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Tarjeta roja a los feminicidios en América Latina

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Por Carlos Gutiérrez | CONNECTAS

En México, el comienzo del Mundial de fútbol se vio marcado por situaciones contrastantes. Mientras en el histórico estadio Azteca todo era fiesta, música y deporte, en las calles, varios grupos protestaban por problemáticas minimizadas o invisibilizadas sistemáticamente por el Estado mexicano. Entre ellas se destacaban las de colectivos de madres buscadoras, que se enfrentaron a los cercos policiales que trataban de acallar sus clamores por más de 130.000 desaparecidos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

En redes sociales también surgió la campaña “La violencia contra las mujeres no es parte del juego”, para crear consciencia sobre los altos índices de feminicidios en el país. Tan solo en México, el 43,9% han sufrido las agresiones de sus esposos o parejas, que suelen agudizarse en los grandes eventos deportivos, como denuncia la Red Nacional de Refugios. Esta problemática afecta a todos los países de América Latina.

Justamente, una semana antes del inicio del torneo mundialista, en Argentina miles de personas salieron a las calles para protestar por el feminicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo apareció en un descampado de la ciudad de Córdoba.  

El asesinato de dos mujeres más se sumó a la indignación de la ciudadanía y de grupos feministas que luchan por los derechos de las mujeres. Sin embargo, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina presenta una cuestionada baja de 12,3% en el índice de los casos durante 2025, con respecto al año anterior. “Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas”, expresó en un comunicado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Las declaraciones del fiscal de Córdoba, Raúl Garzón, quien lleva el caso de Agostina Vega, solo alimentaron la indignación de grandes sectores sociales. Primero, evitó calificar el crimen como feminicidio. Luego, le dio mérito a los perros de búsqueda que dieron con los restos de la menor. “Hay que entregarles una medalla de distinción”, afirmó. La exconcejal Laura Vilches lo increpó al decirle que podía “ahorrarse el cinismo”, porque era “una payasada” lo que estaba haciendo.

Para Aimée Zambrano, coordinadora del Monitor de Feminicidios Utopix, con sede en Venezuela, el asesinato de Vega fue la gota que derramó el vaso de la grave violencia que sufren las argentinas. Afirma que su historia está siendo tan relevante como lo fue en 2015 el feminicidio de Chiara Páez, otra adolescente de 14 años, que dio origen al movimiento Ni una menos. Además, señala Zambrano en conversación con CONNECTAS, la actitud del fiscal Garzón “es un indicador del tipo de gobierno, el tipo de ideas que ahora hay en Argentina y que vienen de la mano de negar los derechos de las mujeres y de negar que existe un Estado patriarcal, y de negar que hay un tratamiento diferenciado desde lo masculino hacia lo femenino”.

En efecto, el gobierno de Javier Milei decidió recortar hasta casi en un 90% el presupuesto para prevenir la violencia de género, mientras eliminaba el programa Acompañar así como la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. “El Gobierno libertario optó por desfinanciar y suprimir, evitando contemplar que las iniciativas ahora vaciadas eran el resultado de una larga historia y que surgieron para dar respuesta a un problema estructural que persiste y que exige presencia estatal”, publicó el diario español El País.

María Elena Martin, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, explica que desde la llegada de Milei a la presidencia, “prácticamente se han desmantelado todas las políticas públicas de igualdad de género y los observatorios. Solamente queda el de la Corte Suprema de Justicia, que registra feminicidios”.  Pero, afirma la académica, por supuesto no ha podido desintegrar la vigilancia de la sociedad civil.

El 10 de junio, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar “emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años”.  Y es que, en lo que va del año, se registra un intento de feminicidio en ese país cada 26 horas. Ello, “frente a un sistema que garantiza impunidad y que tiene una política de negacionismo, desfinanciamiento y desmantelamiento total de las políticas para prevenir esta situación”, argumentó el legislador.

Por su parte, la Asociación Civil Franco-Argentina MundoSur muestra en su Informe Anual 2025, que Argentina registró “un incremento leve, pero sostenido, en los últimos tres años” en el índice de feminicidios. También se mira un aumento en América Latina, ya que durante 2025 hubo más de 3.700 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género, un promedio de 315 por mes y un aumento del 18% con respecto al 2024. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que en la región se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo. Las naciones con las tasas más altas durante 2025 en la región fueron Puerto Rico, Honduras y Ecuador.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, Honduras presenta uno de los mayores índices de muertes violentas de mujeres del mundo. La mayoría de los casos, señala el organismo, “son perpetrados por la delincuencia organizada y una importante cantidad son clasificados en la categoría ‘sin determinar’”.

El Centro de Derecho de Mujeres de Honduras reportó que tan solo en los primeros cinco meses de este año 111 fueron asesinadas, lo que equivale a un feminicidio cada 32 horas. El país “enfrenta tasas de impunidad alarmantes”, señala en un pronunciamiento público al comentar una reforma al Código Penal sobre el delito de feminicidio, que aumentó la condena hasta 60 años en casos agravados.

Para esa ONG, aumentar las penas no es de ningún modo suficiente. “La investigación criminal deficiente, la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género de parte de los operadores de justicia y la revictimización institucional de las mujeres que denuncian, hacen que el mayor obstáculo no sea la insuficiencia de las penas vigentes, sino la casi nula probabilidad de que los agresores sean efectivamente investigados, procesados y condenados”, dice el documento.

Estas cifras regionales, sin embargo, no reflejan la realidad, porque más de la mitad de los países no cuentan con información pública. Por ello, uno de los principales desafíos es la falta de datos consolidados. MundoSur utiliza la información que aparece en la prensa digital como fuente principal para construir un mapa anual regional de feminicidios que presenta desde 2019.

Aunque parezca extraño por sus sesgos y vacíos, la prensa se convierte en “una herramienta invaluable para poner en agenda la necesidad de que el Estado asuma sus compromisos y sus obligaciones”, señala Eugenia D’Angelo, directora ejecutiva y fundadora de MundoSur. Lo anterior se agudiza aún más ante la inexistencia de una definición jurídica homologada en los países y ante las diferencias en las capacidades institucionales para registrar, sistematizar y publicar información.  

Por su parte, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentaron a finales de mayo el informe “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, donde llaman la atención sobre el alto subregistro en la mayoría de los países iberoamericanos.

Ponen como ejemplo a México, donde apenas el 13,6% de los casos llega a denuncia formal, y a Ecuador, donde solo se denuncia el 5%. Asimismo, señala que entre el 44 y el 50% de los casos sucede en los hogares. “Esto significa que todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y que el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas”, alerta SEGIB en un comunicado oficial.

Además, el informe “Medir para transformar” muestra que la violencia contra las mujeres produce un alto desgaste económico para los países. En algunos de ellos, como Paraguay y Ecuador, alcanza hasta el 5% del Producto Interno Bruto, representado en gastos de salud y justicia, descapitalización de microempresas y falta de rendimiento de las trabajadoras víctimas de violencia, entre otros factores.

“Tiene un costo muy importante. Y no solo es económico. Ese es uno de los aspectos menos visibilizados. Tiene un impacto humano y social. Tiene impacto sobre la salud, tiene impacto sobre la autonomía de las mujeres y en su participación laboral”, ahonda Azul Picón, coordinadora del área de prevención de las violencias de Grow – Género y Trabajo, asociación civil especialista en temas de género en el ámbito laboral.

En su informe 2025, MundoSur advierte que en la región latinoamericana avanza la regresión política y el debilitamiento de las “organizaciones que históricamente han sostenido el monitoreo independiente de los feminicidios”. Denuncia un “creciente backlash contra los derechos de las mujeres”, lo cual es evidente a partir de los recortes de presupuestos, debilitamiento institucional y discursos anti-derechos.

El medio argentino feminista Latfem atribuye el fenómeno desde 2019 a los gobiernos de extrema derecha. Preocupa particularmente la política del nuevo presidente chileno José Antonio Kast, quien encabeza una agenda antiderechos en esta materia.

D’Angelo explica que en Latinoamérica hay al mismo tiempo avances y retrocesos y algunos países han desarrollado marcos normativos e institucionales relevantes para proteger los derechos de las mujeres. “Pero la existencia de una legislación avanzada no garantiza por sí sola una protección efectiva. Que exista la ley no significa que el derecho sea efectivo y que sí pueda ser ejercido claramente por las personas”, señala.

Pero otro factor, igualmente preocupante, entra en el juego. “Hay un alineamiento con el gobierno de Estados Unidos, que tiene una clara agenda antifeminista y antiderechos”, afirma esta jurista doctora en derechos humanos. Asimismo, considera que “la persistencia de los feminicidios y la especial vulnerabilidad de las mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, rurales, mujeres con discapacidad, personas trans, muestran que la violencia femicida sigue siendo una expresión extrema de desigualdades estructurales que no han sido resueltas en la región”.

El marco normativo internacional existe y muchos países lo tienen considerado. El instrumento más avanzado es el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual no se centra en la sanción sino en la prevención. El problema es que no se implementan políticas concretas. “Por ejemplo, en Argentina está ratificado, pero no hay nadie que controle que se cumpla”, acusa Picón.

En este escenario de violencia contra las mujeres, las expertas coinciden en que para muchas de ellas el mundial de futbol no es motivo de celebración, sino de angustia, porque en estos ambientes se reafirman los discursos patriarcales. Insisten, como también señala la SEGIB, en que solo habrá resultados si se consolidan políticas gubernamentales encaminadas a la prevención, lo cual no solo representaría menores costos económicos, sino que ayudarían a proteger derechos y, sobre todo, a salvar miles de vidas en el continente.

Este análisis contó con la colaboración en reportería de Federico Ruiz.

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace. 

El Mañanero del 18 de junio: Madre de víctima de la masacre de El Junquito habló ante la Corte IDH

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 18 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evalúa la responsabilidad internacional del Estado venezolano por los hechos del 15 de enero de 2018 en Caracas, conocidos como la “Masacre de El Junquito”. Aquel día, un masivo operativo militar y policial cercó el chalé donde se resguardaba un grupo disidente liderado por el exinspector del Cicpc Óscar Pérez.

Representantes de Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center exponen ante la Corte argumentos sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos denunciadas, incluyendo la alegada vulneración del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los fallecidos.

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Recién salido del horno: otras noticias

Justicia, Encuentro y Perdón denuncia la persistencia de la prisión política en Venezuela

Cedice: Consumo promedio familiar en mayo se ubicó $958,96

Recuperar los activos de la corrupción: uno de los retos que enfrentará la transición

CLAVES | Censura y autocensura: ¿qué ha cambiado en Venezuela después del 3Ene?

La Conversa de ARI | María Corina Machado es la única autorizada por la PUD para negociar una transición política

Dólar/Euro BCV

La cita

Justicia, Encuentro y Perdón: “Ningún centro está efectivamente cerrado, y las obras prometidas representan el riesgo de destrucción de evidencia forense sin inspección previa, situación que nuestra organización percibe como una operación de impunidad arquitectónica. Mecanismos independientes, nacionales e internacionales, permanecen sin acceso a estos recintos desde 2017”.

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

Una obra de arte con tomates y pepinos.

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda de la semana del Centro Cultural Chacao del 15 al 21 de junio.

Justicia, Encuentro y Perdón denuncia la persistencia de la prisión política en Venezuela

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La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció en un comunicado que en cuanto a respeto a derechos humanos nada ha cambiado en la política Venezuela.

La organización indicó que pese a que el ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, vaticinó el éxito de un operativo para combatir el retardo procesal hay 1200 juicios pendientes y 544 personas privadas de libertad por motivos políticos.  

De esa cantidad de presos políticos, 468 son hombres y 68 mujeres; 190 son funcionarios de seguridad del Estado activos, 33 fueron miembros de organismos de seguridad, 284 pertenecen a la sociedad civil, hay 19 dirigentes políticos, tres sindicalistas, un periodista y un defensor de derechos humanos. 

La ONG informó que dentro de las cinco centenas de presos políticos existen 41 personas con enfermedades graves sin atención médica adecuada, 19 adultos mayores, 18 casos de desaparición forzada, 23 extranjeros y 28 venezolanos con doble nacionalidad. 

JEP enfatizó que el propio Cabello reconoció que en el centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en la Zona 7 de Boleíta en Caracas había hacinamiento y funcionaba como un centro de ultraje.

La organización dijo que cinco meses después del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a un “número importante” de presos políticos, aún siguen tras las rejas una cifra importante de personas por el simple hecho de pensar distinto. 

JEP aseveró que con la aplicación discrecional de la Ley de Amnistía el Estado continúa utilizando la administración de la libertad a cuentagotas como una herramienta de amortiguación política a corto plazo.   

El Helicoide fue una burla

Para JEP, el gobierno de Delcy Rodríguez solo disimula un compromiso adquirido con presos políticos, familiares y el gobierno de los Estados Unidos.

Muestra de ello fue la promesa de cerrar la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, descrito como una “cámara de tortura”. 

 “El 23 de febrero de este año, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de trabajos de remodelación. Sin embargo, al 22 de mayo de 2026, el recinto no solo no había sido cerrado sino que permanecía activo con más de 20 presos políticos internados allí”, escribió JEP en un comunicado. 

JEP denunció que el pasado 8 de junio, las autoridades venezolanas trasladaron a decenas de presos políticos y sociales desde El Helicoide hacia otras prisiones como La Planta, Yare, El Rodeo, Tocuyito, el INOF y Las Crisálidas. 

Denunciaron que además del Helicoide, ningún otro centro de reclusión fue objeto de cierre. La Tumba (Sebin de Plaza Venezuela), el Dgcim en Boleíta, Ramo Verde, El Rodeo I, Tocorón, y más de 90 centros en 19 estados permanecen operativos. 

La organización asomo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) ha continuado investigando casos activos de tortura asociados a estos lugares. 

“Ningún centro está efectivamente cerrado, y las obras prometidas representan el riesgo de destrucción de evidencia forense sin inspección previa, situación que nuestra organización percibe como una operación de impunidad arquitectónica. Mecanismos independientes, nacionales e internacionales, permanecen sin acceso a estos recintos desde 2017”, expuso JEP.

Agregó que  la represión contra defensores y activistas no cesa. Según JEP, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 122 ataques e incidentes en el primer trimestre de 2026, con un pico de 64 solo en enero, casi el triple del promedio mensual de 2025.  EL CDJ expuso que la reducción respecto al año anterior no responde al cese de las prácticas represivas, sino al endurecimiento de las restricciones y a la autocensura generada por el miedo. 

“El incremento de enero ocurrió en respuesta directa a las ONG que exigían condiciones para las liberaciones, las cuales fueron acusadas por funcionarios del gobierno de lucrarse de los familiares de presos”,añadieron.

La organización sentenció que las carceles en Venezuela operan en contravención del Artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual reza que el Estado está en la obligación de garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno, espacios dignos y el respeto a sus derechos humanos.

Resignarse no es opción

JEP indicó que ante la indiferencia del Estado, la misión de cada organización es documentar las torturas, denunciar ante las instancias internacionales y exigir sin descanso el respeto a la Constitución.

“La resignación no es opción. Son acciones de esperanza activa. Es la persistencia de la verdad contra la maquinaria del olvido”, insistieron.

JEP informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos suma 24 años sin poder realizar una visita in loco a Venezuela; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) opera sin acceso al territorio; la reinstalación de la oficina de la OACNUDH sigue paralizada tres meses después de su expulsión y el andamiaje legal para retirar a Venezuela de la jurisdicción de la CPI sigue vigente.

“La persistencia colectiva en la exigencia del derecho, y la fiscalización internacional sin restricciones, constituyen el único camino transitable hacia una justicia verdadera. No nos detendremos hasta que la dignidad humana deje de ser una moneda de cambio y se convierta en la base innegociable de nuestra sociedad”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Cedice: Consumo promedio familiar en mayo se ubicó $958,96

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De acuerdo al Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, el consumo promedio mensual de 61 bienes para una familia de tres personas en las ciudades de Caracas, Valencia y Maracaibo se ubicó durante el mes de mayo de este año en 958,96 dólares, equivalentes a 509 376,10 bolívares.    

La organización expuso que para cubrir el gasto se requieren 7,2 salarios integrales de Bs 70.335,2; es decir, casi dos salarios por semana.

De acuerdo con Cedice, la cesta de consumo está conformada por alimentos, restaurantes, servicios, recreación, esparcimiento, perfumería y cuidado personal, y transporte.

Cedice informó que la mayor presión inflacionaria en moneda nacional fue de los rubros servicios (17,2%), transporte (10,62%) y restaurantes (6,24%).

Los alimentos apenas subieron 0,35% en bolívares, mientras que perfumería y cuidado personal lo hicieron en 1,83%.

Por su parte, en dólares, los alimentos bajaron 8,09%, el rubro perfumería y cuidado personal cayó 7,22%, mientras recreación y esparcimiento retrocedió 3,06%. Los únicos rubros que subieron en moneda extranjera fueron servicios (7,06%) y transporte (2,54%).

Según el Inflaciómetro de mayo de 2026, la subida de los precios en mayo fue de 6,77% en bolívares y hubo una caída de -1,89% en dólares.

Conforme a Cedice, la cifra en bolívares representa una desaceleración respecto al 18,4% registrado en abril, y es la más baja en más de 12 meses. 

Según la organización, la cifra es superior a la reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV), cuya variación oficial fue de 6,3% en mayo.

La variación interanual (mayo 2025 – mayo 2026) se ubicó en 676,35% en moneda nacional y 52,96% en la extranjera.

Valencia registró la cesta más costosa en dólares con 1.027,04, seguida de Maracaibo con $988,31 y Caracas con $861,54.

Maracaibo encabezó el gasto con 533.702,44 bolívares, seguida de Valencia con 531.799,58 bolívares y Caracas con 462.626,41 bolívares.

Por su parte, la capital zuliana registró el mayor aumento en bolívares con 8,21%, seguida de Valencia con 6,52% y Caracas con 5,44%. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

León XIV, el apóstol de los migrantes

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En un mundo donde los gobiernos más poderosos tratan a los migrantes como invasores culpables de las calamidades que sufren los pueblos, el papa León XIV ha elegido el camino contrario. Ha intensificado su defensa de quienes migran, exige que se les trate con dignidad humana y denuncia a quienes lucran con su sufrimiento. Critica que el Mediterráneo y el Atlántico se hayan convertido en «cementerios sin lápidas» y defiende con igual firmeza dos derechos que van de la mano: el derecho a emigrar y el derecho a no tener que hacerlo.

El pontífice ha instado a los países más ricos a mejorar las condiciones en las naciones de origen y ha propuesto a la comunidad internacional frenar la extracción de riquezas y garantizar un desarrollo justo que evite que la gente se vea forzada a partir. Ha llegado incluso a afirmar que quienes promueven las guerras no pueden considerarse cristianos.

Una voz que señala a los poderosos

La postura del papa León XIV merece reconocimiento precisamente porque no elude el conflicto, como sí lo hace el liderazgo político oportunista que ve a los migrantes únicamente como daño colateral.

Al contrario, el pontífice desafía a los poderosos del planeta a responder con humanidad y a proteger a los más vulnerables, en contraste con la dureza de las políticas migratorias de Estados Unidos y de la Unión Europea —con la excepción de España, que ha abierto la regularización de medio millón de migrantes— o con la agresiva campaña de deportaciones del presidente Kast en Chile, dirigida principalmente contra los migrantes venezolanos.

Las raíces históricas de la migración

La indignación del pontífice cobra todo su peso cuando se entiende que los procesos migratorios no surgieron de la noche a la mañana: se gestaron en el largo callejón de la historia. Si nos referimos a Europa, basta con reconocer cómo el mapa del continente africano fue distribuido a placer de las potencias a finales del siglo XIX, como puede observarse en las líneas rectas de las fronteras de cada país, repartido como el festín de Baltasar entre el Reino Unido, Francia, España, Alemania, Bélgica, Italia y Portugal.

Esos gobiernos expoliaron sus riquezas hasta la saciedad, incluso después de acordarse la independencia de esos Estados en la segunda mitad del siglo XX, sin construir una infraestructura pública decente que garantizara a sus poblaciones siquiera un nivel de vida de subsistencia.

El caso de Asia es diferente en sus formas, aunque semejante en sus consecuencias: el reparto por parte de las potencias mundiales se llevó a cabo principalmente durante los siglos XVIII y XIX mediante el control de rutas comerciales y la explotación de recursos, a través del dominio de áreas de influencia y protectorados que involucraron tanto a potencias europeas como a nuevas naciones imperialistas.

Al abordar América Latina, los lapsos históricos se amplían por siglos. En su primera fase, el colonialismo español y portugués se extendió hasta el siglo XIX; en los siglos XX y XXI, la influencia tecnológica y financiera convirtió al continente en proveedor de materias primas —relación impuesta por Estados Unidos, Europa y, más recientemente, China—.

Una crisis de dimensiones planetarias

No es de extrañar, por tanto, que los flujos migratorios se orienten en primer lugar por los vínculos económicos históricamente establecidos, por la vecindad geográfica y por la persecución política contra quienes exigen libertades democráticas. Todo ello ha determinado que existan hoy cerca de 304 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que representa aproximadamente el 3,7 % de la población del planeta.

Esa inmensa población se distribuye así por región de destino: Europa acoge 87 millones de migrantes y se mantiene como la región con mayor stock de inmigrantes del mundo; Asia, 86 millones, atraídos principalmente por la demanda de trabajo en Oriente Medio; América del Norte, 61 millones —el 20 % del total global—, con Estados Unidos a la cabeza, con más de 52 millones de personas nacidas en el exterior; África, 30,4 millones (10 % del total); y América Latina y el Caribe, 18,2 millones (6 % del total).

El pontífice y la indiferencia del mundo

Esta realidad global confiere especial relevancia a la postura del papa León XIV. Su voz no resuena en el vacío: interpela a gobiernos, corporaciones internacionales y organismos multilaterales que han normalizado la indiferencia ante el sufrimiento de millones de personas. Frente a quienes los convierten en estadística o en amenaza, el pontífice insiste en devolverles el único atributo que ninguna política migratoria debería poder arrebatarles: su condición humana.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Madre de víctima de la masacre de El Junquito ante la Corte IDH: “Su cuerpo estaba destrozado”

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evalúa la responsabilidad internacional del Estado venezolano por los hechos del 15 de enero de 2018 en Caracas, conocidos como la “Masacre de El Junquito”. Aquel día, un masivo operativo militar y policial cercó el chalé donde se resguardaba un grupo disidente liderado por el exinspector del Cicpc Óscar Pérez.

A pesar de las transmisiones en vivo que evidenciaban la firme intención de entrega del grupo, las fuerzas de seguridad atacaron la vivienda con armamento pesado y un lanzacohetes. El procedimiento culminó con la muerte de siete personas, entre ellas Óscar Pérez, Daniel Soto, Jairo Lugo, Abraham Lugo, José Alejandro Díaz Pimentel, Lisbeth Ramírez y Abraham Agostini.

Representantes de Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center exponen ante la Corte argumentos sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos denunciadas, incluyendo la alegada vulneración del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los fallecidos.

También participará como perito el Dr. Giancarlo Fiorella de Bellingcat, quien expuso hallazgos derivados de investigaciones independientes sobre los acontecimientos.

Identidad y motivaciones de Abraham Agostini

Por el lado de las víctimas compareció la señora Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini. La abogada Isabel Roby, representante del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, inició el interrogatorio preguntándole a la testigo quién era Abraham Agostini, cuál era su relación con él y cómo se estructuraba la vida de la familia.

La señora Agostini describió a su hijo como un hombre sencillo, humilde y con una profunda empatía social en su comunidad de La Pastora, en Caracas. Allí colaboraba de manera recurrente repartiendo alimentos a personas vulnerables.

Zeila Agostini precisó que el trasfondo de las acciones de su hijo no correspondía a las tipificaciones de delincuencia difundidas por los medios oficiales. Él manifestaba ideas libertarias fundamentadas en el artículo 350 de la Constitución nacional, que ampara la desobediencia civil.

“Me siento muy satisfecha, orgullosa de que, aunque me duela en el alma, Abraham entregó su vida por la libertad del país”, afirmó la madre, quien identificó el año 2014 como el punto de inflexión donde su hijo asumió un rol activo en las manifestaciones antigubernamentales.

Sobre el día de los hechos, Isabel Roby pidió a la señora Agostini que detallara sus vivencias y recuerdos exactos de la madrugada y mañana del lunes 15 de enero de 2018.

La señora Agostini relató que mantenía comunicaciones muy esporádicas con su hijo mediante dispositivos ajenos por razones de seguridad. El 15 de diciembre de 2017, Abraham le notificó su salida hacia la clandestinidad diciéndole únicamente: “Mamá, voy a una misión bastante delicada. No te puedo decir mucho. Voy a la clandestinidad a luchar por mi país”.

Durante la madrugada del 15 de enero de 2018, el desvelo y la falta de noticias marcaron las horas previas al desenlace. A las 7:30 de la mañana, la señora Agostini descubrió en su teléfono celular un mensaje de voz que contenía la última voluntad de Abraham. Él le explicaba que el grupo había sido localizado, que se encontraba herido y que negociaban una entrega pacífica en presencia de periodistas y fiscales. Era un mensaje “donde prácticamente era su última voluntad y se estaba despidiendo”.

Tras perder el contacto de forma definitiva, la confirmación del fallecimiento llegó al día siguiente a través de la televisión. Las autoridades difundieron las imágenes bajo el rótulo de una “célula terrorista desmantelada”.

El impacto emocional sumió a la madre en un estado de parálisis física inmediata. “Mi reacción emocional fue en verdad quedarme paralizada y sentí que mis pulmones y mi corazón se paralizó, como si fuera una anestesia”, describió textualmente sobre ese instante.

Irregularidades forenses y el traslado forzoso

La señora Agostini describió un escenario de tensiones constantes con las autoridades del organismo forense. La primera gran fricción surgió porque “el régimen pretendía cremar los cuerpos, y eso fue una lucha constante”, que según explicó, fue liderada por su hija María Virginia.

Asimismo, denunció que los funcionarios intentaron obligarles a firmar una constancia donde se narraba “que habíamos evidenciado ya los restos de nuestros familiares”. Tanto ella como otros deudos se opusieron tajantemente respondiendo: “Esto no se suscribe, porque yo no he visto los restos de mi hijo”. Tras exigir la presencia de un fiscal, el reconocimiento físico se efectuó el jueves.

Al ingresar, constató que la fisonomía de su hijo se encontraba destruida de forma alarmante. “Mi hijo, su humanidad estaba completamente destrozada. Para mí fue muy fuerte, le pedí a Dios que me diera la fuerza para poder estar allí”, relató.

“Se violaron todos nuestros derechos postmórtem, funerarios, en el cementerio, fue terrible. Nunca nos entregaron los restos de nuestros hijos, ellos lo hicieron como ellos quisieron”, denunció. Agregó que fue “un entierro forzado, donde se nos dio apenas 15 minutos” y que los entregaron en un cajón “prácticamente con papel y tela clínica”.

La señora Agostini relató que el entierro se realizó de forma apresurada y unilateral por parte de las autoridades. “Fue un entierro forzado en tiempo récord. Hay un un video donde yo le digo, ‘yo me voy a tirar en ese hueco, pero a mi hijo no me lo van a enterrar como un perro porque él tiene familia’”, rememoró con indignación ante el tribunal.

Al describir el estado de los restos de Abraham durante el reconocimiento, la señora Agostini declaró: “Mi hijo tenía más de 50 perforaciones en el cuerpo y las heridas como con arma blanca”, detallando de forma específica la presencia de múltiples lesiones punzantes en la zona del pecho.

Persecución interna y la ruta del exilio

Tras los hechos, la señora Zeila Agostini relató que su vivienda en Caracas fue objeto de un allanamiento arbitrario por parte de las fuerzas de seguridad. “Esa gente estuvieron en la casita donde yo vivía con mi hijo, sin orden de cateo, sin nada, pretendiendo, no sé, sembrar algo”, denunció ante los jueces.

Ante los reportes de personas cercanas en el Ministerio de la Cultura —donde es funcionaria jubilada— que sabían “cómo se estaban moviendo las estrategias del régimen para apresarme a mí por una nota de voz que dejó mi hijo, y que se viralizó”, la señora Agostini huyó del país a los 34 días del operativo.

Salió por la frontera con Colombia donde le ofrecieron protección, pero su ruta migratoria la condujo a Perú, donde obtuvo refugio por cuatro años. No obstante, tras un cambio de administración política en 2021, el consulado venezolano emitió un oficio “exigiendo los listados de todos los venezolanos que estábamos en calidad de refugio, violando así nuestra protección internacional”.

Esta situación forzó un nuevo desplazamiento hacia Costa Rica. Al llegar a la oficina de migración local, le entregó el oficio consular a la directora. “Ella allí pues lo tomó, lo leyó, se levantó, y me abrazó, y me dijo, bienvenida a Costa Rica”, recordó con profunda gratitud. Ante la consulta de si existían condiciones seguras para retornar a su país, contestó: “Bueno, las condiciones de seguridad no están de verdad”.

Impacto en el núcleo familiar y las descendientes

Abraham dejó cuatro hijas, que para el momento tenían ocho, siete, cinco y cuatro años. Especificó que dos de las hijas “viven en la parte rural del estado Lara allá en Venezuela, y las otras dos viven en una en Lara y la otra en Mérida”. Explicó que como familia siempre han mantenido el acercamiento para que las niñas “estén conscientes de quién es su papá” y de por qué no está con ellas.

En la actualidad, su permanencia en Costa Rica se sustenta gracias al soporte de su hija mayor y las remesas de sus otras dos hijas radicadas en el exterior, complementado por una cobertura del seguro social costarricense.

Peticiones de reparación integral ante el tribunal

La señora Agostini fundamentó su petición en la obtención de una declaración de verdad jurídica internacional que revierta los calificativos penales de “terroristas” impuestos por el Estado sobre las siete víctimas del operativo de El Junquito. Solicitó formalmente ante los magistrados “que se haga justicia por todas las cosas que hemos tenido de pérdidas emocionales”.

Al constatar que en el ordenamiento interno de su país de origen no existe ningún expediente judicial abierto ni intenciones de investigar las muertes, ubicó a la Corte IDH como la única instancia capaz de dictar una resolución imparcial que limpie la memoria de su hijo.

“Es el único ente pues que es que he podido estar porque en mi país, por supuesto, no hay justicia, ni siquiera pues hay un expediente abierto ante las autoridades de allá de lo que pasó”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El grillete de Perkins Rocha, un perímetro de dignidad

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“Los deberes de la verdad son más difíciles que los de la mentira”. —Molière

Hay objetos que pesan más por lo que simbolizan que por lo que realmente son. Un grillete electrónico en el pie de un inocente es uno de ellos. A primera vista parece apenas una pieza de tecnología adherida al tobillo de una persona. Un dispositivo silencioso, frío, diseñado para monitorear movimientos y registrar ubicaciones. Algo aparentemente neutro. Pero detrás de él, al decir de Perkins Rocha, “hay 125 días de aislamiento [8/2/2026] y 535 días [y noches] de sombras, soledad e injusticia”.

Pero cuando ese dispositivo es colocado en la humanidad de un hombre por la única “falta” de defender principios democráticos, DD. HH., la justicia y libertades públicas, deja de ser una herramienta administrativa para convertirse en un indignante custodio. Esta es la tragedia no solo de Perkins Rocha. Es el drama y la pesadilla de todo un país —como él denuncia— un país que sigue preso, una república asaltada.

Vivir bajo la apariencia o anhelo de liberación es un peso en el alma y un reto a la vez. Rocha sigue teniendo un metal en su tobillo, pero cada vez que lo mira se hace las preguntas esenciales: ¿Para qué queremos ser libres? ¿Para tropezar con la misma piedra? ¿Para inaugurar, por fin, un verdadero destino, libre, justo democrático? ¿Queremos realmente ser libres o nos da miedo serlo? ¿Entonces, estamos preparados para serlo ya?

Mientras te hagas esas preguntas, solo te puedo decir lo que alguna vez repitió Roosevelt frente al miedo y la adversidad: “A lo único que debemos tener miedo es tal miedo mismo”. Tú has derrotado el miedo, por lo que, aún con ese grillete, elevando tu voz sin temor, has conseguido la mejor de las libertades: la libertad de conciencia, que es la paz interior.

Por eso escribo estas líneas. Las escribo como ciudadano, como padre, como hijo, esposo y como amigo. Escribo como testigo de una época en la que la justicia y la verdad portan grillete, pero en momentos en que ejemplos como el tuyo liberarán nuestros propios miedos.

Crónica de una condena sin sentencia. El hombre y el metal

He visto ese grillete. No solo en el pie de Perkins, sino en el de muchos venezolanos libres de toda acusación. No es justo que carguen con un dispositivo hostil e inmerecido, con la misma coerción que lo lleva un delincuente común. Pero inevitablemente he tenido que fijarme en el hombre-víctima. No solo es un venezolano digno y decente. Es un amigo de cuya integridad puedo dar fe por haber compartido nuestra adolescencia en la casa que nos dio a conocer la multiforme sabiduría de Dios [Ut innotescat multiformis sapientia Dei], lema de nuestra alma mater, la UCAB.

Hace más de cuatro décadas conocí a aquel muchacho con afro y cabello abundante, movimiento simple al caminar e inmensa sencillez. Compartimos sueños de justicia, igualdad y libertad en nuestra escuela de Derecho de la UCAB. Perkins siempre fue un hombre suave de temperamento y buen tono al debatir o conversar. Me invade la tristeza, pero el orgullo a la vez, de ver cómo, siendo víctima de horrendos abusos, conserva sus movimientos y su expresión, mesurada y sin rencor. Cómo acompaña sus silencios con esa mirada reflexiva, que se pregunta si estamos preparados para ser libres. No por dudarlo, sino por anhelarlo y comprometernos, sensiblemente. Los deberes de la verdad…

Hoy he comprendido que el verdadero peso de ese grillete, ese injusto custodio que invade su intimidad, que jamás debió portar, no es físico: es moral, psicológico, simbólico, es la anomia que enciende una luz roja al servicio de la maldad y la injusticia, pero también ilumina una antorcha, que inspira: la de un ciudadano con metal y una condena que jamás fue sentenciada ni sustanciada con el debido proceso.

A partir de ahí el hombre deja de ser un metal —frío y silencioso— para convertirse en un ser —libre y sin miedo— que conoce profundamente la multiforme sabiduría de Dios y de la justicia.

De abogado, juez, profesor y procurador a El Helicoide

Perkins Rocha no es un delincuente. No es un hombre de armas. No es un conspirador. Ni es un aventurero político. Es un jurista. Un egresado de una escuela de leyes. Un hombre de fe, ilusión humanista y buen padre de familia. Compañero de una promoción bien formada, bajo la convicción de que el derecho debía servir de límite al poder.

Fue juez, procurador estatal, profesor universitario de pre y posgrado. Ha dedicado décadas a enseñar que la Constitución no es una sugerencia sino una obligación. Y, sin embargo, hoy vive bajo vigilancia permanente. No como consecuencia de una sentencia firme. No como resultado de una condena definitiva. Ni como producto de un debido proceso, sino de una realidad donde la conveniencia política desplazó la verdad. Y los deberes de la verdad…

Recuerdo una frase que dijo hace algunos días. Una frase sencilla. Una frase que desnuda la realidad de muchos inocentes: “No es prisión, dicen. Pero tampoco es libertad”. Y en esas pocas palabras está contenida toda la tragedia. Porque el grillete crea una categoría intermedia muy perversa: solo existes dentro de un perímetro de confinación, para generar una percepción de liberad que es prisión.

La nueva mazmorra: los muros de la arbitrariedad

Qué diferencia existe entre la mazmorra a la que fue enviado Edmond Dantès —el Conde de Montecristo— y el grillete de Perkins Rocha. Ambos encarcelados por la maldad y sin juicio justo. Dantès encerrado en una peor mazmorra, la fortaleza del Château d’if. Perkins llevado a El Helicoide [después de su desaparición forzosa].

Pienso en aquellas piedras húmedas donde Alexandre Dumas encerró la inocencia perseguida por la arbitrariedad. La diferencia es que Dantès sabía exactamente dónde terminaban los muros… Pero en las mazmorras del régimen, usted sabe dónde comienza la tortura y el terror, pero no sabe dónde terminan. El grillete es un recuerdo constante de esa barbarie, de esa injusticia, de esa sombra y soledad. El grillete te acompaña al desayuno. Puede sentarse contigo a leer. Puede dormir en tu cama. Fingir que no existe. Pero sigue estando no solo en tu pie, sino en cada pesadilla, no por el dolor del aislamiento, las condiciones infrahumanas o los gritos de la tortura, sino por lo injusto de seguir confinado sin ser culpable de nada.

Eso es el grillete: una mentira, un ardid anclado en una pierna, que no solo amputa tu libertad, sino tu derecho a vivir en la verdad, cuyo deber es más difícil que la mentira.

Víctor Hugo lo comprendió como una verdad eterna, un deber eterno, agregaría. Desnudar la falsedad. La ley puede ser legal y al mismo tiempo profundamente injusta. Por eso Jean Valjean continúa caminando entre nosotros dos siglos después. Porque representa al individuo perseguido por sistemas incapaces de distinguir entre justicia y castigo. Condenan por capricho, castigan sin que medie juicio e infieren dolor sin clemencia. No es miserable quien padece la tortura y la mentira. Es mísero el verdugo, aquel que aun siéndolo, no es capaz de tener misericordia ni de sí mismo [San Agustín].

Cuando observo a Perkins no puedo evitar recordar aquellas páginas de Los miserables. Claro que las circunstancias no son idénticas, pero sí el resultado: la ignominia. Una pregunta de sensible dimensión moral invade mi pensamiento: ¿qué ocurre cuando el aparato del Estado deja de buscar la verdad y comienza a “administrar” sembrando terror? ¿Qué ocurre cuando el castigo deja de ser consecuencia de una culpa demostrada y se transforma en instrumento de intimidación y criminalización?

Victor Hugo escribió: “La libertad comienza donde termina la ignorancia”. Y quizás por eso los regímenes temen tanto a los hombres que enseñan. A los profesores. A los juristas y a quienes recuerdan que existen derechos anteriores al poder. Por eso temen a hombres que conocen la sabiduría multiforme del derecho, a hombres como Perkins Rocha, hombres de Dios y de la ley, hombres que cumplen el deber supremo de defender la verdad sobre la mentira.

De un cuerpo vigilado a un cuerpo inspirador

El grillete transforma el cuerpo en expediente. Cada movimiento genera información. Cada desplazamiento deja un registro. Y cada paso puede ser interpretado. El verdugo supervisa. El ciudadano se inspira. Y deja de ser únicamente una persona para convertirse en una bandera de libertad, de justicia, de moral. Un grillete, al tiempo que profana un cuerpo limpio de toda culpabilidad, se convierte en un archivo ambulante de un crimen de lesa humanidad que no prescribe.

Isaiah Berlin escribió que la libertad consiste en la ausencia de coerción arbitraria. No hablaba únicamente de barrotes. No hablaba únicamente de cárceles. Hablaba del derecho fundamental a vivir sin la intrusión permanente y abusiva del poder. Por eso el problema del grillete no es material. Es filosófico y es ético. Es político y sensiblemente ciudadano.

Y es aquí donde aparece la contradicción más dolorosa: la gran hipocresía La más evidente. La más difícil de ocultar. Se habla de reconciliación. Se habla de diálogo. De convivencia. Se habla de amnistía. Y uno se pregunta: ¿por qué amnistía para unos y no para otros? El pueblo sabe que todos merecen estar en plena libertad, porque una nación fracturada necesita ser escuchada.

Molière pasó buena parte de su vida ridiculizando a los impostores. Los tartufos, les llamó. Aquellos que fingían virtud mientras practicaban lo contrario. A quienes predicaban moralidad mientras vivían de la simulación. No resulta difícil imaginar lo que habría escrito sobre gobiernos que hablan de perdón mientras colocan grilletes. Que proclaman reconciliación mientras administran castigos. Que invocan la paz mientras prolongan el miedo.

La amnistía verdadera no selecciona ciudadanos. No clasifica conciencias. No distingue entre opositores tolerables y opositores inconvenientes. La amnistía auténtica nace de la comprensión de que ninguna nación puede reconstruirse sobre la perpetuación del resentimiento. Perkins es eso. No solo víctima de una justicia politizada. Es víctima de un peligroso y antihistórico sentimiento de odio y resentimiento.

Y su nobleza tanto lo exime como lo redime cuando baja la mirada y ve ese grillete. Porque lo conozco. Perkins, a pesar de ser víctima despiadada de la injusticia, no odia. Ama como padre, como hijo, como esposo, como jurista, amigo y ciudadano. Perkins ama a Venezuela y a sus conciudadanos. Ama la verdad como deber supremo.

El perímetro: el grillete como perpetuación del conflicto

Shakespeare entendió algo que muchos gobernantes todavía no comprenden. En The tempest, Próspero alcanza la plenitud de su autoridad cuando renuncia a la venganza. No cuando castiga. No cuando humilla. Ni cuando derrota. Cuando perdona. Porque el perdón no es debilidad. Es poder disciplinado por la grandeza y autoridad moderada por la sabiduría. Es la victoria de la civilización sobre el instinto. Por eso la figura de Próspero sigue siendo tan poderosa. Porque nos recuerda que el objetivo superior de la política no es la dominación. Es la reconciliación. Es la recuperación de la convivencia.

Entonces un grillete es la perpetuación del conflicto. Es falta de seriedad de la moral pública. Es la peligrosa convicción de gobernar sin la noble virtud de la responsabilidad. Un grillete es espectáculo. Es propaganda y perversión. Es voluntad de vivir con las diferencias. Visto desde la perpetuación de las diferencias, la imagen de un exjuez, profesor universitario y defensor del Estado de derecho portando un grillete, constituye una derrota política. Porque quienes reprimen lo que hacen con su maldad es producir un hecho inspirador. La política fracasa cuando necesita mecanismos de vigilancia para convivir con las diferencias y catapulta a los justos, cuando el abuso y el derecho se transforman en conciencia colectiva, en verdad como deber indeclinable.

“Vivo en una libertad con perímetro…” sentenció Perkins. Una frase que luce sencilla pero que contiene una proclama gigante: la derrota del miedo, del tiempo y del espacio. Hay algo que ningún grillete puede controlar. La moral. La palabra y la memoria. El poder de registrar movimientos, ideas y buenos ejemplos de seriedad. Ese grillete en ese perímetro no puede gobernar la verdad indefinidamente, porque ninguna fuerza es más poderosa que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y la libertad, querido Perkins, siempre termina llegando, porque pertenece a la naturaleza humana.

El juicio de la historia

Algún día, estos años serán estudiados. Los historiadores revisarán documentos. Examinarán expedientes. Analizarán discursos. Y entonces comprenderán que la cuestión nunca fue el poder. La razón nunca fue jurídica. Nunca fue administrativa. Tampoco fue moral, porque nunca existió. El problema nunca fue el grillete. El problema fue la voluntad que decidió colocarlo. No solo a un hombre sino a una nación entera.

Ese grillete en tu pie, estimado Perkins, es un grillete injusto en la historia de Venezuela. Pero detrás de él no solo existen 535 días de sombra, soledad e injusta encarcelación, sino sobrevive la verdad como deber superior, la libertad interior; la sabiduría del hombre bueno, fuerte y decente, cuya verdadera autoridad ha sido su conciencia, su ejemplo inspirador, su familia y su pueblo, represente luminoso del vasto territorio de la dignidad humana.

Es precisamente allí, querido amigo y compañero de conocimientos multiformes de Dios, donde comienzan todas las victorias que la historia termina reconociendo. Es en ese perímetro de dignidad donde quedará sembrada la última frontera de la verdad, la paz, la justicia y el amor por tu noble causa.

Con tu ejemplo, querido Perkins, perdimos el miedo a ser libres, porque los deberes de la verdad son más difíciles que los de la mentira, y se imponen rompiendo grilletes.

@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Exembajador en Canadá.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Recuperar los activos de la corrupción: uno de los retos que enfrentará la transición

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Durante el foro online “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas”, organizado por Transparencia Venezuela, se analizó el alcance de la corrupción en Venezuela y las severas dificultades técnicas para lograr que el patrimonio descontado regrese al país, de cara a una transición. 

La charla evidenció la necesidad que tiene Venezuela de adoptar soluciones institucionales que sean creativas y de ambas partes ante la falta de justicia independiente en el territorio nacional que pueda colaborar con autoridades internacionales.

Fondos congelados y confiscados

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, inició la sesión hablando sobre los hallazgos del informe titulado “El mapa de los decomisos”. Explicó que la corrupción en el país ha alcanzado grandes números sin precedentes a nivel global: con la suma de los expedientes judiciales de otros países a los que han tenido acceso, el monto ya supera los 70 000 millones de dólares. 

“Lamentablemente, hasta donde nosotros hemos podido identificar, solamente se ha materializado la incautación de 719 bienes, que suman una cifra cercana a los 4000 millones de dólares, esto parece poco cuando uno lo ve en referencia a todo el dineral que se ha mencionado en los casos de corrupción venezolana”, razonó Mercedes de Freitas.

La directora ejecutiva de Transparencia explicó que de esos 719 bienes identificados en 21 países 287 cuentan con un decomiso definitivo mediante sentencias, esto representa algo más de 1300 millones de dólares. Los 432 bienes restantes siguen en un limbo por la gran opacidad y falta de cooperación de las autoridades venezolanas.

“ lamentablemente los casos se sobreseen, o sea, se cierran a veces temporalmente, a veces definitiva, porque los tribunales solicitan información a Venezuela y Venezuela no entrega información”, declaró de Freitas.

La ley PANA

Una de las ponentes invitadas, María Alejandra Márquez, periodista y fundadora de la Fundación para la Iniciativa de la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), centró su participación en el panorama judicial de los Estados Unidos, donde más se han procesado casos en contra de la corrupción en Venezuela.

Márquez enfatizó que su organización hace seguimiento directo a 80 casos dentro del territorio estadounidense, cuyas órdenes confiscadas ascienden a 3900 millones de dólares, de los cuales unos 600 millones ya se encuentran en estado líquido, es decir, que disponen de efectivo inmediatamente.

La periodista hizo un llamado a la urgencia de impulsar la Ley Pana (Pana Act) en el Congreso de los Estados Unidos como una herramienta de protección contra estas corrupciones.

“Hemos logrado un proyecto de ley que se llama la Pana Act, un proyecto muy sencillo que sencillamente consiste en la conformación de un fondo especial para proteger los bienes recuperados en los casos de corrupción en los que hayan sido procesados corruptos venezolanos en los Estados Unidos. la idea es lograr que ese dinero se proteja y tenga mecanismos utilizando las instituciones americanas para ser regresados en beneficio de la población de Venezuela. Este fondo tendría cuatro propósitos amplios fundamentales: fortalecer la reinstitucionalización y la gobernanza democrática de nuestro país, la defensa de los derechos humanos, el apoyo a la libertad en los medios independientes y el combate a la corrupción”, explicó María Alejandra Márquez.

La fundadora de Inrav también destacó la relevancia real de los fondos y prevenir la corrupción  a través de esta nueva ley, que está en espera de aprobación.

“El trabajo que estamos haciendo (…) es para que se haga justicia, para que haya transparencia, pero además que haya rendición de cuentas y participación de la sociedad civil en el seguimiento de esos bienes y en el seguimiento de esos retornos, porque si no hay vigilancia pública, las posibilidades de que ese dinero vuelva a la corrupción se incrementan”, advirtió Márquez.

Estrategias globales

El segundo ponente de la charla, Guillermo Jorge, abogado y experto en prevención de lavados de activos, aportó la perspectiva jurídica internacional. Profundizó en que las normas globales de recuperación de activos varían de acuerdo al nivel de colaboración del Estado afectado, que puede colaborar activamente en el proceso judicial o por el contrario, sabotear las investigaciones, lo que genera un vacío legal severo.

“Suiza,hizo primero una orden ejecutiva y después esa orden ejecutiva pasó por el Congreso y se convirtió en ley. se aplica a todos los países que permiten la recuperación de activos o cuando el estado víctima es, entre comillas, un estado fallido. también cuando las instituciones de ese estado no le permiten obtener la evidencia necesaria que exige la legislación suiza para que un juez, de acuerdo con el debido procedimiento , pueda determinar si estos activos le pertenecen a Venezuela, por ejemplo, como en este caso”, explicó el abogado.

El especialista también comentó el reciente congelamiento de 700 millones de dólares pertenecientes a 36 personas del gobierno venezolano por parte de las autoridades suizas. Jorge aclaró que estas acciones por parte del país europeo no son espontáneas, sino que vienen del cumplimiento financiero ante problemáticas como detenciones de funcionarios.

“En Suiza la ley de lavado de dinero dice que las autoridades bancarias, tienen que mantener congeladas las cuentas durante 5 días con posterioridad a los reportes de operaciones sospechosas, a espera de que el Ministerio Público Fiscal les diga si el dinero tiene que mantenerse bloqueado o no. Altamente probable que en el caso de Maduro y la familia más próxima, todos hayan dicho que sí y en algunos otros en donde simplemente una búsqueda en Google muestra que, potencialmente, el dinero es producto de algún delito”, sentenció Guillermo Jorge.

Esperanza en la transición

Al evaluar las posibles alternativas en el futuro de Venezuela, Guillermo Jorge recomendó  optar por el “pragmatismo” por encima de la búsqueda de modelos ideales que puedan traer más problemas que ayuda. También, advirtió que debatir caso por caso podría consumir una parte considerable de los fondos en representaciones legales.

“Creo que en el proceso de reconstrucción hay que elegir un plazo, hay que saber cuál es un objetivo alcanzable dentro de esto, porque si no se convierte en una lucha que no termina nunca, en un proceso más de reconstrucción antropológica histórica que de realmente hacer justicia y dar vuelta a la página (…) Lo mejor es ponerse objetivos concretos, realizables, dedicar todos los esfuerzos, y en algún momento, dar por cerrado el capítulo”, concluyó Jorge. 

El especialista exhortó a las futuras autoridades y a las organizaciones a fijar plazos y metas realizables para los esfuerzos de recuperación de activos en el país y tratar de evitar que los procesos judiciales se transformen en disputas indefinidas, que causen más problemas que soluciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.