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Mantener el foco: el chavismo es responsable del desastre

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Ya son veintisiete años del chavismo en el poder, pero pareciera que los opositores no han aprendido una lección fundamental: no perder el foco de la acción política a pesar de las trampas que el régimen que hoy lideran los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez vaya poniendo en el camino. Esas trampas lo que hacen es distraer de lo esencial. Venezuela necesita ya un calendario que indique plazos específicos hacia la transición, lo que debe incluir unas elecciones generales a todos los niveles, desde presidente, asamblea nacional, gobernadores, asambleas legislativas, alcaldes y concejos municipales.

El incidente madrileño durante la convocatoria masiva de María Corina Machado (MCM) ha provocado reacciones de horror en las redes digitales. Y los bots e indignados opositores, muchos anti-MCM, le han sacado punta. Por unos días el tema de discusión en las redes es el inapropiado canto contra Delcy Rodríguez aupado por un cantante venezolano-español.

¿Es realmente este incidente lo más importante hoy en la agenda política de Venezuela? Obviamente no. Es una distracción que los voceros chavistas explotan al máximo, poniéndose en la posición de víctimas. Las mismas cabezas del régimen que han generado un verdadero horror a millones de venezolanos: los asesinados, los torturados, los presos políticos, a quienes les han robado miles de millones de dólares del patrimonio público, a quienes les han escamoteado su voluntad mayoritaria de cambio en varias elecciones, los exilados, los vomitados por un país destruido en sus bases económicas e institucionales. Esa es la verdad. Ese debe ser el foco.

Hay que abogar por una negociación entre venezolanos con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Eso no significa tener que renunciar a poner sobre la mesa los hechos. El chavismo es el responsable principal de la corrupción, de los abusos de poder y de los crímenes cometidos desde el Estado durante más de un cuarto de siglo. Es a partir de esa constatación que se puede negociar un esquema de transición hacia la democracia y, eventualmente, un proceso de reconciliación nacional.

El error y, más que el error, la mala fe, está en hacer una equivalencia entre sectores. Decir que al final régimen y la mayoría democrática del país son lo mismo. No, no son lo mismo.

El régimen es responsable del control total del Estado. De la represión, el robo del patrimonio nacional, la degradación de la infraestructura del país, la destrucción de la educación pública, de los servicios de salud, y podríamos seguir con una larguísima lista. No hay equivalencia que hacer. Es a partir de esta asimetría moral que se debe lograr un consenso para salir del pozo en el que el chavismo metió a Venezuela. Después de reconocer esta realidad, podrá hablarse de convivencia. Sin un reconocimiento claro del daño profundo que Chávez, Maduro y todos sus acólitos le han causado a los venezolanos será imposible un renacimiento del país con justicia y dignidad.

Preguntas que necesitan respuestas

Para mantener el foco en la acción política es necesario hacer algunas preguntas que deben ser respondidas por los chavistas que han ocupado posiciones de poder en los últimos 27 años. Aquí van algunas de ellas:

¿Qué impide la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares?

¿Cómo se va a establecer un nuevo poder electoral que con transparencia corrija todas las distorsiones, manipulaciones y trampas que el chavismo ha hecho en las elecciones y referenda?

¿Cómo y cuándo se van a reorganizar el poder judicial y ciudadano para verdaderamente ir hacia un Estado de justicia y derecho que permita establecer las responsabilidades en todos los crímenes cometidos por el Estado venezolano durante estos 27 años?

¿De qué forma se van a recuperar los miles de millones de dólares robados por funcionarios chavistas (por ejemplo, Tareck El Aissami y Rafael Ramírez en PDVSA) y por sus cómplices?

¿Qué acciones se van a tomar urgentemente para que los ingresos extraordinarios petroleros que se están recibiendo bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos sean usados de forma transparente y eficaz?

¿Qué políticas se van a poner en práctica para parar la devaluación del bolívar y controlar la inflación?

¿Cómo se va a mejorar los sueldos de los venezolanos e incrementar el poder de compra de la mayoría?

Quedan muchísimas otras preguntas por formular y responder. Todas ellas ponen el foco de atención en lo fundamental. Todo lo demás son distracciones pendejas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

AI: Poderes del Estado siguen coordinándose en Venezuela para perseguir y castigar

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Seis de las 460 páginas que contiene el informe de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre derechos humanos en el mundo se las dedica a la situación en Venezuela, más que las tres donde expuso la realidad en Cuba y las cuatro en la que subraya las condiciones de vida en Corea del Norte.

Ubicados en 2025 con el hoy en día preso en Estados Unidos Nicolás Maduro al frente del gobierno venezolano, el informe de la organización internacional puntualiza que los poderes del Estado siguieron coordinándose para perseguir y castigar a la disidencia.

El organismo internacional denunció que cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones a los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno. 

AI destacó que, de manera sistemática, los procesos penales contra muchos de los presos políticos avanzaron sin garantías judiciales, acceso a la información sobre los cargos presentados en su contra y defensa de su elección.

De acuerdo a cifras de Amnistía Internacional, aproximadamente 7,9 millones de personas venezolanas han salido de Venezuela desde 2015 y casi dos millones dependen de la ayuda de organismos internacionales. 

La organización tampoco registró avances en relación con los derechos sexuales y reproductivos. 

“La población LGBTIQ+ y los pueblos indígenas siguen siendo discriminados y no hubo avances legislativos que promovieran sus derechos”, puntualizó el documento.

Recalcaron que persistieron los reclamos en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y que en marzo y julio se celebraron elecciones parlamentarias y regionales, respectivamente, en un contexto de represión similar al de los comicios presidenciales. 

El informe sobre derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre las violaciones cometidas durante el periodo electoral de 2024, en donde expuso la estrategia represiva para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre y sembrar zozobra entre la ciudadanía. 

Mencionan asimismo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó en dos informes las violaciones de derechos humanos registradas durante la represión poselectoral y el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la comisión de crímenes de lesa humanidad. 

Otro aspecto que resaltaron fue que desde septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo ataques en el mar Caribe y el Océano Pacífico contra 34 embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, arremetidas que causaron la muerte de al menos 110 personas.

Estos son algunos aspectos que revela el informe: 

–Represión, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Las autoridades siguieron utilizando los cuerpos de seguridad e inteligencia, el sistema judicial y unas leyes restrictivas como la del Odio, Simón Bolívar, antiONG y Resorte para reprimir, silenciar y castigar la disidencia y la defensa de los derechos humanos. 

Amnistía Internacional registró nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos, aunque en menor número que en 2024, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. La ONG Foro Penal Venezolano verificó 117 excarcelaciones en diciembre de 2025. Para finales de diciembre del año pasado, de las más de 2000 personas detenidas arbitrariamente luego del 28J, al menos 806 continuaban privadas de libertad. A la mayoría de las personas aprehendidas se les imputaron los cargos de terrorismo y traición a la patria, además se les impusieron defensas públicas

Según informó Foro Penal, al menos 63 personas se encontraban desaparecidas al finalizar el año pasado. Amnistía Internacional expuso que, en general, las desapariciones forzadas comenzaron con una detención arbitraria llevada a cabo por agentes del Estado, seguida de falta de información, la negativa a reconocer la detención y el ocultamiento deliberado de la persona detenida. La organización alertó que la desaparición forzada de una persona implicaba traslados a otros centros de reclusión sin previo aviso ni conocimiento de familiares, celebración en secreto de audiencias de presentación y la anulación de facto del hábeas corpus.

Ataques a la libertad de expresión y asociación

217 ataques a la libertad de expresión hasta el mes de octubre registró la ONG Espacio Público, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención de al menos 23 trabajadores de los medios de comunicación.

Se mencionan casos puntuales, como el del periodista Carlos Marcano, quien estuvo 13 días en desaparición forzada después de su detención. Por su parte, el periodista y politólogo Nicmer Evans estuvo desaparecido tres días después de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo llevara a una “entrevista” en El Helicoide.

Paralelamente, VE sin Filtro documentó el bloqueo de distintos medios de comunicación independientes y sus dominios en Internet bajo órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Asimismo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 2.219 protestas durante el año, de las cuales 1.129 guardaban relación con los derechos laborales.

Persecución a defensores de DDHH

Amnistía Internacional documentó que aunque fueron excarcelados luego de la incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero, los activistas y defensores de derechos humanos, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres, Martha Lía Grajales y Carlos Correa fueron detenidos e incomunicados como represalias a sus actividades.

Rojas estuvo casi cuatro meses recluido en régimen de incomunicación, sin acceso a visitas familiares ni contacto con el exterior. Correa fue sometido a desaparición forzada y excarcelado ocho días después. Torres fue detenido arbitrariamente en mayo, estuvo en paradero desconocido durante cinco días y posteriormente recluido en régimen de incomunicación. Grajales, perteneciente al colectivo Surgentes, fue aprehendida después de acompañar en una protesta pacífica a un grupo de madres de presos políticos.

Se refieren también a que el Centro para los Defensores y la Justicia registró 455 ataques contra personas defensoras de los DDHH, además alertó sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que amenazaba la libertad de asociación y el trabajo legítimo de las ONG.

Inflación como asfixia al pueblo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la inflación se ubicó en 269,9% a finales de 2025. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica para una familia de cinco miembros se situó en abril en 503,73 dólares, mientras que el salario mínimo mensual permaneció congelado desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a menos de 0,30 centavos de dólar hoy en día.

Asimismo AI, recalcó que los cortes del suministro de agua y electricidad persistieron durante el año, al igual que las protestas relacionadas con los servicios básicos. 

Discriminación a todo nivel

“No se registraron avances en materia de derechos sexuales y reproductivos; en concreto, con relación con al acceso al aborto y a métodos de planificación familiar. El Estado no diseñó ni implementó políticas públicas orientadas a prevenir violaciones de estos derechos o a garantizar su ejercicio efectivo. Tampoco se publicaron datos oficiales al respecto”, reza el informe.

La ACNUDH informó que se estaba recluyendo a personas trans en centros de detención según su sexo asignado al nacer. También denunció el uso por parte de autoridades del Estado de una retórica sexista y contraria a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos.

Organizaciones de derechos de las personas LGBTIQ+ continuaron exigiendo la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica de Equidad e Igualdad de Género, presentada en 2009. También hubo falta de garantía y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

Devastación ambiental

Un informe sobre minería ilegal y derechos humanos presentado por varias ONG y que recogió Amnistía señalaba como obstáculos para la gestión climática la carencia de datos confiables y la ausencia de sistemas de monitoreo. La ONG SOS Orinoco registró 10 accidentes mineros y dos muertes a consecuencia de ellos en el primer cuatrimestre de 2025. En octubre, 14 mineros fallecieron tras producirse una inundación en la mina en la que trabajaban en el estado Bolívar.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. 

El atentado contra Jadacaquiva, el pueblo de “La pequeña revancha”

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En noviembre de 1985 ante el público venezolano se exhibió una de las películas que sería de las más premiadas del cine nacional. Se trata de La pequeña revancha, dirigida por Olegario Barrera, filmada en el pueblo de Jadacaquiva en Paraguaná, estado Falcón. Una cinta basada en el cuento La composición, del chileno Antonio Skármeta, que retrata sutilmente los mecanismos de la imposición de un régimen militar sobre la ciudadanía. No creyeron los habitantes del lugar de la filmación que cuatro décadas después ellos serían nuevamente los extras de una historia de intolerancia.

Jadacaquiva es uno de los seis pueblos principales de origen colonial en la península de Paraguaná, noroccidente venezolano. Pueblo que a duras penas mantiene el remanente de su tradición constructiva. En 1978 su iglesia fue restaurada bajo la dirección del especialista Andrés Norgaard y orientaciones de Graziano Gasparini, preocupado desde los años cincuenta por la arquitectura regional y los valores de conjunto que deben preservarse en las localidades.

Las técnicas y modelos constructivos de la subregión peninsular han sido motivo de admiración lo mismo de fotógrafos como Dorka Dorronsoro que de poetas como Luis Alberto Crespo, de artistas como Soledad López y sociólogos como Miguel Ángel Campos.

El día lunes 13 de abril de 2026, el alcalde del municipio Falcón, abogado Jorge Luis Díaz González, anunció el inicio de los trabajos de un “corredor patrimonial” en Jadacaquiva: una intervención en el centro del poblado a cargo del arquitecto Américo Parra, quien durante ocho años gobernó la jurisdicción (2006-2014).

Se trata de un proyecto que nace desde la Alcaldía del Municipio Falcón y del que únicamente son informadas las instancias organizativas ligadas al partido de gobierno, es decir, “las comunas”, “las milicias”, “el poder popular organizado” y los “líderes de calle”.

El grueso de la comunidad no participa y apenas se entera por la aparición de elementos extraños al entorno. Por una parte, van los discursos sobre pueblo y comunidad; por otra, la imposición ejecutiva.

Poco se conoce en Paraguaná —destino turístico que desde hace más de medio siglo intenta posicionarse en el país por sus cualidades patrimoniales, culturales e históricas— sobre las características de tal “corredor patrimonial”. Solo se sabe que contempla ocho paradas con bancos y un frontón que imita el campanario de la iglesia del lugar. Además de trabajos de rehabilitación en la plaza, ya intervenida varias veces por otras administraciones municipales en los últimos quince años.

¿Cuál es la maqueta de esos trabajos? ¿Deformará esta intervención, realizada por la Alcaldía del Municipio Falcón bajo la coordinación del arquitecto Américo Parra, el entorno tradicional de Jadacaquiva? ¿Introducirá elementos que distorsionen la visual de la iglesia colonial de la Inmaculada Concepción? ¿Se respeta la Ordenanza de Patrimonio Histórico Municipal de 1990, lo dispuesto en los Catálogos del Patrimonio Cultural de 2006 del Ministerio de Cultura y la Providencia Administrativa N° 012/05?

¿Sobre cuál marco legal actúan los entes encargados de esos trabajos? ¿Están avalados por el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, dirigido por la antropóloga Dinorah Cruz y el Instituto de Patrimonio Cultural del estado Falcón, dirigido por el historiador Luis Felipe Díaz?

Y más: ¿tiene la Alcaldía del Municipio Falcón ingentes recursos económicos para emplear en ornato, mientras las carencias de agua, electricidad, pavimentación, paredes externas del liceo o cementerio afectan al pueblo de Don Diego Laguna, Rosa de Quevedo y Villegas, Melecio María Hidalgo y Juan Crisóstomo Falcón? El pueblo de la película La pequeña revancha ¿Es coherente esta actuación? ¿Cuánto es el costo de esta obra? ¿Qué ente aprobó la erogación? ¿Cuál la fiscaliza?

¿Qué especialidad en conservación del patrimonio cultural ha demostrado el arquitecto que coordina los trabajos? ¿Son las actuaciones sobre iglesia de la Inmaculada Concepción de Pueblo Nuevo, el Complejo Cultural Josefa Camejo y el entorno de la alcaldía y la Escuela de Música, en la capital del municipio, elementos que permitan otorgar un voto de confianza?

El responsable de una posible deformación del centro histórico de Jadacaquiva será el alcalde Jorge Luis Díaz González. A él corresponderá que las generaciones del lugar lo señalen por irrespetar los valores históricos tradicionales y no atender al pueblo en sus necesidades más sentidas.

¿Obra histórica? ¿Corredor patrimonial Raíces de Paraguaná? ¿Consolidar a Jadacaquiva como capital patrimonial del municipio Falcón? ¿Sustanciar un expediente para una declaratoria? ¿Qué objetivos e intenciones informan la política patrimonial de la Alcaldía del Municipio Falcón? ¿Qué se alega cuando se dicen todas estas cosas por los administradores municipales?

Nada es coherente; nada se mantiene como política en el tiempo. Todo parece marcado por la improvisación, el ensayo y la falta de profesionalismo. Todo se reduce a discurso banal y cháchara.

No se puede ser ingenuo. Los hechos ya han demostrado conductas. El pueblo manso de Alí Primera siempre sabrá juzgar a quienes tanto daño le han hecho, aunque sea con la sanción de la memoria.

@YsaacLpez | 12 de abril de 2026.

  • Isaac López es historiador, profesor de Universidad de Los Andes y doctor en Historia por la UCAB. Mérida.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Las 24 horas de agonía en Yare III tras el muro del silencio del Ministerio Penitenciario

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Lo que comenzó como una alerta en redes sociales entre los familiares que pernoctaban en las cercanías del Centro Penitenciario Región Capital Yare III, se transformó rápidamente en una atmósfera de tensión por una situación de violenta suscitada en el penal, todo esto bajo el silencio total del Ministerio de Servicio Penitenciario, que se convertía en la primera barrera que debieron enfrentar quienes, desesperados, exigían saber si sus seres queridos seguían con vida.

El Ministerio Público dio el primer paso oficial el mismo lunes 20 de abril al anunciar el inicio de una investigación y la designación de una comisión de la Dirección de Protección de Derechos Humanos. El despacho de Larry Devoe designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional.

El desenlace de esta jornada de incertidumbre llegó finalmente el 21 de abril con un comunicado del Ministerio Penitenciario que puso nombre y apellido a la tragedia. La confirmación del fallecimiento de cinco privados de libertad —identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez— desnudó la realidad de un recinto que el Ministerio describe como un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”, reforzando un discurso estigmatizante sobre la población reclusa.

Este evento no solo deja un saldo de muertes bajo custodia estatal, sino que reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la población reclusa en Venezuela y la incapacidad de las instituciones para garantizar los derechos de la población reclusa y de informar oportunamente lo que estaba ocurriendo.

Mientras todo esto ocurría y las autoridades callaban, los familiares de los reclusos estuvieron a las afueras del penal exigieron información y fe de vida de los seres queridos que se encuentran privados de libertad en el mismo. “Los parientes cuentan que los privados de libertad exigen traslados desde Yare III porque las condiciones de reclusión en ese sitio son inhumanas”, señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones antes de publicarse la información sobre los fallecidos.

Suspensión de visitas como alerta

El 20 de abril, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades suspendieron la visita sin previo aviso, y que permitían únicamente el ingreso de paquetería de alimentos y aseo personal. Según la organización, este acto constituye una violación a los estándares internacionales, puesto que “lo más sagrado para un preso es la visita y la libertad”.

Mediante una publicación de X, el OVP señaló que el argumento de supuestos planes administrativos no justifica la suspensión de este derecho fundamental, resaltando que tales actividades deben planificarse en días que no priven a la población penitenciaria del contacto con sus seres queridos.

“Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía adentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, dijo un familiar a la prensa, según la publicación de la organización.

El OVP cuestionó la recurrente “desinformación del régimen de Delcy Rodríguez”, la cual, alertaron, da pie a que los parientes permanezcan en zozobra, ante rumores de supuestos traslados o de un presunto motín en horas de la madrugada de este lunes. “Esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad”, denunció la ONG.

Exigen separar del cargo al director del penal

Tras la confirmación de los decesos, el OVP elevó el tono de su denuncia al cuestionar directamente la narrativa de la “riña” proporcionada por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Mientras la versión oficial intenta simplificar el hecho como un conflicto entre internos, los familiares que permanecen a las puertas de Yare III rechazan esta explicación, alegando que los fallecidos presentaban presuntas heridas por armas de fuego.

“Estas denuncias resultan especialmente alarmantes en un centro penitenciario donde el Estado ejerce control total y donde el ingreso de armas no puede explicarse sin la participación, tolerancia o negligencia de las autoridades de custodia”, señaló el OVP.

En ese sentido, la organización exigió la destitución inmediata del director del penal para que sea investigado y ha solicitado una intervención del centro por una comisión que incluya al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Servicio Penitenciario y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La resistencia y defensa de DD. HH. fueron reconocidas con el Premio Valores Democráticos

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El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) otorgó el Premio Valores Democráticos “Francisco José Virtuoso” a Rafael Araujo, conocido en todo el país como el “Señor del Papagayo”, en reconocimiento a su trayectoria de activismo ciudadano y defensa pacífica de los derechos humanos.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) celebró el galardón otorgado a Araujo, quien, a lo largo de todos los años que lleva acompañando con su mensaje las protestas de calle, se ha convertido en un símbolo de expresión ciudadana por su activismo silente y artesanal.

La ONG recalcó que detrás de la madera y el papel de sus papagayos, subyace la voluntad de un hombre “que ha decidido no ser indiferente al dolor y la pérdida”.

“Este premio es un recordatorio de que los valores democráticos se siembran en la sencillez de los actos cotidianos y se cosechan en la memoria de un país que lo reconoce como un símbolo de nobleza e integridad”, expresó la ONG.

El reconocimiento busca resaltar la importancia de iniciativas ciudadanas que promuevan la libertad de expresión y la convivencia democrática. Para muchos, la premiación reafirma que la resistencia pacífica sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa.

Cofavic también fue premiado

La labor de la ONG Cofavic, institución que lleva 37 años defendiendo los derechos de los venezolanos, también fue reconocida con el Premio Valores Democráticos 2026 mención institución.

Justicia, Encuentro y Perdón apuntó que dicho reconocimiento es “un tributo a su valentía, integridad y compromiso inquebrantable con las víctimas y la justicia en Venezuela”.

El trabajo de Clippve también fue reconocido

En la categoría “Hacedores de la Democracia”, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) recibió un reconocimiento por su labor en la defensa de los derechos humanos de los detenidos por motivos políticos.

“Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, agradecemos este galardón que honra nuestra labor, aunque tenemos claro que el mayor premio será alcanzar la justicia plena que tanto anhelamos”, se lee en un post en X.

Durante el evento, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas y voz valiente en el acompañamiento a las familias en El Rodeo I, pronunció un discurso que destacó el trabajo conjunto en el seno del comité, en su papel como víctimas y defensores de derechos humanos.

Ávila destacó que hoy reciben este reconocimiento “sin olvidar que hoy todavía existen más de 600 presos políticos en Venezuela” y aseguró que el galardón es para todas las madres, familiares, amigos, defensores, activistas y ciudadanos que han sido víctimas de la represión política en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La “selectividad perversa” frena la Ley de Amnistía para periodistas en Venezuela

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A dos meses de la promulgación de la Ley de Amnistía, lo que prometía ser un cierre definitivo a la persecución de los periodistas se ha transformado en un laberinto de discrecionalidad judicial.

Mientras algunos logran el sobreseimiento, otros trabajadores de la prensa quedan atrapados en procesos que el gremio califica como una “venganza de sus propios verdugos”.

Uno de eso casos es el del periodista Carlos Julio Rojas, a quien el Tribunal 1° de Juicio en Competencias de Terrorismo le negó la amnistía este lunes, 20 de abril.

Rojas, quien fue detenido en abril de 2024 y pasó 638 días en El Helicoide antes de su excarcelación en enero de 2026, denunció desde la sede del Colegio Nacional de Periodistas que la ley se aplica bajo una “selectividad perversa”. A pesar de los lapsos legales, el magistrado José Antonio García ratificó los cargos de terrorismo y magnicidio en grado de tentativa, delitos que Rojas cataloga como un “burdo montaje” sin pruebas.

Cronología de una implementación desigual

Desde la entrada en vigencia de la ley en febrero de 2026, el panorama para los trabajadores de la prensa ha sido una montaña rusa jurídica. A partir de ese mes y a lo largo de marzo, se registró la recuperación de la libertad plena de 29 periodistas y trabajadores de la prensa.

El 20 de abril llegó la notificación oficial de la negativa de amnistía a Carlos Julio Rojas. Se denuncian 4 negativas totales y 3 casos en silencio administrativo (fuera de lapso legal).

Para el martes, 21 de abril, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció que el Tribunal 49 de Control decreta el sobreseimiento de Omario Castellanos (imputado originalmente por traición a la patria e incitación al odio).

Con el sobreseimiento de Castellanos queda en siete la cifra de periodistas y trabajadores de la prensa, de los ocho que había alertado el SNTP el pasado 20 de abril.

Los rostros que aún esperan justicia

A pesar de la narrativa oficial de pacificación, los siguientes periodistas continúan bajo el escrutinio de tribunales de terrorismo, esperando que la ley se aplique sin restricciones:

  • Carlos Julio Rojas: Detenido el 15 de abril de 2024 y excarcelado el 14 de enero de 2026. La amnistía le fue negada el 20 de abril de 2026; el caso sigue en apelación.
  • Rory Branker: Detenido en febrero de 2025 y excarcelado en enero de 2026. Se mantiene bajo medidas cautelares sin que el tribunal haya procesado su sobreseimiento.
  • Luis Eduardo López Torres: Detenido el 14 de junio de 2024 y excarcelado en enero de 2026. Sigue judicializado debido al silencio administrativo del tribunal.
  • Ismael González Oropeza: Detenido el 17 de junio de 2024 y excarcelado en enero de 2026. Continúa a la espera de una respuesta judicial a su solicitud de amnistía.
  • Deysi Peña: Detenida el 2 de agosto de 2024 y excarcelada el 16 de noviembre de 2024. Sigue bajo medidas restrictivas a pesar de haber pasado más de un año del inicio de su proceso.
  • Jonathan Carrillo: Detenido en julio de 2022 y excarcelado en enero de 2026. Es uno de los procesos más antiguos; sigue en el limbo judicial a la espera de que se aplique la Ley de Amnistía.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Aún quieren irse: uno de cada tres jóvenes venezolanos desea emigrar este año

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De acuerdo con Max Suarez D’Addario, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y gerente de proyectos en Consultores 21, uno de cada tres jóvenes venezolanos tiene contemplado irse del país este año. Entre los principales motivos para emigrar destacan la reunificación familiar, la situación económica y las deficiencias en los servicios públicos.

Suarez D’Addario fue entrevistado este martes 21 de abril por Román Lozinski en su programa radial Éxitos, transmitido por Mundo Unión Radio.

Un estudio realizado en febrero de 2026 por Consultores 21 a dos mil hogares venezolanos, en poblaciones urbanas y rurales, señala que, a pesar de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero, muchos venezolanos contemplan aún la posibilidad de emigrar. La cifra aumenta en el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Según Suarez D’Addario, alrededor de cuatro de cada diez jóvenes (40 %) tienen intenciones de irse del país, de los cuales uno de cada tres contempla hacerlo este mismo año. El estudio cuenta con un margen de error de 2,24 % y un nivel de confianza del 95,5 %. Se realiza generalmente dos veces al año: en el primer trimestre y en el último.

Suarez D’Addario explicó que las decisiones de los venezolanos sobre quedarse en el país están polarizadas tras los acontecimientos del 3 de enero, con alrededor del 40 % para cada sector. Es preciso recordar que Venezuela representa el segundo mayor desplazamiento del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y que el reciente estudio realizado por Consultores 21 en Venezuela prevé una nueva ola migratoria.

Apuestan por países con políticas migratorias seguras

Alrededor del 40 % de los venezolanos tiene un familiar en el extranjero, aseguró Suarez D’Addario. La mayoría de los jóvenes con intenciones de migrar posee familiares fuera del país. El estudio incluyó una medición previa al 3 de enero, en la que ya se evidenciaba el deseo de emigrar de muchos ciudadanos.

Para el sociólogo, la decisión de los venezolanos de quedarse no depende de la esperanza de una mejora en el país. Entonces, ¿qué los hace permanecer? Suarez D’Addario señala que las políticas migratorias desfavorables en muchos de los países de acogida son uno de los factores que llevan a replantearse si emigrar o quedarse en el país.

Estados Unidos ya no representa un destino para la mayoría de los encuestados. Las políticas desfavorables para los migrantes, aplicadas por la administración de Donald Trump, son algunos de los motivos por los cuales no se considera un destino seguro. Los países cercanos a la región son la opción más viable para muchos, entre ellos Argentina y, entre los países europeos, España. Ambos cuentan con políticas migratorias favorables, lo que constituye un factor a evaluar por muchos venezolanos al momento de emigrar.

Vienen a tantear el terreno

Según Suarez D’Addario, para diciembre de 2025, el 5 % de la población venezolana que regresó al país lo hizo bajo el concepto de deportaciones. Las personas que visitaron el país durante estas fechas lo hicieron como un método exploratorio para evaluar la posibilidad de quedarse o emprender una segunda ola migratoria.

“(…) Ven a Venezuela como un trampolín, donde vienen, visitan a la familia y luego van a una segunda o hasta una tercera vuelta de migración”, amplió.

El sociólogo y gerente de proyectos de Consultores 21 agregó que las remesas cayeron a un promedio de 81 dólares al mes, lo que representa una quinta parte del gasto en los hogares venezolanos. Alrededor del 36 % de los hogares recibe remesas de forma frecuente y el 32 % lo hace de manera ocasional. Asimismo, señaló que, cuando las familias se dividen, es en las mujeres en quienes recae la mayor responsabilidad, ya que quedan a cargo del hogar.

Los venezolanos desean vivir en un país con garantías

Un informe reciente de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), publicado el 14 de abril, indicó que al menos un tercio de los venezolanos encuestados en América Latina y el Caribe retornaría a Venezuela si hay cambios económicos y sociopolíticos en el país. Tanto quienes desean irse como quienes quieren regresar apuestan por vivir en un país que garantice una mejor calidad de vida: servicios básicos, salud, estabilidad económica y la reconstrucción del mercado laboral.

Ambos polos manifiestan su deseo de reencontrarse con sus familias, a quienes muchos no ven desde hace años. Un año parece ser el plazo definitivo: en ese tiempo se espera el regreso de un tercio de la población y la despedida de otro tanto. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Venció el plazo: Conatel sigue sin explicar por qué más de 200 sitios web siguen bloqueados en Venezuela

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La organización VeSinFiltro denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha respondido a las dos solicitudes de información pública presentadas el pasado 13 de marzo para conocer las razones detrás del bloqueo de más de 200 sitios web en Venezuela, 60 de ellos, medios de comunicación.

Este lunes, 20 de abril, VeSinFiltro informó a través de su cuenta en X que venció el plazo de 20 días hábiles que establece la ley para que el organismo ofreciera una respuesta formal, pero el ente, hasta el momento, ha guardado silencio. 

“Tras vencerse el plazo de 20 días que tiene Conatel para responder sobre la solicitud de información que le hicimos el pasado 13 de marzo, volvimos para recordarle a su director, Enrique Quintana, que el silencio contraviene las obligaciones legales del Estado en materia de acceso a la información pública y mantiene la opacidad sobre decisiones que afectan directamente derechos fundamentales”, se lee en el post de X, en el que se informaba que comparecieron nuevamente a la sede del organismo.

VeSInFiltro aseguró que más de 30 organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación seguirán exigiendo el desbloqueo de todo el ecosistema digital así como las medidas que restringen el acceso a internet en Venezuela.

Solicitud ignorada

El pasado 13 de marzo, en el marco del Día Mundial contra la Censura en Internet, VeSinFiltro, junto a más de treinta organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, acudieron a la sede de Conatel para exigir el levantamiento definitivo de los bloqueos que afectan el ecosistema digital venezolano.

A través de una comunicación formal dirigida al Director General, Enrique Quintana Sifontes, la coalición de organizaciones señaló que los bloqueos administrativos y discrecionales se han acumulado por más de quince años, afectando a 206 dominios, 65 medios de comunicación y 30 sitios de herramientas de evasión de censura (VPN). También a plataformas como la red social X y herramientas de comunicación como Signal.

En el documento, las organizaciones enfatizaron que el acceso a un internet libre es una obligación del Estado y una condición indispensable para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos.

La solicitud principal presentada a la institución estatal es clara: Conatel puede, de oficio y sin necesidad de cambios legales, ordenar a todos los proveedores de internet de Venezuela el cese inmediato y general de los bloqueos. Esto permitiría una “limpieza” de medidas restrictivas, incluyendo aquellas que persisten de órdenes ya rescindidas o que afectan a sitios web extintos.

Además del exhorto, VeSinFiltro entregó al ente regulador una solicitud formal de información pública amparada en los artículos 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En dicho documento se exige que la institución aclare:

  • Los criterios y bases legales utilizados para ordenar el filtrado de contenidos.
  • La lista detallada de dominios, URL y servicios bloqueados actualmente.
  • Los procedimientos técnicos empleados para identificar qué aplicaciones o páginas limitar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.