¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 9 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
A solo horas de que los gremios y trabajadores intenten llegar al Palacio de Miraflores para exigir aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dirigió una alocución en horas de la noche de este 8 de abril con una dosis de esperanza calendarizada: informó que el próximo 1 de mayo su gobierno anunciará un aumento de salario. Eso sí, aclaró con insistencia que será un aumento “responsable y sostenible en el tiempo“.
La presidenta encargada con el aval de EE.UU no precisó de cuánto será el monto del aumento. aunque sin precisar monto. En una alocución centrada en justificar la debacle económica y atribuirla a las sanciones y bloqueos, informó nuevas comisiones, reformas y vinculó la mejora salarial a ingresos extraordinarios y activos bloqueados, en la víspera de una marcha laboral que exigirá reivindicaciones salariales.
Carlos Trapani sobre la negación de la amnistía para la adolescente Samantha Hernández: “Imputar terrorismo a una adolescente ya es grave, negarle la amnistía es aún peor”.
Lo que rompe en redes
Delcy Rodríguez anuncia la creación de un Consejo Nacional de Economía para crear un nuevo modelo tributario en Venezuela.
¡Este fue uno de los momentos más graciosos de los Juegos Olímpicos!
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El campeón griego de anillas, Eleftherios Petrounias, que ganó la medalla de oro, recibió un divertido estímulo del brasileño Arthur Zanetti durante la gala de clausura pic.twitter.com/ClH6nCLYuo
— Vive con Propósito. (@PropositoyVida) April 8, 2026
La ñapa (recomendamos…)
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A solo horas de que los gremios y trabajadores intenten llegar al Palacio de Miraflores para exigir aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dirigió una alocución en horas de la noche de este 8 de abril con una dosis de esperanza calendarizada: informó que el próximo 1 de mayo su gobierno anunciará un aumento de salario. Eso sí, aclaró con insistencia que será un aumento “responsable y sostenible en el tiempo“.
Rodríguez dedicó gran parte de su discurso a justificar la debacle económica nacional. Atribuyó la inflación de seis dígitos, el desabastecimiento crítico y la migración masiva —que dividió en “inducida” para profesionales y “vulnerable” para el resto— exclusivamente al “bloqueo y las sanciones”.
No obstante, dejó colar un llamado a la reflexión: “Pido que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos, pido no repetirlos”, señaló, sin precisar si esos errores incluían las políticas que llevaron al “socavamiento del concepto legal del salario” que ella misma admitió.
Cuentas alegres
Tras resaltar el “esfuerzo y sacrificio” de los trabajadores venezolanas en los años más aciagos de la crisis, la mandataria presentó la “evolución del ingreso mínimo”. Aseguró que, tras el programa de recuperación económica iniciado en 2018 por Nicolás Maduro, “Venezuela acumula “20 trimestres consecutivos de crecimiento” y “cinco años de recuperación económica”.
Según precisó, el ingreso mínimo de los trabajadores venezolanos -que es una categoría acuñada por este gobierno y no el salario mínimo establecido en la Constitución- pasó de 30$ en 2021 a 190$ en marzo de 2026, esto último recientemente gracias a supuestos “ingresos extraordinarios por venta de petróleo”.
Pero el dato más llamativo de su presentación fue el “ingreso no monetario” que de acuerdo con sus cuentas, reciben indirectamente los trabajadores del país. Según la funcionaria, los venezolanos perciben el equivalente a 189 dólares adicionales a través de subsidios directos, entre los que detalló un 97% de subsidio a través de los CLAP, 95% de subsidio por electricidad, 91,7% de subsidio de agua potable y 98% de subsidio de gas.
Más comisiones y agilización de trámites
Para “blindar” el futuro, Rodríguez anunció una serie de medidas administrativas y políticas, sin mencionar un cronograma electoral ni indultos a presos políticos, que son algunas de las demandas que destacan en agenda. Entre las acciones que implementará en el corto plazo se encuentran:
Promulgación de Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos: El presidente de la Asamblea Nacional y su hermano, Jorge Rodríguez, se la llevó para que la firmara: “En su artículo 6 me da facultades para eliminar los trámites innecesarios, reducir plazos que deban reducirse y agilizar los trámites que, a lo largo de la historia, atropellan a los ciudadanos y ciudadanas. Esta ley que firmo hoy es una ley de justicia para los venezolanos”.
Comisión para el Diálogo Laboral: Rodríguez anunció la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la constituyente Laboral y de Seguridad Social en curso, con participación del Estado, sector privado, trabajadores y pensionados. Un nuevo espacio para “visualizar un modelo” sin sanciones, donde el sector privado —que hoy aporta el 9% de las pensiones frente al 91% del Estado— tenga silla. Sin embargo, en este punto no se refirió a la ley de protección de pensiones publicada en mayo de 2024, que estableció una contribución especial del 9% sobre el total de pagos (bonos y salarios) de empresas privadas a sus trabajadores. Hasta ahora, eso no se ha traducido en mejores sustanciales a pensionados, quienes han sido rezagados en cada ajuste de bonificaciones.
Estudio de nuevo orden tributario: Delcy Rodríguez dispuso también instalar inmediatamente el Consejo Nacional de Economía Productiva para recibir propuestas de reformas en materia tributaria con miras a un sistema más competitivo y un nuevo modelo tributario “más eficiente” y en consenso con todos los sectores económicos.
Reforma inmobiliaria: Pidió a la Asamblea Nacional revisar leyes para “descongelar” medio millón de viviendas y ponerlas en el mercado inmobiliario para facilitar que sean adquiridas por los jóvenes.
Naturaleza estratégica de activos del Estado: La encargada anunció la creación de una Comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, conformada por el Estado, sector privado y poder popular. Queda excluida la industria de los hidrocarburos. “Quienes en sueño aspiran la privatización de Pdvsa, por ejemplo, para entregarla a poderes trasnacionales, sencillamente, están equivocados y se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos, porque es la industria que da vida, sustento, justicia social al pueblo de Venezuela, la que da crecimiento económico e impulsa otros sectores para seguir avanzando.
Mejorar calidad de vida dependerá de recuperación de activos
Rodríguez afirmó que la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero forma parte de la estrategia para sostener el ingreso de los trabajadores y atender el deterioro de los servicios.
“La recuperación de los activos y recursos en el extranjero bloqueados, y que son del pueblo, se destinará para impulso productivo de industria de hidrocarburos y minería, que garantice dar incrementos de salarios e, inmediatamente, rehabilitación de infraestructura básica electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales. Así está previsto en los dos fondos creados”, puntualizó.
La funcionaria insistió en que estos recursos solo podrán ejecutarse plenamente en la medida en que cesen las sanciones internacionales. “Una vez que cese el bloqueo y sanciones los recursos irán para el pueblo venezolano”.
“Peregrinación” contra las sanciones
Rodríguez convocó a una “gran peregrinación” que arrancará el 19 de abril en toda Venezuela y llegará a Caracas, casualmente, el 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente los trabajadores salen a las calles a exigir reivindicaciones.
Esta “peregrinación”, en la que instó a participar a todos los sectores económicos del país (industriales, pequeñas y medianas empresas, economía comunal), “a los sectores sociales jóvenes, estudiantes, mujeres, afrodescendientes y a los políticos” -previo llamado a dejar de lado diferencias- será para exigir en conjunto el “cese al bloqueo y a las sanciones.
La encargada del país con el aval de Donald Trump cerró su discurso citando una frase de Simón Bolívar en Angostura, que apela a la imaginación en los “siglos futuros”. Mientras, los trabajadores de hoy solo esperan que, por una vez, el aumento del 1 de mayo no se lo coma la inflación antes del 2.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, se pronunció por el caso de la adolescente Samantha Hernández, quien fue detenida el pasado 19 de noviembre de 2025, imputada por terrorismo, y a quien recientemente negaron concederle la amnistía.
En marzo de 2026, el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescentes con competencia en terrorismo le negó la amnistía a la adolescente sin ofrecer detalles al respecto.
Samantha está detenida por la misma razón que otras tres personas -miembros de una misma familia- terminaron también recluidas: por ser allegados a Cristian Hernández, un militar disidente en el exilio. Por este caso continúan tras las rejas Aranza Hernández, de 19 años y su tío Henry Castillo Hernández. Asimismo, Maykelis Borges, esposa de Cristian, permaneció un año en prisión, dio a luz en la cárcel y fue liberada con medidas cautelares en el mes de febrero.
A través de su cuenta en X, Carlos Trapani señaló que el caso de la adolescente no es solo un caso penal, sino que es el de una adolescente “enfrentando el poder del Estado y una sentencia que no explica por qué le niega un derecho”.
“La Ley de Amnistía no es una opción que el juez puede aceptar o rechazar libremente. Es obligatoria. Si se cumplen sus condiciones, debe aplicarse”, explicó el abogado.
Carlos Trapani afirmó que en este caso el tribunal tenía una tarea concreta y ordenada. Primero, analizar si los hechos ocurrieron en el contexto que la ley cubre especialmente situaciones vinculadas a procesos políticos y electorales. Segundo, verificar si esos hechos encajan dentro de los casos que la ley permite amnistiar; y tercero, determinar si existe alguna razón legal que impida su aplicación.
El análisis, a juicio del abogado, es básico; sin embargo la sentencia no lo realiza.
Falla estructural
El coordinador de Cecodap señaló que un segundo problema en el caso de la adolescente es cómo la sentencia usa las exclusiones de la ley. Trapani explicó que el tribunal sugiere que, por tratarse de terrorismo, la amnistía no puede aplicarse, pero la ley no excluye delitos por su nombre, sino por su naturaleza, salvo por violaciones graves de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad.
“Para afirmar que una exclusión aplica, el tribunal debía explicarlo con claridad, demostrando por qué los hechos encajan en esos supuestos según estándares jurídicos. Eso no ocurre. La exclusión se da por sentada, sin explicación”, indicó Trapani.
Para el abogado, la decisión trata la amnistía como si fuera una opción del juez. Pero no lo es. La ley establece que, cuando se cumplen sus condiciones, la acción penal se extingue por efecto de la amnistía y el tribunal debe declarar el sobreseimiento.
“No se trata de una decisión basada en la voluntad del juez, sino del reconocimiento de una consecuencia jurídica prevista por la ley. En ese sentido, no es discrecional: es una obligación derivada del cumplimiento de los supuestos legales”, explicó Carlos Trapani.
Cabe destacar que en la justicia penal adolescente, el sistema no está diseñado para castigar, sino para proteger, educar y favorecer la reintegración, por lo que cada decisión debe evaluar cómo impacta en su desarrollo, su salud mental, su entorno familiar y su proyecto de vida.
Decisión arbitraria
El abogado y coordinador de Cecodap explicó que cuando un adolescente es señalado por delitos de alta complejidad como terrorismo, el análisis no puede limitarse a su conducta. “Es imprescindible preguntarse si ha sido influenciado, instrumentalizado o utilizado por personas adultas o ha sido víctima de dinámicas de manipulación, captación o utilización por parte de terceros adultos”, escribió.
En ese contexto, señala Trapani, que imputar delitos como terrorismo sin un análisis individualizado riguroso y sin considerar estas dinámicas no solo plantea dudas de legalidad, sino que puede constituir una forma de victimización institucional.
“En ese contexto, la amnistía no era solo una opción jurídica, sino una herramienta de protección. La sentencia no lo entiende así. No analiza la ley en su núcleo, aplica incorrectamente las exclusiones, ignora el principio de interpretación favorable, desvirtúa el carácter obligatorio de la amnistía y omite el enfoque propio de la justicia penal adolescente”, explicó Trapani.
El abogado recalcó que el caso de Samantha Hernández no es una simple diferencia de criterios, sino una decisión jurídicamente inmotivada y, en consecuencia, arbitraria.
“Cuando una decisión judicial es arbitraria, deja de ser solo un error: se convierte en una violación de derechos. Este caso debe ser revisado. No solo por lo que dice la ley, sino por lo que está en juego: la vida, la dignidad y el desarrollo de una adolescente frente al poder punitivo del Estado. Porque cuando la justicia falla en proteger, también puede convertirse en fuente de daño”, analizó.
Imputar terrorismo a una adolescente ya es grave. Negarle la amnistía sin explicar por qué es aún peor.
No es solo un caso penal. Es una adolescente enfrentando el poder del Estado y una sentencia que no explica por qué le niega un derecho.
La directora de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Carolina Jimenez, se pronunció sobre el caso y alertó que la Ley de Amnistía “significó un paso positivo” pero su “uso arbitrario lesiona posibilidad de reconciliación y ahora deja a una niña en la cárcel”.
En #Venezuela se imputó a una adolescente de 16 años por "terrorismo" y además NO se le concedió la amnistía solicitada. Ley de Amnistía significó paso positivo pero su uso arbitrario lesiona posibilidad de reconciliación y ahora deja a una niña en la cárcel#LibertadParaSamanthahttps://t.co/QoVI2LcwwPpic.twitter.com/SWTpw0DeRg
— Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) April 7, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, elogió la Ley de Amnistía en Venezuela este martes, 7 de abril, basándose en un análisis generado por la respuesta que le dio una inteligencia artificial.
Durante una alocución televisada, Rodríguez dijo que su equipo le preguntó a la inteligencia artificial sobre la Ley de Amnistía en el país. La respuesta supuestamente comparó este texto legal con otros similares aprobados en otros países: “Es la ley que se ha aplicado con mayor rapidez, con mayor aplicación técnica. Pero siempre va a haber críticas y consideraciones”.
La oficialista sugirió a las personas hacer el mismo ejercicio para comparar este recurso legal con los implementados en procesos de reconciliación en países como Sudáfrica y España.
Por otra parte, Rodríguez denunció que supuestamente hay personas beneficiadas con esta ley y otros mecanismos judiciales “que están ahorita planificando el conflicto”. A su juicio, ese no es el “sentir de los venezolanos” y no cree que tras el 3 de enero “la agenda sea de conflicto, extremismo, radicalismo”. Asimismo, agregó: “No lo veo en el horizonte. No es el sentir de Venezuela”.
En ese sentido, pidió al Foro Interreligioso acompañarla a “hacer seguimiento a la Ley de Amnistía”, porque, según Rodríguez, “no hay nada que ocultar”.
“Ojalá se puedan incorporar. Ver el proceso. Ver quiénes se han beneficiado. Ver quiénes no pueden ser beneficiados de la Ley de Amnistía, pero se ha abierto otro espacio de consideración en mecanismos alternativos de la justicia. Y dejemos ya la palabra conflicto de lado”, agregó.
Finalmente, Rodríguez adelantó que le hablará al país próximamente “de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes”.
🚨 #ÚltimaHora | Durante el encuentro con líderes religiosos, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, pidió acompañamiento y seguimiento al proceso de la Ley de Amnistía como parte de los esfuerzos por la convivencia y la paz.
Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, se refirió a la comparación que hizo Delcy Rodríguez sobre la Ley de Amnistía de Sudáfrica, señalando que la misma “se promovió cuando se terminó el apartheid, no cuando este se mantenía en vigencia”. En cambio, destacó que en Venezuela esta ley “es ejecutada por un gobierno dictatorial, no democrático”.
“Y todas las experiencias de leyes de amnistía en América Latina, promovidas bajo gobiernos autoritarios, lograron liberar algunos presos políticos, pero su principal fin fue consolidar la impunidad“, añadió Uzcátegui vía X.
Para el defensor de derechos humanos, todos “los procesos genuinos de justicia transicional” en el continente, ocurrieron bajo “gobiernos democráticos que reconocieron la responsabilidad del Estado en las violaciones de DDHH”.
La referencia de Delcy Rodríguez a la ley de amnistía en Sudafrica es signicativa. Esa ley se promovió CUANDO TERMINÓ el apartheid, no cuando este se mantenía en vigencia.
En Venezuela la "ley de amnistía" es ejecutada por un gobierno dictatorial, no democrático.
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Para varios defensores de derechos humanos y abogados venezolanos, la negación de la amnistía a algunos presos políticos constituye una nueva violacion flagrante a los derechos humanos.
Así lo expuso, Liliana Ortega, cofundadora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 conocido como “El Caracazo” (Cofavic), quien expresó a través de su cuenta de X que la paz sin justicia, verdad y reparación no es paz: es silencio impuesto.
“Y que quede claro, las violaciones de los derechos humanos nunca podrán calificarse de infracciones como tampoco intentar obviar la triada de verdad, justicia y reparación en nombre de la paz”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, codirector de la ONG Laboratorio de Paz calificó la aprobada por la Asamblea Nacional Ley de Amnistía como “chucuta” y denunció que las autoridades siguen considerando a los beneficiarios de la norma como delincuentes. “Incluso, instándolos a no cometer esos mismos supuestos delitos en el futuro”.
El exmiembro de la ONG Provea indicó que esto es el reflejo de que el Estado no ha reconocido su responsabilidad en “graves violaciones de derechos humanos”.
Para Uzcátegui, más que ser considerado un proceso de reparación integral, la ley representa un acto mediático para reiterar la impunidad de los victimarios, bajo la “banalización del perdón sin justicia y el diálogo”.
“Proponer que victimarios y víctimas se encuentren y dialoguen suena lindo y hasta muy cristiano. Pero sería un profundo y terrible error en estas circunstancias. Bajo este ambiente, juntar responsables y afectados en una mesa será revictimizar, nuevamente, a quienes han sufrido abuso de poder”, dijo el defensor de DDHH.
En este sentido, el abogado Joel García, sostuvo en una publicación en X que la libertad no puede ser una concesión discrecional cuando se fundamenta en la inocencia probada y el respeto a los derechos, en referencia a la situación del también profesional del derecho, Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto en su casa portando un grillete electrónico.
”Sostengo que dicha ley es un fraude jurídico, carece de generalidad y progresividad. Al excluir lapsos temporales críticos y omitir la interpretación pro homine, se convierte en un instrumento de control político y no en un mecanismo de justicia restaurativa”, escribió el abogado.
En referencia a su colega Rocha, García dijo que la justicia no se negocia bajo simulacros legales que niegan la dignidad humana.
“Una amnistía que no es general no protege al perseguido por sus ideas, contraviene la ontoepistemología del Derecho Penal democrático”, puntualizó.
Asimismo, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol lamentó que buena parte de los presos políticos sigan sin ser liberados.
“La patraña de una presunta Ley de Amnistía sigue y presuntos jueces la aplican. Una verdadera desgracia, muy lejos de la transición a la democracia”, escribió en X.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este miércoles, 8 de abril, el politólogo y expreso político Nicmer Evans exigió la renuncia inmediata de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Desde las afueras de la sede del organismo en Caracas, Evans informó que el Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión consignó una comisión que contiene la solicitud formal de la renuncia de los miembros del CNE para “facilitar el proceso electoral” que demanda el país después de los hechos ocurridos el 3 de enero.
El segundo ítem incluye una propuesta de cronograma electoral para ejecutarse en un lapso máximo de 10 meses la cual implica revisión del Registro Electoral Permanente, la depuración de los circuitos electorales, todos los elementos contentivos de centros de votación y la necesidad de aceleración del registro electoral para los venezolanos en el extranjero.
La propuesta, según explicó, busca garantizar una selección más amplia y legítima de las autoridades electorales.
#8Abr | El politólogo y expreso político Nicmer Evans exigió este miércoles la renuncia inmediata de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde las afueras de la sede del organismo en Caracas.
Nicmer Evans expresó que los elementos burocráticos propios del Poder Electoral han dado largas para la recepción y firma de la comunicación.
¿Quiénes integran actualmente el CNE?
En agosto de 2024, el parlamento -de mayoría oficialista- designó a Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco y Carlos Quintero, como presidente, vicepresidente y rector principal, respectivamente. Todos con una marcada tendencia política afín al gobierno del expresidente Nicolás Maduro.
Amoroso está sancionado por Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea por acciones que, según estos organismos, “socavaron la democracia”.
En enero de 2025, la Unión Europea incluyó a Rosalba Gil en su lista de funcionarios sancionados por su responsabilidad en irregularidades electorales y el deterioro del estado de derecho en el país, después de las cuestionadas elecciones del 28 de julio.
Carlos Quintero también está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (desde 2017) y por Panamá, bajo acusaciones de “facilitar el fraude electoral y socavar la democracia en Venezuela”.
Juan Carlos Delpino, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad tras no haber aparecido para oficializar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, es junto a Conrado Pérez, rector principal del CNE.
La opositora Aime Nogal, funge también como rectora del ente. Aunque institucionalmente ocupa el espacio correspondiente a la oposición, su desempeño ha generado desconfianza entre quienes esperaban una postura más firme frente a las decisiones del chavismo dentro del organismo electoral.
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Ante la incertidumbre económica, la inflación que no da tregua y el reciente ajuste en las tarifas del transporte urbano, un aumento salarial se ha vuelto una necesidad apremiante para los venezolanos. No obstante, en el escenario de una economía con fallas estructurales, cabe la pregunta: ¿es viable un incremento real en las condiciones actuales? Este fue el tema central del conversatorio en el que participaron los economistas Asdrúbal Oliveros y Manuel Sutherland el pasado 7 de abril, en la Sala Francisco de Miranda de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El debate, organizado por el movimiento Salvemos Venezuela, tuvo un doble propósito: brindar propuestas de soluciones frente a la crisis económica nacional, y generar presión hacia los responsables de la toma de decisiones. Así lo manifestó Lustay Franco, presentadora del evento. El encuentro fue moderado por Vanessa Robertazzo, abogada especialista en Derecho Penal, y Nicmer Evans, politólogo con maestría en Psicología Social y director del medio digital Punto de Corte y expreso político. Ambos moderadores son egresados de la UCV.
Mañana @Marxiando y yo estaremos en la UCV hablando de economía y salarios. Debatiendo ideas sobre cómo abordar el tema salarial y pensiones en la coyuntura actual.
Asdrúbal Oliveros, economista egresado de la UCV, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y director de Ecoanalítica por dos décadas, inició la jornada con su diagnóstico económico. Según Oliveros, el Banco Central de Venezuela reconoció en febrero una tasa de inflación superior al 600%, cifra que confirma la permanencia del país en un ciclo hiperinflacionario.
Según el profesor Oliveros, la inflación y las propuestas de ajuste salarial son dos caras de la misma moneda: “Cualquier discusión sobre mejoras salariales debe resolver primero el problema inflacionario; de lo contrario, no sería sostenible”, afirmó.
Entre sus propuestas, destacó la necesidad de exigir una auditoría real del flujo de caja nacional, especialmente considerando que el Estado ha incrementado su capacidad de recaudación. De hecho, incluso antes del 3 de enero, el país ya registraba un aumento en los ingresos petroleros, precisó.
Oliveros estimó que si para finales de año no se frena la inflación en Venezuela, el país podría enfrentar una dolarización impuesta por la tutela estadounidense.
Consideró indispensable que la ciudadanía conozca el destino del gasto público, especialmente cuando el país no publica cifras fiscales desde hace más de una década.
Por ello, el economista propone una reforma de ley y un debate tripartito entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. “Hay que volver a un esquema donde la gente gane sueldos y no bonos”, aseveró.
Finalmente, Oliveros resaltó la importancia de construir un nuevo régimen de seguridad social: “Porque, amigos, aquí la seguridad social está destruida”, sentenció.
¿El aumento será de bonos?
El segundo ponente del conversatorio celebrado en la UCV fue Manuel Sutherland, economista con maestría en Ingeniería Industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), quien sostuvo que Venezuela ha sufrido “la mayor destrucción económica” registrada en un país sin conflicto bélico.
Asimismo, pronosticó que el anuncio esperado para el 1° de mayo consistirá en un incremento de las bonificaciones, mas no del salario base, que es lo que ha venido haciendo el gobierno desde el año 2022.
“El peso más duro de la crisis lo ha sufrido la clase obrera”, denunció Sutherland, al tiempo que subrayó la necesidad de garantizar la independencia institucional del Banco Central para asegurar la estabilidad de la moneda y desvincular la política monetaria del financiamiento del gasto público.
La economía también pide transición
Ambos economistas coincidieron en que el Estado debe rendir cuentas de forma transparente sobre los ingresos obtenidos. Asimismo, enfatizaron que una transición política es urgente y necesaria para mejorar la situación económica.
“Este país requiere reformas que no son fáciles”, declaró Oliveros. Para este año, se proyecta un incremento cercano al 30% en la producción petrolera, en un marco de precios elevados debido al conflicto en Irán.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Francis Quiñones habla con firmeza, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre años de resistencia. Alta y de mirada directa, acompaña con vehemencia cada punto del relato de lo que se ha convertido su vida y la de su familia en los últimos seis años.
Su voz es un dedo índice que señala con nombres y apellidos a quienes mantienen a su hijo, el sargento Jonathan Franco Quiñones, tras las rejas. Sentenciado a 24 años y seis meses por la “Operación Gedeón”, el caso de Jonathan es un catálogo de todas las crueldades que un sistema represivo puede ejercer sobre un preso político.
“Por qué tanta injusticia y maldad?, preguntaba el pasado 17 de marzo esta mujer de 57 años durante una de esas protestas en las que también increpaba a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y enviaba un mensaje certero al mandatario estadounidense, Donald Trump: “La amnistía fue puro maquillaje”.
La Operación Gedeón fue un intento de incursión marítima en Venezuela ocurrido el 3 de mayo de 2020. El objetivo declarado por los organizadores (militares desertores y la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp) era capturar a figuras clave del gobierno de Nicolás Maduro y liberar a los presos políticos. El operativo fracasó luego de “infiltraciones”, según aseguran quienes participaron en él y fueron posteriormente capturados tras su desembarque en Macuto (La Guaira) y Chuao (Aragua).
Al menos seis disidentes de este primer desembarco cayeron tras ser detectados por fuerzas tácticas del Estado. Francis Quiñones sostiene que también fueron “torturados” y luego “ajusticiados”. “De parte de ellos -el gobierno- no hubo ni una baja, los gedeones no tienen las manos manchadas de sangre. Es una venganza”, insistió.
Otro grupo fue detenido, entre ellos, Jonathan Franco Quiñones. Cuando solo tenía 22, le arrebataron su libertad en mayo de 2020 en las montañas de la Colonia Tovar, estado Aragua, días después del desembarco inicial de la Operación Gedeon.
Al joven militar, hoy de 27 años, lo procesaron por cargos que incluyen terrorismo, conspiración, traición a la patria y tráfico ilícito de armas de guerra. En 2024, al cumplirse cuatro años de la Operación Gedeón,el Foro Penalenumeró las irregularidades del proceso judicial que enfrentaron Quiñones y sus compañeros: nunca fueron trasladados a tribunales, pues las audiencias se llevaban a cabo en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Bajo amenaza, denunciaron, fueron obligados a admitir su participación en los hechos.
Asimismo, y como ha ocurrido en la mayor parte de los casos de los presos políticos, les impidieron designar defensores de confianza -lo cual solo fue posible al iniciar la etapa de juicio- y les impusieron defensores públicos “alineados con los jueces”. A ello se suma que recibieron distintos años de condena pese a ser imputados por los mismos delitos: conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.
El juramento roto y el salto al vacío
El sueño de Jonathan era estudiar medicina, pero no tenía el promedio que se requería, aunque se graduó de bachiller en mención hospitalaria en una escuela técnica. Optó entonces por sumarse a las filas de la Guardia Nacional Bolivariana, animado por el ejemplo de su mejor amigo, quien sin embargo, terminó siendo luego parte de la diáspora.
Pero en el año 2019, el uniforme militar empezó a pesarle. El contexto era un país que crujía bajo la crisis y una Fuerza Armada fracturada entre la lealtad al mando y la realidad del hambre en las calles.
“Mamá, me están exigiendo que le quite a las personas en las alcabalas los productos que traen de Colombia“, recuerda la señora Francis que le confesó su hijo. En medio de la crisis económica y el colapso institucional, el joven comenzó a rechazar estas prácticas indebidas dentro del cuerpo militar.
Aquel año estuvo marcado por el intento de ingreso de ayuda humanitaria desde Cúcuta y el llamado de sectores políticos a los militares a “ponerse del lado correcto de la historia”, en el marco de la crisis política que acentuó el establecimiento de un gobierno interino representado por Juan Guaidó y reconocido por Estados Unidos y más de 50 países.
La madre de Jonathan-una expolicía pensionada del estado Mérida- planeó viajar en ese febrero de 2019 a la ciudad fronteriza de Ureña, en Táchira, para acompañar a las “damas de blanco” a una actividad en exigencia de que se permitiera la entrada de la ayuda humanitaria. El 22 de ese mes también tuvo lugar un concierto en Cúcuta con la presencia de destacados artistas internacionales para recaudar fondos de ayuda humanitaria y visibilizar la situación en Venezuela.
La actividad cultural atrajo la atención del joven y de más de 300 000 personas. En ese momento, Jonathan estaba de vacaciones y con la idea de desertar entre ceja y ceja: “Estábamos esperando que su mejor amigo, el que nunca se graduó en la Guardia, le enviara los pasajes para él irse para Perú”, indica su madre.
Finalmente, Jonathan y Francis pudieron ir al concierto en Cúcuta y se regresaron a Ureña, donde ella participó en la actividad de mujeres que tenía prevista y que fue atacada con bombas lacrimógenas por funcionarios militares. Aunque el sargento de la GNB no había asistido, se enteró por redes sociales del peligro que corría su madre y las manifestantes. No vaciló en hacer acto de presencia.
“Él se dio cuenta de lo que estaba pasando, me llamó. Y me dijo: ‘¿Dónde estás tú?’ Yo le dije que no se moviera, que se quedara, porque era un guardia activo. Entonces me dijo: ‘Voy agarrando un mototaxi y me voy para allá’. Y llegó adonde yo estaba. Allí se puso a tirarle a sus propios compañeros, a los guardias. Primero con una franela en la cabeza, y después no le importó nada. Se enfrentó a ellos. Después viene y me dice: ‘Mamá, ahora sí me voy a tener que volar. Yo creo que yo salí en vídeo’”, narra la señora Quiñones.
Aunque ella lo convenció de que regresaran prontamente a la ciudad de Tovar en el estado Mérida -de donde son oriundos-,al día siguiente, Jonathan decidió dar un paso que no tuvo retorno: “Me mostró su celular y me dice: ‘Mamá, mire lo que pasó. Cruzó una tanqueta para el lado de Colombia y Guaidó está diciendo que los militares se pongan del lado correcto de la historia, yo me voy”. Yo le dije: ‘¿Cómo te vas a ir, muchacho? Tú allí no conoces a nadie. No me hagas esta vaina, hijo, te lo suplico”.
Pero para Jonathan, no había vuelta atrás. “Este es el momento, mamá. Yo me voy. Yo me voy a poner del lado correcto”. Ante la determinación del sargento, su madre no tuvo otra opción que acompañarlo a cruzar la trocha rumbo a Colombia, en una travesía que calificó de “terrible”.
“Yo llegué con él a Colombia. Allá nos recibieron en Migración. A él lo llevaron para un sitio, a mí me llevaron para otro. Nos separaron. Yo estuve como ocho días. Después de esos ocho días me pude ver con él y yo dije: ‘Quédate, pero ten cuidado con lo que vas a hacer, papá’”, narra Francis Quiñones.
Durante meses, el contacto fue intermitente. Se reportaba circunstancialmente, decía que estaba trabajando en una finca, y su madre lo veía cada vez más delgado y desmejorado. El silencio cada vez se prolongaba más. Su madre comenzó a sospechar que podía estar “en algo raro”, certeza que comprobaría luego.
“Sentí que me lo estaban matando”
En mayo de 2020 se conoció el intento de incursión marítima conocido como Operación Gedeón. Francis pensó primero que todo se trataba de un “show mediático” hasta que vio a su hijo en un video. “Eso fue para mí… yo creo que perdía un kilo diario”, suspira al recordar.
“Ellos entraron todos por Macuto y los estaban esperando. Fue cuando mataron a seis de sus compañeros. Se infiltraron y los delataron. Lamentablemente, nosotros creemos saber quién se infiltró. Esas son cosas que ellos en su momento dirán. Y esa persona que la infiltró está presa con ellos”, amplió la madre del preso político.
Después de una semana huyendo, Jonathan fue capturado el 10 de mayo en la Colonia Tovar. Dos días más tarde, apareció en un video difundido por Venezolana de Televisión. “Cuando lo vi, sentí que me lo estaban matando”, destaca entre sollozos su mamá
La detención de Jonathan fue el prólogo de un martirio físico. Para que grabara el video de confesión difundido por el canal del Estado, fue sometido a siete golpizas en un solo día. Siete sesiones de tortura que lo dejaron evacuando sangre por semanas. El joven de 1,95 metros y 95 kilos, se redujo a una sombra de 65 kilos.
Cuando finalmente su mamá pudo verlo, siete meses después de la detención, encontró señales físicas de violencia. “Le vi la nariz, el tabique fracturado”. Jonathan le explicó su participación bajo coacción en el video difundido por el canal del Estado: “Yo le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y su respuesta fue: ‘Mamá, siete veces me subieron a darme coñazos. Siete veces y ya la séptima vez me dijeron, ‘o tú hablas o vamos por el dueño de esta línea telefónica’” (que pertenecía a un familiar).
En este procedimiento, se vulneró el artículo 46 de la Constitución, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como los artículos 2 y 12 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también prohíben la tortura y establecen que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de ella u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada.
El Helicoide, la “mansión” y el calvario de Guaicaipuro
Durante sus primeros años de reclusión y hasta mediados de 2025, Jonathan permaneció en El Helicoide. Allí, según su madre, las condiciones fluctuaban entre momentos de relativa estabilidad y episodios de castigo. Al llegar, estuvieron 40 días encerrados todos los gedeones en un diminuto espacio.
Luego, vivieron una especie de “espejismo”. Los pusieron a construir cubículos de lujo para los detenidos por la trama de corrupción de Pdvsa. A cambio, se les permitió edificar “La Mansión”, un espacio con aire acondicionado, televisor y cocina que la propia gente de Pdvsa financió.
Sin embargo, tras las elecciones de julio de 2024, el tenue respiro se desvaneció. “En ese año se puso difícil la cosa. Restringieron las visitas, luego las quitaron, yo me enteraba por otros familiares porque estaba en Mérida. Un día cualquiera, llegaron y les demolieron la mansión y se tuvieron que ir otra vez a cubículos normales”, precisa la señora Quiñones.
En agosto de ese mismo año, la persecución cercó al hijo menor de Francis, quien tuvo que salir apresuradamente de Venezuela. “Me lo querían meter preso”, relata ella. El joven había participado en actividades políticas y de seguridad tanto en las primarias de 2023 como en las presidenciales, lo que lo puso en la mira de los organismos de seguridad. Una madrugada, un amigo de la familia, funcionario, del Cicpc, le avisó que el muchacho estaba en una lista de detenciones de la “Operación Tun-Tun”. “Hay que sacarlo”, le advirtieron. Dos días después, ya estaba fuera del país.
El año que transcurrió luego de los comicios presidenciales se caracterizó por una represión exacerbada contra la población civil y los presos políticos también vieron empeorar sus condiciones de reclusión. En ese contexto, Franco Quiñones fue trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares, en Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda, específicamente el 31 de julio de 2025.
Durante seis meses no hubo información sobre su paradero ni el de otros 31 gedeones. Las familias pedían una fe de vida, un contacto, una llamada, y solo se encontraban con evasivas y silencio.
“Tú te llegabas a imaginar lo peor, mi hermana se llegó a imaginar con lo de las lanchas en el Caribe, cuando las bombardeaban, que los metían allí como conejillos de Indias. Yo también llegué a pensar eso cada vez que explotaban una lancha de esas”, expresa Francis, mientras revive con gestos esa angustia.
Para la merideña, ni siquiera la palabra “horror” puede definir lo que vivieron los condenados por la Operación Gedeón en Guaicaipuro, durante esos seis meses de aislamiento e incomunicación en donde la alimentación era deficiente: el menú consistía en un plato de arroz o pasta, sin proteínas, y una sola vez al día.
“Los tuvieron desnudos por 15 días por un período de ‘adaptación’, durmiendo en lápidas de cemento y eran obligados a comer tras meter las manos en letrinas con excrementos”, detalló.
La señora Quiñones identificó como responsables de esos tratos crueles al Ministerio del Servicio Penitenciario y al exdirector del centro, mayor (GNB) Edixon Ollarves Calderón, destituido hace un mes tras las denuncias insistentes de las madres.
Estos episodios reflejan una violación flagrante a las Reglas Mandela (Regla 22), que exigen alimentación de valor nutritivo y agua potable para los presos; al artículo 83 de la CRBV sobre el derecho a la salud, y al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en cuanto al trato digno al procesado. El uso de excrementos, por su parte, califica como trato degradante bajo el Estatuto de Roma.
Otra historia después del 3Ene
Para Francis, el operativo del 3 de enero de 2026 —cuando misiles cayeron sobre Caracas, La Guaira y Miranda, en una operación de EE.UU para capturar a Nicolás Maduro.— representó un punto de quiebre. Ese día, en medio del caos y la incertidumbre, los presos del Fuerte Guaicaipuro se gritaban mensajes de despedida de muro a muro, sin advertir que se podría abrir una leve rendija de esperanza en su lucha por la libertad.
Como consecuencia de esa fecha el gobierno, presionado por la movida del tablero político, anunció excarcelaciones de presos políticos. La declaración de Jorge Rodríguez del 8 de enero encendió una chispa de esperanza que movilizó a las madres de presos políticos a las vigilias. Francis madrugó frente a Guaicaipuro esperando una libertad que no llegó. Fue recibida por funcionarios encapuchados y con fusiles que le decían: “Acá no hay orden de libertad, ni de nada, se me retira, señora”. Sin embargo, ese día la invisibilidad terminó; el caso de Jonathan ya no estaba bajo tierra.
“Si no hubiera sido por ese 3 de enero, ni los cuerpos hubiéramos conseguido.Los estaban matando lentamente”, afirma Francis Quiñones.
Después de múltiples intentos y presiones, finalmente, el 12 de febrero Francis volvió a mirar a los ojos a Jonathan. O a lo que había de él para entonces, porque lo encontró en un estado “irreconocible”: “Yo no sabía si salir corriendo, o llorar. No me pidió ni la bendición. O sea, estaba totalmente ido. Terrible. Él me decía, ‘¿pero qué le pasa?’ Y se reía. Fue a agarrar los cubiertos, y como ellos comían con las manos, no sabía cómo agarrarlos. Los tomó como cuando un niño estaba empezando a comer”, relata con estupor.
Su madre sospecha que pudo haber sido medicado para inhibir el hambre y las respuestas emocionales, como le contó un expreso político hoy exiliado en Colombia que vivió durante su detención. “Querían acabarlos poco a poco, volverlos locos”, dice.
Francis Quiñones insiste en que la intención de “acabar con los gedeones” y no liberarlos es porque les temen: “Ellos no liberan a los militares porque les tienen miedo. Porque después de que salga Caguaripano y esté en la calle, ¿qué va a pasar con las fuerzas militares? O que liberen a los gedeones… Al salir los militares que están presos, la Fuerza Armadase va a rebotar. Y eso es lo único que les queda a esta gente. La Fuerza Armada. Por eso es que no los quieren liberar”.
La madre del preso político es enfática al afirmar que “todos los militares son los presos de ellos, de Diosado y de Padrino López, que ya salió”.
En Fuerte Guaicaipuro, con el cambio reciente de autoridades, percibe una leve mejoría: más comida, acceso a medicamentos y entregas más frecuentes de los paquetes que llevan los familiares, así como permiso para breves actividades físicas. Aunque aún en las visitas actuales -que son cada 15 días- les vendan los ojos, prohíben el contacto físico y siguen grabando los encuentros.
El reencuentro con la fe que también estaba presa
Al pedirle que describa a Jonathan, la señora Quiñones enfatiza que es un joven “con una profunda vocación de servicio, disciplinado y de principios sólidos”. Resalta además su nobleza y la “fortaleza inmensa que le ha permitido resistir años de tratos inhumanos sin quebrar su voluntad”.
En medio de todo el proceso que ha atravesado su hijo, hubo otro quiebre: el de la fe. Durante su reclusión en El Helicoide, Jonathan le dijo a su madre que ya no creía en Dios.
“A mí eso me daba un dolor. Él me decía que Dios no existía”. Pero en la más reciente vista antes de la Semana Santa de 2026, su relato fue distinto: “Me dijo que todo se lo entregó a Dios y que tenía un compromiso con él. Y está más fortalecido. Yo a veces digo que quizás a mi hijo le faltaba que viviera esto, este pedacito que vivió en Guaicapuro, quizás lo tenía que vivir”.
Su madre se aferra a esa idea como a una tabla en el naufragio, pues gracias a ese reencuentro con la fe, ahora coinciden ambos en una misma espera:“Por la justicia de Dios. Porque todo esto que está pasando es él, moviendo sus herramientas, él dio oportunidad para que se arrepintiera -en referencia a Maduro- . Es que ellos pensaban que podían pasar sobre Dios y les dio su merecido. Esperamos por la justicia divina, porque ese señor, el catire de los EE.UU, es un pecador igual que nosotros. Pero Dios está moviendo sus herramientas”.
Un indulto, una pizza y el sueño de reconstruir
Jonathan ya sabe lo primero que quiere hacer cuando deje atrás las rejas: quitarse el mono amarillo de la prisión. Ya Francis le tiene preparado un morral con la ropa y los zapatos que usará cuando sea libre. Junto a una chaqueta tricolor, que ella ya ha lucido en manifestaciones y que fue un regalo de un primo para su hijo, cuando pensaron que su libertad era inminente tras los hechos del 3 de enero.
Francis también sueña con presentarle a Caracas más a fondo, pues su conocimiento de la ciudad fue breve y fugaz. Su madre quiere llevarlo a comer pizza, a conocer el Sambil y a disfrutar la libertad que no acaricia desde hace casi seis años.
Los gedeones saben bien que salir o no de prisión depende de una voluntad política, ya que quedaron excluidos de la posibilidad de una amnistía. Jonathan le reveló a su madre que han hablado con ellos de posibles opciones: “No me dijo quién, pero les comentaron que si salen con indulto, de pronto hasta los saquen del país. Y me sorprendió cuando me dijo: ‘Yo prefiero irme y solamente quiero saber si te irías conmigo’”.
Francis Quiñones sostiene que el juicio de su hijo estuvo plagado de irregularidades y que la conculcación de sus derechos es más que suficiente para que el gobierno les conceda un indulto. Este 6 de abril, dirigió un mensaje a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a su hermano. “Estamos esperando que den el indulto. Nuestros familiares no aplicaron para la amnistía por los delitos que les imputaron, o les hicieron asumir (…) A ellos les violaron su debido proceso. Exigimos a la comunidad internacional que nos apoye con este trámite”, insistió.
Aunque comprendería que su hijo quiera salir del país, “rehabilitarse y sanar” si no hay un cambio político estructural, la mayor aspiración de Francis es que Jonathan sea libre, que la situación política permita que se quede y que ambos trabajen para reconstruir una Venezuela donde la justicia no sea una palabra hueca.
“Aunque todos ellos quieren irse, yo quiero que él se quede si hay otro gobierno. Tanto que lucharon por Venezuela, tanto que dieron, que han pasado, ¿y se van a ir a trabajar a otro país? No, hay que trabajar por Venezuela, para reconstruir este país, yo también lo haré”, sentenció.
“De las adversidades salen las oportunidades”, agrega, mientras sigue afianzada en la fe que no le han podido arrebatar y en la esperanza de que el indulto le devuelva el abrazo de su hijo.
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