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Venezuela suma 14 muertes por COVID-19 y 1.346 nuevos casos este #17Sep
De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de muertes asciende a 4275 y el de contagios a 353.401

El ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó vía Twitter la noche del 17 de septiembre que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 14 fallecimientos por COVID-19 y 1.346 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria. Con estas cifras, el total de muertes asciende a 4275 y el de contagios a 353.401.

Con respecto a los fallecidos, dijo que se reportaron:

2 mujeres de 64, 81 años y 4 hombres de 42, 55, 64, 70 años de Caracas
1 mujer de 57 años y 2 hombres de 57, 64 años de Anzoátegui
1 mujer de 81 años y 2 hombres de 45, 47 años de Miranda
1 mujer de 74 años y 1 hombre de 69 años de Nueva Esparta

Los casos comunitarios están ubicados en Miranda 591, Caracas 324, Nueva Esparta 81, Yaracuy 80, Anzoátegui 62, entre otras entidades.

En este sentido, detalló: «Miranda presenta hoy el mayor número de contagios en 16 de sus 21 municipios: Guaicaipuro 184, Sucre 68, Carrizal 55, Zamora 52, Los Salias 51, entre otros».

Refirió que hay 337.230 personas recuperadas, lo que representa el 95% de los contagios. «Contamos con 11.896 casos activos, 11.519 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 377 en clínicas privadas», sumó.

De igual modo, mencionó: «Hasta la fecha tenemos 6.983 pacientes que se encuentran asintomáticos, 4.023 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 747 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 143 en la Unidad de Cuidados Intensivos».

USBistas... ¡a defender su universidad!, por Carolina Jaimes Branger
¿Van a poner su alma mater en bandeja de plata al régimen?… Creo entonces que huyo por la derecha y me retiro lentamente, con mucho dolor…

 

@cjaimesb

Esto es historia patria, aunque no se conozca. Y llegó el momento de contarla: corría el año 2001. Al rector Freddy Malpica, de la Universidad Simón Bolívar, se le vencía el periodo. Chávez le había puesto el ojo a la USB, sin lugar a dudas, una de las mejores del país. Y como él creía que el país le pertenecía, se dispuso a adueñarse de la universidad.

Con la excusa de que “los pobres no entraban a la Simón Bolívar”, y que iban a cambiar esa injusticia, en el año 2000 nombró miembro del Consejo Superior de la USB a un señor de quien se decía –no me consta– que había sido expulsado de la misma porque siendo estudiante le faltó el respeto al rector Mayz Vallenilla con unos gráficos que había publicado en una o varias carteleras. Que luego de eso obtuvo una beca Gran Mariscal de Ayacucho y se graduó en los Estados Unidos, pero a su regreso se volvió chavista militante y estaba dispuesto a “tomar” la universidad para ser su presidente.

La verdad es que jamás he entendido esa teoría de igualar para abajo: si quieren que los pobres entren a la Simón Bolívar –hecho que por demás me parece justo y deseable– no es bajando el nivel de exigencia de la universidad, sino subiendo la calidad de educación de los liceos o haciendo, como hizo Enrique Planchart, programas de nivelación académica. Pero ese no es el tema de este artículo.

Soledad Morillo Belloso y yo pertenecíamos a la Red de Veedores que Ruth Capriles había fundado en la UCAB. Comenzamos con el tema electoral, pero cuando el tema del Decreto 1011, del “Estado docente” y los cambios radicales que pretendían hacerse en educación comenzaron a ser más que una amenaza, nos pasamos a la veeduría educativa. Llamarlo “veeduría” es un decir. Pateamos “calle pareja” con el Decreto 1011. Y estábamos activas, pendientes de los cambios antidemocráticos que pretendían imponernos.

La entrada del susodicho representante de Chávez al Consejo Superior de la USB encendió nuestras alarmas. Para la Simón Bolívar nos embalamos a empaparnos de lo que estaba sucediendo. Nos encontramos con que la abstención en las elecciones de autoridades y representantes estudiantiles era pasmosamente alta. Los científicos parecían estar interesados en asuntos menos prosaicos. Ir a votar definitivamente no estaba entre sus prioridades. Pero había que moverlos si no querían perder la universidad.

Fue así como dos jóvenes soñadoras, pero con los pies muy bien puestos sobre la tierra, ninguna de las dos USBistas, por cierto (Soledad es comunicadora social de la UCAB y yo, ingeniero de sistemas de la Unimet) asumimos la tarea de convencer a estudiantes y profesores de la necesidad imperiosa de participar en las elecciones. Fuimos a todas las asambleas… Podemos decir con orgullo que a las primeras convocadas asistió muy poca gente, pero las últimas estaban a reventar. Visitamos salón por salón. Nos instalamos en el cafetín a hablar con quien nos quisiera escuchar. También en la puerta de la biblioteca. Repartimos volantes en la entrada de la universidad. Y las elecciones las ganó Pedro María Aso para el periodo 2001-2005. ¡Salvamos la universidad!

El pasado jueves el CNU, Consejo Nacional de Universidades, convocó a una reunión virtual –un consejo extraordinario– para presentar nombres y hablar sobre la designación del nuevo rector, dado que el rector Enrique Planchart falleció el pasado 27 de julio.

Como era virtual y para nadie es un secreto lo fatal que están las conexiones a Internet en Venezuela, faltaron los rectores de la Universidad de Carabobo, la del Táchira y la UPEL. Los rectores de la UCV (Amalio Belmonte en representación de Cecilia García Arocha), ULA (Mario Bonucci), LUZ (Judith Aular de Durán), UNEXPO (Rita Añez) salvaron sus votos y consignaron por escrito el razonamiento de sus votos salvados. Unánimemente coinciden en que el procedimiento fue irregular de toda irregularidad, empezando porque ni siquiera estaba supuesto elegir al nuevo rector en esa reunión y no solo eligieron al rector, sino también a los dos vicerrectores.

Mi llamado es a la comunidad USBista en general: tienen que hacer escuchar su voz y plantarse ante esta nueva ignominia con la que el régimen pretende rematar con una estocada mortal a la Universidad Simón Bolívar. Si dos jóvenes pudimos parar la locura en 2001, me imagino que una comunidad de tantos alumnos, profesores y egresados podrá exigir que se convoquen elecciones según lo estipulado en la Ley de Universidades y no según el capricho de unos consultores jurídicos que interpretan las leyes a la conveniencia de sus jefes. Ustedes tienen el apoyo de la academia a lo largo y ancho del mundo, ¡busquen esa columna! Y, además, cuentan con el respeto del país. ¿Qué están esperando?

Hasta el momento que escribo este artículo, viernes 17 de septiembre en horas de la tarde, las mejores respuestas que he recibido de los USBistas que conozco han sido tibias: “vamos a ver qué hacemos”; “nos estamos organizando”. Las demás, lejanas e indiferentes: “somos científicos, nuestras armas son las computadoras y el pizarrón”; “soy ratón de laboratorio, no político”, y la peor: «es que han sido muchos años de coñazos y estamos desesperanzados».

¿Van a poner su alma mater en bandeja de plata al régimen?… Creo entonces que huyo por la derecha y me retiro lentamente, con mucho dolor…

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los que no se rinden | Sindicato de Maestros: El problema no es la pandemia, son las condiciones 
Menos de 50% del personal docente está vacunado en Venezuela, de acuerdo a cifras del Sindicato de Maestros
13 de 15 escuelas en Caracas reportaron no tener servicio de agua
Maestros exigen aumento salarial, dotación de equipos de bioseguridad y reparación de las instituciones para volver a clases presenciales 

@franzambranor

Desde que fue fundado en 1965 por el excandidato presidencial Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Sindicato Venezolano de Maestros no solo lucha por los derechos de los docentes sino que también se ha dedicado a denunciar las irregularidades que se presentan en el modelo educativo venezolano. 

En ese sentido, Gricelda Sánchez, actual secretaria de contratación colectiva del Sindicato, calificó como una irresponsabilidad de parte del Ejecutivo venezolano el convocar a clases presenciales para el periodo escolar 2021-2022.

La presidenta de Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) sostuvo que no existen condiciones para recibir a los estudiantes en las escuelas.

“No es solo la pandemia de la covid-19, es que las escuelas se están cayendo y los docentes no tienen un salario justo para hacerle frente a esta coyuntura”, explicó. 

La dirigente sindical manifestó que desde que fue decretado el estado de alarma por el gobierno no se ha invertido dinero en la recuperación de la infraestructura de los planteles. “Muchas han sido desvalijadas y están en una situación de precariedad”

Sánchez dijo que según reportes del Sindicato Venezolano de Maestros, miembros de 13 de 15 escuelas evaluadas en Caracas indicaron que no contaban con servicio de agua.

“En las escuelas no hay agua, no hay cloro ni desinfectantes, cómo se puede combatir un virus así”, sostuvo Sánchez.

Alertó que aunque la mayoría no lo menciona y lo considera un tema secundario en la nueva normalidad pandémica, el salario del docente en Venezuela sigue siendo un obstáculo para una educación de calidad. 

El sueldo básico de un maestro es de 10 dólares mensuales y el docente 4 que tiene postgrado gana $25 al mes, cómo alguien puede impartir clases así, eso no alcanza ni para pagar el transporte, mucho menos para adquirir equipos de computación e internet para impartir clases a distancia”.

Aseguró además que al maestro no se le dota de material de bioseguridad y tampoco de las herramientas para impartir clases en modalidad a distancia.

De acuerdo a una encuesta de Fordisi, 92% de los docentes consultados manifestó que la institución donde labora jamás le proporcionó las herramientas para las actividades de “Cada Familia Una Escuela” promovida por el gobierno; 97% dijo que el Estado no les dio materiales ni insumos para la educación a distancia; 88% aseveró que su salario no le alcanza para adquirir alimentos; 50% sostuvo que no posee acceso a internet en su casa para poder desarrollar la educación a distancia y 80% aseguró que no brindó asesoramiento pedagógico presencial en el año escolar 2020-2021.

Vacunas detrás de la ambulancia

De acuerdo a datos del Sindicato Venezolano de Maestros y Fordisi, menos de 50% de los docentes en el país han recibido las dos dosis de vacuna contra la covid-19.

“En estados como Portuguesa y Amazonas  85% no se han vacunado”, dijo Sánchez.

Datos del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Aragua arrojan que en la región hay apenas 1.000 vacunas disponibles contra la covid-19 para inmunizar a más de 46 mil educadores, mientras en Lara calculan que apenas el 15% del personal docente está vacunado.

“Eso hace cuesta arriba que los docentes regresen a las áreas de clase. Las vacunas deben ser para todos y eso no solo incluye a docentes, sino también a empleados, obreros y madres procesadoras de alimentos”, manifestó Sanchez. 

La educadora dijo que está de acuerdo con el retorno a clases presencial, pero en un ambiente apropiado. “Entiendo el tema de la socialización de los estudiantes, pero eso tiene que darse en un sistema propicio. Los padres tendrían que pensar entre la vida y la educación de su hijo, en Venezuela las escuelas se están cayendo a pedazos”. 

En Venezuela vivir con discapacidad es una carrera de obstáculos
De acuerdo con la abogada Karla Franco, que una institución pública como el Metro de Caracas no cumpla las condiciones óptimas para el desplazamiento de personas con discapacidad “representa una violación a sus derechos humanos”
Caroline Ruiz, directora de la asociación civil Buena Voluntad, ​​señaló que es necesario hacer un trabajo de accesibilidad, indicando que se han llevado a cabo algunas iniciativas, pero que es “tarea de todos”

@Andrea_GP21

 

Que a una joven le negaran la entrada a una tienda de ropa por estar en silla de ruedas trajo como consecuencia la viralización de la discriminación y limitaciones a las personas con discapacidad en Venezuela. Algo que no solo se evidencia en el ámbito social, sino también en lo legal.

El caso al que se hace referencia es el de Kelly Ayary y repercutió en las redes sociales. La joven denunció vía Twitter el pasado 29 de agosto que en una tienda de la compañía Balú, ubicada en el Centro Comercial Propatria de Caracas, le impidieron el ingreso solo por estar en silla de ruedas.

“Yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar en silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú”, dijo la joven en un video que rápidamente fue compartido por miles de personas que condenaron este hecho.

Un día después, la empresa emitió un comunicado disculpándose por lo ocurrido con Kelly Ayary, donde rechazaron “categóricamente cualquier acto discriminatorio, fundado en la raza, el sexo, el credo, la condición social o cualquier otra que menoscabe el derecho a la igualdad, dentro y fuera de sus tiendas”.

Más allá de un comunicado

Runrun.es contactó a la empresa Balú a través de un correo electrónico que pusieron a disposición del público para realizar sugerencias. A la compañía se le consultó si tienen alguna política que impida el ingreso de personas en silla de ruedas a sus tiendas, a lo que respondieron:

“En efecto, se está conversando el brindarle a Kelly una experiencia grata en nuestras tiendas, sin embargo, todos debemos realizarlo por los canales regulares. Por otra parte, comentamos que no, dentro de nuestras políticas no hay discriminación alguna, ni de raza, ni de sexo ni por discapacidad, estos son casos puntuales de acciones arbitrarias e individuales que lamentablemente nos afectan a todos como empresa y debes dar la cara y asumir los errores del personal tanto interno como externo”.

 

Además, aseguraron que evaluarían las medidas correctas que deberían tomar en este caso puntual y que, también, trabajarán en la capacitación a su personal para que brinden el servicio adecuado a sus clientes.

Consecuencias del hecho

El Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis) fiscalizó la tienda de la cadena comercial Balú ubicada en el Centro Comercial Propatria, en Caracas, tras la denuncia de la joven Kelly Ayary.

La institución informó vía Twitter que hizo acto de presencia “como ente encargado de velar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, logrando de parte de la empresa el acatamiento a las leyes que amparan este sector de la sociedad, y el reconocimiento a sus derechos”.

Un día después, aunque no fue anunciado a través de los canales oficiales, se conoció por medio de fotografías publicadas en redes sociales que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) clausuró la tienda.

Según la etiqueta del Seniat, pegada a las puertas del local de Balú ubicado en Propatria, el establecimiento fue cerrado durante 10 días.

Llama la atención que el Seniat, una institución que no tienes competencias en materia de discriminación, visitó y clausuró el local justo después de la denuncia y lo cerró con la excusa de incumplimiento de deberes tributarios.

Más quejas de actos similares

Una joven que se identifica en Instagram como Bianca Tatiana compartió el video de Kelly y comentó que también vivió una situación similar en la cadena de tiendas Traki.

“Exactamente sé lo que se siente y se llama discriminación, el año pasado me lo quisieron hacer a mí en una tienda de Traki. Somos seres humanos igual que tú también tenemos necesidades y derechos”, escribió la joven.

 

 
 
 
 
 
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Un problema mucho más grande

Días después del incidente ocurrido con Balú, a través de las redes sociales se viralizó otro video de una persona en silla de ruedas bajando por las escaleras fijas del Metro de Caracas, debido a que las mecánicas no están en funcionamiento.

Este video generó críticas en las redes sociales. Incluso, organizaciones defensoras de los derechos humanos se manifestaron ante el hecho. Una de ellas fue la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), que publicó un comunicado rechazando tal situación.

“Es importante recordar que el Estado venezolano, en el año 2013, suscribió y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dispone en su artículo 9 la aplicación de medidas pertinentes a los fines de asegurar la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público de las personas con discapacidad”, señala el comunicado.

Leyes que protegen a las personas con discapacidad

En conversación con Runrun.es, Karla Franco, abogada y representante jurídica de Consorven, explicó que en Venezuela existe la Ley Para Personas con Discapacidad, que establece una serie de derechos como el acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda.

Además, indica que esta ley incluye la carnetización de las personas con discapacidad, lo que se conoce como el carnet del Conapdis. Por medio de este registro, y más allá de tener algún tipo de data, “también las personas que cuentan con esta carnetización tienen acceso a ciertos beneficios”.

“Esa ley actualmente está sufriendo un proceso de reforma. Va a pasar de Ley Para Personas con Discapacidad a Ley Orgánica de Protección para Personas con discapacidad”, dijo, añadiendo que actualmente se está analizando un proyecto de ley que considera “poco inclusivo y accesible”, además de que “tampoco está ajustado a las necesidades especiales que ameritan las personas con discapacidad”.

 

A juicio de Franco, ese proyecto de ley presenta “ciertos vacíos desde el punto de vista jurídico y que no se concatena con lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, firmada y suscrita por el Estado venezolano en el 2013”.

Recordó Franco que la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es un instrumento jurídico internacional que garantiza los derechos humanos de las personas con discapacidad, “y el Estado Venezolano se comprometió en hacer cumplir todos los derechos suscritos”.

“En nuestra organización, constantemente recibimos información de personas que acuden informando o denunciando que se han visto afectadas en cuanto a lo que tienen que ver con sus derechos. No se está cumpliendo lo que establece la ley ni lo que establece el convenio”, añadió.

 

Como algunas problemáticas, comentó la falta de acceso a la  salud, terapias de rehabilitación física, terapias psicológicas, accesibilidad a instalaciones públicas y que ese incumplimiento “se está evidenciando mucho antes de la pandemia, y dentro de este contexto pandémico se ha agudizado”.

Sin estadísticas actualizadas

El último censo del cual se tiene información sobre las estadísticas de personas discapacitadas en Venezuela, data del año 2011, hace diez años. Para ese entonces, del total de 27.019.815 personas censadas, al menos el 5,38%, declaró tener al menos una discapacidad (1.454.845), lo cual representa el estudio sociodemográfico de la población con discapacidad en el país, reseñó Provea.

En otros países de la región, como en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó en 2020 que 7,2% de la población dijo presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio de personas con discapacidad.

Además, de acuerdo con el artículo, que fue publicado en el 2017, para ese momento se habían emitido 26.597 certificados a personas con discapacidad; beneficiando a igual números de personas en todo el territorio nacional. Igualmente, se han renovado 1.477 certificados.

Sin embargo, a través de la página web del Conapdis no hay información sobre estadísticas de personas con discapacidad, por lo tanto, se desconoce si estas cifras aumentaron o disminuyeron con el paso de los años.

Instituciones públicas y la obligación del Estado

De acuerdo con Karla Franco, que una institución pública como el Metro de Caracas no cumpla las condiciones óptimas para el desplazamiento de personas con discapacidad “representa una violación a sus derechos humanos”.

“En este caso particular, allí se viola el artículo 9 de la Convención, que habla sobre la accesibilidad de personas con discapacidad a lugares públicos. Y, realmente, la finalidad del artículo es que se pueda identificar y a la vez eliminar todos esos obstáculos y barreras físicas que representan una limitación para tener acceso a edificios, estructuras, transporte, escuelas, viviendas”, expresó.

 

En tal sentido, insistió en que el Estado tiene que velar “para que las personas con discapacidad tengan acceso a esas instituciones».

“La ley, en el artículo 41, habla de la accesibilidad en los terminales de transporte o estaciones de ferrocarril o Metro. También se está incumpliendo con la ley en lo que respecta a la accesibilidad”, remarcó.

¿Dónde acudir a denunciar?

La abogada Karla Franco señaló que en los casos de discriminación hacia personas con discapacidad, o la vulneración de sus derechos, se puede acudir a denunciar a instituciones como el Conapdis.

“Es un ente garante de los derechos de personas con discapacidad y atiende este tipo de situaciones. Es el ente responsable de hacer cumplir los derechos establecidos”, explicó.

Por otra parte, dijo que las personas también pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. “Si una persona con discapacidad está siendo víctima de violaciones a sus DDHH, puede acudir a la Defensoría del Pueblo”, señaló.

Problemas que no hacen ruido

Franco señaló que desde Consorven conocen de muchos casos de personas con diferentes tipos de discapacidad que no tienen acceso a lugares públicos, haciendo énfasis en que el Metro de Caracas no es el único caso.

“Tenemos casos de personas con discapacidad auditiva que acuden a un centro hospitalario y no son atendidas porque no cuentan con intérprete de lengua de señas. Muchas veces la persona se encuentra un poco privada porque no entienden lo que está manifestando y eso trae como consecuencia muchas veces que no la atienden, o incluso, se le aplica una mala praxis porque no comprenden lo que está tratando de manifestar”, advirtió.

 

Además, señala que a nivel educativo las personas con discapacidad auditiva no cuentan con intérprete de lengua de señas y personas con discapacidad intelectual o psicosocial no cuentan con un especialista.

“En muchos casos, a los niños les garantizan el cupo, pero no le garantizan un especialista, es decir, no le garantizan un sistema educativo inclusivo y eso trae como consecuencia que no tiene acceso al aprendizaje y no se nutre, no aprende y representa un atraso, la persona no evoluciona desde el punto de vista educativo”, lamentó.

Los que ayudan

Caroline Ruiz, directora de la asociación civil Buena Voluntad que trabaja con jóvenes con discapacidad para ayudarlos a ser incluidos en el ámbito social y laboral, señaló a este medio que algunas empresas o instituciones de recreación y educación no poseen la adecuada adaptación para estas personas.

“Casi siempre tienen escaleras, no hay ascensores para poder subir, o no están prendidos. Todo esto afecta significativamente la accesibilidad de las personas con discapacidad motora”, comentó.

Desde su organización llevan a cabo un arduo trabajo para ayudar a estas personas a que puedan conseguir empleo haciendo una evaluación de integración ocupacional que determina las actividades, destrezas e intereses de los jóvenes para posteriormente acudir a las empresas, levantar perfiles de cargos y hacer un seguimiento luego de la contratación.

Ruiz detalla que en el caso de personas que están en sillas de ruedas, la mayor dificultad que padecen es el transporte. “No hay transportes adaptados para que puedan acceder a distintas zonas de la ciudad. Esto también es uno de los principales problemas para el ámbito laboral y cualquier parte de la vida”, acotó.

 

También, señaló que es necesario hacer un trabajo de accesibilidad. Precisó que aunque se han llevado a cabo algunas iniciativas, esto es una “tarea de todos”.

“​​Debe empezar desde los colegios, en los centros educativos, en los hospitales, en las zonas recreativas. Creo que todavía nos falta un gran trabajo para poder mejorar la accesibilidad o desplazamiento que impiden el desarrollo natural de la vida de las personas”, dijo.

A su juicio, con respecto a la Ley de Personas con Discapacidad, es necesario conocer su reglamento “para ver la practicidad”.

Es necesario sensibilizar

Caroline Ruiz consideró que, desde el punto de vista social, queda mucho por resolver en el tema del respeto y la sensibilidad. “Pero creo que es un granito de arena que todos los días debemos contribuir a la sociedad”.

“Hay que entender que todos somos distintos, tenemos capacidades distintas, potencialidades. En Venezuela, el mayor reto es poder tener una accesibilidad, comunicación, sensibilidad. A nivel educativo, tenemos que capacitar a todas las áreas para que puedan, dentro de su ámbito, mejorar no solamente a nuestros jóvenes, sino también a toda la comunidad”, dijo.

Consideró necesario dejar de ver a las personas con discapacidad desde un tema asistencialista, sino desde el ser, “de todas las potencialidades que tienen, que son excelentes seres humanos, que aprendemos muchísimo de ellos y que pueden hacer su vida igual que cualquier otra persona, pero hay que hacer adaptaciones para que ellos puedan brillar dentro de sus ámbitos”.

“Hay que sensibilizar a un mayor número de personas desde el respeto. Creo que el gran problema es la falta de respeto y de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, hay ignorancia y desconocemos las cosas que está viviendo una familia o un joven, y entender que ninguno de nosotros está exento de padecer o sufrir una discapacidad”, finalizó.

 

Por su parte, la abogada Karla Franco indicó que se deben generar más campañas que sensibilicen a la sociedad, que fomenten el respeto y cuál es el trato que debe recibir una persona con discapacidad. “Lamentablemente, una parte de la sociedad aún discrimina a las personas con discapacidad”, señaló.

“Desde Consorven, constantemente realizamos campañas, informando a la sociedad cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad, cuál es el trato digno que debe recibir, de acuerdo con esas necesidades específicas. Lo hacemos como sociedad civil, pero también el Estado tiene la obligación, porque la Convención establece la toma de consciencia. Generar campañas que sensibilicen a la sociedad”, acotó Franco.

En lo legal

Karla Franco, de Consorven, consideró que, en el caso de la Ley Para Personas con Discapacidad, hace falta un reglamento “que garantice el fiel cumplimiento de los derechos allí contenidos”.

“Siento que existe la necesidad de reglamentar, para que las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan cumplir cabalmente lo que está ahí puesto”, dijo.

Por último, consideró que también deberían aplicarse sanciones “para aquellas instituciones y personas que incumplan con todos los derechos que están allí contenidos”.

Podcast 3 en 1 | La fiscalía de las tendencias, jugar para ganar dinero y petros en el limbo 

En el episodio número 134 del Podcast 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. encontramos tres interesantes reportajes publicados en Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.

En Runrunes comenzamos con el episodio protagonizado por el periodista deportivo venezolano Fernando Petrocelli y el fiscal general de la República designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, el cual lleva por nombre Justicia por engagement de la fiscalía no soluciona violencia de género.

El funcionario anunció que el Ministerio Público solicitó orden de detención contra el comunicador social por haber comentado un tuit donde se insultaba a la esposa del futbolista Lionel Messi previo al partido entre Venezuela y Argentina por la eliminatoria mundialista al Mundial de Qatar 2022. 

En El Pitazo sobresale el reportaje Axie Infinity: el juego con el que miles de venezolanos resisten la crisis

Frente al desastre financiero que ahoga al país, cientos de venezolanos, en su mayoría jóvenes, han encontrado la manera de generar dinero en criptomonedas con una modalidad que puede jugarse desde una computadora o un teléfono inteligente.

El furor ha hecho que Venezuela sea actualmente el segundo país con más participantes en este juego.

En Tal Cual se hace referencia al reportaje Créditos en petros: otra idea financiera de Maduro destinada a una muerte prematura.

Pese al fracaso que ha representado el petro, el Ejecutivo venezolano insiste en emplear el cripto activo y ahora pretende ofrecer créditos a privados en esta alternativa.

Analistas aseguran que la solución para activar la cartera crediticia consiste en liberar el encaje legal.

 

CLAVES |  Misión de la ONU concluye que el sistema de justicia venezolano facilita la violación de DDHH
El segundo informe de la Misión Internacional independiente de la ONU identificó un patrón de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional» facilitado por un sistema de justicia «carente de independencia»
Concluyen también que, en los últimos años, funcionarias y funcionarios públicos, incluso «algunos de alto nivel»,  han podido «cometer violaciones de derechos humanos y crímenes con impunidad»

 

Este 16 de septiembre de 2021 se difundió el segundo Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, que documenta las conclusiones del grupo sobre las actuaciones del sistema de justicia venezolano. 

El informe detalla hallazgos relacionados con la persecución a opositores y el papel del Gobierno en la «perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos» y se publica en un contexto en el que el gobierno y los sectores que lo adversan negocian acuerdos políticos en México. 

La Misión recalca que continúa examinando casos de «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género» y enfatiza que ha encontrado «recurrentes violaciones» al debido proceso que revelan que en el país hay  un «sistema de justicia carente de independencia» .

Estas deficiencias, según explican, van de la mano de un «patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014».

La Misión basó sus determinaciones en 177 entrevistas – muchas de ellas con actores del sistema de justicia – así como en una encuesta a exjueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos. También, se hizo un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales.

Asimismo, se revisaron detalladamente 183 detenciones de opositoras y opositores al gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021.  Este proceso derivó en la documentación de diversas irregularidades «que empañan todas las etapas del proceso penal».

“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en la nota de prensa oficial sobre el informe difundida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Según nuestra última investigación, existen motivos razonables para creer que, en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales», añaden.

El grupo independiente también concluye que, en los últimos años, funcionarias y funcionarios públicos, incluso «algunos de alto nivel»,  han podido «cometer violaciones de derechos humanos y crímenes con impunidad».

«El Estado venezolano está constitucionalmente obligado a investigar y castigar a todos los y las autores de violaciones de derechos humanos, independientemente de su posición. Sin embargo, la investigación de la Misión encontró que este deber se está incumpliendo en los casos que involucran a opositoras y opositores reales o percibidos por el gobierno como tales», denuncian. 

A continuación, las claves más relevantes del documento, cuyo texto completo puede descargar acá: Informe de la Misión Internacional de la ONU_16Sep2021


Falta de independencia del sistema judicial

La Misión encontró «motivos razonables» para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia.

El informe precisa que en Venezuela distintas reformas legales y administrativas «contribuyeron al deterioro de la independencia del sistema de justicia» y tuvieron lugar a lo largo de varios años, al menos desde la adopción de la Constitución de 1999.

Señala que la «injerencia política en la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo»  ha propiciado «cambios permanentes en su alineación ideológica», lo que ha tenido efectos sobre todas  las instituciones del Poder Judicial. La misión recalca que la Asamblea Nacional ha aprobado leyes que «eluden el proceso establecido constitucionalmente» y «aumentan la influencia política en la selección del Tribunal Supremo».

Reseñan también que, previo a la designación de diciembre de 2015, 13 de las magistradas y los magistrados se acogieron a la jubilación anticipada. Posteriormente, la mayoría de ellos denunció que  el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, había ejercido presión para que lo hicieran.

La ONU ve con preocupación que desde 2003 no se lleven a cabo procesos de selección competitiva  de juezas y jueces. Y que, en su lugar, «el Tribunal Supremo efectúa nombramientos provisionales de juezas y jueces, lo que significa que las selecciones y las destituciones pueden realizarse sin causa y por fuera del proceso establecido conforme a la Constitución».

Respecto a la designación de fiscales, indican que casi todos los que trabajan en la actualidad son provisionales.  Exfiscales entrevistados por la Misión declararon que el ingreso al Ministerio Público ya no es meritocrático, sino que depende en gran medida de «factores personales e influencias políticas partidistas».

La Misión asegura haber recibido información que califican como «creíble» de exfiscales, tanto titulares como provisionales,  quienes reclamaron haber sido destituidos por motivos políticos y sin proceso previo.

En ese sentido, recopilaron denuncias de actores judiciales y fiscales que denunciaron haber experimentado o presenciado «injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, por fuera de los hechos del caso».  Estas instrucciones provendrían tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal.

Además, el grupo de investigación afirma que recibió información de «múltiples fuentes» dentro de diversas instituciones judiciales que afirmaría que ciertos funcionarios públicos son “intocables” y no pueden ser sometidos a procesos judiciales.

«Se trata de personas, incluyendo funcionarios políticos y de seguridad, a veces vinculados con intereses económicos y/o criminales, que pueden ejercer control e influencia sobre jueces y fiscales», describen.

Sobre la injerencia en el Tribunal Supremo de Justicia, el informe de la Misión señala directamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como figuras políticas que emiten habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias.

«Al menos desde 2015 a 2018, el Poder Ejecutivo transmitió órdenes al Tribunal Supremo de Justicia de tres formas: a través de mensajes directos a las y los magistrados correspondientes, en ocasiones invitándolas/los a Miraflores (el palacio presidencial); a través de un contacto designado como intermediario entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo; y/o a través de las declaraciones públicas del presidente Maduro o Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre las y los magistrados»., se lee textualmente en el reporte. 

 

Como ejemplo puntual de esas denuncias, se narra el testimonio de un  exmagistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, nombrado en diciembre de 2015,  quien afirma que una de las primeras decisiones que le presentaron fue un proyecto de sentencia para inhabilitar a las personas electas como diputados del estado Amazonas, lo que habría eliminado la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional. 

«El entonces presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, supuestamente le ordenó que decidiera el caso de acuerdo con lo que la presidenta de la Sala Electoral le indicara. La presidenta de la Sala Electoral le dijo entonces que el país estaba en riesgo de guerra civil y que tenía que firmar la sentencia o sería responsable de las consecuencias», se lee textualmente en el informe. 

Funcionarios públicos inciden en la acción penal

En los Circuitos Judiciales Penales se describieron situaciones similares. Exjueces informaron de manera consistente que, en casos políticos, «recibían instrucciones o presiones sobre cómo decidir».  Abogados defensores contaron, por su parte, que han observado que antes de tomar una decisión, «los jueces abandonan la sala para poder recibir instrucciones de sus superiores”

El documento también incorpora un episodio violento que se vivió en las inmediaciones de la Fiscalía en agosto de 2017, días después de que Tarek William Saab fuera nombrado fiscal general.

«Se permitió la entrada al Ministerio Público de grupos de entre 10 y 15 hombres armados que llevaban puestos pasamontañas. Estos grupos tomaron fotos, establecieron cordones, entraron en las oficinas y sacaron documentos. También, se le reportó a la Misión que Tarek William Saab, al asumir sus funciones como Fiscal General en agosto de 2017, desmanteló rápidamente varias unidades especializadas dentro del Ministerio Público, disminuyendo así la independencia del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos por instituciones del Estado».

Contrario a lo establecido en la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar, que confieren al Ministerio Público o a la Fiscalía Militar la competencia para ordenar y dirigir la persecución penal, las investigaciones de la Misión identificaron un patrón en el que actores externos desempeñan un papel preponderante en este proceso, en ocasiones, «ejerciendo una influencia indebida sobre el mismo».

Precisan en el documento que en 102 de las 183 detenciones de opositores  que fueron examinadas por la Misión hubo funcionarios públicos de alto nivel que hicieron declaraciones públicas sobre el caso.

«Cuando los funcionarios políticos de alto nivel hacen tales declaraciones, están comunicando que tienen acceso privilegiado a la investigación penal y que los actores judiciales están actuando en su nombre. Las declaraciones expresan de forma rutinaria conclusiones sobre la culpabilidad o la inocencia, el carácter o la reputación de las personas sujetas a investigación», considera la Misión. 

Por otra parte, se documentó que tanto el Sebin como la Dgcim juegan un «papel importante en la dirección de las investigaciones». Un exfiscal confirmó a la Misión que en casos específicos, estos organismos de inteligencia tienen «carta blanca» para adelantar las investigaciones y que el Ministerio Público solo actúa para ratificar las decisiones.

Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas,  torturas y tácticas de castigo «nazis»

Diversas irregularidades sobre este punto fueron documentadas por la misión independiente de la ONU. Entre ellas, se especifican:

  •  19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, sustentadas por juezas, jueces y fiscales mediante la emisión de órdenes de detención expost facto.  «La modificación de fechas en las actas brindaba la apariencia de que se estaban respetando los derechos de las personas detenidas, pero ello era contrario a las versiones de los hechos relatadas por estas personas».                                                                                                                                                                                                                                 
  • Miembros de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado utilizaban la figura de la flagrancia como base para llevar a cabo detenciones arbitrarias de opositores  pesar de que no se acababa de cometer ningún delito ni estaba en curso.                                                                                                                                                                                                   
  • En 146 casos de 170 audiencias de presentación documentadas por la Misión se le dictó detención preventiva a la persona procesada, pese a que esta medida solo se puede ordenar de forma excepcional o cuando otras medidas cautelares sean insuficientes.                                                                                                                                                                                          
  • Exponen también que a menudo se impusieron «medidas cautelares sustitutivas desproporcionadamente prolongadas o restrictivas»  que, en algunos casos, alcanzaron una duración similar a la de la pena por el delito subyacente.                                                                                                                                                                                                                                         
  • La revisión de expedientes por parte de la Misión reveló discrepancias en las fechas que parecen encubrir la ausencia de órdenes de detención al momento en que fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales. «En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración durante los cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual»                                                                                                                                                                                 
  • Las autoridades no presentan órdenes de arresto, no explican los motivos de la imputación y no se identifican al momento de la detención cubriendo incluso sus rostros o utilizando alias: «Las personas detenidas fueron trasladas con los ojos vendados o encapuchadas, utilizando rutas indirectas. Hubo un uso excesivo de la fuerza o la violencia durante las detenciones».                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  • Uno de los casos documentados más impactantes refleja el uso de tácticas criminales, incluyendo el «secuestro o detención de miembros» de la familia de opositores para lograr los arrestos. Se menciona a un acusado de participar en la Operación Gedeón quien denunció torturas por parte de agentes de la Dgcim. El afectado contó que lo amenazaron con aplicar el “Sippenhaft” (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días.

  • La Misión destaca haber recibido denuncias repetidas sobre presos políticos a los que mantienen en régimen de incomunicación, especialmente durante los primeros días de detención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • En otro apartado relevante del informe, se especifica que en 113 de los 183 casos examinados por la Misión se denunciaron torturas, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Se hace notar también que los jueces no actúan ante las denuncias de torturas de algunos privados de libertad por razones políticas. Un detenido declaró que luego de que una jueza decidiera devolverlo a la custodia de la Dgcim, fue víctima de tres meses de torturas continuas. Otra detenida narró que sufrió un aborto después de la audiencia de presentación como consecuencia de las torturas infligidas.» A pesar de haber recibido denuncias de tortura, la persona titular del Juzgado de control la devolvió a la custodia de la DGCIM».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • La Misión no encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados por someter a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura (incluida la violencia sexual) y ejecuciones extrajudiciales. 

Allanamientos ilegales y siembra de pruebas

Se documentaron 73 casos en los que los agentes allanaron los domicilios o las oficinas de personas detenidas e incautaron objetos sin presentar órdenes de allanamiento en ese momento, incluido el caso del allanamiento de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021.

«En varios casos investigados, se incautaron pruebas durante allanamientos sin orden judicial de ordenadores o teléfonos, en ocasiones, tras haber obtenido las contraseñas bajo coacción o tortura», denuncian. 

Asimismo, reportan que actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba «falsificados, manipulados o sembrados» para justificar una detención o sostener los cargos y/o no investigaron las denuncias de que las detenciones se habían realizado sobre la base de dichos medios de prueba.

Irregularidades procesales

Denuncia la misión que jueces y las juezas ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional.

«En ocasiones, juezas, jueces y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona. En algunos casos, jueces y juezas dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían  torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley», describen.

Se reseña como patrón común la detención de personas por períodos prolongados sin cargos,  como en el caso del doctor Leonard Hinojosa, quien fue detenido en el Zulia el 26 de octubre de 2020 y luego recluido en La Boleíta de la DGCIM en Caracas hasta el 12 de marzo de 2021, sin haber sido presentado ante un juez ni informado del motivo de su detención.

La Misión documentó 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongó la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas. A varias personas detenidas se les aplazó la audiencia preliminar más de 20 veces, y algunos estuvieron en prisión preventiva hasta por cuatro años, el doble del límite legal.

Investigación limitada y selectiva de casos emblemáticos de violación a DDHH

La Misión se refirió a la información que presentó el fiscal Tarek William Saab sobre los avances en la investigación de «casos emblemáticos» de violación de DDHH. 

Recuerdan que el titular del Ministerio Público chavista se refirió específicamente a tres casos investigados por la Misión: Fernando Alberto Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete.

Opinan que el alcance de las investigaciones que se han estado adelantando sobre estos casos es «limitado», por cuanto no están siendo objeto de investigación todos los delitos graves, o bien, tan solo partícipes de bajo rango enfrentan procesos penales.

Con respecto a  los 19 casos incluidos en informe de la Misión de 2020 sobre la represión selectiva contra personas opositoras al Gobierno, salvo por los casos de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y otro caso más, «la información de la que dispone la Misión no indica que se hayan adoptado medidas de investigación tangibles, concretas y progresivas».

Detallan que en el período comprendido entre 2014 y mayo de 2021, el Estado informó que entre 379 o 397 funcionarios del Estado fueron condenados por violaciones de derechos humanos, al tiempo que aseguran que la información examinada por la Misión no da cuenta de que el Estado estuviese investigando a personas en los niveles superiores de la cadena de mando para determinar su responsabilidad penal en la violación de DDH. 

 «Por el contrario, en los casos a los que el Gobierno mismo hace referencia en sus informes, solo los partícipes de bajo rango enfrentan a un proceso penal. Con respecto a los funcionarios de alto nivel, incluidos los identificados en el informe de la Misión de 2020, la ley exige que para ser investigados y enjuiciados debe levantarse su inmunidad mediante un proceso de antejuicio de mérito», amplían.

 

En conclusión…

En el apartado final del informe, se registran las siguientes conclusiones a las que llegó la misión de la ONU tras el análisis de toda la data. Las más relevantes se detallan seguidamente. 

  • El sistema de justicia de Venezuela estaba erosionado desde antes de 2014.
  • La selección inconstitucional de juezas, jueces y fiscales, así como el nombramiento de jueces y fiscales provisionales y su destitución al margen de la ley,han sido perjudiciales para la independencia del sistema judicial.
  • Hay «motivos razonables» para creer que las juezas, jueces y fiscales del país han denegado el goce de derechos a opositores al gobierno,  por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público. 
  • Prevalecen las irregularidades en casos presentados ante juzgados y tribunales con competencia especializada en materia de terrorismo.
  • El sistema de justicia no protege a los opositores contra detenciones y arrestos arbitrarios y las juezas y jueces han desempeñado un papel clave en la detenciones arbitrarias.
  • Los retrasos procesales han prolongado la prisión preventiva y otras medidas cautelares con efectos devastadores para la vida de las personas sospechosas, incluida su salud física y mental y la de sus familias.
  • El Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos.
  • La práctica de solicitar y emitir órdenes de aprehensión a posteriori se ha utilizado para encubrir «períodos de detención en régimen de incomunicación o desaparición forzada», períodos en los que los detenidos fuero sometidos a tortura, violencia sexual y estuvieron incomunicados. 
  • El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la  represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos.

Las recomendaciones

En este capítulo, se hacen una serie de sugerencias a cada institución para evitar y reparar los daños cometidos. A continuación, se citan las más destacadas. 

Al Tribunal Supremo de Justicia: 

  • La Misión insta a que se garantice el nombramiento de jueces y juezas de primera instancia y de apelación exclusivamente por concurso público.
  • Recomienda realizar investigaciones imparciales  y, cuando corresponda, adoptar medidas disciplinarias apropiadas, para sancionar a los jueces y las juezas que demuestren no haber ejercido sus funciones en cumplimiento de las garantías del debido proceso, lo que incluye la falta de actuación ante denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de arrestos, detenciones e interrogatorios, incluyendo actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual.
  • Pide garantizar el respeto absoluto del principio de independencia judicial. Abstenerse de instruir o presionar a jueces y juezas, ya sea directamente o a través de los presidentes y las presidentas de los Circuitos Judiciales.
  • Sugiere al organismo llevar a cabo su papel de forma independiente, respetar la separación de poderes frente a otros poderes del Estado y abstenerse de tomar cualquier decisión basada en influencias indebidas, sesgos políticos o de otro tipo, es decir por fuera del apego a la ley.

A las juezas y jueces

  •  Realizar una revisión judicial sistemática de la legalidad de los arrestos y garantizar la correcta aplicación de la ley con respecto a las detenciones en casos de flagrancia.
  • Dejar de emitir órdenes de aprehensión a posteriori y garantizar la debida verificación de la información presentada por el Ministerio Público y las autoridades encargadas de la detención.
  •  Garantizar que la prisión preventiva esté debidamente fundamentada.
  • Revisar periódicamente las medidas cautelares para garantizar que se ajusten a los requisitos legales y que no se prolonguen más allá del tiempo máximo autorizado por el Código Orgánico Procesal Penal.
  • Garantizar que todas y cada una de las personas presentadas ante un tribunal y acusadas tengan la posibilidad de designar representación legal de su elección y abstenerse de la práctica de imponer una representación a través de la defensa pública.
  • Abstenerse de ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en las instalaciones del Helicoide y Plaza Venezuela del Sebin y la Boleíta y Fuerte Tiuna de la Dgcim. Garantizar que los cuerpos de seguridad e inteligencia cumplan las órdenes relativas al lugar donde se debe llevar a cabo la detención.
  • Cuando se ordene la prisión preventiva, garantizar que las personas detenidas sean enviadas a centros con instalaciones apropiadas para su género y con una adecuada segregación por sexos.
  • Desestimar las pruebas y los cargos fundados en pruebas provenientes de investigaciones realizadas por el Sebin y la Dgcim  cuando haya indicios de que la información se obtuvo mediante tortura o coacción.
  • Actuar inmediatamente ante las denuncias de tortura, incluida la violencia sexual.

 

Al Ministerio Público y fiscalía general militar

  • .Garantizar que las imputaciones se basen en pruebas sólidas y válidas, que sean suficientes para fundamentar los cargos.
  • Garantizar que las pruebas recolectadas no deriven de actos ilegales, incluyendo coacción, coerción, interrogatorios sin presencia de un abogado, o tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Dado que el Sebin y la Dgcim están «asociados a actos de tortura, coacción y manipulación de pruebas», sugieren adoptar el máximo cuidado antes de depender de estas instituciones en la investigación penal, incluyendo el uso de cualquier prueba obtenida por estos organismos.
  • Garantizar que las personas detenidas comparezcan en la audiencia de presentación ante los tribunales competentes con cargos bien fundamentados, dentro de las 48 horas establecidas por la ley.
  • Abstenerse de solicitar órdenes de aprehensión una vez transcurridas las detenciones y salvaguardar el derecho de las personas detenidas a no sufrir actos de tortura y violencia sexual en el delicado periodo que transcurre entre su detención y su presentación ante el tribunal.
  • Investigar las denuncias de tortura, incluida la violencia sexual por parte del Sebin y la Dgcim durante los arrestos y las detenciones.
  • Considerar cargos alternativos en los casos de Albán, Acosta Arévalo y Pernalete que reflejen la gravedad de los crímenes cometidos, y realizar revisiones de dichos casos para contemplar la posibilidad de presentar cargos contra personas de mayor jerarquía en las cadenas de mando de las estructuras involucradas.
  • Garantizar que las investigaciones no se limiten a los autores de menor rango, sino que examinen de forma exhaustiva la responsabilidad por dichos crímenes a varios niveles de la cadena de mando.
  • Informar de manera inmediata a las “autoridades competentes” cuando se tome conocimiento de actos de tortura.

 

A la Defensoría Pública y del Pueblo

  • Recomiendan dar instrucciones a los defensores públicos para que se nieguen a actuar en nombre de quienes no acepten su representación. y recordar que los defensores públicos deben seguir las instrucciones de sus clientes.
  • Piden a la Defensoría adoptar medidas concretas, mensurables y oportunas para dar seguimiento de oficio a las violaciones de los derechos humanos o a raíz de denuncias y quejas recibidas. Esto debe incluir la presentación de denuncias en contra de los funcionarios públicos que hayan violado derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. 

Al Poder Ejecutivo

  • Aplicar las recomendaciones publicadas por la Misión en su Informe 2020. Sobre el presente informe, piden que se prioricen aquellas relacionadas con la responsabilidad de agentes estatales y la justicia para las víctimas, las garantías del debido proceso, la independencia de los jueces y fiscales, el uso de los tribunales militares, la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y las instituciones públicas.
  • Abstenerse de emitir órdenes o ejercer presiones implícitas o explícitas, sea a través de comunicaciones públicas o privadas, sobre las autoridades del sistema de justicia, incluidos juezas, jueces y fiscales en relación con las investigaciones y los procedimientos judiciales, y los procedimientos contra opositores.
  • Continuar la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, permitiendo el acceso pleno y sin obstáculos a todos los centros de detención y el acceso a las salas de audiencia y a los juicios con fines de observación.
  • Cooperar con la Misión, entablar un diálogo y conceder acceso a Venezuela a sus miembros y personal para realizar investigaciones in situ

           

#EnchufaDÍN | Felicita a Yelitze Santaella por su nuevo cargo
Yelitze Santaella gobernó durante dos períodos consecutivos el estado Delta Amacuro. Posteriormente, fue diputada hasta que obtuvo la gobernación del estado Amazonas

Yelitze Santaella, administradora de profesión e integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se inclina hacia la facción de Diosdado Cabello, gobernó durante dos periodos en el estado Delta Amacuro y, posteriormente, el estado Monagas. Ahora, asumirá el Ministerio de Educación, ente que asumirá con problemas estructurales sin solución anterior como los bajos salarios de los maestros y la decadencia en la educación en el país, que empeoró con la pandemia de COVID-19.

ONU: Sistema de justicia venezolano ha violado el debido proceso por motivaciones políticas
Un informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela concluye que el sistema de justicia del país ha servido, durante años, para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición al gobierno de Maduro

 

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó la mañana del 16 de septiembre su segundo informe, correspondiente a la actuación del sistema judicial venezolano ante violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El informe concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

El documento, que se analizará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, revela el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura o la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar detenciones ilegales.

De acuerdo con la Misión, existen «motivos razonables» para creer que funcionarios de alto nivel han influido de manera considerable en el Poder Judicial del país.

Durante la presentación del informe, la abogada Marta Valiñas, presidenta de la Misión, expresó: «Los ataques que hemos documentado están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, y todos aquellos considerados amenazas al gobierno».

«Hemos concluido que, en lugar de dar protección a las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos«, añadió.

La investigación realizada, sumó la abogada, deja al descubierto «un sistema de justicia comprometido y que ha violado el debido proceso por motivaciones políticas».

«Hemos documentados acoso e intimidación contra las familias de las personas detenidas, además de los 90 casos documentados en el informe anterior de la Misión, solo 3 han tenido avances (…) Muchos de los patrones y casos que denunciamos en nuestro primer informe continúan», precisó Valiñas.

El investigador Michael Cox, director del LSE Ideas, también intervino en la presentación del informe y manifestó: «El uso excesivo de la detención preventiva se ve agravada por la tardanza o falta de ordenes de liberación por parte de los jueces. La mayoría de los detenidos fueron por ejercer sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica».

«Hemos documentado tanto en el informe anterior como en el actual que miembros del personal militar ha sido víctimas de torturas. Tenemos casos documentados de militares siendo torturados y usar sus declaraciones como evidencia durante los juicios militares (…) Documentamos obstáculos para que los abogados defensores tengan acceso a sus representados, así como demoras para establecer las fechas de las audiencias y juicios», detalló.

De igual manera, aseguró que siguen investigando «las violaciones y crímenes documentados en el informe anterior, como el abuso sexual, tortura y persecución«.