resolución 008610

La afirmación es de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, quien en la audiencia celebrada ayer hizo hincapié en las desacertadas políticas económicas del gobierno que dejan a Venezuela muy mal parada: hace cuatro años, indicó, no había ni la inflación ni la escasez que hoy padecen los venezolanos.

“Para el segundo semestre de 2000 la pobreza en Venezuela era de 46,3%, un poco menos de 11 millones de personas. La política de promoción de misiones de 2004 la redujo en tres años a 33%. La inversión en materia social de esos años logró para el segundo semestre de 2012 llevarla a 21,2%”, reconoció Uzcátegui en la sesión.

Pero todo empeoró: “Empezó un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza. Cifras oficiales revelaron que en 2013 se incrementó hasta 27%. Eso significa que 416.326 hogares se incorporaron a la gran población de personas que viven en condiciones de exclusión. Venezuela cerró 2013 con 9.200.000 pobres”, explicó el activista.

En 2014 el gobierno dejó de divulgar cifras sobre la pobreza, por lo que las ONG trabajan con proyecciones: “Al analizar las proyecciones se concluye que en Venezuela hay más de 10 millones de personas viviendo en la pobreza, como en 2000”, aseveró Uzcátegui.

Caos en salud y educación.

Francisco Valencia, presidente de Codevida, denunció la precariedad de la salud en Venezuela. Citó ejemplos: en el Hospital Universitario de Caracas hay solo 300 camas operativas de 1.200; el Banco Municipal de Sangre tiene un déficit presupuestario de 95% y las neveras que almacenan la sangre están dañadas; en el Hospital J. M. de los Ríos cerraron neurocirugía y la emergencia por una inundación de aguas negras.

“Cada año 250 personas con accidentes cerebrovasculares o con obstrucciones coronarias están en riesgo por falta de insumos. 58% de las embarazadas no recibe atención prenatal. Las personas con cáncer no tienen reactivos”, denunció.

Alexis Ramírez, coordinador de Fenasopadres, denunció que desde 2001 el gobierno vulnera el derecho a la educación, con la pretensión de imponer un modelo socialista y con las manipulaciones históricas en los programas escolares.

Instituciones secuestradas.

Carlos Ayala Corao, ex presidente de la CIDH, abrió fuegos en la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Venezuela al referirse al  deterioro de la institucionalidad irrefutable: las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral han sido designadas a través de la aplanadora chavista en la Asamblea Nacional y no por la mayoría calificada (dos terceras partes) de sus integrantes. “No hay quien controle al gobierno”, resumió el jurista.

Ayala Corao destacó la debilidad del Poder Judicial como consecuencia de que la mayoría de los jueces (66% reconoció la representación estatal, lo cual en opinión del presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, es preocupante) ejercen sus cargos sin estabilidad y son vulnerables a todo tipo de presiones.

Mencionó como uno de los más graves episodios de la historia judicial del país que la Sala Constitucional se haya erigido en tribunal penal, y a través de juicios sumarios y sin derecho a la defensa haya condenado, encarcelado y destituido de sus cargos a los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Para colmo, contra ambos se emprendieron otras acciones judiciales para prolongar su prisión.

Otras consecuencias de lo que Ayala Corao denominó secuestro de las instituciones es la inhabilitación de diputados sin juicio previo ni condena penal, como es el caso de María Corina Machado, así como la detención del alcalde Antonio Ledezma, en cuyo caso el mandato del presidente Maduro sustituyó la debida orden judicial.

La directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega, precisó que en 2014 hubo 1.018 presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que el año anterior se contaron 669, lo cual implica un incremento de 52%.

Cofavic registró 188 casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el año pasado, así como 3 casos de presuntas desapariciones forzadas de personas.

Sobre la impunidad de las violaciones de derechos humanos, Ortega aseguró que solo 1,3% de los casos llegan a juicio.

El representante del Estado, Germán Saltrón, trató de justificar: “En 15 años no podemos solucionar todas las irregularidades que se venían arrastrando desde hace 100 años”. Y no desaprovechó la oportunidad para decir ante la CIDH que el decreto del presidente Barack Obama que declara la situación venezolana como una amenaza para Estados Unidos equivale a una declaración de guerra.

El Estado defiende resolución 008610

Sobre la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas potencialmente mortales en la represión de manifestaciones, la comisionada Rosa María Ortiz emplazó al Estado a precisar qué tipo de armas.

Sin responder a la pregunta específica, Germán Saltrón señaló que la protección constitucional se limita a las manifestaciones pacíficas. Desde su punto de vista, la simple interrupción del tránsito de vehículos implica violencia y amerita procedimientos más severos para el control del orden público.

“Lo que establece la resolución es la actuación de un primer cordón  por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Si la PNB es rebasada, interviene un segundo cordón de la Guardia Nacional Bolivariana, y si esta también es rebasada, procede la participación de un tercer cordón del Ejército”, dijo Saltrón sin despejar las dudas de los comisionados.

Una vez más, el Estado negó la posibilidad de que la CIDH visite Venezuela. En todo caso, el comisionado presidente advirtió que seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos en el país, “en cumplimiento de su mandato”.

El dato

En el examen del caso de Linda Loaiza López se planteó la necesidad de una reparación integral de la víctima y el establecimiento de garantías para la no repetición de hechos tan atroces. Parte del debate se concentró en la impunidad en que quedó el delito de violación sexual. María Alejandra Díaz, en representación del Estado, dijo que, en definitiva, todo fue el resultado de falta de pruebas, sin reprochar al Ministerio Público que no haya hecho una investigación efectiva.

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La muerte de un adolescente venezolano el martes por un policía que le disparó con una escopeta de perdigones de goma en la cabeza causó no solo conmoción en la opinión pública, sino también el rechazo de buena parte de la sociedad sobre el uso de armas para reprimir protestas.

Este jueves, a dos días del suceso, un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores se pronunciaron contra la resolución del Ministerio de la Defensa emitida recientemente que permite a la Fuerza Armada el uso de la fuerza «potencialmente mortal» en caso de que sea necesario durante la represión de protestas.

El grupo presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir a la Sala Constitucional la nulidad de esta resolución «nefasta» y «mortal», al tiempo que exigió un pronunciamiento rápido a esta solicitud al considerar que «la vida de los jóvenes venezolanos pende de un hilo» por culpa de esa instrucción.

El estudiante de bachillerato Kluiverth Roa, de 14 años, falleció en un escenario de protestas en San Cristóbal, estado Táchira (oeste), y el agente de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB) Javier Mora, de 23, fue imputado por «homicidio intencionado» con agravantes por tratarse de un menor de edad.

Mora confesó que disparó al adolescente con una escopeta de perdigones de goma, según la Fiscalía venezolana.

El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, aseguró, sin embargo, que la resolución no tiene relación con la muerte del joven ya que ésta regula la actuación de las fuerzas armadas y no de la PNB, cuerpo al que pertenece el imputado.

«En este caso, quien actuó fue la PNB (…), lo que ocurrió fue que un policía de manera indebida, de manera criminal, mató a un menor de edad, eso no tiene que ver con ninguna resolución», dijo Saab.

Los obispos venezolanos, por su parte, pidieron a las autoridades del país que no empleen métodos o armamentos «contrarios a la legalidad», en clara alusión a la resolución que, según sus detractores, es contraria a la Constitución donde se establece que las manifestaciones no pueden ser controladas con armas de fuego.

En un comunicado firmado por Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, y respaldado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), se exhorta además a que, «siguiendo la invitación del papa Francisco», se agoten los espacios «para el encuentro y el diálogo» que sea constructivo para la búsqueda de soluciones.

En el ámbito internacional se siguieron produciendo reacciones sobre la muerte del chico en las que se pidió a Venezuela, precisamente, retomar el diálogo.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló este jueves de la necesidad de que se reactive un diálogo político en Venezuela y se ofreció para mediar entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, siempre «respetando la autonomía», dijo, para ayudar a resolver la crisis del vecino país.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por nuevos informes sobre actos de violencia surgidos en Venezuela y manifestó su apoyó los esfuerzos para promover el diálogo político.

Asimismo, la organización Human Rigths Watch insistió en la necesidad de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) actúe para «repudiar las graves violaciones a los derechos humanos» en Venezuela y exigir la puesta en libertad de los dirigentes de la oposición detenidos.

Sobre la detención de los políticos, una representación de 15 burgomaestres pertenecientes a la Asociación de Alcaldes por Venezuela se concentró frente a la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, para demandar la liberación de los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos.

Entretanto, el Gobierno ofreció hoy detalles sobre el fallido plan de golpe de Estado que denunció hace dos semanas el propio presidente, supuestamente trazado desde Estados Unidos y en el que estarían involucrados, presuntamente, militares de la aviación y opositores.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana (AN), Diosdado Cabello, presentó en televisión una relación de llamadas telefónicas efectuadas supuestamente desde el teléfono de Ledezma en enero de este año a un número de EE.UU. perteneciente a dos venezolanos que estarían detrás de la financiación del fallido golpe.

Según Diosdado, con el mismo número de Estados Unidos al que aparecen llamadas efectuadas en el registro del teléfono de Ledezma se comunicó también el teniente Henry Salazar, detenido como uno de los presuntos ejecutores de la tentativa golpista.

Maduro dijo que si al pueblo de Venezuela «le tocara luchar» solo, «sin el apoyo del mundo», así lo hará, en un acto en el que acusó a Washington de presionar «a todos los países de Latinoamérica y el Caribe» para que se sumen y apoyen una intervención estadounidense en Venezuela.

También pidió a los «diputados de la derecha» del Parlamento Europeo que «no metan sus narices» en los asuntos de Venezuela después de que la mayoría de grupos políticos de la Eurocámara demandasen el miércoles la liberación de Ledezma y el cese de los episodios de violencia en el país.

El presidente Nicolás Maduro se refirió este martes 24 de febrero al asesinato del joven Kluiverth Roa, de 14 años, quien murió de un tiro en la cabeza por un agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Táchira. En un acto desde el estado Sucre que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro calificó el hecho como «inverosímil», aunque no haya nada más verosimil que las imágenes del Kluiverth Roa vestido de liceísta desangrándose en una calle de San Cristóbal mientras los agentes de la PNB emprendían la huida y atacaban con bombas lacrimógenas a los vecinos de Barrio Obrero. Aquí un resumen de sus declaraciones:

1. Los policías «pasaron por allí»: El presidente, quien se encontraba de gira en Trinidad cuando ocurrieron los hechos, ofreció un reporte que fue televisado, en el que relató una versión de los hechos que contradice los relatos de vecinos, testigos presenciales del asesinato y varios videos del asesinato de Kluiberth Roa en San Cristóbal: «El momento en que un grupo de muchachos, con capuchas, estaban en actividades de protesta y generación de violencia, es la versión preliminar. En ese mometo se produjo un hecho inverosímil: Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea. Dicen los policías que fueron rodeados, atacados y atacados con piedras. Y uno de los policías accionó esta escopeta de perdigones y mató a este muchacho». Una joven que presenció y narró el suceso el suceso aseguró que fueron los policías quienes atacaron con perdigones a los manifestantes. Roa salía a esa hora de clases en el liceo Agustín Codazzi y se encontró con un herido por perdigones y se detuvo para auxiliarlo. La policía llegó de manera violenta. Varios jóvenes que manifestaban corrieron. Kluiberth, quien apenas alcanzó a esconderse debajo de un carro, fue sacado por agentes de la PNB. Un funcionario, Javier Osias Mora Ortiz, de 23 años, disparó casi a quemarropa en la cabeza, específicamente en la región occipital.

2. La derecha, siempre la derecha: Maduro acusó a la «derecha» venezolana de formar sectas que reclutan jóvenes para promover la violencia. «Basta de violencia, se lo digo a los grupos de la derecha. Que envuelven en un abanico de odio, y el estímulo, y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia, y les envenenan el alma de odio, de deseo de venganza de muerte».

3. Otra vez, siempre la CIA y «el imperio»: Maduro también acusó a la CIA de formar «sectas» —una palabra que repitió varias veces— como ‘Tradición, Familia y Propiedad’, la cual aseguró formaba fanáticos. Además sugirió que en Venezuela existía una cosa que llamó «la trilogía del mal» y que alguien de esa «trilogía» formaba parte de ‘Tradición, Familia y Propiedad’: «Fue una secta que formó la CIA para formar fanáticos, entre un fundamentalismo católico y un anticomunismo fascista. Aquí en Venezuela y en Brasil existió ‘Tradición, Familia y Propiedad’. Uno de ellos, de la trilogía del mal, que Venezuela conoce, uno de estos monstruos, a su primera edad fue capturado y adoctrinado en ‘Tradición, Familia y Propiedad’. Y ellos han reproducido esos grupos celulares, son como células. Y llenan de odio a jóvenes y los llevan a ejercer la violencia».

4. Venezuela como potencia educativa: No se sabe si fue porque Maduro estaba en un acto con líderes de agrupaciones estudiantiles de todo el mundo y porque la propaganda oficial necesariamente debe ser llevada fuera de nuestras fronteras. No se sabe si fue porque en verdad se lo cree o porque quiere que el resto del país se lo crea también, pero el presidente sugirió que Venezuela es casi una potencia educativa: «Nuestros muchachos tienen garantizado el derecho al estudio, desde que nacen hasta que se gradúan al nivel que se quieran graduar. Tienen la educación pública, de calidad, gratuita, totalmente gratuita, garantizada por el Estado revolucionario. Hay que ver en cuantos países del mundo esto es un derecho. Sobre todo a nivel universitario. Y estamos buscando el 100% de la matrícula». La realidad es que en el país hacen falta planteles educativos, la infraestructura educativa está en franco deterioro, la calidad educativa ha descendido (Venezuela está en la cola de países en Latinoamérica que producen investigaciones científicas), las universidades funcionan con presupuestos deficitarios, hay fuga de cerebros y los sueldos de docentes son insuficientes para cubrir la canasta básica.

5. Protesten donde sea, menos donde gobierne el chavismo: El presidente exhortó a los jóvenes que manifiestan a alejarse de la violencia y dijo aseguró que en el país están garantizados los derechos a manifestarse, aunque en el municipio Libertador (Caracas) —gobernado por el PSUV— no se permita a opositores marchar y protestar pacíficamente. Maduro dijo: «Si usted quiere protestar un tema, se organiza y sale a la calle. Pide los permisos respectivos, puede salir a marchar, cantar, gritar consignas. Puede ir a una televisora, a una radio y decir ‘no estoy de acuerdo con esto’. Pero no hay espacio para la violencia». Se le olvida que a los estudiantes de la UCV no se les permitió acudir a una misa por los caídos Bassil Da Costa, Robert Redman y Juancho Montoya en la iglesia San Pedro el pasado 12 de febrero. El templo, que está apenas a una cuadra de la UCV, fue bloqueado por piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

6. «Llenos de odio»: El jefe del Estado cree que los que manifiestan contra su gobierno están llenos de odio: «Son muchachos que se han dejado inyectar el odio hacia nosotros. Primero hacia el comandante Chávez, ahora hacia mí y hacia nosotros los revolucionarios. Con el odio no van a lograr nunca nada. Lo único que van a lograr es destruir su propia alma. Basta de violencia, muchachos. Hagan lo que tengan que hacer con sus ideas, pero háganlo en paz, respetando la constitución».

7.  ¿Y la impunidad?: El presidente aseguró que «si algún funcionario, por cualquier razón que sea, encargado del orden público, comete un crimen. Saben ustedes que soy el primero en buscar la orden para detenerlo». Pero allí están —libres o esperando un juicio que no termina de llegar— los asesinos de Bassil Dacosta, Geraldin Moreno, Juancho Montoya, Robert Redman; o la funcionario de la Guardia del Pueblo que golpeó brutalmente a Marvinia Jiménez y que permanece en libertad y goza de la protección de las autoridades. La impunidad es tal, que ni las fotos o vídeos que muestran a los funcionarios disparando han servido para que sean detenidos.

8. La resolución de Padrino López. Maduro afirmó: «En Venezuela está prohibida la represión armada y de manera explícita en la constitución están los elementos para contener, como lo hicimos el año pasado». Pero la verdad es que el Gobierno avaló la resolución 008610 del Ministerio de Defensa, publicada en Gaceta Oficial en enero y suscrita por el ministro Vladimir Padrino López, en la que se autoriza el uso de armas letales para controlar manifestaciones, aunque esto contravenga el artículo 68 de la Constitución venezolana que establece que «se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas».

9. La mentira de las 43 muertes: «Los 43 muertos de las guarimbas del año pasado. Todos, todos todos, son producto de francotiradores o de hechos vinculados a violencia como estas», dijo Maduro, aunque funcionarios del Sebin, de la PNB, Guardia Nacional Bolivariana y Guardia del Pueblo aparezcan como responsables de algunas de las muertes causadas el año pasado en el marco de las protestas. El Estado no ha probado en ninguna instancia la vinculación de las muertes a francotiradores, ni ha identificado a ningún francotirador y establecido su culpabilidad.

10. Bonus: reírse tras la tragedia. Maduro cuenta chistes y se ríe. El presidente dijo que condenaba la muerte del adolescente Kluiberth Roa. Pero luego, en la misma cadena, se distendió, contó chistes y rió a carcajadas.

Profesores de Derecho de distintas universidades venezolanas se suscribieron a un comunicado en el que expresan su preocupación ante la resolución 008610, que legitima el uso de armas letales en manifestaciones. En él mismo, explican que dicha resolución es inconstitucional.

Agregan que la medida obedecería a un «espiral» represivo que vive actualmente el país. «Claramente, el gobierno venezolano se prepara a hacer frente a tal crisis con una escalada represiva, atemorizando a los ciudadanos, limitando sus libertades y evitando que ejerzan sus derechos fundamentales», afirman.

Lea el comunicado completo a continuación:

PROFESORES DE DERECHO EN CONTRA LA REPRESIÓN Y EL USO DE ARMAS LETALES CONTRA MANIFESTANTES (1) (2)

Para Teodoro Petkoff y su gallardo equipo de TalCual

Vitelio, “el  hombre del lápiz rojo”. Con aires de intelectual (había escrito libros, entre ellos “Mi defensa ante el tribunal de la historia”), el personaje de marras dirigió la Junta de Censura del dictador Marcos Pérez Jiménez, en cuyo nombre visitaba día a día las redacciones de los diarios con el fin de suprimir aquellas noticias que pudiesen dañar la imagen del régimen.

Se creaba así una fantasía de paz social que algunos abuelos rememoran como “aquella época cuando podíamos dormir con las puertas abiertas”, mientras las cárceles y los campos de concentración se llenaban de presos políticos y muerte, en ausencia de registro documental.

Pero, claro, el tiempo ha pasado y los progresos en derechos humanos, tecnología y comunicaciones hacen más difícil esconder los pecados totalitarios. De manera que Vitelio también se ha remozado.

Ahora usa la Ley Resorte, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, la resolución 8610 y otros instrumentos del mismo corte, violatorios de la constitución vigente, y diseñados para perseguir a quien ose expresar una idea contraria al régimen. A lo que se suma la aplicación de multas judiciales impagables a los medios, por causas nimias.

También Vitelio controla la distribución del papel requerido para la impresión de periódicos, antes expropió y ahora compra medios impresos y audiovisuales hostiles a través de testaferros, amenaza a empresas para impedir la inserción de avisos en diarios opositores, todo ello para quebrarlos financieramente y así hegemonizar el pensamiento único.

De todo eso da cuenta el “Estudio 2014: Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela”, del IPYS Venezuela. Y de todo eso dan fe los directivos y el personal de TalCual, que sin flaquear a lo largo de 14 años han sufrido presiones de todo tipo, violatorias de la libertad de expresión. Coacciones también ejercidas sobre investigadores científicos cuando éstos revelan datos sobre nuestra realidad nacional, que el régimen oculta en aras de imponer un discurso oficial de falso bienestar ciudadano.

Con dignidad, Petkoff y su equipo se han rebelado también contra ese otro mecanismo perverso, la autocensura, que por temor ha arrastrado a demasiados medios e individuos a claudicar su fe en los valores de la libertad y la democracia.

El próximo 27 de febrero TalCual cerrará su edición impresa diaria para reducirse a un semanario y una edición digital, víctima del acoso sistemático del régimen. Allí nos reencontraremos. Queda para la historia del periodismo nacional su orgullosa integridad frente al totalitarismo en boga.

Cuando las crónicas de esta oscura época se cuenten, los nombres de Teodoro y sus compañeros servirán de faro para las generaciones futuras, que deberán aprender de las experiencias actuales para evitar ser arrastradas también ellas a una ruina ética y espiritual contraria a nuestros ideales libertarios.