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#MonitorDeVíctimas | Balas perdidas de delincuentes y policías acabaron con la vida de 14 personas en 6 parroquias de Caracas
Tres municipios del Distrito Capital presentaron casos de muertes por balas pérdidas entre enero y junio de 2021: Libertador, Sucre y Baruta
12 de las víctimas fueron heridas en la cabeza y cinco de las víctimas eran mujeres
Tres parroquias que forman parte de los territorios controlados por la megabanda de “El Coqui” concentran 71,4 % de las muertes. Se trata de La Vega, El Paraíso y El Valle

 

@erickgncal

 

El lunes 24 de mayo, Diego Alejandro Infante decidió comenzar su rutina de ejercicio a las 12:00 del mediodía. Ya no tenía obligaciones pendientes en sus clases online de 5to año bachillerato, que usualmente lo llevaban a realizar su entrenamiento entrada la tarde.

Hasta su entrenador, quien abrió un gimnasio en la comunidad de Las Terrazas de la Vega debido a la pandemia del COVID-19, se sorprendió porque ese día había llegado más temprano de lo habitual.

Diego Alejandro no había ido a entrenar la semana anterior debido a que estaba terminando los últimos ajustes de su proyecto de grado, para optar por su título de bachiller. Como aquel lunes había una mañana soleada y tranquila, le pareció que era el momento de retomar su rutina. 

Pero ese día, otro enfrentamiento entre las bandas delictivas que operan en la parte alta de La Vega y la policía acabó con sus planes. Diego Alejandro fue heridos por una bala perdida. No estaba en la línea de fuego, se podría decir que estaba a salvo en su comunidad de las Terrazas de la Vega, mientras hacía ejercicio. Sin embargo, una bala sin orden ni dirección dio directo en su cabeza.

El adolescente, de 16 años de edad, falleció cinco días después, en el hospital Pérez Carreño de La Yaguara, luego de presentar una lesión cráneo encefálica. Le indujeron un coma para que bajara la presión en su cerebro. Sin embargo, la madrugada del 29 de mayo de 2021 sufrió un paro respiratorio.

Las muertes por balas perdidas han acaparado los titulares de las páginas de los medios desde inicio del 2021. Monitor de Víctimas, a través de su registro diario, contabiliza 14 casos de muertes por balas perdidas entre el 1ro de enero y el 15 de junio de 2021, en los cinco municipios de Caracas. 

Esta cifra es similar a la reportada durante todo 2020, cuando hubo 14 casos en 12 meses. Esto significa que en lo que va de 2021 se han producido en promedio dos muertes al mes por tiroteos ocurridos en zonas populares. 

En el municipio Libertador de Caracas se reportaron 12 casos, seis de ellos en la parroquia La Vega, en el contexto de los enfrentamientos entre funcionarios policiales y miembros de bandas delictivas de la zona. Hubo un caso en el municipio Sucre y otro en Baruta.

12 víctimas fueron heridas en la cabeza. Ninguna sobrevivió más de una semana tras ser alcanzada por el proyectil. En su mayoría fallecieron en el sitio donde se encontraban cuando recibieron el impacto.

Las víctimas de la expansión territorial de “El Coqui”

Los enfrentamientos entre la policía, principalmente la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, y la megabanda delictiva de la Cota 905 han sido el principal generador de violencia en La Vega, El Paraíso, El Valle, El Cementerio y sus alrededores. 71,4 % de las víctimas de balas perdidas vivían en estas zonas.

El grupo armado conocido como la banda de “El Coqui” ha logrado expandir su control territorial a la parroquia La Vega, y eso ha venido afectando la calidad de vida de los habitantes de esa localidad. Los vecinos sufren directa o indirectamente de los tiroteos, casi a diario, en su zona.

Desde finales de 2020, luego de que la megabanda delictiva liderada Carlos Calderón, alias “Vampi”; Carlos Luis Revette, alias “El Coqui”; y Garbis Ochoa Ruiz, alias “Garbis”, decidiera tomar control de La Vega para ampliar su territorio delictivo, los tiroteos y enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios policiales se volvieron más frecuentes.

Una de estas balaceras, que ya son “comunes” para los habitantes de La Vega, no parecía motivo para que Diego, sus amigos y el instructor, suspendieran su rutina de entrenamiento. El sonido de las detonaciones provenía de un lugar alejado. Ninguno imaginó que los proyectiles alcanzaran a la comunidad, mucho menos a Diego, quien por un momento se sentó en un banco.

Cuando las detonaciones se escucharon más cerca. Todos salieron a esconderse y protegerse de las balas, pero Diego todavía estaba acostado en el banco inmóvil. Un amigo lo fue a buscar y, entre el ajetreo por el sonido de los proyectiles, se percató que el adolescente estaba herido en la cabeza.

Así se lo relataron al padre de Diego Alejandro, Juan Carlos Rivas, de 51 años de edad, un promotor de música llanera, residenciado en el estado Barinas, en el occidente del país.

“Recibí la llamada. Fue lo peor que me han dicho por teléfono. Me llamaron a las 1:00 pm, creo que fue su mamá o uno de mis hijos. Estaba en Barinas y no podía salir de allí al instante. Sin embargo, logre cuadrar un carro y gasolina. Para las 7:00 am del siguiente día, ya estaba con mi hijo. Pero él estaba luchando por su vida”, relató Rivas.

Diego estaba a meses de salir de 5to año de bachillerato. Como muchos jóvenes, tenía planes de emigrar del país, una vez culminara sus estudios universitarios. Su padre, Juan Carlos, lo describió como un adolescente cariñoso y amable. “Era buen estudiante, le gustaba hacer ejercicio; debido a la cuarentena, comenzó una rutina en su casa. Siempre hablamos, más que todo de música. A él le gustaba mucho la de cantantes de habla inglesa, en especial Michael Jackson, su canción favorita era Thriller”, explicó.

En un limbo judicial

La procedencia de la bala que impactó en la cabeza de Diego aún es un misterio. Según los familiares de la víctima, la fiscalía no ha iniciado el proceso de investigación, para identificar a los culpables del hecho.

“Tengo entendido que se abrió un expediente, pero no nos han contactado para ver cómo inició la investigación. No queremos que el caso quede impune”, sostuvo Rivas.

Para investigar casos de muertes por proyectiles, los inspectores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), deben hacer pruebas de balísticas, por lo que necesitan el proyectil que causó la herida y el arma de fuego que se detonó. “Este proceso puede llevar meses, debido a que existen muchas irregularidades en los casos donde las personas mueren por balas perdidas. En especial, si en dicho enfrentamiento actuaron funcionarios de la FAES”, señaló una fuente cercana al Ministerio Público.

Enfatizó que, una vez identificada el arma de fuego, es más fácil llegar al culpable. “Sin embargo, el siguiente problema es que si el culpable es parte de una de las megabandas de la zona, es muy difícil que los funcionarios de seguridad puedan hacer cumplir la orden de aprehensión”, explicó la fuente.

Un informe publicado en 2016 por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, por sus siglas en inglés), y citado en un artículo por el periodista Javier Ignacio Mayorca, concluye que en 2015 Venezuela fue el segundo país de la región con más muertes por balas perdidas, con 57 casos.

En esa oportunidad, el comisario Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios de la policía judicial, explicó que la expresión ‘bala perdida’ se refiere a “proyectiles que impactan contra un individuo que no estaba en la mira de quien accionó el arma… Los agentes determinan que una muerte se produjo por esta razón cuando el proyectil impacta en el cuerpo de la víctima con poca fuerza… Los niveles de impunidad en estos casos son más elevados que los habituales en el país, debido a la dificultad para establecer un nexo directo entre la persona que hace los disparos y quienes resultan afectados”.

Una lista de impunidad

El funeral de Diego se llevó a cabo una semana después de ser herido por la bala perdida. El sitio de encuentro fue en su comunidad, las Terrazas de la Vega. Lo acompañaron sus hermanos, sus amigos del liceo y sus vecinos, todos con pañuelos blancos, cantando y aplaudiendo mientras paseaban el ataúd.

“Fue un funeral bonito. Fue bien despedido por sus amigos del liceo y sus vecinos. Nosotros estábamos abatidos por toda esta situación. Diego era un ángel que aspiraba a muchas cosas buenas. Dios quiso llevárselo. Tal vez era su momento. Ningún padre debería despedirse de sus hijos antes de tiempo”, relató Rivas.

La familia de Diego siempre recordará sus ocurrencias y su alegría. Pero es evidente que, en su casa, en su grupo de graduación y en su gimnasio faltará una persona. Tal vez en su casa vuelvan a escuchar su canción favorita, Thriller, para recordarlo. Las lágrimas volverán, Diego no.

No existe un patrón exacto en los tiroteos en los barrios de La Vega, la Cota 905 y el Cementerio. Pueden comenzar a cualquier hora del día. Y pueden durar horas. Las víctimas de las balas perdidas en los enfrentamientos también son variadas: cualquiera puede ser blanco.

Según los datos de Monitor de Víctimas, de las 14 personas fallecidas por las balas perdidas, tres eran niños, niñas o adolescentes; dos pertenecen al grupo de adultos mayores de 55 años de edad y el resto tenían edades entre 20 y 41 años de edad. Cinco de las víctimas eran mujeres.

La primera víctima por balas perdidas registrada en 2021 fue Nelson Enrique Villalta Lima, de 41 años de edad, el 8 de enero de 2021 cuando quedó entre la línea de fuego durante un enfrentamiento entre delincuentes de la banda de El Coqui y funcionarios de las FAES.

Mientras Villalta intentaba resguardarse de la balacera, recibió un disparo desde la parte alta de La Vega. Era profesor de la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical), en el núcleo Chapellín, y también trabajaba en el hotel Altamira como vigilante. Falleció en el sitio.

Nelson Duarte, de 41 años, fue el segundo fallecido por bala perdida la tarde del 8 de enero, durante el enfrentamiento entre funcionarios de la FAES con delincuentes de la zona. Falleció en la parte alta de la Calle Zulia.

A las 7:00 pm del jueves 11 de febrero de 2021, Juan Jhon Martínez Corrales, de 41 años, fue asesinado durante un enfrentamiento entre bandas delictivas de la Zona 7 del Barrio José Félix Ribas, en Petare, municipio Sucre.  La víctima era comerciante desde hacía 7 años, cuando llegaba a su casa, tras culminar sus labores, comenzó el tiroteo.

Uno de los proyectiles impactó al comerciante en la cabeza y le ocasionó la muerte en forma inmediata. Martínez Corrales era padre de dos hijos, uno de 2 años y otro de 18 años de edad.

Jeison Rafael Rivera Morales, de 28 años, falleció el 16 de febrero de 2021, en el barrio Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta, víctima de una bala perdida. El joven estaba en una fiesta callejera, cuando un grupo de delincuentes llegó disparando a los asistentes. Mientras corría, recibió un disparo en la cabeza. Falleció al instante.

El 19 de marzo de 2021, Edwin Méndez, de 17 años de edad, falleció a causa de una bala perdida, durante un tiroteo entre bandas rivales de El Valle. El adolescente regresaba de la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para averiguar qué cursos ofrecían.

Al llegar al barrio San Andrés comenzó el tiroteo. Una bala perdida del enfrentamiento le impactó en la cabeza. Falleció en el sitio. El adolecente era una nueva promesa del béisbol venezolano. Había ingresado al equipo  de la Universidad Central de Venezuela. Sus sueños se apagaron por la violencia en el barrio.

Ese 19 de marzo, pero en otro intercambio de disparos, falleció Deisy Coromoto Rivas Castro, de 55 años, quien estaba en el balcón de su apartamento en el edificio City Park, de El Paraíso, cuando una bala perdida la hirió de muerte.

Brenda Vanessa Palacios González, de 38 años, falleció el 2 de abril de 2021, resultado de una herida en la cabeza, provocada por el impacto de una bala perdida. El hecho ocurrió el 28 de marzo en el barrio de San Agustín, sector el Morín, calle sexta, durante un enfrentamiento entre funcionarios policiales y delincuentes de la zona.

La víctima fue llevada de emergencia hasta el hospital Clínico Universitario, en donde fallecería, luego de que le practicaron una operación cráneo encefálica.

El 13 de abril de 2021, falleció la tercera adolescente por causa de una bala perdida. Jeanquelis Dubraska Parra Ponce, de 13 años de edad, fue alcanzada por un proyectil que le impactó en la cabeza, durante un intercambio de disparos entre delincuentes del barrio San Agustín.

Parra conversaba con unas amigas en la entrada de su casa, cuando inició el tiroteo. Falleció al instante de recibir el disparo. Sus familiares claman justicia y protección en los barrios.

El 24 de mayo de 2021, Blanca Violeta Orellano, de 64 años, falleció a causa de una bala perdida, durante el tiroteo entre funcionarios de las FAES y delincuentes de La Vega.

La víctima vivía en la calle El Rosario, recibió un disparo en el abdomen. Falleció dentro de su casa. Era comisionada jubilada de la PNB, adscrita al Servicio de Tránsito Terrestre, y madre de un funcionario del mismo cuerpo policial.

Ángelo Grendel, de 27 años, iba como copiloto en un camión que circulaba por la autopista Valle-Coche cuando fue alcanzado por una bala perdida en la cabeza. El hecho ocurrió el 30 de mayo.

Desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm del 14 de junio, un enfrentamiento se desarrolló en la parroquia La Vega, entre miembros de la megabanda de “El Coqui” y funcionarios de seguridad del Estado. 

El tiroteo dejó 2 víctimas por balas perdidas: Guillermo José Gregorio Belisario, de 50 años de edad; y Yoraima Margarita Díaz Araujo, de 47 años de edad.

Gregorio Belisario falleció mientras ingresaba a un local comercial en la calle San Antonio, cercano a una cancha deportiva en La Vega; mientras que Díaz Araujo fue alcanzada por una bala perdida en las cercanías de la redoma de La India, entrada del sector.

El tiroteo inició en los 12 puntos de control de la Policía Nacional Bolivariana distribuidos en La Vega, que habían sido instalados el fin de semana pasado, para frenar el avance de la megabanda delictiva de “El Coqui”.

El lugar fue atacado por supuestos delincuentes de las bandas delictivas de la Cota 905, en respuesta al operativo iniciado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde según fuentes oficiales participaron 1.420 funcionarios del Estado entre oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE).

La toma de sectores de La Vega por parte de la megabanda de “El Coqui”, la intervención policial en el sector y las acciones del Estado para frenar la avanzada delictiva, han puesto en peligro la vida de sus ciudadanos. La única certeza, frente a la falta de información oficial es que en La Vega faltan seis personas.

 

A doscientos años de Carabobo, por Laureano Márquez P.

Fragmento de la obra Batalla de Carabobo, de Martín Tovar y Tovar (1827 – 1902).

@laureanomar

El bicentenario de la batalla de Carabobo habría sido una magnífica oportunidad para reflexionar sobre el rumbo del proyecto que allí comenzó el 24 de junio de 1821. Una ocasión propicia para hacer un balance de la mano de historiadores, intelectuales y personas destacadas del quehacer cultural sobre cómo van marchado las cosas después de dos siglos de vida independiente. Pero para ello se requeriría que un mínimo de decencia y no es el caso. Aunque quizá sobre nuestro estado de cosas ya la mayoría tiene un juicio claro: el proyecto marcha muy mal, casi que podríamos decir peor que nunca. Uno de los pocos actos que ha trascendido es el encuentro auspiciado por  el «Concejo Nacional Espiritista».

Cuando pensamos en la batalla de Carabobo, nos viene a la mente el cuadro de Tovar y Tovar pintado en la cúpula del Salón Elíptico del Palacio Federal (no sé si se siguen llamando igual o han cambiado a Salón comandante Elíptico y a Palacio Federal María Lionza, por ejemplo).

La batalla de Tovar y Tovar es infinita. Por ser elíptica, como la cúpula, no tiene comienzo ni final, lo cual tiene un profundo sentido simbólico. Cada día que el «sol nace en el Esequibo» (que, dicho sea de paso, el régimen venezolano ha entregado con la habitual indolencia que manifiesta para todo lo que es caro al destino nacional) se libra no una, sino muchas batallas de Carabobo y cada día se gana o se pierde, no ya frente al general De la Torre, sino contra los enemigos que desde el 24 de junio de 1821 se le han venido presentando a ese proyecto político al que pertenecemos.

Cuando se destruyen las universidades públicas, se pierde una Batalla de Carabobo. También cuando se incendia una biblioteca; cuando no se vacuna adecuadamente a la gente, sino en función de lealtades políticas; cuando se encarcela, se tortura y asesina al que piensa diferente; cuando no se permite a la gente votar libremente; cuando se mantiene a una población al borde de la inanición; cuando se destruye la industria petrolera, fundamento de la economía; cuando se asesinan indígenas por la ambición de oro, mientras se derriban estatuas de Colón; también cuando se va la luz y el agua. En cada una de estas circunstancias y en muchas otras, Venezuela pierde cada día una batalla de Carabobo.

El cuadro te Tovar y Tovar nos muestra a unos soldados elegante e impecablemente uniformados. No vemos los horrores de la batalla y no es una crítica al pintor, que tendría que presentar la visión más romántica del hecho. Sin embargo, ese día allí murieron cerca de tres mil personas entre españoles (la mayoría) y patriotas, cuyos huesos deben estar por ahí en algún lugar de aquella sabana. La batalla fue cruenta, seguro la mayor parte de los soldados de Páez estaban medio desnudos y, los que tenían uniforme, no lo lucirían planchado con esmero, sino con toda certeza sucio y raído.

¿Por qué luchaba esa gente? Puede que, en primer lugar, por la fuerza de la costumbre. Llevaban diez años peleando, primero con Boves, luego con Bolívar. Tal vez las palabras que más aparecían en la boca de los generales que los animaban al combate eran las de «independencia» y «libertad». Quizá tendríamos que evaluar, a doscientos años de Carabobo, cómo marcha la patria en términos de independencia y libertad.

La independencia que el ejército libertador consiguió aquel 24 de junio, prácticamente se ha perdido. No solo porque una pequeña isla dirige nuestro destino, sino también porque nuestro futuro está endosado a China y Rusia.

Irán es otro que anda por estos lados pescando en río revuelto. Pero, más allá de los países, todo tipo de organizaciones armadas amenazan nuestra independencia. A estas alturas no se sabe bien si puede decirse que el estado Apure es enteramente parte del país. La guerrilla o, mejor dicho, las guerrillas gobiernan extensiones importantes del territorio nacional.

Eso sin entrar a hablar de los feudos que, especialmente en la capital, ha establecido el hampa organizada y, frente a los cuales el hampa desorganizada no tiene prácticamente ninguna capacidad de acción. Si en 1821, la independencia teníamos que conquistarla solo de España, en 2021 la reconquista de la independencia tiene muchas batallas por delante. Y en lo que respecta al ejército «forjador de libertades» de Carabobo, solo contamos con uno que forja opresión para su propio pueblo, entre otras cosas.

No es prudente opinar por los difuntos, pero como conocimos su opinión en vida y estamos en plan espiritista, es lícito afirmar que el Libertador estaría bastante más decepcionado de lo que lo estuvo a su muerte en Santa Marta. Incluso, seguramente, su indignación sería mayor al conocer que todo lo que se hace negando sus ideas y postulados, tiene, curiosamente, como fundamento su nombre.

No tenemos suerte con los centenarios de Carabobo: el primero también se conmemoró en dictadura, aunque aquella, con todos sus males, al menos construía. Entre otras cosas, en propio monumento dedicado a la memorable batalla en lugar donde transcurrieron los hechos. Del segundo, la noticia que más ha circulado es el aludido encuentro espiritista. Que yo en su lugar no andaría por ahí conjurando espíritus y menos el de Bolívar.

En todo caso, rindamos nosotros un íntimo homenaje a todos los que en Carabobo dieron su vida por un sueño que, doscientos años después, sigue pendiente de hacerse realidad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Paulina Gamus: “Yo no me dediqué a la política para hacerme rica sino para que me reconocieran”
Abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela, Paulina Gamus se dedicó a la política activa durante más de 30 años desde Acción Democrática. Fue concejal, parlamentaria y ministra. Hoy, a sus 84 y sobreviviente del covid, nos recibe en su casa, un apartamento sobrio y discreto en Caracas, para esta conversación en que repasamos momentos de su vida y del país

@diegoarroyogil

 

Un mar de elocuencia y de carácter. Cruza el umbral de la puerta que conecta las habitaciones con la sala de su apartamento y pregunta “¿Ya llegaste?”, como si estuviera acostumbrada a recibir a un invitado que sin embargo está en su casa por primera vez y que nunca, hasta ahora, ha conversado con ella en persona. Saludo de pandemia: codo con codo. “Siéntate donde tú quieras –dice–, puede ser en cualquiera de esas dos sillas, que son cómodas”. Aunque prefirió que no se le hicieran fotos para ilustrar esta entrevista porque, según ella, no anda de buen look, tres horas antes, con ocasión de reconfirmar este encuentro, la llamada telefónica la pilla en la peluquería. El afán no es nuevo: quien la recuerda sabe que siempre, estuviera en el Congreso de la República, en una rueda de prensa en Miraflores o en un estudio de televisión, Paulina Gamus lucía, como hoy, impoluta. Lleva pantalón negro, suéter de rayas blanquinegras, labios de carmín, un collar, aretes, pulseras, un reloj discreto pero regio y el pelo corto de señora recién hecho.

Concejal, parlamentaria, ministra y dirigente de Acción Democrática durante la democracia, se retiró de la política activa en 1998 porque se dio cuenta de dos cosas: la primera, que había cumplido un ciclo “y estaba cansada de oírme a mí misma”, y la segunda, que, dado su ascendiente, se sintió corresponsable de los errores que habían derivado en la llegada de Hugo Chávez al poder, una derrota histórica que le recomendó pasar a la retaguardia y ejercer, desde allí, una especie de senaduría simplemente ciudadana que la terminó de fijar como una articulista de verbo directo y preciso. Nunca fue de medias tintas y tiene talento para escribir. Sus memorias, Permítanme contarles, publicadas por Libros Marcados (2012) y reeditadas por Dahbar Ediciones (2017), está aún en librerías.

Cruza el umbral de la puerta y pregunta “¿Ya llegaste?”, mientras camina ayudada por un bastoncito que usa para no esforzarse más de lo debido tras haber superado el covid. Deja el bastoncito a un lado, se sienta y explica:

–Si estoy tranquila o en reposo no pasa nada, pero si camino mucho se me baja la saturación de oxígeno en la sangre y tengo que ponerme el respirador. Son las secuelas del covid, que me tuvo una semana hospitalizada. Ahora resulta que el síndrome post-covid puede hacer que se me caiga el pelo, como les pasó a dos amigas, y estoy aterrada, pero les agradezco a Dios y a la vida que me hayan permitido sobrevivir. Tengo 84, mucha gente mucho más joven que yo se ha muerto y yo no me morí.

–¿Se siente joven?

–No me trates de usted. Trátame de tú y de Paulina.

–Bueno… ¿Te sientes joven?

–Me siento joven de mente. No “demente”, o sea, loca, sino “de mente”. ¿Sabes por qué? Porque me adapto mucho a las cosas juveniles. No me visto de joven ni hago tonterías de joven, pero creo que entiendo bien a los jóvenes. Sobre todo después del covid he estado débil, pero en cuanto a mi parte mental y espiritual y a mi manera de reaccionar ante la vida, me siento joven. Trato de vivir sin amarguras, trato de apartarlas. Si hay un artículo de prensa que empieza diciendo que Venezuela se hunde, que Venezuela se desintegra, que Venezuela se acabó y tal, no lo leo. No porque crea que eso no está pasando, sino porque no quiero agregarle una carga depresiva a mi estado de ánimo. Yo estoy en modo avestruz, con la cabeza enterrada. Una amiga me dijo: “A las personas que están en modo avestruz puede que las ideas les salgan por el fundillo”. Pero no usó la palabra fundillo sino la otra. Me molesté mucho y le respondí que no fuera irrespetuosa, que creo que mis ideas todavía funcionan. Estar en modo avestruz es no estar todo el día… tú sabes. Yo leo la prensa nacional e internacional, pero rechazo todo lo que sean tragedias innecesarias: que si un tipo descuartizó a mil mujeres en México. Yo no voy a leer eso. –Señala la mesita de la sala y dice–: Ahí tienes unos dulcitos, no te vayas a comer uno solo, al menos dos, y los que queden te los puedes llevar, son para ti.

–Gracias. Me he dado cuenta de que las señoras judías, en general, ofrecen dulcitos. Son muy “idishe mame”, como dicen ustedes: muy madres.

–¿Ah sí? Fíjate que cuando los judíos de Marruecos regalan un dulce, suelen decir: “Dulce lo vivas”. Me parece muy bonito.

–Aunque usted…, aunque tú no eres una judía de Marruecos.

–No, yo nací en Caracas, en 1937. Mi padre era un judío de Alepo, Siria. Los judíos árabes se conocen como mizrajim. No es verdad, como dijo Ben-Gurión –ex primer ministro de Israel–, que solo hay judíos sefarditas y askenazíes. Nuestro apellido original en árabe es “Djamous”, pero aquí era más fácil Gamus. Mi madre era de Salónica, Grecia, era judía sefardita. Mis dos familias llegaron a Venezuela entre 1927 y 1929, cada una por su lado, por razones personales y económicas. Querían ir a los Estados Unidos, pero las visas eran costosas, en cambio las visas venezolanas no costaban nada. Mis padres se conocieron y se casaron aquí en Caracas.

–Con esa mezcla: Siria, Grecia, Venezuela, ¿cuando eras niña te preguntabas de dónde eras?

–No, nunca me lo pregunté, pero hace unos 15 años les escribí a mis nietos una historia que llamé “¿De dónde venimos?”. Todos mis nietos nacieron en Venezuela, aunque ahorita no viven aquí. Por mi parte tienen Siria y Grecia; por parte de su abuelo materno, Marruecos; y por parte de sus otros abuelos, Rumania, Yemen y Palestina. Quiero que mis nietos tengan ese recuerdo, que sepan que sus antepasados no llegaron a Venezuela ni en un avión ni en un crucero sino en la tercera clase de un barco, que pasaron trabajo, que la vida de nuestros ancestros no fue para nada fácil, que nunca fueron ricos pero que tenían principios. Ahora, cuando estuve hospitalizada por el covid, les grabé a mis seis bisnietos, con mi voz ya no tan sonora, las canciones infantiles que aprendí en mi escuela primaria, para que tengan alguna conexión con las raíces venezolanas de sus padres, abuelos y bisabuelos. De mis seis bisnietos, cuatro son colombianos y dos norteamericanos.

–Vista la vida en perspectiva, desde sus 84, ¿dirías que uno cambia con los años? Hay quien dice que el carácter, aunque sume matices, en el fondo es inalterable.

–A mí me hizo cambiar mucho dejar la política activa. Yo leo sobre política y escribo sobre política. Quien ha estado en la política no se aleja de ella. Pero cuando dejé la política activa, cuando dejé de estar preocupada por lo que iban a decir de mí, por lo que iban a hacerme, que si los adecos me iban a clavar un puñal por la espalda…

–¿Los adecos? Pero si tú eras adeca.

–Mis mejores amigos estaban en Copei. De eso puedes estar seguro –dice, en clara referencia a que el mundo partidista está lleno de acuerdos pero también de rencillas.

–Ya.

–Dejé la política activa y me hice más tolerante, menos agresiva. Ahora recibo mejor las cosas negativas. Antes era más sensible.

–¿Y en qué no has cambiado?

–En mi sentido del humor. Siempre trato de buscarle el lado divertido a la dificultad. Me da pena decirlo, pero en el velorio de mi papá no hice más que reírme. Las mujeres árabes amigas de mi casa se daban golpes en el pecho y en la cabeza, y a mí eso me hacía reír porque me parecía insólito. En mi familia tenemos mucho humor.

–Siempre has parecido una persona fuerte, ¿cuál es tu debilidad?

–Mi familia.

–Me refiero a una debilidad tuya personal.

–¿Mía? –Piensa–. ¿Qué será? –Piensa–. No voy a ser tan inmodesta como para decir que no tengo debilidades. –Piensa–. Tampoco soy muy fuerte. Es la imagen que doy, quizá.

 –Concejal, parlamentaria, ministra, dirigente de AD, si volvieras a tu juventud, ¿volverías a dedicarte a la política?

–No lo sé. Yo quería ser cantante y un día me invitaron a cantar en Radio Continente, pero al llegar me encontré con Amador Bendayán, que era hermano de una tía política mía, y Amador me preguntó: “Mi amor, ¿qué haces aquí?”. Yo le dije una mentira y me fui ‘espepitada’ de ahí. Tenía 14 años, estaba escapada de la escuela y si mis padres se enteraban… Los políticos tenemos necesidad de reconocimiento, igual que los artistas. Un poco fue eso en mi caso, no sé si en el de los demás. Por eso me cuidé muchísimo de la corrupción. Cualquiera podría decir que yo fui corrupta, pero no, he sido una persona correcta, la gente lo sabe y me siento muy orgullosa de eso. Yo no me dediqué a la política para hacerme rica sino para que me reconocieran.

–¿Era muy fácil ser corrupto siendo político?

–Sí, porque no faltaba quien te ofreciera cosas, aunque los que ofrecían sabían a quién ofrecerle, y como yo no tenía un gran poder, no podía favorecer a nadie y no me molestaban. Además, aunque hubiera sido así, nunca en la vida.

–El día que el doctor Ramón Velásquez se despidió de la presidencia de la República dijo que, en Venezuela, “para estar con la conciencia tranquila hay que hacer lo que se debe y dejar de decir lo que se quiere”. ¿Estás de acuerdo?

–Es una buena frase, sí. Como político uno tiene que cuidarse de lo que dice. No se puede ser falso ni mentiroso con la gente.

–Ese mismo día, Velásquez también dijo que este “es un país implacable”.

–¿Implacable? Todo lo contrario. ¿Le cobramos algo a Chávez, el culpable de muchas de nuestras desgracias, aunque no el único culpable? Aquí olvidamos con una facilidad enorme, tal vez porque como los escándalos se suceden con tanta rapidez, no hay tiempo para ser implacable con uno cuando ya viene el otro. No sé. Velásquez era un historiador y yo no lo soy. A lo mejor él no solo veía el siglo XX sino también los anteriores.

–¿Cuáles fueron los errores de tu generación que permitieron el ascenso de Chávez al poder?

–El conformismo. Nos bastaba con ganar elecciones y tener mayoría parlamentaria para evitarnos el duro trabajo de hacernos una autocrítica y entender por qué crecía y tenía tanto éxito la antipolítica, cómo y por qué se iba desmoronando la ilusión democrática.

–¿Te persiguen esos fantasmas?

–Nunca dejo de recordarlo: Chávez ganó las elecciones un domingo, el 6 de diciembre de 1998, y al día siguiente, en la reunión de todos los lunes de la dirección nacional de Acción Democrática –Paulina Gamus era la segunda vicepresidente del partido–, Lewis Pérez, el secretario general, lo que planteó como discusión fue qué íbamos a hacer para la campaña de la Asamblea Constituyente [de 1999]. Ni una sola palabra para referirse al resultado de las elecciones ni a lo que nos había pasado. Ni una sola autocrítica. Pero la desgracia venía de antes. Chávez fue quizá la consecuencia de otro caso: cuando ganó Caldera, con el ‘chiripero’, en diciembre del 93. Como Acción Democrática y Copei hacían mayoría parlamentaria, no consideramos que teníamos que sentarnos a ver de dónde había salido la votación de la Causa R, que de tener tres diputados pasó a 40 y pico.

–Tal vez mi generación es demasiado cruel con la tuya. La cree culpable del origen. Pero ustedes también podrían decirnos a nosotros que no hemos sabido detener el avance de lo que comenzó antes.

–No, no. Los jóvenes no tienen ninguna responsabilidad.

–¿Cómo que no? Éramos adolescentes en 1998 y hoy somos unos hombres. Han pasado más de 20 años y…

–Está bien, está bien –ataja Paulina–, pero no puedes analizarlo así. ¿Cuáles han sido las condiciones? Los jóvenes han marchado, a los jóvenes los han perseguido, los han torturado, los han botado del país, los han matado, pero nosotros… Como te dije: primero, los partidos perdieron la conexión con la gente, se burocratizaron, y por otro lado estaba la antipolítica, auspiciada por intelectuales de renombre y por dueños de grandes medios de comunicación.

–¿Pero cómo es posible que Acción Democrática apostara por Luis Alfaro Ucero como candidato sabiendo que no iba a llegar a ninguna parte?

–Eso fue una tragedia… Mira, yo estoy convencida de que cuando a alguien le dicen que es una maravilla y que debe ser presidente, la persona se lo cree. Yo misma me lo creí cuando me propusieron ser precandidata de Acción Democrática para las presidenciales del 93. Me lo creí y me lancé, y estando en campaña me di cuenta de que aquello era un absurdo y comencé a burlarme de mí misma. Alfaro Ucero era el hombre más poderoso de Venezuela durante la segunda presidencia de Caldera. Los ministros iban a casa de Alfaro para consultarle las decisiones del Gobierno, para que Acción Democrática les aprobara las decisiones en el Congreso. Entonces pasó eso: a Alfaro le dijeron que era una maravilla y que tenía que ser presidente y él se lo creyó.

–¿Y nadie en el partido le dijo que estaba equivocado?

–Dos personas: Arístides Hospedales y yo, que éramos muy cercanos a él.

–¿Y qué les dijo?

–Que no, que él creía que era su oportunidad. Después, en plena campaña, cuando se decidió que Acción Democrática apoyara a Salas Römer como candidato unitario contra Chávez y Alfaro se negó, tanto Arístides como yo y casi todo el mundo votamos por su expulsión del partido. Luego, en enero, yo lo llamé para darle el feliz año y su hija no me dejó hablar con él. Lo lamenté, porque yo le tenía cariño a Alfaro.

–Perdóname que te haga esta pregunta: ¿te agobia pensar que podrías morirte sin haber visto la salida del chavismo del poder?

–No me agobia porque sé que me va a ocurrir. Yo espero que lo vean mi hija y mis sobrinos, que todavía viven aquí. Mis nietos, como te digo, están fuera. ¿Volverán? A lo mejor el mayor, que adora Venezuela. Esto está muy difícil, aunque yo voy a votar –se refiere a las elecciones regionales pautadas para noviembre de 2021–. Aun si no están dadas todas las condiciones, si hay un acuerdo masivo de la oposición, yo voy. Eso sí: la gente tiene que convencerse de que ir a votar por alcaldes y gobernadores no significa sacar a Maduro. Quien piense que eso es así está equivocado. Ni las negociaciones son para eso.

–¿Para qué son?

–Para tratar de flexibilizar algunas cosas de tipo político y económico, pero Maduro no va a negociar su salida, olvídate. Al menos yo no lo creo, quisiera estar equivocada.

–¿Y entonces?

–Bueno, ellos piensan en una especie de gobierno a la China, un capitalismo comunista. Y el país está anestesiado. Primero, hay seis millones de venezolanos que se fueron: quítale esa cantidad de gente a la población de Venezuela. Segundo, hay un porcentaje de los que no se han ido que viven en la burbuja de los dólares y están tranquilos con esa vida falsa. Y tercero, están los que tampoco se han ido y están pasando hambre, y quien está pasando hambre, qué va a hacer, si precisamente está pasando hambre. Ese es uno de los métodos de este tipo de regímenes: poner a la gente a buscar comida para que no pueda hacer más nada. Fue lo que hicieron Stalin y Mao con las hambrunas. Aquí hay manifestaciones, pero aisladas, y además son reprimidas de una manera brutal. Piensa en el Zulia. Todos los gobiernos de Venezuela adulaban al Zulia. Ser gobernador del Zulia era casi ser presidente de Venezuela. ¿Y qué le han hecho al Zulia? Lo han aplastado quitándole todo, todo.

–Mucha gente de oposición hoy en Venezuela, sobre todo jóvenes, creen que es imposible ser de izquierda nunca más, porque entienden izquierda como chavismo de un modo acrítico.

–Para mí los términos derecha e izquierda están totalmente demodé. Y además este régimen no tiene ninguna ideología. Estos son unos tipos que decidieron atornillarse en el poder y enriquecerse, eso es todo. Y como no tienen para dónde irse. ¿Para dónde se van a ir? A ellos les encantaría ir para los Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia, qué sé yo. ¡Pero si no hablan ningún idioma, de milagro el español! No, no. No tiene sentido hablar de izquierda y de derecha, aunque les guste en España y en Europa en general. El mundo se mueve hacia algo verdaderamente terrorífico.

–¿Qué podrían oponer los demócratas, digamos, ante una situación como esa?

–Es que la democracia en el mundo está como apagada, está un poco como estamos los venezolanos: anestesiada, sin instrumentos. Hay un vuelco hacia el radicalismo.

–Tú has sido una mujer defensora de las mujeres, ¿cómo vives el feminismo actual?

–Si se trata del feminismo de “miembros y miembras”, me parece detestable. El feminismo que me interesa es el que promociona a las mujeres, el que hace algo para que las mujeres mejoren, no el que se basa en odiar a los hombres y en saltar para hacer con el feminismo lo que hace el machismo.

–¿Estás de acuerdo con la legalización del aborto?

–Sí.

–¿Y con el matrimonio igualitario?

–También.

–¿Siempre has pensado así o es algo que te ha dado el tiempo?

–He cambiado… No te has comido ni un dulcito.

–¿Cuál es el momento más importante de tu carrera política?

–Me sentí muy realizada cuando dije el discurso oficial del 5 de Julio en el Congreso, en 1992. Todo lo que yo pensaba que había que decir sobre lo que venía sucediendo en el país lo dije ahí. Para mí, la verdadera ruptura de Venezuela no comenzó con el golpe de Chávez sino con el Caracazo. Fui presidenta de la comisión parlamentaria que investigó lo que pasó ese día tan doloroso y tan vergonzoso.

–¿Por qué el Caracazo fue la verdadera ruptura?

–Porque fue a partir del Caracazo que comenzó la guerra contra la democracia y que Carlos Andrés Pérez comenzó a dar traspiés.

–¿Crees que el Caracazo fue organizado?

–Al principio lo pensé, pero en la investigación que hicimos en el Congreso no encontramos nada que demuestre que fue organizado. Creo que el Caracazo fue espontáneo en sus comienzos y aprovechado después. Chávez no se hubiera atrevido a dar el golpe sin el ambiente que se formó después del Caracazo. Ese fue el plomo en el ala de Carlos Andrés y de Venezuela. Desde entonces nada fue igual.

–¿Y de aquellos polvos vienen estos lodos, como dice el refrán?

–Ya sabemos.

–¿Salvaría a hoy a algún político de oposición?

–He optado por no hablar mal de ninguno. Aquí es necesaria la unidad opositora, aunque sea pegada con chicle. Siempre admiré a Capriles, y de verdad que le tengo admiración a Juan Guaidó: se habrá desinflado, habrá perdido su popularidad, pero ha sido un muchacho perseverante y valiente. Lamentablemente, la política es así.

–¿Hay alguna figura del Gobierno que respetes?

–Me estás pidiendo demasiado.

–Para terminar, me robo una pregunta que Leonardo Padrón inventó para la radio: ¿una frase que se te parezca a lo que piensas de Venezuela?

–Un águila majestuosa que volaba muy alto… y le cortaron las alas.

#CrónicasDeMilitares | Sobre el tema militar, por Elías Pino Iturrieta

El tema militar más allá del patrioterismo. Monumento a Simón Bolívar en La Paz, Bolivia. Foto: Francisco Riveros Machicado / Wikimedia Commons, 2018 (interv. por Runrunes).

@eliaspino

Por razones obvias, la memoria nacional ha girado en torno a asuntos bélicos y a episodios de cuartel. Si la república nace en un campo de batalla, lo más natural es que se acuda a los fragores de la cuna para explicar el futuro, o para solazarse en los hechos que nos dieron origen como establecimiento autónomo. No tiene sentido alarmarse por esa predilección, debido a que en las obras de los hombres de armas encontramos las más evidentes y célebres de nuestras realizaciones como sociedad.

Están de moda las poses de alejamiento de los asuntos del militarismo debido a las reacciones de la actualidad frente a las tropelías de la dictadura “bolivariana”, que se ha solazado en la exaltación de las soldadescas, pero tal conducta subestima la trascendencia de lo que realmente hicieron por la patria los hombres de lanza y espada entre 1811 y 1830. Y, a la vez, magnifica el trabajo de los próceres civiles hasta el punto de juzgarlos como piezas claves de la Independencia.

La nueva valoración de los políticos y los héroes-capitanes merece tratamiento específico, pero debe señalarse entre los temas pendientes de un análisis equilibrado.

De momento, se ocupará nuestras sucesivas columnas solo de lo referido a la república en armas de la cual venimos y ante la cual ahora queremos ponernos recelosos y distantes.

Se puede pensar, en primera instancia, que volvemos a un tema manido, a unos asuntos demasiado conocidos y excesivamente celebrados. Ciertamente se pueden llenar bibliotecas enteras sobre la materia, con producciones que provienen del siglo XIX para mantener su profusión en la actualidad, con obras que han permanecido en el interior de la sensibilidad colectiva y prometen continuidad. Pero la inmensa masa de tal bibliografía es de tono apologético o, en el mejor de los casos, literatura que no traspasa los límites de la corrección ante las hazañas de los héroes. Además, se trata de un caudal de escritura cuyo empeño también consiste en el descrédito del enemigo, como si los procesos fueran apenas una hostilidad de héroes y villanos, una cruzada de los ángeles contra los demonios.

De allí que ahora anunciemos la posibilidad de ver esa historia desde una perspectiva diferente. A través de crónicas que se presentarán a partir de la próxima semana, otra óptica de lo militar tratará de ofrecerse con la pretensión de mostrar detalles diversos, asuntos subestimados por los libros más conocidos, narraciones que puede sugerir verdades ocultas en el manto del patrioterismo.

Ya una nueva historiografía le está metiendo diente afilado a ese menú, y seguramente aprovecharemos su contenido para que nos dejemos de reverencias exageradas ante el bronce de los padres de la patria, pero la mayoría de los fragmentos saldrán de una inquietud anterior del escribidor con la pretensión de buscar sendero seguro para una memoria en cuya orientación se ha exagerado desde la academia y desde la política.

Por allí van los tiros de la serie de artículos que podrán leer a partir de la próxima semana. Tienen la esperanza de sugerir recuerdos útiles de veras para salir de un entendimiento acartonado de las grandes obras del pasado heroico, posibilidad que tal vez permita cierta lucidez al enfrentar los retos de la actualidad.

Venezuela registra 16 muertes por COVID-19 y 1 334 nuevos contagios este #22Jun
De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de muertes asciende a 2989 y el de contagios a 263.372

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó vía Twitter la noche del 22 de junio que, en las últimas 24 horas, se reportaron en el país 16 fallecimientos por COVID-19 y 1 334 nuevos contagios (1 317 casos por transmisión comunitaria y 17 “importados”). Con estas cifras, el total de muertes asciende a 2989 y el de contagios a 263.372.

4 hombres de 73, 91, 63 y 69 años – Aragua

2 hombres de 71 y 82 años y 1 mujer de 48 años – Sucre

2 hombres de 58 y 63 años y 1 mujer de 79 años – Zulia

2 mujeres de 70 años y 37 años – Lara

1 mujer de 29 años y 1 hombre de 78 años – Apure

1 hombre de 78 años – Miranda

1 mujer de 57 años – Nueva Esparta

“Barinas es la entidad donde hoy se detectan más nuevos contagios comunitarios (163), con casos activos en 7 municipios; le siguen los estados: Aragua (153), Lara (152) y Caracas (114)”, tuiteó.

Rodríguez precisó que hay 243.840 pacientes recuperados (93%) y 16.543 casos activos. 

Con respecto a los casos “importados”, dijo que 10 son provenientes de Panamá, 5 de México y 2 de Turquía.

ESPECIAL | Venezuela: detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, otros altos funcionarios y cuerpos policiales de comercializar medicamentos y pruebas de detección rápida de COVID-19, según una investigación de Runrunes y El Pitazo, en el marco del proyecto ‘Vigila la pandemia’*. Especialistas consultados sostienen que se trata de una “pantalla” y que los grandes casos de corrupción en el sector salud no son investigados. La llamada ‘justicia mediática’, detenidos sin paradero y sin procesos que garanticen una adecuada defensa marcan la irregular gestión gubernamental contra la pandemia en Venezuela.

Por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann, Lisseth Boon y Grisha Vera

 

El primer caso de venta ilegal de medicamentos para tratar el COVID-19 en Venezuela fue informado por el propio Nicolás Maduro. “Es una irregularidad terrible. La investigación está avanzada, gente vendiendo en dólares la medicina que el país trae y la da gratis a los hospitales. Vendiendo ese medicamento en 4 mil o 5 mil dólares, que es gratis, que se la damos a las clínicas privadas y a los enfermos de Covid”, dijo el presidente venezolano el 9 de septiembre de 2020 durante una actividad pública.

Cuando anunció el caso, Antonio José Amell Cantillo, un médico de nacionalidad colombiana de 27 años, que cursaba su residencia en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, estado Carabobo, llevaba dos días detenido. Lo apresaron el 7 de septiembre en su domicilio, luego de que circulara un video en las redes sociales en el que se ve al médico presuntamente negociando unos medicamentos. Desde Colombia, su familia denunció una presunta desaparición forzada y la ONG Foro Penal, defensora de presos políticos, informó que había recorrido varios sitios de detención en Carabobo y no logró dar con Amell. 

El fiscal general de Venezuela designado por el gobierno de Maduro, Tarek William Saab, aseguró aquel 9 de septiembre que a Amell Cantillo se le imputaba por los supuestos delitos de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad), contrabando de extracción y asociación para delinquir. En esa misma rueda de prensa, Saab dio a conocer que la comerciante Francis Margarita Aguiar Salazar, de 52 años, encargada de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de la CHET, también había sido detenida. En su local, incautaron planillas y formularios de documentos oficiales que supuestamente servían para comercializar los fármacos sustraídos del hospital. En consecuencia, a Aguiar se le imputó por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Saab afirmó que Amell y Aguiar mantenían vínculos con al menos cinco farmacias privadas para vender los medicamentos sustraídos del hospital. “El director de ese hospital, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte”, dijo el fiscal. Por este caso fueron detenidas cuatro personas más. 

Runrunes y El Pitazo registraron 40 detenciones en Venezuela, entre mayo de 2020 y abril de 2021, de individuos señalados por cuerpos policiales y funcionarios del Gobierno, acusados de comercializar medicamentos, pruebas de detección rápida de COVID-19 y presunta falsificación de resultados. 

La mitad de los señalados son trabajadores del sector salud. Se pudo conseguir información extraoficial del estatus de 13 de los detenidos, pero de esta investigación surge que en 67% de los casos no hay información sobre cada procedimiento judicial. 

Septiembre de 2020 fue el mes en que se detuvo a Amell y el que aparece con más detenciones durante la pandemia. Solo por el caso del médico colombiano las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos al director del Hospital y a Juan Yánez, presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). Ambos fueron destituidos de sus cargos y excarcelados el 30 de diciembre, tras 113 días privados de su libertad. Mientras tanto, de acuerdo con las cifras oficiales, agosto y septiembre fueron los meses donde más contagios y fallecidos se reportaron durante el primer año de la pandemia en el país. Sólo en agosto se registraron 28.154 casos, el 62% de los 46.728 que había hasta esa fecha, como publicó Runrunes.

El abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal —una ONG venezolana que defiende presos políticos—, explicó que el Gobierno está convirtiendo investigaciones en instrumentos para consolidar una hegemonía con fines políticos, en lugar de propiciar la administración de justicia. 

“Lo que está pasando es que el Estado no está garantizando el derecho a la salud y en ese contexto es normal que la gente busque resolver su problema de una manera informal. El problema de fondo, que es la carencia de medicamentos e insumos, no se resuelve metiendo presas a 30 o 40 personas”, afirmó Himiob.

 

Justificación de una gestión ineficaz 

Rafael Alejandro Portales Navarro (31) y Zulay del Carmen García Serrano (33) son médicos cirujanos, especialistas en traumatología, que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2020 por funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de la Policía de Aragua. 

Al momento de la detención, ambos trabajaban en el Hospital Clínico Universitario, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela. La versión policial indicó que, después de un trabajo de investigación, los médicos fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban vender 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19, a razón de 30 dólares cada una. 

En la detención se incautaron 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19. Foto: Policía de Carrizal

 

La identidad de los médicos se dio a conocer de inmediato y se distribuyeron fotografías en las que se veían los rostros de los detenidos, aunque en la práctica policial venezolana la mayoría de estas tomas fotográficas suele realizarse de espalda a la cámara. Además, se difundieron fotos de sus respectivos carnets de trabajo donde se podían ver sus rostros y otros datos personales. 

Al día siguiente de la detención, en las redes sociales circuló la imagen de una boleta de libertad (N.139-20), firmada por Nitzaida Vivas Martínez, juez del estado Aragua, donde se solicitaba la libertad plena y sin restricciones para García Serrano. “En la revisión exhaustiva de las actuaciones, se evidencia que no hay delito que se pueda imputar”.

De acuerdo a los registros públicos y notas de medios analizados, en 11 meses han detenido a seis médicos y 16 de los hechos registrados por esta investigación son por ventas de pruebas para detectar el COVID-19. 

Himiob explica que la Ley de Medicamentos y la Ley del Ejercicio de la Farmacia establecen que sólo las farmacias y su personal calificado están facultados para la venta o comercialización de medicamentos. 

“No es que las personas que han sido detenidas por vender medicamentos o insumos médicos no estén cometiendo ninguna infracción, pues ciertamente se está violentando una disposición legal. El problema está en criminalizar esas ventas no por su propia ilegalidad sino porque el Gobierno quiere mantener la hegemonía y el control absoluto sobre la pandemia, y no facilita el acceso de los pacientes a esos medicamentos por los canales regulares”, argumentó Himiob. 

El manejo de la pandemia por parte del gobierno venezolano se ha caracterizado por el control absoluto y la opacidad en la información. La primera entrega de la investigación que desarrolla la alianza Vigila la Pandemia, dejó al descubierto cómo el gobierno de Venezuela y el de otros seis países en la región han rechazado desclasificar contratos para vacunas por más de 3.747 millones de dólares

“Cuando desde el poder se trata de consolidar una determinada narrativa, incluso antes de que comience la investigación, dirigida a criminalizar de entrada a una persona sin respetar el debido proceso, su derecho a la defensa y los plazos de la investigación, ya hay algo que huele mal”, sostuvo Himiob. “El poder necesita montar un cuento para poner en hombros de algunos chivos expiatorios su propia irresponsabilidad. Es ahí donde te das cuenta de que el proceso no es jurídico sino político”, agregó. 

Lo dicho por Himiob no es una práctica nueva del oficialismo. Ya en 2016, cuando la escasez de alimentos en Venezuela estaba en su punto más crítico, las autoridades encarcelaron a quienes comercializaban productos regulados. La Ley de Precios Justos (2014), destinada a controlar la inflación y el abastecimiento de insumos básicos, establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes revendan estos productos y establece también el delito de contrabando de extracción, uno de los imputados a Amell. 

El nuevo coronavirus llegó a Venezuela cuando el sistema sanitario del país ya se encontraba afectado por la crisis hospitalaria. Los médicos atienden a pacientes con COVID-19 en instituciones sin agua y con electricidad intermitente, con escasos insumos médicos y reducidos equipos de bioseguridad. Durante la pandemia, han fallecido 582 trabajadores de la salud por causas asociadas al coronavirus.

 

 

Justicia mediática

Los soldados José David Camperos (19) y José Díaz Blanco (25) fueron detenidos el 1 de septiembre de 2020, junto a otras tres personas, en un procedimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. La prensa local reseñó que las autoridades habían recibido “numerosas” denuncias contra los detenidos por la presunta venta de pruebas rápidas para Covid-19. 

De acuerdo con el reporte, al grupo le incautaron 41 cajas de test de descarte rápido para el COVID-19 (1.025 pruebas). El organismo de seguridad presume que los dispositivos habían sido tomados de un centro de salud, pero no ofreció más información. Se informó que todos los arrestados fueron puestos a la orden del Ministerio Público, pero a la fecha se desconoce la evolución del caso y no se ha dado información pública sobre el paradero de los detenidos. 

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que el Estado venezolano solo ejerce una ‘justicia mediática’, pues explicó que las autoridades informan sobre presuntos responsables de ciertos delitos, pero no ofrece detalles sobre el avance de las investigaciones y el proceso judicial que se le sigue a los casos. “Es una justicia sólo de titulares, pero no de sentencia firme”.

Sostiene que en la Justicia venezolana ha cobrado fuerza una práctica irregular que sólo alimenta el patrón de impunidad: el Estado acusa o juzga a los más débiles de la cadena. “Se usan a estas personas para crear la matriz de opinión de que el Estado venezolano lucha contra el contrabando de extracción de medicinas o tráfico de vacunas, pero no sanciona realmente a los verdaderos responsables”, afirmó Daniels.

“Decir que no hay medicinas porque una o dos personas tienen en su poder algunos productos no evidencia una red de tráfico, por ejemplo, porque ese entramado implicaría que hay un volumen de personas involucradas en concierto para concretar una acción delictiva. Las detenciones aisladas realmente no indican que se está combatiendo el problema”, añadió Daniels.

El abogado señala que el Gobierno viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso al anunciar públicamente la responsabilidad de ciudadanos en presuntos delitos sin haber tenido elementos suficientes para acusarlos. Considera que no perseguir los casos de corrupción se ha convertido en una “política de Estado” y resaltó que la Justicia ha sido ineficaz para resolver los casos. “En el caso de las medicinas, se detiene a la persona y no hay un acto frente a un juez donde se presente el caso; ese caso muere, pero crea la imagen ante los venezolanos de que la justicia es eficiente”.

 

Los grandes emprendedores de la pandemia 

Mientras el gobierno de Maduro detiene a personas por presunto contrabando de extracción y otros delitos, hay casos que despiertan sospechas más contundentes y que las autoridades no han señalado. El 2 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) informó que los viajeros que entraran al país debían realizar la prueba PCR con un laboratorio que dispusieron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para ese fin. Ese laboratorio apenas tenía 21 días de haberse constituido

En mayo de 2020 comenzó a observarse, en la base de datos creada para esta investigación, la venta de pruebas COVID-19 por particulares.  En la misma línea de las declaraciones de Maduro, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado declararon a la prensa, en el momento de las detenciones, que la aplicación de estas pruebas era gratuita y debía ser controlada por el Ministerio de Salud. En paralelo a esta situación, surgieron laboratorios privados y ventas de estas pruebas a domicilio promocionados mediante anuncios por la red social Instagram. 

Mildred Rojas, abogada especialista en contrataciones públicas en la ONG Transparencia Venezuela, explicó que la información sobre las compras y contrataciones, así como la lista de materiales y bienes asignados, debe publicarse en formatos de datos abiertos. Sin embargo, en Venezuela las contrataciones, adquisiciones y asignaciones que se han hecho durante la pandemia están marcadas por la opacidad y la discrecionalidad.

En el sector salud, las únicas investigaciones anunciadas por las autoridades venezolanas en los últimos años son casos de corrupción “que no involucran grandes cantidades de dinero público ni la participación de funcionarios de alto nivel con responsabilidad en el manejo de recursos”, afirmó Rojas.

 En el primer decreto de estado de alarma dictado por Maduro, en marzo de 2020, cuando se confirmó la presencia del COVID-19 en Venezuela, se dispuso la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus. De los 12 funcionarios que ha elegido el presidente para que sean parte de esta comisión, cinco han sido sancionados por Estados Unidos, como Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. Ambos son acusados por la justicia norteamericana de presunto tráfico de drogas. 

En paralelo a la opacidad del oficialismo y al surgimiento de nuevas empresas privadas que comercializan insumos médicos, Amell continúa privado de libertad, sin que trascienda información sobre su caso. Otro acusado por el oficialismo, Luitxon Alejandro Caripe Ochoa, de 26 años, quien fue detenido en julio de 2020 en Caracas por presunta estafa con pruebas rápidas para detectar Covid-19, terminó limpiando su nombre por redes sociales luego de ser liberado y sin información sobre el proceso judicial en su contra. “Bueno, como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquí estoy y desmiento la investigación efectuada (…) que nunca se hizo”, aseguró en un publicación de un medio local del estado Vargas.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ESPECIAL  ⎸Se investigan más de 1.300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia

En estos tres países de América Latina, las investigaciones de las autoridades de justicia por la compra y comercialización supuestamente ilegales de insumos básicos para hacer frente al COVID-19 superan los mil 300 expedientes en distintas instancias. Avanzan en grados muy diferentes, los alcances son disímiles y en algunos casos con debilidad a la hora de enfocarse en autoridades de máximo rango o responsabilidad. Por otra parte, en Venezuela se registraron 40 detenciones pero sólo de civiles o en casos menores. Las autoridades de ese país no han informado el destino de los detenidos ni el estado de las indagaciones, hasta el momento. ¿Cuáles son los patrones comunes de las irregularidades detectadas en estas naciones? Presunto abuso de poder en distintos estamentos de los Estados y hechos que apuntan a beneficiar a empresas privadas en detrimento de los fondos públicos

Por Vigila la Pandemia*

 

Seis medios de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador investigaron el estado de las indagaciones de distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías y fuerzas de seguridad) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad. Sólo en los últimos tres países se detectaron más de mil 300 investigaciones en el sistema de justicia, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

Los casos analizados también incluyen adquisiciones sospechosas de kits de alimentos y hasta jabón carbólico (desinfectante); oxímetros y bolsas mortuorias para el traslado de los cuerpos de fallecidos por el COVID-19.

En la lista de investigados por estas supuestas irregularidades aparece desde el personal del sector salud, miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas hasta empresas privadas y un expresidente. 

Perú registra más de mil investigaciones fiscales, entre abril de 2020 y junio de 2021, según informó la Procuraduría Anticorrupción. 

En Colombia, están en proceso 121 casos penales por contrataciones asociadas a la pandemia. Ochenta y una de ellas superan los 49 millones de dólares. Además, la Contraloría General realizó al menos 185 indagaciones por malos manejos de unos 26 millones de dólares en entes territoriales (distritos, municipios, departamentos) y centenares de procesos administrativos de sanción contra funcionarios públicos hasta mayo de 2021.

 Ecuador cuenta con 160 casos, entre marzo de 2020 y mayo último, a cargo de una Fuerza de Tarea, creada por la Fiscalía General y especializada en presunta corrupción de contrataciones durante la emergencia sanitaria. 

En Venezuela, la investigación de Runrunes y El Pitazo concluyó que en estos últimos 15 meses de pandemia se impuso una “justicia mediática”, que se centró en pequeños casos aislados y 40 detenciones (entre mayo de 2020 y abril de 2021), en especial, contra personal de la salud. Debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de Nicolás Maduro, se desconoce el paradero de los detenidos y el estado de las indagaciones de esos casos. 

A la hora de analizar cómo actuaron las autoridades frente a la posible comisión de delitos en estas compras en el contexto de la emergencia sanitaria, los periodistas de la alianza ‘Vigila la pandemia’ determinaron que sobresalen la falta de mecanismos para prevenir casos de corrupción. 

En estos meses de compras millonarias, se generaron situaciones de excepción que permitieron a los gobiernos saltarse reglas precedentes como transparentar los procesos de compras y contrataciones, que antes de la pandemia eran de acceso público; se dejó de lado la obligación de multar a los proveedores que tardan en la entrega de los bienes y servicios contratados; y se adquirieron elementos básicos que ni siquiera cumplen con las normativas de salubridad del propio Estado.  

La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

Investigados y delitos

En esta nueva serie investigativa de la alianza periodística, quedan en evidencia patrones de común y diferencias en los delitos imputados o el tipo de investigados en cada país. Algunos están relacionados con prácticas que perjudican a la administración pública como el peculado, contrataciones direccionadas a determinadas empresas y la alteración de las normas de contratación en perjuicio de las arcas públicas. 

En otros casos, los expedientes se centraron en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de tráfico de influencias. En Venezuela, el gobierno volvió a apelar a acusaciones por presunto contrabando de extracción y de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad) a diversos profesionales de menor rango.

Los grados de alcance de estas indagaciones oficiales también son disímiles. 

En Venezuela, mientras las autoridades dan a conocer públicamente detenciones de trabajadores de la salud por posibles irregularidades, otras sospechas de casos potencialmente más graves pasan inadvertidas para el gobierno, como el de un laboratorio privado con apenas 21 días de vida que fue instalado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para realizar la prueba PCR a los viajeros.

En Colombia, donde la pandemia se entrelazó con el paro y las protestas masivas contra la reforma tributaria, Consejo de Redacción ahondó en las investigaciones oficiales a las que tuvo acceso y determinó que la mayoría solo alcanzó a los entes territoriales (departamentos, distritos o municipios). Sin embargo, no se incluyeron casos sobre posibles malos manejos de fondos públicos contra el COVID-19 por parte del gobierno nacional. Además de las 185 indagaciones preliminares de la Contraloría General, hay centenares de procesos disciplinarios contra funcionarios.

El presidente Iván Duque, en un centro de vacunación de san Andrés, junto ministro de Salud y el Gobernador Everth Hawkins. Foto: Presidencia de Colombia.

Las autoridades de Ecuador investigan unos 160 casos de presunta corrupción en el manejo de los fondos para la pandemia, según establecieron los medios GK y Periodismo de Investigación (PI). Las denuncias proliferaron a tal punto que la Fiscalía General ecuatoriana tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Entre los acusados se encuentra también el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (agosto 1996 – febrero 1997). Según la fiscalía a cargo del caso, el exmandatario sería parte de un “grupo estructurado” que planificó la venta y distribución de insumos médicos con sobreprecios a hospitales de Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

En Perú, de acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción a la que accedió Convoca.pe, se abrieron más de mil investigaciones en el Ministerio Público, entre abril de 2020 y mayo de 2021. Entre esos casos, figuran 107 carpetas fiscales por delitos presuntamente cometidos por miembros del Ejército del Perú (90) y del Ministerio del Interior (17).

La investigación periodística también permitió ahondar en los casos de 18 integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Ejército peruano acusados de irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del COVID-19, según informes de la Contraloría General de la República. En las denuncias aparecen implicados oficiales, suboficiales y trabajadores de estas fuerzas del orden.

Al igual que en la primera entrega de esta alianza transfronteriza, centralizada en los contratos de vacunas contra el coronavirus entre las farmacéuticas internacionales y los gobiernos de siete países de la región (Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Perú y Argentina), la opacidad y las sospechas de malos manejos de los fondos públicos de países de América Latina vuelven a quedar en evidencia en esta segunda investigación de ‘Vigila la Pandemia’, en un contexto mundial gobernado por una crisis sanitaria y económica que se extiende cada vez más en el tiempo.  

*La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

 

 

Gobierno anuncia 15 fallecimientos por COVID-19 y 1.298 nuevos contagios este #21Jun
De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de muertes asciende a 2 973 y el de contagios a 262.038

El ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó vía Twitter la noche del 21 de junio que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 15 fallecimientos por COVID-19 y 1.298 nuevos contagios (1.297 por transmisión comunitaria y 1 “importado”). Con estas cifras, el total de muertes asciende a 2 973 y el de contagios a 262.038.

Con respecto a los fallecidos, dijo que se reportaron:

4 hombres de 41, 53, 64 y 81 años de Apure
1 mujer de 85 años y 1 hombre de 71 años de La Guaira
2 mujeres de 69, 80 años de Sucre
2 hombres 48, 70 años de Miranda
1 mujer de 77 años y 1 hombre de 54 años de Lara
1 mujer de 62 años de Trujillo
1 mujer de 66 años de Falcón
1 hombre de 48 años de Aragua

Los nuevos contagios están ubicados en Yaracuy 197, Apure 160, Trujillo 142, Miranda 111, Lara 103, entre otros estados.

En este sentido, detalló: “Yaracuy es hoy la entidad con mayor número de contagios, en 11 de sus 14 municipios: San Felipe 141, Independencia 24, Cocorote 18, Urachiche 6, Bruzual 2, entre otros”.

Refirió que hay 242.357 personas recuperadas, lo que representa el 92% de los contagios. “Contamos con 16.708 casos activos, 16.106 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 602 en clínicas privada”, sumó.

De igual modo, mencionó: “Tenemos 8.612 pacientes que se encuentran asintomáticos, 6.465 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 1.322 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 309 en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

“El único caso importado se trata de una mujer proveniente de España, con entrada por La Guaira”, añadió Ñáñez.