La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también exhortó al gobierno de Maduro a adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria
Este lunes, 26 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales, a través de una comunicado, expresaron su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica.
Desde el pasado mes de la marzo, la CIDH la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela y la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios han rechazado la decisión de Nicolás Maduro de cancelar las nóminas de los docentes universitarios a través del sistema Patria.
Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) señaló en una nota de prensa que el pago de sueldos universitarios a través de otro ente distinto a las universidades constituye una violación a la autonomía económica y financiera, prevista en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley de Universidades.
#26Jul | La @CIDH manifiesta su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica.
Entre sus denuncias, señala:
– Reducción presupuestaria.
– Pagos de salarios por la plataforma estatal.
– Riesgo de amedrentamiento. ⬇️ https://t.co/St4LzKY6dT— Codhez (@Codhez) July 26, 2021
La CIDH ha recibido información sobre las distintas acciones que ha venido realizando el Estado con la intención de menoscabar la autonomía universitaria, entre ellas:
Pago de sueldos por el Sistema Patria
Según informó la sociedad civil, al tratarse de una plataforma estatal, esto podría generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarias y funcionarios de las universidades con posiciones críticas hacia el gobierno.
La CIDH recibió información sobre la significativa reducción presupuestaria para el funcionamiento de las universidades, lo que tendería a agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector educativo, pues la remuneración que reciben los docentes de las universidades públicas oscila entre $5.92 y $10.43 USD mensuales.
Exclusión de grupos universitarios
La CIDH señaló en su comunicado las denuncias de exclusión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y otras agrupaciones universitarias de las negociaciones colectivas con el gobierno. Tal es el caso de la I, II y III Convención Única del Sector Universitario (CCU), y recientemente de la instalación de las mesas de negociación de la IV Convención Colectiva, que según indican organizaciones de la sociedad civil, esto habría ocurrido como represalia por las opiniones críticas de sus integrantes hacia las políticas gubernamentales en materia laboral.
Nuevo esquema educativo
Por otra parte, la Comisión Interamericana expresó preocupación por el plan educativo presentado en 2020 por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria titulado «Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la reactivación del Aparato Productivo Nacional». En dicho plan se propone un nuevo esquema educativo que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes universitarios principalmente a las carreras que respondan a las «necesidades de formación de la nación», lo cual podría deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de las y los estudiantes.
Suspensión de elecciones estudiantiles
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Poder Judicial profirió más de 50 decisiones desde 2010 suspendiendo elecciones estudiantiles o desconociendo sus resultados, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias, e incluso legislando sobre procedimientos para la elección del gobierno universitario.
Además de exponer los cuatro puntos que le preocupan, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también exhortó al gobierno de Maduro a adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria, incluyendo la asignación del presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones universitarias y garantizando que los pagos de nóminas del personal de las universidades públicas sean realizados a través de un sistema independiente e imparcial que proteja la libertad académica y de expresión.
La CIDH reiteró en su comunicado que «sin libertad académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas y en las condiciones sociales».
