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Celebran concesión de premio Rudolf Benario de DD. HH. a la defensora Ligia Bolívar

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La fundadora del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), socióloga, educadora y defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, fue galardonada con el premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), de Alemania.

La institución expresó en un comunicado que le otorgaron este reconocimiento en virtud de “sus destacadas contribuciones globales a la promoción de los derechos humanos”. Añadieron que el premio “honra especialmente su compromiso con los migrantes y refugiados, así como sus esfuerzos por documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

Bolívar es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, y actualmente reside en el exilio en Colombia. Anteriormente, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y representante regional de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe, España y Portugal. También lideró un proyecto de participación de la sociedad civil en el marco de la iniciativa de reforma judicial de la Corte Suprema de Venezuela.

La Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU) destaca que en los últimos años, Bolívar ha sido una “crítica acérrima de las tendencias autoritarias tanto del actual gobierno de Maduro en Venezuela como de la administración Trump en Estados Unidos”.

“Un faro de integridad que no ha podido ser silenciado”

Diversas organizaciones celebraron el reconocimiento otorgado a Ligia Bolívar. Justicia, Encuentro y Perdón consideró que es motivo “de inmenso orgullo y una luz de esperanza al ver reconocida la labor de una activista venezolana cuya entrega ha sido inquebrantable”.

Consideraron que en un contexto marcado por el asedio a las libertades, la trayectoria de Bolívar—desde la fundación de Provea, su labor en el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y desde hace unos años en AlertaVenezuela- “representa la columna vertebral del activismo ético y valiente en nuestra región. Este galardón exalta su admirable determinación para documentar la verdad y su compromiso inquebrantable con los más vulnerables, especialmente con los migrantes y refugiados que hoy recorren el continente, reafirmando que su voz es un faro de integridad que no ha podido ser silenciado ni por el exilio ni por el autoritarismo”.

Desde Provea, la organización de la que fue fundadora, aplaudieron que haya sido reconocido “el consecuente compromiso de Ligia Bolívar con la causa de los Derechos Humanos en Venezuela y la región”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Liberaron a cuatro detenidos en protesta del 9 de abril

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La noche del 10 de abril fueron liberados los cuatro hombres que habían sido detenidos en la protesta del 9 de abril por reivindicaciones laborales de trabajadores y pensionados, que tuvo lugar en la ciudad de Caracas y que fue reprimida por funcionarios policiales.

La información fue confirmada por el expreso político, abogado y especialista en derechos humanos y laborales, Eduardo Torres, a través de su cuenta en X. En el mensaje, agradeció a familiares, a la Coalición Sindical, a estudiantes, a periodistas y a embajadas, por mantener el apoyo a la causa y también exigió libertad para todos los presos políticos.

Los detenidos y hoy liberados fueron:

  • Ort Betancourt de 21 años de edad, estudiante de la Unexpo.
  • César Gómez, dirigente vecinal de Catia la Mar, estado Vargas.
  • Adrián Balza, trabajador informal.
  • Tony Zapata, profesor de una escuela en Carapita, Antímano, que sufre de epilepsia.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sindicales informó que se hablaba de un quinto detenido, pero la información no había sido confirmada.

Represión como en los “viejos tiempos” políticos

La protesta del 9 de abril, cuya aspiración era llegar al Palacio de Miraflores, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En medio del caos que generó el impedimento a los manifestantes de transitar libremente, ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias.

Los manifestantes tuvieron que sortear al menos seis barricadas policiales que impedían el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación.

Varias organizaciones de derechos humanos condenaron la represión y alertaron que se mantienen las mismas prácticas del gobierno que encabezó Nicolás Maduro.

Marino Alvarado, activista de derechos humanos, recalcó que estas detenciones en el marco de una protesta pacífica significan “que se mantiene viva la criminalización a la protesta en estos ‘nuevos tiempos'”. Preguntó al nuevo fiscal general Larry Davoe “si seguirá con lala política de su antecesor o empezará a rectificar prácticas contrarias a los derechos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La paz no se decreta: mujeres, diálogo y poder en Venezuela

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El reciente encuentro convocado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para promover un supuesto “Acuerdo por la paz y el bienestar nacional” plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante un sincero intento de diálogo o frente a un nuevo mecanismo de control político disfrazado de inclusión?

Para responder a esa pregunta, es necesario partir de una premisa fundamental: el feminismo, en su esencia, es profundamente pacifista. Pero eso no significa que todas las mujeres lo sean.

El feminismo es también, como señala Amelia Valcárcel, un proyecto civilizatorio. Gracias a luchas pacíficas, aunque firmes y valientes, las mujeres hemos conquistado derechos fundamentales: acceso a la educación, a profesiones que por años nos fueron negadas por inapropiadas para las “mujeres honestas”, a los derechos civiles, a ser juzgadas con los mismos baremos que los hombres, a la participación política y la igualdad ante la ley. En otras palabras, hemos obligado a que los ideales de la Ilustración del siglo XVIII, igualdad, libertad, ciudadanía, se cumplan también para nosotras.

No fue fácil. Durante siglos, esos ideales se formularon en masculino. La “fraternidad” de la Ilustración dejó claro que las mujeres no estaban incluidas. Querían sociedades humanitarias y libres, pero solo para ellos. Y mientras ellos se reservaban el espacio público, a nosotras se nos relegaba al ámbito doméstico, consideradas incapaces de participar en los asuntos “elevados” de la sociedad.

Y, sin embargo, hemos avanzado. Hace menos de 80 años, apenas el 2,38 % de los egresados de la Universidad Central de Venezuela eran mujeres. Hoy llenamos las aulas y hemos irrumpido en todos los espacios, incluida la política.

Aclaro esto porque el feminismo siempre necesita ser explicado, defendido, reivindicado. Pero vuelvo al punto inicial: el feminismo es pacifista, aunque no todas las mujeres sean pacifistas. No somos una categoría moral o antropológica distinta de los hombres. También hemos sido parte de conflictos y guerras cuando las circunstancias lo han exigido. La historia lo demuestra: mujeres que combatieron en la resistencia contra el nazismo, enfrentando con valentía a regímenes totalitarios, y hoy mujeres que integran fuerzas aéreas en zonas de combate. La participación en la guerra no nos es ajena.

Y a lo que voy.

En más de 20 años trabajando por los derechos de las mujeres, convocando a mujeres de posiciones políticas diversas porque creo profundamente que el feminismo debe ser un espacio de encuentro, he aprendido algo esencial sobre el poder y la violencia: que el poder rara vez se entrega voluntariamente, y que la violencia, explícita o estructural, es una de sus principales barreras de acceso.

Esa violencia está profundamente arraigada en nuestras sociedades patriarcales, donde persisten estructuras de subordinación y sistemas de valores que descalifican sistemáticamente las voces y acciones de las mujeres.

En Venezuela, esa tensión se hizo evidente desde hace años. Ya en 2002, las fracturas dentro del movimiento feminista comenzaron a profundizarse debido a diferencias políticas. Algunas mujeres defendían un proyecto político que justificaba el uso de la violencia como mecanismo para alcanzar una supuesta justicia social.

Frente a eso, desde la Asociación Cauce, apostamos por otra vía: convocar a mujeres de distintas tendencias a trabajar juntas en la defensa de sus derechos dentro del único marco que podía garantizarlos de manera sostenible: el proyecto democrático.

El chavismo, sin duda, supo apropiarse del discurso feminista para proyectarse como una vanguardia. Promovió leyes importantes, pero al mismo tiempo diseñó mecanismos de participación controlada. La Ley de Consejos Comunales de 2006, presentada como una herramienta de democracia directa, amplió la participación de las mujeres, pero bajo estructuras de supervisión política que terminaron excluyendo a quienes no se alineaban con el proyecto oficial.

El resultado es conocido: restricciones a las libertades, criminalización del disenso, debilitamiento institucional y una profunda crisis social, política y ética. Nada de esto es compatible con los principios del feminismo.

Y, sin embargo, muchas mujeres continuaron creyendo que participaban en una lucha emancipadora, mientras se silenciaban las responsabilidades concretas de quienes sostenían ese sistema de poder.

Por eso sorprende (y preocupa) que hoy se convoque a un “Acuerdo por la paz y el desarrollo integral de las mujeres venezolanas” en términos que hablan de inclusión, soberanía y estabilidad, sin que existan condiciones reales para un diálogo genuino.

No hay paz posible sin espacios donde se pueda hablar libremente. Sin reconocimiento de las heridas. Sin posibilidad de cuestionar. Sin aceptar la necesidad de procesos de justicia transicional y restaurativa.

Cuando el diálogo se plantea sin estas condiciones, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para acallar el disenso, para legitimar decisiones ya tomadas, para dar apariencia de inclusión donde no hay verdadera participación.

Mis años de trabajo en la construcción de espacios de diálogo entre mujeres en Venezuela me han enseñado que, aunque no todas las mujeres sean pacifistas, la gran mayoría anhela vivir en paz. Pero esa paz no puede construirse desde arriba ni desde el control.

Requiere que las mujeres sean verdaderas actoras del proceso. Que haya escucha real. Que las víctimas puedan hablar. Que quienes han ejercido el poder reconozcan sus responsabilidades. Así ha ocurrido en los procesos de paz en otros países, como Colombia, donde el reconocimiento del conflicto y la inclusión de múltiples voces fueron condiciones indispensables para avanzar. Tomó tiempo, el tiempo que era necesario.

La paz no se decreta ni se construye desde espacios controlados. Al contrario, la paz exige verdad, justicia y participación real. Y si las mujeres hemos de ser convocadas, no puede ser para legitimar acuerdos ya definidos, sino para incidir en ellos. De lo contrario, no estaremos ante un proceso de diálogo, sino ante una nueva forma de silenciamiento.

Tampoco puede convocarse a las mujeres para legitimar la ausencia de elecciones libres, ni para sostener arreglos de poder que, como en El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, buscan que todo cambie para que nada cambie. La paz no puede construirse sobre la expectativa de una aquiescencia silenciosa por parte de las mujeres.

@nataliabrandler | nataliabrandler@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

24 años del 11Abr: tres policías metropolitanos dependen de una “orden política” para ser lbres

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Este año 2026 se cumplen 24 años de los hechos del 11 de abril de 2002, por los que tres policías metropolitanos —Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar— permanecen privados de libertad, en un caso marcado por cuestionamientos judiciales, denuncias de irregularidades y el reclamo persistente de sus familiares por su excarcelación.

Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina son los rostros de una justicia suspendida. Con el 75% de su pena cumplida y beneficios procesales que nunca llegan, sus familias denuncian que su libertad depende de una “orden política” que el chavismo se niega a firmar.

Los agentes de la extinta Policía Metropolitana (PM) son hoy los últimos de su grupo que permanecen en prisión, convertidos en símbolos de lo que sus allegados califican como un ensañamiento político.

Aquel día, la marcha opositora que se dirigía al Palacio de Miraflores terminó en hechos de violencia, tras ser confrontada por oficialistas civiles en Puente Llaguno. Tras un juicio cuestionado y calificado como el más largo de la historia venezolana, once funcionarios fueron condenados. Hoy, mientras otros han recibido medidas humanitarias o cumplido su condena, Bolívar, Rovaín y Molina siguen esperando.

Para Katherine Molina, hija de Luis Molina, cada negativa a sus solicitudes representa una nueva fractura emocional, “una nueva caída, un golpe al corazón y a la razón, demasiado brutal para mí y mi familia”, expresó, en nota de prensa.

Insiste en que no se trata de una concesión, sino de un derecho: la libertad que, afirma, le corresponde a su padre desde hace más de una década.

“Ellos saben que son inocentes”

María Isabel Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, alzó su voz recientemente en una misa por la libertad de los presos políticos en La Guaira. Su reclamo tiene destinatarios directos: la presidenta encargada con el aval de EE.UU., Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Ustedes saben que son inocentes, que las leyes no se pueden utilizar de la manera como la están utilizando, pisoteando al pueblo, haciéndonos sufrir esta agonía”, sentenció María Bolívar.

Insistió en que ya al haber cumplido el 75% de la pena impuesta, por ley, los policías deberían ser beneficiarios de las medidas alternativas que otorga el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Sin embargo, la respuesta en los tribunales es siempre la misma: “Están esperando una orden”.

“Es tanta gente que sufre cuando deja a sus familiares tras las rejas, mientras esperan una ley que nunca llega, una orden que no se da, porque esa gente del gobierno parece que no tiene palabra”, expresó.

La sombra de una sentencia política

Los once funcionarios procesados por los hechos del 11 de abril fueron sometidos a lo que sus allegados califican como el juicio más largo de la historia judicial venezolana. Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar fueron juzgados por dos de las 19 muertes registradas ese día.

Con excepción de Hurtado y Pérez, quienes recibieron condenas de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, el resto fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión.

Sin embargo, la sentencia estableció que no fueron hallados culpables de delitos de lesa humanidad ni de homicidio intencional. La responsabilidad atribuida fue por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, una figura que implica participación indirecta en los hechos. A pesar de ello, la condena impuesta fue la máxima prevista en la legislación venezolana.

Familiares de los funcionarios sostienen que el caso estuvo influenciado por decisiones políticas. Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, afirma que la condena no fue estrictamente judicial. “Fue una orden”, repite.

Sus declaraciones se apoyan, entre otros elementos, en la confesión del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien años después admitió haber recibido instrucciones políticas en decisiones judiciales relacionadas con estos hechos.

También ha sido cuestionada la actuación de la jueza Marjorie Calderón durante el proceso.

Lejos de casa, lejos de la familia

Actualmente, los tres funcionarios están recluidos en la cárcel Fénix de Barquisimeto, estado Lara, a cientos de kilómetros de sus hogares en Miranda y La Guaira. Sus familiares describen este traslado como un castigo adicional. Las visitas se dificultan por la distancia y la situación económica.

“Hoy en día Erasmo está ansioso, nervioso, a veces se me cae un poquito y yo lo entiendo, porque son 23 años esperando la bendita libertad, que no llega. Todas las puertas se nos han cerrado, la famosa orden no llega”, relató María Bolívar.

Las consecuencias se acumulan con el paso del tiempo: hijos que crecieron sin sus padres, nietos que no los conocen, celebraciones familiares ausentes. En el caso de Erasmo Bolívar, su tía señala que tiene tres nietos que no ha podido conocer.

Para las familias, el tiempo se mide en ausencias. Katherine Molina expresa el anhelo de reconstruir la vida junto a su padre: “Quiero armar vivencias y recuerdos bonitos, ya no detrás de una reja, sino, en libertad plena”.

Ese deseo se repite en otros hogares marcados por la misma historia. María Bolívar también lo resume en una frase: “Hoy hay tanta gente pasando trabajo, tantas madres, esposas, hijas llorando, pues junto con ellos estamos presos los familiares”

A pesar del desgaste, los familiares continúan organizándose para visibilizar el caso. En La Guaira, vecinos impulsan una campaña por la liberación de Erasmo Bolívar, incluyendo acciones en redes sociales y actividades comunitarias. También se creó una Comisión Pro Derechos Humanos que articula estas iniciativas.

Para sus allegados, el caso de los policías metropolitanos no solo representa una lucha individual, sino un símbolo más amplio.

“No es solamente Erasmo, es Molina, es Rovaín”, insiste María Bolívar.

*La nota fue estructurada con declaraciones de los familiares remitidas a esta redacción

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Preocupación por torturas y maltratos en el Rodeo I se acentuó tras “la noche de los gritos”

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La noche del 10 de abril, las adyacencias del centro penitenciario El Rodeo I no solo se iluminaron con velas, sino con el reclamo persistente de familiares que suman tres meses pernoctando a la intemperie. Lo que comenzó como una espera por promesas oficiales de liberación se ha transformado en una guardia de denuncia ante tratos crueles y el aislamiento sistemático de los presos políticos.

La actividad de este 10 de abril tuvo lugar luego de tensos días, debido a una protesta de presos extranjeros en ese sitio de reclusión que fue reprimida violentamente. Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), calificó la situación como una “violencia institucional”.

“No fue sino a través de gritos de los presos políticos que supimos de la situación. Ellos no solo denunciaban que fueron agredidos, torturados y amenazados con armas de fuego, sino que había muchas personas heridas sin recibir atención médica, como es el caso de mi hermano Josnar Adolfo Baduel”, sentenció Baduel desde la protesta.

Pese a la gravedad de los testimonios, el viernes 10 de abril el beneficio de visita fue suspendido para tres de los reclusos tras las estrictas medidas de vigilancia impuestas.

En esta protesta simbólica, los asistentes exigieron el cierre de los centros de tortura y denunciaron la persistencia de condiciones que vulneran la integridad de los detenidos.

Insisten en que el derecho a la integridad personal y familiar está siendo vulnerado en el Rodeo I mediante protocolos que parecen diseñados para la deshumanización: las visitas ocurren a través de un vidrio, duran escasos minutos y prohíben cualquier contacto físico, incluido un abrazo. Se ha reportado que tanto detenidos como familiares son obligados a usar capuchas durante el proceso de traslado a las áreas de visita.

Además, a raíz de las protestas por maltratos a presos extranjeros, recientemente se prohibió el ingreso de cartas o fotografías.

La respuesta oficial vs. la realidad en las puertas

En un intento por mitigar las denuncias, el Ministerio Público emitió un comunicado afirmando haber verificado los protocolos de respeto a los DDHH en el recinto. La Fiscalía desmintió específicamente el fallecimiento del ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, y en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, aseguró que fue entrevistado por funcionarios.

Sin embargo, para Hiowanka Ávila, hermana de Henrybert Rivas, la realidad es de desgaste físico y emocional. Ávila denunció que más de 500 personas detenidas por motivos políticos siguen esperando los beneficios de la Ley de Amnistía, mientras las familias cumplen 90 días durmiendo frente al penal, esperando una libertad que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asomó meses atrás pero que no llega.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró que la vida de quienes están bajo custodia es responsabilidad directa del Estado, exigiendo el cese inmediato de las prácticas que vulneran la dignidad humana y el cierre de los espacios de tortura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Condenan recientes hechos de violencia contra la prensa en Venezuela

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El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó los actos de violencia contra comunicadores que cubrían la marcha del 9 de abril.

“Estas acciones deben ser investigadas de manera pronta e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas. Obstruir el trabajo de los periodistas es una violación directa del derecho del público a acceder a información de interés público”, consideró el comité en una publicación en la red social X.

La protesta fue liderada por sindicatos de trabajadores, jubilados y estudiantes, quienes exigían salarios y pensiones dignas

La concentración, que partió de Plaza Venezuela, tenía como destino Miraflores, pero fue interrumpida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes impidieron el paso y enfrentaron a los manifestantes con escudos antimotines.

La libertad de expresión continúa reprimida

Durante la cobertura, varios comunicadores fueron golpeados, rociados con gas pimienta y despojados de sus herramientas de trabajo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó diez agresiones, entre ellas las sufridas por José Mireles Alcalá (El Martillo Venezuela), Francisco Cáceres (La TV Calle), Sergio González (Provea), José Caruci (CaracasInfo24), Maryorin Méndez y Ana Rodríguez Brazón.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) también rechazó la agresión contra el equipo de VPITV. Tanto la reportera como el camarógrafo —quien resultó herido en el rostro— fueron atacados por funcionarios de la PNB. Estos hechos vulneran el Artículo 57 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de pensamiento por cualquier medio de difusión.

El riesgo de informar

La censura contra el gremio periodístico no es nueva y se ha mantenido a lo largo de los años. El pasado 6 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció que al menos 20 periodistas permanecen en un “limbo jurídico”, atrapados en procesos judiciales sin cerrar y medidas cautelares. Esta situación, descrita como una forma de censura y castigo permanente, limita la movilidad y libertad de trabajo, a pesar de las excarcelaciones.

El CNP también denunció este miércoles 10 de abril la postergación del juicio contra Ramón Centeno, periodista venezolano cuyo estado de salud es delicado.

“El retardo procesal también es una forma de castigo”, expresó el CNP a través de Instagram.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado que, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, Venezuela ocupa el puesto 23, el último de la lista. “Este entramado ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos independientes y el exilio masivo de periodistas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la república?

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Habrán transcurrido 30 años hasta 2029, apenas faltará un lustro y todavía resta sin una respuesta seria, objetiva, serena, desprejuiciada, ajena a la generosidad de los odios de trincheras prorrogados y que ardieran desde el término de la república civil de partidos, que explique de manera satisfactoria el cómo una de las más afirmadas democracias del hemisferio –la venezolana– pudo derivar no en una dictadura o dictablanda, sino en la destrucción cabal de la república y la pulverización de su inacabada nación.

La historia recorrida y su crónica, que es lo único que tenemos a mano los venezolanos, no servirá como pretendida ejemplaridad hacia el porvenir, menos la opinión panfletaria, obra de los enconos; pues esa solo satisface animosidades de coyuntura entre quienes habiendo elegido democráticamente el camino del desierto en 1998, incluso corrigiendo sus yerros y habiéndose transformado en víctimas, apuestan a una tierra prometida que aún no llega y les devuelva hasta 1989.

Todos, tirios y troyanos, sostenemos, sí, la fe y voluntad de los carboneros en pie. Pero no pocos ceden a la fácil tentación de buscar, primero, a los culpables, a los de ayer y a los de hoy, para luego decidir sobre la nación parcelada que marcaría el próximo derrotero del país y el diseño de la república que sería la sucesora.

Las simplificaciones, cabe reiterarlo, son fútiles e inútiles; como aquella que le endilgaran los partidos del siglo XX –incluido su propio partido oficial que lo defenestra– al presidente Carlos Andrés Pérez una vez como se casa, sin miramientos, con el Consenso de Washington. Quiso provocar un parto económico y social mediante un “fórceps”, tras haber raspado la olla su predecesor, Jaime Lusinchi. Resolver sobre la cuestión democrática y la de la libertad quedaron en segundo plano.

Tampoco ayuda la otra verdad palmaria y aquí sí agonal, que fuese su misma revelación auténtica, constante en sus “memorias proscritas”: “Cuando se iniciaron las investigaciones sobre los implicados en el golpe [del 4 de febrero de 1992], cada uno de los jefes de las distintas fuerzas tenía un criterio distinto sobre las sanciones”, afirma Pérez. Mostraba, así, el rompecabezas en que se había transformado una institución que se creyó la dueña de la república tras la guerra por la Independencia, y después de superada la Guerra Federal hasta 1959.

La pregunta que sí resultaba pertinente, y nadie se la hace, ni siquiera ahora, es qué y cómo se hace, trascurridas casi dos centurias desde cuando se instala la Fuerza Armada como piedra basal de la república –más allá de la literatura constitucional, civil y democrática– al revelársenos fracturada, subalterna, incapaz de tumbar o de reponer a un gobierno. Y este es el dato cierto y crucial. El que cabe evaluar con seriedad; que ya muestra sus síntomas desde 1983, que golpea al rostro del país en 1992, que se revela como caja de gatos en 2002, y que el 3 de enero de 2026 confirma a todas luces la inanidad de lo militar para la defensa y seguridad de Venezuela.   

CAP lo sabía, le preocupaba y no solo lo intuyó, al punto que declara, textualmente, que “en lugar de abrirles juicio a los oficiales implicados en la intentona golpista [frisaban 650 entre oficiales y suboficiales del 4F], optamos por cernir, depurar, ir a los verdaderos responsables, que no significaba dejar sin aclarar las cosas”.

No abrir los juicios –hoy lo revelo, tal como me lo confesara personalmente el presidente Pérez– tampoco arrojaba luz sobre las causas profundas del proceso de disolución de la república en avance, dada la misma fractura de su columna vertebral e histórica. Como afectado directo no contuvo su indignación: ¡A Uslar Pietri me provoca llevarlo a juicio militar!, me dice. Pero no lo hizo, más allá de sus expresiones coloquiales posteriores, para hacer arder el debate político. Como hombre de Estado que lo fue, creyó bastarle, en buena lid, alcanzar la concordia entre los soldados insurrectos y los institucionales; pero de lo que se trataba era del agotamiento de la república. Esa cuestión solo la tuvieron presente, sin eco, los ilustres civiles que hicieron parte de la Comisión de Reforma del Estado. Sus estudios quedaron para los anaqueles, como quedó la reforma constitucional. No encontraron eco en los partidos.

La pregunta que hemos de respondernos los venezolanos, de conjunto: ¿cómo y porqué una nación y una república tan pretenciosamente moderna y democrática –república de universitarios como la de 1811, pero militarmente hipotecada a lo militar, por imperio de la inercia histórica – pudo desaparecer? Es como si nos las hubiésemos bebido los venezolanos en un instante de delirio, como quien se engulle una botella de licor que luego no sabe cómo reponer.

Distinta fue la circunstancia de José María Vargas, preocupado por la cuestión de la impunidad con relación a los militares alzados en una república por hacerse; sin nación que existiese o que fuese tomada en cuenta, mientras que el general José Antonio Páez, que salva a Vargas tras la Revolución de las Reformas que lo tumba y le repone en el ejercicio del poder, opta por perdonar a los conjurados. Se hacían llamar a sí bolivarianos. Eran partes del ejército libertador. Quedaron fuera de la organización de la Primera República de Venezuela. Fue el primer tramo de nuestro recorrido republicano que se sostuvo, mediante equilibrios críticos forjados por el propio Páez, pero que al final decantan en la Guerra Federal, donde muere allí el 30 % de nuestra población. Es la cifra equivalente a nuestra diáspora contemporánea.

Lo circunstancial histórico nuestro lo aclara el presidente Rafael Caldera en su primer mensaje al Congreso de 1995; en línea exacta con la política de perdones decidida por CAP en su primer decreto de sobreseimientos de los mayores y capitanes tras el golpe del 4F, que lo firma el 2 de abril siguiente (Gaceta Oficial No. 34.936). Esa política la sostiene el presidente Ramón J. Velásquez y la acompaña el país político.

Todos los partidos y los candidatos presidenciales (Fermín, Álvarez Paz, Andrés Velásquez) proclaman la amnistía. Y eso se olvida, de mala fe, por quienes reescriben la historia patria para ocultar sus personales historias: “Con pleno respaldo del Alto Mando que designé, me propuse remediar los traumas causados por los intentos de sublevación del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992”, asevera Caldera.

Luego discierne sobre el trato diferenciado que aplicaría y estimaba de crucial para contener la crisis agonal o terminal en el seno de la república y de su Fuerza Armada; evitando con ello otro golpe posible, como se lo previene el mismo presidente Velásquez: “Muchos se reincorporaron a la actividad [bajo el gobierno de CAP y en el de este] mediante una etapa de transición, indispensable para restablecer los vínculos de compañerismo que se habían quebrantado a causa de lo ocurrido”. El propósito de los tres presidentes era, efectivamente, volver a cementar la columna fracturada de lo militar, para que la república no hiciese aguas. 

A los otros, a los jefes, “no se consideró conveniente que lo hicieran –se les dio de baja e impidió volver a endosar el uniforme y reencontrarse con los suyos– por haber tomado una declarada actividad política, incompatible con el apartidismo de las Fuerzas Armadas”, agregó el último gobernante del siglo XX.

La saña cainita que absuelve o condena a Pérez o que condena, sin más, a Caldera, actores fundamentales del siglo anterior, es solo saña y miopía, alimentada, sí, por quienes le dieron soporte mediático y financiero al candidato militar Chávez en 1998, acompañados por la embajada norteamericana. De poco sirve ello, en suma, para el rehacer a la nación y forjar a una república libertaria, sujeta a los desafíos del siglo XXI. No hay vuelta atrás. 

Hacia una nación de ciudadanos

Lo de destacar, aquí sí, pues es lo que sí nos ofrece un astrolabio, tomado del pasado remoto, distante del contaminado con la bilis de los actores del presente, es que el Estado venezolano emerge en 1830 sin precederle la nación como su contenido.

Simón Bolívar denuesta y desconoce a la nación en 1812. En sus guerras por la independencia –que no por la libertad– también desaparece el 30 % de la población, como ahora. El anhelo o la apuesta de tal Estado y sus gobiernos sucesivos para subsistir fue la inmigración, en sus inicios la canaria. Mas el dato relevante es que, dominando al ser del venezolano un no-ser todavía o cultor del presente, como nación logra amalgamarse paulatinamente –en un esfuerzo de sincretismo con los migrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX. Pero esa nación en cierne existe, sí, originariamente, solo a partir de los cuarteles. Es lo que nos dejó una huella controversial, a la hora de resolver sobre las cuestiones de la paz y la estabilidad de la república hasta la actualidad. Medra afuera otra inmigración y a la espera, hecha de venezolanos.

Durante la segunda mitad del siglo pasado adquiere texturas la nación, sin ser acabada, evolucionando hacia su modernización plena, pero tamizada por el odre de los partidos de la llamada república civil que concluye en 1998; detrás de la cual se mantiene oculto el dominio y miedo a los militares. Daba muestras de agotamiento esa república, insisto y he aquí el elemento de juicio que era indispensable haberlo tenido a mano a partir de 1989, casualmente en coincidencia con el final del comunismo y el declive de Occidente. Los sistemas de partido desaparecen y declinan, se hacen líquidos en muchos países, no solo en Venezuela. Chávez no es el autor del final de los partidos en Venezuela, y solo se ocupa de enterrar a la institución histórica de la que hizo parte.

No podemos obviar lo propio, entonces. Me refiero, como primer hito, al voto mayoritario depositado por los venezolanos en 1998, sin reparar efectivamente en la naturaleza militar del escogido. Entonces, incluso modernizados, los venezolanos optamos por seguir ocupando las butacas del teatro de la república y de la democracia. Esperábamos, como en el siglo XIX, que se subiesen a la escena actores que siempre aciertan o yerran y ante quienes nos limitamos sea tirándoles tomates, o aplaudiéndoles sin discernimiento cuando nos regatean el botín. Juan Vicente Gómez, así, escogió por nosotros al actor del momento, a Eleazar López Contreras, bajo su dictadura. Y en la democracia, aún en la actualidad, seguimos creyendo que el caudillo de turno es el culpable de haber mal escogido al nuevo actor de reparto y de haberlo puesto bajo nuestra mirada, para elegirlo. Chávez escogió a Maduro. Ni Pérez ni Caldera escogieron a Chávez.

¿Es esa, entonces, la nación que aún no somos y a la que aspiramos, pues no-ser nos resulta más útil? ¿Puede sobrevivir de tal modo la democracia como experiencia de vida o estado del espíritu, en cada ciudadano que solo sabe medrar, pendiente del padre bueno y fuerte, si posible militar o del traficante de ilusiones, del hombre a caballo que estimule nuestros sentidos, enajene nuestra razón, y nos alimente de mitos? 

Restablecer las raíces de la nación y sobre aquéllas, desde ésta, arreglar el pasado, tanto como avanzar hacia la forja de un sistema político que la exprese modo fidedigno, que restablezca el equilibrio de poderes que sirva como organicidad capaz de asegurar a la democracia desde la localidad –desde el fogón casero y como experiencia cotidiana– para que todos ejerzamos con libertad de todos nuestros derechos connaturales, es el gran desafío. Es la respuesta a la pregunta que siempre obviamos, como si el tiempo no hubiese transcurrido desde 1989 y como si el cesarismo no fuese el cáncer de nuestros males.

Ha de ceder, a todo evento y como premisa, antes de resolver, la saña cainita que aún alimentan los cadáveres insepultos de la república agotada, incluso hasta para querer reducir a quien hoy se muestra, con absoluta legitimidad, como el alma de la nación que habrá de resucitar, María Corina Machado.

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La Conversa | De los 674 presos políticos que quedan, 49 están gravemente enfermos

La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, informó este martes 7 de abril en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual que de acuerdo a los registros de la organización aún quedan 674 presos políticos en Venezuela, de los cuales 49 se encuentran en grave estado de salud.

En la conversación que sostuvo con Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, la abogada sostuvo que desde el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a una “cifra importante de personas” el pasado 8 de enero, la ONG ha confirmado la salida de centros de reclusión en Venezuela de 709 presos políticos. 

Tineo indicó que antes del 8 de enero, JEP tenía contabilizados 1.011 presos políticos.

“Y tal vez muchos más porque lamentablemente hay un subregistro, familiares que no se habían atrevido a denunciar sino hasta 2026, por intimidación, miedo o simplemente decisión personal”, sostuvo la defensora de derechos humanos.

La directora de la ONG expuso que después del 3 de enero, fecha en la que se produjo la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, las condiciones en los centros de reclusión siguen siendo deplorables y si bien las organizaciones de la sociedad civil celebran la excarcelación de algunos presos políticos, por otro lado denuncian la precariedad de quienes se mantienen tras las rejas.

“Siguen habiendo personas que se encuentran en situación de desaparición, las condiciones en los centros de reclusión son inhumanas, antes de las excarcelaciones teníamos un registro de al menos 91 presos políticos enfermos y estoy hablando de patologías como cáncer, insuficiencia renal y padecimientos cardiovasculares”. 

La abogada aseguró que hay denuncias de desnutrición y torturas a los presos políticos, entre quienes hay alrededor de 200 militares, adultos mayores y al menos 100 mujeres, entre quienes se encuentra una adolescente (Samantha Hernández), cuyo único “pecado” es ser hija de un militar.

“El maltrato y la violencia institucional contra los presos políticos y familiares igualmente se mantiene”, confesó la abogada.

Tineo explicó que la falta de normativas nunca ha sido impedimento para que se respete el debido proceso en Venezuela.

“La Ley de Amnistía ha sido un instrumento desordenado y que se aplica con discrecionalidad. Todas las detenciones han sido políticas, entonces las liberaciones también pasan por la política, además en Venezuela existe la figura del indulto, el problema aquí ha sido la violacion del ordenamiento jurídico”, aseveró Tineo.     

La abogada indicó que en un principio, las autoridades de turno hablaron de que laLey de Amnistía iba a abarcar un periodo de 27 años, pero después aclararon que se trataba únicamente de 13 eventos a lo largo de ese tiempo.

“Cuando revisamos hay siete eventos donde ya no existían presos políticos, estaban judicializados, pero ya no en prisiones. El lapso de 2018 a 2023 quedó excluido de la norma y en ese período fueron detenidos un número considerable de personas por supuestas conspiraciones contra la Patria”, añadió la abogada.

Tineo expuso que la mayoría de las negativas a otorgar amnistía responden a la aplicación del artículo 9, el cual reza que “quedarán excluidos del beneficio aquellos que hayan cometido violaciones a los DDHH, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción, narcotráfico y promoción de acciones armadas extranjeras”.

“Hay que recordar que el sistema de justicia se ha caracterizado por criminalizar a disidentes, incluso acusándolos de delitos como estos”, sentenció Tineo.   

La abogada expresó que la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional ha sido incapaz de elaborar al menos un listado con el total de beneficiados.  

“Ha sido imposible para las ONG medir el alcance de esta ley, son cifras que no se han podido verificar”.

La abogada calificó la ley como revictimizante e irrespetuosa de los estándares internacionales.

“Era fundamental que se reconociera el daño, el compromiso de llevar a la justicia a los responsable y la garantía de reparación a las víctimas, esto pasa por una reinstitucionalización genuina del sistema de justicia, el aparato represivo se mantiene intacto, las leyes que han sido diseñadas para perseguir a la disidencia siguen vigentes”.

100 días de reinado tutelado 

Blanco informó que el próximo lunes 13 de abril se cumplirán 100 días del 3 de enero, fecha en la que se produjo la detención de Maduro y Flores y que desencadenó la ascensión al poder de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.  

Amaya aportó que desde la narrativa chavista se maneja la tesis de que Maduro ganó las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 y por ello la otrora vicepresidente debe culminar el mandato. 

Por otro lado, Blanco dijo que la pausa de Semana Santa metió en el congelador la elección del fiscal general de la República y el defensor del pueblo, que se produjo apenas este jueves con la ratificación de Larry Devoe y la designación de Eglée González Lobato, respectivamente.

Amaya apuntó que la urgencia de la sociedad civil venezolana para establecer un camino electoral no pareciera ser la prioridad del chavismo y tampoco de la Casa Blanca. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.