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Podcast | Tres en uno: El liderazgo de las indígenas, la inestabilidad de Petro en Colombia y la llegada de las lluvias.
En el episodio 217  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo “La mujer indigena del Amazonas forja su liderazgo defendiendo su tierra y su idioma”. La defensa de su territorio contra el extractivismo y la transmisión de saberes son guías para las nuevas generaciones indígenas. En ese contexto viven Amelia Conde y Menca Yacame, lideresas que han labrado caminos para conocer, defender derechos y preservar la memoria de sus pueblos, aunque todavía luchan contra la sumisión propia de una tradición patriarcal. 

“Petro comienza a gobernar sobre terreno inestable», es el reportaje que presenta Runrun.es en este episodio. Pugnas y despidos de miembros de su gabinete, ruptura con aliados en el Congreso, una investigación en curso a su hijo, protestas callejeras y peleas con los medios de comunicación marcan apenas los primeros nueve meses de la  administración del presidente de Colombia. Ni un año en la presidencia lleva el izquierdista al mando y ya sucedió lo que algunos sectores de derecha en la nación neogranadina vaticinaron.

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “La lluvias sorprendieron al Gobierno que comenzó tarde operativos de prevención». Los operativos de reparación y mantenimiento a los sistemas de drenajes primarios y secundarios requieren como mínimo seis meses. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el inicio de los operativos a finales de abril. Expertos consultados por TalCual enfatizan que es necesario corroborar la cantidad de sedimentos que quedaron en los diques y contradiques por las lluvias del 2022.

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Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

El madurismo hace “la chamba” para movilizar votos jóvenes

Foto Reuters

 

Mientras desde el CNE no hacen nada para masificar la inscripción en el Registro Electoral y se mantiene a la población desinformada, el Gobierno usa la Misión Chamba Juvenil y herramientas de comunicación política para activar a sus jóvenes simpatizantes

 

@reyestheis

 

Han transcurrido los primeros 5 meses del año y en Venezuela muy pocos jóvenes saben cómo y dónde inscribirse para participar en las elecciones presidenciales del año próximo, de la cual también se desconoce la fecha exacta en qué ocurrirán.

La situación no es inédita. Según el profesor Félix Seijas Rodríguez, director de la empresa de investigación de opinión pública, Delphos, no facilitar la inscripción en el Registro Electoral (RE), es una de las tantas maniobras que aplica el oficialismo como paso previo a la elección, desde que se reconoce como minoría política en el país.

“Desde que el chavismo dejó de ser mayoría electoral su trabajo ha sido cómo ganar elecciones siendo minoría. Eso involucra una serie de estrategias, como activar a los suyos a través de bonos (asignación de dinero), la Misión Vivienda, que en algún momento fue muy importante, o las bolsas Clap”, señala.

Agrega que el oficialismo intenta, además, debilitar al adversario y para ello recurre a ataques a los políticos de la oposición o sus partidos y trata de generar desesperanza en ese sector, para hacerles creer que hagan lo que hagan no podrán ganar. 

El negar facilidades para que los jóvenes puedan inscribirse para votar es una de las estrategias, a sabiendas que es un sector donde Nicolás Maduro tiene un rechazo importante, pero que a la vez muestra síntomas de apatía. 

Mientras hace lo posible para que no haya una inscripción masiva, el Gobierno intenta mantener cohesionados, activos y debidamente registrados a sus grupos jóvenes, usando para ello los recursos del Estado.

Parámetros legales y desinformación

El artículo 33, numeral 18, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) establece como uno de los deberes del CNE “Garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral, en forma permanente e ininterrumpida”

Wanda Cedeño, abogada y coordinadora de la organización Voto Joven, calcula en 3.500.000 los jóvenes que no están inscrito en el RE, porque todos los días cumple 18 años alguien. Entre las razones por las cuales no se inscriben, destaca los obstáculos institucionales que coloca el CNE, primordialmente que el trámite debe efectuarse en las oficinas electorales regionales, que se encuentran en las capitales de cada estado.

El asunto entonces es complicado para quien vive fuera de las capitales. Es decir, un joven que vive en Upata, estado Bolívar, tendrá que recorrer los más de 170 kilómetros que separan a esta ciudad del municipio Piar, con Ciudad Bolívar, capital del estado y donde está ubicada la sede del poder electoral en el estado.

Si se agregan los problemas de transporte, gasolina, el dinero y el tiempo que tiene que invertir en el viaje, la incertidumbre de si será atendido, se le añade un poco de desesperanza o apatía sobre la política, y abundante desinformación, conseguirá la mezcla perfecta para la no participación de un votante.

La situación, según Súmate, va en contravía del principio de “Eficacia Administrativa” establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) que ordena: “Los procedimientos y trámites administrativos del Registro Electoral deben ser transparentes, oportunos, pertinentes, eficientes, eficaces y de fácil comprensión…”.

Tampoco el CNE informa sobre los requisitos o sitios para inscribirse o cambiar la residencia. En el portal CNE.gob.ve hay un submenú llamado Registro Electoral. Allí no aparece la dirección ni el horario de las oficinas regionales. Al final de ese menú hay una sección llamada Oficina Regional Electoral, con un llamado a seleccionar el área para desplegar la dirección que se busca, pero el enlace no funciona. 

También aparece un documento llamado Listado de Puntos de Jornada de Actualización e Inscripción de Registro Electoral 2021. Se trata de la dirección de los sitios a dónde acudir para hacer el trámite entre el 01 de junio 2021 al 15 de julio 2021. Una vieja lista de hace dos años que lo que hace es generar aún más confusión.

Cedeño agrega que en este momento no hay ni usa sola campaña activa relacionada al Registro Electoral, a su importancia o a la posibilidad de inscribirse en las Oficinas Regionales. “El CNE ha omitido su mandato de informar a la ciudadanía sobre este trámite tan importante”, asevera.

¿Cuántos faltan por registrarse?

La Asociación Civil Súmate lleva la contabilidad detallada de las personas afectadas por la negativa del Consejo Nacional Electoral a abrir más puntos de inscripción y actualización. Se trata de más de 10 millones de venezolanos que no han hecho el trámite. 

“Esta cifra estimada corresponde a: más de 4 millones de connacionales inscritos en el RE y más de 1 millón no inscritos que están en el exterior; más de 2 millones que requieren actualizar sus datos residencia y centro de votación en el país, porque fueron migrados de manera inconsulta o porque se movilizaron y viven en un entorno geográfico muy distante al sitio donde votan; al menos 2 millones de jóvenes en edad para votar dentro del territorio nacional y que no están inscritos; y más 700 mil jóvenes que se prevé cumplirán la edad de 18 años entre 2023 y 2024, 600 mil dentro de Venezuela y 100 mil en el exterior”. Añade que al menos 4 de cada 10 venezolanos, podrían verse impedidos de ejercer este derecho en las Presidenciales.

El profesor Seijas resume el problema del RE en 3 vertientes: Los venezolanos que  no se han inscrito, “en su gran mayoría son jóvenes desactivados por la situación, a quienes el tema político les cansa y han perdido la esperanza”. Las personas que están en el país y deben actualizar su información, que se han mudado dentro del mismo país o han sido reubicados sin ellos solicitarlo y el tercer problema es el de la diáspora, “personas que están afuera de Venezuela y que no tienen posibilidad de inscribirse (se les obliga a tener residencia legal para hacerlo)”. Destaca que “Todo estos problemas pasan por las facilidades para inscribirse”.

Jóvenes en cifras

De acuerdo al director de Delphos, el chavismo representa un tercio del mercado electoral en Venezuela, pero en el segmento joven, los chavistas son aproximadamente el 20%, pero es un electorado mucho más motivado para votar que el de la oposición.

“Cuando eres minoría todos los sectores son importantes. Estás tratando de ganar debilitando al contrario, para que no pueda llevar a votar a la mayoría que tiene y tú sabes que el chavismo difícilmente podrá incrementar su masa electoral, entonces tienes que tratar de mantener activo a tu sector”, destaca Seijas.

Y parece que los estrategas del Gobierno venezolano lo han entendido bien y han lanzado la Misión “Chamba Juvenil” desde 2017, dirigida a proveer empleo o adiestramiento a jóvenes entre 15 y 30 años, pero con una clara finalidad electoral.

En el año 2021 el presidente Nicolás Maduro, planteó los 7 vértices de esta misión: El primero: Inicio del Registro y Actualización de datos, a través, del sistema Patria de toda la juventud. La meta era de 2 millones 500 mil jóvenes; Segundo: Conformar 24 mil brigadas de Chamba Juvenil que recorrerán el país para generar emprendimientos y nuevas iniciativas para la juventud; Tercero: Apertura del Plan Chamba Técnica y Oficios y creación del Programa de Formación para los nuevos oficios tecnológicos a través del INCES. La meta establecida a corto plazo era de 250 mil jóvenes; Cuarto: Incorporación laboral de jóvenes universitarios desocupados, profesionales y técnicos. Con una meta de 200 mil jóvenes; Quinto: Inserción de jóvenes emprendedores y productores a las tareas productivas. La meta era 300 mil muchachos; Sexto: Ejecución del Plan Vivienda Jóvenes. Se proyectaba atender a 200 mil jóvenes recién casados, y por último, el debate nacional de la Ley Orgánica de la Gran Misión Chamba Juvenil.

Estos jóvenes reciben sus asignaciones económicas a través del sistema Patria. Pero hay un dato interesante y que confirma la intencionalidad partidista. Se trata de la obligatoriedad exigida por algunas instituciones del Estado, de inscripción en el RE como requisito para el ingreso. Al menos esto fue verificado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Wanda Cedeño opina que Chamba Juvenil es un mecanismo para que los electores, que potencialmente puedan tener una tendencia al chavismo, se inscriban. “Estamos hablando de una política del Estado que limita el derecho a inscribirse en el RE a unas gran cantidad de jóvenes y lo facilita u obliga a otro sector”, señala.

Agrega que Voto Joven ha denunciado este uso de la misión y agrega: “No solo lo piden para este programa, para inscribirse en la Universidad Bolivariana también se debe estar inscrito en el Registro Electoral y llevar el comprobante de inscripción”.

El contar con una base de datos que recibe estipendios y que según las expectativas del Gobierno deberían llegar a dos millones y medio de personas, no es para nada desestimable. Según las cifras de Súmate, que emplea data oficial,  el corte del Registro Electoral al 30 de septiembre de 2022 indica que los jóvenes entre 18 y 30 años inscritos para votar son 3.658.838, aunque a esta cifra hay que rebajar la inmensa cantidad que se fue del país.

Irregularidades en el RE

Súmate ha denunciado también un comportamiento atípico en el RE y es que las cifras de fallecimiento superan a la de inscripciones en los últimos cortes que el CNE ha publicado.

En la sumatoria de los últimos 6 cortes presentados del RE correspondientes a las Gacetas Electorales del 26/8/2021, 14/3/2022, 3/6/2022, 8/4/2022, 24/11/2022 y 23/01/2023 se han reflejado apenas 47.276 inscripciones contra 278.477 fallecimientos.

Esto es una clara evidencia de la falla del ente electoral a la hora de estimular a la inscripción. Los fallecidos son excluidos automáticamente del RE, ya que el CNE es el encargado de manejar el registro civil (nacimientos, fallecimientos y matrimonios) y en el caso de los inscritos, habría que evaluar el impacto de la misión Chamba Juvenil.

Comunicación para la juventud chavista

Para la profesora Carmen Beatriz Fernández, experta en Campañas Electorales y académica de la universidad de Navarra, España, el Registro Electoral es una de las formas que usa el Gobierno para “inclinar la cancha” para su equipo.

“En Miraflores tienen un buen sistema de monitoreo del sentimiento público, y lo hacen permanentemente y si sabes que hay ciertos segmentos que no son favorables, pues todos los obstáculos, que le pongas a esos segmentos van a inclinar un poco más la cancha a tu favor y cuando das pocas posibilidades de que se inscriban los jóvenes o pocas posibilidades de que se inscriba la gente que vive en el extranjero, lo que estás haciendo es durante meses o incluso año y medio antes, es inclinar la cancha”, explica vía telefónica.

Destaca que no es correcto hablar de un fraude en el sistema electoral, sino de decenas de fraudes en las condiciones electorales que se ejecutan mucho tiempo antes de los comicios.

Pero en el plano de activación de los jóvenes maduristas, el tema no solo se trata de los estipendios y el registro, también hay una operación montada en el ámbito de la comunicación política. En ese marco aparece el héroe revolucionario “Súper Bigote”, un cómic que intenta replicar la imagen de Nicolás Maduro, que resuelve los problemas “con su puño de hierro” y que aparece fornido, sin rastros de obesidad.

“Hay un intento por suavizar la imagen de Maduro, para hacerlo ver que no es el dictadorzote, sino un tipo amigable, simpaticazo, que puede ser un cómic (Súper Bigote), te puedes reír de él o con él y  que te rías es incompatible con el dictadorzote acusado de crímenes de lesa humanidad en La Haya. Creo que es el sentido del cómic, esa suavización dirigida a algunas capas jóvenes”, indica la profesora.

Sostiene que los jóvenes más alejados de Maduro son los estudiantes de las universidades, pero los integrantes de las clases más populares son menos adversarios de él.

Otras iniciativas que apunta al mismo fin es el uso de la red social Tiktok, donde aparece Maduro bromeando o bailando con Cilia Flores. También en su programa Maduro+, se emplean colores pastel como imagen de fondo, alejados del rojo del PSUV. Una estrategia para verse más potable para los jóvenes. 

No obstante, la académica destaca que los números de Maduro “son rematadamente malos”. “Es difícil pensar en un presidente democrático o un hombre fuerte de un régimen que aspire a la relección con los números de Maduro, entonces ninguna comunicación política puede hacer magia”, asevera.

Por su parte, la coordinadora de Voto Joven, Wanda Cedeño, destaca la necesidad de que distinto sectores y organizaciones se conviertan en replicadores del mensaje sobre la necesidad de inscribirse en el Registro Electoral y cómo hacerlo, ante la desinformación que propicia el Poder Electoral. Explicó que en esa organización están desarrollando la campaña “Yo estoy inscrito en el RE”, que apunta en ese sentido.

Acceso a la Justicia: Ley de protección de activos en el exterior viola el principio de tipicidad
Para el abogado Alí Daniels, el artículo 13 de la ley habla de «participar directa o indirectamente», lo cual, aseguró, viola «el principio de tipicidad» porque los delitos tienen que ser «claramente señalados»

Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, manifestó que la nueva ley de protección de activos, que aprobó el Parlamento chavista, «no otorga nuevas competencias o unidad especiales capacidades al Estado para actuar».

En un audio difundido por la organización, Daniels explicó que en Venezuela, una noticia sería una ley que dé poderes al gobierno que no tenga.

Ante eso, explicó que decir que esta ley «habilita» o da «competencias al Estado» no es correcto y que no se entiende «cuál es la finalidad de la ley» porque no otorga esas nuevas competencias.

Por otra parte, indicó que son preocupantes los últimos tres artículos que incluyen la parte sancionatoria, lo que considera que «realmente corresponden a los fines de la ley».

«En el artículo 12 se habla de que toda persona que es usurpador, atribuyéndose la representación de la República, participe de cualquier modo de actuación en negociaciones ofertas vinculadas al tema de los manejos del manejo de activos en el exterior será sancionado penalmente (…) Y entonces se agrega un párrafo aparte, que dice que los bienes efectos de personas que se hace referencia en este artículo será un objeto al procedimiento de extinción de dominio», señaló Daniels.

 

 

Para el abogado, es que la ley no dice es «lo preocupante», porque la norma debió decir que «si esa persona tiene beneficios» y esos podrían ser objeto de la ley de extinción de dominio.

«Tal y como está el artículo pareciera que todos los bienes de una persona vinculada a estas actividades pueden ser objeto de la de la Ley de Extinción de Dominio», alertó Daniels.

Asimismo, explicó que esa situación podría generar sanciones que no han tenido «ningún lucro por este tipo de actividades», pero que por participar en las mismas puedan perder bienes que hayan generado de sus actividades lícitas. 

Penas sumamente altas

Alí Daniels señaló que el artículo 13 de la ley establece que cualquier persona que directa o indirectamente haya actuado en este tipo de actuaciones de manejo de activos en el exterior, «serán sancionados con prisión de 15 a 20 años».

«En todo lo que tiene que ver con persecución política, las penas son altísimas, en este caso de 15 a 20 años. Pero, por ejemplo, las penas para la corrupción en el país son muchísimos más bajas, es decir, el que roba 3.000 millones, la pena máxima será de 3 de 10 años», cuestionó.

Además, dijo que lo más preocupante de este artículo es que habla de «participar directa o indirectamente», lo cual, aseguró, viola «el principio de tipicidad» porque los delitos tienen que ser «claramente señalados».

«Al hablar de que se participa de manera indirecta, queda entonces ahí una gran discrecionalidad a considerar ¿qué es indirecto?», señaló.

Lo más grave

Para el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, lo «más grave» de la ley de protección de activos en el exterior está en el artículo 11.

«El Ejecutivo creará un registro de personas que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contraposición de las disposiciones de la ley», señaló.

Sobre lo anterior, explicó que este no es un registro hecho con «condenados por la ley de personas que hayan sido objeto de un juicio y que haya sido condenados por ellos, sino personas que pretenden es decir que tengan la intención de», dijo.

En ese sentido, advirtió que «con una simple sospecha de que alguien va a actuar en una negociación de activos en el exterior puede ser incluida en el registro». y eso además genera una consecuencia de formar parte.

Comunidad trans sigue reclamando su derecho a la identidad
A pesar de que desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil, que permite el cambio de nombre, se ha denunciado en múltiples ocasiones que a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad
El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023, incluyendo el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú en el estado Zulia
“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Richelle Briceño, abogada y defensora de DDHH

@Andrea_GP21

 

“Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”, cuenta Tristán Key, un hombre trans bisexual de 20 años que vive en Venezuela, quien comenzó publicando videos en TikTok sobre todo su proceso y se convirtió en un activista que defiende los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.

Casi al cumplir los 17 años, el joven decidió revelar sobre su identidad de género y cuenta que recibió “mucha aceptación” por parte de sus amistades, quienes en su mayoría forman parte de la comunidad LGBTIQ+.

A sus padres les había revelado ser bisexual unos años antes, lo que significó que se volvieran “más abiertos” respecto al tema. Esto generó que, cuando decidió revelar que es un hombre trans, su madre lo aceptó rápidamente pese a que no entendiera muy bien todo lo que eso significaba. Su papá, por su parte, sí estuvo más reacio con su identidad, pero después de acudir con una psicóloga, un paso requerido para iniciar un tratamiento hormonal, y que esta efectivamente confirmara que sí es trans, comenzó a aceptarlo más.

Acceder a tratamientos hormonales es “un privilegio”

Tristán estaba por cumplir los 19 años cuando comenzó el tratamiento hormonal. Para ese momento, dice, ambos padres estaban convencidos de su seguridad con respecto a su identidad. “Me aceptaban plenamente”.

A pesar de que Tristán es plenamente aceptado por su familia y amigos, el poder llevar a cabo su tratamiento hormonal ha sido muy difícil, “llegando incluso a ser un privilegio”, dice. Considera que acceder a las hormonas es muy difícil para la población trans venezolana.

Pero, además, señala que no solo se necesitan los tratamientos hormonales, que no se consiguen en todos lados, sino que además debe realizarse con frecuencia controles médicos que no son económicos.

Los controles a los que asiste Tristán los recibe de parte de médicos asociados a la Fundación Unitrans.

En el caso contrario está Liohan Delgado, una mujer trans no binaria de 21 años, también activista, quien no ha podido iniciar sus tratamientos hormonales debido a que le es imposible costearlos.

“Actualmente no estoy en tratamiento hormonal y la razón es precisamente por lo difícil que es mantenerlas, lo costosas que son aquí y lo irregular que puede ser el servicio para ofrecerlas”, declaró en entrevista con Runrun.es.

Liohan explicó que además de las hormonas, se necesitan diferentes estudios y exámenes médicos que garanticen una transición exitosa y saludable y, aunque conoce personas que han iniciado este proceso “sin el debido asesoramiento”, tiene temor de poner su salud en riesgo.

Sin acceso a la identidad

Desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil que permite el cambio de nombre. Sin embargo, a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad para que vaya acorde con la que poseen.

En noviembre de 2022, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro se comprometió a exhortar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a aplicar el artículo 146 de dicha ley, que establece en parte de su escrito que:

“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.

 

Sin embargo, la abogado y activista Tamara Adrián, afirmó que el cambio de nombre a personas trans “no es un reconocimiento de identidad”.

“Esto no es suficiente, esto no es un reconocimiento de identidad. Es un simple cambio de nombre, no implica el cambio de sexo en la documentación”, aclaró Adrián.

En esa misma línea, Tristán Key señala que su identificación todavía lo mantiene con el género que le fue asignado al nacer. “Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”.

Aunque confiesa que nunca ha tenido que vivir discriminación para tramitar este documento en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), conoce muchas personas a las que sí.

Tristán Key frente al Saime de la avenida Baralt de Caracas / Foto: Cortesía

Elegir no trabajar presencial por temor a la discriminación

Liohan Delgado cuenta que dejó de buscar empleos presenciales para “huir de la discriminación” desde que comenzó su transición, pues siente miedo de exponerse constantemente a las personas en la calle “a la ignorancia y a la transfobia”.

“Antes de empezar mi transición estaba en un trabajo y a mí me estaba matando por dentro no poder ser yo y expresarme libremente en el trabajo”, relató.

Liohan es modelo y actriz, pero señala que en el medio en el que trabaja también se ve la discriminación.

“No ha sido tampoco fácil encontrar oportunidades y también ha habido ciertas amenazas a mi salud mental en esos aspectos, porque el medio de la actuación siempre usa a las personas trans para que su rol sea ser trans, entonces nunca tengo el rol de ser una mujer”, contó.

 

Para Liohan, siempre existe una presión de tener que cumplir constantemente “con el estándar femenino y cis heteronormado de la mujer”. Precisamente, ese estándar es difícil de cumplir, dice, pues al no ser una mujer trans con muchos ingresos, se hace cuesta arriba mantenerlos y siempre estar “bajo el yugo de un afeitadora, un láser estar constantemente cuidándote la cara cuando lo que quieres es evitar que te salga más pelo”.

“He mantenido un poco mi distancia de mis otras oportunidades laborales en lo que me gusta, precisamente porque a pesar de todo siempre hay una amenaza para la comunidad trans y para las mujeres trans”, señaló.

60 casos de violencia contra personas LGBTIQ+

El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023.

«Hasta la fecha, tenemos documentados 60 casos contra personas LGBTIQ+. Es importante destacar que, adicional a estos 60 casos, 21 se encuentran en proceso de indagación para determinar si, efectivamente, los mismos corresponden a las características de nuestra documentación», señaló Gloria Pérez, integrante del observatorio.

De acuerdo con las cifras de la organización, marzo de 2023 fue el mes con más casos de violencia registrados, entre los cuales destacaron los discursos de odio y el lenguaje discriminatorio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas.

En este periodo, la organización documentó el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú y el caso de otra mujer trans wayú, que “resultó violentada y con lesiones físicas graves”, ambos casos en Zulia.

Una de las peores situaciones de Sudamérica

Richelle Briceño, educadora, abogada, activista de DDHH y política, comparó la situación de las personas trans en Venezuela con la de otros países de Sudamérica como Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. “Es de las peores situaciones que podemos encontrarnos”, advirtió en entrevista concedida a Provea.

Según señala Briceño, las personas trans en Venezuela siguen “sin identidad, irrespetadas, no reconocidas por el Estado”, a la par de que tampoco son protegidas al no ser reconocidas.

“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Briceño.

 

Sin embargo, considera que no se puede desmayar la lucha contra la discriminación, pues erradicarla en la sociedad genera una “mejor calidad de vida, una sociedad más respetuosa, más incluyente, donde las diferencias no sean motivos para marginar o segregar poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

“Nos corresponde a cada persona hacernos eco de la importancia de la defensa de los DDHH y asumir la tarea de educarnos y formarnos, y a través de la pedagogía formar a otras personas”, añadió Briceño.

Piden aumentar la participación de personas trans en cargos públicos

La ONG Caleidoscopio Humano instó el pasado miércoles 17 de mayo a que el Estado venezolano aumente la participación de personas trans en cargos públicos.

Para la organización, es importante que cada vez más personas trans puedan aspirar a cargos públicos en Venezuela, “a pesar de la fuerza de los grupos radicales que están en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+”.

En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno venezolano para que tome medidas efectivas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+.

¿Es sostenible la estabilidad del dólar?
El gobierno aplica una política que impacta el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía se debilita y podría encaminarse a una recesión

 

@vsalmeron

 

Lo normal en Venezuela es sentir que la moneda es de hielo y se derrite a diario. En octubre del año pasado los venezolanos compraban un dólar con ocho bolívares y a principios de febrero necesitaban 24 bolívares, pero a partir de marzo el Banco Central contuvo el colapso y actualmente el dólar se cotiza en 26,2 bolívares en el mercado oficial.

La mayor estabilidad del dólar, que ayuda a desacelerar el alza de los precios, tiene costos. Para disminuir la demanda de dólares el gobierno y el Banco Central aplican una estrategia que tiene impacto en el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía pierde fuerzas y podría encaminarse a una recesión.

Básicamente el plan consiste en disminuir la cantidad de dinero, en lograr que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares. Para alcanzar este objetivo la administración de Nicolás Maduro mantiene controlado el gasto del gobierno a fin de inyectar pocos bolívares por esta vía.

De acuerdo con Síntesis Financiera el gasto público de los primeros cinco meses del año equivale a 3 mil 213 millones de dólares, tan solo 3% más que en el mismo lapso de 2022. En la contención del gasto juega un rol clave la decisión de no aumentar el salario mínimo y en general sustituir el ingreso de los trabajadores por bonos que no tienen incidencia en el cálculo de beneficios como las vacaciones y las utilidades.

En julio del año pasado, al cancelar el bono vacacional a los educadores, el gobierno inyectó bolívares que rápidamente se desplazaron a la caja de comercios que inmediatamente elevaron la demanda de dólares porque tras la hiperinflación y continuos períodos de debacle la confianza en la moneda está rota.

Consciente de este desequilibrio el gobierno se ha negado a aumentar el salario. Síntesis Financiera explica que “no prevemos que se repita en julio el choque cambiario que hubo en agosto del año pasado con el pago del bono vacacional a educadores, pues ese pago está basado en un salario cuyo monto está fijo en bolívares”.

A la contención del gasto público y la sustitución del salario por bonos se suma la restricción del crédito a fin de que no haya préstamos de bolívares que puedan emplearse para comprar dólares. El encaje, la proporción del dinero que los bancos no pueden prestar, se mantiene en 73% el más elevado en América Latina.

La consecuencia es menos bolívares para comprar dólares, pero también poco crédito para las empresas y las familias en momentos en que la economía se debilita. Tras la fuerte devaluación del bolívar a comienzos de año la inflación se aceleró y las ventas cayeron creando un clima recesivo.

El índice de actividad económica que elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas experimentó una caída de 8,3% al comparar el primer trimestre de este año con el mismo lapso de 2022. 

Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, explica que “hay una caída de la demanda y un exceso de oferta por lo que estamos en el inicio de una recesión. Como la política del gobierno es de corte recesivo va a agravar el problema”.

Añade que “no tiene sentido restringir el crédito y mantener una política monetaria restrictiva para estabilizar el tipo de cambio y desacelerar la inflación cuando hay un exceso de oferta y una caída del consumo que mitiga el alza de los precios. Estamos viendo promociones por todos lados en la desesperación de las empresas y los comercios por vender”.

Flujo de divisas

A la estrategia para reducir la cantidad de dinero en la economía se añade un mayor margen de maniobra en la oferta de dólares que alimenta al mercado oficial gracias al impacto de Chevron. El gobierno de Joe Biden otorgó una licencia a la petrolera estadounidense para que aumente sus operaciones en Venezuela y la empresa necesita vender dólares para cubrir pagos en bolívares.

Síntesis Financiera estima que en marzo los dólares que vendió Chevron y que aumentaron la oferta de divisas sumaron unos cien millones de dólares que ayudaron a que el tipo de cambio se mantuviera estable. Tesoreros de bancos señalan que en abril y mayo los dólares provenientes de Chevron han seguido ingresando y son un factor que ayuda a la estabilidad.

Otro elemento a tomar en cuenta es que el Banco Central usualmente vende en el mercado oficial alrededor de 50 millones de dólares a la semana, pero en las últimas dos semanas, en las que el gobierno pagó bonos a los trabajadores y aumentó la cantidad de bolívares en la economía, duplicó el monto.

La presión

¿Va a continuar la paz cambiaria? Una pieza clave es que la contención del gasto público podría perder rigor a medida que avance el calendario y el país se acerque a las elecciones presidenciales previstas para 2024 o que aumente la protesta de los trabajadores por incrementos de salarios.

“Cualquier emisión de bolívares crea presiones en el tipo de cambio porque nadie quiere conservar bolívares”, dice Daniel Cadenas.

El tanque de dólares para mantener la oferta de divisas en el mercado oficial también genera dudas. Al cierre del 30 de mayo el Banco Central indica que tiene reservas internacionales por 9 mil 685 millones de dólares, pero de este monto solo tiene disponibles 980 millones en efectivo y 1.700 millones en barras de oro, un monto bastante bajo.

El resto de las reservas internacionales corresponde a Derechos Especiales de Giro que la administración de Nicolás Maduro no puede emplear porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) no lo reconoce como presidente de Venezuela. Otra porción corresponde a oro en litigio depositado en el Banco de Inglaterra.

Las irregularidades en la administración de Pdvsa, la empresa del Estado que maneja el negocio petrolero, también cuenta. En marzo quedó al descubierto una red de corrupción que se tradujo en envíos de petróleo no cobrados que afectaron el ingreso de dólares.

Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar por 21 mil 200 millones de dólares y que habría facturas potencialmente irrecuperables por 3 mil 600 millones de dólares.

El tipo de cambio paralelo también influye. El mercado oficial no satisface toda la demanda de dólares y las pequeñas empresas o compradores de montos bajos acuden al mercado paralelo donde se forma un precio que supera al tipo de cambio oficial.

La experiencia indica que si la cotización del dólar en el mercado paralelo se distancia en gran medida de la cotización del mercado oficial se pierde la fe en la estabilidad y aumenta la presión. En mayo la brecha entre las dos cotizaciones aumentó desde 3% hasta 7%.

“El mercado paralelo refleja la inercia de los fuertes desembolsos destinados al pago del aumento en el ingreso mínimo, así como cierta reanimación de expectativas de depreciación” dice Síntesis Financiera.

Daniel Cadenas indica que “los factores que presionan al tipo de cambio van a continuar y es probable que al igual que el año pasado veamos una mayor devaluación en el resto del año. Lo que puede hacer que no haya una desestabilización similar a la de 2022 es que la demanda de dólares para importaciones está cayendo por la caída en las ventas”.

Focus Economics, una empresa que elabora reportes con las proyecciones de veinte bancos y consultoras como Moody’s Analytics y BancTrust indica en su informe de mayo que en promedio se espera que el tipo de cambio oficial culmine este año en 61 bolívares por dólar.

 

Dólar

A seis años suspendido: ONG exigen reactivar el programa de trasplantes en Venezuela
Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, aseguró que hay pocas opciones para los pacientes, pues la posibilidad de que la donación sea de vivo a vivo es «excepcional», entre otras cosas, por las carencias en los hospitales públicos que impiden la ejecución de estas intervenciones

Varias ONG y activistas iniciaron una campaña para exigir al Estado venezolano la reactivación del programa de trasplantes de órganos procedentes de personas fallecidas, que cumple seis años suspendido este jueves, 1 de junio.

Las organizaciones también piden al gobierno que garantice el derecho a la salud de quienes requieran este tipo de intervención.

«Hoy, 1 de junio de 2023, se cumplen seis años de la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT). Exigimos que el Estado cumpla con garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas que requieren un trasplante en Venezuela», publicaron en Twitter organizaciones como Prepara Familia, Codevida y Amigos Trasplantados.

 

La directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, dijo a EFE que, durante la campaña, se realizarán actividades para exponer la situación que viven los pacientes que esperan por un trasplante.

Además, Martínez aseguró que hay pocas opciones para los pacientes, pues la posibilidad de que la donación sea de vivo a vivo es «excepcional», entre otras cosas, por las carencias en los hospitales públicos que impiden la ejecución de estas intervenciones.

 

Indicó que el cierre del sistema de donación de órganos de cadáver a vivo ha derivado en la muerte de 79 niños con deficiencias renales, atendidos en el principal hospital infantil de Venezuela, ubicado en Caracas.

«No tenemos las cifras de fallecimientos de adultos debido a la gran opacidad que existe en Venezuela, pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología del Hospital J.M de los Ríos estamos hablando de 79 niños, 75 niños hasta diciembre y cuatro niños que han fallecido en lo que va de año», aseveró.

Es un tema de DDHH

El pasado 16 de mayo, organizaciones exigieron al gobierno reactivar el programa de transplantes, recordando que este es un tema de derechos humanos.

Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV), aseveró que el tema de los trasplantes compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida.

La especialista señaló que, aunque el programa de procura de órganos se suspendió desde el 2017, ya desde el 2014 muchos centros hospitalarios se vieron obligados a suspender estas operaciones por las precarias condiciones del sistema de salud.

*Con información de EFE

Crímenes sin Castigo | Autogestión policial, por Javier Ignacio Mayorca
En un afán por generar recursos, en unidades de la Policía Nacional se está imponiendo un régimen de corrupción y extorsión que va desde los jefes hasta el agente de cada esquina

 

@javiermayorca

El 29 de mayo, la Inspectoría General de la Policía Nacional suspendió a tres comisarios que estaban al frente de la unidad de Servicio Aeroportuario de ese cuerpo en el aeropuerto de Maiquetía.

La información, conocida a través de una de esas minutas que describen “incidencias negativas”, involucra a una comisaria y dos efectivos de la misma graduación en lo que se conoce como el sistema de cuotas. Según fuentes de la propia institución, los oficiales que se desempeñan en plazas codiciadas, como la del principal terminal aéreo del país, periódicamente deben tributar dinero en efectivo a los superiores en la unidad: los del nivel operacional, cinco dólares; diez dólares los del nivel táctico y veinte dólares los encargados de la supervisión.

Eso explica por qué, en la denuncia difundida a través de las redes sociales, estos jefes policiales de Maiquetía hablaban sobre los detalles del asunto como si se tratara de algo normal y cotidiano. Confirmaban así la sospecha de que ellos no inventaron esta cadena de pagos, ni fijaron las tarifas. Los sancionaron porque se dejaron grabar.

En la minuta sobre el inicio del expediente administrativo contra los tres jefes policiales se indica que ellos extorsionaban a los subalternos. Realmente, los funcionarios que estaban más abajo en la cadena de mando de Maiquetía también formaban parte del sistema de corrupción. Eran ellos los que hacían la colecta. Los extorsionados eran los comerciantes y viajeros que utilizan el aeropuerto o tienen algún local allí, y que deben pagar las cuotas, pues de lo contrario no llegarían a tiempo al vuelo o no les permitirían operar sus comercios.

Pero la cosa va mucho más allá. Desde febrero, circulan las informaciones que explicaban cómo en la región policial de occidente (Redip Occidental) presuntamente se exigió a los jefes de cada unidad el aporte de ciertas cantidades para el financiamiento de un evento navideño. Eso pasaba por la entrega de una cuota extraordinaria, distinta de la que regularmente se debe consignar para continuar con las operaciones dentro de esa jurisdicción.

Es lo que han denominado “autogestión” en las filas de la Policía Nacional. Los agentes de a pie, los patrulleros, miembros de servicios especiales y, desde luego, los jefes de las unidades deben agenciárselas para mantener el servicio en funcionamiento.

“Esa autogestión implica que si lo envío a Ud. de jefe de la dirección contra la Delincuencia Organizada en Yaracuy le asigno cinco unidades que tienen los motores quemados. Y usted verá cómo las arregla, y como arregla el comando”, explicó un exfuncionario con conocimiento directo del problema.

Añadió que en estas situaciones el subalterno se siente coludido, y cumple con las órdenes de hablar con los comerciantes para que les den los galones de pintura y los repuestos de los vehículos.

Pero ese afán por la obtención de recursos ha tenido nuevos giros. En Caracas, se ha visto a efectivos de la PNB cuidando locales nocturnos o comercios en las horas de cierre. También haciendo trabajos de escolta armada. En La Guaira, se les ha visto en funciones de vigilancia privada en locales de una conocida cadena de farmacias.

Igualmente, funcionarios activos de la misma institución participan en el comercio de uniformes. Para ello, se anuncian en foros policiales e incluso en Instagram. Una gorra con logo de la PNB se puede conseguir en diez dólares, y el uniforme azul marino sin las botas por 45 dólares.

Desde luego, mucho de esto se sabe porque todavía la institución cuenta con efectivos capaces de distinguir estas irregularidades, a pesar de los permanentes esfuerzos por dar la impresión de que no tienen nada de malo.

En su exposición de motivos, la norma que dio origen a la Policía Nacional manifiesta el rechazo de los legisladores del momento a las tendencias privatizadoras de la seguridad ciudadana. Eso fue en 2008, cuando el país podía disponer de enormes recursos de la renta petrolera para financiar la creación y consolidación de un cuerpo preventivo de alcance nacional.

Quince años después, y a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, la entidad modelo de la reforma policial venezolana se encuentra en una situación de “sálvese quien pueda”, donde a un motorizado cualquiera lo confrontan agentes de un punto de control con evidente intención extorsiva, porque no tenía la factura de un destornillador.

En este contexto, el principal perdedor es el ciudadano, que encuentra en situaciones como las aquí descritas nuevas razones para alimentar su desconfianza en las instituciones llamadas precisamente a preservar la civilidad.

Venezuela figura en el grupo de países con los menores índices de ley y orden, según la última medición mundial de Gallup (2022). El puntaje nacional fue de los tres más bajos, junto a Gabón y Afganistán. De igual forma, Venezuela es de los pocos países donde la desconfianza en los cuerpos policiales se ha hecho crónica. Incluso, la imagen de los uniformados no mejoró durante el lapso de la pandemia. Cosa que sí pasó en buena parte del planeta. Y junto a ello, los ciudadanos manifiestan sentimientos de inseguridad que los sacan de las calles apenas cae el sol.

Estamos entonces ante un problema grave y profundo, que no será superado con medidas espasmódicas como la suspensión de tres comisarios del servicio aeroportuario.

Breves

  • El juicio oral contra Clíver Alcalá Cordones fue pautado para el lunes 10 de julio. Este mayor general retirado del Ejército venezolano es procesado en la corte del Distrito Sur de Nueva York porque supuestamente participó en lo que se describe en la acusación como “una corrupta y violenta conspiración narcoterrorista entre el Cartel de los Soles venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), específicamente la facción denominada Nueva Marquetalia, encabezada por Luciano Marín, alias Iván Márquez. Alcalá es el único detenido por este caso, que también involucra al gobernante venezolano Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al ex zar de la inteligencia Hugo Carvajal. En marzo de 2020, Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, poco antes de la fallida operación Gedeón, en cuya gestación él reconoció haber participado. Este general cuenta con la defensa de tres bufetes jurídicos: el del abogado César de Castro; Gotlib Law, representada por Valerie Gotlib, y Lewis Baack Kaufmann Middlemiss, de Adam Kaufmann. Este último es el mismo apoderado legal de Francisco Convit Guruceaga, solicitado por lavado de dinero en contrataciones con Petróleos de Venezuela. Cuatro días antes del juicio, Alcalá y sus abogados irán nuevamente a la corte del juez Alvin Hellerstein, para participar en una sesión preparatoria, en la que se discutirán las mociones pendientes.
  • Los senadores republicanos por Florida Bob Menéndez y Marco Rubio promueven la aprobación de una ley encaminada a restringir aun más la comercialización internacional del oro sustraído del Arco Minero venezolano. El Acta de EE. UU. para el oro legal y la alianza minera parte del principio según el cual todo el metal extraído del suelo venezolano es ilegal por definición, no solo por los métodos utilizados para obtenerlo, sino por los actores que participan en este proceso y en la cadena de distribución y comercialización. En los considerandos del proyecto, se hace especial referencia a la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Tren de Aragua, que “ha expandido su rol en la minería ilícita, el tráfico y la comercialización del oro para incrementar sus ganancias criminales”. De igual forma, los legisladores estadounidenses destacan que la comercialización del oro está a cargo de la estatal Minerven, una entidad sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Crímenes sin castigo

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Runrun.es, único medio venezolano seleccionado para la iniciativa de aceleración Amuna Digital Latam
Runrun.es fue el medio venezolano escogido para la fase 2 de la iniciativa de educación y aceleración Amuna Digital Latam de Sembramedia, que cuenta con el apoyo de Meta 
La oportunidad de formar parte del programa de aceleración Amuna Digital Latam cobra mayor relevancia, tomando en consideración el contexto de bloqueo y censura en el que Runrun.es cumple a diario con su labor informativa

 

Runrun.es fue el único medio de comunicación venezolano seleccionado para la fase 2 de la iniciativa de educación y aceleración Amuna Digital Latam, que cuenta con el apoyo de Meta y que busca potenciar el periodismo emprendedor en Latinoamérica.

Este 31 de mayo Sembramedia dio a conocer el veredicto sobre los 10 medios nativos digitales independientes que serán parte de la fase 2 del programa en su segunda edición, escogidos entre otros 100 medios que participaron en la primera fase. Todos los participantes recibieron entrenamiento para planificar y desarrollar sus medios en sesiones interactivas y con la escuela virtual de SembraMedia.

“En esta nueva etapa los medios accederán a consultorías estratégicas y tácticas además de apoyo financiero para fortalecer e impulsar sus proyectos periodísticos», explicó en un mensaje en su perfil de Twitter Sembramedia, organización sin fines de lucro que apoya a medios independientes y digitales de Iberoamérica a encontrar y desarrollar modelos de negocio sustentables.

Otros medios escogidos en la fase 2 de Amuna Digital Latam fueron La Nación de Bolivia, Shots de Ciencia y El Cuarto Mosquetero de Colombia, Malvestida y Red es Poder de México, Quórum.gt de Guatemala, la Revista Elementos de El Salvador y Revista Cítrica y Qué digital de Argentina.

Miembros del equipo de Runrun.es felicitaron a los medios seleccionados y agradecieron a SembraMedia por esta oportunidad única. 

“Nos complace formar parte de esta iniciativa de aceleración que nos permitirá fortalecer el vínculo con nuestras audiencias y desarrollar y mejorar nuestros productos periodísticos”, expresó Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.

Para Carmen Riera, directora ejecutiva de Runrun.es, la escogencia cobra mayor relevancia tomando en consideración el contexto en el que ejercemos a diario nuestra labor periodística desde Venezuela, “un país en el que sorteamos en cada jornada el bloqueo de nuestro dominio y recurrimos a alianzas para vencer la censura, alineados con nuestro propósito editorial: Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos”.