Francis Quiñones habla con firmeza, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre años de resistencia. Alta y de mirada directa, acompaña con vehemencia cada punto del relato de lo que se ha convertido su vida y la de su familia en los últimos seis años.

Su voz es un dedo índice que señala con nombres y apellidos a quienes mantienen a su hijo, el sargento Jonathan Franco Quiñones, tras las rejas. Sentenciado a 24 años y seis meses por la “Operación Gedeón”, el caso de Jonathan es un catálogo de todas las crueldades que un sistema represivo puede ejercer sobre un preso político.

 “Por qué tanta injusticia y maldad?, preguntaba el pasado 17 de marzo esta mujer de 57 años durante una de esas protestas en las que también increpaba a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y enviaba un mensaje certero al mandatario estadounidense, Donald Trump: “La amnistía fue puro maquillaje”.

 La Operación Gedeón fue un intento de incursión marítima en Venezuela ocurrido el 3 de mayo de 2020. El objetivo declarado por los organizadores (militares desertores y la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp) era capturar a figuras clave del gobierno de Nicolás Maduro y liberar a los presos políticos. El operativo fracasó luego de “infiltraciones”, según aseguran quienes participaron en él y fueron posteriormente capturados tras su desembarque en Macuto (La Guaira) y Chuao (Aragua).

 Al menos seis disidentes de este primer desembarco cayeron tras ser detectados por fuerzas tácticas del Estado. Francis Quiñones sostiene que también fueron “torturados” y luego “ajusticiados”. “De parte de ellos -el gobierno- no hubo ni una baja, los gedeones no tienen las manos manchadas de sangre. Es una venganza”, insistió.

Otro grupo fue detenido, entre ellos, Jonathan Franco Quiñones. Cuando solo tenía 22, le arrebataron su libertad en mayo de 2020 en las montañas de la Colonia Tovar, estado Aragua, días después del desembarco inicial de la Operación Gedeon.  

Al joven militar, hoy de 27 años, lo procesaron por cargos que incluyen terrorismo, conspiración, traición a la patria y tráfico ilícito de armas de guerra.  En 2024, al cumplirse cuatro años de la Operación Gedeón,el Foro Penal enumeró las irregularidades del proceso judicial que enfrentaron Quiñones y sus compañeros: nunca fueron trasladados a tribunales, pues las audiencias se llevaban a cabo en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Bajo amenaza, denunciaron, fueron obligados a admitir su participación en los hechos. 

Asimismo, y como ha ocurrido en la mayor parte de los casos de los presos políticos, les impidieron designar defensores de confianza -lo cual solo fue posible al iniciar la etapa de juicio- y les impusieron defensores públicos “alineados con los jueces”. A ello se suma que recibieron distintos años de condena pese a ser imputados por los mismos delitos: conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.

El juramento roto y el salto al vacío

El sueño de Jonathan era estudiar medicina, pero no tenía el promedio que se requería, aunque se graduó de bachiller en mención hospitalaria en una escuela técnica. Optó entonces por sumarse a las filas de la Guardia Nacional Bolivariana, animado por el ejemplo de su mejor amigo, quien sin embargo, terminó siendo luego parte de la diáspora.

Pero en el año 2019, el uniforme militar empezó a pesarle. El contexto era un país que crujía bajo la crisis y una Fuerza Armada fracturada entre la lealtad al mando y la realidad del hambre en las calles. 

“Mamá, me están exigiendo que le quite a las personas en las alcabalas los productos que traen de Colombia“, recuerda la señora Francis que le confesó su hijo. En medio de la crisis económica y el colapso institucional, el joven comenzó a rechazar estas prácticas indebidas dentro del cuerpo militar.

 Aquel año estuvo marcado por el intento de ingreso de ayuda humanitaria desde Cúcuta y el llamado de sectores políticos a los militares a “ponerse del lado correcto de la historia”, en el marco de la crisis política que acentuó el establecimiento de un gobierno interino representado por Juan Guaidó y reconocido por Estados Unidos y más de 50 países.

La madre de Jonathan-una expolicía pensionada del estado Mérida- planeó viajar en ese febrero de 2019 a la ciudad fronteriza de Ureña, en Táchira, para acompañar a las “damas de blanco” a una actividad en exigencia de que se permitiera la entrada de la ayuda humanitaria.  El 22 de ese mes también tuvo lugar un concierto en Cúcuta con la presencia de destacados artistas internacionales para recaudar fondos de ayuda humanitaria y visibilizar la situación en Venezuela.

La actividad cultural atrajo la atención del joven y de más de 300 000 personas. En ese momento, Jonathan estaba de vacaciones y con la idea de desertar entre ceja y ceja: “Estábamos esperando que su mejor amigo, el que nunca se graduó en la Guardia, le enviara los pasajes para él irse para Perú”, indica su madre.

Finalmente, Jonathan y Francis pudieron ir al concierto en Cúcuta y se regresaron a Ureña, donde ella participó en la actividad de mujeres que tenía prevista y que fue atacada con bombas lacrimógenas por funcionarios militares. Aunque el sargento de la GNB no había asistido, se enteró por redes sociales del peligro que corría su madre y las manifestantes. No vaciló en hacer acto de presencia.

“Él se dio cuenta de lo que estaba pasando,  me llamó. Y me dijo: ‘¿Dónde estás tú?’ Yo le dije que no se moviera, que se quedara, porque era un guardia activo. Entonces me dijo: ‘Voy  agarrando un mototaxi y me voy para allá’. Y llegó adonde yo estaba. Allí se puso a tirarle a sus propios compañeros, a los guardias. Primero con una franela en la cabeza, y después no le importó nada. Se enfrentó a ellos. Después viene y me dice: ‘Mamá, ahora sí me voy a tener que volar. Yo creo que yo salí en vídeo’”, narra la señora Quiñones.

Aunque ella lo convenció de que regresaran prontamente a la ciudad de Tovar en el estado Mérida -de donde son oriundos-,al día siguiente, Jonathan decidió dar un paso que no tuvo retorno: “Me mostró su celular y me dice: ‘Mamá, mire lo que pasó. Cruzó una tanqueta para el lado de Colombia y Guaidó está diciendo que los militares se pongan del lado correcto de la historia, yo me voy”. Yo le dije:  ‘¿Cómo te vas a ir, muchacho? Tú allí no conoces a nadie. No me hagas esta vaina, hijo, te lo suplico”.

Pero para Jonathan, no había vuelta atrás. “Este es el momento, mamá. Yo me voy. Yo me voy a poner del lado correcto”. Ante la determinación del sargento, su madre no tuvo otra opción que acompañarlo a cruzar la trocha rumbo a Colombia, en una travesía que calificó de “terrible”.

“Yo llegué con él a Colombia. Allá nos recibieron en Migración. A él lo llevaron para un sitio, a mí me llevaron para otro. Nos separaron.  Yo estuve como ocho días. Después de esos ocho días me pude ver con él y yo dije: ‘Quédate, pero ten cuidado con lo que vas a hacer, papá’”, narra Francis Quiñones.

Durante meses, el contacto fue intermitente. Se reportaba circunstancialmente, decía que estaba trabajando en una finca, y su madre lo veía cada vez más delgado y desmejorado. El silencio cada vez se prolongaba más. Su madre comenzó a sospechar que podía estar “en algo raro”, certeza que comprobaría luego.

“Sentí que me lo estaban matando”

En mayo de 2020 se conoció el intento de incursión marítima conocido como Operación Gedeón.  Francis pensó primero que todo se trataba de un “show mediático” hasta que vio a su hijo en un video. “Eso fue para mí… yo creo que perdía un kilo diario”, suspira al recordar.

“Ellos entraron todos por Macuto y los estaban esperando. Fue cuando mataron a seis de sus compañeros. Se infiltraron y los delataron. Lamentablemente, nosotros creemos saber quién se infiltró. Esas son cosas que ellos en su momento dirán. Y esa persona que la infiltró está presa con ellos”, amplió la madre del preso político. 

Después de una semana huyendo, Jonathan fue capturado el 10 de mayo en la Colonia Tovar. Dos días más tarde, apareció en un video difundido por Venezolana de Televisión. “Cuando lo vi, sentí que me lo estaban matando”, destaca entre sollozos su mamá

La detención de Jonathan fue el prólogo de un martirio físico. Para que grabara el video de confesión difundido por el canal del Estado, fue sometido a siete golpizas en un solo día. Siete sesiones de tortura que lo dejaron evacuando sangre por semanas. El joven de 1,95 metros y 95 kilos,  se redujo a una sombra de 65 kilos.

Cuando finalmente su mamá pudo verlo, siete meses después de la detención, encontró señales físicas de violencia. “Le vi la nariz, el tabique fracturado”. Jonathan le explicó su participación bajo coacción en el video difundido por el canal del Estado: “Yo le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y su respuesta fue: ‘Mamá, siete veces me subieron a darme coñazos. Siete veces y ya la séptima vez me dijeron, ‘o tú hablas o vamos por el dueño de esta línea telefónica’” (que pertenecía a un familiar).

En este procedimiento, se vulneró el artículo 46 de la Constitución, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como los artículos 2 y 12 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también prohíben la tortura y establecen que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de ella u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada. 

El Helicoide, la “mansión” y el calvario de Guaicaipuro

Durante sus primeros años de reclusión y hasta mediados de 2025, Jonathan permaneció en El Helicoide. Allí, según su madre, las condiciones fluctuaban entre momentos de relativa estabilidad y episodios de castigo. Al llegar, estuvieron 40 días encerrados todos los gedeones en un diminuto espacio. 

Luego, vivieron una especie de “espejismo”. Los pusieron a construir cubículos de lujo para los detenidos por la trama de corrupción de Pdvsa. A cambio, se les permitió edificar “La Mansión”, un espacio con aire acondicionado, televisor y cocina que la propia gente de Pdvsa financió. 

 Sin embargo, tras las elecciones de julio de 2024, el tenue respiro se desvaneció.  “En ese año se puso difícil la cosa. Restringieron las visitas, luego las quitaron, yo me enteraba por otros familiares porque estaba en Mérida. Un día cualquiera, llegaron y les demolieron la mansión y se tuvieron que ir otra vez a cubículos normales”, precisa la señora Quiñones.

En agosto de ese mismo año, la persecución cercó al hijo menor de Francis, quien tuvo que salir apresuradamente de Venezuela. “Me lo querían meter preso”, relata ella. El joven había participado en actividades políticas y de seguridad tanto en las primarias de 2023 como en las presidenciales, lo que lo puso en la mira de los organismos de seguridad. Una madrugada, un amigo de la familia, funcionario, del Cicpc, le avisó que el muchacho estaba en una lista de detenciones de la “Operación Tun-Tun”.  “Hay que sacarlo”, le advirtieron. Dos días después, ya estaba fuera del país.

El año que transcurrió luego de los comicios presidenciales se caracterizó por una represión exacerbada contra la población civil y los presos políticos también vieron empeorar sus condiciones de reclusión. En ese contexto, Franco Quiñones fue trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares, en Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda, específicamente el 31 de julio de 2025.

Durante seis meses no hubo información sobre su paradero ni el de otros 31 gedeones. Las familias pedían una fe de vida, un contacto, una llamada, y solo se encontraban con evasivas y silencio. 

“Tú te llegabas a imaginar lo peor, mi hermana se llegó a imaginar con lo de las lanchas en el Caribe, cuando las bombardeaban, que los metían allí como conejillos de Indias. Yo también llegué a pensar eso cada vez que explotaban una lancha de esas”, expresa Francis, mientras revive con gestos esa angustia.  

Para la merideña, ni siquiera la palabra “horror” puede definir lo que vivieron los condenados por la Operación Gedeón en Guaicaipuro, durante esos seis meses de aislamiento e incomunicación en donde la alimentación era deficiente: el menú consistía en un plato de arroz o pasta, sin proteínas, y una sola vez al día.

“Los tuvieron desnudos por 15 días por un período de ‘adaptación’,  durmiendo en lápidas de cemento y eran obligados a comer tras meter las manos en letrinas con excrementos”, detalló.

La señora Quiñones identificó como responsables de esos tratos crueles al Ministerio del Servicio Penitenciario y al exdirector del centro, mayor (GNB) Edixon Ollarves Calderón, destituido hace un mes tras las denuncias insistentes de las madres. 

Estos episodios reflejan una violación flagrante a las Reglas Mandela (Regla 22), que exigen alimentación de valor nutritivo y agua potable para los presos; al artículo 83 de la CRBV sobre el derecho a la salud, y al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en cuanto al trato digno al procesado. El uso de excrementos, por su parte, califica como trato degradante bajo el Estatuto de Roma.

Otra historia después del 3Ene

Para Francis, el operativo del 3 de enero de 2026 —cuando misiles cayeron sobre Caracas, La Guaira y Miranda, en una operación de EE.UU para capturar a Nicolás Maduro.— representó un punto de quiebre. Ese día, en medio del caos y la incertidumbre, los presos del Fuerte Guaicaipuro se gritaban mensajes de despedida de muro a muro, sin advertir que se podría abrir una leve rendija de esperanza en su lucha por la libertad.

 Como consecuencia de esa fecha el gobierno, presionado por la movida del tablero político, anunció excarcelaciones de presos políticos. La declaración de Jorge Rodríguez del 8 de enero encendió una chispa de esperanza que movilizó a las madres de presos políticos a las vigilias.  Francis madrugó frente a Guaicaipuro esperando una libertad que no llegó. Fue recibida por funcionarios encapuchados y con fusiles que le decían: “Acá no hay orden de libertad, ni de nada, se me retira, señora”.  Sin embargo, ese día la invisibilidad terminó; el caso de Jonathan ya no estaba bajo tierra.

“Si no hubiera sido por ese 3 de enero, ni los cuerpos hubiéramos conseguido. Los estaban matando lentamente”, afirma Francis Quiñones. 

Después de múltiples intentos y presiones, finalmente, el 12 de febrero Francis volvió a mirar a los ojos a Jonathan. O a lo que había de él para entonces, porque lo encontró en un estado “irreconocible”: “Yo no sabía si salir corriendo, o llorar. No me pidió ni la bendición. O sea, estaba totalmente ido. Terrible. Él me decía, ‘¿pero qué le pasa?’ Y se reía. Fue a agarrar los cubiertos, y como ellos comían con las manos, no sabía cómo agarrarlos. Los tomó como cuando un niño estaba empezando a comer”, relata con estupor.

Su madre sospecha que pudo haber sido medicado para inhibir el hambre y las respuestas emocionales, como le contó un expreso político hoy exiliado en Colombia que vivió durante su detención. “Querían acabarlos poco a poco, volverlos locos”, dice.

Francis Quiñones insiste en que la intención de “acabar con los gedeones” y no liberarlos es porque les temen: “Ellos no liberan a los militares porque les tienen miedo. Porque después de que salga Caguaripano y esté en la calle, ¿qué va a pasar con las fuerzas militares? O que liberen a los gedeones… Al salir los militares que están presos, la Fuerza Armada se va a rebotar. Y eso es lo único que les queda a esta gente. La Fuerza Armada. Por eso es que no los quieren liberar”.

La madre del preso político es enfática al afirmar que “todos los militares son los presos de ellos, de Diosado y de Padrino López, que ya salió”. 

En Fuerte Guaicaipuro, con el cambio reciente de autoridades, percibe una leve mejoría: más comida, acceso a medicamentos y entregas más frecuentes de los paquetes que llevan los familiares, así como permiso para breves actividades físicas. Aunque aún en las visitas actuales -que son cada 15 días-  les vendan los ojos, prohíben el contacto físico y siguen grabando los encuentros. 

El reencuentro con la fe que también estaba presa

Al pedirle que describa a Jonathan, la señora Quiñones enfatiza que es un joven “con una profunda vocación de servicio, disciplinado y de principios sólidos”. Resalta además su nobleza y la “fortaleza inmensa que le ha permitido resistir años de tratos inhumanos sin quebrar su voluntad”.

En medio de todo el proceso que ha atravesado su hijo, hubo otro quiebre: el de la fe. Durante su reclusión en El Helicoide, Jonathan le dijo a su madre que ya no creía en Dios.

“A mí eso me daba un dolor. Él me decía que Dios no existía”. Pero en la más reciente vista antes de la Semana Santa de 2026, su relato fue distinto: “Me dijo que todo se lo entregó a Dios y que tenía un compromiso con él. Y está más fortalecido. Yo a veces digo que quizás a mi hijo le faltaba que viviera esto, este pedacito que vivió en Guaicapuro, quizás lo tenía que vivir”.

Su madre se aferra a esa idea como a una tabla en el naufragio, pues gracias a ese reencuentro con la fe, ahora coinciden ambos en una misma espera: “Por la justicia de Dios. Porque todo esto que está pasando es él, moviendo sus herramientas, él dio oportunidad para que se arrepintiera -en referencia a Maduro- . Es que ellos pensaban que podían pasar sobre Dios y les dio su merecido. Esperamos por la justicia divina, porque ese señor, el catire de los EE.UU, es un pecador igual que nosotros. Pero Dios está moviendo sus herramientas”. 

 Un indulto, una pizza y el sueño de reconstruir

Jonathan ya sabe lo primero que quiere hacer cuando deje atrás las rejas: quitarse el mono amarillo de la prisión. Ya Francis le tiene preparado un morral con la ropa y los zapatos que usará cuando sea libre. Junto a una chaqueta tricolor, que ella ya ha lucido en manifestaciones y que fue un regalo de un primo para su hijo, cuando pensaron que su libertad era inminente tras los hechos del 3 de enero.

Francis también sueña con presentarle a Caracas más a fondo, pues su conocimiento de la ciudad fue breve y fugaz. Su madre quiere llevarlo a comer pizza, a conocer el Sambil y a disfrutar la libertad que no acaricia desde hace casi seis años. 

Los gedeones saben bien que salir o no de prisión depende de una voluntad política, ya que quedaron excluidos de la posibilidad de una amnistía. Jonathan le reveló a su madre que han hablado con ellos de posibles opciones:  “No me dijo quién, pero les comentaron que si salen con indulto, de pronto hasta los saquen del país. Y me sorprendió cuando me dijo: ‘Yo prefiero irme y solamente quiero saber si te  irías conmigo’”. 

Francis Quiñones sostiene que el juicio de su hijo estuvo plagado de irregularidades y que la conculcación de sus derechos es más que suficiente para que el gobierno les conceda un indulto. Este 6 de abril, dirigió un mensaje a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a su hermano.  “Estamos esperando que den el indulto. Nuestros familiares no aplicaron para la amnistía por los delitos que les imputaron, o les hicieron asumir (…) A ellos les violaron su debido proceso. Exigimos a la comunidad internacional que nos apoye con este trámite”,  insistió.

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Aunque comprendería que su hijo quiera salir del país, “rehabilitarse y sanar” si no hay un cambio político estructural, la mayor aspiración de Francis es que Jonathan sea libre, que la situación política permita que se quede y que ambos trabajen para reconstruir una Venezuela donde la justicia no sea una palabra hueca.

“Aunque todos ellos quieren irse, yo quiero que él se quede si hay otro gobierno. Tanto que lucharon por Venezuela, tanto que dieron, que han pasado, ¿y se van a ir a trabajar a otro país? No, hay que trabajar por Venezuela, para reconstruir este país, yo también lo haré”, sentenció.

“De las adversidades salen las oportunidades”, agrega, mientras sigue afianzada en la fe que no le han podido arrebatar y en la esperanza de que el indulto le devuelva el abrazo de su hijo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Para Juan Carlos Caguaripano no existe la amnistía