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Claves | Niños del J. M. de los Ríos cumplen más de 6 años sin protección del Estado

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Desde el año 2017, después de que el Estado asumió el servicio de trasplante en el país de cadáver – vivo, al menos 85 niños han fallecido esperando un riñón 
La Sociedad Venezolana de Nefrología advierte que se redujo en 39,33 % el número de centros de hemodiálisis desde el 2018 hasta ahora

Han pasado seis años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una medida cautelar que exhorta al Estado a proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) del servicio de Nefrología del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos. 

Desde entonces, el derecho a la salud en la infancia ha empeorado o se ha vuelto cada vez menos accesible. La misma Comisión tuvo que hacer dos ampliaciones de esa medida cautelar para proteger a los niños de otros 13 servicios del J. M. de los Ríos (en 2019) y después una medida de protección para la directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, frente a las represalias del Estado venezolano por documentar el estado del hospital (en 2020). 

«A seis años de la primera medida, la situación no ha mejorado. Ahora, hay serias limitaciones y restricciones al hacer el monitoreo, entre el personal de salud y los familiares de los pacientes que tienen temor de denunciar por las posibles represalias mientras luchan por cubrir sus necesidades por su cuenta», advirtió el abogado Carlos Trapani, director de la ONG Cecodap.

En Runrun.es presentamos seis claves para relatar el declive en la salud pública venezolana en el J. M. de los Ríos desde el año 2018 hasta ahora.

Al menos 85 NNA han muerto a la espera de un riñón

«De los cinco niños que solicitaron la medida cautelar de la CIDH en 2017, tres fallecieron esperando un riñón. De los 12 niños que hicieron la solicitud de la audiencia pública a la CIDH en el año 2021, tres han fallecido en la misma situación», lamenta Martínez. 

Desde el año 2017, después de que el Estado venezolano obtuvo la administración completa del servicio de trasplantes en el país y se pidió la medida cautelar a la CIDH, al menos 85 NNA del servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos ha fallecido por enfermedades prevenibles por falta de un trasplante renal. 

También se estima que más de 40 NNA han muerto en el servicio de hematología de ese hospital a la espera de un trasplante de médula ósea. 

«El problema es que las hemodiálisis no son un tratamiento permanente, siempre ha sido un tratamiento previo al trasplante», dice Martínez. «Algunos, por tener las vías arteriales saturadas, les colocan un catéter en el pecho, lo que aumenta el riesgo si hay una infección»

«Muchos niños del J. M. no tienen una alimentación adecuada, porque toda la comida proviene del CLAP. La mayoría de los niños perecieron entre los años 2019 y 2020 debido a la escasez de medicamentos en ese momento», agregó. 

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El último trasplante de donante vivo que hubo en el J. M. de los Ríos fue en diciembre del 2022. Habían pasado más de 5 años desde el último trasplante de vivo a vivo, el único sistema que no está suspendido.

Y, hasta la fecha, no ha habido un trasplante renal en ese hospital ni de donante vivo ni de un donante fallecido (conocido como trasplante cadáver – vivo), el más común que había en el país hasta su suspensión en el 2017.

«Las madres que cargan el peso de la crisis»

Para comprar unos 500 miligramos de Vancomicina, un medicamento para mitigar las infecciones en pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis, un venezolano debe gastar entre 3 y 4 dólares, un monto igual o superior al ingreso mínimo propuesto por el Estado para febrero del 2024, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Y ese medicamento es de un solo uso.

«Y eso hay que constatar que muchas madres deben desligarse de sus empleos formales para atender a sus hijos y ser cuidadoras», dice Martínez. «No hay infraestructura ni apoyo con recursos de ningún tipo, las madres cuidadoras deben proporcionar los insumos mediante sus propias gestiones». 

Para la directora de Prepara Familia, el desgaste financiero y emocional de las familias de los pacientes infantiles «está invisible». 

En un informe publicado por la ONG en noviembre del 2023, el 99 % de las madres de los pacientes del J. M. de los Ríos deben acompañar constantemente en el tratamiento y permanecer en el hospital. 

Además, 80% de las madres que cuidan a las y los niños son menores de 44 años. 

«Los hospitales no ven ni esa labor ni tienen en cuenta la importancia de todo este acompañamiento ni siquiera para apoyarlas en forma puntual», se lee en el informe.

«Hay mujeres que no se alimentan por un par de días para que sus hijos puedan comer, porque no tienen recursos para alimentarse entre los dos», agregó Martínez. «La alimentación tanto de los niños como de sus cuidadoras es precaria, se basa en los carbohidratos y algunas legumbres, como las lentejas, (…) para adquirir algún grado de proteínas».

Fachada en remodelación e insumos desatendidos

En un recorrido del equipo de Runrun.es al Hospital J. M. de los Ríos, se observó que los primeros pisos del centro público estaban en remodelación, pero los servicios no están completos. 

Paredes recién pintadas y decoradas con fotografías de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro aparecen en los espacios públicos, pero otras paredes con moho y humedad se ven en oficinas del personal, como la de enfermería. 

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Sala vacía con una camilla desgastada en el piso 4 del J.M. de los Ríos, en el servicio de Nefrología

«Hay dos alas del servicio de Nefrología, una con 10 camas que están inoperativas desde 2018 y otra que fue remodelada, donde también hay 10 camas, pero solo se ocupan 5 o 6 debido al déficit del personal», advierte Martínez. En su mayoría, las salas inoperativas del piso 4 del hospital, que está dedicado al servicio de Nefrología, tienen camas desgastadas o simplemente no tienen lencería para atender a los NNA. «El grupo de atención de hemodiálisis es muy pequeño: 10 niños, aproximadamente, reciben esa atención del hospital».

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, cerca del 67 % de los centros de salud del país presentan un déficit en la disponibilidad de lencería, entr ellas las camas, y cerca del 66 % «nunca tienen insumos como mascarillas, guantes y otros utensilios que deben ser esterilizados y utilizados por el personal médico». 

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Fachada arreglada del primer piso del J.M. de los Rios. febrero-2024

Sin datos oficiales desde 2016

«Realmente no hay cifras oficiales sobre la cantidad de venezolanos que sufren enfermedades renales crónicas, lo que se maneja son aproximaciones. Desde el 2016 el Estado se reserva el derecho de difundir o publicar los anuarios epidemiológicos, donde se refleja cómo se comportan las enfermedades agudas y crónicas en el país», reiteró el director de la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN), José Escalona. 

Una de las estimaciones más actualizadas sobre la morbilidad por enfermedades renales se encuentra en un estudio publicado en 2021 por la revista Nature. Allí, los nefrólogos venezolanos Ezequiel Bellorini y Raúl Carlini estimaron que 3.000.000 de venezolanos aproximadamente sufren de alguna enfermedad renal crónica. De ese grupo, cerca de 21.000 pacientes requieren un tratamiento de reemplazo del riñón (un trasplante).

«Actualmente, en Venezuela hay un aproximado de 6.300 pacientes en hemodiálisis y unos 550 en tratamiento tipo diálisis peritoneal, que es la que hacen los pacientes en sus casas», agregó el director de la SVN. 

Sin embargo, advirtió que las cifras pueden cambiar debido a la migración y desplazamiento forzado de los venezolanos para ser atendidos en sus enfermedades crónicas, tal como lo reportó la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana en la frontera con Brasil. 

«Aquellos que no pueden salir del país para atender a sus hijos migran hasta Caracas, hasta el J. M. de los Ríos, para que los atiendan», dice Martínez.

«El propio Estado ha reconocido que el Hospital J. M. de los Ríos no tenía las condiciones mínimas para atender a sus pacientes, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el año 2014, y el documento ya no está disponible en los portales web del Estado. El equipo de Cecodap pudo recuperarlo gracias a la herramienta digital Wayback Machine», alertó Trapani.

Con respecto al servicio de trasplante, Escalona afirmó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha permitido el trasplante de donantes vivos, «con una única sede en Caracas y con una actividad muy tímida, menor a 100 trasplantes en dos años. No hay muchos pacientes pediátricos en ese servicio».

Menos de 60 centros de hemodiálisis

Escalona advirtió que el J. M. de los Ríos es uno de los 59 centros de hemodiálisis operativos que quedan en el país. 

«Para el 2018 había alrededor de 150 centros, pero han cerrado por falta de insumos. Muchos hospitales centrales (estatales) no tienen un centro de hemodiálisis en la actualidad», dijo. 

La Sociedad Venezolana de Nefrología advierte que los servicios de hemodiálisis en el país presentan un «déficit y falta de mantenimiento» desde hace más de 3 años. Advierten que hacen falta entre 600 y 800 unidades de hemodiálisis para cubrir la demanda nacional. 

«Hay máquinas que necesitan cambios de filtros cada tres meses y no lo pueden tener», dijo el director de la SVN. 

El doctor en nefrología también alertó que la población venezolana no tiene recursos para mantener una cultura preventiva de enfermedades renales crónicas. «Ocho de cada diez venezolanos no tiene un tensiómetro, que es la herramienta principal para medir la presión arterial, una de las patologías que los pacientes con hemodiálisis deben monitorear». 

El silencio del Metotrexato continúa

Después de tres meses de que la comunidad médica y la sociedad civil denunciaron que el Estado debía investigar un lote del medicamento Metrotexato (o Metrotexate)  que había causado la muerte de una niña y efectos adversos como meningitis a otros 21 pacientes en el Servicio de Hematología «Dr. Wallis Camarillo» (SHWC) del Hospital J. M. de los Ríos, ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Salud han publicado una alerta sanitaria al respecto. 

El equipo de Runrun.es realizó un recorrido al Instituto Nacional de Higiene José Rafael Rangel para obtener los resultados del análisis del medicamento. Un trabajador del instituto que solicitó guardar su identidad informó que la denuncia se recibió y los resultados del estudio se compartieron exclusivamente con las madres de los pacientes afectados.

Mientras tanto, una madre de un paciente del SHWC, quién también solicitó resguardar su identidad por temor a represalias, dijo que en diciembre del 2023 llamaron a un grupo de madres al Ministerio de Salud e informaron que la alerta sanitaria dio negativa. El Ministerio le negó proporcionar a las madres, a las ONG y al equipo de Runrun.es un documento escrito que plasme los resultados del análisis del lote de Metrotexato.  

La última actualización del Instituto de Higiene sobre alertas sanitarias data del 18 de noviembre del 2023, tres días después que la sociedad científica denunciara públicamente el caso de los niños afectados por el Metrotexato. 

«A raíz de ese incidente, varios médicos especialistas se retiraron del Hospital por decisión ética de no suministrar un medicamento que no saben si es seguro a un paciente. Eso aumenta el déficit de personal que lleva el J. M. de los Ríos desde hace años en varias de sus especialidades sin la capacidad de reponer el talento perdido», reflexionó Martínez.  

Diosdado Cabello: Cuando la oposición quiera usar la violencia, «ahí estarán las Uppaz»

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El diputado Diosdado Cabello dijo que tras la conformación de las unidades populares de paz (Uppaz), ahora van a la fase de «entrenamiento en el terreno. Hay técnicas que ayudan y estarán al alcance de nosotros»

Por: Luisa Quintero (TalCual)

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este sábado 24 de febrero que cuando la oposición venezolana «quieran utilizar la violencia, ahí estarán las Uppaz (unidades populares de paz) para defender nuestro territorio».

En un acto en el estado Monagas, donde se juramentó a 1.416 mienmbros de las Uppaz, Cabello aseguró que la oposición «quiere ocultar su fracaso con violencia», al tiempo que afirmó que «no respetarán» la fecha para las elecciones presidenciales que determine el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, acusó a la oposición de «actuar durante años por las malas», por lo que no solo «vamos a ir» por aquellos que buscan violencia, sino también quiénes la financian.

«Somos pacíficos, pero no somos pendejos», amenazó.

Dijo que las Uppaz están para «sumar a la consolidación de la paz en el territorio nacional, no son elementos pata tomar la estación de servicio, para decir esto me pertenece. No, son para defender el trabajo y la paz (…). La Uppaz no es para meter preso a nadie».

El diputado también señaló que deben tener disciplina y coordinación política e institucional con la Policía y otros cuerpos de seguridad, al igual que «discreción y compartimiento de la información» con estos organismos.

Destacó que tras la conformación de estas unidades, que dependen del PSUV, ahora van a la fase de «entrenamiento en el terreno. Hay técnicas que ayudan y estarán al alcance de nosotros. El método táctico de resistencia revolucionaria».

«Tienen que haber unidades capaces de trasladarse a otro lugar. ¿Dónde está el centro del poder en Venezuela? En Caracas. Yo estoy seguro de que si la revolución necesita a un pueblo para defender nuestra patria los primeros en llegar será el pueblo de Monagas», afirmó.

Cabello exhortó a la oposición a «ponerse las pilas, porque no vamos a tolerar más sanciones (…). Cuando les nombraron Uppaz se asustaron, y cuando les nombran Furia Bolivariana se laxan, se ponen suavecitos, porque saben que nosotros no estamos jugando».

 

Cendas – FVM: se requieren 10 salarios mínimos cada día para alimentarse

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Advierten que el salario mínimo cubre el 0,6 % de la canasta básica alimentaria

Por: Juan Pedro Antonuccio (El Pitazo)

«Comenzando el gobierno de Hugo Chávez teníamos en nuestra data que con un salario mínimo y medio se podía adquirir una canasta alimentaria», afirmó Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) este jueves, 22 de febrero.

El doctor en economía recordó que cuando el exmandatario era candidato presidencial, escandalizó a la opinión pública por la diferencia existente entre el salario mínimo y la canasta alimentaria: con un déficit del 33,33 %.

«Ahora necesitamos 158 salarios mínimos. El déficit es de 99,4%», dijo. 

Meza explicó que, según los cálculos del Cendas – FVM, se requieren cinco salarios mínimos y casi 18 dólares cada día. «Cada uno de nosotros necesita por lo menos cien dólares mensuales para alimentarse», agregó.

Las declaraciones del director del Cendas – FVM se produjeron durante la ponencia «2024: a 35 años del 27F de 1989. Malestar social, expectativas y necesidad de cambio», realizada en el piso 7 del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. 

Deficiencia política en la economía

A lo largo de su discurso, Meza expuso la relación existente entre el salario mínimo y las decisiones de los gobiernos venezolanos en el último medio siglo, así como su vínculo con la canasta básica y la canasta alimentaria. 

En el caso de los docentes escolares y universitarios, continuó, la situación tiene la misma dinámica. Detalló que los docentes suelen ganar alrededor de seis salarios mínimos producto de contrataciones colectivas. Este acumulado de sueldos permitía ganar en el pasado al menos 600 dólares; actualmente son solo 21. 

«Con todo eso, el salario promedio de un docente apenas cubre el 4 % de la canasta alimentaria. Hay profesores y maestros que no pueden llegar a sus puestos de trabajo porque no les alcanza ni para el pasaje», agregó.

El Cendas-FVM calcula que para enero de este año la canasta alimentaria familiar se ubicó en 535,23 dólares. Por lo tanto, el sueldo mínimo, equivalente a 3 dólares y medio, cubre 0,6 % de lo requerido.

«El cálculo de la CEPAL indica que la mitad de los ingresos en Latinoamérica se gastan en alimentos y eso se comprueba con la metodología del Cendas. El gobierno no publica la canasta alimentaria normativa desde el 2014», dijo. 

En 50 años el salario se contrajo 96,77 % 

El salario mínimo se decretó en mayo de 1974 y era el equivalente de 104,65 dólares. Casi cincuenta años después, es de 3,38 dólares, lo que constituye una diferencia de 101,27 dólares menos y representa un 96,77% de pérdida.

Tras la aprobación de la Ley del Trabajo de 2012, el aumento del salario mínimo ya no depende de una Comisión Tripartita entre sindicatos, patronal de empresarios y gobierno, sino del Ejecutivo Nacional. Aunque se mantiene el mandato constitucional que vincula la canasta básica con el salario mínimo, en la práctica, el Instituto Nacional de Estadística no hace pública esa data.

No obstante, Meza considera la posible influencia de la brecha que hay entre la variación del tipo de cambio y la inflación.

«Entiendo que el gobierno hace esfuerzos por sostener un tipo de cambio que es artificial. Nosotros lo situamos en 81 bolívares», explica.

Según el también doctor en Economía, uno de los principales efectos está en la falta de oportunidades para la juventud.

«Antes uno podía pensar en el futuro. Eso para los muchachos es bastante limitado; la opción de la mayoría es irse y con eso perdemos talento». Eso hace que su perspectiva para el 2024 sea que «se seguirá generando autoempleo por parte de la gente y varios tipos de empleo precario, pero también hay oportunidad de negocio a pesar de este ambiente».

ARI Móvil | Carnavales 2024: una comparsa de oportunidades para jóvenes de la comunidad de Monterrey

Más de 7.000 niños, adolescentes y jóvenes han mejorado sus vidas por la labor de la Fundación Mano e´ Tambor y unos 620 niños en situación de calle han recibido apoyo, según Marcos Sosa, presidente de la fundación

Texto y fotografías: Adriana Materano

Al son de los repiquetes, el bombo y la charrasca, el pasado 11 de febrero la comunidad de Monterrey del municipio Baruta dió inicio a sus comparsas. La misma estuvo integrada por unos 150 niños, niñas y adolescente de 49 comunidades que, bajo la visión de disfrutar y celebrar sanamente las fiestas de carnavales, prepararon una comparsa que llegó hasta la plaza del municipio Baruta. 

Con el ¡Piiii!, ¡Piiii!, el ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga, integrada por los medios digitales de El Pitazo, TalCual y Runrun.es, anunció su llegada a la comunidad. Cinco adolescentes entre los 13 y los 16 años recibieron al camión dispuestos a ayudar a sacar las cornetas, conectar los equipos y compartir sus historias de cambio y superación.

Mano e´ Tambor es el nombre de la fundación a la que estos jóvenes pertenecen. Al igual que muchas otras fundaciones del país, desde su creación en el 2002 apuesta por mejorar las vidas de los niños y adolescentes de comunidades de las zonas populares de Baruta. Con el repicar de los tambores, las danzas tradicionales y las celebraciones de las fiestas culturales, Mano e´ Tambor corrige el comportamiento de jóvenes de sectores populares.

Desde las 11:00 a.m el camión de información sirvió de antesala mientras los chicos y chicas e integrantes de la organización afinaban los últimos detalles. A la par que se integraba con la comunidad, el ARI Móvil iba descubriendo un relato en común: la fundación ha sido una herramienta de muchos padres para mejorar la conducta de sus hijos y permitirles proyectarse en el futuro.

Antesala de una comparsa informativa

Personas de la comunidad Monterrey y de comunidades cercanas al área metropolitana, estuvieron a la espera del bochinche y la alegría que los jóvenes impartían. Incluso, representantes de la alcaldía del Municipio Baruta, hicieron presencia como muestra de apoyo a la celebración cultural.

En conversaciones con el ARI Móvil, los representantes de la alcaldía recordaron la importancia de esta fundación para las más de 49 comunidades populares y para el municipio de Baruta; pues el impacto que ha generado esta fundación ha sido tanto, que en 2017 fue nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio Baruta.

Además de recibir este nombramiento y ser representante a nivel legal cultural del municipio Baruta, Mano e´ Tambor cuenta con premios nacionales e internacionales que visibilizan su impacto en las comunidades, entre los que destaca ser el Mejor Proyecto a Nivel Mundial de Prevención al Delito ganado en el año 2012.

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Yaya Andueza, periodista, en el ARI Móvil. Foto: Adriana Materano

Una oportunidad para las zonas populares

Desde el 2002, Mano e´ Tambor organiza comparsas para celebrar exclusivamente los cuatro días de carnavales. Al ser la celebración más grande para la fundación, a los pocos días de culminar el carnaval de un año, los líderes comienzan a planificar el del año siguiente.

Aunque la fundación tiene mucho mucho apoyo de la comunidad, Marcos Sosa, presidente de Mano e´ Tambor, comentó que en sus inicios hubo resistencia por la inusual apuesta pacífica y reformadora que compartían.

«La gente veía raro un carnaval con disfraces en un barrio, en tiempo de carnaval, donde por lo general hay pura violencia», expresó.

A la 1:00 p.m la comparsa salió desde la sede de la fundación, una casa de 8 pisos construida por Marcos Sosa para sus familiares, la cual ha adaptado con la intención de tener un lugar donde ensayar, decorar las fantasías, dar charlas sobre educación sexual y el no consumo de drogas.

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Vecinos de la comunidad de Monterey, en el municipio Baruta, Gran Caracas, desfilan sus disfraces de carnaval el 2024. Foto: Adriana Materano

Apoyo a la infancia vulnerable

Además de reformar la conducta, la fundación ha dado refugio a niños, adolescentes y jóvenes que han estado en situación de vulnerabilidad y que han recaído en el consumo de drogas. Sosa analizó la situación y comentó que en la actualidad, una de las causas que han desatado los casos de niños y jóvenes en situación de calle es la migración de muchas madres y padres.

«La migración, ahorita, es una de las causas principales. Las madres se van y dejan a los niños y adolescentes con las abuelas; estas personas no pueden controlar a los niños», expresó Sosa, agregó que esta realidad desata comportamientos rebeldes en adolescentes afectados por sus situaciones familiares.

Con cánticos originales y coreografías bien aprendidas, los jóvenes marcaron el ritmo en el que no solo las niñas y adolescentes de la organización bailaron y exhibieron sus fantasías, sino que además, generaron bailes espontáneos con los transeúntes que se toparon.

«Eso es lo que nos hace sentir alegres, que las personas se vayan incorporando con nosotros», comentó Sebastian, un adolescente de 13 años que desde los 10 es miembro activo de la fundación.

«Todos estamos por una causa»

Sebastian, al igual que muchos de los infantes y adolescentes presentes en la organización entró con problemas de conducta. Mientras recordaba su pasado, este jóven comentó reflexivo que anteriormente no hacía caso a sus padres, que salía de su casa hasta altas horas de la noche y que muchas veces se vió tentado a no volver a ella.

Ardilla, cómo también le suelen decir, es un adolescente que ahora disfruta hacer bailar a los demás con el repicar de sus tambores. Quiere ser ingeniero y se siente orgulloso de haber mejorado su comportamiento. 

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Jovenes celebran sus carnavales dentro de la sede de la fundacion Mano e´ Tambor. Foto: Adriana Materano

La mayoría de estos jóvenes han encontrado en los tambores una oportunidad para cambiar sus vidas. A través de la música logran experimentar una nueva forma de conectarse con los demás y una alternativa sana de sentir alegría y felicidad.

«Cuando tocas sientes la alegría, cuando te salen ampollas sientes que estás vivo, cuando tocas y bailas sientes más alegría», expresó animado Marcos, otro jóven miembro de la fundación.

Montado en el ARI Móvil, Marcos reflexionó junto a sus compañeros sobre cómo la organización ha cambiado sus vidas y cómo todos los miembros están en la fundación «por una causa».

La causa y motivación de Marcos Sosa fue el querer mejorar su entorno, eliminando la violencia con la que creció en el barrio donde vivió desde su niñez hasta los primeros años de su juventud. A sus 19 años de edad vió en la alegría musical una oportunidad para los jóvenes de su barrio Ojo de Agua.

Marcos Sosa explicó que para combatir los hechos de violencia y muertes que se vivían en los carnavales del barrio, decidió armar comparsas muy coloridas con la intención de llamar la atención de la comunidad y hacerles ver los beneficios de generar sonrisas y disfrute manteniendo la paz, en lugar de exponer las vidas de los jóvenes.

Aunque la intención era buena, Sosa narró cómo las primeras veces fueron víctimas de violencia.

«Las primeras veces salíamos casi desnudos porque nos mojaban y no nos respetaban», contó mientras terminaba de atornillar la fantasía de una niña bailarina de la fundación.

Pese a que iniciativas como la de Mano e´ Tambor incentivan una cultura de paz y disfrute de fiestas populares, este mismo año varios hechos de violencia se contabilizaron durante la celebración de los carnavales en todo el país. 

Una fundación que lucha por mantenerse en pié

Además de las festividades de carnavales, Mano e´ Tambor es una fundación que celebra fechas tradicionales como la Cruz de Mayo, los Tambores de San Benito, entre otras. De igual forma ha desarrollado un programa de deporte pensando en los jóvenes que no sienten afinidad por la música.

Los organizadores de la fundación comentaron que gracias a alianzas y aportes de los padres de los jóvenes, la comunidad y de sus fundadores se da la ejecución de cada una de las actividades que se planean durante el año Al mismo tiempo, Sosa denuncia que, pese a la labor de impacto que realizan, no reciben apoyo de entes gubernamentales o privados.

«Nosotros no nos vemos, para ojo de ellos, como una fundación que necesita porque siempre estamos organizados, porque siempre sacamos el trabajo tengamos o no tengamos», expresó Sosa, quien luego de realizar una evaluación interna con el equipo de líderes de la fundación, cree que no reciben apoyo económico porque ellos no exponen la pobreza de las comunidades; al contrario, realzan la alegría y el cambio de los jóvenes.

Para Mano e´ Tambor es un sueño contar con recursos públicos y privados, porque creen que son una solución viable a la problemática de violencia juvenil que años tras años incrementa en las zonas populares en el país.

Preparados para iniciar su recorrido, los niños, niñas y adolescentes brindan una emotiva sonrisa a los espectadores que aplauden, animan y bailan la característica samba venezolana. «Somos Mano e´ Tambor», gritaron los más de 150 jóvenes que integraron la comparsa mientras, al comenzar a descender la avenida principal de la comunidad Monterrey junto al ARI Móvil.

Familiares de sidoristas detenidos exigen saber del paradero de Leonardo Azócar y Daniel Romero

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Azócar y Romero llevan 8 meses privados de libertad por participar en una protesta laboral en la Planta de Pellas de Sidor

Texto: Francesca Díaz | Fotografía: William Urdaneta | Correo del Caroní

Familiares de los trabajadores sidoristas Leonardo Azócar y Daniel Romero protestaron junto al personal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) este 22 de febrero para exigir la liberación de los dirigentes, quienes fueron detenidos arbitrariamente el pasado 10 de junio de 2023.

Azócar y Romero llevan 8 meses privados de libertad por participar en una manifestación laboral en la Planta de Pellas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco. Tras su desaparición forzosa durante unos días, fueron trasladados a la ciudad de Caracas, donde se estaba llevando a cabo un proceso judicial.

Familiares afirman que fueron trasladados al Internado Judicial de El Rodeo I, en el estado Miranda, el 19 de febrero.

Ese mismo día, la ONG Foro Penal denunció que al menos 30 presos políticos estaban siendo trasladados desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la Gran Caracas, hasta El Rodeo I sin informales a los familiares ni a los abogados de las víctimas el motivo del traslado. 

https://twitter.com/francescadiazm/status/1760735579107680721

«El día lunes se entrega la boletería para los que están privados de libertad. Su esposa fue el día lunes y le dicen que no pueden recibir eso porque ellos fueron trasladados hacia El Rodeo I, supuestamente. Las causas de ellos están en los tribunales de Puerto Ordaz y no hay boleta que justifique el traslado de ellos. Hasta ahora no sabemos realmente si se hizo ese traslado o están en la Dgcim». dijo José Ángel Azócar, hermano de Leonardo Azócar.

«Exigimos la liberación inmediata sin necesidad de juicio. Si van a juicio, lo más probable es que el resultado sea el mismo que en la presentación. Si hubiera justicia, en la presentación se hubieran ido libres», agregó.

Persecución sindical

Azócar y Romero fueron procesados por los delitos de boicot, asociación para delinquir, entre otros cargos asociados a la presunta paralización de la fábrica. En el marco de este caso, más de 10 trabajadores recibieron medidas cautelares de despido por su respaldo a las actividades de protesta.

«Hoy el gobernador del estado Bolívar se llama Ángel Marcano. El presidente de CVG Alcasa (Aluminio del Caroní) se llama Arquímedes Hidalgo. El presidente de la Central de Trabajadores se llama Pedro Perales. Todos ellos hace 12 años pertenecían a la estructura sindical de Alcasa. Cerraron los portones de Alcasa durante 32 días cuando estaba Chávez vivo. ¿Alguno de ellos fue detenido? Ni siquiera hubo persecución contra ninguno de ellos. Pero ahora se han dedicado a perseguir a los dirigentes laborales», expresó Azócar.

Durante 2018, a través de una comisión de encuesta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constató la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los dirigentes sindicales venezolanos debido a la violación por parte del Estado de la libertad sindical.

Los manifestantes marcharon hasta el Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, bajo la consigna «libertad» y exigen respuestas por parte de las autoridades.

El pleito de la lealtad y la traición

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En esta mala hora política la lealtad se concibe en términos de la sumisión y adulancia

 

@ajmonagas

Tanto se ha hablado de lealtad, que la historia política y militar está repleta de referencias que exaltan o denigran su significado. Aunque también lo está abarrotada de reseñas que revelan episodios que dan cuenta de hechos que refutan el sentido de la lealtad.

Podría decirse que la vida ocurre entre posturas de lealtad y traición, particularmente en el fragor de la política. Más, cuando la praxis política se anega de circunstancias dominadas por intereses que determinan las condiciones tipificadas por la lealtad y la traición.

La lealtad en la política

El ejercicio de la política es casi un perfecto campo de batalla a causa de los embates que se establecen entre quienes dicen ser leales y quienes, sin acusarse de traidores, esconden una hoja de vida política con contenidos y descripciones de haber sido seducidos por prácticas de traición.

Quizás sea temerario asentir que la lealtad dejó vacante el lugar que su significado como valor había alcanzado. En el ejercicio de la política se ha procedido a proclamar la lealtad como si en verdad fuera razón suficiente para demostrarla.

Sin embargo, cabe acá el aforismo que reza: “cuando las barbas de tu vecino veas arder, pon las tuyas a remojar”. En política, esto hace ver el alcance de cualquier problema, dada la posibilidad de afectar a alguien cercano, intruso o compinche.

Son estas situaciones donde la lealtad y la traición acusan algún hecho que revele insana rivalidad entre individuos. Mirando este problema desde una perspectiva burda, algún poeta, con nostalgia de politiquero de oficio, podría haber manifestado que “la lealtad es la lumbre que enciende la traición”.

Desavenencias impropias

El autor de El principito, el escritor y aviador francés, Antoine de Saint-Exupéry, pone en palabras del personaje esta cierta reflexión: “La lealtad no se jura, se demuestra”. Justo es el problema que lleva a entender cómo en política el ejercicio de la lealtad tiende a desenfocar sus objetivos. Especialmente cuando la realidad, en la que la lealtad suscribe sus propósitos, comienza a descomponerse en virtud de los intereses que juegan a su alrededor.

Así sucede por cuanto la política está arreglada de tal forma que este valor se concibe en términos de la sumisión y adulancia. Allí el trato al superior se ve influenciado por la anomalía de valores a la cual se halla sometida la incultura de quienes viven de la coyuntura política. O se aprovechan de ella para satisfacer sus intereses o saciar sus necesidades.

El pleito de la lealtad y la traición

Es ahí cuando la lealtad pierde su carácter como recurso de la confianza. Así como del sentido de correspondencia que establece la relación entre la sinceridad y el compromiso mutuo. Justo ese momento constituye la oportunidad de la cual se vale la traición para asomar sus garras y enterrarlas en la humanidad del otro. O de cara a la situación en la que se ha expuesto la divergencia entre condiciones y resultados.

En consecuencia, la lealtad en política, simple y desgraciadamente, se reduce a contrastar, bajo la premisa de ensayo y error, el grado de ventaja que ofrece en comparación con el perjurio que esconde la traición. Es decir, la lealtad en política es una cuestión de medir el tamaño de ventajas posibles.

En tiempos de dictadura tiránica, importa mucho diferenciar las posiciones de quienes juegan a la hipocresía y de quienes se han apostado en espacios preparados para extraer de la situación la mejor tajada, sin medir los efectos de rebote.

Hay que desentrañar las intenciones del enemigo en relación con las posibilidades calculadas, para evadir su visceral ataque. Sobre todo, cuando se hace acompañar por la canturreada y ridícula adulación de “leales siempre, traidores nunca”.

Sin duda, las realidades suelen mostrarse confusas. En el alboroto armado, tanto la lealtad como la traición adquieren un mal ganado furor, disfrazado de estratégico juego político, el cual sirve para justificar en lo que resulta el pleito de la lealtad y la traición.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 
 

SNTP: Conatel cerró tres emisoras de radio en el Zulia

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De acuerdo con la ONG Espacio Público, al menos seis estaciones fueron cerradas arbitrariamente en lo que va de 2024

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este 24 de febrero que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ordenó el cierre arbitrario de tres estaciones de radio en Ciudad Ojeda, capital del municipio Lagunillas, en el estado Zulia el pasado 23 de febrero.

Las estaciones de radio afectadas son Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM. Las emisoras ofrecían contenido informativo y local de la entidad zuliana.

De acuerdo con el SNTP, funcionarios de Conatel entraron a las estaciones de radio bajo una «revisión administrativa técnica», luego obligaron a los trabajadores a apagar sus equipos inmediatamente. 

https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1761359862481531390?s=20

Seis emisoras cerradas en 2024

De acuerdo con Espacio Público y los registro de prensa de Runrun.es, Conatel ha cerrado al menos seis estaciones en lo que va de año.

El 11 de enero cerraron las emisoras Órbita 99.7 FM —de Guanare, estado Portugesa— y Galáctica 100.7 FM —de Biscucuy, estado Cojedes—. Luego, el 2 de febrero, cerró Onda 100.9 FM —en Valencia, estado Carabobo—.

En los últimos seis meses (desde septiembre de 2023) Conatel ha cerrado 10 emisoras por el presunto vencimiento de las concesiones de dominio de frecuencia a 10 emisoras en todo el país.

Espacio Público reportó, en 4 de los 10 casos, que las estaciones cortaron sus emisiones luego de que emitieran información sobre las elecciones primarias de la oposición venezolana, que se celebró el 13 de octubre de 2023, y donde ganó María Corina Machado como principal candidata presidencial para los comicios del 2024.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela ha denunciado desde el 2014 que Conatel es un organismo del Estado que practica la censura institucional al obligar a las emisoras a cerrar sus transmisiones por no renovar sus conceciones de dominio de frecuencias, pero el mismo organismo estatal no ha renovado ninguna conceción desde hace más de cinco años. 

Según la ONG Espacio Público, en Venezuela quedaban menos de 430 estaciones de radio para el cierre del 2023, un número que se va reduciendo con las nuevas órdenes de Conatel. 

 

Claves | Población LGBTIQ+ en centros de reclusión se encuentra a la deriva

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Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones evidencia que la comunidad LGBTIQ+ que está detenida sufre de abandono y discriminación
El Estado no garantiza el respeto a los derechos humanos de esta comunidad en las cárceles 
No se proporciona atención médica y mucho menos tratamientos especializados para las personas trans, incluyendo los hormonales  

 

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para el primer semestre de 2023 en el país había una población reclusa superior a las 32 mil personas en sitios con una capacidad real instalada para 20.888, lo que representaba un hacinamiento de 154,15%.

Según el OVP, 69% de los centros de reclusión en Venezuela se encuentran en condiciones de hacinamiento. 

A este dato hay que agregar que no existen cifras oficiales en cuanto a la población LGBTIQ+ que permanece en los centros de reclusión.

A propósito de esta incógnita y el estado de indefensión en el que se encuentra este segmento, el OVP elaboró el informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+: el derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios de Venezuela.   

El director del OVP, Humberto Prado, indicó que la opacidad en torno a la cantidad de personas LGBTIQ+ en los centros de reclusión, dificulta la implementación de medidas adecuadas para su bienestar y garantía de derechos.

Prado aseveró que no hay personal capacitado para atender las demandas sanitarias, específicas de la gente que conforma este segmento de la sociedad.

“Todo este problema tiene su base en la falta de personal debidamente formado, lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”, dijo Prado.  

El activista de DDHH sostuvo que el objetivo del informe es exigir al Gobierno venezolano el cumplimiento de la posición de garante frente a toda persona que se encuentre bajo su custodia y el cese de las violaciones a los derechos humanos de los grupos vulnerables como el LGBTIQ+.

Prado indicó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un informe donde expone que las personas LGBTI enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual, otros actos de violencia y discriminación.

Por su parte, el OVP expuso en el 187 período de sesiones de la CIDH que Venezuela posee un sistema penitenciario colapsado por los elevados índices de hacinamiento, retardo procesal, violaciones al debido proceso, proliferación de enfermedades, falta de medicamentos, atención médica y alimentación inadecuada, una crisis de la que no escapa la población LGBTIQ+.

Estas son los principales puntos que plantea el informe:

-La situación de las personas LGBTIQ+ que se encuentran detenidas en Venezuela se agrava debido a la falta de legislación que reconozca el cambio de identidad para las personas trans.

 

-La homofobia y la transfobia se agudizan en contextos de privación de libertad debido al hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de las cárceles.

 

-Las personas LGBTIQ+ enfrentan violencia física, verbal y psicológica, así como persecución por parte de autoridades y grupos sociales conservadores en las prisiones y centros de detención preventiva.

 

-No existen áreas establecidas por diferenciación de género para la comunidad LGTBIQ+ en los centros de reclusión, exponiendo a esta a situaciones de peligro.

 

-Las personas LGTBIQ+ son víctimas de esclavitud por parte de otros privados de libertad y de funcionarios de quienes reciben maltrato físico y psicológico, en muchos casos se les obliga a prostituirse y a sufrir abuso sexual.

 

-Las personas trans son ingresadas a los centros según lo que dice su cédula y no su identidad de género.

 

-Las mujeres trans están recluidas con hombres y son forzadas a realizar labores de limpieza como lavar la ropa de otros reclusos bajo amenaza de muerte o castigos.

 

-No hay una legislación que les garantice a la comunidad LGTBIQ+ detenida atención médica general, salud reproductiva, programas de educación, información referente a tratamientos hormonales y cuidado de la salud mental, pese a que el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario expresa el derecho a la salud de la persona privada de libertad.

 

-Las cárceles venezolanas no cuentan con personal médico ni espacios adecuados para la atención médica, en cada recinto hay entre 2 y 4 personas encargadas de la salud, lo cual no sirve para atender ni al 0,2 % de la población reclusa.

 

-Los traslados a los centros de salud, solo se realizan por decisión arbitraria de las autoridades penitenciarias.

 

-No hay programas de despistaje de atención primaria de salud, diagnóstico temprano y prevención del VIH, tuberculosis, cáncer y otras patologías.

 

-No se proporcionan tratamientos especializados a la población trans, incluyendo los hormonales.

 

-El personal carcelario no está capacitado para atender  a las personas con VIH, especialmente a las que forman parte de la comunidad LGQBTI+.

 

-Las prisiones se han convertido en espacios carentes de salubridad y con escasez o ausencia total de agua potable. Asimismo los reclusos no gozan de una alimentación adecuada.

 

-Las mujeres embarazadas en las cárceles venezolanas no reciben la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto.

 

-Prevalece la inexistencia de canales de monitoreo, seguimiento y denuncia de posibles casos que pudieran afectar los derechos de las personas LGBTIQ+.

 

-Venezuela no cuenta con una política pública en materia de salud mental, se evidencia escasa información, desconocimiento y pocos mecanismos de protección al preso. No hay información oficial sobre registros de depresión, ansiedad, estrés post traumático, y otros trastornos del estado de ánimo que podrían afectar a la población reclusa.

 

Un deber del Gobierno en las prisiones 

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que el Estado tiene el deber de “Garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”.

Ante el estado de indefensión en el que se encuentra la población LGBTIQ+ que permanece en centros de reclusión, el OVP alertó que es perentorio que dentro de las prisiones venezolanas se organicen sesiones de sensibilización y concienciación para el público general y para los profesionales que trabajan allí.

“El Estado venezolano debe atender la necesidad de fortalecer procesos de capacitación y sensibilización con enfoque de derechos humanos”, reza el informe.

Igualmente exigió capacitación y asesoramiento a funcionarios de prisiones, personal médico y psicológico y abogados en cuanto a los derechos de la población reclusa y las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+.

Enfatizó que es importante establecer alianzas con organizaciones de derechos humanos, grupos LGBTIQ+ y otras entidades para evitar más opacidad y discriminación.

 

LEA.  Casi 40 personas murieron a causa de enfermedades en cárceles y calabozos durante 2023