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El sol nace en el Esequibo

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La Corte Internacional de Justicia fue siempre la carta que se reservó Venezuela dada la fuerza jurídica de nuestro reclamo. Ahora la queremos obviar, mientras nos solazamos en el jolgorio

 

@asdrubalaguiar

Tras el referéndum consultivo realizado en Venezuela sobre la cuestión de la Guayana Esequiba es sorprendente el grado de confusión en el debate. Media una peligrosa reescritura y se repiten los errores como el mal alegado sentido de patria –al cabo esta solo es ser libres como debemos serlo– que nos llevara a las pérdidas territoriales del siglo XIX.

Lo primero de puntualizar es que algunos de los asuntos puestos sobre la mesa y presentados como audaces son plagios del pasado. El Ilustre Americano, Antonio Guzmán Blanco, en 1884 y en el marco de su contención con la Gran Bretaña por el Esequibo –antes separó a su negociador en Londres, el marqués de Rojas– procede a la creación del Territorio Federal Delta, limitando en el sureste con la Guayana Británica, a saber, hasta el río Esequibo. No se había dictado aún el Laudo arbitral del despojo de 1899. Y allí, como lo reseña González Guinan, Guzmán opta por dar concesiones y “crear intereses norteamericanos en el Gran Delta del Orinoco, propendiendo a la fundación de la Compañía Manoa, como para interponer entre la débil Venezuela y la usurpadora Inglaterra, la poderosa industria norteamericana” (Memoria del gobierno de La Aclamación, 1886-1887).

Si se trata del anunciado mapa oficial que incorporará a la Guayana Esequiba, ya hacia 1965 lo ordenó la Cámara de Diputados para acompañar las gestiones diplomáticas del gobierno de Raúl Leoni y su canciller Ignacio Iribarren Borges en Londres y Ginebra. Alirio Ugarte Pelayo, presidente del cuerpo, le hizo entrega de este a la nación y, de modo simbólico –advirtiendo sobre el descuido que nuestros programas educacionales de geografía e historia han acusado– lo puso en manos de los jefes de las comisiones parlamentarias, Carlos Andrés Pérez, Alberto Bustamante, Arístides Beaujon, y Dionisio López Orihuela.

Pero no le bastó a Ugarte lo simbólico, pues juzgaba de necesario despejar la conseja que tanto daño nos hacía y se ha prorrogado hasta alcanzar el verbo del fallecido Hugo Chávez: “Le será fácil al lector deshacer con el simple examen de los mapas y la lectura de las representaciones del excanciller Marcos Falcón Briceño ante la ONU, otra falacia también muy divulgada en estos días, según la cual nuestras reclamaciones son parte de una conspiración interimperialista para abatir el movimiento independentista de la Guayana Británica”, dice (Cámara de Diputados, La Guayana Esequiba, 1965).

La izquierda de ayer y en insurgencia, esa que hoy desgobierna sobre el territorio nuestro rasgándose las vestiduras, era la responsable de esa narrativa antinacional, estimulada desde Cuba.

Lo otro y de no menor importancia es la aporía que se insiste en introducir entre la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966 y el conocimiento del diferendo por la Corte Internacional de Justicia. Se trata de algo de fondo y que nos pone de espaldas a la verdad histórica. Y lo primero de decir es que, la primera queja presentada ante Gran Bretaña por Venezuela al objeto del alcanzar el señalado acuerdo –tal como reza el memorándum entregado por el canciller Falcón Briceño en Londres y al referirse a la manida sentencia de París– es que “no fue una línea de derecho sino una de compromiso político”. “Venezuela respeta y se atiene a todas y cada una de las disposiciones del Tratado de Arbitraje de 1897”, agrega. “He expuesto cómo en el Laudo Arbitral de 1899 se desconocieron y se violaron las normas de Derecho de ese tratado”, recuerda el señalado canciller ante la Comisión Especial de la ONU reunida para conocer del asunto, en 1962.

La perspectiva original venezolana es, pues, esencialmente jurídica y no solo transaccional. Tanto así que, sucesivamente, al ser presentado ante el Congreso de la República el milagroso acuerdo suscrito en el Lago de Leman –ese que nos saca las castañas del fuego luego de un atropello histórico casi irreversible– declara Iribarren Borges lo siguiente: “Venezuela propuso que se encomendara la función de escoger los medios a la Corte Internacional de Justicia… no habiendo sido aceptada esta propuesta por los británicos… [; dado lo cual] Venezuela propuso encomendar aquella función al Secretario General de las Naciones Unidas”.

Sucesivamente, agrega Iribarren lo vertebral: “De acuerdo con los términos del artículo 4, el llamado Laudo de 1899, en el caso de no llegarse antes a una solución satisfactoria para Venezuela, deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Reclamación de la Guayana Esequiba, 1962-1981).

De modo que, encallar, sin más, en la tesis de la “solución práctica y recíprocamente satisfactoria”, obvia que esta fue una escala apropiada y útil para la política exterior y de Estado de Venezuela ante una ex Guayana británica atrincherada en que lo único debatible, de entrada, era la validez o no del Laudo de París. Por lo que, agotada y sin destino como se demostró tal solución, por obra del Acuerdo quedó abierta la otra fase, la del mandato otorgado al secretario de la ONU para que resolviese él, directamente, sobre la vía para la solución final de la cuestión del Esequibo. Por eso estamos en la Corte.

Sin embargo, hay quienes de buena fe insisten en la otra aporía insoluble, a saber, que habiendo resultado inviable el acuerdo entre las partes y, de suyo, abierta la compuerta que nos conduciría hasta la ONU y de aquí hasta La Haya, lo correcto es volver otra vez a la mesa fallida para que las partes se acuerden sobre el medio ya dispuesto por el secretario general.

La Corte Internacional de Justicia, en suma, fue siempre la carta que se reservó Venezuela dada la fuerza jurídica de nuestro reclamo. Ahora la queremos obviar, mientras nos solazamos en el jolgorio. Nada nuevo bajo el sol. Entre tanto avanza Guyana con frialdad y alega ante los jueces. Apuesta a nuestra ausencia y contumacia.

correoaustral@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Homenaje a Pedro Nikken ¡La paz como paradigma de la política!

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En palabras de Pedro Nikken, “la paz que no es apaciguamiento sino genuina conquista de la esperanza”

 

@victoralvarezr

Conversaciones con la hija de Pedro Nikken, Claudia Nikken

Como dijo el poeta, “la muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la vida, la muerte no llega con ese viaje sino con el olvido”. A cuatro años de su sorpresiva partida, aquel 9 de diciembre de 2019, queremos rendir un sincero y sentido homenaje a Pedro Nikken, un hombre de bien, un hombre de paz, comprometido con las buenas causas de la vida, promotor del reencuentro y la reconciliación.

En 1968 se graduó de abogado en la UCAB, en 1973 terminó una especialización en Derecho Privado en la Universidad de París, en 1977 obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Carabobo y en 2017 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Buenos Aires.

Fue profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, director de su Escuela de Derecho entre 1975-76 y decano entre 1978-81. Entre 1980-1989 se desempeñó como como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual llegó presidir entre los años 1983-1985.

Desde 1996 fue miembro de la Comisión Internacional de Juristas. En 2008 pasó a integrar su Comité Ejecutivo, en 2009 fue electo vicepresidente y entre 2011-2013 se desempeñó como su presidente. Y para coronar esta exitosa carrera fue designado como miembro honorario vitalicio.

Sin lugar a dudas, Pedro Nikken fue un brillante jurista venezolano que consagró su vida a la defensa de los derechos humanos y a la creación y fortalecimiento de una institucionalidad nacional e internacional que los protegiera.

Su obra es amplia, rigurosa y hoy está más vigente que nunca: 6 libros publicados de su exclusiva autoría, 3 libros en colaboración con otros autores, y más de 65 artículos en revistas científicas y arbitradas. Entre sus libros se destaca La protección internacional de los derechos humanos: su desarrollo progresivo, publicado en Madrid en 1987.

Para este homenaje, hubiésemos podido recurrir a las nuevas herramientas de la inteligencia artificial y preguntar sobre el legado de Pedro Nikken para propiciar el reencuentro y la reconciliación de una sociedad dividida, polarizada y en conflicto. Pero preferimos invitar a su hija, Claudia Nikken, quien no dudó en aceptar esta invitación de la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral para rendir un homenaje a su padre. Por este motivo, hoy estaremos conversando con ella sobre la vigencia del pensamiento y legado del Dr. Pedro Nikken.

VENGO A HABLAR SOBRE LA PAZ

(VAR) Estimada Claudia, ante todo muchas gracias por acompañarnos en este sincero y sentido homenaje que queremos rendirle a tu papá, al cumplirse 4 años de su sorpresivo y anticipado viaje.

En el conflicto armado en El Salvador, Pedro Nikken fue asesor jurídico del secretario feneral de las Naciones Unidas para las negociaciones de paz. Aquel conflicto que dejó miles de muertos le reveló a tu padre que la negociación política es la mejor alternativa frente a los conflictos armados.

Para su incorporación como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas presentó el trabajo La construcción de la paz sobre los derechos humanos y las lecciones que pueden recibirse de la acción de las Naciones Unidas, en pos de la terminación de los conflictos armados que asolaron América Central. Y en su discurso dijo: “Vengo a hablar sobre la paz. Sobre la paz resultante de la guerra. Sobre la paz que no es apaciguamiento sino genuina conquista de la esperanza; y cuando esa conquista se edifica sobre un propósito mancomunado de recuperar para un pueblo la justicia, la libertad y, sobre todo, la dignidad, la paz es paradigma de la política”.

Tu papá fue un hombre comprometido con los valores humanos del reencuentro, el perdón y la reconciliación. A la luz de su experiencia como experto independiente de las Naciones Unidas en los Procesos de Paz de Centroamérica: ¿Qué es lo que las partes en conflicto se pueden perdonar mutuamente para lograr la paz? ¿Qué deben exigir y en qué deben ceder para lograr el reencuentro y la reconciliación? ¿Cuáles son las principales lecciones y aprendizajes de esos procesos de paz que acompañó, facilitó y documentó tu papá?

(Claudia Nikken) Primero que nada, Víctor, te agradezco a ti por este homenaje a la memoria de mi padre, oportuno no solo por la fecha, sino especialmente por el momento histórico.

Me haces una serie de preguntas que no son de fácil respuesta en corto tiempo. Voy a tratar de responderlas en bloque, con base en una premisa inicial:

A partir de la obra de mi padre, la escrita y la manifestada en sus acciones para poner fin a cualquier conflicto, las partes tienen que comenzar por reconocer, primero, que el conflicto existe; luego, las causas que dieron origen al conflicto y la responsabilidad de cada una en ello y, por supuesto, sus consecuencias. Sin eso, es muy difícil, si no imposible, determinar fuera de lo inmediato qué pueden perdonarse las partes mutuamente; o qué deben exigir o ceder para lograr el reencuentro o la reconciliación.

Pedro Nikken subrayó que, en Centroamérica, particularmente en El Salvador y Guatemala, los procesos de paz tuvieron como centro la dignidad de la persona humana. Desde allí, con el propósito de atacar las causas de la guerra en cada uno de esos países, se transitó un camino que pasaba por la consolidación de las instituciones democráticas, para llegar al fortalecimiento de los medios para garantizar y respetar los derechos humanos, lo que necesariamente suponía la erradicación de las prácticas que atentaron contra los mismos.

En ese proceso fue fundamental el establecimiento y puesta en marcha, incluso antes de la firma del acuerdo final, de mecanismos especiales o transitorios, arraigados en la comunidad internacional, para la protección de los derechos humanos y la investigación de sus violaciones. Esto, sobre la base de un acuerdo entre las partes, pero también de la aceptación y el auspicio institucional de esos mecanismos por parte del gobierno.

También fue fundamental el establecimiento de mecanismos especiales para el esclarecimiento del pasado. Eso, según Pedro Nikken, es un hito inexcusable en el camino hacia la reconciliación nacional.

Al final, los procesos centroamericanos muestran que lo que determina la viabilidad de un proceso de paz y reconciliación son la verdad y la justicia. Desde allí todo puede construirse.

LA NEGOCIACIÓN ES VIABLE CUANDO SE HACE DE BUENA FE

(VAR) A Pedro Nikken una y otra vez lo escuchamos argumentar que siempre debía negociarse un acuerdo antes y no después de la tragedia de los muertos, dolor y afanes de venganza que deja un conflicto violento, bien sea por causas políticas, étnicas o sociales. Pero advertía que la negociación solo es viable cuando se hace de buena fe entre las partes y es acompañada con los mecanismos que permitan garantizar la plena ejecución de los acuerdos alcanzados. En la obra de Pedro Nikken, ¿cómo documenta y caracteriza él la buena fe de las partes en conflicto y cuáles serían esos mecanismos que pueden permitir y asegurar el cumplimiento fiel de los acuerdos?

(Claudia Nikken) La negociación puede definirse como el esfuerzo para alcanzar un acuerdo entre dos o más partes, teniendo todas ellas el derecho a decir no, el derecho a “vetar”.

Entendido eso, una negociación de buena fe, más allá de partir de la voluntad de alcanzar un acuerdo, comienza por reconocer el derecho a decir NO, el propio (que no se está obligado a aceptar nada); y el de la otra parte (que no está obligada aceptar lo que se le propone).

De ese modo, el NO deja de percibirse como intransigencia y, además, se traza la vía para la apertura y la honestidad en las conversaciones y en los planteamientos. Eso ayuda, además, a dejar atrás las suspensiones, los síes condicionales y las variaciones de una opinión no convencida. En el caso de los conflictos centroamericanos, la manifestación de la buena fe de las partes puede verse inicialmente en dos tiempos. 

Primero, tras reconocer que no pudieron establecer útilmente una negociación directa, las partes mostraron su buena fe al aceptar la facilitación del proceso por las Naciones Unidas.

Luego, cuando reconocieron que la facilitación no era suficiente para llegar a acuerdos, otra muy clara y relevante manifestación de buena fe fue aceptar la intervención de las Naciones Unidas como mediadora.  Las partes dejaron de presentarse mutuamente propuestas y de discutirlas, entregándolas al mediador, quien trataba de conciliarlas y traducirlas en un documento, que luego discutía con cada una por separado, hilando con ellas las soluciones que terminaron constituyendo el acuerdo de paz.

En cuanto a los mecanismos que puedan permitir y asegurar el cumplimiento fiel de los acuerdos, habría que decir, primero, que ninguno es infalible y; luego, que no existe una única respuesta correcta.

En el caso centroamericano se definieron mecanismos de seguimiento y verificación dentro del proceso, externos a la institucionalidad del Estado y; además, mecanismos producto del proceso dentro de la institucionalidad estatal.

Primero, el facilitador-mediador se constituyó también como verificador de los acuerdos, acompañado de lo que se llamó el grupo de “países amigos”.

Luego, las reformas acordadas para el fortalecimiento institucional, indispensable para la garantía de los derechos humanos, fueron traducidas en derecho, incluyendo la creación de instituciones especiales para la ejecución de acuerdos específicos, como la Comisión de la Verdad en El Salvador.

PRINCIPALES APORTES DE PEDRO NIKKEN

(VAR) El legado de Pedro Nikken es muy amplio. Internacionalmente son muy reconocidos sus aportes teóricos para elaborar los fundamentos filosóficos, jurídicos y deontológicos de las negociaciones de paz. Pero Pedro Nikken también fue un miembro muy activo de la sociedad civil venezolana y de organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos civiles y políticos. En el contenido de su obra, ¿cuáles son sus principales aportes en relación con los preceptos éticos y morales que están llamados a sustentar las normas y deberes de conducta que hacen viable las negociaciones y acuerdos para la convivencia pacífica?

(Claudia Nikken) Cuando se produce un conflicto político, sea este más o menos violento, siempre vamos a encontrar que su origen está en que una de las partes considera que la otra no tiene los mismos derechos.  Esa diferenciación, que puede ser más o menos profunda, más o menos general, termina por afectar y hasta anular la dignidad del ser humano.

Por eso, creo que el principal aporte de mi padre a la definición de los preceptos éticos y morales que hacen viables las negociaciones y acuerdos para la convivencia pacífica es haber puesto la dignidad de la persona humana como objetivo medular.

No hay que olvidar que en su obra aparece invariablemente, como constatación que, cito:

“La emergencia en la historia de los derechos humanos como institución jurídica pasa por un intrincado tránsito del pensamiento filosófico, moral y, sobre todo, político a la praxis jurídica, cuyo escenario y cuyo catalizador han sido invariablemente luchas sociales contra el despotismo y contra la opresión, en búsqueda de la dignidad, de la libertad y de la justicia, incluida la justicia social”.

Ese tránsito, agrego, hace visible la estrechísima vinculación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cito de nuevo:

“No solo por la premisa ética que impide distinguir entre el sufrimiento humano que proviene del despotismo de aquel que se origina en la explotación y en la injusticia, sino porque la ofensa masiva a los derechos sociales entraña serios riesgos para el goce de los derechos individuales y de las libertades fundamentales”.

Entonces, un proceso de negociación que persiga poner fin a un conflicto político debe comenzar por el reconocimiento del otro como igual en derechos; trátese de “la otra parte”, o bien, en general, de cada uno de los individuos que se ven afectados por el conflicto. En consecuencia, ese proceso tendría que perseguir, según corresponda, el establecimiento o el fortalecimiento de instituciones capaces de asegurar a todo ser humano el goce y ejercicio de esos derechos, así como su garantía.

Para Pedro Nikken, la democracia es el mejor régimen político para alcanzar ese fin. Para él, cito, “Vivir en democracia no es solamente un derecho de cada hombre, sino un imperativo social. La democracia es también el nuevo nombre de la paz”.

En sus palabras, “la paz que no es apaciguamiento sino genuina conquista de la esperanza”; “de una conquista que se edifique] sobre el propósito mancomunado de recuperar para un pueblo la justicia, la libertad y, sobre todo, la dignidad”; “la paz como paradigma de la política”.

En ese sentido, al estudiar los casos de El Salvador y Guatemala, mi padre afirmó que:

“La construcción del modelo de sociedad diseñado en las negociaciones de paz se traduce en lograr progresos sólidos, sustanciales e irreversibles en el respeto y garantía de los derechos humanos (…).  No se trata solo de elegir gobernantes sino de democratizar la sociedad y de incorporar a todos los sectores de la población al progreso social (…) El cumplimiento de los acuerdos no es solo una obligación que compromete la honra de las partes, sino el camino para llegar hacia esa sociedad. Quienes llegaron a las negociaciones como enemigos militares salieron de ellas como aliados políticos en una obra común de dimensión histórica, que ya no les pertenece enteramente, sino que es patrimonio de sus pueblos y, en cierta medida, de la humanidad entera, que puede contemplar el precedente de una acción concertada (…) para transformar la sociedad en paz”.

En definitiva, de acuerdo con su pensamiento, un proceso que persiga poner fin a un conflicto político tendría que permitir que adversarios, incluso enemigos, se conviertan en aliados en un proyecto nacional, determinado no por el mero cese de la violencia, sino por una profunda transformación institucional, que requiere, entre otras, una reforma judicial para que la impunidad deje de ser la regla. De nuevo, en palabras de mi padre:

“Solo cuando se [haya] descubierto la verdad y se haya puesto fin a la impunidad (…), se estará en condición de otorgar el perdón de los responsables y alcanzar una verdadera reconciliación”.

LOS ACUERDOS PARCIALES

(VAR) Con frecuencia, los procesos de negociación se basan en el principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. La prioridad que suele dársele a los intereses políticos, subordina las prioridades sociales y esto impide llegar a acuerdos parciales para atender problemas urgentes de la gente.

A la luz de su experiencia en los procesos de paz en Centroamérica, Pedro Nikken observó que los acuerdos se fueron logrando poco a poco y eran gradualmente refrendados por el Congreso y la Presidencia de la República. Para garantizar su irreversibilidad, se acordaron reformas constitucionales y se aprobaron leyes y decretos. Recuerdo que una de las últimas convocatorias que nos hizo Pedro Nikken a quienes trabajamos por la paz desde los espacios de la sociedad civil, fue para comenzar a construir desde las bases pequeños acuerdos que le hicieran saber a las élites en pugna que los asuntos que involucran la vida de la gente no pueden esperar y que hay un país que interpela y emplaza al liderazgo político a ponerse de acuerdo.

A la luz de su gran experiencia: ¿qué hubiese recomendado tu papá para que las partes en conflicto logren acuerdos parciales que prioricen –por encima de sus intereses políticos– los problemas urgentes de la sociedad, sin otras condiciones que pongan en peligro su plena ejecución?

(Claudia Nikken) El escenario político venezolano es muy complejo, por eso hoy está más que vigente la necesidad de que el país interpele y emplace al liderazgo a ponerse de acuerdo. Para eso, atendiendo a la invitación de mi padre, las bases podrían construir pequeños acuerdos que hagan saber a las partes que los asuntos que involucran la vida de la gente no pueden esperar. Al final, los acuerdos son para la gente.

Con relación a eso, es necesario recordar que el Memorando de Entendimiento de agosto de 2021 prevé la creación de un mecanismo que asegure la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación. Aunque la Mesa de Negociación está en deuda con eso, los actores sociales pueden (y deben) organizarse y actuar. Pero también tienen que ponerse de acuerdo.

Por otro lado, ese mismo memorando autoriza a las partes a alcanzar acuerdos parciales. De hecho, se han producido cinco. Entre esos, hace un año se firmó el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano que, justamente, tiene por objeto la atención de necesidades urgentes de la gente: salud, alimentación, educación, electricidad…

Allí se convino la creación de un fideicomiso, con dinero venezolano “congelado” en el extranjero, a ser administrado y ejecutado por Naciones Unidas, como tercero de buena fe. En esa condición, la de tercero de buena fe, las Naciones Unidas se han encargado de que el fondo se constituya de manera tal que sea efectivamente ejecutable y que, por lo mismo, el acuerdo se ejecute. Ojalá lo veamos pronto.

Para la ejecución de otros acuerdos tempranos, los ya existentes o los que estén por venir, en mucho se requerirá la modificación de regulaciones reglamentarias o legislativas, e incluso constitucionales. Si no se produjeran las modificaciones necesarias, sería difícil, si no imposible, exigir su cumplimiento e irreversibilidad.

Vale decir que la presión de la sociedad es indispensable para llevar a las partes a alcanzar y, sobre todo, a cumplir los acuerdos, incluso existiendo mecanismos sofisticados para su verificación y garantía. 

PACTO DE CONVIVENCIA

(VAR) Estimada Claudia, en países con gobiernos autoritarios que se aferran al poder, los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno de turno, si la eventual derrota se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas. En esos casos, pareciera que los acuerdos sobre condiciones electorales deberían complementarse con un pacto de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna. Solo así se podrían convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica. De lo contrario, quienes estén en el gobierno se aferrarán al poder.

A la luz de la experiencia de Pedro Nikken acompañando negociaciones y acuerdos de paz: ¿cuáles son las claves de un pacto de convivencia pacífica? ¿A qué deberían comprometerse las partes en conflicto? ¿Qué derechos y garantías deberían reconocerse mutuamente? ¿Qué amenazas deberían dejar de hacerse? ¿Quiénes lo negocian y cuál sería el formato de ese pacto? ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes?

(Claudia Nikken) Cuando se lleva adelante un proceso de negociación política que parte de la existencia de un conflicto entre quienes ejercen el gobierno de manera autoritaria y quienes se oponen a esa forma de hacer gobierno, lo lógico es que las partes sean el gobierno y quienes le hacen oposición. Es relativamente fácil deducir quién representa los intereses del gobierno, pero no lo es necesariamente con respecto los opositores. Quien represente sus intereses tiene que ser un actor incuestionable del conflicto y, por lo mismo, lo que acuerde y su cumplimiento debe tener un alcance tal que sea posible poner fin a sus causas y remediar sus consecuencias. 

En definitiva, deberían negociar el pacto de convivencia quienes reconocen la existencia del conflicto; las causas que le dan origen y su responsabilidad en ello y; las consecuencias de ese conflicto.

Entendiendo que, como es natural, parte de esa negociación debe ser el establecimiento de condiciones electorales que faciliten la alternabilidad, en contrapartida tienen que acordarse condiciones para hacer oposición, con independencia de quién resulte ganador. En El Salvador, por ejemplo, el FMLN solo alcanzó a ser gobierno en 2009 y lo ha sido únicamente dos veces desde la firma del acuerdo de paz en 1992; según se dice, no por causa del incumplimiento del acuerdo, sino por su falta de estrategia electoral y su pugnacidad interna.

En todo caso, un pacto de convivencia pacífica como el que se enuncia en la pregunta debe partir de la cesación de las hostilidades mutuas, entendiendo como tales las que así hayan determinado las partes, lo que incluye cualquier amenaza de reiniciarlas.

Además, hay que considerar que un conflicto político que derive del ejercicio autoritario del poder implica hechos que no solo son contrarios a derecho, sino que han causado daños concretos a personas o grupos de personas, al patrimonio público o a la sociedad en general. Esos hechos pueden haber sido cometidos por quienes detentan el poder o por quienes hacen oposición. Entonces, una parte esencial del acuerdo de convivencia debe perseguir el establecimiento de las responsabilidades derivadas de esos hechos y la reparación de los daños causados; lo que no necesariamente implica persecuciones penales o civiles. Se han aceptado diversas formas de reparación para dar solución a las consecuencias de conflictos de la más variada naturaleza, compatibles, entre otras cosas, con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de derechos humanos.

¿Cómo se da seguimiento y se garantiza el cumplimiento de semejante acuerdo? No hay una única respuesta correcta. Sin embargo, lo fundamental es que el acuerdo sea jurídicamente exigible y que la sociedad lo haga suyo.

Por eso, como dijo Pedro Nikken, el acuerdo no podría limitarse a poner fin al conflicto, sino que debe concebirse como empresa nacional para construir una nueva sociedad de la cual se erradiquen las causas profundas de ese conflicto, y en la que se garantice que no se reproducirán: ¡la paz como paradigma de la política!

(Escuche la conversación completa en el link https://t1p.de/7t0qj)

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Denuncian que indígenas del Esequibo están marginados en medio del conflicto entre Venezuela y Guyana

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Al menos nueve comunidades indígenas conviven en el territorio reclamado entre Venezuela y Guyana. El periodista y fundador de la Asociación Civil Alterno, Óscar Schlenker, denunció que el conflicto por el Esequibo es completamente político, bajo la economía extractivista. 

Foto tomada de Global Voices. Autor: Allan Hopkins

El director de la Asociación Civil Alterno y organizador del evento Raíces de mi pueblo, Óscar Schlenker, denunció en una entrevista a Radio Fe y Alegría que el Esequibo es un asunto geopolítico de primer orden que se ha politizado.

«Es un tema que se ha politizado mucho, y es un tema geopolítico que sin duda hay que abordar. Pero uno tiene que poner en mente que los pueblos indígenas que habitan este territorio han sido negados de muchos derechos», aseveró, Óscar Schlenker.

De acuerdo con el experto, tanto Venezuela como Guyana han abandonado a los originarios que viven en el Esequibo, mientras ambos gobiernos solo hablan de la riqueza petrolífera dentro del territorio.

De acuerdo con los registros de IWGIA (Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas), al menos nueve poblaciones indígenas se encuentran en el territorio Esequibo: sarao, arawako y kariña —a la altura del Estado Delta Amacuro—, los Akawaio —en la altura del estado Bolívar, en San Martín de Turumbang— y los patamuná, arekuna, wapishana, makushi y wai wai —desde el tepuy Roraima hacia el sur—.

«Es preocupante que se esté hablando más de las riquezas que se pueden explotar en el territorio, porque eso pone en una condición muy vulnerable a los pueblos indígenas», dijo.

También aseguró que los indígenas que viven en la zona afirman que no han sido abordados por ninguno de los gobiernos desde hace más de 10 años. 

A su juicio, los indígenas pobladores del Esequibo deben ser parte importante de la agenda, pues será determinante darle derechos.

«Creo que el tema indígena debe pasar al primer renglón. Es lo primero que se tiene que discutir cuando se hable del Esequibo: ofrecerle y darle derechos a este pueblo indígena. Creo que quien haga eso tendrá ganado este territorio», expresó Schlenker.

La desidia de dos Estados deforesta el Esequibo

Para la ONG SOS Orinoco, ninguno de los dos Estados, el venezolano ni el guyanés, atienden los derechos humanos de los indígenas en el territorio Esequibo, ya que desde el 2018 se está evidenciando un crecimiento de la minería ilegal que afecta el ecosistema de la zona y la salud de los pueblos indígenas presentes. 

«Resulta que no uno, sino dos países están dañando lo que hasta hace unos años era una de las zonas más biodiversas y prístinas del mundo, situada en la intersección del Escudo Precámbrico de Guayana y la gran Amazonia», denuncia la ONG. 

Afirman que la mayoría de las zonas mineras ilícitas se camuflan bajo las concesiones de la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) y se mantienen en pie por los grupos armados venezolanos y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) «que provienen del estado Bolívar». La extracción desmedida de los minerales afecta a en 138 comunidades, «de las que se supone que 97 han recibido el reconocimiento formal de sus territorios ancestrales».

Minería en el Esequibo. SOS Orinoco

«La falta de transparencia, los abultados procesos administrativos y la incapacidad de delinear y aplicar normas ecológicas sobre prácticas sostenibles han llevado al sistema a diezmar el Esequibo en la actualidad», agregó la institución. «Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas a los que se enfrenta la GGMC, el aumento de la explotación minera está vinculado a la disponibilidad de minerales y a la conveniencia logística, y no al uso de la tierra o a una sólida planificación medioambiental». 

SOS Orinoco adviertió que Guyana está vulnerando el Acuerdo de Ginebra, donde el país tiene una administración política no tiene soberanía absoluta del Esequibo. 

«En el artículo V del mencionado Acuerdo de Ginebra, no hay renuncia ni disminución de la soberanía, por lo que hasta que no se resuelva el conflicto, Guyana no debería otorgar concesiones mineras o forestales, ni desarrollar proyectos que afecten a los recursos naturales de ese territorio. Sin embargo, lamentablemente lo ha hecho y lo sigue haciendo», afirmó.

«Todas las partes interesadas en la preservación de la Amazonia y el Escudo Guayanés deberían estar preocupadas por la irresponsable e insostenible política actual de minería de oro de Guyana, que está afectando a los derechos humanos de los indígenas, al medio ambiente y que además viola el derecho internacional», concluyó. 

 

Foro Penal: audiencia de presentación de Roberto Abdul se realizó a escondidas

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Sobre la audiencia de presentación de Roberto Abdul no se le informó a los familiares ni abogados del detenido, quienes en horas de la tarde de este mismo viernes exigieron que al activista se le garantizaran sus derechos

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que la audiencia de presentación de Roberto Abdul, presidente de Súmate, se realizó en el Helicoide a escondidas este viernes, 8 de diciembre, según informó la esposa del detenido, María Eugenia Abad.

Después de 48 horas de su detención y práctica desaparición a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Roberto Abdul, presidente de la asociación civil Súmate, fue presentado ante un tribunal de terrorismo dentro del centro de reclusión de El Helicoide.

La información se la dio el defensor público 110 a la esposa de Abdul, quien le indicó que quien realizó la audiencia de presentación fue el Tribunal 4to de Terrorismo.

Romero denunció que el proceso fue violatorio a los derechos humanos, ya que Abdul asistió a su audiencia de presentación con una defensa pública, pues no le fue permitido contactar con abogados privados que asumieran su proceso.

La información del juicio de Abdul no se presentó a los familiares ni a los abogados del detenido, quienes el 8 de diciembre exigieron que al activista se le garantizaran sus derechos.

https://youtu.be/Xj6GcrUsbu0

Juicio a escondidas

De acuerdo con los reportes del Foro Penal, este mismo tribunal le negó a los familiares y abogados de Roberto Abdul que hoy se realizaría la audiencia. «A escondidas se realizó audiencia dentro del Helicoide», enfatizó Romero vía X (antiguo Twitter).

El 6 de diciembre apresaron al presidente de la Asociación Civil Súmate, luego de las acusaciones de la Fiscalía, que anunció Tarek William Saab. El Ministerio Público vinculó a Abdul, así como a otras 13 personas -miembros de Vente Venezuela, Voluntad Popular y Primero Justicia- con una supuesta conspiración nacional e internacional contra el referendo consultivo sobre el Esequibo. Según Saab, el plan también involucraba a la petrolera estadounidense ExxoMobil.

Por su parte, la esposa de Abdul aseguró que desconoce el paradero de su pareja y cómo se encuentra su integridad física desde el pasado 6 de diciembre cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Básicamente yo no sé dónde está, no sé cómo está, no sé nada y eso es, obviamente, muy angustiante», expresó a los medios.

Decenas de venezolanos se manifestaron este viernes en Caracas para pedir a las autoridades la liberación, antes de Navidad, de cerca de 310 detenidos que figuran en la lista de «presos políticos» que existen en el país, según registros de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

 

BCV publica una inflación acumulada del 182,9 % entre enero y noviembre

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Denuncian que el ente financiero nacional aún no publica datos sobre el Producto Interno Bruto de Venezuela desde el 2017

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este 8 de diciembre la inflación acumulada entre enero y noviembre, del 182,9 %, cifra a la que llegó luego de que los precios aumentaron 5,9 % en octubre y 3,5 % en noviembre, el dato más bajo del año en cuanto a incrementos mensuales de los bienes y servicios.

En su página web, el BCV, que no publicaba datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desde octubre, agregó los reportes de décimo y undécimo mes, con lo que la «variación acumulada» quedó en un 182,9 %.

Según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente integrado por expertos económicos, la inflación acumulada es del 181,6 %.

Aunque economistas de la OVF advierten que diciembre es uno de los meses en que se dispara la inflación ante el aumento del consumo, la tendencia indica que Venezuela cerrará el año por debajo del 200 %, luego de que en 2022 el índice fuera del 234,1 %.

El Observatorio explicó, en una nota de prensa, que esta desaceleración se debe a un menor incremento de la cotización del dólar y a una «contracción de la demanda» de bienes y servicios por la «caída del gasto público».

El mes pasado, el precio de la divisa estadounidense subió un 1,02 % en el mercado oficial —de 35,15 bolívares a 35,51—, lo que produjo una devaluación de la moneda local de un 1,01 %, la más baja desde marzo.

Pese a que el país rebajó sus índices, la comunidad internacional aún considera a Venezuela como la nación con la mayor tasa de inflación en la actualidad y denuncian que los datos del PIB no se publican desde el 2017. 

DDHH Olvidados | El «delito» de Yosida Vanegas es ser la madre de un preso político

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Una venezolana jubilada de 67 años denunció por cinco años las torturas del preso político Juan Carlos Monasterios, su hijo. Ahora ella cumple cuatro meses de estar detenida arbitrariamente en el INOF esperando su primer juicio

Yosida María Vanegas de Monasterios, una venezolana jubilada de 67 años, viajaba en carretera por La Pedrera, en la frontera entre el estado Táchira y Colombia. Era el 15 de agosto del 2023 y ella quería visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, un preso político que recién lo habían operado de la vesícula. 

Tenía cuatro años que no podía visitarlo: había emigrado a Perú.

Pero los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Vanegas en una alcabala. Y, sin decirle nada a ella ni a su familia ni a sus abogados, la llevaron hasta Caracas y estuvo 33 días desaparecida forzadamente. 

Su hija, Giovanna Monasterios, denunció desde Perú que a su madre la detuvieron sin ningún cargo ni acusación.

«Exijo que sea liberada de inmediato y hago responsables de lo que le pueda pasar (a mi madre) a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Granko Arteaga», recalcó Giovanna, temiendo que su madre sufra la misma suerte que su hermano, quien es uno de los 17 presos políticos condenados entre 8 a 30 años por estar involucrado en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, conocido como «el caso Dron».

«Ahora, a Yosida la terminan involucrando en el mismo caso de su hijo en una supuesta investigación que se ha hecho de forma extendida y la están imputando con acusaciones de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Imputaciones absurdas porque ella, al ser una mujer jubilada, es de los más escasos recursos», explicó Martha Tineo, abogada y Cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una entrevista a Runrun.es. 

«Fue trasladada al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda), esperando, como la gran cantidad de presos políticos, un juicio, sufriendo una pena anticipada. Aún está esperando la audiencia preliminar, no se le ha acusado formalmente en la comisión de esos delitos», agregó. 

«Pareciera que el delito por el cuál ella está siendo apresada es ser madre de un preso político». 

De víctima indirecta a una directa 

Para la Corte Penal Internacional, las amenazas, persecuciones y la responsabilidad penal hacia los familiares de un preso político también son un crimen de lesa humanidad. El Sippenhaft, el término jurídico de origen alemán para referirse a ese crimen, ocurre en al menos 25 casos de presos políticos venezolanos. 

Incluso la sociedad civil ha documentado la tortura de mascotas de los privados de libertad por parte del Estado para generar más tortura psicológica en los presos políticos.

«En el momento en que su hijo fue detenido y se llevaron a cabo las primeras investigaciones en el denominado “caso Dron”, a Yosida la llevaron para tomar declaraciones. Lo hizo, evidentemente no estaba involucrada con absolutamente nada, y no hubo ninguna decisión contra ella. Es por ello que pudo salir del país en ese entonces», dijo Tineo.

Una amiga de Yosida, que pidió protección a Runrun.es, recordó que el 04 de agosto del 2018, cuando detuvieron a Juan Carlos Monasterios, la Dirección general de contrainteligencia Militar (Dgcim) invadió y vandalizó los hogares de Yosida y su hijo, presuntamente para buscar evidencias. Hasta el son de hoy no se consigue ninguna orden de allanamiento de los hogares de la familia Monasterios Vanegas. 

«Ellos (la Dgcim) les quitaron todo. Les quitaron la casa, en Maracay (estado Aragua), le quitaron los carros, los vehículos que tenían…», explicó la amiga de Yosida Vanegas. «Ella se va en 2019, después de que la Dgcim hizo todos sus allanamientos, todas sus acusaciones. Y ahora dicen que ella estaba solicitada desde el 2018». 

 

Después de ser detenida, Yosida Vanegas estuvo sin paradero en Táchira hasta presentarse en el Tribunal Segundo de Control de ese estado cinco días después. Allí la vincularon con «el caso Dron». Después pasaron 33 días desaparecida forzadamente hasta que notificaron que estaba en el INOF, según la ONG Justicia y Proceso Venezuela. 

Ella está a la espera del primer juicio bajo el Tribunal Primero de Control contra el Terrorismo, presidido por la jueza Angie Carfi. Hasta los momentos, la defensa aún denuncia que no tienen ninguna orden

de aprehensión. 

Cuidar a un preso político

Aunque ella llevaba años jubilada como administradora en el Instituto Pedagógico de Caracas, se dedicó a denunciar y a visitar a su hijo en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas, uno de los centros de torturas denunciados por la ONU en sus cuatro informes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. 

«Desde el momento en que detuvieron a su hijo, como cualquier madre, fue muy activa en denunciar las torturas y todas las violaciones a los derechos humanos de las cuales estaba siendo víctima su hijo», reiteró la cofundadora de JEP.

En Venezuela, los familiares de un preso político deben encargarse de todas las necesidades del privado de libertad. No conformes la condena anticipada, el Estado no les garantiza la alimentación, el acceso al agua, la higiene personal y la salud a los presos políticos. 

En algunos casos, como lo denuncian otras ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones, los familiares deben pagar una cuota, «una vacuna», para ingresar a los centros penitenciarios y ofrecer lo que tienen a los presos políticos.

«Pero, además, las denuncias fueron en un contexto difícil, una situación económica muy difícil que no escapa de la realidad de los más de cinco millones jubilados y pensionados: estar condenados a una pobreza extrema, con una pensión que no supera los cuatro dólares mensuales», explicó Tineo. 

«Lamentablemente nada fue fácil, como a millones de venezolanos en el extranjero. Una señora de una edad avanzada que no conseguía un empleo fijo juntaba lo que tenía junto a su hija para mandarlo a Venezuela para que otra persona llevara algo de comida y medicinas o de insumos de higiene a su hijo. Al sentirse tan impotente de no estar al lado de Juan Carlos, de no poder ayudarlo, se fue deteriorando su ánimo y su salud. Es por ello que ella decide volver a Venezuela, para estar cerca de su hijo», agregó. 

Ahora, Giovanna Monasterios es el único familiar directo que puede cuidar a su hermano Juan Carlos y a su madre Yosida Vanegas desde Perú. 

El desgaste de Yosida Vanegas y otras madres

JEP advirtió que las madres y las esposas de los presos políticos son quiénes sufren los mayores gastos económicos y desgastes de su integridad física y psicológica para cuidar a sus familiares. Al menos 227 de los 276 presos políticos que hay en Venezuela hasta la fecha se identifican como hombres, según la ONG Foro Penal. 

«La mayoría de los presos políticos son los responsables económicos de sus familias: los hijos, los esposos, los padres. Estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja desde el 2015, los índices de pobreza en la población se acercan al 80 %. Estas familias no se escapan de esa realidad, que deben dividir sus recursos entre su subsistencia y la del preso político», dijo Tineo. 

Más de 50 presos políticos están en condiciones críticas de salud y el Estado no los atiende. «A ese número lo podemos multiplicar por tres, considerando que cada persona tiene una familia de al menos tres integrantes». 

Yosida Vanegas ya sufría de mareos por la escasa alimentación, artrosis, hipertensión y problemas gastrointestinales antes de ser privada de libertad. Ahora, tanto Giovanna como los abogados defensores piden medidas humanitarias para que, al menos, le den un tratamiento médico.

Como ella, otras madres de presos políticos mantienen cuadros clínicos críticos sin ser atendidas. Edircia Fuenmayor, madre del preso político Ángel Barrios, y Yusleida Pérez, madre del preso político Roberto Romero, requieren de operaciones y tratamientos como la meniscectomía parcial artroscópica, «pero no tienen recursos para hacerlo porque deben velar por la salud de sus hijos». 

«Estas madres, al igual que Yosida, por denunciar, por documentar las torturas y detenciones arbitrarias contra sus hijos fueron perseguidas a tal punto que tuvieron que huir de Venezuela con el corazón partido en dos: medio corazón consigo y medio corazón en la cárcel con sus hijos», denunció la cofundadora de JEP.

«Señoras mayores que se van a otro país con condiciones mínimas para conseguir otro empleo, están en situación de precariedad. Estamos viendo el aumento de estos casos en la medida en que la presión política se ha extendido y el deterioro tanto de los presos como de sus familiares se está agravando. Cuando hay un preso político, toda su familia queda presa con esa persona», concluyó. 

OEA tilda de «ilegal» el referendo sobre el Esequibo

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El organismo internacional pide convocar una reunión extraordinaria para «discutir posibles medidas para mitigar» las tensiones entre los dos países suramericanos

Con información de EFE

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, tildó este 7 de diciembre de «ilegal e ilegítimo» el referendo sobre el Esequibo convocado por el el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La oficina de Almagro denunció en un comunicado la «postura agresiva» del Gobierno venezolano frente a Guayana y aseguró que las crecientes tensiones entre ambos países suponen una «preocupación para la seguridad regional» y amenazan la «estabilidad y soberanía territorial» en el continente.

El referendo, en donde se pretende anexionar el Esequibo a Venezuela, supone, «una vez más», un uso «antidemocrático de procesos democráticos» por parte de Maduro, señaló el comunicado.

«Las recientes acciones tomadas por el Régimen en Venezuela no sólo ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana, sino que también plantean un riesgo más amplio para la seguridad de América Latina y el Caribe», denunció el liderazgo de la OEA.

A su vez, Almagro pidió al Consejo Permanente del organismo convocar una reunión extraordinaria para «discutir posibles medidas para mitigar» las tensiones entre los dos países suramericanos.

El gobierno venezolano, que presentó una solicitud formal para salirse de la OEA en 2017, no tiene representación en el organización.

Venezuela celebró el pasado domingo un referéndum consultivo que fue promovido por el Gobierno de Nicolás Maduro y que recibió el apoyo de los electores sobre el estatus de la región del Esequibo, 160.000 kilómetros cuadrados de selva rica en recursos ecológicos y minerales.

Las diferencias por los límites fronterizos comenzaron con el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica. La resolución ha sido denunciada por Venezuela ante la ONU desde 1962. 

#MonitordeVíctimasZulia | En menos de 24 horas matan a tres hombres en la Costa Oriental del Lago

Hugo Gutiérrez falleció después de recibir una puñalada dentro de su casa, en el municipio Lagunillas. Mientras que Elián Álvarez y Carlos García fueron asesinados de varios disparos en la zona rural de Baralt. Los tres hechos ocurrieron el mismo día: 7 de noviembre de 2023 

 
@mayrethc

Tres hombres fueron asesinados en hechos diferentes en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, el 7 de noviembre de 2023. Los homicidios ocurrieron en menos de 24 horas, en los municipios Baralt y Lagunillas. Las autoridades responsabilizan a bandas que operan en la zona.

El primer hecho ocurrió en la mañana, cuando asesinaron de una puñalada a Hugo Gutiérrez, de 63 años, dentro de su casa en el barrio Libertad de Ciudad Ojeda, en el municipio Lagunillas.

Una fuente policial reveló que, presuntamente, entraron para robar dentro del inmueble y los vecinos llamaron a las autoridades después de escuchar gritos. El herido fue trasladado hasta el Hospital Coromoto de Maracaibo, pero falleció por una hemorragia interna.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no detuvo a responsables por el incidente y sus familiares exigieron justicia. Se conoció que la víctima fue líder de Planificación y Programación de Mantenimiento de Lagoven, en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, en la década de los 90.

Doble en Baralt

La noche del 7 de noviembre de 2023, se registró un doble homicidio en la zona rural del municipio Baralt, parroquia General Urdaneta, entre los estados Zulia y Trujillo. Los crímenes ocurrieron con una hora de diferencia por hombres armados a bordo de una moto.

Cerca de las 10:00 pm, sicarios asesinaron a Elián Manuel Álvarez Calpa, de 20 años, de cuatro disparos, dentro de su casa en el sector El Boquete. Mientras que a Carlos Alfredo García Rosales, de 33 años, lo mataron a las 11:00 pm, en la avenida principal del sector Alto Viento.

Uno de sus familiares precisó a Monitor de Víctimas, desde la morgue de Cabimas, que las víctimas eran amigos y que trabajaban como obreros en dos fincas vecinas de la zona.

Una minuta del Cicpc asegura que se les vinculaba con bandas delictivas que operan en el municipio Baralt y que el móvil era venganza. Pero familiares se desvincularon de esta versión y exigieron que sea investigado el caso.

Entre enero y octubre de 2023, según las estadísticas de Monitor de Víctimas, se ha reportado la muerte de 90 personas en el Zulia, con distintos móviles y hechos ocurridos en los 21 municipios.

En ese mismo período, el año pasado (2022), incluso, entre febrero y octubre de 2023, fallecieron en hechos violentos más personas: 142. El equipo de Monitor de Víctimas comenzó a documentar los homicidios en Zulia, en febrero de 2022.

Tres hombres