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CIDH condena las inhabilitaciones a políticos y las detenciones a sindicalistas en Venezuela

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Reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registra hasta 20 sindicalistas como presos políticos entre 2022 y 2023

Con información de EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes, 14 de julio, las inhabilitaciones a la participación política de los candidatos a las primarias del 22 de octubre, en las que se elegirá al aspirante que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024, y de aquellas personas que protestan para exigir derechos en Venezuela.

«El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica», expresó la comisión en un comunicado difundido por la Organización de Estados Americanos (OEA). El documento reitera el rechazo del ente multilateral a las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

 

La CIDH reiteró que «ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución».

Detenciones a sindicalistas

La comisión «registró, con especial preocupación, la detención arbitraria de tres sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales», los cuales se sumaron a los «más de 20» trabajadores detenidos «en circunstancias parecidas» en lo que va de año.

Afirmó que las inhabilitaciones y las detenciones «resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico», por lo que consideró urgente que el Estado «adopte un compromiso genuino con la democracia (…) levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política».

La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria agradeció este jueves el respaldo recibido por el Parlamento Europeo, quien condenó, en una resolución, la decisión «arbitraria e inconstitucional» de inhabilitar a políticos críticos al gabinete madurista.

La Asamblea Nacional, de mayoría madurista, rechazó las denuncias de los entes multilaterales a través de un acuerdo aprobado por unanimidad durante la sesión del jueves.

 

DDHH Olvidados | Sobre Gabriel Blanco pesa el “delito” de ser sindicalista

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Familiares del trabajador humanitario reiteran que los tribunales no dan ningún indicio o prueba que lo vincule con los cargos por asociación para delinquir y presunta conspiración

El 13 de julio de 2023 Diannet Blanco llevó un pastel a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la Yaguara, en Caracas. Gabriel José Blanco Flores, su esposo, cumplió 46 años, pero lleva 1 año y 8 días detenido arbitrariamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Fue el segundo cumpleaños que Gabriel tuvo sin libertad. 

En la noche del 6 de julio del 2022 los cuerpos de seguridad del Estado venezolano se acercaron a la casa de Gabriel Blanco, en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas, y lo conminaron a acompañarlos a la sede central del organismo para una «entrevista». 

No hubo una orden de aprehensión o solicitud judicial para que la Dgcim fuera a casa de Gabriel. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró que los funcionarios no mostraron ningún documento que involucrara a Blanco con alguna investigación en curso. 

 

Tanto Gabriel como Diannet grabaron y denunciaron el intento de aprehensión arbitraria, los vecinos de Coche salieron a la calle para defenderlo. Sin embargo, los cuerpos de seguridad llamaron a los refuerzos y Gabriel empezó su capítulo como preso político el 7 de julio a las 12:49 a.m. 

Juicios aplazados, pruebas inexistentes

«La audiencia preliminar fue el 26 de septiembre del año 2022. Aún continúa el juicio», dice Diannet. «Después de denunciar el intento de colocarles un defensor público, logramos que tuviese un abogado de su confianza». 

Gabriel Blanco se graduó como trabajador social en la Universidad Central de Venezuela. Por más de cinco años se dedicó a la promoción y enseñanza de los derechos humanos y la igualdad de género. También es miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI), una de las asociaciones que ha encabezado los procesos de diálogo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en ese año y que constataron que en Venezuela no se cumple ningún derecho laboral.

Por protección de Gabriel y de Diannet, las ONG donde el activista trabaja no pueden ser mencionados. 

Según los activistas de Provea, dos días antes privaron de libertad a los sindicalistas Alcides Bracho y Emilio Negrín en Caracas. Los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron, sin orden judicial, las viviendas de los detenidos. En ninguno de los casos hay una orden de aprehensión clara. 

Los tres sindicalistas están supuestamente conectados por una denuncia de un «patriota cooperante», un término que acuñó el gabinete de Nicolás Maduro para designar a los civiles que delatan comportamientos y mensajes críticos al chavismo en cualquier red social o comunitaria. Esa es la única información que manejan los abogados defensores sobre las acusaciones de «asociación para delinquir» y «conspiración» que tiene Gabriel y los otros líderes sindicales. 

Los tribunales y ministerios no brindan más información. 

«No hay pruebas de los delitos que le fueron imputados, y hasta la fecha han diferido las audiencias porque el patriota cooperante que denunció no aparece», reitera Diannet.

Un DDHH olvidado que se repite

Mientras Gabriel sigue bajo la custodia del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, Diannet y su familia busca visitarlo casi todos los días a la Yaguara. 

Ella conoce muy bien lo vulnerable que es un preso político: estuvo retenida en el Helicoide, un centro de torturas identificado por la ONU, por 1 año y 12 días. 

«Gabriel no ha tenido maltratos de golpes pero la peor tortura es estar encarcelado siendo inocente, atropellando la calidad de vida, la salud, el poder trabajar y estar con la familia», dice. 

Diannet reconoce que los contextos son muy diferentes, pero el derecho humano violentado es el mismo. Ella fue detenida arbitrariamente en 2017 por unos 25 funcionarios encapuchados que allanaron un apartamento donde guardaban medicinas para las personas que protestaban contra el gabinete madurista. 

«Fui víctima de desaparición forzada temporal, detención arbitraria y tratos crueles e inhumanos. Las condiciones de mi esposo son diferentes, creo que eso tiene que ver con el tipo de cárcel y de los funcionarios» reflexiona.

La liberaron el primero de junio de 2018 como parte de una orden del Tribunal Supremo de Justicia que benefició a 39 presos políticos. Sin embargo, casos como los de Diannet y Gabriel se repiten: la ONG Foro Penal estima que existen 284 presos políticos para el 10 de julio del 2023, y solo en el año 2022 la ONG Cofavic registró unas 125 detenciones arbitrarias. 

«Su próxima audiencia es el 17 de julio. Esperemos a ver qué pasa. Solo espero que no tenga que cumplir otro año como preso político», dice Diannet, rogando que su esposo no llegue a pasar más tiempo sin libertad de lo que ella estuvo.

La UCV encendió una luz

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Los criterios de una estructura gubernamental corrupta no pudieron estropear un proceso en el cual la UCV se dispuso a “vencer las sombras”

 

@ajmonagas

Alain Peyrefitte asintió que “no se puede mirar el fondo de la actualidad, sin mirar antes el fondo de la historia”. Por eso, esta disertación busca revivir la palabra escrita, apegada al “sueño encendido de Vargas” cuando destacaba que en la Universidad Central de Venezuela se encendió la luz. Esta vez se hizo con el proceso electoral cumplido.

Al distinguir tan ejemplar evento en la brevedad de estas líneas, despunta el sentimiento ucevista. Particularmente, al resaltar que su claustro hizo ver que lo alcanzado fue propio de la “Casa que vence las sombras”.

La UCV volvió a lucir su “traje de moza” al adornarse “con brisa de mar”. Al asomar estas frases enroladas en el canto del himno universitario, se abren los caminos para que el resto de las universidades autónomas, críticas y públicas, emulen el ejemplo de la primera casa de estudios superiores cimentada sobre la “tierra de gracia”.

Algo de historia universitaria

La cita de Peyrefitte valida la necesidad de acudir a la historia para entender las dificultades que siempre han asediado la Universidad autónoma. La autonomía académica-universitaria precisa de la libertad necesaria para construir conocimientos y arraigar saberes con la amplitud que compromete el proceso enseñanza-aprendizaje. Esa necesidad exige una organización que garantice la funcionalidad de una institución acorde con los cambios que operan en ella.

Por tan importantes razones, la historia de la Universidad, en todas las situaciones donde ha buscado actuar como palanca del desarrollo de urbes ávidas de crear, divulgar y cultivar saberes y conocimientos, da cuenta de cómo ha sido apaleada por regímenes disfrazados de sistemas políticos demócratas.

Las primeras universidades aparecidas en la palestra pública no escaparon de ser víctimas de gobiernos cercados por el egoísmo y la envidia. Resentimientos causados al ver cómo entre maestros y estudiantes descorrían las cortinas de escenarios falseados. O espacios donde se encubrían realidades en perjuicio de las verdades que comenzaron a develar el estudio de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades.

Esas realidades reconocieron la necesidad de renovar los cuadros de maestros responsables de coordinar, organizar, supervisar y evaluar el funcionamiento universitario. Sobre todo, al momento de determinar cambios que influían en las guías pedagógicas y didácticas que fijaban el orden seguido por los procesos enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, al advertir la competitividad que comenzaba a darse entre universidades. Ello obligó a pautar cambios cuya potestad de inducirlos y acometerlos, quedaba bajo la responsabilidad de quienes eran seleccionados para decidirlos.

Fue así como la historia de la Universidad recorrió parajes que describen cómo ellas comenzaron a reconocer la necesidad de cambios que comprometían nuevas directrices organizacionales, administrativas y ejecutivas. Así el tiempo, justificó la necesidad de remozar los cuadros directivos académicos.

Quizás los hechos que incidieron con mayor fuerza en reconocer la inminencia de cambiar a quienes dirigían y motivaban la dinámica académica, fueron los acontecidos en el seno de universidades inglesas y francesas. Luego, las universidades norteamericanas. Aunque la renovación de las respectivas autoridades, en principio fueron competencia de la autoridad política o eclesiástica que tuviera mayor injerencia a lo interno de la universidad.

No fue sino hasta 1918 en Córdoba, Argentina, donde se forjó la reforma que configuró un nuevo ordenamiento del ejercicio universitario. Así se adoptó la institucionalidad democrática como criterio electoral universitario. Los intereses políticos movilizaron a estudiantes, empleados, obreros y profesores. Ello obligó a considerar propuestas importantes que le valieron a la Universidad latinoamericana acogerse a lo que en esencia inspiraba el concepto de autonomía.

Revalidación de la autonomía universitaria

Luego de trascender por un largo período oscuro que afectó la Universidad venezolana, la inercia de una dinámica política cultivada bajo las sombras del autoritarismo socialista en lo que ha corrido del siglo XXI, provocó las reacciones necesarias que activaron protestas y avivaron decisiones que no tuvieron vuelta atrás.

No fue fácil para la UCV lograr la convocatoria de sus elecciones de autoridades y gobierno universitario. Ello demandó un esfuerzo importante. Su costo estrujó procesos de distinta índole. Incluso, problemas de diferente factura. Pero la disposición y voluntad de validar la autonomía, como la describe la Constitución de la República en cuanto a “principio y jerarquía”, se hizo conciencia en cada miembro de la comunidad universitaria.

Los criterios de una estructura gubernamental corrupta, no pudieron estropear el llamado universitario a consolidar una Universidad Central de Venezuela que le devolvió la fisonomía de ser la “Casa que vence las sombras”.

Asimismo, la próxima reconstrucción de procesos de enseñanza-aprendizaje que bien compaginarán las exigencias de un mundo convulsionado por realidades definidas ante nuevas fuentes y expresiones del poder político y económico, con los recursos a partir de los cuales se edificará una ciudadanía capaz de potenciar el conocimiento adquirido académicamente. En función del desarrollo y bienestar de las comunidades donde cada profesional universitario circunscribe sus proyectos de vida.

En virtud de lo prescrito por la dinámica universitaria encausada por el proceso eleccionario recién vivido y convertido en fuente de inspiración para lo que deberá ser la transformación de las estructuras económicas y sociales nacionales, apegadas a un remozado Estado democrático y social de derecho y de justicia, vale gritar a los cuatro vientos que la UCV encendió una luz.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Machado denuncia hechos de violencia en actividad política en Catia La Mar

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“Lo que acabábamos de vivir aquí en Catia La Mar es la demostración de lo que está pasando en toda Venezuela. El régimen, que se sabe minoría, recurre a la violencia, y los ciudadanos, que sabemos que somos la inmensa mayoría, tenemos la fuerza. Unos poquitos violentos, superados por una gran mayoría”, expresó

 

La dirigente María Corina Machado, que lidera las encuestas para las primarias del 22 de octubre, denunció este 14 de julio actos de violencia por parte de un grupo de personas durante una actividad política en el estado La Guaira.

En un vídeo publicado en la cuenta de Twitter de su partido, Vente Venezuela, Machado responsabilizó, mediante una grabación desde el interior de un vehículo, al gobierno de Nicolás Maduro de estos actos violentos.

“Lo que acabábamos de vivir aquí en Catia La Mar es la demostración de lo que está pasando en toda Venezuela. El régimen, que se sabe minoría, recurre a la violencia, y los ciudadanos, que sabemos que somos la inmensa mayoría, tenemos la fuerza. Unos poquitos violentos, superados por una gran mayoría”, expresó.

Asimismo, aseguró, en el momento en el que circulaba por una vía en la que había varios agentes de seguridad que la saludaban a su paso, que funcionarios policiales ayudaron e hicieron “valer el respeto a los ciudadanos”.

“Qué emoción, qué emoción. Esto está cambiando de una manera impresionante”, agregó Machado, a quien, según vídeos publicados por medios, varias personas intentaron agredir.

CIDH condena “restricciones al derecho a la participación política” de opositores

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las “restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación” de los candidatos a las primarias y de aquellas personas que “protestan para exigir derechos” en Venezuela.

“El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica”, dijo la comisión, según un comunicado difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que rechaza las inhabilitaciones de los candidatos María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

La CIDH reiteró que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución”.

Con información de EFE

Onusida reportó aumento en acceso a antirretrovirales en Venezuela durante 2022

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La directora de Onusida en Venezuela informó que aumentó en 3.000 el número de personas que recibieron tratamiento antirretroviral en Venezuela el año pasado
La recuperación en el acceso a tratamiento antirretroviral en Venezuela tiene que ver con la mayor disponibilidad de estos medicamentos “gracias al apoyo de recursos excepcionales del Fondo Mundial”, destaca Onusida

Por: @carliiiiiiix

 

El pasado 13 de junio Onusida lanzó el Reporte Mundial del Sida 2023. En el marco de este lanzamiento la directora país de la oficina en Venezuela, Regina López de Khalek, preparó un documento con datos que  indican que para el 2022, 60.765 personas dispusieron de tratamiento antirretroviral, lo que significó un aumento de más de tres mil personas en comparación con 2021.

Además, y muy similar a lo que ocurre en el mundo, solo el 26% de los niños y niñas con VIH en Venezuela reciben tratamiento antirretroviral, pues si bien hay disponibilidad de tratamiento, debe incrementarse y hacerse más énfasis en el diagnóstico en esta población para poder atacar la enfermedad y brindar un apoyo.

La recuperación en el acceso a tratamiento antirretroviral en Venezuela tiene que ver con la mayor disponibilidad de estos medicamentos “gracias al apoyo de recursos excepcionales del Fondo Mundial”, destaca Onusida. Asimismo, agregan, aumentó el diagnóstico y el reingreso de pacientes
a los servicios de atención, coordinados por el Programa Nacional de VIH/sida/ITS adscrito al Ministerio para la Salud.

 

“Los datos y ejemplos presentados en este informe dejan muy claro cuál es ese camino. Las respuestas al VIH tienen éxito cuando están ancladas en un fuerte liderazgo político para seguir las evidencias disponibles en prevención y tratamiento; abordar las desigualdades que frenan el progreso; capacitar a la comunidad y a las organizaciones de la sociedad civil en su papel vital en la respuesta, y garantizar una financiación suficiente y sostenible”, dijo Regina López, directora de la oficina de ONUSIDA en Venezuela. 

Avances en materia legal

Sobre este punto, Onusida también destacó que Venezuela ha tenido avances en la eliminación del estigma en su legislación.

Consideran como prueba de ello la reciente derogación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual imponía pena de 1 a tres 3 años de prisión al militar que cometiera “actos sexuales contra natura”. A lo anterior se agrega el “trabajo coordinado que realiza la Defensoría del Pueblo y ONUSIDA Venezuela, así como las organizaciones con trabajo en VIH, en la promoción de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares”.

VIH y migrantes venezolanos

De acuerdo con el informe actualizado de Onusida, se estima que entre 30.000 y 40.000 migrantes y desplazados venezolanos viven con VIH en sus países destino.

Advierten que en las poblaciones migrantes se complica la atención de las personas que viven con la condición debido al “estigma relacionado con el VIH, la pobreza, el miedo a la deportación y las barreras del idioma” que disuaden a muchas personas de buscar y utilizar servicios.

Cifras globales de Onusida

Un total de 20,8 millones de vidas se han podido salvar del VIH, no obstante, existen muchas personas por fuera que hoy en día no tienen tratamiento a causa de las desigualdades sociales y motivos económicos que pueden influir en los diversos países. 

“En 2022, el sida cobró una vida cada minuto, se produjeron 1,3 millones de nuevos casos de infección por el VIH y 9,2 millones de personas siguen sin tener acceso al tratamiento, incluyendo el 43% de los niños que viven con el VIH. Aunque las muertes relacionadas con el sida entre las niñas y los niños (0-14 años) se redujeron en un 64% entre 2010 y 2022, la epidemia aún sesgó las vidas de cerca de 84 MIL niñas y niños en 2022”, agregó López. 

Se ha podido contestar un avance mayor en cuanto al progreso en los países y regiones que tienen más inversiones financieras, como es el caso  África oriental y meridional, Botswana, Eswatini, Rwanda, la República Unida de Tanzania y Zimbabwe, países africanos que años atrás tenían las tasas más altas de prevalencia en el mundo. 

En el nuevo informe de ONUSIDA se mostró cómo es posible lograr el éxito en esta década. Los hechos y las cifras reflejados en este informe no dicen que el mundo ya esté en el camino adecuado, pero sí que puede estarlo.

 

Un negocio redondo: compradores de deuda venezolana apuestan a una normalización con EE. UU.

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El acercamiento entre los gobiernos de Maduro y de Biden, anima a compradores de deuda venezolana que ven un muy rentable negocio en un horizonte próximo

 

Aunque no aparece en los titulares sobre negociaciones y elecciones en Venezuela, la deuda milmillonaria de la petrolera PDVSA y de los bonos soberanos de la república pesa mucho en el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y la República Bolivariana. Se calcula que esta deuda oscila entre 90 000 y 120 000 millones de dólares, dependiendo de la fuente que se consulte.

El acercamiento entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Joe Biden, que ya se ha traducido en la flexibilización de las sanciones que permitió a Chevron volver a exportar petróleo venezolano (y que ha continuado recientemente con una licencia para la explotación de gas) está animando a compradores de deuda venezolana que ven un muy rentable negocio en un horizonte próximo.

Pero para poder normalizar las relaciones, el gobierno de Biden le ha hecho algunas exigencias a Maduro, que el autócrata venezolano ha ido cumpliendo, al menos, a su manera. La primera de esas exigencias fue desmantelar la mafia que encabezaba Tareck El Aissami en PDVSA.

El argumento del gobierno de Estados Unidos era que no podía haber normalización mientras siguiera en la petrolera venezolana una banda de corruptos que negociaban barriles en un mercado internacional opaco y que se dedicaban a lavar capitales producto de la corrupción y el crimen. Además, no hay que olvidar que el propio El Aissami está sancionado por Departamento del Tesoro de EE. UU. y tiene precio a su cabeza por supuestos delitos de narcotráfico. El Aissami ya rodó, al menos aparentemente, aunque no se sabe dónde está ni si está a acusado por la fiscalía venezolana. También muchos de los miembros de su banda han sido destituidos y aparentemente apresados, aunque no hay claridad sobre su estatus judicial.

La otra exigencia tiene que ver con la presencia iraní, rusa y china en Venezuela. Esa es más difícil de cumplir, pues el chavismo en el poder no quiere perder esa carta geopolítica para poner presión sobre Estados Unidos. Sin embargo, alguna fórmula de control o reducción de la presencia de estos factores en Venezuela podría servir para avanzar hacia una normalización de relaciones con Estados Unidos.

Otro punto corresponde a los ciudadanos norteamericanos que siguen presos en Venezuela acusados de espionaje y conspiración. Ya el gobierno de Biden ha demostrado que está dispuesto a negociar prisioneros, como ocurrió con el indulto de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, que fueron condenados por narcotráfico en una corte en Nueva York, a cambio de la liberación de ejecutivos con nacionalidad estadounidense de la empresa Citgo que estaban encarcelados en la sede de la policía política, Sebin, en Caracas.

¿Eso implicará un intercambio entre el empresario colombo-venezolano Alex Saab por el defenestrado El Aissami? Esos son dos grandes huesos a roer, y no es probable que un intercambio a ese nivel ocurra. Saab espera por su juicio en una cárcel de Florida. Tiene mucha información del tramado de corrupción del chavismo, que las autoridades norteamericanas valoran altamente.

Por su lado, la deportación de El Aissami a EE. UU. sentaría un precedente muy negativo para miembros de la cúpula chavista como Diosdado Cabello o el mismísimo ministro de la Defensa, Padrino López, entre otros. Así que es muy posible que ese intercambio no se dé.

La ganga de la deuda venezolana

Los compradores de la deuda de PDVSA y de la república están apostando a que la normalización de relaciones entre EE. UU. y Venezuela sea una fuente de grandes rendimientos financieros. Muchos de ellos ya han hecho contratos orales de opciones de compra con tenedores bonos de PDVSA y de la república a precios ridículos de 10 centavos por cada dólar de deuda. Los contratos son orales ya que no pueden dejar nada por escrito por las sanciones del Departamento del Tesoro.

El negocio está en que, si el levantamiento de las sanciones se concreta, el acuerdo entre EE. UU. y Maduro incluirá el pago, al menos parcial con un descuento, de esas deudas. Eso quiere decir que quienes tengan la opción de compra podrán ganar unos 20 o 30 centavos de dólar por cada 10 centavos invertidos en los bonos. Nada mal para unos bonos que se consideraban dinero echado a la basura.

Los compradores de bonos harían un negocio redondo. Esperan que las negociaciones entre los gobiernos de Biden y Maduro establezcan que el pago de esa deuda, con un gran descuento que aceptarían las partes (de 50 a 60 % del valor nominal), se realizaría con parte de la factura petrolera de PDVSA. El pragmatismo se impondría a pesar de la retórica antiimperialista de Maduro y su cúpula, y a pesar de las exigencias prodemocracia de los Estados Unidos.

Queda pendiente el tema de las elecciones presidenciales que deben ocurrir en 2024. Por ahora, el asunto ha comenzado con mal pie con las inhabilitaciones de candidatos, especialmente de María Corina Machado, quien luce, en este momento, como la posible ganadora de las primarias de la oposición que se celebrarán en octubre de este año.

Sin embargo, los cálculos de los compradores de los bonos venezolanos es que algún tipo de normalización llegará a concretarse entre EE. UU. y Venezuela, una oportunidad de oro para hacer mucho dinero. Estas son las paradojas en tiempos de “socialismo del siglo XXI”, en los que privilegiados practicantes del capitalismo financiero sacan la mejor tajada.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Podcast | El voto de la diáspora, la educación sexual integral y un bachillerato en el olvido

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En el episodio 223  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo “El voto de la diáspora venezolana: un desafío en la agenda política”. 70 % de la diáspora venezolana (5.740.000 venezolanos) tiene derecho al voto, pero la mayoría de esa masa migrante no está habilitada para participar en las próximas elecciones presidenciales, según estimaciones del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Los retos para cambiar esa situación incluyen variables internas y externas, de acuerdo con analistas políticos

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “La educación sexual integral desapareció de los contenidos del pensum escolar”. En un país donde las escuelas tienen horarios mosaicos en los que los alumnos asisten, con suerte, tres veces por semana, la educación sexual integral dejó de ser una prioridad, convirtiéndose así en otra de las materias pendientes en el sistema de educación venezolano. 

“Curriculum de bachillerato llegará con más de 30 años de retraso” es el RRPlus que presenta Runrun.es en este episodio. La educación cambió en todo el mundo y no por la pandemia del COVID-19, aunque eso influyó. Mientras el sistema educativo en otros países avanza y se transforma con la llegada de nuevas tecnologías, en Venezuela la oferta para el bachillerato es la misma de hace más de tres décadas.

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

“Criminalizan los medios y los trabajadores”: SNTP rechaza comentarios de Gorrín contra El Pitazo

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“Nosotros estamos casados con la paz y la democracia, solo les digo, si nos buscan por las malas en ese terreno también nos encontrarán”, agregó el dueño de Globovisión

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este jueves, 13 de julio, los comentarios del presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, contra el medio de comunicación El Pitazo.

A través de su cuenta de Twitter, Gorrín calificó de “cobardes del periodismo” a El Pitazo, luego de que el medio publicara un artículo que señalaba el rechazo de los ciudadanos contra mensajes que publicó el empresario respecto a los candidatos opositores.

El primer mensaje de Gorrín, publicado el 12 de julio, afirmaba que los candidatos a las primarias comenzaron a agitar presuntos «vientos de violencia» y cuentan con una «estrategia de narrativa rastrera».

Además, Gorrín aseguró que, como dueño de medios, sus “plataformas informativas no serán utilizadas” ni lo permitirán “en causas tan reptiles y sobretodo antinacionalistas”.

“Nosotros estamos casados con la paz y la democracia, solo les digo, si nos buscan por las malas en ese terreno también nos encontrarán”, agregó el dueño de Globovisión.

Tras la publicación del referido medio, Gorrín señaló que son unos “tarifados”.

“Asuman que son reptiles de la comunicación y están profundamente manchados de inmoralidad”, prosiguió Gorrín.

Finalmente, el empresario amenazó al medio: “De ir al terreno personal peor será para ustedes”.

Por toda esta situación, el SNTP rechazó los “mensajes descalificadores y amenazantes” de Gorrín contra El Pitazo.

“De nuevo, una práctica condenable y más viniendo de un empresario con poder y conexiones como las de Gorrín”, agregó el sindicato de la prensa en Twitter.

También, el sindicato señaló: “Desde el SNTP condenamos estos ataques que exponen y criminalizan a los medios y a sus trabajadores. Son una agresión contra la libre prensa”.

https://twitter.com/RaulGorrinB/status/1679288263868137472?s=20

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1679478974169096192?s=20

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1679478975993708548?s=20

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1679478981714649090

*También puede leer: Evangélicos marcharon para pedir a la AN desestimar anteproyecto de ley contra la discriminación