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Conatel cierra la emisora Súper Stereo 94.5 FM en Falcón

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa informó que funcionarios de seguridad del Estado interrumpieron en la emisora y dejaron a 30 personas sin empleo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) informó el 3 de noviembre que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Súper Stereo 94.5 FM que operaba en Coro, estado Falcón.

De acuerdo con el ente gremial, al menos 30 trabajadores de la prensa quedaron sin empleo debido a que Conatel no permitió renovar la concesión de la emisora radial. 

«Los funcionarios dijeron que debían apagar la radio debido a que hace un año murió Frank Villasmil, dueño y a nombre de quién estaba la concesión», detalla el SNTP en su cuenta de X (Twitter).

El artículo 10 de la Providencia Administrativa Nº 785 de Conatel establece que puede sentenciarse la extinción de la concesión por, entre otras causas, la muerte del titular.

Sin embargo, la Comisión fue señalada por la ONU este 3 de noviembre debido a su falta de transparencia y arbitrariedad para cerrar medios de comunicación, especialmente estaciones de radio. 

De acuerdo con la ONG Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, al menos 9 emisoras radiales han cerrado por órdenes de Conatel en 2023. Todos los casos se atribuyen al vencimiento de la concesión. El cierre más reciente de una emisora fue Carora 100.5 FM en el estado Lara el pasado 28 de octubre.

El SNTP advirtió que Conatel censuró a varias estaciones de radio, entre ellas Carora 100.5 FM y Súper Stereo 94.5 FM, para evitar que informaran sobre las elecciones primarias de la oposición el pasado 22 de octubre. La Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas amonestó al Estado venezolano para que cese la censura en el país de cara a las elecciones presidenciales del 2024 y las regionales y parlamentarias del 2025. 

El teniente de navío Jefferson Díaz fue coaccionado para declararse culpable

@Andrea_GP21

El teniente de navío del Ejército Bolivariano Jefferson Díaz Mendoza, de 34 años, fue detenido la noche del 23 de octubre del 2019 por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraba en el Comando de Guardacostas de La Guaira. Sin mediar explicación, se lo llevaron por estar supuestamente implicado en una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada “Jaque Mate”.

Mary Cruz Mendoza, madre de Jefferson, contó que tanto ella como su fallecido esposo fueron detenidos y llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valencia. Mientras eso ocurría, el militar estaba en la sede de la Dgcim en Boleíta.

Su hijo fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Ejecución y fue “coaccionado” a declararse culpable. “Nos tomaron fotos y videos que fueron usados para coaccionar a mi hijo en el momento”, relató la madre del teniente de navío.

Jefferson fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, contra el decoro militar y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la supuesta sustracción de unas tarjetas de memoria que presuntamente tenían información que entregarían al gobierno de Estados Unidos.

Coaccionado para declararse culpable

Cuando Jefferson Díaz fue detenido, contó su madre Mary Cruz Mendoza, los funcionarios le enseñaron fotos y videos de sus padres siendo interrogados. Le decían que si no se declaraba culpable “iban a arremeter” contra ellos.

“Ya era bastante con que él estuviera detenido para que también a nosotros nos hicieran algo. Eso le hizo tomar la decisión de declararse culpable, por lo que le dictaron diez años y seis meses, de los cuales lleva cuatro”, reveló su madre en entrevista con Runrun.es.

Actualmente Jefferson está recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida popularmente como la cárcel militar de Ramo Verde.

“Gracias a Dios goza de buena salud porque hemos estado pendiente de que consuma sus vitaminas y le llevamos todas sus provisiones”, contó.

Víctima de torturas

Tras su detención Jefferson estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, un lugar que familiares de presos políticos y defensores de los derechos humanos han catalogado como un “centro de torturas”.

Pasados unos 50 días desde su detención fue cuando por fin su mamá pudo verlo. Estaba pálido por no ver la luz del sol y llevaba puesta una braga manga larga hasta el cuello. “Yo le dije ‘¿por qué andas vestido así?’ Y me respondió ‘no te puedo decir’”, porque allí estaban los custodios escuchando todo lo que conversaban.

Estando en la Dgcim, contó su madre, Jefferson fue “torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarle y lo sacaban. Fue sometido a también a electricidad”.

Todas esas torturas le ocasionaron secuelas como fuertes dolores de espalda por los que a veces ni siquiera puede levantarse de la cama. Además, el preso político debe “aguantarse” los dolores hasta que los fines de semana su madre le lleve medicamentos “porque allí donde está no tienen ni una inyectadora”.

“Yo estoy pendiente de llevarle su calmante, de llevarle las vitaminas como complejo B, cosa de que se fortalezca”, dijo su mamá.

Para mantenerse en buena forma y mejorar su salud física, Jefferson hace ejercicios que le ayudan a fortalecer su espalda. Nunca había sufrido de eso, pero ahora sí “debido a los trancazos que le dieron”, asegura su madre. 

Su padre murió de tristeza

El esposo de la señora Mary Cruz era paciente renal y falleció en marzo del 2021. Jefferson no pudo darle el último adiós a su papá. 

“Mi esposo muere en este proceso en el que a mi hijo lo apresan. Él de verdad fue débil y se desmejoró. Él sufrió mucho, lloró mucho, mi esposo muere de tristeza, muere de la enfermedad que le agravó por las circunstancias”, relató Mendoza.

“Yo le pido a Dios, y luego le pido al gobierno de Nicolás Maduro, que tenga un poquito de conciencia, de amor y de entereza. Que libere a los presos políticos porque realmente están allí presos por esas cosas de la vida, porque mi hijo es inocente y pido la libertad para él”, señaló la señora Mary Cruz.

Una madre y su hija solas

Para el momento en que Jefferson fue detenido se encontraba soltero, pero la señora Mary Cruz siente que, en otras circunstancias, actualmente él tendría una esposa e hijos sin la presencia de su padre.

“Nos quedamos mi hija y yo solas sin la presencia de mi hijo. Mi hija trabaja bien duro para mantener a su hermano y para mantenerme a mí, porque yo hasta hace dos años trabajé, pero yo tenía que luchar por mi hijo, tenía que ir a múltiples reuniones, a congregaciones, a todo para poder lograr la libertad de mi hijo”, relató.

La madre del teniente de navío del Ejército ansía que todo lo que ha hecho no sea en vano, para  poder tener a su hijo en casa en las Navidades de este año y no tener que llevar su almuerzo navideño hasta la cárcel de Ramo Verde.

“Él es un chico muy optimista,  siempre digo que es mi orgullo y que lo admiro, como madre, como persona, como mujer (…) Lo admiro porque tiene una actitud de que él va a salir, de que la justicia divina es grande y que la justicia divina debe hacerse efectiva”, señaló Mary Cruz Mendoza.

Demonios desatados o tiranía instalada

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Los demonios del régimen político se han desatado. Al poder le atormenta el triunfo de la candidata que mejor ha sabido interpretar las esperanzas y necesidades del pueblo venezolano

 

@ajmonagas

El socialismo no es un juego de ángeles. Vale revisar la historia política contemporánea soviética para dar cuenta de las atrocidades cometidas por quien fuera secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Iósif Stalin fue un sangriento dictador que gobernó la Unión Soviética desde 1922 hasta 1952. Haber sido líder del partido bolchevique, convertido luego en partido comunista, fue base política y militar de su ascenso para gobernar la URSS durante casi tres décadas del siglo XX hasta su muerte. Y en un país, en que el hambre era el escenario oprimido por la miseria.

El control administrativo, político y policial fue la razón para imponer el socialismo como el instrumento de represión mediante el cual el genocida Stalin alegaba la reivindicación de los derechos del pueblo soviético.

¿Por qué el desesperó del régimen?

Es el mismo caso que comienza a develarse en Venezuela toda vez que los demonios del régimen político se han desatado. Al poder le atormenta el triunfo de la candidata que mejor ha sabido interpretar las esperanzas y necesidades del pueblo venezolano. Y reacciona con furia y abuso buscando eternizarse al amparo de condiciones autoritarias.

Lo que se ha destapado en el país revela el tamaño de la arbitrariedad, del atropello y del sarcasmo. La sentencia del TSJ intentando dejar “sin efecto” los resultados de la primaria del 22 de octubre y ratificando la “inhabilitación” es una maniobra absurda que el régimen desempaquetó con desparpajo y sin la más mínima vergüenza. Es la mayor tropelía política cometida por el régimen político venezolano.

El Gobierno dio al traste con lo convenido con la Plataforma Unitaria en Barbados, como la facilitación de eventos políticos electorales (libres y transparentes) en Venezuela. Esto deriva en una peligrosa crisis política.

Acuerdo desatendido

El convenio negociado, denominado “Acuerdo Parcial sobre Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”, considera de entrada la estrategia que debía afianzar lo negociado por las partes involucradas. Dicho acuerdo establece al comienzo el respeto de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones que deberían sucederse “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”.

Las primarias se dieron con los resultados que todos sabemos. Pero primó el reconcomio del régimen, toda vez que al día siguiente de la multitudinaria elección se desplegó el resentimiento de esos gobernantes socialistas expuesto en, al menos, tres razones:

Primera, su ignorancia jurídica. Segundo, el desdén hacia la pluralidad política y democracia. Tercero, la incidencia de la envidia que siempre ha presidido las decisiones y actitudes que los personajes del régimen muestran cada vez que advierten que su “gestión revolucionaria” es contraproducente a los efectos electorales.

Es netamente regresivo. Principalmente, por el rechazo que sus perversidades han provocado a lo largo de casi veinticinco años de atrocidades impuestas a fuerza de represión militar, policial, judicial y de colectivos analfabetos e inciviles.

La judicialización de la primaria

La judicialización de la elección primaria es una abominación jurídica. De toda decisión declarada respecto del destartalado ordenamiento constitucional lo que ha generado traición de conceptos fundamentales sobre los cuales descansa el precepto constitucional siguiente: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

Pero ¿a cuál derecho y justicia se hallan apegadas las peligrosas amenazas proferidas por el fiscal de la República y por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional. A quienes le han hecho coro otras individualidades dedicadas a vomitar exabruptos jurídicos sin fundamento alguno. Lo dicho es propio de lo que furibundos gobierneros presumen como “lealtad”, palabra que confunden con adulancia y subordinación rastrera.

Razones que avivaron la polémica

Lo grave de la crítica situación se resume en lo siguiente:

1) El régimen socialista se encuentra a escasos días de que la Corte Penal Internacional, CPI, sancione duramente al régimen con base en el ordenamiento del Estatuto de Roma, al cual Venezuela está adscrita. Esto podría derivar en serios problemas para el régimen. Básicamente, relacionados con delitos calificados como de lesa humanidad perpetrados contra quienes adversan al régimen por aparatos represivos bajo una cadena de mando bien identificada.

2) Las intimidaciones y amedrentamiento interpuestos a través del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía general (en coro con aberrados personajes del régimen) con descarada alevosía en contra de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), ocurre por el solo hecho de demostrar el derrumbe del régimen mediante el rotundo éxito alcanzado por el evento electoral del 22 de octubre.

Así, el régimen haciendo caso omiso del acuerdo de respetar el resultado de los comicios internos de la oposición, se empeña en abonar el desvarío jurídico de ordenar la persecución política y acoso a los directivos de la CNP a escala nacional. Por ello, inventa el ardid de delitos absurdos. Imputaciones penales sin ninguna base jurídica, según lo han señalado respetados abogados y constitucionalistas.

Esperanzas intactas

A pesar de la crisis política que las aberraciones jurídicas del régimen han profundizado, siempre hay ramas de donde agarrarse para salir adelante a las arbitrariedades del chavismo. Y que, como recursos políticos, penden de cómo el venezolano conciencie la esperanza como condición innata.

De hecho, la elección primaria no puede reprobarse por cuanto es un derecho inalienable y un hecho consumado por medios legales, democráticos, pacíficos y transparentes. Todos válidos.

Por otro lado, debe reconocerse que el compromiso que basó la victoria electoral moldeó en las expectativas del venezolano la estrategia política de “hasta el final”. Mas, cuando la misma recoge el deseo arraigado de recuperar el espacio político en el que tienen cabida las libertades arrebatadas por la represión socialista.

Así que los problemas forjados por el régimen no deben desviar la conducta política del venezolano de convicción democrática. Tampoco tienen la fuerza para inducir cambios de sus ideales de lucha. Estas dificultades no deben desenfocar el objetivo político trazado. Lo que está viéndose bajo la sombra de estos problemas es expresión de la derrota sufrida por un régimen obtuso, ciego y enfermo.

De ahí que sus baterías apuntan a que sus disparos malogren las esperanzas sin saber que las mismas están blindadas. Por lo que sus descargas serán en vano e incapaces de derruir el ánimo propio de una organización levantada con el alma, la dignidad, la conciencia y la constancia. Razones propias para llevar adelante un combate dispuesto y convencido de ganar. Mas, porque comenzó ganando. Ni siquiera habrá fuerza posible que difumine el foco en el cambio. Mucho menos, la incidencia de demonios desatados o de una tiranía instalada.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Podcast | El yerno de Luis Miguel vinculado al chavismo, los acuerdos de Barbados en 3 y 2 y las primarias del PSUV

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En el episodio 239 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

Listen to “Episodio 239. Tres en uno: El yerno de Luis Miguel vinculado al chavismo, los acuerdos de Barbados en 3 y 2 y las primarias del PSUV” on Spreaker.

En El Pitazo destacan el trabajo “Danilo Diazgranados, el millonario venezolano que se casó con una hija de Luis Miguel”. La popularidad del apellido Díazgranados no es reciente: al papá de Danilo Díazgranados, quien tiene el mismo nombre, se le vincula con negocios del chavismo. Una investigación de El Pitazo en alianza con otros medios, publicada en 2018, reveló que el bróker utilizó una empresa llamada Craft Financial para comprar bonos británicos con dinero del Fonden.

“La retórica incendiaria que amenaza los acuerdos de Barbados” es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana. No transcurrió ni una semana desde que la administración de Nicolás Maduro suscribió un acuerdo con la Plataforma Unitaria en la isla de Barbados y desde que Estados Unidos levantó las principales sanciones al oficialismo para que el bando gubernamental atacara la elección primaria, poniendo en entredicho su cumplimiento de los acuerdos.

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “En el Psuv quien pide primarias presidenciales es marcado como traidor”. Líderes comunitarios señalan a TalCual que hay gente que cuestiona a la administración de Maduro, pero que no dicen nada por temor a ser expulsados del PSUV. Comentan que tras la primarias del 2021, cuando la dirigencia del PSUV «montó» a quién quiso sin respetar la voluntad de la ciudadanía, tienen desconfianza de los procesos.

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Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

 

MP citó a Francisco Castro, miembro del equipo técnico de la Comisión Nacional de Primaria

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Cabe recordar que el pasado 30 de octubre los directivos de la CNdP Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova,  acudieron al Ministerio Público, igualmente en “calidad de investigados”

 

La Comisión Nacional de Primaria (CNdP) informó este viernes 3 de noviembre que Francisco Castro, miembro del equipo técnico de la comisión, fue citado para comparecer ante el Ministerio Público (MP) ubicado en Parque Carabobo, Caracas.

A través de la cuenta en X, antes Twitter, la organización indicó que Castro recibió una citación para comparecer hoy mismo en calidad de “investigado” a la sede del organismo con competencia en materia contra legitimación de capitales, delitos financieros y económicos. 

Cabe recordar que el pasado 30 de octubre los directivos de la CNdP Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova, acudieron al Ministerio Público, igualmente en “calidad de investigados” para rendir declaraciones sobre el proceso de elección interna de la oposición.

Noticia en desarrollo…

Francisco Castro

Contabilizan más de 914 agresiones a periodistas venezolanos entre 2002-2023

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Venezuela suma 1.317 víctimas de agresiones, detenciones o asesinatos a comunicadores sociales desde el año 2002 y casi la totalidad de estos casos permanecen impunes

 

 

La ONG Espacio Público (EP) contabilizó más de 914 agresiones a periodistas venezolanos desde el año 2002 hasta septiembre de 2023.

A través de un informe publicado en su página web, EP afirmó que la impunidad afecta directamente a las víctimas de estos casos, a quienes se suman al menos 387 personas que fueron detenidas arbitrariamente en los últimos 20 años durante o como consecuencia de su trabajo informativo.

Espacio Público indicó que lleva registro de 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso  con estatus desconocido, lo que implica que no se han identificado responsables. Esto se traduce en que  75 % de los asesinatos de profesionales de los medios siguen impunes.

Según la organización, la muerte violenta es el “hecho más grave y lamentable”, pero además de estos casos extremos cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación. 

La ONG explicó que las detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de los medios suelen ocurrir cuando están buscando información sobre temas incómodos al poder como las manifestaciones y protestas masivas en contra del gobierno, coberturas a la escasez de gasolina, temas sanitarios y de gestión pública.

Periodistas agredidos

Ana Belén Tovar

Gerente de Operaciones de Venmedios, detenida de forma arbitraria el 19 de noviembre de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. Aunque excarcelada, permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Su expediente tuvo reserva legal durante más de dos años, de manera arbitraria e injustificada.

Luis Carlos Díaz

Periodista y defensor de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente el  12 de marzo de 2019, desaparecido, víctima de tratos crueles y tortura. Acusado de Instigación Pública. Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto si el Estado considera que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra.

Nurelyin Contreras, Nadeska Noriega y Maiker Yriarte

Estos tres periodistas forman parte de un grupo que fue agredido en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, el 11 de febrero de 2020, mientras daban cobertura a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Las denuncias presentadas a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del pueblo a la fecha no tienen respuesta de parte de la fiscalía para hacer la investigación o el avance de una investigación.

Darvinson Rojas

Víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, maltratos psicológicos y amenazas, el 21 de abril de 2020. Acusado con la inconstitucional ley contra el odio y excarcelado en un procedimiento irregular. Su caso permanece sin investigación de las o los responsables de las violaciones de derechos humanos en su contra.

914 agresiones

Sin información oficial del paradero del pran concluyó intervención de La Pica

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Este viernes la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” llegó al Internado Judicial de Monagas en Maturín y como es costumbre no hay información oficial sobre el pran del recinto Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito”
Es el cuarto penal que interviene el régimen de Maduro en poco más de dos meses 

 

Como si se tratase de un loop (anglicismo empleado para repetición) o de una escena de la película Groundhog Day donde su protagonista, Bill Murray, despierta una y otra vez en el mismo día, en la madrugada de este viernes 3 de noviembre, la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro”, que pretende recuperar el poder perdido del Gobierno madurista en las prisiones venezolanas, aterrizó en el Internado Judicial de Monagas conocido como cárcel de La Pica en Maturín. 

Y también como un guion repetido, el pran del recinto penitenciario, Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito” hizo alarde de su apodo y sacó las armas de las cárceles antes de que llegaran las autoridades, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. 

De acuerdo con el OVP, como sucedió con las “tomas” de las cárceles de Tocorón en el estado Aragua (20 de septiembre) , Tocuyito en Carabobo (25 de octubre)  y Puente Ayala en Anzoátegui (30 de octubre), los pranes o líderes negativos de La Pica negociaron la entrega del recinto.

“Dentro del penal había mujeres y niños que convivían en esos espacios. Familiares resaltaron que hace una semana los pranes sacaron armas y le dijeron a los presos que el penal sería intervenido”, expuso la ONG en un la plataforma X. 

“Pedro Rapidito” fue detenido a mediados de febrero de 2014 y condenado hace seis meses a poco más de nueve años de cárcel por el Tribunal Primero de Juicio de Monagas a cargo del juez Jorge Alejandro Cárdenas Mora. Se le imputaron los delitos de ocultamiento ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y posesión de arma de fuego. 

Trascendió que los reclusos están siendo reubicados en el vecino Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela.  

“Nosotros exigimos a la Ministra de Asuntos Penitenciarios (Celsa Bautista) una respuesta y que por favor no trasladen lejos a nuestros familiares porque no tenemos para darle comida y mucho menos para el pasaje”, declaró Aniuska Sifontes, familiar de uno de los reclusos a las puertas de La Pica.

Según expuso la ONG Una Ventana a la Libertad en una nota de prensa, familiares de reclusos denunciaron maltratos por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

Ceballos: Hemos acabado con la mafia carcelaria

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, declaró al canal del Estado que algunos reclusos mostraron resistencia a la intervención del penal, sin embargo no aclaró si en ese grupo estaba “Pedro Rapidito” y otro pran apodado “El Yeferson”.

“Luego de que agotamos todas las medidas de diálogo se produjo la rendición. En este momento, están siendo puestos a órdenes del Ministerio Penitenciario. Hemos acabado con la mafia carcelaria, con instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro seguimos avanzando en el reimpulso del sistema penitenciario y continuaremos para garantizar la protección del pueblo”, expresó Ceballos. 

Videos difundidos en redes sociales daban cuenta del amplio despliegue policial y militar en la intervención de este centro de reclusión.

 

LEA TAMBIÉN:  Otro miércoles de intervención carcelaria: Ahora le tocó a Tocuyito

Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a garantizar elecciones justas en Venezuela

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Este 3 de noviembre el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó los resultados de la quinta evaluación al Estado venezolano. En el documento expresaron su “grave preocupación” por la inhabilitación política de opositores e instaron al Estado a garantizar elecciones presidenciales justas e inclusivas
El Comité de Derechos Humanos de la ONU raspó al Estado venezolano en materia de Derechos Civiles y Políticos. Enfatizan que los presos políticos, los activistas de derechos humanos, los políticos críticos al madurismo, las mujeres, las poblaciones indígenas, la comunidad sexodiversa y los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables

 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó este 3 de noviembre los resultados de la evaluación del Estado venezolano sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en Ginebra.

Después de que el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, participaran en Ginebra, Suiza, para que la ONU consulte cómo el Estado está atacando sus compromisos internacionales sobre los derechos humanos el pasado 10 de octubre, el organismo multilateral «ve con preocupación» que los poderes públicos estén parcializados hacia el gobierno de Nicolás Maduro y no protejan los derechos humanos de los venezolanos.

Esta sería la quinta evaluación que tiene Venezuela frente a la ONU. La comunidad internacional reiteró, una vez más, que los más vulnerables frente a estos incumplimientos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCI) en el país son los presos políticos, los activistas de derechos humanos, los políticos críticos al madurismo, las mujeres, las poblaciones indígenas, la comunidad sexodiversa y los niños, niñas y adolescentes. 

Entre las preocupaciones más fuertes de la ONU frente al PDCI se incluyeron las restricciones de los venezolanos a actualizar sus datos o inscribirse en el registro electoral, más aún de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios para gobernadores, alcaldes y diputados de la Asamblea Nacional de 2025. 

«Se insta a Venezuela a garantizar que todas las personas, incluidos los jóvenes, disfruten plena y efectivamente del derecho a la participación política, garantizando su inscripción en el registro electoral nacional”, expresa el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Pidieron al Estado venezolano que facilitara elecciones justas, transparentes, inclusivas y pluralistas a todos los niveles, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos.

El Comité expresó su «grave preocupación» por las acusaciones de que instituciones judiciales, administrativas y constitucionales, como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia, «han estado restringiendo el espacio democrático mediante la inhabilitación política para impedir que miembros de partidos de oposición desempeñar un cargo público».

Lamentó que algunos opositores políticos ya hayan sido inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024. 

En Runrun.es resumimos las conclusiones de la ONU en ocho claves: 

Opacidad ante la ONU y ante los derechos LGBTIQ+

Si bien el estado propició algunos documentos que evidencian que han creado leyes para despenalizar ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en las alas militares, la ONU asevera que no existen pruebas ni documentos que permitan hacer un seguimiento a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia o al Ministerio Público sobre los derechos a las personas queer, transexuales y no binarias. 

Las Naciones Unidas asevera que el Estado venezolano no propicia ninguna información para justificar por qué o cómo el sistema de justicia venezolano emite decisiones que no cumplen con los derechos humanos.

«El Comité lamenta la falta de respuesta del Estado parte sobre los informes aludiendo a una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que asume una interpretación que menoscaba el carácter vinculante de la jurisprudencia emitida por los órganos de tratados internacionales relativos a derechos humanos en el orden interno», se lee en el documento. 

«Se considera preocupantes las denuncias de violencia, incitación al odio y discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en el Estado parte. También le preocupa la falta de una ley que garantice el derecho de las personas transexuales a su identidad de género auto percibida, así como la falta de reconocimiento jurídico y de protección de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, y lamenta la falta de información proporcionada por el Estado parte al respecto», enfatiza la ONU.

Los atropellos continúan pese a que la Ley de Registro Civil permite a las personas transgénero modificar sus documentos de identidad desde el 2009, pero diversas ONG denuncian que no se ha aplicado esta norma. 

Excluyen y castigan a la sociedad civil en temas humanitarios

El Comité de la ONU ve con «preocupación» que el Estado venezolano prometió crear el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos desde el 2019 y no se ha concretado nada, ni han informado de su progresa. Denuncian igualmente la falta de la participación efectiva de la sociedad civil en su preparación.

El ente sobre derechos humanos enfatiza que en Venezuela existen cada vez más pruebas «contundentes y frecuentes» de que en el país existe una alta opacidad en las instituciones públicas sobre sus presupuestos y sus gastos, imputando a cualquier activista de derechos humanos que denuncie actos de corrupción o torturas. «La corrupción sigue estando generalizada en muchos ámbitos de la vida pública», advierte las Naciones Unidas.

«Asimismo, preocupa al Comité la criminalización con cargos espurios (falsos o no auténticos) como “asociación delictiva” y “revelación de información confidencial” de defensores de derechos humanos y de funcionarios públicos quienes hayan denunciado casos de corrupción en los que estaban implicadas autoridades estatales», agregó.

La ONU condenó que el Estado venezolano no tenga mecanismos para «la reparación del derecho ante los órganos jurisdiccionales internos» y exige que deben incluir a la sociedad civil para la elaboración, vigilancia y cumplimiento del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. 

Una vez más, el poder público es imparcial

El Comité «lamenta», por tercera vez consecutiva, que la Defensoría del Pueblo venezolano no acate ninguna recomendación del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Sobre todo después del 2016, cuando la comunidad internacional rebajó a la Defensoría del Pueblo a la «categoría B», como observador del subcomité porque no cumple con los acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales. 

«En particular, le preocupan al Comité los informes que aluden a la incapacidad de la Defensoría del Pueblo de pronunciarse sobre los problemas de derechos humanos en el Estado parte de forma equilibrada, imparcial y objetiva, poniendo en duda la independencia de esa institución», se lee en el documento. 

Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia, la ONU establece que magistrados del poder judicial tienen «supuestos vínculos con los partidos políticos», como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que representa a Nicolás Maduro y su gabinete.

«Asimismo, preocupan las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que cercenan los derechos de participación política con la destitución de representantes públicos elegidos democráticamente, su ilegal arresto y la negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales», alude la ONU a las elecciones primarias de la oposición el pasado 22 de octubre, donde María Corina Machado ganó los comicios pero el Tribunal, el 30 de octubre, dejó «sin efecto» el evento electoral. 

Estado de excepción que parecen interminables

«Preocupa al Comité la aplicación prolongada del Estado de Excepción de Emergencia Económica que tuvo efecto entre enero de 2016 y abril 2021. En particular, preocupan las informaciones de que las medidas de excepción no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y que sus funciones de control y aprobación en la gestión pública durante este período fueron suspendidas, permitiendo al Poder Ejecutivo manejar los recursos públicos sin la aprobación parlamentaria, contrario a lo establecido en el artículo 339 y 399 de la Constitución», dice la ONU.

Del mismo modo, el ente multilateral reitera que el régimen venezolano ha usado la figura de los estados de excepción para cometer violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de periodistas, de defensores de derechos humanos, de líderes sindicales y de pueblos indígenas, «así como la suspensión del derecho a la reunión pacífica», donde utilizan la fuerza de funcionarios de seguridad o paraestatales como «los colectivos» para reprimir a la población. 

No se mueven para cerrar la brecha de género y la violencia

La ONU también raspó al Estado venezolano en la reducción de la violencia basada en el género, la aprobación del aborto libre y seguro y la reducción de la discriminación de la mujer en todos los ambientes públicos y privados. Si bien existen leyes que protegen a la mujer, la comunidad internacional no ve que se apliquen o que se mejore la protección. 

«El Comité sigue preocupado por la persistencia de estereotipos discriminatorios y de actitudes patriarcales arraigadas acerca del papel y de las responsabilidades de la mujer, especialmente afectando a las mujeres provenientes de zonas rurales y empobrecidas», dice el documento. «Asimismo, lamenta su escasa representación general en la vida política y pública, en particular en los puestos decisorios, incluyendo en las empresas del sector privado, y la falta de datos actualizados al respecto».

Constataron que en el país existe una alta incidencia en los casos de violencia de género que quedan impunes y, en el caso del aborto, Venezuela no ha avanzado nada en la descriminalización o brindar información y apoyo en casos de violación, incesto o grave malformación del feto y el acceso limitado de las mujeres a servicios seguros de aborto y de atención posterior al aborto en el país.

«Preocupa el alto índice de mortalidad materna y la falta de estadísticas sobre el número de abortos clandestinos, el embarazo adolescente y la mortalidad materna. El Comité nota con preocupación los informes indicando que persisten las esterilizaciones practicadas bajo coacción en el marco del Plan Quirúrgico Nacional», agregó. 

 En Venezuela siguen las torturas y las desapariciones forzadas

Ya no es un secreto para la comunidad internacional que en Venezuela existen presos políticos que son torturados física, moral y psicológicamente, así como que los activistas de derechos humanos y los familiares de los privados de libertad son acosados por los cuerpos de seguridad y del propio gobierno madurista. Pero la ONU reconoce por primera vez que el Estado venezolano «haya negado esas denuncias y criticado las fuentes de las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en su diálogo con el Comité».

Ahora reconocen que el gobierno madurista está implementando represalias para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas».

«Asimismo, nota con preocupación que las víctimas frecuentemente eligen no denunciar por temor a las represalias, y lamenta que la delegación del Estado parte no haya proporcionado información específica al respecto», dijo la ONU.

El Estado se hace la vista gorda frente a la esclavitud moderna

Dentro del compendio de preocupaciones, surgen ahora nuevas denuncias sobre el tráfico de personas con fines sexuales, el trabajo infantil en zonas mineras y el casamiento forzado a menores de edad en el país, «especialmente en el arco minero del Orinoco y en otras partes de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, incluso producido por la presencia de grupos armados y criminales no estatales relacionados con las actividades de extracción». 

Frente a ello, la ONU le sugiere al Estado que modifique la leyes de amparo infantil, como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes, para aumentar la edad mínima del matrimonio (que actualmente son los 16 años) y mejore las acciones para documentar el nacimiento y la identidad de los jóvenes, donde se denuncia un aumento en las trabas de otorgamiento de certificados de nacimiento.

Bajo este contexto explican que la población infantil está más expuesta a la esclavitud moderna y al trabajo forzado. Informan que la presencia de bandas criminales en el Arco Minero del Orinoco también ha influido en la muerte y esclavitud de las poblaciones indígenas. 

«Persisten las situaciones de desplazamiento forzado interno, particularmente en los estados fronterizos y en las zonas mineras, sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas. En este sentido, el Comité lamenta la falta de información proporcionada por el Estado venezolano», advirtió.

Siguen reduciendo el espacio público y los medios de comunicación

El Comité concluyó que las represiones hacia los medios de comunicación siguen más vigentes que nunca, mucho más en un contexto de elecciones presidenciales para el 2024. Denunciaron el cierre de medios, la detenciones arbitrarias a los periodistas, a los activistas y a los políticos. 

Dentro de los reclamos, destacan «la opacidad o arbitrariedad por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al administrar la aprobación y renovación de las licencias, particularmente de los operadores de medios radioeléctricos». Como consecuencia, el Estado reduce la participación política al no informar sobre asuntos público y la «interferir deliberadamente en la inscripción en el Registro Nacional Electoral, afectando principalmente a los jóvenes entre 18 y 35 años e impidiendo su participación en las elecciones». 

Frente a este panorama, la ONU volverá a evaluar al Estado venezolano dentro de ocho años, en 2031, debido a que deben examinar a todos los países en temas de derechos humanos. Para ese entonces el ente multilateral espera que hayan mejorado y reparado los derechos fundamentales en el país.