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Unesco declara patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad a los Palmeros de Chacao
El organismo considera que se trata de una tradición como más de 200 años que promueve la inclusión social, la ciudadanía con valores y promueve una mentalidad de paz que incluye la protección a la naturaleza y a la biodiversidad

Este jueves, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró la tradición de la Palma Bendita en Chacao y Margarita como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

La Unesco anunció que los Palmeros de Chacao fueron declarados Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por ser una tradición como más de 200 años que promueve la inclusión social, la ciudadanía con valores y promueve una mentalidad de paz que incluye la protección a la naturaleza y a la biodiversidad.

El alcalde Gustavo Duque manifestó su alegría ante el anunció de la Unesco: “Nos sentimos muy felices ante la decisión de la Unesco de declarar a nuestros Palmeros de Chacao como patrimonio cultural e inmaterial de la Humanidad por ser la tradición más importante de nuestro municipio”.

En este sentido, agregó: “Durante este año, trabajamos y apoyamos a nuestros Palmeros de Chacao para obtener la declaración de la Unesco, esta es una tradición con más de 200 años y representa la unión y la fe de todos los venezolanos”.

#MonitorDeVíctimas | Acusan a Cicpc de matar a menor de edad en Mesuca
Era obrero y no poseía antecedentes penales

@franzambranor / Fotografia Carlos Ramírez

 

De acuerdo a la versión de los familiares, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ingresaron de manera violenta a la residencia de Yeiker José Zerpa Rojas ubicada en la calle 37 del barrio Mesuca en Petare, municipio Sucre, y lo ajusticiaron.

Yeiker, de 17 años de edad, vivía con su mamá, pero aproximadamente a las 4:00 pm del pasado lunes 10 de diciembre se encontraba solo.

El padre de la víctima, quien no quiso dar su nombre, aseguró que Yeiker no poseía antecedentes penales ni había recibido amenazas de ningún tipo.

Yeiker era obrero en una construcción.

Crímenes sin Castigo | Venezuela: radiografía del lavado de dinero (II/II)
-Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia

@javiermayorca

Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.

Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana.

Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.

Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaray, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.

Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.

Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el clóset, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.

Cuando se habla de lavado de dinero en Venezuela, la posibilidad de que las investigaciones se estrellen contra el muro del poder es muy elevada, aun cuando la norma vigente sea utilizada con amplios márgenes de discrecionalidad, como ya se explicó.

 

Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.

Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.

En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.

La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.

Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21. En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.

En los años ochentas del siglo pasado, el Banco de la República de Colombia instauró una oficina para recibir los dólares sin preguntar de dónde venían. El mecanismo era obviamente una oportunidad abierta por el propio Estado para lavar los recursos de los carteles de la droga. Los periodistas llamaron a este sistema la “ventanilla siniestra”. Con la dolarización sin control, toda Venezuela se convierte en una “ventanilla siniestra”.

 

Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.

Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.

Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.

Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”. Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.

Breves

-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total.

En diciembre 2018, cuando Reverol divulgó los resultados de la gestión del MRI, los supuestos enfrentamientos con agentes equivalían al 29%. Esto sugiere que la letalidad de los funcionarios estatales ha ido en aumento durante 2019. Hasta octubre, los estados con mayores incrementos en las muertes por “resistencia a la autoridad” eran Nueva Esparta (111%), Lara (57,4%) y Falcón (45,6%). El ocultamiento de las cifras sobre este particular coincide con las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos fundamentales en el país.

 

-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria.

Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.

#EstoNoEsNormal | La cola, el efectivo y el café

-Porfa, LA QUE VEA GASOLINA AVISA.

Este es el primer mensaje, antes de las 8 de la mañana, en el grupo de una familia que vive en una ciudad del centro de Venezuela. Siguen los demás: 

-Tengo 1 hora y media en la cola de la bomba de XXXX y apenas llevo 50 metros avanzados.

-Buenos días, por favor, ¿alguna ha visto bomba de gasolina abierta???

-No he salido

-Ahora me asomo a ver si la bomba cerca de mi casa abre. Las bombas no abren tan temprano; anoche se fue la luz aquí y se cerró la bomba y no abrió más.

Al día siguiente:

-Buenos días. Estoy en XXXXX haciendo la cola con poquiticos carros pero aquí la gandola llega tarde :(((( El encargado dijo que hoy sí venía, vamos a ver. 

-Aquí el enlace del grupo para amigos familiares que quieran saber dónde hay gasolina: https://chat.whatsapp.com/B6n3eJogCfAI34gCSB2uqzuytrt

-La de XXXX llega a la avenida Bolívar. Jamás había visto esa cola tan larga. 

-Nada que llega la gandola y ahora el encargado dice que esta bomba tiene dos tanque contaminados. Qué estrés, y yo teniendo que ir a trabajar al hospital. Auxilio. 
 
-Cuando vengan a la bomba de mi casa pegan el grito que les llevo efectivo. Si no tengo, les hago café

Al otro día, a media mañana:

-Se me acaba de colear un carro adelante de mí. ¡¡Qué rabia!!!!!

-Chama a mí también me pasó y ¡¡qué rabia!! El de adelante lo dejó pasar.

-Qué rabia eso. En vez de avisar que están guardando puesto.

Al final de la tarde:

-Me vine pa’ mi casa, mañana lo intento.

Así tienen más de una semana: haciendo inventario matutino de bombas abiertas, ayudándose con el efectivo, ofreciendo café, dándose la cola, comiendo helado de batibati en el carro y bajo el sol; dejando de ir al trabajo para pasar horas en una fila en cualquier calle, dejando de ir a lugares para no gastar combustible, calculando cuánto alcanza un cuarto de tanque. La vida medida. La vida sin vivirla. La vida que otros han diseñado.

Lo mismo ocurre en varias ciudades de la zona central del país. En Caracas, la capital-burbuja, apenas hay congestionamiento en algunas estaciones de servicio. 

Mañana me despertaré con los mismos mensajes. Normal. 

A un mes del caótico concierto en Parque del Este no hay ningún responsable
Empresas privadas como Pepsi-Cola Venezuela fueron vinculadas al patrocinio de este evento, que fue promocionado por no menos de un mes a través de las redes sociales del cantante, sin embargo, esta por medio de un comunicado desmintió esta participación y su vínculo con este evento.

El pasado 9 de noviembre era una fecha muy esperada por muchos adolescentes caraqueños: ese día tenían un encuentro con uno de los ídolos del momento. El rapero venezolano Neutro Shorty, había ofrecido un concierto gratuito al que denominó “Banderas blancas” y que se realizaría en el Parque del Este, en pleno este de la ciudad capital.

Pasadas las 10 de la mañana de ese día, todo parecía marchar bien. Grandes multitudes de jóvenes comenzaban a concentrarse en el lugar. Apenas el cantante alcanzó a corear unas canciones y ya todo había terminado. La seguridad no era suficiente para un evento de tal magnitud. Los chamos hicieron de todo para llegar cerca de la tarima, se guindaron por las rejas para ingresar al parque, corrieron en estampida y se originó una gran avalancha.

Durante los hechos murió Andrea Alejandra Calderón Rodríguez, de 14 años, según confirmó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); mientras que varias personas resultaron heridas. La joven murió cerca de las 12:30 pm, cuando en su afán por ingresar a las instalaciones del parque, decenas de personas pisotearon a Calderón.

Ese mismo día, en horas de la tarde, el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que para investigar estos hechos habían sido comisionadas las fiscalías 101 del Área Metropolitana de Caracas y 79 Nacional, adscrita a la Dirección de Protección Integral a la Familia.

“Yo vine a cantarles y gratis, no vine a joderlos ni a prometer una vaina política ni nada. Lo que está pasando es chimbo, los menores se están desmayando, yo me siento mal cuando les veo las caras. Yo no quiero que esto siga sucediendo”, dijo el cantante Neutro Shorty minutos antes de culminar con aquel concierto, al que se estiman asistieron más de 8.000 personas.

Nadie fue

Hasta la fecha no hay ni un solo detenido por este caso en el que una joven falleció y otros tantos resultaron heridos. También sigue siendo un secreto quién contrató al artista para que cantara en este parque público a cargo del Estado.

Pero lo que sí queda claro es que a este concierto le faltó seguridad. La cantidad de jóvenes sobrepasó a los pocos vigilantes del parque, que en gran parte está conformado por integrantes de la milicia, así como por trabajadores del lugar, además los chamos optaron por pasar de manera clandestina bebidas alcohólicas, lo que agravó aún más la situación.

Empresas privadas como Pepsi Venezuela fueron vinculadas al patrocinio de este evento, afirmación que fue desmentida por la emprea a través de un comunicado, donde aclaró que no tuvo ninguna participación en la organización ni convocatoria del evento; por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse confundir por menciones o comentarios que a su juicio carecían de “fundamentos”.

De igual forma se desvinculó de este hecho fue Inparques, organismo encargado de la administración del Parque del Este que a través de un escrito oficial aseguró no haber otorgado permisos para el concierto del rapero Neutro Shorty.

En un comunicado publicado en Twitter, que después fue borrado, el Instituto Nacional de Parques (Inparques) lamentó “los sucesos acontecidos en horas de la mañana en las entradas del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde una multitud convocada para un concierto musical en el sector Parque Bolívar colapsó las estructuras de accesos en donde sólo se encontraba personal de Guardaparques y la Guardia del Pueblo, sin ninguna presencia de los responsables de la convocatoria”.

¿Justos por pecadores?

La noche del 12 de noviembre un tribunal del Área Metropolitana de Caracas dictó medida sustitutiva de libertad contra Lerwis Vicente Manrique Blanco, empleado de seguridad del parque, así como contra Danny Eliécer Mercado y Jefferson Mercado, estos últimos presuntos organizadores del evento. La medida prohíbe a estas personas sus salida del país y orden de presentación frente en los juzgados.

Durante la audiencia de presentación de los “involucrados” se conoció que el Ministerio Público pidió orden de aprehensión contra César Velásquez, alias Cotur, productor del espectáculo, sin embargo, extraoficialmente se conoció que este salió del país.

Por su parte, el cantante Neutro Shorty, declaró ante el Cicpc para ser interrogado sobre quienes lo contrataron y otros detalles de lo ocurrido en el evento en el cual cantó tres canciones.

A través de las redes sociales muchos ciudadanos responsabilizaron de lo ocurrido a los jóvenes asistentes a este evento, quienes solo buscaban un poco de recreación en Venezuela, un país donde se vive una emergencia humanitaria compleja, una hiperinflación y una crisis social nunca antes vista.

Pero esta no es la primera vez en la que la improvisación y la falta de personal de seguridad pone en riesgo la vida de los jóvenes venezolanos en su búsqueda de recreación.

Una tragedia similar ocurrió el sábado 16 de junio de 2018, cuando una fiesta de promoción en el Club Los Cotorros en El Paraíso finalizó con la muerte de 18 personas. Una riña en la que volaron botellas y vidrios derivó en la detonación de un par de bombas lacrimógenas dentro del local, lo que provocó la asfixia y la estampida hacia la única vía de salida de un metro y medio de ancho por la que intentaron escapar unos 500 jóvenes que abarrotaban el sitio con capacidad para poco más de 100 personas.

Una posible solución a los apagones no convence a todos en la Asamblea Nacional
El diputado Enrique Márquez advirtió que llevará a los zulianos al Parlamento para que aprueben la ley
Su colega Ángel Alvarado aseguró que es el Gobierno de Maduro el que le solicitó el préstamo a la CAF

@saracosco

“No estoy contento con el tratamiento que se le está dando al tema. Los zulianos no podemos estar contentos con que no se apruebe esta ley”, criticó el diputado Enrique Márquez (UNT-Zulia) en la sesión de la Asamblea Nacional, sobre el proyecto de Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

Este proyecto de ley consignado por el Grupo de Boston – comisión conformada por diputados opositores y chavistas – tiene como objetivo conseguir un financiamiento de 350 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y que sea ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para reducir los apagones en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Distrito Capital. 

La idea, según lo que se desprende del proyecto de ley y lo que explicó la diputada Nora Bracho (UNT-Zulia) al momento de presentar la ley ante los periodistas, es adquirir equipos que puedan generar hasta 1.200 megavatios en estos estados. Todo el proceso de compra, instalación, mantenimiento y supervisión sería llevado a cabo por el PNUD.

Pero en Primero Justicia no piensan igual, ya que el diputado Ángel Alvarado (PJ-Miranda) aseguró que el préstamo fue solicitado por el Ministerio de Finanzas – representado por Nicolás Maduro – y serían ellos mismos los ejecutores del plan. 

Pero en Primero Justicia no piensan igual, ya que el diputado Ángel Alvarado (PJ-Miranda) aseguró que el préstamo fue solicitado por el Ministerio de Finanzas – representado por Nicolás Maduro – y serían ellos mismos los ejecutores del plan. 

A pesar de que el diputado Enrique Márquez expresó su molestia un día después, por no incluir la discusión del proyecto en el orden del día, no aclaró si esta información es cierta. 

Los impulsores y defensores de esta ley han sido tímidos al momento de aclarar dudas o críticas del proyecto. El Grupo de Boston, el principal lobbista de la Ley, no ha declarado al respecto, pues mantienen un acuerdo de no hablar públicamente sobre sus actividades. 

Sin embargo Márquez – visiblemente molesto- aseguró que irán hasta las últimas consecuencias para que quede aprobada. “De ser necesario traer a los zulianos hasta esta Asamblea Nacional para que seamos escuchados, lo vamos a hacer”, agregó.

El martes pasado la ley estaba incluida en el orden del día para su primera discusión, pero fue el mismo diputado zuliano quien pidió diferirlo para esta semana por una falta de consenso, que aunque parecía ser con los chavistas, realmente era con los diputados de Voluntad Popular y Primero Justicia. 

Pero la discusión de la ley fue cambiado por un Proyecto de Acuerdo para declarar la emergencia eléctrica en el Zulia y remitir la legislación a las Comisiones de Administración y Servicios y la de Energía para su evaluación. 

La diputada Victoria Mata (Psuv-Bolívar) advirtió que esta ley puede ser engavetada y reconoció que hay una emergencia en el sector eléctrico. Aunque intentó culpar al “bloqueo” impuesto por Estados Unidos, la diputada señaló que hubo “errores” y “debilidades”, ante los gritos de los diputados opositores.

Por eso el diputado Avilio Troconiz (PJ-Zulia) recordó algunos de los casos de corrupción en el sector eléctrico. “Se robaron 40 mil millones de dólares que aprobó Chávez en 2009 para la emergencia eléctrica”.

Igualmente aseguró que se robaron los recursos del Parque Eólico de La Guajira, en el estado Zulia. 

El parlamentario aseguró que no se niegan a dar una solución para los estados críticos con esta situación. “Pero que esto no signifique cohabitación con el gobierno o el reconocimiento de la dictadura”, sentenció. 

“Pero que esto no signifique cohabitación con el gobierno o el reconocimiento de la dictadura”, sentenció. 

Podcast | Tres en uno: Contradicciones de los diputados, venezolanos señalados en Colombia y las obras inconclusas del gobierno

En la segunda semana de diciembre en la Alianza entre RunRun.esTalCual y El Pitazo destacaron tres grandes reportajes que reflejan tramas de corrupción tanto del gobierno como en la oposición, y también la situación de los migrantes venezolanos en Colombia.

El periodista de TalCual, Víctor Amaya elaboró un reportaje titulado Respuestas de diputados por trama de corrupción son un mar de contradicciones. En este trabajo, Amaya expone que de acuerdo a una investigación del portal Armando Info, integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional firmaron una carta a solicitud del empresario Carlos Lizcano para exonerarlo y cerrar un seguimiento que se le hacía por supuestos manejos de corrupción. Cabe destacar que Lizcano aparece como propietario de la empresa Salva Foods 2015 y es un subordinado de Alex Saab y Alvaro Pulido, personajes que están detrás del negocio de las cajas CLAP y que tendrían relación con el régimen de Nicolás Maduro.

Por RunRun.es destacó el trabajo que realizó el periodista Francisco Zambrano que lleva por nombre La nueva cara del estigma del venezolano en Colombia. Zambrano explicó que desde antes que comenzaran las protestas contra el gobierno de Iván Duque grupos de venezolanos han sido señalados como responsables de algunos desmanes en el vecino país. A juicio de miembros del grupo jurídico De Justicia en Colombia existe una ola de estigmatización contra el venezolano que responde en gran medida al incorrecto manejo de la información por parte de algunos medios de comunicación social.

Por El Pitazo resalta el reportaje elaborado por Rossana Battistelli, Lidk Rodelo y Pola Del Giudice titulado Inversión en subterráneos de Miranda alcanza para construir ocho metros como el de Medellín. Las periodistas informaron que unos 17.000 millones de dólares ha destinado el Gobierno bolivariano en la ejecución del ferrocarril Ezequiel Zamora y los metros de Los Teques y Guarenas-Guatire, pero a la fecha ninguna de estas obras está concluida, a pesar de que se comenzaron a construir hace más de una década. 

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Instituto Brookings: Crisis de refugiados venezolanos se convertirá en la más grande de la historia moderna
La escasez de alimentos, la baja calidad en los servicios públicos y la inseguridad son las causas del éxodo de venezolanos

 

La crisis humanitaria de Venezuela está a punto de superar a la de los refugiados sirios y en los próximos meses podría convertirse en la más grande de la historia moderna, afirma un estudio del Instituto Brookings.

El estudio divulgado el pasado lunes, hace la comparación: 4,6 millones de venezolanos han abandonado su país hasta la fecha, mientras que en Siria la cifra de refugiados en 2015 era de 4,8 millones. Sin embargo, la de Siria ya está contenida y la de Venezuela tiende a incrementarse.

 

Brookings prevé que 6,5 millones de venezolanos residan en el exterior para 2020, según cifras de la agencia para los refugiados de la ONU, ACNUR, y que si la crisis humanitaria en Venezuela empeora llegarán a ocho millones.

 

Sin embargo, lo que destaca el estudio es que la respuesta de la comunidad internacional ha sido pequeña en relación con la magnitud del desplazamiento humano.

En respuesta a la crisis de Siria, la comunidad internacional movilizó grandes sumas de capital, que alcanzaron la cifra de 7.400 millones de dólares en cuatro años. Para Venezuela, en un período de tiempo similar, apenas se han asignado 580 millones de dólares. Eso representa, según el estudio, un per cápita de 1.500 dólares por cada refugiado sirio y 125 dólares por cada venezolano.

La escasez de agua, electricidad y la violencia generalizada, a veces con la complicidad de las fuerzas de seguridad del gobierno, hace al país uno de los más violentos del mundo.

El estudio de Brookings afirma que los venezolanos que huyen son refugiados y se merecen las protecciones asociadas con esa condición, pero hasta ahora el peso de esas responsabilidades ha caído en los vecinos de la región, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, los cuales han recibido muy poco apoyo de la comunidad internacional en comparación con otros desplazamientos históricos.

 

Hasta el día de hoy esos tres países siguen solicitando más colaboración para poder hacer frente a la corriente migratoria.

 

Esta situación ha llevado a algunos de los países de la región a imponer barreras a la entrada de venezolanos. Así han hecho Ecuador, Perú y Chile, y más recientemente República Dominicana, que anunció que exigirá una visa a los migrantes del país.

 

*Con información de VOA