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Crímenes sin Castigo | Asaltos legales, por Javier Ignacio Mayorca
Las expropiaciones, decomisos de facto, se convirtieron en una fuente de riquezas para algunos funcionarios, con pérdidas para las que no hay remedio ni justicia

 

@javiermayorca

El 8 de agosto de 2008, una comisión de la Guardia Nacional se presentó de improviso en los galpones de una empresa ubicada en la zona industrial El Nepe de Guacara. Los militares portaban un oficio de la Fiscalía, emitido un mes atrás, que ordenaba una minuciosa revisión a los inventarios de sustancias químicas almacenadas por la compañía Marivelca.

Esta empresa fue registrada en Carabobo en mayo de 2003 por Carmina Rita Comparelli, gerente general. Tenía como jefe de operaciones a Freddy Ernesto López Comparelli, mientras que Julio César Delgado Comparelli y Loryelena Delgado Comparelli figuraban como accionistas. Podría decirse entonces que era un emprendimiento familiar.

El principal contratista de Marivelca era Pequiven. Los Comparelli se preciaban de señalar que formaba parte “especializada y certificada de la red de distribución” de la filial de Petróleos de Venezuela en lo que respecta al ácido clorhídrico, un compuesto químico controlado porque se trata de un precursor para la fabricación de cocaína. Igualmente, almacenaba y trasladaba otras sustancias que también requerían un permiso especial de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El Ministerio Público y los guardias de Antidrogas habían dado con el nombre de esta sociedad en el curso de una pesquisa previa, sobre las actividades de una empresa similar asentada en el estado Zulia, Suplidora del Caribe (Suca).

Los militares dictaminaron que Marivelca guardaba más sustancias controladas que las autorizadas desde el año anterior por la policía judicial. No solo el ácido clorhídrico, sino también acetona, tolueno, amoníaco disuelto y otras.

De nada valieron los argumentos esgrimidos por los Comparelli, en el sentido de que parte de esas sustancias no les pertenecían, sino que eran guardadas allí como un servicio para Suca. Y que otras las tenían como inventario, para responder con rapidez a las exigencias de la petroquímica venezolana. Eventualmente, incluso, se entregó un informe de auditoría de Pequiven, que descartaba la presencia de cantidades excesivas de estas sustancias.

Pasaron más de dos años de dimes y diretes, hasta que en noviembre de 2010 las instalaciones de Marivelca en Carabobo fueron confiscadas por la Oficina Nacional Antidrogas. Tres meses después, ordenaban las capturas de Freddy López Comparelli y Loryelena Delgado Comparelli por el supuesto delito de almacenamiento ilícito de sustancias controladas. También quedaron en poder del régimen los activos de Trans Benz, la firma dedicada al transporte de estas sustancias, propiedad de la misma familia.

Doce años después, este caso todavía era ventilado, aunque en una corte de Florida.

En 2014, los representantes de Marivelca demandaron en Miami al gobierno venezolano, argumentando posibles violaciones a los principios de derecho internacional.

Era una forma de tomar la iniciativa. Durante tres años, López y Delgado Comparelli tuvieron que cuidarse de que algún gobierno amigo del régimen venezolano los aprehendiera. En Costa Rica, pasaron momentos difíciles, hasta que un juzgado negó la solicitud de extradición hecha desde Caracas, en 2012. El abogado de López en el país centroamericano, José Miguel Villalobos, afirmó entonces que el propósito de las acciones emprendidas por los órganos venezolanos era solamente “expropiar la empresa”. Lo mismo ocurrió con Suca, la firma zuliana.

Según la demanda civil ventilada en Miami, los bienes de las compañías carabobeñas fueron entregados a IPSL, una subsidiaria de Pequiven registrada en las Islas Vírgenes que opera en el exterior como su “agente de ventas” de la filial de Pdvsa.

Las irregularidades de este proceso, afirmaron los demandantes, comenzaron en el propio momento en que se practicó un allanamiento disfrazado de visita de inspección.

“Esa es una forma de usurpar propiedades para beneficio de enchufados”, sentenció el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Carlos Tablante.

“Tiran unos allanamientos para extorsionar. Luego, se quedan con las cosas. Es todo un sistema de extorsión que va contra el derecho a la propiedad”, añadió.

Los afectados no han sido solamente las industrias y sus dueños. En la medida en que se agudizaba la conflictividad política, estos procedimientos se hacían más frecuentes, y afectaban a personas que no disponían de grandes riquezas, pero que eran vistas como críticas al Gobierno.

“Después que me liberaron del Sebin, salí a mi apartamento. Cuando entré, encontré a un general que estaba viviendo allí”, relató un abogado que fue detenido por una presunta extorsión en Caracas, y que formó parte del equipo del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma. Durante el tiempo que permaneció tras las rejas, este litigante nunca fue formalmente acusado.

En el caso de Suca, los abogados denunciaron ante el tribunal de la causa el “oprobioso disfrute” de los bienes incautados “por parte de los funcionarios encargados del cuido de los objetos personales”.

La ley en picado

El deterioro del Poder Judicial en Venezuela no es algo nuevo. Los casos referidos se gestaron en la era de Hugo Chávez. Y durante los años de Maduro la justicia en el país ha continuado en picado. Esta es, por cierto, una de las mayores fuentes de inseguridad para los posibles inversores extranjeros, a los que intenta seducir el actual gobernante.

Venezuela figura en el puesto 136 en el índice promedio de imperio de la ley (rule of law), que abarca a 140 naciones. Estas evaluaciones son hechas con base en numerosos indicadores relacionados con la legalidad, transparencia, contención al Ejecutivo, orden y seguridad, aplicación de la justicia en el fuero civil y el penal, entre otros. En lo que respecta al capítulo referido a la justicia penal, el país aparece en el último lugar.

En un contexto como ese, resulta lógico que los ciudadanos intenten buscar en el exterior la justicia que no pudieron encontrar en el país.

Pero este deseo a menudo choca contra las realidades.

Según el abogado José Ignacio Hernández, los Comparelli por lo menos “merecían una compensación”, que les permitiera resarcir los daños ocasionados por “una expropiación no pactada”.

“El origen de este juicio (en EE. UU.) fue una expropiación y una posible persecución por vía de tribunales”, explicó.

Hernández es un profesor de Derecho Administrativo e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard. Fue procurador designado por el Interinato de Juan Guaidó. En esa función, hizo un seguimiento a este y otros casos en los que aparece señalada la República de Venezuela.

En este caso, sin embargo, no hubo un final feliz. Además de haber perdido el capital y los bienes que tenían en Carabobo, el juzgado de Miami declaró sin lugar la demanda, por considerarla un asunto que debía dirimirse en los juzgados del país.

La sentencia, emitida el 3 de febrero por la juez Kathleen Williams, puede ser vista también como un resultado de los nuevos aires que imperan en la relación entre Washington y Maduro. La magistrada no solo desechó los argumentos de los demandantes. También se permitió observar que “no está claro para esta fecha si los EEUU aún reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela”.

Este caso Comparelli, entonces, podría marcar un hito. Según Hernández, el gobierno de Joseph Biden deberá establecer con claridad quién es reconocido como jefe del Estado venezolano. Mientras tanto, prevalecerá la incertidumbre en lo que respecta a numerosos litigios en los que el gobierno venezolano figura como parte demandada.

Breves

  • El ataque perpetrado el domingo a las 11 p. m. contra una unidad de la Policía Nacional en el sector Colinas de Bucaral de Tejerías tiene algunos detalles que resultan de interés. En primer lugar, según la información consignada en minuta por el inspector Duglin Herrera, el grupo de uniformados atacado en primera instancia procedía de Nueva Esparta. Usaban la unidad 3P044 adscrita al centro de coordinación Luisa Cáceres de Arismendi, de Margarita. A estos funcionarios les ordenaron instalar un “punto de atención ciudadana” (PAC) en un área de alta peligrosidad, donde se han registrado cinco ataques a puestos o funcionarios activos de cuerpos de seguridad desde 2022. Algunos de estos incidentes han sido solo hostigamientos, disparos efectuados desde la lejanía, con el propósito evidente de amedrentar a los agentes. Otros casos, como este y el reportado el 25 de enero, han ido más allá. Por ende, el emplazamiento de funcionarios un domingo a altas horas de la noche resultaba una medida demasiado audaz. Los audios divulgados con posterioridad confirman que el principal sospechoso de estas acciones es el grupo de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias Conejo.
  • Febrero es quizá el mes en que tradicionalmente arrecian los esfuerzos por mantener la politización de la Fuerza Armada. De hecho, cuarteles adentro el ministerio de la Defensa adelanta una serie de eventos como parte de un programa denominado Febrero Rebelde. El martes 7, por ejemplo, cien militares de la Guardia Nacional fueron llevados a un auditorio del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez para escuchar una perorata del teniente coronel retirado William Fariña, diputado y miembro de la Comisión de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la que justificó –nuevamente– el intento de golpe de febrero de 1992. Por otra parte, en distintas unidades militares se han ejecutado reuniones para tratar de comprender las llamadas “7 líneas de trabajo” implantadas por Maduro en enero. En lo atinente a la FANB, queda claro el propósito de reactivar, en fase preelectoral, el debate en torno a la Guayana Esequiba.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del #9Feb: las ocho noticias que debes conocer

Las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para pagar importaciones, cancelar la deuda de la república y ofertar dólares a la economía se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.

Venezolanos, la tercera nacionalidad que más ha cruzado el Darién en lo que va de 2023
Más de 31.000 migrantes irregulares han cruzado el Darién en lo que va de 2023. Los nacionales de Haití son el grupo migrante más numeroso hasta ahora con 12.585 personas, seguido de Ecuador (8.240), Venezuela (3.535),  India (641) y Colombia (465)
En 2022, la nacionalidad venezolana (150.327) lideró el paso histórico por el Darién con 248.284 migrantes irregulares por la selva. Pero desde octubre de ese año, la cifra se ha reducido de forma importante tras las medidas migratorias de EEUU

 

Más de 31.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han cruzado en lo que va de año la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, casi la misma cantidad que en los primeros 5 meses de 2022, de acuerdo con las estadísticas oficiales panameñas.

Desde el 1 de enero hasta la madrugada de este miércoles un total de 31.610 migrantes en movilidad habían atravesado la jungla, de 266 kilómetros, según datos facilitados a EFE por el Servicio Nacional de Migración (SNM). Entre enero y mayo de 2022 la cifra llegó a 33.819.

El 15 % de los viajeros en lo que va de este año son «personas en especial estado de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes», precisó este miércoles a EFE la subdirectora del SNM, María Isabel Saravia.

Sólo en enero pasado llegaron a la provincia panameña de Darién 24.634 personas, más del quíntuple que en el mismo mes del año pasado. Y en lo que va de febrero lo había hecho 6.976, de los cuales 1.156 arribaron el martes.

Venezolanos, la tercera nacionalidad que más cruza

Los nacionales de Haití son el grupo migrante más numeroso hasta ahora con 12.585 personas, seguido de Ecuador (8.240), Venezuela (3.535), India (641) y Colombia (465).

El resto de los viajeros proceden de más de 30 países del mundo, incluidos suramericanos, asiáticos y africanos.

«Este año hemos tenido un incremento de ciudadanos extracontinentales, que entran al continente americano por el Sur. Hemos tenido un incremento de ciudadanos colombianos y ecuatorianos», comentó Saravia.

En 2022, la nacionalidad venezolana (150.327) lideró el paso histórico de 248.284 migrantes irregulares por la selva, seguido de Ecuador (29.356) y Haití (22.435); en 2021, fueron los haitianos, y años antes, en la crisis de 2015-2016 fueron los cubanos.

Las restricciones impuestas por Estados Unidos al ingreso de migrantes venezolanos irregulares a mediados de octubre pasado frenó la avalancha de estos, lo que quedó evidenciado en las cifras de viajeros cruzando el Darién: de 59.773 en ese mismo mes cayeron a 16.632 en noviembre de 2022.

La dinámica sobre las nacionalidades que más cruzan la selva «esperamos que sea cambiante a lo largo del año. Va a depender de las políticas (migratorias) de Estados Unidos y Canadá, que son los principales destinos»,así como también de que terceros países «abran libre visado», dijo la subdirectora de Migración de Panamá.

«Calculamos que las cifras en el 2023 no van a bajar por diversas causas: sociopolíticas, geográficas, cambio climático, era poscovid, temas de oportunidades, la guerra» en Ucrania, valoró.

OIM pide no olvidarse de la migración venezolana

El pasado 28 de enero, Ee director de la Organización Internacional de Migraciones (OIM),  António Vitorino, pidió al mundo no olvidarse de la crisis migrante venezolana, una de las más graves de los últimos años.

En entrevista con la agencia EFE, recordó las necesidades urgentes que amerita la crisis migrante venezolana, por su impacto en casi toda América Latina.

Citó Vitorino los casi 2,5 millones de venezolanos en Colombia, los 1,7 millones en Perú, otros 400.000 en Brasil e igual número en Chile, y cerca de 700.000 en Ecuador.

El funcionario de la OIM también recordó que casi 6 de cada 10 personas de quienes arriesgan sus vidas en el Darién son venezolanos.

Con información de EFE

En once años el BCV vendió 81% de sus reservas de oro
El exiguo nivel de las reservas internacionales y el insuficiente ingreso de divisas se traducen en pocos dólares para estabilizar el bolívar

 

 

En agosto de 2011 el expresidente Hugo Chávez recibió la propuesta del entonces presidente del Banco Central, Nelson Merentes y de Jorge Giordani, quien estaba al frente del Ministerio de Finanzas, de traer a Venezuela en un “plazo máximo de dos meses” las barras de oro que formaban parte de las reservas internacionales de la nación.

La urgencia, como afirmó el gobierno en avisos de prensa después de aprobada la medida, se debía a que el oro, depositado en bancos extranjeros como JP Morgan, Barclays, BNP Paribas y Standard Chartered, corría peligro por “la crisis del sistema capitalista”.

La narrativa se centró en que la economía de Estados Unidos se tambaleaba y crecía a un ritmo muy bajo, mientras que la zona euro era muy riesgosa por el elevado endeudamiento de Portugal, España e Italia.

Once años después, las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para pagar importaciones, cancelar la deuda de la república y ofertar dólares a la economía se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.

En agosto de 2011 el país tenía en el exterior 211 toneladas de oro y otras 154 en las bóvedas del Banco Central, en Caracas, para un total de 365 toneladas. El balance del Banco Central al cierre de 2022 refleja que actualmente solo existen 69 toneladas lo que se traduce en una caída de 81% y en la merma de gran parte de los lingotes que el país conservó desde 1950.

Tras no ahorrar durante el tiempo de los altos precios del petróleo, un corrupto control de cambio, cuatriplicar la deuda externa, sufrir una catastrófica caída de la producción petrolera y el impacto de las sanciones de Estados Unidos, la columna vertebral de las reservas internacionales está disminuida.

En marzo de 2021 Julio Borges, en su rol de delegado del entonces presidente interino Juan Guaidó, denunció la venta de oro a Rusia, Mali y los Emiratos Árabes Unidos.

Al cierre de 2022 las reservas internacionales suman 4 mil 800 millones de dólares, de los cuales, 3 mil 910 millones de dólares corresponden al oro, 832 millones a dólares en efectivo y 67 millones a otros activos de poco valor.

En sus estadísticas el Banco Central añade a las reservas 5 mil 121 millones de dólares que corresponden a Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario Internacional repartió a sus miembros, pero que la administración de Nicolás Maduro no puede utilizar.

Organismos internacionales y una larga lista de países considera ilegítimas las elecciones con las que Nicolás Maduro se reeligió en 2018 y mantienen sanciones que limitan la capacidad de maniobra del gobierno.

Un detalle importante es que a fin de utilizar el oro como garantía para recibir préstamos, el gobierno dejó en el exterior parte de los lingotes y, de las 69 toneladas que el Banco Central incluye en las reservas, 31 toneladas están en manos del Banco de Inglaterra que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente.

Aparte de las reservas el Banco Central y el gobierno cuentan con las divisas que aportan las exportaciones petroleras, pero tras años de pésima gerencia, corrupción rampante y las sanciones de Estados Unidos, la producción se ha estancado en torno a 700 mil barriles diarios, la cuarta parte de lo que era antes de la llegada del chavismo al poder.

Para aumentar el ingreso de dólares la administración de Nicolás Maduro recurre a la explotación frenética de oro en el Arco Minero del Orinoco desatando un proceso de deforestación y ríos contaminados. A pesar de esta desordenada y costosa estrategia la inestabilidad y la vulnerabilidad de la economía no cesan.

Bolívares derretidos

El ínfimo nivel de las reservas que el Banco Central está en capacidad de utilizar, el más bajo en términos nominales desde septiembre de 1974 y el reducido flujo de divisas, se traducen en pocos dólares para intervenir en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, el gobierno le pide al Banco Central que lo financie creando bolívares.

El resultado es un ciclo vicioso en el que la moneda se hunde y los venezolanos se empobrecen: cuando los bolívares que el Banco Central entrega al gobierno ingresan a la economía rápidamente son utilizados por las empresas y los particulares para comprar dólares y, como la oferta es muy pequeña, el bolívar se deprecia continuamente.

Macroconsultores precisa que el año pasado el dinero creado por el Banco Central, en buena medida para financiar al gobierno, creció 563% y el colapso de la moneda es notorio: la primera semana de octubre de 2022 los venezolanos podían comprar un dólar con 8 bolívares en el mercado oficial y hoy necesitan 23,6 bolívares.

En Venezuela, donde las empresas y los comercios calculan costos y precios en dólares, la pérdida de valor del bolívar respecto al dólar tiene impacto inmediato: como los precios están fijados en dólares, rápidamente se comienza a pedir más bolívares por los productos y servicios.

Otro factor a tomar en cuenta es que aparte de elevar la demanda de dólares, la inyección de bolívares por parte del Banco Central se traduce en más bolívares detrás de pocos productos, una dinámica que también impulsa los precios. El resultado es que el país se asoma al precipicio de la hiperinflación.

Según la definición clásica un país se hunde en la hiperinflación cuando los precios aumentan 50% en un mes y según el Observatorio Venezolano de Finanzas la inflación de enero fue de 39,4%, un nivel que enciende las alarmas. El Banco Central oculta las estadísticas oficiales.

José Guerra, exgerente del Banco Central y diputado en el parlamento elegido en 2015, afirma que “si el Banco Central continúa creando dinero al ritmo en que lo está haciendo para financiar al gobierno el país está en riesgo de caer en la hiperinflación”.

El cohete

Gracias a la licencia otorgada a Chevron para que amplíe sus operaciones en Venezuela se espera que la producción petrolera aumente a lo largo del año y que el Banco Central cuente con algo más de caja para incrementar la oferta de dólares, pero las proyecciones apuntan a un dólar que seguirá escalando.

El reporte de enero de Focus Economics, que reúne las proyecciones de distintos bancos y consultoras como Torino Capital, UBS y Oxford Economics, indica que en promedio se espera que el dólar culmine este año en 44,6 bolívares.

Algunas consultoras están ajustando sus proyecciones en vista del entorno actual. En su informe de la semana pasada Dinámica prevé que el dólar culmine este año en 62,50 bolívares en el mercado oficial y en 64 bolívares en el mercado paralelo.

Los trabajadores públicos, que cobran salarios en torno al equivalente a 20 dólares al mes, comenzaron el año protestando en las calles y el gobierno evalúa conceder un bono indexado al dólar.

La idea en estudio es que el bono contra la guerra económica que comenzaron a recibir trabajadores públicos, jubilados y pensionados, por montos equivalentes a 30, 20 y 15 dólares se ajusten de acuerdo al aumento en la cotización del dólar.

Síntesis Financiera afirma en su reporte Briefing Financiero que de concretarse la indexación del bono, para tratar de aplacar las protestas, el gobierno tendrá que recurrir a la emisión de bolívares del Banco Central.

“Con ingresos fiscales ordinarios insuficientes, luce imposible financiar la indexación de las remuneraciones sin recurrir al Banco Central”, dice el reporte y añade que “la indexación exacerbaría la espiral de inflación- devaluación, pero es imposible pensar en mantener niveles de remuneración tan precarios”.

La insolvencia

El exiguo nivel de las reservas internacionales y lo reducido del ingreso petrolero implican que Venezuela tendrá que reestructurar la pesada deuda en dólares que no paga desde 2018. Los atrasos en el pago de capital e intereses por la deuda en bonos del Estado suman 48 mil millones de dólares al cierre de enero de este año.

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello calcula que el monto de la deuda por bonos, préstamos de China y los casos pendientes y sancionados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), suma 200 mil millones de dólares.

“Los niveles absolutos y relativos que ha alcanzado la deuda del sector público hacen imposible la sostenibilidad de las finanzas públicas en Venezuela. Es obvio que el país debe afrontar un proceso largo y complejo de reestructuración y negociación de esta deuda, pero esto solo es posible en un contexto de estabilidad política e institucional” dice el Instituto.

Aseguran que para estabilizar la inflación y los precios primero hay que estabilizar la tasa de cambio
Oliveros explicó que tanto las empresas como las personas, al recibir pagos en bolívares, buscan salir de ellos

El socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró este miércoles, 8 de febrero, que es necesario estabilizar la tasa de cambio para poder estabilizar la inflación y por ende, los precios.

Durante una entrevista que concedió al Circuito Éxitos de Unión Radio, Oliveros señaló: «Tú no puedes pensar en tener estabilidad salarial sin tener estabilidad de precios»

«Hay que estabilizar la inflación, pero para eso hay que estabilizar la tasa de cambio, porque los precios reflejan principalmente los movimientos de la tasa de cambio», añadió Oliveros.

Según Oliveros, esa inestabilidad ha generado que las personas dependan más de las remesas y que no haya «incentivos a trabajar en la administración pública y optan por trabajar por su cuenta y estar en el sector informal».

«Y así es muy difícil que la economía pueda crecer, pueda desarrollar áreas de innovación, sectores competitivos, si todo el mundo se dedica a trabajar por su cuenta, a matar tigres o a estar en la informalidad», advirtió.

Confianza en el bolívar

Asdrúbal Oliveros recordó que en Venezuela, después de haber pasado por una hiperinflación y tener niveles de inflación crónicos, «la gente le perdió la confianza al bolívar».

«Si tú estás montando tu política económica sobre la base de rescatar el bolívar, si no lo haces de una manera contundente, con cambios profundos, ese proceso va a ir al fracaso, porque la gente sabe que tener bolívares significa que cada día, está perdiendo valor», dijo.

Oliveros explicó que tanto las empresas como las personas, al recibir pagos en bolívares, buscan salir de ellos.

«La solución no puede ser seguir pensando que, poniendo un impuesto para que uses más el bolívar, obligar a la banca a que entregue más efectivo en bolívares, va a provocar que la gente tenga la confianza», acotó.

Asimismo, aseguró que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) ha generado distorsiones muy fuertes.

«Los factores coyunturales, unidos al elemento estructural, es lo que explica que el tipo de cambio no tenga ancla. En la medida que no ataques eso, vamos a seguir esta devaluación que termina perjudicando a todos», sumó.

Especulación en sector comercio

Asdrúbal Oliveros explicó que en economía, la especulación se entiende de forma distinta al «carácter peyorativo» que se le adjudica en ocasiones.

«Cuando tú compras algo y lo vendes un poco más caro para tener una ganancia, eso en economía se conoce como especulación», ejemplificó.

En ese sentido, señaló que en Venezuela existe una «distorsión de los precios» y las personas buscan protegerse, y los comerciantes también.

«Si él ve que los precios están subiendo, él va a aumentar porque no tiene idea de lo que viene. Ajusta por encima y eso termina generando unos precios que son una locura», añadió.

«¿Cómo tú corriges eso? Cuando tú normalizas la actividad económica. Eso no se va a acabar si no estabilizas los precios», expresó.

Finalmente, aseguró que está llegando un momento en que se ve que los precios en dólares están relantizándose, «porque empieza a fallar la demanda». 

Exigen conocer avances de investigación penal sobre intervenciones no autorizadas en Sierra Nevada
El #6Febrero organizaciones ambientales pidieron conocer el avance de la investigación penal que se abrió hace dos meses tras denuncias de construcciones no autorizadas que dañan el ecosistema del Parque Nacional Sierra Nevada
ONG exigen a la Fiscalía informar el estado de la investigación penal y si se emitió una orden de suspensión de cualquier intervención no autorizada en el Parque Nacional Sierra Nevada contraria a lo establecido en las normas ambientales. 

 

Este 6 de febrero representantes de organizaciones ambientales acudieron a la Fiscalía número 23 del estado Mérida para solicitar que se notifiquen los avances de la investigación penal que se abrió a raíz de denuncias de intervenciones no permisadas en el Parque Nacional Sierra Nevada e inmediaciones del Sistema Teleférico Mukumbarí por parte de la empresa Ventel. 

Christi Rangel -de la Coalición Anticorrupción- y el ingeniero Forestal Elides Sulbarán hicieron la entrega de una solicitud  para exigir información sobre el avance de estas averiguaciones.

Al documento adjuntaron las más 519 firmas que recogió la plataforma AVAAZ.ORG en el formato de petición «Salvemos al parque Sierra Nevada», con el objetivo de exigir respuestas por parte de Venezolana de Teleféricos (Ventel). 

 Torres explicó que la mayoría de organizaciones que suscribieron la solicitud entregada a la Fiscalía 23 y la dirección de Inparques son de materia ambiental.

parque nacional sierra nevada
Foto: Documento de petición de información entregado por la ONG
parque nacional de sierra nevada
Foto: Petición de información

 

Petición de información a las autoridades sobre las amenazas del parque nacional Sierra Nevada

«Sugerí que hiciéramos esta petición de información porque es un derecho que está consagrado en nuestra constitución y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y se enmarca también en el ejercicio de participación de control político y de la exigencia de rendición de cuenta», añadió Torres. 

La activista destacó que hace dos meses y luego de las denuncias de los guardaparques adscrito a Inparques Mérida, respecto a intervenciones no permisadas de Ventel C.A en el Parque Nacional Sierra Nevada, se abrió una investigación penal que fue anunciada por el propio  fiscal general de la República.

Las ONG exigen que se aclare cuál el el estado de la investigación penal por construcciones no autorizadas en la Zona de Protección Integral del parque y de usos y concesiones otorgadas por Ventel C.A. «en ausencia de los instrumentos de control ambiental».

Asimismo, exigen conocer si la fiscalía emitió una orden de suspensión de cualquier intervención que sea contraria a lo establecido en las normas ambientales. 

«Nos quedamos muy preocupados porque después algunas autoridades del Poder Ejecutivo Regional y local dieron declaraciones sobre la presunta inexistencia de los causales de esta denuncia», comentó Torres. 

En 20 días esperan respuesta

A partir de la consignación de este documento, la fiscalía tiene 20 días, según lo que establece la ley, para responder a la solicitud de información. 

El ingeniero Elides Sulbarán comentó que se debe cumplir con el plan de ordenamiento y uso del Parque Nacional Sierra Nevada.

«Pedimos el respeto a las normas de preservación del parque nacional que fue creado en el año 1952 por iniciativa de la Universidad de los Andes», advirtió Sulbarán. 

El ingeniero forestal aclaró que los trabajadores de Inparques no se oponen a que haya actividades económicas  mientras no irrumpan con la armonía del ambiente y se respete el criterio de sustentabilidad. 

Sulbarán y Torres concluyeron sus intervenciones esperando que se cumpla el plazo establecido y que se obtengan respuestas de las autoridades competentes sobre las amenazas que enfrenta el parque nacional Sierra Nevada.

 

Monitor Ciudad: Los caraqueños pasaron más del 60 % de 2022 sin tener agua por tuberías
Según estimaciones de la ONG, los vecinos de Libertador perdieron, en promedio, casi cinco horas a la semana dedicados a almacenar agua a la semana.

 

Este lunes, 6 de febrero, la ONG Monitor Ciudad precisó que, en promedio, los caraqueños pasaron más del 60% de 2022 sin contar con agua por tuberías, pues solo tuvieron el servicio 58,3 horas de las 167 que tiene la semana.

Según estimaciones de la ONG, los vecinos de Libertador perdieron, en promedio, casi cinco horas a la semana dedicados a almacenar agua.

Los números detallan que las parroquias Sucre, El Junquito y Antímano fueron las que más presentaron fallas en el suministro de agua por tuberías, al recibir menos de 19 horas de agua a la semana.

Otro dato que destaca en el informe de Monitor Ciudad es que las familias tuvieron que dedicar alrededor de 4 horas con 42 minutos a la semana en acarrear o almacenar agua, mientras que llegaron a gastar en promedio 6$ por servicios de acarreo y 2$ en botellones de agua a la semana.

Las Tejerías bajo fuego a un año de la muerte del “Koki”
Dos ataques a instituciones del Estado se han producido en menos de una semana en Aragua y Carabobo
Cuerpos de seguridad presumen que se trataría de miembros del Tren de Aragua, en posible alianza con la banda de alias “El Conejo”

 

@franzambranor

 

Ronna Rísquez 

@ronnarisquez

 

 

Al pueblo de Las Tejerías en el estado Aragua no solo lo golpea la fuerza de la naturaleza, también la de las bandas criminales.

La noche del pasado 5 de febrero, grupos armados atacaron sedes de comandos policiales en la jurisdicción ubicada en el municipio Santos Michelena.

Según reportó el equipo de corresponsales de El Pitazo, se trataban de al menos 40 hombres con armas largas y granadas que tuvieron en vilo a la población, al menos, hasta la 1:30 am del lunes 6.

La ONG Una Ventana a la Libertad informó que reos y funcionarios que estaban en módulos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía del estado Aragua se vieron afectados por el poder de fuego de los grupos irregulares.

A través de grupos de WhatsApp se viralizó un comunicado de una organización con las siglas L.N.D.L.P.D.A. que advierte de posibles nuevos ataques si la comunidad continúa dotando de alimentos a funcionarios policiales y militares.

“No queremos ningún comedor abierto, ya que estos mismos se prestan para cocinarle a los mismos funcionarios que han venido atropellando. Ya nosotros dimos una orden, si no copian, aténganse a las consecuencias, lo corregimos a punta de plomo. No estamos en contra de nuestra población ni de que reciban alimentos, estamos en contra de los funcionarios y de todo aquel que le preste cualquier tipo de colaboración”, alertan.

Este fue el segundo ataque de hombres armados a instituciones del Estado en menos de una semana. El pasado miércoles 1 de febrero un grupo arremetió contra la sede de la alcaldía del municipio Carlos Arvelo, en el estado Carabobo. En el hecho resultaron heridos los funcionarios de la policía municipal Juan Muñoz, Anderson Barrios y Betania Martínez. 

De acuerdo con el diario El Carabobeño, cuatro sujetos con armas largas llegaron a la instalación a bordo de motos DR color negro y dispararon sin una razón aparente

Sospechan del Tren de Aragua en Las Tejerías

En ambos sucesos se presume la participación de miembros de la megabanda delictiva el Tren de Aragua, que opera en la zona.

“Hasta ahora, las autoridades no han señalado de quién se trata, pero hay que recordar que en ese sector opera la banda de Carlos Enrique Gómez alias ‘El Conejo’, quien podría tener una alianza con el Tren de Aragua.  Él podría estar funcionando allí como una especie de franquicia, un apéndice de esta banda”, dijo el abogado penalista y profesor universitario, Luis Izquiel. 

Izquiel recordó que “El Conejo” albergó en Las Tejerías a Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, quien este miércoles 8 de febrero cumple un año de haber muerto en un operativo policial.

“Es muy probable que miembros de la banda del Koki, quien abandonó la Cota 905 en Caracas y se refugió en Aragua, se hayan sumado a la banda de El Conejo y fortalecido”, agregó.

Izquiel manifestó que el motivo de estos ataques aún no está claro, pero pueden responder a varias razones.

Regularmente, se producen por venganza y tienen que ver con diversas variables: una es la muerte o detención de algún miembro de la banda, otra es retaliación por la incautación ilegal de una mercancía producto del delito, o puede ser simplemente para mostrar su poderío y ahuyentar a organismos policiales de la zona”.

El Tren sigue indetenible

El también abogado penalista y criminalista, Mario Mármol García, dijo que estos hechos han ocurrido y van a seguir sucediendo mientras no haya una política de justicia firme.  

“Hay bandas organizadas que nacieron en las zonas de paz, su misión es controlar territorio, algo que llamamos una insurgencia criminal. No actúan por una ideología política, sino para cometer crímenes. Buscan tener factores de poder parecidos al de un Estado”, explicó. 

Mármol García indicó que llama la atención la capacidad de armamento de estas bandas.

Se sienten con confianza para atacar módulos policiales, pareciera que tienen un poder de fuego, incluso mayor al de los cuerpos del Estado”, opinó.

Por su parte, el exdirector del Cicpc, Miguel Dao, sostuvo que estas bandas armadas se sienten empoderadas en la actualidad: «Los delincuentes le han perdido el respeto a las autoridades policiales y militares, y a veces cuentan con armas mejores y con mayor fuerza”.

Marmol García recalcó que no solo hay que investigar de dónde provienen las armas que usan estos grupos delictivos, sino también las municiones.

“Eso hay que detenerlo porque se puede multiplicar, son hechos lamentables que dejan ver la debilidad del Estado frente a grupos delictivos, esto se traduce en más zozobra y miedo para el ciudadano común”, dijo. 

Izquiel sentenció que cuando “El Koki” cayó en un enfrentamiento, alias “El Conejo” también fue perseguido, pero no se conoció más detalle sobre ese procedimiento y, al parecer, sigue operando en el sector de Las Tejerías.

“Otro ejemplo de impunidad es que se sabe que El Tren de Aragua está manejado por un ciudadano que está preso en la cárcel de Tocorón, en teoría, en custodia del Estado”, sumó. 

Dao señaló que después del operativo donde “El Koki” resultó muerto en Aragua, las autoridades al parecer se retiraron del lugar. 

No hubo permanencia en el sitio, tienes que regular eso para que la situación no se vuelva a salir de control. El trabajo en este tipo de zonas requiere una buena labor de inteligencia y determinar cuáles son los focos de violencia”, recomendó.

A juicio de Mármol García esta arremetida contra los módulos policiales no acabará aquí. “Estoy seguro que va a haber una respuesta por parte de funcionarios, especialmente del Cicpc”.