, por la escasez de agua, electricidad, gas doméstico de bombonas o por el alto costo de la vida en un país cuyo salario mínimo mensual es de alrededor de un dólar estadounidense.
Nuestro reconocimiento a quienes se atreven a levantar la voz para denunciar que en Venezuela la situación socioeconómica es cada día peor. Contrario a lo que dicen algunas personas mal informadas, o mal intencionadas, nada se ha arreglado. Solo existen unas burbujas de bienestar alrededor de quienes se aprovechan de los dineros del Estado.
Nuestro reconocimiento a los valientes miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPV), cuyas caras más visibles son Andreina Baduel, hija de Raúl Isaías Baduel, a quien el régimen dejó morir por falta de asistencia médica, y hermana del preso político Josnar Baduel. Sairam Rivas, joven que fue dirigente estudiantil y es miembro del partido Bandera Roja, que protesta por su pareja Jesús Armas y por el resto de los presos, y Aurora Silva de Superlano, esposa de Freddy Superlano, dirigente político de Voluntad Popular.
La gran mayoría de los últimos presos y desaparecidos son de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, cuya actividad fue adiestrar a los miembros y testigos de mesas en la elección presidencial, así como trabajar para obtener las actas que evidenciaron ante el mundo la derrota abrumadora de Nicolás Maduro y el triunfo de Edmundo González.
El informe del 19 de septiembre de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU señala que “jueces, fiscales y defensores públicos han avalado detenciones arbitrarias, negado recursos legales y actuado bajo presión política”. La pelota sigue en la cancha de la Corte Penal Internacional.
El dirigente político y excandidato presidencial Enrique Márquez tiene ocho meses presos sin justificación alguna.
Gregory Sanabria pasó cuatro años preso en Venezuela por las protestas estudiantiles del 2014. Emigró a Estados Unidos en 2022 por los caminos verdes, se presentó en inmigración solicitando asilo, pero en 2025 fue detenido en Texas por las órdenes arbitrarias de Trump y estuvo cuatro meses preso. Afortunadamente, un juez ordenó su libertad y le otorgó asilo.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Este martes, 23 de septiembre, Nicolás Maduro anunció la posibilidad de decretar un “estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional” ante las “amenazas y agresiones” provenientes de Estados Unidos.
“Queremos que toda la nación tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad para responder a cualquier amenaza o ataque”, afirmó el gobernante en cadena nacional de radio y televisión.
Según Maduro, el objetivo es que “toda la nación” y cada “ciudadano del país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera” contra Venezuela.
Maduro justificó la medida como respuesta al despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Mar Caribe, que incluye ocho buques, un submarino nuclear y aviones caza, con la finalidad de frenar el narcotráfico.
En respuesta, el gobierno de Maduro ha convocado marchas de milicianos acompañados por distintos cuerpos de seguridad y ha intensificado el entrenamiento militar de civiles que no tienen adiestramiento en seguridad y defensa.
A continuación cuatro claves sobre el estado de conmoción que debes saber:
¿Qué es el estado de conmoción exterior?
El estado de conmoción exterior (uno de los cuatro tipos de estados de excepción) es una figura jurídica contemplada en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución. La misma le da la facultad a Nicolás Maduro de tomar medidas extraordinarias frente a un conflicto interno o externo que ponga en riesgo la seguridad nacional.
El recurso puede ser utilizado en situaciones exteriores, fuera de las fronteras, comprometan de forma grave la estabilidad del país, la vida de los ciudadanos o el funcionamiento de sus instituciones. Entre ellas: tensiones militares, conflictos regionales o incluso amenazas de intervención extranjera.
El estado de conmoción exterior tiene una duración de 90 días, según lo establecido en la normativa legal y con la aprobación de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (ambos controlados por el oficialismo).
¿Cuáles son los alcances?
La ONG Acceso a la Justicia explicó a través de su cuenta en X que con la medida podrán restringirse garantías constitucionales, salvo las establecidas en el artículo 337 de la Constitución y en el artículo 7 de la LOE, referidas, entre otras, a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
#AlertaLegal Ante la noticia de que el Ejecutivo nacional decretó un Estado de Conmoción Exterior, es importante señalar que según lo establecido en el artículo 338 de la CRBV, su duración no podrá exceder de 90 días, prorrogables por igual período, siempre que esté "seriamente… pic.twitter.com/V3fWhpjC5u
Por su parte, el analista político Aníbal Sánchez, señaló en un post publicado en su cuenta en X que la medida permite medidas extraordinarias para restablecer el orden, como restricciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades o movilización de fuerzas armadas, pero debe ajustarse a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Qué es el Estado de Conmoción? me consulta un medio internacional y aprovecho de hacerles llegar a Uds.
El estado de conmoción de acuerdo a nuestra carta magna es uno de los cuatro tipos de estados de excepción “Se declara en situaciones de conflicto interno o externo que…
A juicio de Sánchez, la medida podría servir como herramienta para perseguir disidencias internas o evitar movilizaciones ciudadanas, bajo el argumento de una amenaza externa.
Otros estados de excepción
Esta es la primera vez en la historia del país que se aplica un estado de conmoción exterior frente a una “amenaza internacional”. Sin embargo, el chavismo ya ha aplicado otros tipos de estado de excepción.
El primero de ellos, el estado de alarma, aplicado durante catástrofes naturales o calamidades y el cual tiene una duración de 30 días prorrogables. Implementado en el año 2020 durante la pandemia por el covid-19.
El segundo, el estado de emergencia económica, implementado desde el año 2016 cuando el país atravesó por una crisis económica sin precedentes. Este tiene una duración de 60 días prorrogables y le ha permitido al gobierno aprobar presupuestos, emitir deuda y manejar fondos especiales sin rendición de cuentas.
Reacciones de la sociedad civil
Las reacciones a la medida anunciada por Maduro no se hicieron esperar y las redes sociales fueron el escenario para las quejas y el rechazo.
El excandidato a las primarias y dirigente político, Andrés Caleca, afirmó que el “desmadre dictatorial es tan grande, que el ‘Decreto deEstadodeConmociónExterior’ le pone límites a todas las arbitrariedades, violaciones, abusos y desmanes que el gobierno ejecuta a diario desde hace 26 años. Daría risa si no fuera una tragedia”.
En Venezuela el desmadre dictatorial es tan grande, que el "Decreto de Estado de Conmoción Exterior" le pone límites a todas las arbitrariedades, violaciones, abusos y desmanes que el gobierno ejecuta a diario desde hace 26 años. Daría risa si no fuera una tragedia.
El analista político Víctor Maldonado cuestionó la implementación de la medida.
Dice que quiere decretar el estado de conmoción exterior. En la Constitución de Venezuela, un «estado de conmoción exterior» puede ser decretado por el Presidente en Consejo de Ministros, según lo establece el Artículo 338, cuando una situación externa ponga en grave peligro la…
El politólogo Amilcar Méndez señaló que “es una ironía” porque “Venezuela lleva 25 años en conmoción permanente. No decretada, sino vivida en carne propia: hambre, migración masiva y muerte”.
.@NicolasMaduro anuncia un “estado de conmoción exterior” como si fuera novedad. La ironía: Venezuela lleva 25 años en conmoción permanente. No decretada, sino vivida en carne propia: hambre, migración masiva y muerte. pic.twitter.com/ntTuf4DoLf
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el marco del Día Mundial de Limpieza de Playas, Coca-Cola FEMSA Venezuela, el embotellador más grande de América Latina por volumen de ventas del Sistema Coca-Cola, realizó el pasado 20 de septiembre una jornada de recolección de residuos sólidos en playas y lagos de cuatro estados del país.
De acuerdo con una nota de prensa, en total se lograron recolectar 2,3 toneladas de desechos en esta actividad, que se alinea con las iniciativas de su programa de sostenibilidad Red por el Planeta (RPP) y el voluntariado corporativo. Este programa de desarrollo comunitario promueve la conciencia ambiental y fomenta la economía circular en beneficio de la sociedad y el ecosistema.
Durante la jornada participaron 309 voluntarios de Coca-Cola FEMSA Venezuela junto con familiares y nuestros aliados: Multirecicla, Fundación La Tortuga, Fundación El Zulia Recicla y Fundación Reusamás; quienes se sumaron a la limpieza en Playa Cangrejo en Lechería (Anzoátegui), Playa Los Cocos y Playa Los Coquitos en La Guaira, Playa del Club Puerto Cabello Latino (Carabobo) y Vereda del Lago 3 en Maracaibo (Zulia). Además, de representantes de las organizaciones de desarrollo comunitario: Fundación Embajadoras Venezuela Sostenible, La Tierra se Calienta, Fundación Desarrollo Sustentable de Venezuela, Deporte para el Desarrollo, Jardines Ecológicos Topotepuy y Fundación Jhonaikel J. Bolívar.
“En Coca-Cola FEMSA creemos en la innovación y en la economía circular, pero también en el valor de las comunidades que se organizan para transformar su entorno. Nuestro propósito es avanzar hacia operaciones con cero residuos, por lo que la participación de nuestros colaboradores en jornadas como el Día Mundial de Limpieza de Playas demuestra que es posible alcanzar la meta cuando trabajamos juntos y que empresa y comunidad podemos crear el futuro”, afirmó Carmen Gisela Ginich, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Coca-Cola FEMSA Venezuela.
Uno de los pilares de sostenibilidad de Coca-Cola FEMSA es Empaques y Economía Circular, que busca contribuir con el ambiente mediante la innovación, el diseño sostenible, la reutilización y el reciclaje, así como la implementación de acciones que permitan reducir al máximo los residuos. “Cada botella y cada envase que recogemos a través del programa Red por el Planeta nos acerca más a nuestro objetivo de recolectar 580 toneladas para este año. La Red por el Planeta ha permitido, desde su creación en 2021, acopiar más de 1.000 toneladas de PET posconsumo”, agregó Ginich.
Para más información sobre esta y otras iniciativas sostenibles de Coca-Cola FEMSA Venezuela, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @cocacolafemsa_ve en Instagram y Coca-Cola FEMSA Venezuela en Facebook.
