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Denuncian falta al debido proceso en la investigación del sindicalista Josué Tremaria

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La defensa denuncia que durante el tiempo que dura la investigación, el Ministerio Público no ha podido demostrar la vinculación de Tremaria con ningún hecho punible

Texto: Francesca Díaz | Fotografía: William Urdaneta (Correo del Caroní)

El pasado 1 de septiembre fue allanada la vivienda del sindicalista y presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), Josué Tremaria, quien lleva más de un mes detenido en Caracas con imputación de los delitos asociación para delinquir, tráfico de material estratégico y conspiración.

Tremaria fue arrestado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado 7 de julio. El mismo organismo fue el encargado del allanamiento de su casa ubicada en la urbanización Las Garzas, en la parroquia Unare, estado Bolívar.

En el momento del allanamiento se encontraban en la residencia la madre del detenido arbitrariamente y las tres hijas del sindicalista de 14; 13 y 8 años.

«Eso ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde. Aparecieron los efectivos en su vivienda, verificamos la situación y pudimos visualizar la orden de allanamiento emitida por el Tribunal Cuarto de Control. El allanamiento se iba a hacer sin nuestra presencia ni la de la Defensoría del Pueblo. Nosotros verificamos que se cumplieran todas las formalidades para cumplir con el procedimiento», señaló el abogado defensor de Tremaria, José Gregorio Beria.

Según el testimonio de la defensa, lo único sustraído de la casa fueron uniformes deportivos restantes de la Copa Futseb, organizado por el sindicato.

«El allanamiento fue inoficioso. ¿Cómo van a ordenar en una causa cuya investigación ya terminó una orden en búsqueda de evidencia? Ya este tipo de diligencias no se pueden practicar. Si van a buscar nueva evidencia debe abrirse un nuevo expediente. La Fiscalía debe ser garante del respeto a la Constitución. Estamos en presencia de un salto a los principios constitucionales», cuestionó el abogado.

Falta de pruebas y vicios en el proceso

Asimismo, el jurista destacó que el Ministerio Público, quien lleva la investigación, no ha presentado pruebas ni elementos suficientes para sustentar las acusaciones.

«Realmente la Fiscalía hizo muy pocos aportes a la averiguación. Es una acusación sin sostén procesal que relacionen al detenido con esos hechos tan graves. Inicialmente se presentan solo testimonios», alegó Beria.

En este sentido, la parte acusadora se compone de un trabajador y el excomandante de la Dgcim, hoy apresado por corrupción.

«Nuestra legislación prevé el derecho a la defensa y el debido proceso, este derecho no está siendo acatado por el Ministerio Público».

La audiencia preliminar del sindicalista está prevista para el próximo 13 de septiembre; sin embargo, la parte defensora se muestra inconforme debido a que se convocó una videoconferencia que, en sus palabras, tiene como propósito que el trabajador no regrese a Guayana.

Hasta el momento se desconoce el porqué de su traslado a la capital del país, puesto que el caso está siendo llevado en Guayana.

«Tremaria está detenido en Caracas y nosotros venimos diciendo que la sede de detención debe ser en Guayana. No estamos de acuerdo con videoconferencias porque a la defensa no se le permite el contacto con el detenido. Hemos solicitado y estamos a la espera de respuestas, pedimos que sea traído al tribunal de Puerto Ordaz. El Ministerio Público no ha podido probar en 45 días su participación en ningún hecho punible», alegó Beria.

Espacio Público documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en agosto

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Hasta la fecha, Espacio Público ha documentado unas 261 vulneraciones al derecho a la información en lo que va de 2023

 

La organización no gubernamental Espacio Público documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en agosto.

De los 27 ataques de agosto, hubo 10 casos de censura y otra decena de «intimidaciones», así como tres registros de «hostigamiento verbal», dos «agresiones», una amenaza y una restricción administrativa, señala el más reciente boletín de la ONG, publicado este miércoles.

La organización indicó que al menos 13 periodistas fueron víctimas de estos ataques, así como cuatro medios de comunicación, un miembro de una ONG, «un particular y cuatro casos que afectaron a la ciudadanía en general».

«Cuatro instituciones estatales, tres cuerpos de seguridad y tres funcionarios vulneraron el ejercicio de la libertad de expresión. Entre los victimarios también destacan dos directivas de medios de comunicación, dos grupos violentos, dos desconocidos y un particular», señaló el boletín.

La ONG afirmó que a diario se contabiliza una media de 1,08 atropellos al derecho a la libertad de prensa. Denunció, además, que en el país «se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico» por parte del Gobierno y de las instituciones públicas.

Entre los casos subrayados por la organización, está la alocución del presidente Nicolás Maduro del pasado domingo, cuando acusó al medio estadounidense Voz de América de tener «una campaña contra Venezuela y mentir».

Hasta la fecha, Espacio Público ha documentado unas 261 vulneraciones al derecho a la información en lo que va de 2023.

En 2022 se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021, de acuerdo con la organización.

Con información de Efe

ONG alerta existencia de minería ilegal en el parque nacional Yapacana

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Más de 11 personas fueron expulsadas de la zona por dedicarse a la extracción ilícita de minerales

 

Pese a los numerosos operativos militares que se han producido en los últimos meses, la organización no gubernamental SOS Orinoco denunció la persistencia de la minería ilegal en el parque nacional Yapacana, ubicado en la región amazónica de Venezuela.

De acuerdo con la ONG, 11.300 personas fueron expulsadas de la zona por dedicarse a la extracción ilícita de minerales.

Según la organización y también la ONG Fundaredes, en Yapacana, aún quedan áreas en las que permanecen intactas un número indeterminado de minas.

“Miles de mineros continúan operando en Yapacana, ahora, según hemos conocido, bajo el control completo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con algunos sectores donde los militares estarían permitiendo a los indígenas continuar con la minería ilegal”, reza un comunicado de la organización.

El pasado 1 de julio de este 2023, el Gobierno de Nicolás Maduro ordenó a los militares “limpiar” el territorio de la minería ilegal. Desde entonces SOS Orinoco ha detectado 3.316 hectáreas de minas ilegales.

La ONG considera que la FANB persigue “crear la ilusión de éxito mientras la minería persiste a través de medios alternativos”. 

“El desalojo de mineros ilegales es insuficiente. Se deben establecer responsabilidades administrativas y penales para todos los cómplices que permitieron esta situación por años, incluyendo la de autoridades civiles y militares que facilitaron este ecocidio y se enriquecieron a través de asociaciones con grupos armados”, concluye el comunicado.

De acuerdo con el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, el total de mineros ilegales desalojados de la Amazonía subió a 11.302. 

El Gobierno de Maduro reiteró que, una vez culminen estas expulsiones en el estado Amazonas, se pondrá en marcha un plan de reforestación, especialmente para mitigar los daños causados por el uso de mercurio en estos territorios.

El parque nacional Yapacana se ubica al suroeste de la confluencia entre el río Ventuari y el Orinoco en el municipio Atabapo del estado Amazonas.

Fue decretado Parque Nacional en diciembre de 1978 por el fallecido presidente, Carlos Andrés Pérez. El principal lugar de interés del parque es el Cerro Yapacana. Adicionalmente los linderos del parque constituyen grandes sitios de atractivo visual y ecológico.

 

Maduro y sus perlas: Se está dando una batalla profunda contra la minería ilegal en Venezuela

#MonitordeVíctimasCaracas | Pareja en situación de calle asesina a mecánico en Caracas

Ramsel Palma Tovar (23) falleció el pasado 1º de septiembre de 2023, tras ser herido, presuntamente con un picahielo, para ser despojado de su cartera, dinero, celular y zapatos, en la parroquia San Bernardino del municipio Libertador

@jheilyn_cermeno

Un joven fue asesinado por una pareja en situación de calle en la parroquia San Bernardino, municipio Libertador de Caracas. El crimen ocurrió el pasado viernes 1º de septiembre de 2023, en horas del mediodía, en el callejón Anauco.

Familiares identificaron a la víctima, en la morgue de Bello Monte, como Ramsel Palma Tovar, de 22 años. Relataron que los victimarios, un hombre y una mujer, lo interceptaron cuando se dirigía a su vivienda y lo atacaron por la espalda. 

Le propinaron múltiples heridas con un objeto punzocortante; presuntamente, un picahielo.

De acuerdo con el informe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Palma presentó heridas en el cuello y tórax; sufrió un shock hipovolémico. 

A Ramsel lo despojaron de su cartera, de algunos dólares, del celular y hasta de sus zapatos. 

Tras el crimen, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron un operativo de rastreo de los homicidas y lograron la aprehensión de un hombre, según aseguraron deudos del fallecido mientras realizaban los trámites para retirar y sepultar el cuerpo. 

Sobre la mujer, informaron que está en situación de fuga, pero dijeron que los agentes policiales le siguen la pista. 

Palma Tovar era conocido en la zona por sus labores como mecánico de motos y carros. Estaba residenciado en la Tercera Vuelta del Atlántico en Artigas, parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas. Era el menor de cuatro hermanos. 

13 víctimas por arma blanca 

De acuerdo con los datos recopilados por el equipo de periodistas de Monitor de Víctimas, de enero a julio de este año (2023), se registraron 13 muertes en el Área Metropolitana de Caracas ejecutadas con armas blancas. 

 

Fundaredes denunció violaciones a los DDHH en operativos para combatir a supuestos grupos irregulares 

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De enero a febrero de 2023 se contabilizaron 149 despliegues de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

 

 

Violaciones graves de los derechos humanos a la población civil ha denunciado la ONG Fundaredes en su más reciente informe sobre los operativos militares efectuados para combatir a los supuestos grupos irregulares llamados Tancol.

La ONG informó que desde enero hasta febrero de 2023 se han contabilizado 149 operativos militares que han afectado los derechos a la vida, seguridad personal, propiedad privada, trabajo y libre tránsito de los habitantes de las zonas donde se han desplegado las fuerzas armadas.

El informe de Fundaredes resaltó que entre los 149 operativos militares registrados hasta febrero de 2023, diez fueron de gran magnitud y se realizaron en Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Monagas. 

La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sentenció que estos operativos no han logrado eliminar la presencia de grupos guerrilleros colombianos en territorio venezolano, sino que por el contrario, han permitido que estos aumenten su influencia y control sobre la población.

La activista indicó que se desconoce la información oficial sobre los operativos que se realizan bajo el nombre de Tancol y que la Fuerza Armada venezolana ha fracasado en su función de resguardar la integridad y soberanía nacional.

Fundaredes exigió al gobierno que respete los derechos humanos de la población y que cese la violencia en la frontera. Además alertó que estos operativos militares continúan en marcha en los estados fronterizos con Colombia, donde se ha retomado el uso del término Tancol para justificar las acciones contra los grupos irregulares. 

La ONG aprovechó para exigir la liberación de su director Javier Tarazona, quien el venidero fin de semana cumplirá 800 días privado de libertad.

Tarazona fue detenido el pasado 2 de julio de 2021 por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e igualmente por sujetos sin identificar.

 

Javier Tarazona próximo a cumplir 800 días detenido 

Embajador de Venezuela en Colombia anuncia que abrirán cinco consulados

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Carlos Martínez indicó que se prevé abrir nuevamente los consulados de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Riohacha

 

Este martes, 5 de septiembre, el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, anunció que la administración de Nicolás Maduro abrirá cinco consulados en el vecino país.

En entrevista para el medio colombiano Caracol Radio, Martínez aseguró que para finales del mes de septiembre los consulados venezolanos en territorio colombiano estarán operativos para “garantizar una atención más eficaz”.

“Calculo que, en 20 días, a final de mes debe estar la oficina consular de Bogotá, el consulado de Medellín, Barranquilla, Cartagena y el consulado de Riohacha y en los próximos meses, antes de final de año, estará seguramente abierto el de Bucaramanga”.

El embajador venezolano resaltó la importancia de reinstitucionalizar las relaciones bilaterales entre Bogotá y Caracas en el proceso que se evidencia tras retomar los lazos diplomáticos.

«Tenemos como meta que una vez tengamos el dispositivo de consulados seamos capaces de atender la demanda de los ciudadanos venezolanos que hoy hacen vida en Colombia y que requieren del acompañamiento consular», dijo.

Además, otra de las tareas que tiene el Gobierno venezolano es subir el intercambio comercial y retomar proyectos conjuntos porque «nosotros necesitamos de Colombia y Colombia necesita de Venezuela, también la realidad social y cultural», finalizó.

Fenasopadres advierte demora en el inicio del año escolar

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Los bajos salarios y la inflación hacen complicado que los padres puedan cubrir todo lo que necesita un niño para estudiar

 

Este martes, 5 de agosto, la presidenta y fundadora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, expresó su preocupación sobre la tardanza en el inicio del año escolar.

“Se espera un anuncio del presidente de la República para definir cuándo empiezan las clases. Eso es grave porque se está violentando la norma desde el alto poder ejecutivo y se está negando el derecho a la educación”, dijo en entrevista para el programa Punto y Seguimos, de Radio Fe y Alegría Noticias, sobre la pérdida de 15 días lectivos.

La representante de Fenasopadres también hizo hincapié en la falta de maestros capacitados en el sistema educativo venezolano. Criticó la asignación de personas sin formación adecuada y competencias para enseñar y liderar a otros. También cuestionó las actuales condiciones de trabajo y los bajos salarios.

“No hay docentes que puedan soportar las condiciones de trabajo en las que se encuentran”, advirtió.

Padres tienen que sacar de donde no tienen

La inflación en Venezuela es uno de los factores más perjudiciales para las familias, según Hernández. Los bajos salarios y la inflación hacen complicado que los padres puedan cubrir todo lo que necesita un niño para estudiar.

“Garantizar la entrada del inicio del año escolar de los hijos debe representar un costo promedio de entre 100 y 200 dólares, mientras que el salario mínimo se ubica en apenas 5 dólares y con unos bonos que no alcanzan no se puede mantener a la familia”, explicó.

Hernández hizo un llamado a las autoridades estatales y los representantes gubernamentales a comprender que la educación gratuita va más allá de la exención de la matrícula escolar. Se refirió a la necesidad de garantizar una educación de calidad con infraestructuras adecuadas, transporte, activación del seguro escolar y alimentación, entre otros aspectos. 

“Nada de eso está siendo cubierto por el Estado venezolano”, lamentó.

Asimismo, instó a los padres y representantes a exigir sus derechos constitucionales a una educación de calidad y gratuita.

“Estamos haciendo un llamado a los padres para que exijan lo que establece la Constitución. Le pedimos a los padres que exijan sus derechos a una educación de calidad y gratuita”, concluyó Hernández.

El Mañanero del #6Sep: las 8 noticias que debes conocer

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Hasta el 17 de octubre de este año tiene la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas para presentar un informe a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) con testimonios sobre venezolanos a fin de determinar si el fiscal Karim Khan continúa con las investigaciones sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en territorio nacional o las detiene como lo solicitó el régimen de Nicolás Maduro.

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“Hasta este momento, ninguno de los 13 candidatos se ha planteado retirarse”, Víctor Márquez, integrante de la Comisión Nacional de Primaria #5Sep