Emerge un documento convocado a hacer historia en América Latina, mediante el desempeño de sus propósitos en una “hora decisiva”, tal como lo señala su texto, apalancado sobre el “mandato ciudadano” –la elección del 28 de julio de 2024, en la que resultara electo presidente Edmundo González Urrutia. Este, mal puede obviarse por quienes están llamados, bajo el liderazgo modelador de María Corina Machado, a ser los artesanos de una “democracia plena” en Venezuela.   

De buenas a primera evoca su adopción a la experiencia del Pacto de Puntofijo de 31 de octubre de 1958, que hizo posible la forja de una república civil de partidos. Lo emularon los españoles tras el conocimiento directo que tuvo del mismo don Manuel García Pelayo, autor del dictamen sobre el proyecto de Constitución aprobado en 1978 en España y quien, al vincularse con la Universidad Central de Venezuela al apenas caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dirige a partir de 1959 el Instituto de Estudios Políticos y se le reconoce como el teórico del Estado de partidos. Pero equivalentes en su importancia, por lo pronto, el Manifiesto de Panamá sobreviene en un contexto interno e internacional diferente, si bien ambos coinciden en lo que este predica, a saber, “traducir la soberanía popular en una ruta concreta, ordenada y efectiva hacia la libertad”.

Si el Pacto de Puntofijo significó el compromiso para la “defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral”, el de Panamá va más allá, por lo antes dicho. Busca crear la base política y social para la gobernabilidad democrática; lo que implica aquello que siempre faltó en el devenir nuestro a partir de 1830, es decir, la nación, ausente y preterida, cuya unidad –signada como estará por el reencuentro entre sus diásporas, la interna y la exterior, que han visto rotos sus lazos familiares y de afecto– “no es una consigna”, según lo precisa el manifiesto. “Es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”.

El pacto de 1958, más allá de proponer un “gobierno de unidad nacional”, subrayando que la unidad no debe confundirse con el “unanimismo impuesto por el despotismo”, pues lo saludable en toda democracia son “las naturales divergencias entre los partidos”, avanzó hacia un Programa Mínimo Común, con un claro propósito, “el afianzamiento de la democracia como sistema”, solo posible mediante la unidad nacional. En las demás cuestiones, cada partido o agrupación podía sostener sus diferencias, hacerlas objeto de discusión pública, pero “dentro de los límites de la tolerancia y el mutuo respeto a la que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política”.

El manifiesto de 2026, la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional” para la recuperación de la república, a tenor de lo dicho con anterioridad, “pertenece al país entero”. Incluye a los partidos y movimientos democráticos, pero en igual orden cuentan los “gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera de la patria”, a saber, la nación, que existe ahora y forja su dimensión republicana. Sin nación no habrá república, en pocas palabras.

Si Panamá, como sitio en el que se forja este compromiso histórico colectivo de los viejos dirigentes partidarios y otros sociales, que han sido opositores o aliados del chavismo a lo largo de los últimos 26 años que dura el régimen dictatorial y vive en prórroga agónica, aguas abajo de ese recorrido que ha sido traumático para todos, unos y otros aceptan que María Corina Machado tiene el “rol de conductora del proceso democrático del país”.

A diferencia de Puntofijo, ya que otros y muy distintos son los tiempos de Venezuela, que fuese el pacto entre los grandes conductores partidistas de la república civil, encabezados, según el orden indicado en el documento, por Jóvito Villalba, Rafael Caldera, y Rómulo Betancourt, el señalado liderazgo –el de Machado– trasvasa a lo político sin dejar de ser político. El mismo atiene a la vida cotidiana de los venezolanos bajo una misma república, pero que no se limita a la experiencia de lo ciudadano. De allí lo inédito del momento, ajeno cabalmente a los caudillismos que conociese el país durante casi dos centurias, civiles y también militares y más militares que civiles.

Nuestras huellas olvidadas

En nuestro primer documento histórico, la Proclamación de Coro suscrita el 2 de agosto de 1806 por don Francisco de Miranda, provee, para la recuperación de los derechos ciudadanos como americanos-colombianos, la reafirmación de la autoridad de los cabildos y ayuntamientos, a partir de los que se formaría un gobierno provisorio, con vistas a otro general y permanente, acordado por la nación; cuya identidad busca salvar y describe así el Precursor: ánimos generosos, modestia y carácter, virtudes morales y civiles, honesta índole nacional.

Seguidamente, en la Primera Proclama del Gobierno Independiente que suscriben en 1811 Cristobal Mendoza, como presidente de turno, Baltazar Padrón y Juan Escalona, el desafío de los venezolanos, según reza aquella, “sólo puede concebirse y ejecutarse por hombres animados de la libertad y dispuestos a sacrificarse por ella”. Residió este en la formación de un Estado independiente y soberano, “que tiene su gobierno, que dicta sus leyes, que establece sus magistrados y que no obedece sino los mandatos de las autoridades constituidas por él según la Constitución y reglas que se dan para su existencia política”. Su arquitectura se fundó justamente en el reconocimiento de la localidad, como primera expresión de la vida ciudadana.

El Acta de la Municipalidad de Caracas de 5 de mayo de 1826, desde el punto de vista político significaba, según sus analistas, el “reclamo de su soberanía originaria y “derecho de conservación”, luego de ver destituida por Colombia la autoridad del general José Antonio Páez, entendido como un ataque al derecho natural sobre el cual estaba fundamentada la cultura política y jurídica de los pueblos; razón por la cual otras municipalidades de la región decidieron organizarse a sí mismas y deliberar sobre su propio destino dentro de la república por medio de prácticas como el asambleísmo.

El Acta de Coche de 22 de mayo de 1826 que le puso término a la Guerra Federal –en la que se pierde el 30 % de la población, equivalente a la diáspora hacia afuera de actualidad– el acuerdo fue la vuelta a una asamblea, que designa el gobierno provisional de Juan Crisóstomo Falcón encargado “de presidir la República mientras ésta se organiza”, marcando el nacimiento solo formal de los Estados Unidos de Venezuela.

Mas, haciendo la historia corta, el Plan de Barranquilla que suscriben los exilados el 22 de marzo de 1931, entre estos Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Simón Betancourt, Valmore Rodríguez, insurge contra el capitalismo trasnacional, pide civiles para gobernar, protección de la clase productora local, revisión de las concesiones petroleras, confiscación de los bienes del gomecismo, un tribunal de salud pública, y garantías de libre expresión y asociación política.

Seguidamente, tras el 18 de octubre de 1945, el 22 de octubre la Junta Revolucionaria de Gobierno inhabilita como candidatos presidenciales a todos sus miembros y para “cuando en fecha próxima elija el pueblo venezolano su Primer Magistrado.”

Superadas las pasiones, archivada la saña cainita que inocularon en los venezolanos las guerras fratricidas, por la independencia y la federal, el Pacto de Puntofijo fue, al cabo, el producto de una larga maduración y de vivencias entre dictaduras y dictablandas.

En suma, de nuestros orígenes de localidad, de autoritarismos centralistas tamizados por el discurso federal, del logro de las elecciones universales y directas  para la configuración de los gobiernos, del dominio partidista y operante como diafragma entre la sociedad civil y la sociedad política, desde Panamá, lo acordado por los líderes partidistas no significa otra cosa que el compromiso político de acompañar y avanzar a la par del pueblo, no delante de él, hasta alcanzar “el camino hacia una democracia plena”. Se trata de algo que desborda a lo electoral, y se transforma, valga el giro de Maritain, en forma de vida y estado del espíritu. Es el único camino para el rescate de eso que llama la teoría institución invisible, “la confianza inquebrantable que nos une en el pueblo venezolano”, como se lee en el Manifiesto reciente.

El 30 de octubre de 1945, el forjador del Plan de Barranquilla, Betancourt, celebra “haber reanudado sus relaciones diplomáticas” con el gobierno de Estados Unidos. Y ¡oh paradoja!, pues tal como esta vez, mientras el mundo ve trepidar sus capas tectónicas en búsqueda de un nuevo orden global, en medio de una guerra por partes en desarrollo, observaba el presidente de la Junta, sorprendido por ese reconocimiento, que “barrida de la superficie de la tierra esa negación del hombre y de sus posibilidades ilimitadas de dignificación que era el fascismo, se ha abierto para la humanidad una etapa de renacimiento”.

El istmo de Miranda

En esa estamos, con el Manifiesto de Panamá. De su significación providencial cabe destacar el sitio. Cuando el Precursor propuso a los británicos, en 1790, la emancipación de América bajo el nombre de Colombia visualizó al istmo de Panamá como el corazón de ese imperio en emergencia, un incanato. Convocado allí el Congreso Anfictiónico en 1826, se hizo patente el choque de dos visiones geopolíticas contrapuestas, la de las repúblicas confederadas para protegerse a sí mismas, y la del enfoque centrado en el libre comercio sostenido por los norteamericanos. Estas han vuelto por sus fueros y es la cuestión que ahora plantea el Manifiesto de 2026, la de alcanzar una armonización sin extremismos ni estridencias.

En Panamá, en fin, su presidente José Raúl Mulino, enemigo de las dobleces cuando se trata de la defensa de la libertad, acogió y protegió a los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes del Grupo IDEA cuando se les impidió, por Nicolás Maduro, ahora encarcelado en USA, acudir como observadores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2028, que este desconoció. El Banco Nacional de Panamá, enhorabuena y en consistencia con la crónica antes relatada, es hoy el custodio de la soberanía popular venezolana. Allí se conservan las actas auténticas, en original, de la elección lograda por María Corina Machado y que hizo presidente electo al embajador Edmundo González Urrutia. Y se lo decía Miranda al ministro británico William Pitt, Panamá es “la llave del continente”, es la ruta natural más corta entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, vital para conectar el comercio mundial y asegurar la defensa de la América libre.

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