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El padre José del Rey y el magis

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El padre José del Rey Fajardo falleció el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Cuentan que temprano dijo a su enfermera: «hoy resucito». Efectivamente aquí sigue entre nosotros con su obra y ejemplo A.M.D.G

 

@laureanomar

En el marco de la espiritualidad ignaciana, la palabra latina magis —que significa «más»— constituye un concepto central. Etimológicamente está emparentada con otros términos de la misma raíz: magisterio, clase magistral, magister. Esta última, maestro en latín, la usamos para designar determinados grados universitarios. 

Para san Ignacio el magis se fundamenta en orientar la vida, en lo que a cada uno corresponda, en hacer más (no tanto por la cantidad, sino por la calidad y el empeño puesto en lo que se hace), servir más, no en favor del enaltecimiento personal, sino «para mayor gloria de Dios», por ello la abreviatura de A.M.D.G., que es lo mismo dicho en latín, tan habitual en los jesuitas. El magis conlleva un compromiso de aumentar las propias capacidades para ponerlas al servicio del prójimo. De allí el lema ignaciano, recogido en los ejercicios espirituales: «en todo amar y servir» que, como señala el padre Ugalde, nos invita a: «actuar buscando servir, liberar y transformar con amor todo lo que niega la vida del hombre».

El pasado mes de diciembre falleció el padre José del Rey Fajardo (Zaragoza 1934 – Caracas 2023), un sacerdote, académico, historiador y docente que en toda su vida dio cuenta siempre de este magis ignaciano. Cuando uno revisa su quehacer universitario, su producción bibliográfica, su sólida formación académica, no puede menos que asombrarse por su incesante actividad, por la vastedad de su saber y por el compromiso de amor con la universidad venezolana, muy especialmente de la católica del Táchira, de la que fue fundador y rector magnífico durante muchos años. Una hermosa semblanza de su personalidad la ofrece Lyll Barceló Sifontes: «Orfebre de la palabra, forjador de entendimientos, artesano del intelecto, artífice de pensamientos, creador de inteligencia».

Me parece inspirador comenzar este 2024 evocando su vida extraordinaria, ejemplo de tenacidad, compromiso y amor. Con cada año medimos nuestro transitar por la vida. El misterio tiempo cuyo concepto y alcance sigue ocupando tanto a filósofos como a físicos. Su paso nos agobia, sentimos muchas veces, con razón, que se nos escapa, que se nos escurre como agua entre los dedos, más en estos tiempos en los que las distracciones tecnológicas nos lo arrebatan sin piedad. El padre José del Rey Fajardo dio buena cuenta de los 89 años que la providencia le brindó en su tránsito terrenal. Es justo celebrar su vida, sus valiosos aportes a nuestra historia, a nuestra cultura a nuestra civilidad, también lo es ser agradecido con este religioso e intelectual que en todo amó y sirvió a esta tierra que hizo suya. Ojalá que su ejemplo nos infunda determinación para que el magis ignaciano nos mueva también a nosotros a ser mejores cada día. 

El padre José del Rey Fajardo falleció el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Cuentan que temprano dijo a su enfermera: «hoy resucito». Efectivamente aquí sigue entre nosotros con su obra y ejemplo A.M.D.G.

El 42 % de migrantes que cruzaron Honduras rumbo a EEUU en 2023 son venezolanos

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Del total de migrantes que llegaron a Honduras, 228.889 eran venezolanos, seguido de Cuba (85.969), Haití (82.249), Ecuador (46.086), Colombia (13.136), Guinea (12.902), China (12.184) y Senegal (8.964)

Alrededor de 545.043 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron Honduras en 2023 con el objetivo de llegar a Estados Unidos, informó este viernes, 5 de enero, el Instituto Nacional de Migración (INM).

El número de migrantes que ingresaron al país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado es un 188,6 % superior a los 188.858 extranjeros registrados en 2022, según las cifras del INM.

Del total de migrantes que llegaron a Honduras, 228.889 eran de Venezuela, seguido de Cuba (85.969), Haití (82.249), Ecuador (46.086), Colombia (13.136), Guinea (12.902), China (12.184) y Senegal (8.964), precisó la institución hondureña.

Los restantes 54.664 migrantes que ingresaron al país proceden de más de una treintena de países del mundo, incluidos asiáticos y africanos, detalló el INM, que enfatizó que las autoridades migratorias han “garantizado un trato digno y el respeto a los derechos humanos” a los viajeros.

https://twitter.com/MigracionHND/status/1743353906384588929

Muchos de los migrantes irregulares son acogidos en cuatro Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) habilitados por el Gobierno, donde toman sus datos biométricos y reciben alimentación y atención médica.

El Gobierno de Honduras anunció el pasado 28 de diciembre que no impondrá sanción administrativa a los flujos de migrantes extranjeros que ingresen al país, a quienes además se les otorgará un permiso especial de permanencia en el territorio nacional hasta por un término de diez días.

 

Las medidas se tomaron “en vista de la no aprobación de la prórroga de la amnistía migratoria vigente hasta el 31 de diciembre” de 2023, de lo que el INM culpó en un comunicado a los diputados del opositor Partido Nacional “y sus aliados en el Congreso Nacional”, en alusión tácita a otras bancadas de oposición.

La medida del Ejecutivo hondureño obedece a que el 31 de diciembre se vence una amnistía migratoria para que los extranjeros en tránsito por el país no paguen un impuesto, que establece el marco normativo vigente, cuya prórroga no ha sido aprobada por el Parlamento, que lleva cuatro meses sin celebrar sesiones por diferencias y falta de consenso entre las distintas bancadas para elegir a los nuevos fiscal general y fiscal adjunto.

*Con información de EFE

Sociedad civil y religiosa exigen una “investigación exhaustiva” por la muerte del misionero Josiah K’Okal

La petición de una “investigación confiable, expedita y transparente” sobre las causas del fallecimiento, que incluya las alertas que venía realizando sobre la situación de las comunidades indígenas, es avalada por quienes suscriben la declaración

Activistas sociales, comunitarios, defensores de los derechos humanos y religiosos exigieron este viernes, 5 de enero, una “investigación exhaustiva” por la muerte del misionero y defensor de los pueblos indígenas Josiah K’Okal.

Mediante un comunicado, los firmantes también pidieron a las autoridades dar “una respuesta institucional sobre las denuncias que venía realizando sobre violaciones a los derechos de las comunidades aborígenes en el país”.

El 2 de enero del 2024, la iglesia católica venezolana y, sobre todo, los pueblos indígenas de los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, manifestaron su consternación por la muerte de Josiah K’Okal.

Josiah K’Okal nació en Kenia y se nacionalizó como venezolano. Formaba parte de la Congregación de la Consolata y realizaba un trabajo social en defensa de los derechos de las comunidades indígenas.

El cuerpo sin vida del misionero fue encontrado ahorcado en el sector la Guairita, Municipio Sotillo, Barrancas del Orinoco, estado Monagas.

El misionero, de 54 años, vivía en Tucupita y desde el año 2006 acompañaba a los indígenas de esos estados, en especial a los del pueblo warao.

“Por su labor era un defensor de los Derechos Humanos de las comunidades originarias de Venezuela y muy apreciado entre ellas. Había estado denunciando el problema de trata de indígenas, entre otras situaciones. ‘Están pasando mucha hambre’, había dicho en varias oportunidades”, añadió el comunicado.

 

El 1 de enero se reportó su desaparición, salió con su bicicleta y no regresó. El 2 se encontró su cadáver. En un informe preliminar el Cicpc determinó que el misionero estaba sufriendo de una “depresión” que lo llevó a atentar contra su vida.

“Ese dictamen es puesto en duda por los waraos, los cuales exigen una investigación sobre las causas de esa muerte trágica. Sus profundas convicciones espirituales generan dudas razonables sobre esa hipótesis”, suma el texto.

Exigencia de investigación

La petición de una “investigación confiable, expedita y transparente” sobre las causas del fallecimiento, que incluya las alertas que venía realizando sobre la situación de las comunidades indígenas, es avalada por quienes suscriben la declaración.

“Este caso debe ser muy bien investigado, con la participación de organismos internacionales que generen confianza en los resultados. El padre K´Okal era un defensor de los DDHH y los defensores se arriesgan cuando actúan, cuando denuncian, por lo que deben ser protegidos”, agregó el texto.

 

Por otra parte, exigieron que en este año 2024 se promuevan políticas públicas que se enfoquen en el impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja en las comunidades más vulnerables del país, especialmente los pueblos originarios.

“Finalmente extendemos nuestras palabras de aliento y condolencias a los familiares, amigos y beneficiarios y beneficiarias del trabajo pastoral y en derechos humanos del misionero Josiah K´Okal”, concluyó el comunicado.

Jubilados, pensionados y educadores reclaman incumplimiento de derechos laborales ante el MP

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Édgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (SVM) seccional Distrito Capital, reclamó las celebraciones que se realizaron en Caracas por la época decembrina, pero a los educadores no se les pagó lo que se les adeuda

Jubilados, pensionados y educadores acudieron este viernes, 5 de enero, al Ministerio Público en Caracas para exigir mejoras salariales y en las pensiones para poder cubrir sus necesidades básicas.

Quienes forman parte del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital (Sinvema) y Sitraenseñanza entregaron un documento a representantes de la Fiscalía para exigir el pago de los dos meses de bono de alimentación que se les adeuda.

Luis Cano, presidente del Frente Nacional de Jubilados y Pensionados, lamentó que aunque en el país existan leyes dedicadas a la atención de los jubilados, ninguno de esos mandatos se cumplen.

Cano se refirió a una Gaceta de septiembre del 2021, donde se aprobó en la AN la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral para las Personas Adultas Mayores. A su juicio, la ley no se ha cumplido.

“Más de 10 millones de personas están sometidas a una pobreza extrema porque están condenadas a vivir con un salario de 130 bolívares, que son 3 dólares pero no diarios sino mensuales”, denunció Cano.

Por su parte, Édgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (SVM) seccional Distrito Capital, denunció que el año 2024 comenzó con la deuda pendiente de dos meses del bono de alimentación que debió ser cancelado en diciembre de 2023.

Asimismo, dijo: “Estuvimos el 29 de diciembre en la Plaza Bolívar reclamando dos cestatíckets que nos debía el gobierno del Distrito Capital. No puede ser que el gobierno no haya cumplido con los trabajadores. No nos quisieron pagar los cestatíckets que equivalen a 80 dólares”.

 

Machado reclamó las celebraciones que se realizaron en Caracas por la época decembrina, pero a los educadores no se les pagó lo que se les adeuda.

“Por culpa de usted (Delcy Rodríguez) nosotros vamos a seguir en las calles en este mes que es del educador, protestando”, señaló Machado.

También, hizo un llamado a Yelitze Santaella, ministra de Educación, por no firmar un contrato colectivo porque “no había recursos”.

*Con información de El Pitazo

Jorge Rodríguez es reelecto como presidente de la AN chavista e hizo una “pequeña advertencia” a la oposición

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Este es el penúltimo año de legislatura de esta AN, cuyo quinquenio culmina en enero de 2026 y que, desde su comienzo, en enero de 2021, y hasta diciembre de 2023 aprobó 74 leyes

Jorge Rodríguez asumió este viernes, 5 de enero, por cuarto año consecutivo, la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) chavista electa en el año 2020.

Para la nueva Junta Directiva, que se elige cada primer mes del año, también fueron reelectos Pedro Infante como primer vicepresidente, y América Pérez, como segunda vicepresidenta.

El encargado de proponer esta nueva Junta Directiva fue Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Propongo ante esta plenaria la ratificación de cada uno de ellos en las responsabilidades que hasta ahora han venido cumpliendo”, expresó Cabello.

Tras asumir nuevamente la presidencia del Parlamento, Rodríguez aseguró que acuerdos de Barbados son “violentados” por sectores de oposición, y manifestó su desacuerdo con la continuidad de la comisión de delegados parlamentarios que fue elegida en 2015.

“Seguir con la cueva de Alí Babá viola los acuerdos firmados en Barbados. Seguir metiéndole manos a los activos en Venezuela viola los acuerdos. Si persisten en esa intención de seguir robándose el dinero que solamente le pertenece a Venezuela, no tendrán otro destino que la justicia que merecen que les sea impartida”, dijo.

 

Asimismo, advirtió: “Ladrón que robe dinero del Estado tiene que responder ante los órganos de jurisdicción correspondiente. Solamente como una pequeña advertencia de comienzo de año.

Por otra parte, María Alejandra Hernández fue elegida como secretaria para este nuevo período legislativo y a José Molina como subsecretario, ambos en ejercicio de estos cargos desde septiembre de 2023.

Este es el penúltimo año de legislatura de esta AN, cuyo quinquenio culmina en enero de 2026 y que, desde su comienzo, en enero de 2021, y hasta diciembre de 2023 aprobó 74 leyes.

Actualmente, la AN chavista se conforma por 277 diputados, de los cuales 256 son chavistas, 20 de la oposición minoritaria, y uno de la Alternativa Popular Revolucionaria, coalición de izquierda formada por disidentes del chavismo.

#MonitordeVíctimasCaracas | Mujer murió tras ser baleada al salir de la casa de unos familiares en Antímano

Leyenda: Rosaura Farías falleció tras recibir dos tiros el 1° de enero. Es la primera mujer asesinada en Caracas. Foto: Cortesía

Rosaura Farías (57) recibió los disparos en horas de la mañana del 1°enero, en la parte alta de Carapita. El victimario la atacó bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes. Está en situación de fuga

@Jheilyn_Cermeno

Una mujer de 57 años de edad falleció luego de recibir dos impactos de bala, en horas de la mañana del pasado lunes 1° de enero de 2024, en el municipio Libertador de Caracas.

Familiares identificaron a la víctima, en la morgue de Bello Monte, como Rosaura Farías.

El hecho ocurrió pasadas las 8:00 de la mañana, en la calle 4 del sector la Bima, en la parte alta de Carapita, parroquia Antímano.

Una sobrina, que prefirió resguardar su identidad, relató que Rosaura estaba residenciada en El Junquito, pero que la noche anterior (31 de diciembre), se quedó en casa de sus familiares haciéndoles compañía, luego de que otro pariente muriera a causa de una enfermedad terminal (cáncer).

 

Esa mañana, se despidió de todos y salió de la vivienda. Poco después, se escucharon las detonaciones.

Sus familiares la hallaron malherida en el suelo, y a su lado, el presunto victimario, supuesto residente de una invasión que está en la zona.

El pistolero, al parecer, se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas.

Dos hipótesis

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adelantan las pesquisas del crimen.

Dos versiones rodean el asesinato de la quincuagenaria; la primera es que su agresor la abordó para despojarle de sus pertenencias y como se resistió optó por dispararle.

La segunda refiere que Rosaura había discutido previamente con su homicida y, posteriormente, le disparó.

Trascendió que, tras un operativo de búsqueda en la zona, detectives de la policía científica hallaron la residencia del victimario, quien permanece en situación de fuga.

Los agentes encontraron evidencias de interés criminalístico, entre estas, el arma homicida.

Rosaura falleció en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, durante la madrugada de este martes 2 de enero 2024, producto de las heridas. Una de las balas le atravesó un costado y otra, la pierna.

La víctima se ganaba la vida como empleada de mantenimiento en una empresa de insumos médicos. Dejó cuatro hijos.

22 asesinadas en 2023

De acuerdo con cifras recopiladas por Monitor de Víctimas, de enero a noviembre de 2023, por lo menos, 22 mujeres fueron asesinadas en el Área Metropolitana de Caracas.

En 11 de los casos el móvil fue violencia de género, por determinar (6), producto de robo (2), ajuste cuentas o venganza (1), bala perdida/línea de fuego (1) y riña o pelea iniciada en el sitio (1).

DDHH Olvidados | El juramento a la bandera no salva de la arbitrariedad

El 12 de octubre de 2021 falleció bajo custodia del Estado Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa venezolano. Dos años después de su fallecimiento, los familiares  sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte

@Andrea_GP21

 

Funcionarios policiales y militares venezolanos siguen esperando justicia en varios casos que incluyen la prisión y muertes en custodia del Estado.

Durante todo el año 2023, Runrun.es abordó los casos de militares y policías que son presos políticos, han sido víctimas de torturas y tratos crueles, así como de irregularidades en los procesos judiciales donde no se cumplió el debido proceso ni se han respetado sus derechos humanos.

Los familiares de Baduel siguen sufriendo represalias por exigir celeridad en el caso

El 12 de octubre de 2021 falleció bajo custodia del Estado Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa venezolano. Dos años después de su fallecimiento, los familiares  sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte.

Baduel murió en la cárcel subterránea de «La Tumba», un espacio de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, Caracas. El militar retirado llevaba tres años en ese lugar que la comunidad internacional catalogó como un centro de torturas. 

Organizaciones internacionales han denunciado la violación al debido proceso judicial que vivió Baduel mientras fue preso político, mientras sus familiares  durante todo ese tiempo  recibían amenazas por visitar y exigir la garantía de los derechos humanos del militar.

Coaccionado para declararse culpable

El teniente de navío Jefferson Díaz Mendoza fue detenido la noche del 23 de octubre del 2019 por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraba en el Comando de Guardacostas de La Guaira. Sin mediar explicación, se lo llevaron por estar supuestamente implicado en una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada “Jaque Mate”.

Estando en la Dgcim de Boleíta, contó su madre, Jefferson “fue torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarlo y lo sacaban. Fue sometido a electricidad”.

Jefferson fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, contra el decoro militar y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la supuesta sustracción de unas tarjetas de memoria que presuntamente tenían información que entregarían al gobierno de Estados Unidos.

El teniente de navío fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Ejecución y fue “coaccionado” a declararse culpable.

Carla Antón Farías tuvo un juicio al que nunca llegaron las pruebas

Era el 17 de junio del 2019 cuando Carla Yancelys Antón Farías fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En silencio, se la llevaron desde el Fuerte Paramaconi hasta la cárcel «La Pica», ambos en la ciudad de Maturín del estado Monagas. 

Carla estuvo desaparecida 15 días. Después de su aprehensión, le negaron a sus familiares la oportunidad de visitarla por más de cuatro meses La teniente cumanense tuvo su primer juicio en abril del 2022 «con un abogado público que nunca la defendió».

«La privaron de su libertad sin orden de aprehensión. Hasta ahora, cuatro años después, aún no aparece esa orden», recuerda Yanmarys Antón, hermana de Carla. «Ella es una teniente. Entregaba su guardia en el Fuerte cuando un militar de rango superior la llamó. Eran las 07:00 de la mañana cuando la detuvieron sin derecho a defenderse». 

Una liberación no borra las torturas

Al capitán Luis de la Sotta lo detuvieron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, por presuntamente instigar y liderar el golpe de Estado denominado “Operación Armagedón”.

La hermana del capitán detalló que De la Sotta conoció todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataúd” y la “Casa de los sueños”.

Aunque Luis de la Sotta fue liberado a finales de septiembre de 2023, estuvo preso durante cinco años en los que fue torturado y esa aprehensión se dio sin pruebas por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra decoro militar.

Franklin Caldera Martínez fue secuestrado por el ELN

Franklin Caldera Martínez es un militar disidente que se encuentra detenido desde el 11 de febrero del año 2021.

Franklin Caldera, padre del militar, afirma que el primer teniente del Ejército fue detenido en territorio colombiano y esta detención habría sido ejecutada por funcionarios de la Dgcim, con apoyo de elementos del grupo guerrillero colombiano ELN.

Además, su progenitor asegura que a Franklin no solo se le acusa de presuntamente participar en la Operación Aurora, sino que ahora también se le involucra en la Operación Gedeón. Recordó que el juez Maximiliano Márquez amenazó al primer teniente de involucrarlo en otro hecho.

Franklin Caldera padre fue uno de los representantes de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron con Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los DDHH, el 26 de enero de 2023, durante su visita a Venezuela. “Yo tengo mucha esperanza y tengo confianza en el alto comisionado”, relató el padre del militar, quien ahora es activista de derechos humanos y coordinador de la ONG Familia S.O.S Libertad.

Expolicías metropolitanos pagan las culpas del 11 de abril de 2002

Si hay funcionarios víctimas de la injusticia y las arbitrariedades del Estado venezolano son los expolicías metropolitanos que ya llevan 20 años en prisión. 

Aunque varios implicados en los hechos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril del 2022, ya salieron de la cárcel, huyendo o con libertad otorgada; Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar permanecen en prisión y sus familiares claman para que sean liberados.

La condena de los exfuncionarios fue la primera contra personas enjuiciadas de forma arbitraria por motivos políticos de la era chavista.

Fue la jueza Maryorie Calderón quien sentenció a Rovaín, Molina y Bolívar a 30 años de prisión, como también lo hizo con los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lazaron Forero y el sargento Julio Rodríguez.

Aerolínea Emtrasur se reserva acciones judiciales por el avión decomisado en Argentina

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La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., igual que Conviasa

 

La aerolínea venezolana Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la estatal Conviasa, anunció este jueves que «se reserva el ejercicio de las acciones judiciales» tras el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y solicitado por Estados Unidos.

«Emtrasur S.A, se reserva el ejercicio de las acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa, violación de los derechos humanos y del convenio sobre la Aviación Civil Internacional», dijo la empresa en un comunicado difundido por autoridades venezolanas en X (antes Twitter).

La filial rechazó y condenó la decisión del juez federal argentino Federico Villena, adoptada en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Con la decisión arbitraria y el secuestro de la aeronave, prosigue el escrito, el Gobierno argentino no solo violó los derechos humanos, también el debido proceso en el cumplimiento de regulaciones internacionales.

Además, aseguró que fallos anteriores demuestran la legítima titularidad de la aeronave, la legalidad de la carga verificada y corroborada por la autoridad aduanera argentina.

Finalmente, exhortó a las autoridades aeronáuticas internacionales a no otorgar autorización de sobrevuelo ni escala técnica de este avión, pues esto los haría «participes del robo de este bien legítimo» de la empresa de transporte de carga aérea venezolana.

La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., igual que Conviasa.

La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente y puesta en libertad después por el juez Villena por falta de evidencia.

La decisión de decomisar y entregar a EE.UU. el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.

Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y EE.UU. con el que ambos países «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».