De enero a febrero de 2023 se contabilizaron 149 despliegues de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Violaciones graves de los derechos humanos a la población civil ha denunciado la ONG Fundaredes en su más reciente informe sobre los operativos militares efectuados para combatir a los supuestos grupos irregulares llamados Tancol.
La ONG informó que desde enero hasta febrero de 2023 se han contabilizado 149 operativos militares que han afectado los derechos a la vida, seguridad personal, propiedad privada, trabajo y libre tránsito de los habitantes de las zonas donde se han desplegado las fuerzas armadas.
El informe de Fundaredes resaltó que entre los 149 operativos militares registrados hasta febrero de 2023, diez fueron de gran magnitud y se realizaron en Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Monagas.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sentenció que estos operativos no han logrado eliminar la presencia de grupos guerrilleros colombianos en territorio venezolano, sino que por el contrario, han permitido que estos aumenten su influencia y control sobre la población.
La activista indicó que se desconoce la información oficial sobre los operativos que se realizan bajo el nombre de Tancol y que la Fuerza Armada venezolana ha fracasado en su función de resguardar la integridad y soberanía nacional.
Fundaredes exigió al gobierno que respete los derechos humanos de la población y que cese la violencia en la frontera. Además alertó que estos operativos militares continúan en marcha en los estados fronterizos con Colombia, donde se ha retomado el uso del término Tancol para justificar las acciones contra los grupos irregulares.
La ONG aprovechó para exigir la liberación de su director Javier Tarazona, quien el venidero fin de semana cumplirá 800 días privado de libertad.
Tarazona fue detenido el pasado 2 de julio de 2021 por funcionarios de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaban siendo hostigados por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e igualmente por sujetos sin identificar.
