La nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero tiene muchas misiones para cumplir. Son tantas que a veces pareciera que no se dará abasto. Está en el país con la inflación más alta del mundo, y eso pareciera dictar una prioridad. Pero desde hace por lo menos un lustro Venezuela es también el territorio con una de las tres tasas de homicidios más elevadas del planeta.
En materia de seguridad ciudadana, la situación pareciera empeorar al cierre de 2015. El año finalizará probablemente con más de 27.000 homicidios. En Caracas las muertes violentas muestran un incremento cercano al 5% con respecto a 2014. El año que finaliza, además, será recordado como el que tuvo el mayor número de homicidios por “resistencia a la autoridad”. Las policías, en su afán por abatir la criminalidad, se han convertido en un factor estadísticamente representativo dentro de la violencia, a propósito de las famosas Operaciones de Liberación del Pueblo. En líneas generales, hay una especie de inercia nociva que pareciera muy difícil de abatir.
Las cifras de criminalidad en el país son refractarias a los cambios de las legislaciones. En materia de robo y hurto de vehículos, por ejemplo, durante la era chavista se han batido todos los récords en cuanto a casos conocidos a pesar de que fue aprobada una ley especial sobre la materia, que luego reformaron para endurecer aún más las penas y crear nuevos tipos delictivos. Algo similar ha ocurrido con los secuestros. Esto debe ser tomado en cuenta por los diputados que asumirán en enero.
Paradójicamente, el Parlamento que finaliza aprobó o cedió sus poderes para que el Ejecutivo aprobara vía habilitante nuevas leyes que sólo han contribuido para colocar en el grupo de los delincuentes a ciudadanos que en otras condiciones serían personas de bien. Son leyes que podríamos llamar “criminógenas”, es decir, que generan delito antes que impedirlo. Las normas sobre régimen cambiario y precios justos están en este grupo.
La nueva camada de legisladores, por lo tanto, debe administrar su poder con mucha prudencia. Debe entender que a veces es mejor desregular antes que sumar nuevas normas a una sociedad que precisamente está hastiada de controles artificiosos. Los despachos instaurados para ejercer tales restricciones, como la Superintendencia de Precios Justos, se convirtieron en instrumento de extorsión a los comerciantes. Otros cuerpos de seguridad, como Delincuencia Organizada de CICPC y la Dirección de Contrainteligencia Militar, hicieron su agosto como entes reguladores de la corrupción generada por el régimen cambiario. Decidían quién iba preso y quién no, en una especie de subasta cotidiana de libertades. Sobre esto hay mucho por escribir.
En materia de seguridad ciudadana, así como en otras áreas del quehacer nacional, se avizora un conflicto entre un poder legislativo que remará en una dirección y un Ejecutivo que lo hará en sentido opuesto. Esta disputa podría consolidar la inercia nociva ya referida.
Pero hay asuntos que es necesario abordar de inmediato, mediante el ejercicio de las facultades contraloras del Parlamento. Por ejemplo, se impone una revisión de los presupuestos asignados al sistema de seguridad ciudadana (incluido Servicio Penitenciario) y de justicia. Según el criminólogo Fermín Mármol este año las partidas para los cuerpos de seguridad apenas llegan a 2% del Presupuesto. Esto podría concluir en una reorientación de los gastos asignados a otras áreas que no son tan prioritarias, como sería la adquisición de sistemas de armas de guerra convencional, como la nueva flota de cazabombarderos rusos, anunciada en septiembre por el presidente Maduro.
En el ámbito penitenciario, es claro que el actual ministerio se abrogó facultades que no existen en las leyes, como por ejemplo la instauración del sistema de “cupos” para regular los traslados a los internados judiciales. Esto ha creado un cuello de botella que transfiere los problemas de hacinamiento y manutención de detenidos a los retenes policiales. Servicio Penitenciario además opera como una “caja negra” que no rinde cuentas. No se sabe ni siquiera cuántos presos hay. Mucho menos dónde están ni cuánto dinero se destina para alimentarlos.
Otra área tiene que ver con la ausencia de coordinación e intercambio de información entre los distintos cuerpos preventivos. Evidencia es que los directivos de PoliCaracas nunca asisten a las reuniones del consejo metropolitano de seguridad. Pero incluso entre los cuerpos municipales y estatales regidos por miembros de la oposición hay diferencias. Los intercambios de información ocurren más por amistad y cortesía que por una obligación normativa.
En líneas generales, la ausencia de transparencia es común a todos los cuerpos policiales. No existe una cultura de intercambio y divulgación de información. De allí que los venezolanos no sepamos con certeza cuántos homicidios hubo en 2014. Ni siquiera los resultados de la encuesta nacional de victimización hecha en 2012, por citar algunos ejemplos. Un parlamento que investigue podrá subsanar parcialmente estos problemas.
Varios sectores de la oposición han planteado además la necesidad de aprobar una legislación que permita la recuperación en el exterior de los activos producidos por actividades de delincuencia organizada. La expresidenta de la Conacuid Mildred Camero elaboró una propuesta sobre el particular. Desde Transparencia Venezuela también han hablado al respecto. Se debe tomar en cuenta que Venezuela es signataria de varios convenios de cooperación bilaterales y multilaterales, en especial de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que sirven como puntos de referencia para aprobar cualquier norma sobre la materia.
Al final, lo más importante no está en las leyes sino en la voluntad política para determinar cuáles normas vigentes deben ser aplicadas, cuáles derogadas y por último cuáles harían falta para hacer de Venezuela un país menos violento.
En esto no se puede esperar resultados de corto plazo. Pero mientras más tiempo se pierda se dificultará más la superación de los actuales niveles de criminalidad.
Breves
*El uso del fuero parlamentario para escapar a la justicia en casos de drogas no es nuevo. En 1982, Pablo Emilio Escobar Gaviria obtuvo una curul como diputado suplente amparado en el movimiento político Civismo en Marcha, creado y financiado por él mismo, que apoyó en Antioquia al candidato del Nuevo Liberalismo Jairo Ortega. El líder de este partido Luis Carlos Galán se percató luego de que alias Patrón formaba parte de las poderosas bandas de traficantes de drogas de Medellín, y lo expulsó de la coalición política. Con esta decisión Galán se ganó el atentado que terminó con su vida. Escobar participó en algunos debates parlamentarios, y a pesar del creciente rechazo que iba generándose en Colombia hacia su figura en su tierra natal su popularidad crecía, básicamente porque una parte de los recursos generados por el comercio de cocaína lo destinaba a obras sociales. El programa Medellín sin Tugurios realmente transformó varias comunas de la capital antioqueña. Escobar además no dudaba en financiar intervenciones quirúrgicas, construcciones de viviendas, préstamos para estudio que luego condonaba y líneas completas de taxis que luego le daban información sobre los movimientos de la policía, por referir algunos ejemplos. Al final de sus días no intentó ocultarse en ningún paraíso fiscal del exterior ni en regiones selváticas sino precisamente en esos barrios donde él era venerado. Son las lecciones que nos deja la historia.
*Varios escenarios están planteados cara al juicio en Nueva York por conspiración para traficar drogas contra los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores. El primero, que ambos encausados continúen afirmando su inocencia hasta el final del debate oral. Esta opción se basa en la posibilidad de que los abogados, en especial los litigantes privados que defienden a Campo Flores, sepan aprovechar algunos deslices cometidos durante la pesquisa de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Básicamente, cuestionarán la existencia real del alijo de 800 kilos de alcaloide que, según lo referido hasta ahora, supuestamente negociaban los sobrinos de la “primera combatiente”. Desde el punto de vista policial, esto se subsanaría con la declaración jurada de algún participante en la investigación, que afirme haber constatado la presencia de la droga en Venezuela. En un tribunal de EEUU eso bastaría. La opción contraria implicaría que ambos acusados admitan su culpabilidad antes de iniciar el debate oral, asustados por la perspectiva de pasar el resto de sus días en prisión. No se olvide que el fiscal neoyorkino Preet Bharara solicitó cadena perpetua para Campo y Flores de Freitas. Aún así, los venezolanos tendrán que pasar cierto tiempo tras las rejas, o incluso amparados en algún programa de protección de testigos, si es que deciden cooperar para disminuir aún más la pena prevista en este escenario (alrededor de 10 años en una penitenciaría de baja seguridad). La última posibilidad es que uno de ellos escoja ir a juicio y el otro admita su culpabilidad. En fin de cuentas, la responsabilidad penal es personal. Todo esto depende de la percepción que cada uno tenga en cuanto a la solidez de las pruebas recabadas por la DEA. La entrega de la información a ambos detenidos comenzó el viernes previo a las elecciones parlamentarias venezolanas, y es posible que ellos pidan una nueva postergación del juicio, para pensar bien en la decisión que puedan tomar.
*El 25 de noviembre, gracias a una invitación de la organización Mujeres y Ciudadanía, presidida por Aixa Armas, tuve la oportunidad de exponer algunos puntos de vista sobre el tema de la violencia contra la mujer. El auditorio estaba compuesto por activistas y miembros del cuerpo diplomático, pues se celebraba el día mundial de la no-violencia contra las personas del llamado “sexo débil”. En resumen hubo tres planteamientos. El primero, que la violencia contra la mujer ha crecido en el país, aunque de ninguna manera al mismo ritmo en que se ha elevado la que afecta al sector masculino de la población. En segundo término, que existe una constante de impunidad en los casos de violencia contra la mujer, similar a la reportada en delitos como el homicidio, aunque con la sospecha de que la llamada “cifra negra” en esta materia es dramáticamente alta, a pesar del esfuerzo desplegado por las instituciones del Estado para ampliar el número de instancias que atiendan y procesen las denuncias correspondientes. La polémica, sin embargo, vino con la tercera conclusión: que las mujeres cada vez más se involucran en forma activa en el ciclo de la violencia en general. En otras palabras, ya no se puede restringir el estudio del tema solamente a la victimización femenina, sino también a su participación como victimarias, incluso en delitos violentos como el homicidio, las lesiones, el sicariato y el secuestro. Desde luego, en un país donde la información sobre seguridad ciudadana es prácticamente un secreto de Estado, una afirmación como esta estará sujeta a discusión hasta que las organizaciones que estudian el tema posean suficientes datos estadísticos para avalar o descartar esta posibilidad. Los casos referidos ante ese auditorio hablaban de bellas mujeres que han sido “señuelos” en secuestros de Aragua, que luego cuidan a los plagiados y cobran el dinero de los rescates; mujeres que contratan sicarios y otras que han sido matonas a sueldo; algunas que forman parte de bandas de asaltantes y otras que las han liderado. En fin, ejemplos hay muchos, todos recientes y de nuestra realidad. Cuando estas líneas son escritas, la policía judicial reportó que una mujer de 26 años murió durante la redada llevada a cabo el viernes 11 de diciembre en la Cota 905 y zonas aledañas. En este caso, ella supuestamente lanzó una granada fragmentaria en el interior de una vivienda para atacar a los agentes de CICPC que practicaban un allanamiento. Con la explosión, dos funcionarios policiales también fueron heridos.
*El director de la policía judicial comisario José Gregorio Sierralta ordenó poner el mayor cuidado posible en el uso del Sistema Integrado de Información Policial, conocido con las siglas Siipol. Esta directriz fue divulgada a través de una circular conocida como Orden del Día, poco antes de las elecciones parlamentarias. El Siipol es un gran archivo informático con los datos de las personas que tienen antecedentes, que han sido mencionadas en averiguaciones penales o que son solicitadas por algún juzgado, nacional o foráneo. También es usado para verificar si algún vehículo aparece como solicitado por robo o hurto. El jefe policial indica que esta base de datos sirve además a 100 instituciones del Estado. Pero en realidad lo que ocurre es que alrededor de ella se generó un mercado en el que empresas privadas de seguridad o particulares solicitan la pesquisa acerca de los antecedentes que podrían tener las personas que van a incorporar a su nómina, o sobre algún vehículo que piensan comprar. Todo esto, desde luego, tiene un precio, que se incrementó desde el momento en que el propio Estado prohibió utilizar los antecedentes penales como un criterio para decidir la contratación de personas. Aún así, ninguna empresa seria se permite el lujo de contratar a un personal sobre el que no sepa si tuvo algún problema con las autoridades. Es simplemente un riesgo demasiado alto y potencialmente costoso.
*Al cierre. El presidente Nicolás Maduro solicitó la renuncia de todos los miembros del Gabinete. Por supuesto el titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino deberá poner su cargo a la orden. Hay quienes plantean que Maduro no quiso exigir directamente la renuncia al general, sino ocultarla de alguna forma dentro de un proceso de reestructuración de su equipo de gobierno. Suena con mucha fuerza la designación de un oficial de la Armada para esta cartera. La FANB, como el resto de los despachos de la administración pública, ha estado sometida a presiones constantes para favorecer al oficialismo. Durante la época de Hugo Chávez (y siguiendo lo dicho por Vladimir Petit en su tesis doctoral sobre el Ejército) la institución castrense parecía seguir más el modelo pretoriano que el profesional. Pero durante los últimos meses es innegable que hay un giro en los cuarteles. Es una vuelta a la institucionalidad. Un intento de retomar los postulados de apoliticismo, obediencia, subordinación al poder civil y profesionalismo. El evento electoral del 6 de diciembre sólo lo puso en evidencia. Quizá sea muy temprano para decir que esto sea irreversible. 15 años de prédica en el sentido contrario no pasan en vano. Hay mucho general que ascendió simplemente por fingir un carácter revolucionario, inexistente en la gran mayoría de los casos, pero que dejó huella al desplazar a profesionales de armas que sí merecían mejor promoción. En los meses previos a las parlamentarias se intuía que algo mutaba en Fuerte Tiuna. Los militares fueron entrenados para rechazar cualquier manifestación de desorden durante el acto electoral, incluidas las de los colectivos paramilitares. En víspera de las elecciones, el propio ministro Padrino dejó ver con claridad su posición al declarar que no habría “golpe ni autogolpe”. En una reunión llevada a cabo el 5 de diciembre, el oficial aseguró al resto del Gabinete y del Alto Mando que se haría respetar la voluntad popular. Durante la fase electoral de la Operación República, iniciada el 1 de diciembre, fueron enviados varios radiogramas a todas las unidades castrenses que ordenaban extremar los cuidados ante los posibles ataques de bandas armadas. Los hubo en Distrito Capital, Miranda y Aragua. Dos uniformados pagaron con sus vidas. El día de los comicios, era claro que la oficialidad cumpliría a cabalidad la orden impartida. A las 6 pm, muchos centros cerraron pues no tenían colas en la parte exterior. Luego, los militares no quisieron reabrirlos a pesar de las presiones de los colectivos. Quien esto escribe presenció un ejemplo significativo en el liceo Andrés Bello, donde está el centro de votación más grande de todo el país. Por supuesto que esa actitud no pudo gustarle mucho a Maduro y su entorno, acostumbrados a la genuflexión castrense, al cumplimiento ciego de las órdenes sin importar si están reñidas con la Constitución. La conducta militar del 6D quizá haga pensar mejor cualquier plan de aplicarle un “fujimorazo” al nuevo Parlamento. Finalmente, es claro que aún quedan reductos de militares radicalizados, que no han cesado de murmurar desde que se conocieron los resultados electorales. Por lo tanto, ahora más que nunca se impone el ejercicio estricto de los controles a una institución que se acostumbró a vivir sin ellos.
*Crímenes sin castigo
